¿Qué nos preparan nuestros representantes para fin de año?

[BPN-09/08/17] Por lo menos en tres oportunidades la comunidad consorcial fue sorprendida por proyectos de leyes o leyes aprobadas durante los recambios legislativos que beneficiaban a uno u otro sector. El primer intento lo protagonizaron Diego Santilli (Juntos por Buenos Aires) y Jorge Enríquez (PRO) en 2007 con un proyecto para crear un Colegio Público de Administradores y cuyo debate se prolongó hasta la última sesión legislativa de ese año. El segundo fue una iniciativa de autoría de Oscar Zago (PRO) que consiguió la aprobación de la ley del curso del SERACARH ^[1]. El tercero y último fue una iniciativa de Fernando Muñoz (FpV) quién consiguió imponer una ley que transfería el control del Registro Público de Administradores (RPA) a una nueva entidad, cuyo consejo directivo estaba compuesto por una mayoría de representantes afines al SUTERH ^[2].

Este año 30 legisladores porteños cumplen su mandato de cuatro años. ¿Qué le deparará a la comunidad la última sesión del año antes del recambio legislativo? ¿Qué iniciativas se pergeñan para ese día?

En junio de 2016, durante el debate legislativo que aprobó la Agencia de Bienes Sociedad del Estado, el legislador Gustavo Vera (Bien Común) explicó que los legisladores salientes quedan en "el desierto" –o sea sin trabajo- y que muchos, en su afán de lograr ese puesto que les permita seguir manteniendo su nivel de vida, votan las leyes que hagan falta. "Le explico a los vecinos qué es 'el desierto': acá ganamos 70 mil pesos y en 'el desierto' se vive como viven ustedes, que ganan 10, 12 o 15 mil pesos promedio, trabajando catorce horas".

Más adelante, durante ese mismo debate, amplió: "Les prepongo una tarea práctica: ¿cuántos legisladores con mandato cumplido hoy ocupan cargos en las oficinas más extrañas –secretaría de acá y de allá– mantienen un poder adquisitivo privilegiado similar al que tenemos los legisladores? Lamentablemente, cuando algunos planteamos que cobráramos lo mismo que un director de escuela o de un hospital, perdimos 47 a 4 en este mismo recinto".

Durante el 2007 no sólo se cambió la mitad del cuerpo legislativo, sino que se llevaron a cabo las elecciones en primera y segunda vuelta para Jefe de Gobierno porteño: en primera vuelta ganó la formula Mauricio Macri / Gabriela Michetti con el 45,62% de los votos, seguido por Daniel Filmus /Carlos Heller (FpV) que sólo consiguió el 23,77%. En la segunda vuelta el primero se impuso con un 60,96% sobre el segundo que sólo consiguió el 39,04%.

Con estos resultados ya consolidados, Santilli y Enríquez rescataron un proyecto de colegiatura para los administradores que el primero había presentado en 2006 -hacía casi dos años- y, junto con las cinco entidades de administradores, comenzaron a impulsar su tratamiento en la Legislatura porteña. La respuesta fue contundente: los titulares de la Fundación Liga del Consorcista, Reafirmación por los Derechos del Consorcista (ReDeCo), la Unión de Consorcistas de la República Argentina (UCRA), la Federación de Asociaciones de Consorcios, Copropietarios y Consorcistas (FEDECO), la Comisión Argentina de Consorcios, Consorcistas y Copropietarios (CACCyC), la Asociación Consorcistas de la Ciudad de Buenos Aires (ACCABA), la Red de Consorcistas Damnificados (RCD) y el Dr. Eduardo Awad manifestaron enérgicamente su oposición [BPN Nº 332 del 31/10/07: "Rechazo unánime al colegio de administradores"].

El 31 de julio de 2011, la fórmula Mauricio Macri / María Eugenia Vidal (PRO) había ganado a Daniel Filmus / Carlos Tomada (FpV) con un 64,25% contra un 35,75%.

En 2013 se produjo el recambio legislativo y el 28 de noviembre de ese año, la Legislatura porteña aprobó un proyecto de ley del legislador Oscar Zago (PRO) que, desde entonces, obliga a los administradores de propiedad horizontal a "exhortar" al personal de cada uno de los consorcios que administra a concurrir anualmente a una capacitación sobre "higiene, seguridad y medidas de prevención contra incendios".

Según su texto dicha capacitación "deberá ser dictada por una institución especializada, conformada por representantes de todos los sectores de la actividad reconocidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, a efectos de asegurar la plena representación de la totalidad de los intereses involucrados en la labor prestada en los edificios de propiedad horizontal". Hasta ahora sólo el SERACARH -cuyo órgano directivo está compuesto por representantes del SUTERH y las tres entidades que firman los convenios colectivos de trabajo- está en condiciones de cumplir estos requisitos.

Este año dicho curso le cuesta a los consorcios 1.450 pesos por trabajador. Según el Ministerio de Trabajo de la Nación, durante el primer semestre de 2016 la propiedad horizontal proporcionó 51.128 puestos de trabajo. Si cada uno de esos trabajadores debe realizar el curso, los consorcios porteños gastarán este año más de 74 millones de pesos. Esa cifra asciende a casi 5 millones de la moneda estadounidense.

Zago, el 9 de diciembre del año que presentó esa ley, fue nombrado defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El titular de esa entidad es Alejandro Amor, exlegislador del Frente para la Victoria.

El 19 de julio de 2015 se impuso el binomio Horacio Rodríguez Larreta / Diego Santilli sobre el conformado por Martín Lousteau / Fernando Sánchez por un margen muy ajustado: el primero obtuvo el 51,64% de los votos mientras que el segundo un 48,36%.

Antes de que se renueve medio cuerpo legislativo, el 20 de noviembre de 2015, el legislador porteño Fernando Muñoz presentó un proyecto de ley para transferirle el control del RPA porteño a una entidad colegiada que bautizó con el nombre de Consejo de la Propiedad Horizontal (CPHCABA). Según la iniciativa, este Consejo estaba integrado en un 63,64% por tres representantes del SUTERH, tres representantes de las tres entidades de administradores que firman los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) ^[3] y uno del Sindicato de Empleados de Administradoras de la República Argentina (SEARA) los que suman 7 miembros. El 36,36% restante -4 miembros- lo integraba un representante de las asociaciones de consorcistas, otro de las asociaciones de consumidores, otro de la Defensoría del Pueblo local y el último del Gobierno porteño.

Más allá de los porcentajes de todas las entidades nombradas, la de mayor peso político y económico, como para imponer condiciones a las demás, era la del gremio de los encargados.

Luego de una encarnizada batalla de la comunidad consorcial para derogar y –en algunos casos modificar- esa ley, finalmente se abolió por unanimidad el 7 de julio del año pasado a iniciativa del Ejecutivo porteño.

Muñoz, como Zago, también obtuvo un cargo en la Defensoría del Pueblo de la CABA: el 14 de febrero fue puesto a cargo de una oficina para inquilinos que se creó dentro de la entidad y en la que se mantiene hasta el día de hoy 

La primera responsable del RPA es Bouza

[BPN-09/08/17] El pasado 20 de julio, la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC) porteño develó que el 16 de febrero Gabriela Pilar Saldivia había presentado su renuncia al cargo de coordinadora del Registro Público de Administradores (RPA) de la CABA. Aclararon también que, a partir del 1º de marzo, la responsabilidad primaria de "administrar el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, expedir los certificados e implementar las acciones vinculadas al cumplimiento de la Ley N° 941" quedó directamente en órbita de la directora general, Vilma Bouza.

Así se lo hizo saber Lucia Ferrari, asesora legal de la subsecretaría de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía -que depende del Ministerio Jefatura de Gabinete de Ministros- a Andrés Zulberti, coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3, en respuesta a un pedido formal de información pública. La solicitud fue presentada el pasado 17 de julio, aprobada al día siguiente y recibió el número de expediente EX-2017-16528423-MGEYA-DGSOCAI.

Textualmente, la pregunta que formuló Andino fue: "Atento al expediente EX-2017-04074324-MGEYA-DGSOCAI, informe si se produjo la desvinculación de Gabriela Pilar Saldivia, a cargo de la Coordinación del RPACPH, tal cual Vd. adelantara oportunamente. De ser así, especifique la norma que formaliza su desvinculación al cargo, la fecha en que se produjo y si ocupa algún otro cargo en el Registro. Caso contrario, detalle los motivos".

Es de destacar que la DGDyPC omitió responder si Saldivia ocupa algún otro cargo relacionado con el Registro.

Con respecto a las formalidades de la desvinculación de Saldivia de su cargo, explicaron que al haber presentado Saldivia su renuncia a la Coordinación del RPA y no estar contemplada en el organigrama vigente, no hizo falta dictar un acto administrativo. Puntualmente expresaron: "Teniendo en cuenta que en la estructura vigente que fuera aprobada por Decreto N° 363/15 con sus sucesivas modificaciones, la mencionada coordinación no fue contemplada, motivo por el cual su continuidad se fundamentaba en que la Sra. Saldivia ejercía sus funciones de coordinadora en el marco del Decreto N° 891/09 <sic> y, al haber presentado su renuncia, la coordinación per se dejó de existir, no resultando necesario el dictado de un acto administrativo que receptara tal situación".

Como dato menor se menciona que, por un error de tipeo, la DGDyPC alude a un Decreto 891/09 en lugar del 801/09 [BO: 15/09/09].

Es de resaltar que el mencionado decreto –firmado por Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta- primero crea la Coordinación del Registro Público de Administradores y luego nombra a Saldivia para cubrirlo. Las fuentes consultadas afirmaron que, a pesar de la renuncia de la primera coordinadora, no "deja de existir" el cargo creado por el Jefe de Gobierno porteño y su Jefe de Gabinete de Ministros. En esa misma línea argumental, resaltaron que desde el 2009 a la fecha tampoco se dictó ninguna norma que derogue el Decreto 801, ni total ni parcialmente y consideraron que –como había explicado Bouza en octubre de 2016- se debió dictar un acto administrativo en tal sentido.

Acercamos una breve reseña de los nombramientos y las renuncias en el Registro Público de Administradores:

1.- El 8 de septiembre de 2009 se crea la Coordinación del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal y se le asignan sus responsabilidades primarias (Decretos 801/802 y anexos)

2.- En esa misma fecha se designa -a partir del 1° de septiembre de 2009- a Saldivia como titular de la Coordinación del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumido, dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

3.- El 25 de octubre de 2016 Bouza informó que sería nombrado por decreto un nuevo coordinador del Registro Público de Administradores porteño. Y agregó: "Al día de la fecha la estructura se encuentra aprobada, quedando sólo pendiente el nombramiento del nuevo coordinador el cuál se realiza mediante decreto". Por aquellos días se rumoreaba que la persona que desempeñaría ese cargo sería Santiago Trezza, su nombramiento no había sido publicado en el Boletín Oficial ^[1].

4.- El 16 de febrero de 2017 Saldivia presentó una carta de renuncia a su cargo a partir del 1º de marzo. El documento tenía fecha del día anterior.

5.- El 1º de marzo desde la DGDyPC –ante un pedido de información pública- aclararon que Saldivia "ha dejado de prestar sus servicios como coordinadora del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal", y agregaron: "Se le hace saber que actualmente se encuentran tramitando las actuaciones administrativas tendientes a formalizar su desvinculación, motivo por el cual no resulta posible indicar la norma -así como su publicación- que efectiviza dicha situación". No especificaron la fecha en la que habría cesado en sus funciones ^[2].

6.- El 30 de marzo Bouza nombró a Trezza responsable del Registro Público de Administradores porteño con efecto retroactivo al 1º de marzo. La disposición que así lo ordenó fue la Nº 1.222 y fue publicada en el Boletín Oficial el 4 de abril ^[3] 

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[1] BPN Nº 588 del 10/11/16: "Vilma Bouza brindó más información sobre el RPA".

[2] BPN Nº 597 del 13/03/17:" Hace cinco meses que el RPA porteño espera coordinador".

[BPN-09/08/17] Desde el pasado sábado 5, Gabriela Pilar Saldivia participa como panelista de un nuevo programa sobre consorcios que se emite por la señal de televisión de cable Metro. El ciclo se llama "Reunión de Consorcio" y está conducido por Damián Rojo. Acompañan a Saldivia en el panel: una administradora, una abogada y un arquitecto. Fue presentada como: "Nuestra especialista en propiedad horizontal". Y el conductor agregó: "La presentamos como la que va a estar de nuestro lado, el de los vecinos".

Llamativamente, ni Saldivia ni Rojo mencionaron que es la secretaria general del Sindicato de Empleados de Administradores de la RA (SEARA), ni que fue coordinadora del Registro Público de Administradores (RPA) desde el 8 de septiembre de 2009 hasta el 28 de febrero de 2017, que fue candidata a la presidencia de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) en 2009 y que comenzó su carrera en el sector como administradora en IL Oneto SA.

Por otra parte, la primera invitada del programa fue Vilma Bouza, la directora general de Defensa y Protección de Consumidor porteño, a cuyo cargo está el mencionado Registro Público de Administradores. Ni la invitada, ni el conductor, ni los panelistas hicieron comentarios que ella fue la superior directa de Saldivia durante 14 meses, desde el 1º de enero de 2016 hasta el 28 de febrero de 2017. Bouza fue consultada sobre el funcionamiento del RPA a su cargo <ver nota>.

El programa estuvo dividido en cuatro bloques y Bouza fue entrevistada durante el tercero. En los cortes se realizaron breves preguntas a transeúntes sobre temas específicos: el valor de las expensas, la valoración de la administración, etc. Estas notas estuvieron a cargo de Micaela Saldivia.

El programa Reunión de Consorcio se emite todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por la señal Metro (canal 511 de Telecentro). El equipo de panelistas está compuesto por Belén Conci (abogada), Judit Salmón (administradora) y Jorge Liñan (arquitecto). La producción general es de Nicolás Kischner y Jonathan Landesman y la locución estuvo a cargo de Claudio Ramundo 

Abrevaya prepara la ofensiva judicial

[BPN-09/08/17] El pasado jueves 27, Sergio Abrevaya adelantó a Pequeñas Noticias que se está preparando una acción judicial para que el Ministerio de Trabajo de la Nación incorpore a los consorcistas –en lugar de los administradores- en las negociaciones paritarias con el gremio de los encargados de edificios. Develó que el ministro Jorge Triaca –a pesar de una promesa realizada- nunca los recibió. Opinó que uno de los primeros temas que deben tratar los consorcistas y los trabajadores en las discusiones paritarias es rever el sistema de categorías existente.

En otro orden de cosas, una semana después, en una reunión de vecinos en el barrio de Belgrano, reiteró su intención de avanzar judicialmente para lograr que los consorcistas sean quienes discutan los salarios y las condiciones laborales de los encargados y agregó, apuntando a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta: "Las expensas son caras. En los últimos años el Gobierno de la Ciudad tercerizó su función de control y obligó a los consorcios a pagar por ese servicio".

Esta última acusación la realizó Abrevaya durante el curso de una reunión que celebró el 2 de agosto con los vecinos de Belgrano en la confitería Manhattan, situada en la Av. Cabildo y La Pampa. En ella conversó sobre los temas que preocupan a aquellos que alquilan: las subas de alquileres, los consorcios, las expensas y la representación en paritarias, entre otros.

Coordinaron la reunión Abrevaya y Matías Tombolini. El primero es precandidato a legislador porteño por 1País y el segundo se postula para diputado nacional por la CABA.

También estuvieron presentes Samuel Knopoff, presidente de FeDeCo (Federación de Asociaciones de Consorcios) y Jorge Resqui Pizarro coordinador de ReDeCo (Reafirmación de los Derechos del Consorcista).

PN: ¿Ustedes quieren que se retiren los administradores y entren los propietarios o que compartan el espacio?

SA: Nosotros creemos que tienen que estar los propietarios, porque es un desconcepto. Lo que pedimos es que esté la representación genuina de los consorcistas. Tenés una federación (FeDeCo), tenés otra que está reconocida por el Ministerio con personería gremial (UCRA ^[1]), tenés a ADEPROH ^[2] que tiene como 20 años en el tema consumo. Hay galones como para que se pueda sustituir la representación. Creo que debería haber más, que estén todas, pero ya con esas tenés para entrar.

PN: En un momento se había hablado de que se sume una silla y en otro que no, que se vayan los administradores y estén los propietarios.

SA: Nosotros insistimos en una audiencia con el ministro, porque en un locro de gastronómicos que fui –cuando fui presidente del Consejo Económico y Social quedé amigo de muchos gremios y me invitaron- me lo crucé a Triaca y le hablé del tema. Me dijo que él quería rever esto, que le parecía que los consorcistas tienen que estar, que lo llamara. Lo hicimos pero siempre atendía otra persona. Nunca nos recibió.

PN: ¿Los recibió algún empleado de jerarquía en lugar de él?

SA: No, nadie. Nadie llamó para decir: "Vengan, charlemos". Nada.

PN: ¿Ya están trabajando en la presentación judicial?

SA: Sí, estamos corrigiendo algunas cosas, cada uno revisa lo que le parece que está bien o mal. Hace como 20 días que el texto está dando vueltas.

PN: ¿Se sumó alguna otra asociación o alguien a esta iniciativa?

SA: No. La verdad es que no lo extendimos más, pero creo que habría gente que se sumaría.

PN: ¿Ustedes llaman a que se sume gente?

SA: Sí, pero la discusión del texto la estamos revisando así porque ya es un problema que consensúen varios, si son más no se termina. El tema es que se presente y después que adhieran, sino no arrancamos nunca. Todas juntas aparte, porque cada una ha hecho alguna presentación, pero que haya cinco o seis ya es otra historia.

PN: También hay grupos de vecinos informales, que no están inscriptos en la IGJ.

SA: Eso es muy valioso y también se pueden adherir. La presentación está centrada en que, por lo menos, tres puedan ocupar el sitio y tienen que ser organizaciones. Así que el amparo va a ir en ese sentido. En principio tenemos que poner organizaciones, después pueden ir individuales, pero sino no hay manera de justificar la silla.

PN: ¿Algún pronóstico sobre el amparo?

SA: Te digo lo que yo creo. ¿Qué es lo más importante de estar sentado? Muchos creen que con estar sentado se mejora todo porque no le das tal porcentaje de aumento, pero en realidad no podes pensar que no le vas a dar el porcentaje de aumento que, más o menos, se da a todo el mundo. El tema central para mí son las categorías de los edificios, eso es lo que hay que discutir.

PN: ¿Las cuatro categorías?

SA: Exacto. Eso, que en realidad pertenece al convenio original, es la primera discusión que hay que tener el día que se sienten las ONG.

PN: ¿Reducirlas a uno, a dos?

SA: Crear categorías con más detalle, con más escalas.

PN: No es tan sencillo como reducirlas a una categoría o dos.

SA: No, al contrario, hay que ampliar porque no es lo mismo. Así que ese me parece que es uno de los puntos más importantes. Después, por supuesto, discutís las paritarias, discutís qué paga el consorcio 

La CAPHyAI representaría un millón y medio de copropietarios

[BPN-09/08/17] La Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) aseguró que representa a un millón y medio de copropietarios y un millar de administradores. Se definió como una "institución comprometida desde sus inicios con los habitantes de inmuebles sujetos a la propiedad horizontal" y agregó: "Siempre fue nuestro objetivo colaborar en la propuesta de medidas que mejoren la convivencia y solidaridad entre los vecinos y evitar, de este modo, la aplicación de reglamentaciones que afecten el normal desenvolvimiento de los edificios sujetos a esta modalidad".

De esta forma la Cámara de administradores le respondió a Samuel Knopoff, presidente de la Federación de Consorcistas de Argentina (FeDeCo) quien el pasado 18 de junio había afirmado a Noticias Argentinas que presentaría un recurso de amparo al Ministerio de Trabajo para excluir de las negociaciones paritarias del sector a las cámaras de administradores. Subrayó que quiere que en la paritaria intervengan "las asociaciones que realmente representan [a los consorcistas]" ^[1].

La entidad de administradores desarrolló su réplica a lo largo de una nota publicada bajo el título "¿Quiénes somos? La Cámara más representativa del sector" en su revista "Propiedad Horizontal" Nº 339, correspondiente al mes de junio y difundida por la web y por correo electrónico el 2 de julio pasado.

Una semana después que las tres entidades de administradores ^[2] firmaran un acuerdo con la FATERyH ^[3] -en el que se le otorgó a los encargados de edificios un 21% de aumento- fue presentado un petitorio por tres entidades de consorcistas que le solicitaron al ministro Jorge Triaca que suspenda toda reunión o concertación de las tres entidades de administradores que negocian paritarias con el gremio, hasta que se expida en forma expresa y con carácter de urgente sobre el encuadre sindical que corresponde asignar al sector empleador ^[4].

A pesar del petitorio, el 29 de junio se ratificó el acuerdo paritario y el 13 de julio se firmó su homologación bajo el número de disposición 63/17 ^[5]. Las entidades de consorcistas adelantaron que se presentarán ante la justicia.

"Esta Cámara no se creó para participar en paritarias, pero era la única entidad que representaba a este pujante sector nacido a la sombra de la Ley Nº 13.512", se defendió la CAPHyAI y contraatacó: "Por más que les pese a quienes quieren arrogarse una representatividad que no tienen, nuestra entidad cuenta con el aval de un millar de administradores y miles de consorcistas que reconocen en nuestra Cámara una institución seria que lleva más de seis décadas defendiendo los intereses del sector".

Explicó su representación argumentando: "Desde sus inicios, nuestra entidad agrupó a consorcios, administradores e inmobiliarios. Pero también a propietarios en forma individual. O sea que históricamente representamos a los vecinos a través de los consorcios socios que suman más de 100 edificios integrados por algo más de 6.000 unidades, de los administradores asociados que suman 1.000, y que además de administradores son propietarios de unidades sujetas al régimen de propiedad horizontal. Con esto queremos significar que tenemos una representación legítima y avalada por nuestro padrón. No obstante, notamos que hay demasiados actores del sector que creen que desprestigiando esta institución de tantos años mejoran su posición frente a la opinión pública. Camino erróneo, a nuestro juicio. Como ocurre en las elecciones, habría que aportar los padrones de cada uno para ver realmente a quiénes y a cuántos representan. Solo así se conocerá la verdad y no se usará como latiguillo de batalla cuando erróneamente suele afirmarse que ‘las cámaras de administradores no representan a nadie’".

Por último remató: "En tal caso pregunto: ¿el resto de las entidades a quiénes representan?"

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[2] El AIERH (Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal), la CAPHyAI y la UADI (Unión Administradores de Inmuebles).

[3] FATERyH: Federación Argentina de Trabajadores de Edificio, Renta y Horizontal.

De las 21 sanciones firmes sólo se publicaron 11

[BPN-09/08/17] De las 21 multas que quedaron firmes durante el 2016 a los administradores de consorcios por infracciones a la Ley 941 (Registro Público de Administradores porteño), hasta ahora sólo 11 se publicaron en el Boletín Oficial porteño. La suma total de las sanciones emitidas importan un valor de 276.062 pesos (u$s 15.592). Cada sanción fue, en promedio, por 25.097 pesos (u$s 1.417) y las infracciones más recurrentes fueron no depositar los fondos del consorcio en una cuenta bancaria a su nombre (inciso h del artículo 9º) y por emitir recibos de pagos no numerados o sin los datos mínimos que la ley establece (inciso l del artículo 9º).

Este año, durante los meses que ya pasaron, se firmaron cuatro disposiciones sancionando administradores de consorcios por el período 2017: la número 19 (BO: 17/07/17), la 517 (BO: 14/02/17), la 2.556 y la 2.277. Estas dos últimas todavía no fueron publicadas en el Boletín Oficial.

Es de recordar que, a lo largo de diferentes pedidos de información pública, la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la CABA informó que durante el 2016 se habían sancionado 62 administradores y que se encontraban en trámite otros 370 expedientes con imputaciones ya notificadas. Poco después aclaró que de esas 62 sanciones sólo 21 quedaron firmes. Sin embargo, a mediados de julio sólo 11 se concretaron mediante su publicación en el Boletín Oficial.

En términos porcentuales sólo el 44,35% de las denuncias se concretaron en una imputación o una sanción. De ese número un escaso 5% quedó firme y un 2,5% fue publicado en el Boletín Oficial.

En 2016, la cantidad de disposiciones sancionatorias que se habrían ordenado fue del 37,5% con respecto al año anterior (21 y 56 respectivamente) o sea un 62,5% menos. Si se toman sólo las publicadas en el Boletín Oficial ese porcentaje aumenta a un 80% menos.

En el programa de TV por cable Reunión de Consorcios, Vilma Bouza ratificó, a grandes rasgos, los números adelantados: afirmó que recibió 1.050 denuncias durante el 2016, que el 56% se resolvió en conciliación y el resto pasó al área jurídica correspondiente. La pregunta que surge es: si sólo 21 quedaron firmes, ¿qué pasó con las 546 denuncias restantes? <ver nota>. 

La Ley 941

El artículo más infringido de la Ley 941 durante el año pasado fue el 9º (obligaciones del administrador) con un total de 11 infracciones, le siguió el 10º (contenido de las liquidaciones y los recibos) con 8 y por último el 2º (la obligación de inscripción) con una sola.

Es de resaltar que una disposición pudo sancionar a un administrador por violar más de un punto dentro de la mencionada ley. De hecho hubo tres administradores que infringieron lo dispuesto en tres incisos, tres que violaron dos y los cinco restantes sólo uno.

Como ya anticipáramos, los dos incisos más incumplidos fueron el h) y el l). Los siguientes fueron el a) y el b) del artículo 9º y el e) y el h) del artículo 10º.

El inciso a) del artículo 9º ordena: "Ejecutar las decisiones adoptadas por la asamblea de propietarios conforme lo previsto por las normas vigentes" y el b) reza: "Atender a la conservación de las partes comunes, resguardando asimismo la seguridad de la estructura del edificio conforme lo dispuesto por las normas vigentes".

Por su parte los incisos e) y h) del artículo 10º expresan que las liquidaciones de expensas deben contener: un "detalle de los pagos por suministros, servicios y abonos a contratistas, indicando nombre de la empresa, dirección, N° de CUIT o CUIL, Nº de matrícula, trabajo realizado, elementos provistos, importe total y en su caso, cantidad de cuotas y número de cuota que se abona" y "en caso que existieran juicios por cobro de expensas o por otras causas en los que el consorcio sea parte, se indicará en la liquidación mensual todos los datos del mismo (número de juzgado interviniente y expediente, carátula, objeto y estado) y capital reclamado", respectivamente

Se creó un Frente Nacional de Trabajadores

[BPN-09/08/17] A mediados de mayo se conformó un Frente Nacional de Trabajadores de Edificios (FNTE). Según explicó Jorge "Nebbia" Miño, fundador de la Agrupación 20 de Diciembre de Encargados de Edificios, a Pequeñas Noticias: "Dentro de los grandes participantes estuvieron compañeros de Tucumán, Córdoba, Rosario, Capital Federal y Santa Fe". Miño adelantó que actualmente el Frente está armando un programa común para salir con una sola voz al resto del país.

Entre los reclamos que existen contra la conducción de los gremios de encargados de las diferentes localidades se destacan: la calidad de las prestaciones de la obra social, una mayor apertura democrática para poder participar de su vida institucional y –en la Ciudad de Buenos Aires- que los delegados sean votados por los afiliados, en lugar de ser designados por la comisión directiva.

Norma Teubner inauguró un espacio para consorcistas

[BPN-09/08/17] El jueves 3 de agosto Norma Teubner, conductora del programa "Nosotros y el consorcio", inauguró un espacio en la asociación de fomento y biblioteca popular "General Alvear" donde los consorcistas podrán compartir sus experiencias y evacuar sus dudas en forma gratuita. "La idea es atraer gente, concientizarla y que participe", explicó y agregó: "Quiero hacer lo que hacíamos con Diana Sevitz: que una persona hable durante 10 o 15 minutos sobre un tema específico y que después la gente pueda hacerle preguntas".

El espacio funcionará el primer jueves de cada mes de 19 a 20 hs. y contará con la colaboración de la administradora, contadora y abogada Viviana Julis, miembro del Foro de Abogados de Propiedad Horizontal.

El programa de radio "Nosotros y el consorcio" se emite desde el 3 de agosto de 2015, ininterrumpidamente, todos los lunes de 10:30 a 11 hs por AM 830, Radio del Pueblo.

Norma Teubner: Tengo un ángel guardián, que me pone las cosas en el camino. Me cansé de andar por todos los centros de gestión y participación que se te ocurran. Insisto, como no sé computación, un día paso por esta biblioteca y veo que dan cursos personalizados de computación para adultos mayores. A las dos semanas de haber empezado necesité cambiar el horario, la encargada se fijó la agenda y me dijo que solo tenía lunes a la mañana y le dije que no, porque tenía la radio. Me preguntó por el programa, le conté de qué se trataba y le dije que estábamos buscando un lugar para poder trabajar con la gente. A las dos semanas, esa señora me preguntó si había conseguido el espacio. Le dije que no y me comentó que ellos tuvieron reunión de comisión y lo habían hablado. porque a ella y a la hija -que está durante la tarde- les había interesado la idea. Me dijo que la comisión no tenía problema en prestarme el espacio una vez por mes. No te puedo explicar la alegría. Me dijo que en principio sería una hora a partir de las 19. Encima es gratuito. Esto fue la semana pasada, tuve que andar a las corridas para hacer los volantes y organizar todo.

Norma Teubner: Tengo un amigo que le encanta la radio y un día me comentó que tenía un espacio en Radio del Pueblo, que se llamaba Mundo Latino. Me dice: "¿Qué te parece si venís?". Y le dije que sí, siempre pensando en el tema de consorcios. Fui al programa y me di cuenta que, por la temática, hablar de consorcios no tenía nada que ver. Estuve uno o dos meses pero hablando realmente del mundo latino, porque como he viajado bastante pude hablar de Cuba, Colombia y México. Después, charlando con él, me di cuenta que yo también podía alquilar un espacio. Hablé con el gerente de la radio, le expliqué mi proyecto y me dijo: "Nosotros no tenemos ningún problema. Vos pagas el espacio. La única responsable de todo lo que se diga y todo lo que se haga en ese rato sos vos". A partir de ahí comencé. Te aclaro que tengo un jingle, que es de lo más bonito y me lo hizo un sobrino músico. Me estoy largando, estoy empezando.

PN: ¿Empezaste acompañada por Graciela Di Francesca?

NT: Sí, ella más abocada al aspecto técnico.

PN: ¿Qué devolución tuviste de la gente? ¿Qué llegada? ¿Gustó el programa?

SEARA se mudó a Villa Crespo

[BPN-09/08/17] El 13 de julio pasado, el Sindicato de Empleados de Administradoras de la República Argentina (SEARA) liderado por Gabriela Pilar Saldivia anunció que ya funciona en su nueva dirección: Espinosa 1.758 en el barrio porteño de Villa Crespo. El gremio reabrió sus puertas luego de casi cuatro meses sin sede. El 27 de marzo habían comunicado que se mudaban a otra dirección.

Detallaron que ahora cuentan con "una instalación mucho más amplia y confortable así como una importante sala de capacitación equipada con tecnología de última generación" y aseguraron: "¡Seguimos trabajando para brindarle lo mejor a nuestros afiliados!"

Así lo hicieron saber en su página de Facebook que, desde el 8 de abril de 2016, cosechó 215 "me gusta".

Saldivia, quien ahora es secretaria general de SEARA, fue coordinadora del Registro Público de Administradores porteño desde el 1º de septiembre de 2009 hasta el 28 de febrero de 2017, fue candidata a la presidencia de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) por la lista "Renovación & Cambio" en las elecciones de 2009 ^[1] y fue presidenta de Administración Onetto desde 25 de abril de 2008 hasta el 1º de septiembre de 2009 ^[2]

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Manifestación en Rosario por despidos de encargados

[BPN-09/08/17] El pasado 21 de julio, trabajadores del Sindicato de Encargados de Edificios (SUTERyH) manifestaron en la ciudad de Rosario en protesta a los despidos y suspensiones que se produjeron en el sector. "Se está dando la situación de despidos donde los empleados son echados sin siquiera ajustarse a la ley", explicó Humberto García, secretario general de un gremio que cuenta con 2.600 afiliados de los cuales la mayoría son mujeres.

El reclamo se produjo frente a un consorcio ubicado en Pueyrredón al 800, a causa del reciente despido de una encargada, Silvia Bitori. La trabajadora –en diálogo con un medio digital rosarino- expresó: "Estuve dos meses en la calle. Me accidenté sacando la basura, me desplacé dos vértebras de la columna y fue gracias a eso que descubrí que no contaba con ART. Nadie se hizo cargo". Por su parte, otra trabajadora cesanteada, María Ines Marotta, señaló: "Fui despedida hace dos semanas. Me despidieron injustamente y hace un año y ocho meses que no me hacen los aportes".

El dirigente gremial sostuvo que durante el último mes fueron despedidos 12 trabajadores y más de 40 desde principios de año. En una entrevista con un medio local explicó que en los consorcios "no se paga ART, por ende no cubre accidentes laborales, y el sueldo es por cuatro horas, no ocho como después las hacen trabajar", y agregó que algunas empresas de servicios son reguladas, otras están por fuera del convenio colectivo de trabajo y, por ende, no afilian a sus empleadas y muchas temen reclamar para no perder sus puestos.

Humberto García explicó que están en estado de alerta y advirtió: "Hemos tenido audiencia en el Ministerio de Trabajo con las empresas que tienen estas irregularidades pero no encontramos solución. Esta movilización es el comienzo del reclamo. Si las trabajadoras no cobran hasta la semana que viene, seguiremos movilizándonos".

Buscan que la valorización de los terrenos pague impuestos

[BPN-09/08/17] El pasado 12 de julio, la legisladora María Rosa Muiños (Bloque Peronista) presentó un proyecto de ley para que el Gobierno porteño pueda cobrar un impuesto a aquellos terrenos que se valoricen por obras o desarrollos que se produzcan por acciones del Estado local. A la diferencia entre el valor del mercado en el momento de la compra de un terreno y el de su venta –luego de su revalorización- lo denominó Renta Diferencial Urbana (REDU). Su idea es que el contribuyente deba abonar entre un 20 y un 60% del importe generado.

Muiños, en los fundamentos del proyecto, lo explicó en detalle: "Cuando el Estado, mediante inversiones directas en el espacio urbano o a través de normativas o acciones ajenas al propietario, produce incrementos del valor de la tierra atribuible a los esfuerzos de la comunidad, tiene el deber de recuperar esa mayor renta que se genera y evitar que sean apropiados de forma privada por los dueños de la tierra beneficiada".

¿Cuáles serían esas obras que el Estado podría hacer que provoquen un incremento en el valor de la tierra? La autora del proyecto las define: "La construcción de obras públicas, el otorgamiento de parámetros urbanísticos y el cambio en las zonificaciones, determinación de áreas de preservación urbanas, las excepciones a las reglas establecidas por el Código de Planeamiento Urbano y la habilitación de distritos turísticos, comerciales, culturales, tecnológicos, etc.".

Muiños pretende que el texto de esta ley sea incorporado al actual Código de Planeamiento Urbano o a la norma que lo reemplace en un futuro. La iniciativa ingresó a la Legislatura el miércoles 12 del mes pasado con el número de expediente 2061-D-2017. Consta de 13 artículos, de los cuales uno es de forma.

El valor por el cual la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el derecho de participación en la REDU se calculará como la diferencia entre el valor de mercado con anterioridad a la realización de acciones del Estado generadoras de Renta Diferencial Urbana y el valor del mercado al momento de la venta del inmueble o al momento de obtener la aprobación de planos de obra nueva o ampliación (Artículo 6º).

El Poder Ejecutivo procederá a estimar el valor por metro cuadrado, en cada una de las zonas de la ciudad, con una periodicidad semestral y lo publicará en el Boletín Oficial y en el mapa interactivo de la ciudad. De generarse REDU el Poder Ejecutivo lo informará junto con la publicación de la estimación del valor de metro cuadrado (Artículo 7º).

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires fijará la contribución del privado afectado entre el veinte y el sesenta por ciento de la diferencia generada por la REDU (Artículo 8º).

Quedan comprendidos en este nuevo impuesto los terrenos de más 1.000 m², los englobamientos de parcelas que superen los 1.000 m², aquellos inmuebles de más de 500 m² de superficie cubierta o los inmuebles en los cuales se presenten planos de obra nueva que superen los 500 m² de superficie cubierta (Artículo 3º).

Por otra parte, quedan exceptuados los proyectos urbanísticos o arquitectónicos que lleve adelante el Estado nacional o de la ciudad, a través de los organismos propios del Estado o de las asociaciones mixtas donde el Estado tiene participación, así como aquellos proyectos que sean declarados de interés social o público (Artículo 4º).

En sus fundamentos la autora de la iniciativa explicó: "Ciudades brasileras como colombianas han incorporado a la denominada ‘Recuperación de Plusvalías’ como uno de los instrumentos de una política de planificación destinada a limitar la posible especulación sobre el suelo urbano y compensar las rentas extraordinarias que se producen a expensas de un proceso de urbanización colectivo".

Buscan que los inquilinos no paguen comisiones

[BPN-09/08/17] El 21 de julio, tres legisladores del PRO y dos de la Coalición Cívica presentaron un proyecto de ley en la Legislatura porteña para que los inquilinos de un inmueble con destino habitacional no paguen gastos de gestoría de informes ni comisión inmobiliaria. Para esos casos limita también esa comisión a un 4,15% del valor del contrato. De prosperar la iniciativa las inmobiliarias deberán exhibir un cartel visible al público con un detalle de estas nuevas restricciones.

Estas modificaciones a la Ley 2.340 -que creó un Colegio Único de Corredores Inmobiliarios en esta ciudad- sería la que impulsa el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Según informó la asociación Inquilinos Agrupados, la semana próxima, durante la reunión de la comisión de legisladores, se dará dictámen al proyecto. Esperan que la iniciativa sea tratada en el recinto en la sesión ordinaria del próximo 24 de agosto.

El proyecto fue presentado por Maximiliano Ferraro (CC), Francisco Quintana (PRO), Carmen Polledo (PRO), Lía Rueda (PRO) y Paula Oliveto Lago (CC). Ingresó por mesa de entradas con número de expediente 2113-D-2017 y consta de nueve artículos, de los cuales uno es de forma.

La iniciativa propone incorporar a la ley que creó el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios un inciso 7º a su artículo 13º que trata de las prohibiciones: "En las locaciones de inmuebles con destino habitacional, queda expresamente prohibido requerir o percibir, mediante cualquier forma de pago, comisiones inmobiliarias u honorarios por la intermediación o corretaje a locatarios, sublocatarios o continuadores de la locación. La prohibición resulta extensiva a los honorarios por administración de dichas locaciones".

Por otra parte, el proyecto promueve reemplazar el inciso 2º del artículo 10º de esa misma ley que trata de los deberes de los corredores inmobiliarios por el siguiente texto: "Solicitar informes a los organismos oficiales sobre las condiciones de dominio, gravámenes e inhibiciones, respecto de la operación encomendada y las partes intervinientes, debiendo poner los mismos a disposición de éstas", subrayando que "los costos de gestoría de dichos informes no podrán ser requeridos a los locatarios de inmuebles con destino habitacional".

De ser aprobado el proyecto, se incorporaría un inciso 8º a ese mismo artículo 10º -deberes de los corredores inmobiliarios- que ordena: "Hacer constar en todo ofrecimiento publicitario de locación de inmuebles con destino habitacional que se emita vía páginas web, propias o de terceros, la siguiente leyenda: ‘Para los casos de alquiler de vivienda, el monto máximo de comisión que se le puede requerir a los propietarios será el equivalente al 4,15%) el valor total del respectivo contrato. Se encuentra prohibido cobrar comisiones inmobiliarias y gastos de gestoría de informes a los inquilinos’".

Agregaría a ese mismo artículo un inciso 9º que establecería que es deber del corredor inmobiliario: "Exhibir en todos los locales u oficinas en los que se preste servicios de corretaje inmobiliario carteles visibles al público con la siguiente leyenda: ‘Se encuentra prohibido cobrar comisiones inmobiliarias y gastos de gestoría de informes a los inquilinos. Para los casos de alquiler de vivienda, el monto máximo de comisión que se le puede requerir a los propietarios será el equivalente al 4,15% del valor total del respectivo contrato’".

Estimado José:

Antes que nada le agradecemos mucho la observación.

Es halagador ver que tenemos lectores que leen concienzudamente el Boletín de Pequeñas Noticias.

Más allá de publicar el error, decidimos corregirlo en nuestra web para que no induzca a algun desprevenido a cometer un error de cálculo sobre esa base.

Cuando realizamos correcciones de ese tipo en el boletín acostumbramos al pie, junto a los créditos, que se trata de una segunda edición.

Un saludo cordial

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