Los últimos 15 días del Proyecto Carrillo

La 1ª reunión de legisladores de la Comisión de Legislación General

[BPN-22/12/17] El 22 de noviembre se realizó la primera reunión de legisladores de la Comisión de Legislación General para tratar el proyecto de ley de Facundo Carrillo, "Aplicación Oficial Consorcio Participativo", con la asistencia de sólo tres miembros de los nueve que componen esa comisión. Ante la pregunta de un vecino sobre ese hecho, su presidente Daniel Del Sol (Vamos Juntos) le respondió en forma áspera y con evasivas. La reunión se constituyó con la presencia de Diego García de García Vilas (Vamos Juntos) y Clodomiro Risau (PRO).

Sin embargo se "rellenó" de legisladores de otras comisiones. Éstos fueron Carolina Estebarena (Vamos Juntos), Diego Sebastián Marías (PRO) y Eduardo Antonio Santamarina (Vamos Juntos). Estuvieron presentes para defender el proyecto oficial los funcionarios: Vilma Bouza, directora general de Defensa y Protección de Consumidor y Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana.

Lo llamativo fue que no asistieron a la reunión para defender la iniciativa del Ejecutivo tres legisladores que finalmente votaron afirmativamente el despacho de la Comisión: Mercedes de las Casas y Eduardo Petrini de Vamos Juntos; y Roberto Quattromano del PRO.

Tampoco bajaron los que -a la hora de firmar el despacho- no estuvieron de acuerdo con el proyecto: María Inés Gorbea (SUMA+), Laura Enda Marrone (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) y María Magdalena Tiesso (Frente para la Victoria).

Durante la primera media hora que establece el artículo 147º del Reglamento de la Legislatura expusieron su posición sobre "Consorcio Participativo": Lisandro Cingolani en nombre de CASIPH ^[1], Teresa Villanueva en nombre de ACCABA ^[2] y como fundadora de la primera Comisión de Consorcios de la Comuna 2, Andrés Zulberti en nombre de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3 (CCC3), Jorge Martín Irigoyen en nombre de la CAPHyAI ^[3], Jorge Resqui Pizarro en nombre de ReDeCo ^[4] y Alicia Giménez en nombre de UCRA ^[5].

Todos los disertantes –salvo Jorge Resqui Pizarro- estuvieron total o parcialmente en contra de que el Gobierno de la CABA concentre en sus servidores la información privada comercial y laboral de los consorcios y los consorcistas. Resqui Pizarro se limitó a exigir que -para preservar la intimidad de los consorcios- se encripte la información.

Mientras los representantes de las diversas asociaciones del sector expusieron, Facundo Carrillo tomó notas y, con posterioridad, respondió –desde su punto de vista- cada una de las objeciones planteadas.

Pequeñas Noticias acerca a sus lectores una apretada síntesis de lo más importante expuesto por cada uno de los actores en el orden que se fueron presentando.

Estamos acá para manifestar nuestra oposición al proyecto "Consorcio Participativo" y en dos o tres minutos reseñar nuestros motivos. En líneas generales nos oponemos al proyecto porque estamos convencidos de que perjudica a los propietarios, a los administradores, a las empresas que ofrecemos estos servicios y al Estado.

En este proyecto, en realidad, se está obligando a los propietarios y no sólo a los administradores. Cuando los administradores tienen que volcar información que no les pertenece -porque son de los propietarios- hacen de auxiliares del Estado en la distribución de esa información.

El gobierno dice que con esta plataforma se ampliará el uso de las herramientas de Internet y se armonizará el trabajo del administrador de consorcios. Las aplicaciones que hoy existen en el mercado -que ofrecen más de cuarenta empresas- tienen todas y cada una de las herramientas que se mencionan en el proyecto y muchas más que esas.

Nuestras aplicaciones son libremente elegidas, son demandadas y son útiles. Tienen muchísimos servicios y son acordes a las necesidades de cada uno de los consorcios de Buenos Aires, desde consorcios de quinientas unidades hasta de tres unidades.

Actualmente, hay muchos consorcios que tienen la información online, hay muchos que mandan las expensas por mail, otros que usan redes sociales para comunicarse. Es decir, la informatización avanza como avanza en cualquier otra área y lo que está ofreciendo el gobierno no es una modernización porque esa modernización ya está, y está en marcha.

El gobierno habla de transparencia. Desde hace tres años los consorcios utilizan un modelo de liquidación de expensas parametrizado que se expandió gracias a las empresas que proveíamos esas herramientas y desde ya hace varios años está ampliamente difundido el uso de la cuenta bancaria. Lo que se va transparentar con esto no es la información de los consorcios, si no sus datos privados y estamos hablando de opiniones, foros, chats, preferencias de consumo, situación económica y capacidad financiera. Todo esto se quiere volcar en una plataforma única.

Pareciera que el motivo es la recopilación de la información mucho más que solucionar el problema de la inconducta de los administradores cosa que está muy bien que se haga. La aplicación se propone como gratuita y si la hace el Estado no es gratuita, todo se paga.

En principio tengo que decir que este sistema nuevo que se crearía para que nosotros podamos ver qué es lo que hace nuestro administrador no me convence. En primer lugar porque la propiedad horizontal es de nosotros, es privada y nosotros resolvemos lo que nos conviene, lo que queremos y lo que no queremos. La historia es que todo el mundo quiere meterse ahora en la propiedad privada.

Lo único que nosotros pedimos es la representación general y legítima de nuestros consorcios [en paritarias] y eso no lo dan nunca, eso no lo tratan nunca y hace más de sesenta años que estamos a expensas de un gremio voraz y totalmente anacrónico que hace lo que se le da la gana junto a tres cámaras de administradores. Nosotros queremos salir de eso.

Los datos de nuestros edificios son nuestros. Pasamos poco a poco a ceder espacios y derechos que nos corresponden legítimamente. A mí nadie me pagó mi departamento: ni el SUTHER, ni el Gobierno de la Ciudad. La propiedad es mía y yo tengo todo el derecho de manejarla como a mí se me dé la gana.

Entonces, si yo quiero poner un administrador o dos administradores o cambiarlo, lo cambio. La única herramienta que nosotros tenemos en los edificios es la asamblea y la asamblea, si va ser virtual o cómo va ser, también lo decidimos nosotros. Realmente estamos hartos de que nos estén dando órdenes y direcciones.

A ver si nos despertamos de una vez por todas, nos juntamos, que es lo que hace falta, y hacemos fuerza común. Acá nosotros estamos totalmente desprotegidos, no tenemos leyes, no tenemos nada, así que si nos descuidamos alguien se va meter por arriba y no lo vamos a poder sacar más. Porque esto [Consorcio Participativo] no lo sacamos más. Así que yo les pido por favor que razonemos y pensemos un poco. No es posible que nosotros siempre estemos dando y cediendo.

En este proyecto se plantea la obligatoriedad de que el administrador debe cargar los datos de los integrantes del consorcio y los consorcistas. El Estado no obliga al consorcio, obliga a un tercero, en este caso el administrador.

Posteriormente puede existir otro proyecto alocado que diga que al plomero que viene al departamento a arreglar un caño lo vamos también a obligar a que recabe los datos del departamento donde vive ese propietario o inquilino. Así como también al albañil que viene a arreglar una pared o un techo lo obligaran a que recabe los datos de los ocupantes del departamento y así podemos seguir: el albañil, el pintor y el sodero que viene a entregar la soda que por ahí la deja en la puerta del departamento pero cuando yo la abra puede descubrir qué es lo que pasa dentro de mi unidad funcional que es privada.

Se propone como que va ser gratuita y no es gratuita porque de hecho -ya lo mencionó el jefe de Gobierno- el Banco Ciudad va aportar dinero para este aplicativo con lo cual lo pagaremos todos con nuestros impuestos.

También propone -por lo menos los anuncios que hizo el jefe de Gobierno- que el Banco Ciudad nos va dar una cuenta gratis y que esto va beneficiar a los consorcios y que va ser fácil y ágil conseguir un crédito. No sé cómo lo van hacer porque actualmente el crédito para un consorcio está en el cincuenta por ciento anual.

El tema es que cuando salga la plataforma web, ahí es donde está el problema y es el tema de la intrusión del Estado en la propiedad privada de la gente. Yo creo que si esto fuera una programa en lugar de una plataforma web del cual -mediante una reglamentación- el Registro Público de Administradores pide ciertos datos digitalizados podría ser factible. Entiendo que el problema es que se cargan permanentemente planillas y hay un cumulo de información que después no se pueden procesar y no tiene ninguna utilidad. Una cosa es que la información la mande el privado -o sea cada consorcio al Estado- y otra es que el Estado se meta. Acá la tenemos a la doctora Vilma Bouza de Defensa del Consumidor. Hoy por hoy todos los argentinos tenemos grandes problemas en las liquidaciones de las tarjetas de créditos y a nadie se le ocurriría hacer una plataforma web del Estado para controlar el consumo de los argentinos mediante las tarjetas de créditos. Yo lo que creo es que si en esto se trabaja un poquitito más podemos hacer una buena ley que realmente sea bien aceptada por todos los actores de la propiedad horizontal.

El chat es justamente una de las cosas que más sensibiliza. Nos sensibiliza a todos en este tema de Consorcio Participativo porque las cosas que se ponen en un chat sabemos que exceden lo que cada uno piensa. Hay que tener cuidado con esto. Me parece que tener los datos necesarios y lógicos digitalizados va venir bien y aparte también inclusive para empezar a dejar de cazar en el zoológico porque pienso que hoy por hoy los que más están afectando a la propiedad horizontal son aquellos administradores de consorcios que son ilegales, que no tienen una matrícula y sin embargo es muy poco lo que se puede hacer desde el Registro Público de Administradores.

Con respecto al segundo tema que es Consorcio Participativo en lo personal y en lo grupal de nuestra asociación vemos bien la idea. Creo que va en línea con la Ley 941 y también con la disposición 856 de Defensa del Consumidor. Una de las pocas disposiciones que Defensa del Consumidor del año 2010 hasta esta parte ha acertado es la de Expensas Claras

Lo que sí tenemos que hacer son tres salvedades muy concretas y muy claras: uno que la obligatoriedad tiene que ser para los administradores de la 941 donde se pretende insertar este expediente en el capítulo de consorcio participativo, es una ley que controla y regula la actividad de los administradores, por lo tanto la manda a que deba ser obligatorio para los administradores y eventualmente ante ese cumplimiento por parte de los administradores serán los consorcios los que decidan si aceptan o no el uso de esta plataforma.

Después queremos hacer también una salvedad con respecto al tema de los usuarios que se crean a través de esta plataforma, los usuarios indefectiblemente deben ser los propietarios, si los propietarios acceden a autorizar a terceros dentro del consorcio, ya sea inquilinos, personas que habiten ese departamento, ya sea como datarios, usufructuarios, quienes fueran, deberán pura y exclusivamente ser autorizados por los propietarios porque si no se podría generar algunos conflictos de intereses dentro de los consorcios.

Y tercer tema, fundamental es que esto debe ser bajo un estricto encriptamiento, es decir esta información deberá ser manejada pura y exclusivamente por los consorcios, acá el gobierno, el Estado local no tiene nada que ver, es una facilitación en todo caso, si esa no es la idea estamos hablando de algo ilegal, de algo evidentemente rechazable e impugnable y hay que hacer cumplir además claramente la cláusula que establece este proyecto de Ley donde se habla de protección de datos personales y encriptamiento de la información tanto en una cláusula especial como en los fundamentos. 

Estamos de acuerdo con algunas cosas que se introducen dentro de la plataforma y no que la plataforma esté en manos del Estado, esa es la realidad. Nos interesa la transparencia, o sea todo lo que se pueda transparentar dentro de un consorcio, pero dentro del consorcio, entre el consorcista y el administrador sin que haya una injerencia de otra parte que no tiene absolutamente nada que ver, que solamente tiene que estar a cargo del control. Queremos que el Registro Público de Administradores trabaje y que se actualice porque en algunas cosas a lo mejor tienen que modificarse o tienen que acrecentar un poco su personal, pero eso es una cuestión de ustedes.

El problema grave acá es que los consorcistas no conocen la legislación y ni siquiera conocen a veces la legislación común, la que manejamos todos los días en el consorcio: la Ley 257,  recarga de matafuegos, etc. Eso hace que muchas veces los administradores -a lo mejor distraídamente- hagan algunas renovaciones o algunas cosas que no corresponden, eso lo estamos viendo también en los mails que recibimos.

No estamos de acuerdo con el chat. Ni siquiera con ese sistema de dedo para arriba o dedo para abajo. Eso es algo muy aleatorio y no podría ser un indicador fiel a la actividad del administrador.

Y otra cosa muy importante es que dada la brecha generacional, hoy hay muchísima gente que se quedaría fuera del sistema. Hay mucha gente que hoy no accede a Internet y tampoco es lógico -como se dice a veces- que tenga que esperar a que un sobrino, un amigo o un nieto vaya para introducirlo en el sistema. Esto es muy serio e insalvable por lo menos por un tiempo, habría que ver cómo se podría resolver esto 

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[1] CASIPH: Cámara Argentina de Sistemas Informáticos de Propiedad Horizontal.

[2] ACCABA: Asociación de Consorcistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

[3] CAPHyAI: Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias.

[4] ReDeCo: Reafirmación de los Derechos del Consorcista.

La 2ª reunión de legisladores de la Comisión de Legislación General

[BPN-22/12/17] Dos días después de la primera reunión, se volvieron a reunir los legisladores de la Comisión de Legislación General para tratar el proyecto Consorcio Participativo de Facundo Carrillo. La reunión se pautó para las 11 de la mañana del 24 de noviembre.

En esta oportunidad asistieron cinco de los nueve legisladores que componen la Comisión: Mercedes de las Casas; Daniel Eduardo Del Sol, su presidente; y Eduardo Petrini, todos del bloque Vamos Juntos. Del PRO asistieron Roberto Quattromano y Clodomiro Risau. Estos cinco fueron los que finalmente firmaron el despacho que nunca llegó a ser tratado en el recinto de la Legislatura.

En esta segunda reunión –por reglamento- hubo que permitirle exponer a los vecinos. La lista de oradores estuvo compuesta por tres miembros de CASIPH ^[1] (Luis Games, Lisandro Cingolani y Diego Medwed), Jorge Martín Irigoyen representando a la CAPHyAI ^[2], Matías Ruiz en nombre de AIPH ^[3] y Andrés Zulberti en nombre de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3. En esta oportunidad las opiniones sobre el proyecto fueron unánimemente negativas.

Fue llamativo que mientras los vecinos se acercaban al micrófono para brevemente exponer sus objeciones algunos legisladores se mantuvieron ocupados con sus celulares.

Cuando los vecinos terminaron de exponer Del sol les preguntó a sus compañeros por lo bajo: "¿Firmamos el despacho?" y finalizada esa formalidad, sin más trámite, se retiraron del lugar.

Pequeñas Noticias –tal cual lo hizo en la nota sobre la primera reunión- extrajo los párrafos más relevantes de las exposiciones de los oradores.

La ley que han puesto como proyecto es una ley aspiracional muy importante. Los anuncios creo que han sido confusos y las comunicaciones del gobierno también. Nosotros vemos que Consorcio Participativo puede tener distintos pseudónimos, puede ser "Consorcio Corporativo", puede ser "Estado Participativo", puede ser "Plataforma para Todos" y puede ser "Expensas Claras pero en su versión de Matrix Recargado".

El concepto que es vertido por la ley que dicen que es nuevo, que mejora la participación, que mejora el control del administrador y la gratuidad del costo no es así, son sofismas. Realmente son sofismas: no es nuevo porque en el mercado existen variedad de sistemas. Todos esos sistemas cumplen en exceso lo que el Gobierno de la Ciudad está pretendiendo realizar. ¿Mejora la participación? Esto es un tema realmente complicado porque los chats virtuales que ustedes quieren incorporar van a producir efectos no deseados. Van a aumentar el nivel de denuncias mediante un clic y entonces al poder de policía -que lamentablemente no siempre pueden cumplir- se le va a complicar con la cantidad de denuncias tanto al Registro Público de Administradores (RPA) como a la Dirección de Defensa del Consumidor.

La participación terminará siendo voluntaria porque está resguardada por el reglamento de copropiedad, el Código Civil y las cartas poderes. Los propietarios tienen sus derechos resguardados y los administradores conocen muy bien sus obligaciones.

La referencia de que mejora el control del administrador también es un sofisma y me gustaría que lo escuchen muy bien porque la Ley 941 -que esto viene de la línea de gobierno del presidente Macri cuando anunció Expensas Claras y ahora es Expensas Claras Matrix Recargado- ya reguló en exceso los derechos y las obligaciones de los propietarios y de los administradores.

El gobierno tiene la oportunidad de demostrar que va hacer un sistema mejor, más eficiente, más democrático, más barato y más libre que los que hoy existen y que hoy utilizan los consorcios.

No lo hagan en forma compulsiva, no obliguen al consorcio y al administrador a subir los datos si el consorcio no quiere hacerlo. No es solamente que el propietario no quiera utilizar el chat. No obliguen al consorcio, sedúzcanlo con un producto mejor.

El gobierno puede animarse a competir con pymes de dos personas que vienen trabajando -no hace dos años como dijo Facundo Carillo- sino hace diez, quince o cuarenta años. Animen al Estado a competir con los particulares. Hagan un producto mejor y sáquenos del mercado pero, por favor, no lo hagan de forma compulsiva.

Hay una discrepancia entre lo que los legisladores entienden como alcance de la norma y lo que nos transmite el secretario de Atención y Gestión Ciudadana.

Algunos diputados me transmitieron que la plataforma web no liquidará expensas y Facundo Carrillo en la puerta del recinto nos transmitió que sí, que va a liquidar expensas, entonces me pregunto si realmente está claro el alcance de la norma, si existe un mal entendido o alguien está omitiendo información, si realmente visitaron administraciones, consorcios, centros de cómputos, si participaron de algunas asambleas como para poder evaluar y hacer un diagnóstico correcto del problema que están tratando de solucionar.

Vimos un desfile de opiniones donde la mayoría destacaba las buenas intenciones del proyecto pero objetaban la forma. Evidentemente la redacción no es clara o no cubre las expectativas que quieren transmitir. Vemos que no están pudiendo transmitir en la redacción de una norma una buena intención. ¿Están seguros que ésta es la mejor forma para resolver lo que con buenas intenciones están tratando de mejorar?

Tienen una oportunidad histórica de hacer una buena ley y no una fuente de amparos judiciales. Hay antecedentes de esto: cuando se modificó la Ley 941 con la 3254/09 y su decreto reglamentario 551/2010 se obligaba a que en la primera asamblea posterior el administrador tuviera que difundir esta norma y fehacientemente entregarle copia para que la gente se instruya. Es una buena medida que la ley obligue al administrador que una vez que esté reglamentada ponga a consideración de la asamblea si quiere o no a utilizar la plataforma. Si la quiere utilizar adelante que sea gratuita, que sea la plataforma del gobierno y si no la quiere utilizar el administrador deslinda su responsabilidad y no está obligado.

Creemos -desde la mirada de los administradores- que esta ley va a generar más costos que van a ser trasladados sin duda a los consorcios. Creemos que viola los derechos privados de las personas y creemos que priva a distintas empresas a participar dentro de los que son los soportes informáticos y centros de cómputos.

Encontrándole tantas contras, uno se pregunta para qué sale este proyecto porque si no encontramos ventajas a la vista, si la única ilusión es que sea algo más transparente, uno tiene que pensar realmente cuál es el fin de todo esto. Permítanme compartirles la idea a la que llegué. Yo personalmente sospecho que esto es en realidad el "678" de Rodríguez Larreta. Que realmente lo único que quiere hacer es armar un canal de comunicación que llegue a un montón de ciudadanos porteños y que esta plataforma estará llena de una batería de propaganda oficialista.

Sería interesante, de no ser así, dejar asentado en el proyecto de ley que en la plataforma no pueda haber publicidad oficial.

Quiero ser bien claro en algo, a la Cámara de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias lo que le preocupa es el tema de la big data, esa es la realidad.

Hay algo que no hablé hasta ahora pero ahora sí lo voy a hacer mirándolos a los ojos a todos Uds. Se aduce que este proyecto existe "para controlar a los administradores de consorcios" y la verdad es que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -después de más de diez años que lleva la Ley 941- es un faro en el tema del control con un Registro Público de Administradores que aplica unas multas que hasta a veces son excesivas. Si seguimos estigmatizando una actividad con el pretexto de evitar una política pública, sin querer estamos cometiendo errores que criticamos de otros gobiernos.

Yo me he reunido con muchos de ustedes inclusive con consorcistas: si los administradores no quisieran estar controlados la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal se hubiera sentado en el Consejo de Propiedad Horizontal cuando lo crearon [Ley Muñoz] y dictaba sus propias resoluciones. Iba ser mucho más fácil para ellos no estar controlados en esa ley que se tuvo que derogar a los siete meses.

[3] AIPH: Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal AIPH.

Se busca crear una mesa amplia de diálogo

[BPN-22/12/17] El pasado 4 de diciembre, asociaciones de administradores, de empresas informáticas y financieras de recaudación y crédito definieron una comisión de enlace que trabajará para incluir asociaciones de consorcistas para crear un marco de diálogo directo con el Poder Ejecutivo y Legislativo con el objetivo de aportar la experiencia de su trabajo a la hora de regular la vida consorcial.

La constitución de la mesa de diálogo y la consecuente comisión de enlace fue motivada por la presentación del proyecto de ley "Consorcio Participativo" de autoría de Facundo Carrillo, secretario de Atención y Gestión Ciudadana porteño y presentado como proyecto de ley por Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno porteño.

Tal cual informó Pequeñas Noticias, esta reunión multilateral del sector se realizó en la sede de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) ^[1].

Según informó la mesa de diálogo, la comisión de enlace creada tendrá como objetivo canalizar las propuestas de cada sector de los que intervienen en la vida consorcial a fin de formar consensos que sean útiles para esos "invitados de piedra" que son los consorcistas y que hoy solventan con sus expensas todos los gastos que demanda el consorcio.

Para los integrantes de la reunión multilateral el principal punto que tiene que ser zanjado en el Proyecto Consorcio Participativo "es que el Derecho Real de Propiedad Horizontal pertenece a la clase de derechos en donde prevalece la autonomía de la voluntad de las partes y donde debe velarse por la privacidad e intimidad de los individuos que la componen", y agregaron: "El problema principal que presenta el proyecto de ley no es la digitalización de los datos por sí sola sino que la información sea administrada en una plataforma en manos del Estado".

Por último aclararon: "Es decir, no se trata de una plataforma estatal destinada a simplificar la digitalización y envío de los datos que exige la ley (como se promocionaba en un principio), sino que es una plataforma de uso obligatorio para los administradores que abarca integralmente la gestión contable, administrativa y de comunicación de cada consorcio, siendo un sistema altamente invasivo de la privacidad de los consorcistas" 

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Vecinos de cuatro comunas se reunieron con Carrillo

Los vecinos coincidieron en señalar que Carrillo los escuchó y tomó notas aunque no creen que vaya a retirar el proyecto ni que esté dispuesto a hacerle cambios.

Los representantes de los vecinos fueron: Andrés Zulberti de la Comunas 3 (Balvanera, San Cristóbal), Osvaldo Buscaya de la Comuna 7 (Flores, Chacabuco), Gustavo Gallego de la Comuna 13 (Belgrano, Núñez) y Norberto Villar de la Comuna 15 (Agronomía, Chacarita, La Paternal, Parque Chas, Villa Crespo y Villa Ortúzar).

Según hizo saber Buscaya a Pequeñas Noticias el objetivo de la reunión era reiterarle a Carrillo que "con estas intervenciones, por parte de los funcionarios, se proseguía violando el Estado de Derecho vigente, en este caso teniendo como víctimas a los consorcistas".

Los vecinos coincidieron que Carrillo los escuchó y tomó notas. Aguilera expresó no creer que vaya a retirar el proyecto y agregó: "Se mantuvo inflexible, ofreció cambiar muy pequeños detalles que no hacen al proyecto". Zulberti coincidió: "Dudo que quiera corregirlo".

Villar, por su parte, agregó: "En ningún momento pensó que nuestras alternativas podrían correrlo de su eje, solo pidió que le listáramos aquellos costos que consideramos innecesarios para estudiar su eliminación. Por ejemplo los libros obligatorios, los controles excesivos en temas de seguridad como los ascensores, etc. Inventos comerciales respaldados desde el propio gobierno y algunos funcionarios".

Buscaya le hizo saber a Carrillo que en su opinión "el proyecto Consorcio Participativo era una maniobra para ir apuntalando lo no logrado con la ilegal e ilegítima Ley 5.464 (Ley Muñoz)".

Zulberti aportó: "Escuchó las críticas sobre la plataforma y, además, sobre las disposiciones de Defensa del Consumidor y la Agencia Gubernamental de Control que incrementaron las expensas desde la reforma de la Ley 941, en el 2009".

Para Aguilera la principal objeción al "Proyecto Carrillo" es "el manejo de información que en manos del administrador llega al Gobierno de la CABA".

Zulberti por su parte agregó que "hay una confusión con el control de la actividad de los administradores del RPA y la plataforma Consorcio Participativo: como no pueden o no saben controlar a los 5.500 administradores registrados con 30 mil consorcios piden que lo hagan los consorcistas. Para ello obligan a los administradores a entregar los datos privados de los consorcios. Piden que renuncien a su derecho a la privacidad".

Norberto Villar expresó que decidir qué programa informático utilizar es un derecho y agregó: "Me preocupa quién manejará y controlará la gran masa de datos que obligatoriamente tendremos que cargar a través del administrador: datos personalísimos, chat entre consorcistas, actas de asambleas, etc, etc.". y concluyó: "La asamblea, la máxima autoridad de un consorcio de propietarios, es la que debe decidir que soporte informático usar. Ya bastante fue Expensas Claras con sus cuatro modificaciones que fue manejada por inexpertos cuya impericia fue rayana en la indecencia".

Abrevaya arrojó luz sobre aspectos del Proyecto Carrillo

[BPN-22/12/17] En diálogo con Pequeñas Noticias, el legislador Sergio Abrevaya (GEN) develó con qué fin el Gobierno porteño podría querer concentrar los datos privados, comerciales y laborales de los consorcios y los consorcistas en el Aplicativo Oficial Consorcio Participativo y especuló cuál podría llegar a ser la postura de Elisa "Lilita" Carrió (ARI) tanto sobre el Proyecto Carrillo como su uso de datos privados. Finalmente explicó cuáles son sus objeciones personales a la iniciativa.

Sergio Abrevaya: Una parte me parece que está bien. A mí me parece que está bien que controlen más, que den herramientas: Siempre la informática es útil pero creo que lo que está mal es darle la información al Estado. Lo que ellos dicen es que terminas cargando hasta el acta del encargado y me parece que la ciudad no puede regular eso. La ciudad puede regular la actividad de administrar. Puede obligar al administrador a muchas cosas pero no puede indirectamente controlar al consorcio. Es decir, se han sumergido en una competencia que tienen sólo las leyes nacionales porque eso lo regula el Código Civil y Comercial de la Nación.

Yo lo hablé con Carrillo y él me dijo nosotros esa información la tenemos igual y yo le contesté: "no la tenés, vos tenés 'voluntario 1' y en la AFIP tenés una parte. No la tenés".

PN: Nosotros hicimos una nota describiendo exactamente lo que se necesitaría para liquidar expensas. Por ejemplo él puede tener el documento respaldatorio de una factura pero no en cuántas cuotas se pagó. Hay cosas que él no las tiene. Aparte que esas obligaciones ya las impuso Expensas Claras.

SA: Sí, pero Expensas Claras no quedó como obligatoria, vos podes adherir y se acabó.

PN: Si una asamblea se lo pide al administrador se convierte en obligatorio porque el dueño del circo siempre termina siendo el propietario o la asamblea.

SA: Pero acá se los estaban llevando puesto. Le dije a Carrillo: "pone aunque sea una clausula -aunque no es lo que más me gusta- que exprese que sea el consorcio el que pueda decidir no entrar a este sistema y él me dijo algo racional: ‘vos sabes que los administradores enseguida consiguen eso’. Le dije bueno, busca otra clausula. Pero la verdad que vos no podes obligarle a los consorcios a darte ninguna información que no tenga que ver estrictamente con lo que el Estado necesita. Por ejemplo en lo impositivo por los impuestos. Es la AFIP o la AGIP las que pueden pero para todos los demás es vida privada.

PN: En su momento me habías dicho que inclusive ese tipo de leyes hasta para la AFIP son complicadas.

SA: Sí, suelen tener lío. Ahora acaba de salir un fallo en contra de SISCREB (Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias) que es el resultado de un acuerdo para retener Ingresos Brutos y salió un fallo que dice no podes retenerlos.

SA: No tengo idea qué piensan ellos. Pasa que Lilita nos sorprendió. Ella pasó de ponerle muchísimos límites a Macri en la Ciudad y en la Nación -incluso cuando ya era presidente- pero ahora en la Ciudad les ha puesto algunos pero otros no. Entonces no sé decirte si va estar del lado de los que les va a poner límites o de los que no les va a poner. Pero si vos me preguntas ideológicamente qué deberían pensar es tal cual lo que te estoy diciendo yo sin duda, que la herramienta puede ser buena pero no se pueden llevar puesto el derecho a la privacidad de los vecinos.

PN: ¿Históricamente ella pensaba así en el pasado?

SA: Bueno nunca hubo una propuesta de este tipo pero en términos de libertades te diría que sí.

PN: En términos generales ella pensaba así. Ahora podría pensar de otra manera.

SA: De hecho en este último tiempo estuvimos todos muy parados por el avasallamiento por parte del kirchnerismo en este sentido, incluso contra los de la AFIP. Uno va perdiendo el límite y te vas acostumbrando pero es un problema muy grave porque el PRO utilizaría esta información, no es que no la descartaría. La utilizaría muy profesionalmente cosa que el resto de las fuerzas políticas no hace ni con la información que tienen. Es decir, ellos hacen tantos IVR's (Interactive Voice Response) ^[1] por año, tantas encuestas por año. Cada vez que contestas el teléfono ellos te lo registran y hacen esos cálculos algorítmicos de lo que opina el que vive en tal lado, te juro que es así, ellos lo hacen actualmente, entonces ellos tienen la práctica. Ellos son cultores del big data o del Data Mining (Minería de datos) ^[2].

SA: No. Es más importante. Los estudiarían. No es que sólo mandan correos electrónicos y nada más. El punto es que vos podes saber muchísimas cosas a través de esto del consorcio y de la gente que vive en cada edificio. La pregunta clave de los que trabajan en Data Mining no es a quién vas a votar o votame a mí sino la pregunta es: ¿Qué te gusta? ¿Qué odias? ¿Qué querés? Ese es el trabajo. Ellos trabajan en esto todo el tiempo y muy profesionalmente con data tracking (seguimiento de datos) e IVR. Ahora yo no puedo decirte que necesariamente sea así pero todo indica que no van a dejar pasar la información, ellos dicen que no violarían esto, que no cometerían el delito.

PN: ¿Esto sería un delito?

SA: Y lo es, porque viola le la ley de información, de protección de datos. Ellos dicen que no usan ninguna información de la que entra pero aparecen los listados de administradores vendidos. Es decir lo puede usar el funcionario para lo que te acabo de decir o lo puede usar otro porque siempre hay un webmaster ^[3] que tiene acceso. Yo tengo una experiencia en eso, en su momento presidí la unidad de mediadores durante dos periodos, en el segundo período ya tenías que cargar de manera online en un programa que te daba el Estado, lo que no había era chat.

PN: Pero lo que ustedes consiguieron es que la actas de mediación no se carguen.

SA: Sí se cargan. Lo único que conseguimos es que no se carguen los acuerdos, su texto porque la norma vigente todavía dice que hay que cargarlo. Pero en definitiva ellos saben todo, miran la base de datos, no es que no la miran. Los que están en mediación no son profesionales en este tema, así que no creo que hagan nada en este sentido.

PN: Bueno Sergio en la legislatura que viene vos vas a participar así que si esto pasa para el año que viene te va tocar votar. ¿Le van a exigir al registro que se pongan las pilas?

SA: Pasa que esto es parte de una lógica del gobierno que no sólo abarca este tema. Cuando ellos asumieron decidieron tercerizar el control en el destinatario del edificio, en el porteño. Lo que yo le decía es que no es mala la idea de que haya una buena cantidad de información disponible para el consorcio en la nube. Lo que puede pasar es que ellos lo liberen.

PN: ¿Si esto pasa el año que viene es más probable que sea aprobado o no?

SA: Si es modificada la voluntariedad, o sea la posibilidad del consorcio de elegir, yo la votaría, no me parece malo. En esas condiciones puede ser útil no es malo pero hay que garantizar que el Estado no se quede con toda la información que se les ocurra 

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[1] IVR: La respuesta de voz interactiva o IVR (del inglés Interactive Voice Response) consiste en un sistema telefónico que es capaz de recibir una llamada e interactuar con el humano a través de grabaciones de voz y el reconocimiento de respuestas simples, como «sí», «no» u otras. Es un sistema automatizado de respuesta interactiva, orientado a entregar o capturar información a través del teléfono, permitiendo el acceso a servicios de información u otras operaciones. Los sistemas de IVR implementados en la red tienen capacidad para administrar grandes volúmenes de llamadas y también se usan para llamadas salientes, ya que estos sistemas son más inteligentes que muchos sistemas de marcación predictiva.

[2] La minería de datos o exploración de datos (Data Mining) es un campo de la estadística y las ciencias de la computación referido al proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos. Utiliza los métodos de la inteligencia artificial, aprendizaje automático, estadística y sistemas de bases de datos. El objetivo general del proceso de minería de datos consiste en extraer información de un conjunto de datos y transformarla en una estructura comprensible para su uso posterior. Además de la etapa de análisis en bruto, supone aspectos de gestión de datos y de bases de datos, de procesamiento de datos, del modelo y de las consideraciones de inferencia, de métricas de Intereses, de consideraciones de la Teoría de la complejidad computacional, de post-procesamiento de las estructuras descubiertas, de la visualización y de la actualización en línea.

Ya hay dos entidades de propietarios con personería gremial

[BPN-22/12/17] Gabriel Mormandi, presidente de la Asociación Civil de Propietarios de Inmuebles de Renta y Horizontal (APH) anunció que el 2 de noviembre logró que su entidad sea  inscripta con el número 681 en el Registro de Asociaciones Gremiales de Empleadores del Ministerio de Trabajo. Así lo anunció en el sitio Facebook de la entidad el pasado 13 de diciembre.

En diálogo telefónico con Pequeñas Noticias aseguró: "Yo quiero sumar a todas las asociaciones de consorcios que están luchando en contra de esta situación desde hace tiempo sin ningún lugar a dudas. Yo no tengo ninguna intención de tener de esto un monopolio ni mucho menos, al contrario la unión hace la fuerza. Así que no tengo duda de que los voy a convocar. El tema es la oportunidad y el momento. Fin de año y feria judicial para mí no es el mejor momento y porque quiero hablar con los socios también para ver cómo quieren seguir avanzando".

Silvia De Filippo es vicepresidenta de la UADI

[BPN-22/12/17] Desde el bimestre julio/agosto de 2017 la Adm Silvia De Filippo es vicepresidenta de la Unión Administradores de Inmuebles (UADI). Así se pudo apreciarse en la página 5 de la revista "UADI Informa" Nº 12 de ese período donde figura la composición de la comisión directiva de la entidad. En esa revista no se realizó ninguna mención a su asunción a tan elevado cargo. En el sitio web de la entidad consta que De Filippo también participa de la Comisión de Trabajo de Promoción Institucional y Relaciones Interinstitucionales.

De Filippo reemplazó al histórico vicepresidente Félix Cacciatori quien había fallecido el 17 de abril de 2017. En ese mismo número de esa revista institucional las autoridades de la entidad le dedicaron una página de homenaje.

El 10 de octubre de 2007, un grupo de socios -entre los que se encontraba la Adm. Silvia De Filippo- se unieron para conformar la Línea Renovación CAPHyAI. "Nuestro objetivo es profesionalizar a la cámara", destacó el Adm. Mario Bernetti en nombre del grupo. En aquél momento era presidente de la entidad Guillermo Bielli (Desde el 2006 al 2009).

El 12 de agosto de 2009, a pocos días de las elecciones de la CAPHyAI, Pequeñas Noticias dialogó con tres mujeres que integraban la lista Renovación & Cambio: La Adm. Gabriela Pilar Saldivia –la cabeza de la lista- y las arquitectas y administradoras Silvia Rodríguez Maceira y Silvia De Filippo.

El 2 de diciembre de 2009, el consejo directivo de la CAPHyAI realizó una asamblea general ordinaria y extraordinaria en la que -entre otras cosas- proclamó a las nuevas autoridades de la institución. Después de un año de elecciones, impugnaciones y de varias resoluciones de la Inspección General de Justicia (IGJ), se votó una única lista integrada por miembros de la lista Cambio y Profesionalización y Renovación & Cambio. Silvia De Filippo fue nombrada vocal.

El 24 de agosto de 2010, Saldivia -por aquel entonces coordinadora del Registro Público de Administradores (RPA)- informó que se harían inspecciones en los consorcios y administraciones en forma sorpresiva. Agregó que dos arquitectas de la CAPHyAI, Silvia De Filippo y Silvia Rodríguez Maceira "van a capacitar a los inspectores sobre los puntos a revisar". Este anuncio lo realizó durante un encuentro que se realizó en la sede de la Cámara que contó con la presencia del Dr. Juan Manuel Gallo, director general de Defensa y Protección al Consumidor (DGDyPC) y el Crio. Mayor (R) Edgardo Aoun, coordinar de inspecciones y contralor comercial de la ciudad.

En las elecciones del 15 de diciembre de 2010 De Filippo mantuvo su cargo de vocal titular.

El 23 de noviembre de 2012, en medio de rumores de que Adrián Hilarza se podría presentar a competir en las elecciones y tras negociaciones entre la lista oficialista y la lista Renovación y Cambio se consensuó una "Lista de Unidad" que es la única que se presentó a las elecciones del 5 de diciembre.

En esas elecciones Silvia De Filippo ascendió de vocal titular a protesorera.

El 6 de noviembre de 2013, en el marco de los festejos por el Día del Administrador, y antes del brindis, se entregaron diplomas a los socios que cumplieron 50 años en la entidad, entre ellos a Silvia De Filippo.

En las elecciones del 19 de noviembre de 2014 pasó a ser prosecretaria de la entidad.

El 20 de abril de 2016, la comisión directiva de la CAPHyAI aceptó su renuncia al cargo de prosecretaria.

El 14 de julio de 2016, la Adm. Silvia De Filippo asistió a la inauguración del local del Sindicato de Empleados de Administradoras (SEARA) cuya secretaria general es Gabriela Pilar Saldivia. De esta entidad sindical era secretario gremial Luis De Filippo quien sería hijo de la exprosecretaria de la CAPHyAI y está registrado como administrador en el RPA con el número 2.157.

El 18 de agosto de 2016, titulares de administraciones particulares "dialogan y consensuan" con SEARA "puntos importantes" para el desarrollo de un Convenio Colectivo de Trabajo para el sector. Estos encuentros entre administradores y la Comisión Directiva de ese gremio fueron conducidos por Saldivia, y se venían produciendo desde hacía un tiempo. El último fue el 5º desayuno de trabajo que se realizó con este objetivo en su sede. De éste participaron dos miembros de la comisión directiva de la CAPHyAI y Silvia de Filippo.

El 17 de abril de 2017, falleció Félix Cacciatori, por aquel entonces vicepresidente de la UADI (Unión Administradores de Inmuebles).

En abril de 2017 la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias realizó una cálida nota sobre el fallecimiento de Cacciatori. Develó que había sido socio de esa entidad desde 1996 y que ejerció la administración de consorcios por más de 40 años.

En la revista Nº 12 correspondiente a los meses julio/agosto de 2017, Silvia De Filippo figura como vicepresidenta en reemplazo de Cacciatori y, en esa misma publicación, la UADI le dedica una nota de homenaje al que fuera no sólo su vicepresidente sino también amigo personal de Osvaldo Primavesi, su presidente.

Feriados vs días no laborables

[BPN-22/12/17] El Decreto 923/2017 estableció tres días no laborables puente para el año 2018 y otros tres para el 2019. La novedad es que no son feriados sino días no laborables y la diferencia radica en que será el empleador quien decida si se trabaja o no en esos días. En el caso de los consorcios de propietarios es de suponer que el administrador tendrá que poner como punto a tratar en una asamblea si esos días se hará trabajar al encargado o no. En caso de que se decida que debe cumplir con su tarea el valor de ese día será como cualquier otro, no se abonará al 100% porque no es un día feriado. Si se decide que puede gozar de ese día no tendrá que trabajar pero si ese día no asiste sin autorización, el empleador podrá descontárselo.

Según el nuevo Decreto 923, publicado el Boletín Oficial (BO) del 10 de noviembre pasado, los días puente no laborables para el año 2018 serán el lunes 30 de abril, el lunes 24 de diciembre y el lunes 31 de diciembre que anteceden a los feriados del Día del Trabajador, Navidad y Año Nuevo, respectivamente. Para el 2019, los días puente serán el lunes 8 de julio, el lunes 19 de agosto y el lunes 14 de octubre que están antes de los feriados del Día de la Independencia, el día del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín y finalmente del Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

La Ley 27.399, publicada en el BO del 18 de octubre de 2017, habilitó al Poder Ejecutivo a fijar hasta tres feriados o días no laborables puente por año para promover la actividad turística y además, estableció que los feriados trasladables cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles pueden ser trasladados al día lunes anterior y, aquellos que caigan jueves y viernes, al lunes siguiente.

El listado completo de los distintos feriados establecido por la Ley 27.399 y el Decreto 923 son: 

Final de la historia 2017

[BPN-22/12/17] En el último mes de 2017, no hay nada nuevo que liquidar en los recibos de haberes, pero la 2º cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) debe abonarse antes del 18 de diciembre de cada año junto con una suma adicional equivalente al 20% sobre la remuneración básica de cada uno según su categoría y función.

El artículo 122 de la Ley de contrato de trabajo estipula las fechas de pago para el SAC el 30 de junio y el 18 de diciembre de cada año para la primer y segunda cuota respectivamente . El importe a abonar en cada semestre será liquidado sobre el cálculo del cincuenta por ciento de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los dos (2) semestres que finalizan en junio y diciembre de cada año. Para determinar la segunda cuota del sueldo anual complementario, se debe estimar el salario correspondiente al mes de diciembre y cuando efectivamente se liquide se deberá recalcular si corresponde. La diferencia, que resultare entre la cuota devengada y la cuota abonada el 18 de diciembre se integrará al salario del mes de diciembre. Este texto fue sustituido por art. 1° de la Ley N° 27.073 y publicado en el Boletín Oficial del 20/1/2015.

Desde el año 2015 los trabajadores del sector perciben junto con el pago de la 2ª cuota del S.A.C. de cada año una suma adicional equivalente al 20% sobre la remuneración básica de cada uno según su categoría y función. Esta suma no es normal ni habitual en el salario del trabajador, por lo tanto no debe considerarse para el cálculo del SAC, ni para el valor de las horas extras del mes de diciembre. 

El CCT 589/10 publicado en el Boletín Oficial Nº 33388 del 30 de mayo de 2016 dice en su Artículo 15 inciso 7: "Bonificación anual: los/as trabajadores/as percibirán, juntamente con el pago de la segunda cuota del sueldo anual complementario de cada año, una suma adicional equivalente al veinte por ciento (20%) sobre la remuneración básica de cada trabajador/a según la categoría que revista".

El inciso j del artículo 12º del Convenio Colectivo de Trabajo 589/10 indica que "se otorga asueto los días 24 y 31 de diciembre de cada año, lo que no generará descuento alguno en los salarios. Para el caso que el trabajador/a prestara servicios en dichas fechas, los días deberán ser abonados de conformidad con lo establecido en el art. 13 del CCT 589/10", o sea como un día feriado. Este año, a diferencia del anterior, ambos días caen en domingo por lo tanto los trabajadores del sector no tendrán más feriados que el día 8 y el 25 de diciembre.

No debemos esperar a que la Legislatura trate el proyecto de ley. Debemos actuar lo antes posible. Para ello, el primer paso es formularnos y tratar de responder las siguientes preguntas: ¿Qué esconde "Consorcio Participativo? ¿Cuáles son los intereses y fines ocultos en el silencio de lo "no" dicho? ¿Por qué el GCABA insiste en la iniciativa no obstante las opiniones en contrario manifestadas por las organizaciones intermedias?

El proyecto "Consorcio Participativo" es un "genérico" repleto de ambigüedades, falta de transparencia, imprecisiones graves, que lo convierten en riesgoso frente a los derechos individuales de las personas y de los consorcios. Como "Caballo de Troya", embiste y se entromete en la vida privada del consorcio, impuesto en forma "única y obligatoria", a través de su representante legal, el administrador, a quien el Ejecutivo porteño pretende utilizar como su brazo auxiliar. Por lo tanto, aumentarán las tareas y los costos laborales de las administraciones, que tarde o temprano se trasladarán a las expensas.

El GCABA, sin prisa pero sin pausa, quiere desarrollar el "gran negocio del siglo XXI", la "Big Data" y la concentración financiera.

El común de las personas desconoce las consecuencias del arrebato de datos privados en sus vidas personales. De hecho, no hay antecedentes de países que hayan aplicado una plataforma web, obligatoria y estatal, para resolver la problemática de la vida consorcial.

Es inaudito que un Gobierno democrático, que se autoproclama transparente y participativo, se presente como "facilitador", cuando en realidad y contrariamente a los mensajes de campaña, se constituye en intervencionista y monopólico, bajo el exclusivo poder del Estado, sometiendo a la propiedad horizontal para controlar datos privados y concentrar recursos financieros del sector. Detrás de funcionarios amigables, los verdaderos objetivos de la plataforma son: arrebatar información privada de las personas; crear un canal de comunicación soslayando al administrador; analizar datos, comportamientos y opiniones; identificar usos y costumbres de los individuos; medir capacidad de consumo; calificar capacidad económica y contributiva; agudizar controles fiscales; trazar perfiles de consumo y segmentar; inducir conductas.

En definitiva, operar un canal directo de comunicación masiva en propiedad horizontal, que podrá ser utilizado con otros fines, mediante el uso de tecnología de la información, basada en "motores de búsqueda, inteligencia comercial y cruzamiento de bases de datos".

Como referencia, el GCBA firmó un acuerdo entre la AFIP-AGIP para la transferencia de datos y anunció que el Banco Ciudad será su socio estratégico. ¿Cómo debemos interpretar esta manifestación? No cabe otra posibilidad más que la de suponer que, detrás del ofrecimiento público de dar cuentas gratuitas a los consorcios (que en realidad no lo son, porque al Banco Ciudad lo sostenemos entre todos los contribuyentes con los impuestos que pagamos), se esconde otra finalidad.

Es una estrategia política del GCABA para que dicho banco sea su brazo financiero. Pretende disponer de toda la recaudación de la propiedad horizontal de Buenos Aires, concentrada en el Banco Ciudad. Mucho más que $5.000.000.000 mensuales que le generará depósitos a la vista de fondos con costo cero o, mejor dicho, que la captación del fondeo sea a tasa cero, es decir, gratis.

Es de esperar que los legisladores no aprueben el Capítulo VI Aplicación de la Plataforma Web Oficial "Consorcio Participativo". En su lugar, que debatan y reflexionen en profundidad y, sobre todo, que el Ejecutivo porteño autoexamine con plena conciencia, sobre la base del bien común, los resultados que obtuvo con la Ley Nº 941 y su marco regulatorio, sin haber logrado optimizar la vida consorcial. Muchos pensamos que la nueva propuesta dista de cumplir con la pretensión esgrimida por quienes la pergeniaron: con esta web única, el GCABA no logrará mejorar el control, la participación, ni la transparencia en la vida consorcial 

Estimado Sr. Director:

Sobre el proyecto de Facundo Carrillo, reflexionando sobre los acontecimientos que son de público conocimiento, se me ocurrió pensar que Consorcio Participativo, más que un logro es la consagración de un terrible y estrepitoso fracaso.

¿Qué fracaso? Se preguntará Ud.

El fracaso del Gobierno de la ciudad más importante del país en controlar un puñado de administradores. No importa si son 5 mil, 6 mil u 8 mil.

Si el Gobierno local no puede hacer cumplir una ley de 22 artículos que hicimos los vecinos junto a Sergio Abrevaya y fue votada por los legisladores por unanimidad, ¿cómo hace para controlar los ascensores, los matafuegos, las instalaciones fijas contra incendios, las cornisas y los balcones? ¿O no los controla?

¿Cómo hace para controlar la policía local, los bomberos, los hospitales, el SAME y las escuelas?

¿Cómo hace para controlar el tráfico?

Las autoridades del Registro Público de Administradores no saben cuántos administradores hay en la CABA. Apenas si pueden balbucear algunos números sobre la cantidad que están regularizados pero para encontrar a los otros 2 mil que parece ser que les faltan deben gastar 20 millones de pesos a razón de 10 mil pesos cada uno.

Se complican a la hora de tomar denuncias, se enredan en esas mediaciones que se inventaron, cuando por fin multan a alguien éste apela a la Justicia y otra vez se quedan sin nada. Al pobre "gil" que se anotó y presenta las declaraciones juradas todos los años le aplican multas siderales, impagables y confiscatorias por faltas técnicas aunque no hayan derivado en daño al consorcio mientras que el que no está inscripto puede seguir haciendo de las suyas.

No es la Ley 941 ni su decreto reglamentario, son los funcionarios de la Ciudad los que fracasan una y otra vez en cumplir y hacer cumplir las leyes.

Entonces inventan nuevos y sospechosos libros obligatorios que se venden a precios exorbitantes, inventan máscaras de humo también obligatorias, inventan aplicativos para confeccionar las declaraciones juradas que nunca terminan de funcionar bien.

Cuando eso fracasa derogan todos los libros inventados e inventan uno anual que... ¡¡¡ se escribe a mano ¡!! Sí... en pleno siglo XXII, ¡¡¡ se escribe a mano ¡!!

En un arranque de creatividad a alguno se le ocurre que la solución está en derogar la ley que crearon los vecinos y propone que le entreguemos los consorcios al sindicato y sus amigos para que los administren ellos. Como la locura ya alcanza el paroxismo esa idea se cae pero al legislador que la propuso se le otorga un puesto para "pasar el invierno" o como leí en alguna parte para que pueda "atravesar el desierto".

Y siguen: hacen blanqueos, prórrogas, sacan más libros y finalmente a algún otro iluminado se le ocurre que la solución de todo es hacer un gran programa, un mega programa, un super programa que haga todo: liquide expensas aunque bueno... sueldos no haría (es mucho trabajo) e impresiones tampoco y eso, de tan loco que es, ni se me ocurre por qué.

Lo que los iluminados no pueden prometer que los dos mil desaparecidos en acción ahora vayan a aparecer porque lo que antes hacían "en negro" seguirá así.

Y así estamos. Mientras tanto, las expensas suben y suben.

Pensar que todo lo que se necesita es un par de funcionarios serios, responsables, honestos y trabajadores que hagan lo que juraron hacer: cumplir y hacer cumplir con las leyes vigentes.

Eso es todo lo que hace falta 

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