Defensa del Consumidor gastará otros 6,8 millones en sus sistemas

[BPN-16/08/21] El pasado 22 de julio el subsecretario de Servicios al Ciudadano, Roberto Porzecanski, autorizó –mediante contratación directa- otros 6.846.435 pesos para mantener y ampliar el "Sistema de Gestión de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor".

La norma detalla que se agregaron 1.765 horas (dos meses y 19 días) a un valor de 3.879 pesos la hora, lo que representan unos 40 dólares estadounidenses a valor oficial.

Es de recordar que hace apenas dos meses y medio ya había autorizado a la firma Prominente SA –mediante el mismo método- un gasto de casi 14 millones de pesos para este mismo fin ^[1].

Esa empresa fue la que desarrolló en 2017 el sistema con el que cuenta actualmente Defensa y Protección del Consumidor y el Registro Público de Administradores. En aquella oportunidad se destinó un estimado de 3 millones de pesos aunque nunca se supo oficialmente a cuánto ascendió el gasto final.

En resumen, el sistema administrativo de DYPC y el RPA ya llevan gastados casi 400 mil dólares. El valor dólar de la tabla es el resultado del promedio de la cotización comprador y vendedor de dólar oficial de los días hábiles del mes de la resolución correspondiente.

En los considerandos de la norma se argumentó que "la mentada Dirección General ha manifestado la necesidad de ampliar el servicio mencionado [...] Asimismo, ha manifestado que la ampliación en cuestión encuentra sustento en la necesidad de optimizar el rendimiento y garantizar las expectativas de funcionamiento del sistema operativo interno del Organismo (PECTRA), mediante la utilización de tecnología que garantice la estabilidad, perdurabilidad, inmutabilidad e inalterabilidad de la información [...] Expresó que resulta necesario continuar con la paulatina y progresiva incorporación de diversas tecnologías que simplifiquen los trámites, actuaciones y procedimientos a los fines de brindar una adecuada y eficaz tutela a los derechos de los consumidores y usuarios como así también agilidad en las gestiones que realizan los administradores de consorcios"

[BPN-16/08/21] El pasado 31 de julio Facundo Carrillo fue transferido de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la CABA a la Secretaría de Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión.

El cargo de Carrillo fue ocupado Julia Raquel Domenicone que es licenciada en Economía en la Universidad de Buenos Aires. La funcionaria se desempeña en la administración pública porteña desde octubre de 2009 y su último cargo –antes de esta promoción- fue el de subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos durante casi 6 años.

Las dos reasignaciones de cargos fueron decretados por Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la CABA mediante el Decreto 259/21 del 27 de julio (BO: 29/07/21).

Carrillo comenzó a ser conocido por la comunidad consorcial luego de ser designado director del Centro de Gestión y Participación (CGP) Nº 2 (Recoleta) cuando asumió Mauricio Macri como jefe de Gobierno en diciembre de 2007.

En ese CGP ya funcionaba desde 2005 -gestión de Aníbal Ibarra- la primera Comisión de Consorcios que se creó en un CGP en la CABA. Su creadora fue la Sra. Teresa Villanueva.

Cumpliendo con la Ley de Comunas, en diciembre de 2011 Carrillo pasa a ser presidente de la Comuna 2 y sigue en ese cargo sin mayores novedades para la comunidad consorcial hasta diciembre de 2015.

Ese año, con la ascensión de Larreta a jefe de Gobierno porteño, Carrillo fue nombrado subsecretario de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía.

El 13 de septiembre de 2017, Larreta presentó un proyecto de autoría de Carrillo que constaba de dos puntos ^[1]:

1.- Se desarrollaría un sistema informático gratuito, de uso obligatorio para los administradores, que concentraría toda la actividad profesional, comercial, societaria y comunicacional de los consorcios y los consorcistas.

2.- Se ofrecerían productos y servicios bancarios a través del Banco Ciudad y se dispondrá que sea la única entidad financiera habilitada para tal fin.

Ese mismo mes Carrillo fue promovido a secretario de Atención y Gestión Ciudadana.

Este proyecto generó un intenso debate en el sector de la propiedad horizontal porque se consideró que la característica monopólica de esta aplicación destruiría la industria informática del sector que se encontraba en pleno desarrollo. También se sospechaba que esta acumulación de información privada en manos del Estado local –sin antecedentes en el país- no tenía como fin controlar a los administradores sino monitorear a los mismos consorcistas.

Una de las consecuencias a lo que por aquel entonces se llamaba proyecto Carrillo fue la creación casi inmediata de la Cámara Argentina de Sistemas Informáticos de la Propiedad Horizontal (CASIPH) con el objetivo de defender sus fuentes de trabajo ^[2].

Otro efecto fue que –por segunda vez en su historia- la mayor parte de las entidades de administradores, de consorcistas y CASIPH se unieron en la lucha para que el Proyecto Carrillo no se pueda convertir en ley. De hecho ese año -a pesar de los esfuerzos denodados del Gobierno local- no consiguieron hacer aprobar el proyecto aunque a fin de año Carrillo amenazó por TV que su iniciativa "tomará agenda legislativa en marzo del año próximo" ^[3].

El 2018, para la comunidad consorcial, comenzó con una novedad importante: El 27 de enero, Larreta y Carrillo anunciaron 14 medidas -entre ellas Consorcio participativo- para bajar las expensas un 20% ^[4]. Sin embargo un año después las expensas no sólo no habían bajado sino que se estimaba que su aumento había sido de un 35% ^[5].

Mientras la oposición a la iniciativa crecía, el 16 de mayo de 2018, Larreta volvió a presentar el Proyecto Carrillo aunque con algunos cambios para hacerlo más potable para el gran público.

Propuso cambios en la Ley 941 de dos tipos:

1.- Su iniciativa modificó las obligaciones de los administradores de consorcios, las condiciones para su inscripción y permanencia en el RPA y

2.- Cambió los artículos relacionados con la creación de la Aplicación Oficial Consorcio Participativo. El proyecto también lo planteó como una obligación del administrador y –según numerosas objeciones planteadas- en forma indirecta también intentó obligar a los consorcistas ^[6].

Finalmente el 28 de junio de 2018 el Proyecto Carrillo se convirtió en la Ley 5.983 ^[7].

Tras su promulgación se iniciaron una serie de juicios contra la ley: uno de una cámara de administradores, otro de una empresa informática del sector y uno más de un consorcista. La mayoría de los cuales no prosperaron. Sin embargo la letrada que lleva la causa del consorcista consiguió llegar con ella hasta la Corte Suprema de la Nación.

El resto de los actores expresaron a este medio que preferían esperar a que la ley se reglamente para iniciar acciones legales.

Desde que asumió como Subsecretario de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía hasta que renunció a su cargo de secretario de Atención Ciudadana y Gestión Comunal transcurrieron 5 años y 7 meses.

La Ley Carrillo nunca se reglamentó

Si no hay denuncia no se averigua si se presentaron las DDJJ

[BPN-16/08/21] Si no existe una denuncia puntual contra un administrador, la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (DGDyPC) porteño no indaga y actúa contra los mandatarios que no presentan sus declaraciones juradas (DDJJ) anuales ante el Registro Público de Administradores (RPA).

Así surgió del análisis de 30 disposiciones sancionatorias que se ordenaron entre enero de 2020 hasta julio de 2021 por infracciones al artículo 12º de la Ley 941.

De los casos estudiados, en sólo uno de ellos la repartición intimó y sancionó de oficio a un administrador por no presentar las DDJJ obligatorias sin necesidad de que se haya radicado previamente una denuncia.

Por otra parte, el pasado 29 de julio, la DGDyPC reconoció que su sistema informático no le permite saber cuántas sanciones realizó contra los administradores que informaron menos consorcios de los que realmente administran en sus declaraciones juradas anuales ante el RPA.

Agregaron que sólo pueden saber qué disposiciones sancionatorias se ordenaron por infracción al artículo 12º de la Ley 941. Este, si bien está relacionado con las declaraciones juradas, abarca varios temas no relacionados con el aspecto puntual que interesa y cualquiera de ellos es pasible de una sanción.

El pasado 29 de julio Defensa y Protección del Consumidor dio a conocer un listado con los números y las fechas de 177 disposiciones sancionatorias emitidas por infracciones al artículo 12º de la Ley 941 desde enero de 2020 hasta julio de 2021.

De ese listado se pudo determinar que sólo 30 de ellas fueron publicadas en el Boletín Oficial. Las 147 restantes –al no ser dadas a conocer- se sustrajeron al control del público.

"A raíz de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 (Coronavirus), las publicaciones en el Boletín Oficial se encuentran con demoras" reconoció en el marco de una causa judicial, Ariel Urwicz, subgerente operativo de Defensa del Consumidor, el 2 de septiembre del año pasado [1].

Del análisis de las 30 disposiciones publicadas surgió que en 29 casos los administradores de consorcios fueron multados por no realizar las declaraciones juradas de sus consorcios a consecuencia de la denuncia de un vecino no relacionado por ese tema puntual. En sólo un caso Defensa y Protección del Consumidor actuó de oficio sin que haya sido motivado por una denuncia previa.

En otras palabras, de la lectura de las disposiciones se aprecia que un consorcista se acerca para denunciar a su administrador por cualquiera de las infracciones previstas en la Ley 941 y automáticamente la DGDyPC solicita al RPA si está con la matrícula al día y si presentó las DDJJ de ese consorcio.

En 25 de los casos estudiados surgió que los administradores no habían presentado ninguna DDJJ y en varios de ellos durante tres años. En cinco la DGDyPC detectó que no se habían presentado las declaraciones juradas sólo del consorcio del denunciante.

En resumen es como una hilera de piezas de dominó: la primera ficha empuja a la segunda y así sucesivamente. La denuncia genera el pedido de informes y –de existir faltas- se agregan más imputaciones al expediente que en este caso y por ese punto termina en sanción.

No hay que olvidarse que para demostrar que una persona administró un consorcio en un período determinado sólo hace falta una liquidación de expensas en los que figure el nombre del administrador y la fecha.

Tal cual adelantáramos, en sólo uno de los casos estudiados a lo largo de ese año y siete meses Defensa y Protección de Consumidor actuó de oficio (Disposición 457/21) y abrió un expediente contra un administrador por la falta de DDJJ.

En 2019 el RPA detectó que "el sumariado no habría procedido con la presentación para la actualización de su matrícula correspondiente al año 2018 ni habría acompañado las declaraciones juradas de los consorcios administrados".

El administrador decidió declinar su derecho a defensa: "Encontrándose notificado de la misma, el administrador optó por no presentar descargo, de modo que no niega ni desconoce los hechos que le fueran presuntivamente atribuidos", detallaron los funcionarios.

Ante esta actitud DYPC explicó: "Si bien no existe un deber de colaborar con el sumario, bien es cierto que el silencio guardado y la reticencia a acompañar elementos que estén en su poder y ayuden al esclarecimiento de la cuestión, debe constituirse en una pauta de análisis de la cuestión que se ventila".

Finalmente sentenció: "Corresponde concluir que el sumariado incumplió con el deber impuesto por el artículo citado, al no presentar la declaración jurada correspondiente al período 2018 tendiente a la actualización del estado de su matrícula, como así también respecto de los consorcios administrados en los periodos 2017, 2018 y 2019" y lo multó con 73.814 pesos".

El 7 de junio pasado el RPA porteño "exhortó" a sus matriculados a declarar los consorcios "realmente administrados" mediante un correo electrónico masivo ^[2].

El 24 de junio, la Defensoría del Pueblo de la CABA le pidió a Vilma Bouza, directora general de DyPC, que informe qué acciones toma cuando detecta que un administrador informa en las declaraciones juradas que presenta al Registro Público de Administradores (RPA) menos consorcios de los que realmente administra ^[3].

Ese mismo día Andrés Zulberti, coordinados de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3, vía pedido de información pública solicitó a Defensa y Protección del Consumidor porteño que "informe la cantidad de infracciones realizadas durante 2020 y 2021 a administradores de consorcios por haber informado en sus declaraciones juradas anuales menos consorcios de los realmente administrados. Detalle número y fecha de la disposición sancionatoria".

Actualmente el RPA porteño está coordinado por Diego Sarrabayrouse, depende de Defensa y Protección del Consumidor cuya directora general es Vilma Bouza y cuya superiora directa es desde el 1º de agosto de 2021 Julia Domeniconi, secretaria de Atención y Gestión Ciudadana

El bono de 8 mil pesos dejó más dudas que certezas

[BPN-16/08/21] El último acuerdo que otorgó seis bonos remunerativos de 8 mil pesos por mes hasta febrero [1], excepto diciembre, dejó en el aire más dudas que certezas. Para aclarar algunas de ellas la redacción de Pequeñas Noticias le realizó una entrevista al reconocido abogado laboralista Enrique Miguel Albisu quien en un leguaje claro y llano explicó cada una de las dudas.

El entrevistado es abogado laborista desde hace más de 40 años, se desempeña como asesor de la CAPHyAI (Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias) y es el autor del libro "Manual práctico para los trabajadores y empleadores de la propiedad horizontal".

Dr. Enrique Miguel Albisu: Realmente el motivo por el cual los firmantes del "Acuerdo Convencional" han efectuado ese sistema para establecer los valores que fijaron e hicieron eso lo desconozco.-

Lo extraño es que existiendo ciertas normas que se fijan para establecer valores diarios y horarios que se vienen repitiendo desde tiempo inmemorial que establecen que para sacar el valor diario de un empleado de 8 hs. se divide el valor mensual por 25 y para obtener el valor hora se divide por 200, se haya tomado otro sistema.

Esto lo vemos claramente cuando se fija el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).

Por otra parte, y jurídicamente me resulta extraño, lo que en el acuerdo figura como "jornada de labor".

Históricamente -y eso lo conoce cualquier persona que está en el ámbito laboral- tenemos personal jornalizado por hora y personal jornalizado por día.

Ahora, cuando se habla de trabajador jornalizado en este acuerdo, ¿a qué trabajador se refiere: a uno por hora o por día?

Esto tiene mucho que ver, toda vez que en la actividad de los edificios de propiedad horizontal tenemos ambas figuras en el Convenio Colectivo, como por ejemplo un suplente de jornada completa que labora 8 hs. y tenemos un suplente de media jornada que labora hasta 4 hs.

Por otro lado tenemos un personal jornalizado que en una jornada puede trabajar 2 hs. y otro similar que puede laborar 8 hs. el día.-

La pregunta que nos hacemos es: los $ 267 del trabajador jornalizado ¿a qué se refiere: a un trabajador jornalizado que solo labora 2 hs. por día, a uno que trabaja 8hs. por día? ¿A un suplente que trabaja 8 hs. por día o a un suplente que sólo lo hace 4 hs?

Lo que alguno puede llegar a pensar es que con este sistema se estaría produciendo una discriminación salarial.

EMA: Desde ya que se tiene que tener en cuenta para ambas situaciones, toda vez que la suma de los $ 8000.- o lo que corresponda, es "remunerativa".-

Ahora el valor de la hora extra no será el mismo el mes de noviembre que el mes de diciembre.

Tampoco será igual el valor día de vacaciones si las mismas se les otorga al dependiente en diciembre que en enero y esto por cuanto en diciembre no se liquida este "pago adicional" por lo cual el valor día de vacaciones será inferior al de noviembre o al de enero. Y eso mismo ocurrirá con la hora extra ya que la hora extra de noviembre es más elevada que la de diciembre.

EMA: La L.C.T. nos habla de la mejor remuneración normal y habitual devengada.-

Aquí se producirán desde ya discusiones.- Si se produjera un despido en el mes de agosto, ¿los $ 8.000.- constituye una remuneración normal y habitual? Si analizo los últimos 12 meses de sueldo, los $ 8.000.- no constituirían una remuneración "normal y habitual"

Si el despido se produjera en mayo del año próximo (2022) ¿los $ 8.000.- constituyen una "remuneración normal y habitual"? Veremos que en mayo de 2021 no se cobró. En junio y julio tampoco, en diciembre menos y en marzo y abril 2022 tampoco con lo cual "la habitualidad" está puesta totalmente en duda.

Este será un tema que seguramente un juez dirá una cosa y el otro, otra. Con lo cual habremos creado una situación de incertidumbre jurídica.

EMA: Para el pago del SAC del 2º semestre de 2021 e incluso para el SAC del 1º semestre 2022 se deberá tomar la mejor remuneración percibida en el semestre para obtener el valor del SAC y esa mejor remuneración podrá ser o no la de diciembre o tal vez la de noviembre ya que los $ 8.000 constituyen una suma remunerativa.

EMA: Como es una suma remunerativa, la cantidad de $ 8.000 en el mes que se cobra el descuento será mayor. Ahora, si tengo que descontar un día en diciembre es evidente que no tomaré en cuenta los $ 8.000 ya que los mismos no se liquidan en ese mes de diciembre de 2021

Andrés Zulberti llegará hasta la Corte Suprema de Justicia

[BPN-16/08/21] El pasado 10 de agosto Andrés Zulberti, coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3, interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño un "recurso extraordinario" con el objetivo de lograr que sea la Corte Suprema de Justicia de la Nación quien decida si su causa contra la "Aplicación Oficial Consorcio Participativo" puede ser tratada por la Justicia Federal.

En un resumen muy somero, lo que la Suprema Corte deberá decidir es si la legalidad de recolectar datos de los vecinos –en el marco de la Aplicación Consorcio Participativo- mediante una red interjurisdiccional -como es Internet- administrada por el Gobierno porteño es un tema que debe tratar la justicia federal o la local.

Está claro que si los datos se recabaran mediante un formulario impreso dentro del territorio de la CABA la cuestión la debería resolver la justicia local, pero al usar una red a la que se puede acceder desde cualquier jurisdicción, ¿se trata de una cuestión de tipo federal? La Dra. Gabriela Alejandra Maldonado que representa a Zulberti opina que sí.

Textualmente la letrada en los antecedentes del caso argumentó: "Podemos señalar que de la simple lectura del escrito de inicio se desprende sin hesitación que mi parte pretende una declaración de mérito por parte de la Justicia Federal de la Nación, destinada a dilucidar si de acuerdo al marco cognoscitivo propio de toda pretensión de esta índole, los derechos consagrados por la Ley Nacional de Protección de Datos Personales resultaron afectados o restringidos con motivo de la implementación de un aplicativo del tipo Consorcio Participativo, mediante una ley local (Ley 5938) que pretende imponer obligaciones a los administradores pero que en definitiva viene a apropiarse de la recolección y el procesamiento de datos informáticos de los consorcistas, entre los cuales se incluye el actor, atendiendo a su carácter imperativo y a través de una red interjurisdiccional".

Y agregó: "Consecuentemente la cuestión, a mi criterio, aparece evidente como de puro derecho toda vez que en definitiva corresponde resolver si frente a la presencia de una red interjurisdiccional encabezada por el GCABA, la acción deberá tramitar ante los Juzgados Federales habida cuenta de lo que ordena el Art. 36º de la Ley de protección de Datos Personales y atendiendo a que se invoca la violación de derechos allí consagrados de forma expresa".

Es de recordar que el 15 de febrero de 2019 Zulberti había presentado un amparo federal para que el Gobierno de la CABA sea obligado a abstenerse de recolectar y tratar informáticamente datos por medio de la Plataforma Oficial Consorcio Participativo de los cuales es titular por su condición de propietario de una unidad funcional en un consorcio de la CABA [1].

En la demanda original acusó al Gobierno porteño de querer apropiarse de la información de los consorcios e impedir que éstos o sus mandatarios puedan elegir libremente la herramienta de trabajo más adecuada a sus necesidades. En sus palabras expresó: "Se desprende sin hesitación que mediante la imposición efectuada a los administradores de consorcios de dar el alta y mantener actualizados los datos del consorcio respectivo en un aplicativo, sistema o programa web destinado a la gestión administrativa del mismo, conforme se enuncia a lo largo del artículo 14º de la Ley 5.983 (Consorcio Participativo), el GCBA pretende administrar y apropiarse de manera monopólica de la totalidad de la información relativa a los consorcios, impidiendo que los administradores de consorcios puedan elegir su herramienta de trabajo y adquiriendo en el camino una completa base de datos referida a los intereses económicos de los propietarios (verdaderos destinatarios de la medida), al mejor modo de la novela 1984, pero en 2018".

El 26 de febrero de ese año el juez federal Marcelo Gota resolvió declarar la incompetencia del Juzgado a su cargo para entender en la demanda que realizó Zulberti contra la Aplicación Consorcio Participativo y remitirla a la oficina de asignación de causas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA a los fines de su asignación y posterior tramitación ^[2].

El 24 de septiembre de 2019, luego de apelaciones e innumerables trámites judiciales, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA resolvió que sea el Tribunal Superior de Justicia de la CABA quien resuelva si corresponde que la causa contra la Plataforma Oficial Consorcio Participativo la trate el fuero local o el federal

El 7 de julio de 2021 el TSJ local dictaminó por unanimidad que fue mal concedido por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la Plataforma Oficial Consorcio Participativo presentado por Zulberti por lo que Zulberti debió decidir si apelaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o tramitaría su demanda en la justicia local ^[3].

Y dio el primer paso para elevar la causa a Suprema Corte

Eduardo Awad vuelve a postularse para diputado nacional

[BPN-16/08/21] El pasado 23 de julio, el Dr. Eduardo Awad, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y director del Instituto de Derecho de la Propiedad Horizontal de esa entidad, anunció su precandidatura a primer diputado nacional de la CABA por el Partido Autonomista (PA). Los ejes principales de su campaña son las personas con discapacidad y los consorcios.

En el curso del Zoom que realizó para anunciar su precandidatura comenzó diciendo: "Esta reunión tiene como objetivo presentarme ante Uds. como precandidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires a través de la plataforma del Partido Autonomista como candidato extrapartidario. Agradezco al Partido Autonomista y agradezco a su presidente José Antonio Romero Feris [...] porque él me invitó y me dijo que ponía a mi disposición su plataforma si yo quería postularme para ser diputado nacional. Yo le agradecí ese ofrecimiento [...] porque creo que desde una banca en el Congreso de la Nación se pueden hacer cosas por la propiedad horizontal".

Está previsto que las elecciones de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) nacionales se realizarán el próximo domingo 12 de septiembre.

En el curso de su charla cuestionó duramente el sistema de obleas que existe en la CABA y el curso del SERACARH: "Hay que buscar cosas para hacer para que esas expensas se estanquen. Que frenen el aumento indiscriminado que tienen a través de un montón de vías: [un mayor] control de los administradores. Hacer que los estados [aludiendo al GCABA] cobre menos ‘obleítas’. En la Ciudad de Buenos Aires hay una oblea para el ascensor, una oblea para la carga de matafuegos, hay una oblea para cada instalación fija contra incendios, hay una oblea para las calderas, hay un curso para los encargados y todo se transforma en miles de pesos. Esos miles de pesos se multiplican por la cantidad de cada uno de esos aparatos y son miles de millones de pesos que el Estado se lleva de los consorcios".

Propuso también créditos blandos para el mantenimiento de los edificios: "Les digo a los funcionarios: los bancos oficiales están llenos de plata en estos momentos, ¿cuesta tanto establecer una línea de crédito blando para los consorcios? Pero blando de verdad no blando que el banco se quede con la ganancia de siempre y le baje un puntito, dos puntitos [de interés]".

Sobre este tema propuso: "Hay que conseguir un certificado como los que tienen las "minipymes" que se los da el Estado. Con ese certificado consiguen créditos realmente baratos. Si el Estado -para cobrarle a los consorcios la luz, el gas, etc...- los considera como comercios -aunque no tengan ningún fin de lucro- entonces les debería dar los beneficios que tienen ese sector de la producción. Le podría otorgar un certificado específico para consorcios que les permita presentar en un banco y así les dé un crédito para realizar los mantenimientos más básicos".

Eduardo Awad: "Aunque le parezca mentira, ¿sabe cómo lo pensé? Lo pensé por el lado de la capacitación de los consorcistas y ¿sabe por qué? Porque yo inventé un curso que no estaba en todo el país y mire qué sencillo que es. Yo pensé que se le pide a la gente que controle a los administradores de consorcios pero nadie le enseña cómo controlar a los administradores de consorcios. Entonces dije: vamos a hacer un curso para enseñarle a la gente a controlar al administrador. Así de sencillo, ¿no? En esa noche de insomnio que a veces que uno tiene cada tanto se me ocurrió eso y lo pusimos en práctica y se anotó gente de Capital, del Gran Buenos Aires y del interior y eso me hizo pensar la gran necesidad de capacitación que tiene la gente.

El Estado tiene que brindar las herramientas para quien no pueda pagar un curso para poder controlar un administrador. Ya que el Estado se encarga de poner las plataformas mediante las cuales quiere controlar las gestión, quiere controlar lo que hablan los consorcistas en el chat. Ya que quiere hacer todo eso, que también quiera enseñarle a la gente a través de un control estricto del administrador y a través de una enseñanza a los consorcistas sobre cómo tiene que elegir a su consejo de propietarios a través del cual se va a lograr una mejoría importantísima en cuanto al control de los administradores de consorcio".

De ser electo propondrá que los administradores gratuitos o voluntarios [consorcios autoadministrados] deban realizar un curso de administración de consorcios.

Respondiendo a una pregunta de Andrés Zulberti, coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3, sobre temas laborales relacionados con los consorcios fue contundente: "Las entidades que están representando hoy en día en las paritarias laborales a los consorcios no representan a los consorcistas. No representa la voluntad de los consorcistas que es el personaje más importante en la propiedad horizontal y es el que pone la mano en el bolsillo para poner la plata de las expensas todos los meses pozo del cual todos los demás sacan plata. El consorcista debiera estar representado por alguna entidad que no entre en el arreglo con el sindicato".

Zulberti también le preguntó si el RPA debiera estar bajo la órbita de Defensa y Protección del Consumidor porteño a lo que respondió que no y que así se lo había expresado en su oportunidad a Facundo Carrillo, exsecretario de Atención Ciudadana y Gestión Comunal.

Por último –ante la pregunta de Pequeñas Noticias- confirmó que de ser electo diputado de la Nación promoverá que el INDEC vuelva a producir un Índice Mensual de Expensas como hizo desde el año 2000 hasta marzo de 2008. "Lo vamos a hacer", concluyó.

Es la segunda vez que Awad se postula para diputado nacional. El 20 de julio de 2019 había anunciado por su cuenta en Facebook que no podría competir en las PASO como precandidato a primer diputado nacional a consecuencia de un fallo de la Justicia Electoral contra el Partido Autonomista Nacional (PAN) .

¡¡¡ Volvió Oscar Zago !!!

[BPN-16/08/21] El pasado 25 de julio el frente La Libertad Avanza, encabezado por Javier Milei, confirmó que Oscar Zago será precandidato para tercer legislador porteño en las elecciones del próximo 12 de septiembre. El primer lugar en la lista se reservó para el emprendedor e influencer Ramiro Marra, mientras que el segundo es para la deportista Lucía Montenegro.

Zago se hizo conocido en la comunidad consorcial por haber hecho aprobar en la Legislatura porteña un proyecto de ley de su autoría que obliga a los administradores de propiedad horizontal a "exhortar" al personal de cada uno de los consorcios que administra a concurrir anualmente a una capacitación sobre "higiene, seguridad y medidas de prevención contra incendios" que -por las exigencias impuestas- sólo puede dictar el SERACARH ^[1].

Casi cinco años después, el 30 de agosto de 2018, la Legislatura ordenó que ese curso sea cada dos años (Ley 6.004) ^[2].

Sin embargo desde su creación hasta fines del año pasado la Ley Zago costó a los consorcistas porteños más de 33 millones de dólares (216 millones de pesos).

La cantidad de puestos de trabajo de 2012 y 2013 fueron estimados.

Los medios nacionales, al tratar el anuncio de la precandidatura de Zago, lo definieron como un "empresario hotelero".

Lo que sí se puede afirmar es que el 10 de diciembre de 2005 asumió como legislador porteño del bloque "Juntos por el cambio" y el 10 de diciembre de 2009 renovó su mandato dentro del bloque del PRO.

El 9 de diciembre de 2013, el mismo día que venció su mandato, fue nombrado defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo porteño ^[3], cargo en el que se desempeñó sin grandes novedades durante casi 5 años, desde el 5 de marzo de 2014 hasta el 28 de febrero de 2019

---

Entre la guerra y las expensas

[BPN-16/08/21] En el jardín de la Casa Blanca la nieve temprana se derretía. No solo por el mezquino sol de otoño sino por el calor del subsuelo: los matemáticos del presidente trabajaban furiosamente para desencriptar el cable llegado más temprano desde Moscú.

Durante esas horas de octubre de 1962 la humanidad, nuevamente y más que nunca, jugaba su supervivencia en la aptitud de los líderes para resolver sus propios desencuentros.

A partir de la crisis de los misiles y con la evidencia del incremento exponencial del riesgo que produjo la demora en las comunicaciones se puso en funcionamiento una línea directa entre Washington y Moscú: el teléfono rojo.

La herramienta más utilizada y valiosa de comunicación del consorcio es la liquidación mensual de expensas.

La liquidación de expensas es un documento de jerarquía: tiene efectos jurídicos, es tradicional, genera opinión, se publica en forma regular y puede ser leído como un análisis clínico de la salud del consorcio.

Allí no solamente se informa sobre la gestión haciendo eje en el aspecto económico sino que también se incorporan allí diferentes bloques de texto complementarios donde el buen administrador explica, anticipa, justifica, advierte, previene y detalla.

Las expensas que respetan siempre un mismo esquema tienen como principal ventaja que son fáciles de interpretar y evitan confusiones.

Sin embargo es un error presentar la liquidación sin tener en cuenta las necesidades, las particularidades o las circunstancias que están atravesando los consorcios.

En Administración Global creemos en la importancia de ser versátiles en la forma, porque la calidad de la forma potencia las cualidades informativas transformando a la liquidación en un auténtico teléfono rojo.

Si un administrador está confeccionando su primera liquidación de expensas será necesario que la nota donde hace su presentación se ubique en el inicio del documento. De la misma forma hará si hubo un cambio de cuenta bancaria para recibir transferencias.

Si el problema central es la morosidad podrá incluir un cuadro de deudores y si muchos propietarios son mayores utilizará letra de mayor tamaño.

Cuando un consorcio tiene un solo grupo de gastos no tendría sentido poner tres columnas para que dos estén siempre vacías y si tiene una parrilla podría ser necesario incluir un cuadro con los egresos relacionados con ese espacio y la recaudación por su uso.

A la versatilidad en el orden, estilos y cuadros de las liquidaciones en Administración Global incluimos también infinitas opciones para el envío de mails de expensas.

Se pueden crear distintas plantillas para diferentes tipos de envío con variables, enlaces y adjuntos.

Se pueden enviar las expensas separadas de los cupones o integradas, se puede incluir el código de barras en el cupón de pago o insertado en el cuerpo del mail, se pueden agregar enlaces a los recibos o el acceso a la aplicación online.

En suma, damos todas las opciones para que el sistema no encorsete el vuelo que debe de tener la comunicación del administrador con sus clientes y así convertir la liquidación en su mejor arma

Durante el 1º semestre se abrieron 402 ‘Cuenta Consorcio’

[BPN-16/08/21] Durante el primer semestre de este año se abrieron 402 ‘cuentas consorcio’ en el Banco Ciudad de Buenos Aires. Lleva acumulado en el año de un 16,54% de aumento aunque con respecto al mismo mes del año pasado la cantidad de cuentas activas creció un 14,08%. En promedio, durante los primeros seis meses de este año, se abrieron 90 cuentas de este tipo por mes.

Un dato para tener en cuenta es que en perspectiva, la cantidad de cuentas consorcio que se abren en esa entidad no parecen haber sido afectadas por la pandemia. Es más, durante el año pasado el promedio mensual de aperturas de cuentas consorcio fue el más bajo desde 2018.

Cada seis meses Pequeñas Noticias solicita esta información por canales oficiales y llamó la atención a la redacción del medio que en los cortes -julio de 2020 y enero de 2021- se produjeron escalones –uno negativo y otro positivo- por prácticamente los mismos valores. A mediados del año pasado se pidieron explicaciones por ese salto pero no se obtuvo respuesta.

En la tabla se puede observar que al 30 de junio la entidad contaba con 4.781 cuentas consorcio ^[1] mientras que en julio sólo 4.398. El 31 de enero de este año el Banco Ciudad informó 5.052 cuentas consorcio, una cifra que compensó –con una diferencia de 11 cuentas- lo informado seis meses antes.

La información fue provista el pasado 13 de julio por Paula Marín, funcionaria de la Secretaría de Directorio de esa entidad financiera estatal local ante un pedido de información pública que se le realizara en el marco de la Ley 104. Textualmente se le solicitó que informen la cantidad de cuentas corrientes activas "Consorcio de propietarios" durante el primer semestre de 2021, en forma mensual

Régimen Operativo para la Concientización Ambiental en PH

[BPN-16/08/21] El pasado 28 de julio, el Gobierno de la CABA impuso dos nuevos cursos bienales relacionados con separación de residuos en origen, el reciclado y la disminución de la generación de basura: uno para los administradores y otro para los encargados de edificios.

Estableció que el curso para los administradores "será dictado por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA) o por quien éste defina oportunamente".

La capacitación para los encargados de edificios "será dictada por el Servicio de Resolución Adecuada de Conflictos para Trabajadores y Empleados de Renta y Horizontal (SERACARH), con los contenidos desarrollados por el GCABA a través de la Dirección General de Reciclado, dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana u organismo que en un futuro lo reemplace".

La resolución deja sin aclarar si este curso significará un costo extra a los 3.800 pesos que ya pagan los consorcios por el curso del SERACARH que impuso la Ley Zago [1]. La norma textualmente expresa: "Dicha capacitación se integrará -como un módulo de contenido adicional- a la capacitación que el SERACARH ya brinda a los encargados de edificios sobre higiene, seguridad y medidas de prevención contra incendios en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 4.803 (modificada por Ley N° 6.004), y podrá ser impartida bajo la modalidad presencial o virtual y contar con una instancia evaluativa".

La lógica más simple indica que la separación de residuos en origen –como su palabra lo indica- se debe realizar en el hogar o la oficina y que el primer responsable de esta tarea es el consorcista, ya sea el propietario, el inquilino o el ocupante de la unidad funcional. Aunque parezca una verdad de Perogrullo, ni los encargados ni los administradores deben o pueden ingresar a la vivienda de los vecinos para realizar esa tarea.

Sin embargo Carrillo insiste en adjudicar el protagonismo de su programa a los administradores -que lo único que podrán aportar al programa es difundir lo aprendido- y a los encargados cuya única función es disponer una vez por día las bolsas negras o verdes ya separadas a los contenedores correspondientes.

Es de destacar que en la resolución conjunta no menciona ni una palabra sobre los dos millones de consorcistas que son los responsables primarios de separar los residuos que se generan en sus unidades.

Luego de ocho años sus resultados no fueron destacables.

Es interesante ver en los considerandos de la Resolución Conjunta 3 cómo van hilando sus pensamientos:

1º.- En primer lugar explican algo con lo que nadie puede estar en desacuerdo: "Para un efectivo cumplimiento de la normativa vigente resulta necesario implementar programas educativos y de capacitación que generen conciencia sobre la importancia de la separación en origen, el reciclado y la disminución en la generación de basura".

2.- Luego aporta un dato consorcial interesante: "Según el relevamiento de uso del subsuelo de la Secretaría de Desarrollo Urbano, más del cincuenta por ciento (50%) de los edificios de uso residencial corresponden a viviendas de propiedad horizontal por lo que son actores esenciales para la transformación cultural en material de separación en origen y disposición inicial diferenciada".

3.- Sin embargo, de esas dos premisas –entre otras de tipo formal – saca como conclusión que hay que ordenar cursos cada dos años para los ocho mil administradores y poco más de 50 mil encargados "para la transformación cultural en material de separación en origen" ignorando al responsable primario.

Sólo queda saber cuánto le costarán estas medidas a los consorcios y a quiénes beneficiarán económicamente

La ciudad de Santa Fe ‘puso en marcha’ su propio RPA

[BPN-16/08/21] A fines de la semana pasada medios locales informaron que la Municipalidad de Santa Fe "puso en marcha" el Registro Municipal de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal.

El trámite de registro debe hacerse por Oficina Virtual donde se indica -además de toda la documentación requerida- la base legal. Una vez realizada la inscripción será posible la descarga de la Constancia de Registro correspondiente para su exhibición.

El director de Derechos y Vinculación Ciudadana, Franco Ponce de León, manifestó: "Este registro no solo será en beneficio de aquellos que ejercen la actividad (administradores), sino también para los vecinos de la ciudad que requieren del servicio de administración (propietarios y/o locatarios), jerarquizando así la función de los administradores de consorcios y dando seguridad a la hora de abonar los montos correspondientes a expensas ordinarias como extraordinarias".

Los canales de comunicación para obtener información son:

1.- Presencialmente de lunes a viernes, de 7.15 a 13 horas, en Salta 2840, en la sede de Derechos y Vinculación Ciudadana;

2.- Por WhatsApp al (342) 531-5450 o al teléfono (0342) 457-4119

Luego de 8 meses las escalas salariales superaron al IPC

[BPN-16/08/21] Este mes el promedio de las escalas salariales de los encargados de edificios ^[1] ganará contra la inflación 10,16 puntos porcentuales con respecto al mes pasado y 5,93 puntos en el acumulado anual. Sin embargo en el interanual el número será negativo: -3,7 puntos porcentuales.

Luego de ocho meses el promedio de las escalas salariales superarán el Índice de Precios al Consumidor que mide el INDEC [ver gráfico].

Ante versiones periodísticas que anunciaron aumentos de expensas del 20% y 30%, se resalta que si en agosto las escalas salariales subieron un 10% las expensas en un promedio general subirán un 5%. En general se estima que salarios y cargas sociales inciden en un 50% del total de las expensas.

En agosto el promedio de las escalas salariales se incrementó un 12,96% con respecto al mes pasado y llegó a los 69.714 pesos mensuales. El incremento mensual creció unos 3,62 puntos porcentuales con respecto al mes pasado. Esto se debió al pago del primer "adicional remuneratorio" de 8 mil pesos que se abonará hasta febrero, excepto durante el mes de diciembre.

El incremento acumulado anual de las escalas salariales desde enero de este año hasta agosto fue de un 38,61%. El incremento acumulado creció 15,91 puntos con respecto al mes pasado.

El promedio de las escalas salariales de diciembre del 2020 fue de 50.294 pesos.

Desde agosto de 2020 hasta el mismo mes de este año las escalas salariales se incrementaron en un 48,26%, una diferencia con respecto del mes pasado de 17,01 puntos.

En agosto del año pasado el promedio de las escalas salariales fue de 47.022 pesos mensuales.

El promedio anual de los primeros ocho meses de este año contra los ocho primeros del año pasado arrojó un aumento del 28,12%. Una diferencia de 3,06 puntos con respecto al mes pasado.

Para el Índice de Precios de Consumidor que mide el INDEC la inflación de julio fue del 3% y según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que estima el Banco Central de la República Argentina (BCRA) la inflación de julio será de un 2.8%.

Según estos números, la inflación acumulada durante el 2021 será del 32,68% mientras que la interanual de julio a julio está estimada en un 51,96%.

El haber mínimo de un jubilado que paga expensas en julio será de 28.064,70 pesos mensuales, 5 mil pesos más que el mes pasado.

Esto se debe a que el 24 de julio el presidente de la Nación ordenó, mediante el Decreto 481/21 (BO: 26/07/21) el pago de un "subsidio extraordinario" por ese importe a aquellos jubilados cuyo haberes no superen los 46.129,40 pesos.

En dólares, este haber mínimo -incluido el bono- representa 282 dólares al precio oficial, 166 dólares a cotización turista o 156 dólares según el mercado blue ^[2].

En agosto del año pasado ese haber estuvo en 16.864,59 pesos y en diciembre fue de 19.035,45 pesos por lo que este mes el acumulado anual será del 47,43% y el interanual de un 66,41%

---

[1] Para comparar escalas salariales del sector se promediaron las funciones de encargado permanente con y sin vivienda en sus cuatro categorías de cada mes. En octubre y noviembre se sumó los 2.500 pesos otorgados por el Decreto 665/19. No se tomaron en cuenta la financiación en agosto y septiembre de dos mil pesos de los aportes de los trabajadores cuyo bruto haya sido inferior a los 60 mil pesos que otorgó el Gobierno nacional mediante el Decreto 561/2019. Se sumó el incremento salarial que otorgó el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 14/2020 de tres mil pesos para enero y mil pesos más para febrero y meses subsiguientes.

Nombre y apellido: !*LAST_NAME*!, !*FIRST_NAME*!

E-mail: !*EMAIL*!