El buscador de administradores día a día hasta hoy

[BPN-15/05/22] Sin lugar a dudas el relanzamiento del buscador del Registro Público de Administradores (RPA) porteño fue una de las noticias más importantes de las últimas dos semanas. La expectativa fue muy alta sobre todo porque el buscador de administradores estuvo sin funcionar durante más de 14 meses ^[2] y que el sistema informático del RPA hasta ahora costó al contribuyente porteño –viva o no en un consorcio- casi 750 mil dólares ^[3].

Su anuncio, su accidentado debut, las marchas y contramarchas en su implementación y las críticas que el resultado final despertó entre algunos administradores reavivaron viejos debates que exceden al RPA y puso el tema bajo el foco de atención de la comunidad consorcial.

No es para menos porque para los consorcistas es la herramienta que les permite saber si un administrador está registrado y tiene la matrícula al día, para los administradores es la posibilidad de demostrar a sus consorcistas que cumple seriamente con las normas locales y desde el punto de vista legal le permite al RPA cumplir con lo impuesto por el artículo 7º de la Ley 941 ^[1].

A partir del relanzamiento del buscador muchos administradores llamaron a la redacción de Pequeñas Noticias para hacerle saber su malestar sobre la posibilidad de que se haya hecho público los consorcios que administra cada mandatario.

El argumento central fue que a consecuencia de un conflicto entre el administrador y algún copropietario de los consorcios que administra, éste pueda "ensuciar" su imagen en el resto de los edificios.

Ninguna de las entidades de administradores fijó públicamente posición sobre el tema. Tampoco las entidades de consorcistas –excepto la CCC3- opinaron a favor o en contra de esta nueva prestación.

Sin embargo, algo pasó porque el viernes 6 de mayo ya no se pudo consultar los consorcios de cada administrador aunque en pantalla parecería que se puede consultar -mediante el CUIT o la dirección del consorcio- quién es el administrador que lo lleva. Ese estado permanece así hasta el día de hoy ^[4].

El lunes 9 de mayo se actualizó la base de datos de los administradores hasta el número 17.243 con fecha de alta del 5 de mayo. El último inscripto es un vecino que administra su propio consorcio en la calle Gallegos al 3400. Sin embargo, el sistema sigue sin informar si los matriculados tienen o no sanciones.

Ese mismo día por la tarde Zulberti vuelve a enviar un correo a Vilma Bouza solicitándole que aclare "si la imposibilidad de acceder a los consorcios que administra cada matriculado obedece a un malfuncionamiento del sistema o a una decisión tomada por el organismo".

Al día de la fecha no obtuvo respuesta

El buscador del RPA debutó con importantes fallas

De las fallas que ofrece la nueva herramienta se destacan:

1.- Desaparecieron de su base de datos casi mil registrados.

2.- No informa las sanciones que se aplicaron a los administradores.

3.- No informa si tiene suspendida la matrícula.

4.- En el caso puntual de un administrador excluido mediante la Disposición 1028/2020 -que nunca fue publicada en el Boletín Oficial- se informó que tiene la matrícula activa y que administra el mismo consorcio que lo denunció.

5.- A muchos administradores les aparecían duplicado parte de los consorcios que administran.

6.- Si el administrador buscado no pose consorcios el buscador da como resultado que no está inscripto.

7.- Vecinos reportaron a este medio que un consorcio situado en Olazábal al 4800 aparecía en los resultados de la búsqueda de varios administradores.

8.- La página no informa a qué fecha está actualizada la base de datos sobre la que se consulta.

Como dato destacable se subraya que comenzó a informar los consorcios que administra cada mandatario aunque –como ya se dijo- con errores. A los pocos días esa función dejó de estar disponible.

Es de recordar que -según denuncias de vecinos- desde hace ya más de 14 meses el buscador de administradores no funciona o funciona intermitentemente. Las primeras denuncias por este hecho datan de fines de febrero del año pasado ^[1].

Desde noviembre de 2017 el Registro de Administradores local ya lleva gastados casi 750 mil dólares en su sistema informático ^[2].

Actualmente el RPA porteño está coordinado por Diego Sarrabayrouse, depende de Defensa y Protección del Consumidor cuya directora general es Vilma Bouza y cuyo superior directo es desde el 1º de agosto de 2021 Julia Domeniconi, secretaria de Atención y Gestión Ciudadana.

A modo de antecedente se recuerda que el 1º de junio del año pasado se observó que el RPA agregó a su base de datos a un administrador nuevo, el Nº 16.287 y desde ese momento dejó de funcionar totalmente hasta su reinauguración el pasado martes 4.

Sin embargo, si el día de su debut el buscaba manualmente el último número registrado se podía observar que correspondía al registrado número 15.502, un administrador que se había dado de alta el 3 de enero de 2020 y actualmente representa un consorcio.

O sea que faltaron los datos de 785 matriculados o los inscriptos durante más de 11 meses.

En las bases de datos e la redacción de Pequeñas Noticias figura que desde enero de 2021 hasta el 4 de mayo de 2022 se publicaron en el Boletín Oficial de la CABA 64 disposiciones sancionatorias contra otros tantos reincidentes según la siguiente tabla:

Durante su segundo día de estar operativo y con estos datos Pequeñas Noticias buscó -según su número de CUIT- a cada uno de ellos y descubrió que el nuevo buscador del RPA no reportó las sanciones de ninguno de ellos.

Por otra parte, el 17% de esos administradores (11 casos) no fueron encontrados por el buscador arrojando como resultado el mensaje "No hay registros para el criterio solicitado".

Según los letrados consultados por el medio, si un consorcio contrata a un administrador sobre la base –según lo informado por el buscador del RPA- de que tiene la matrícula activa y no tiene sanciones y luego surgen inconvenientes con él por mal desempeño de sus funciones, el Gobierno local podría ser responsable jurídicamente del perjuicio causado.

Por último, en el caso hipotético de que la herramienta no estuviera en condiciones de proporcionar la información señalada lo debería dejar claro con un mensaje del tipo "información no disponible aún" para evitar que los consumidores se llamen a engaño.

Vecinos de la ciudad advirtieron a la redacción de Pequeñas Noticias que en muchos casos cuando buscaron a un administrador aparecieron muchos de sus consorcios duplicados, o sea misma dirección y mismo CUIT.

A modo de ejemplo se buscó al administrador matrícula 4.950 y en los resultados apareció dos veces el consorcio de la Calle Valle, de Rosario al 500, de Dr. Nicolás Repetto al 200, de Achával al 200, de Cachimayo al 300 y la lista continúa.

También se buscó la matrícula 129 y se encontró duplicados los consorcios de Salta al 600, Rincón al 200, Constitución al 4300, Estados Unidos al 1.600, etc.

Se destaca que en su debut el buscador informó el CUIT y la dirección de los consorcios que el mandatario administra y declaró ante el RPA.

Esto permitirá dos cosas: por un lado los vecinos podrán pedir referencias de un mandatario a algunos de los vecinos de los consorcios que administra y por otro los consorcistas podrán saber si el administrador de su consorcio lo declaró ante el RPA o lo está administrado en "negro".

En otro orden de cosas, es probable que el saber la cantidad de consorcios que cada administrador representa dividirá las aguas entre los consorcistas: algunos buscarán administradores con muchos consorcios por la sensación de seguridad que esto les generaría mientras que otros buscarán administradores con poca cantidad de administrados por la posibilidad de recibir un trato más personalizado.

Es de resaltar que si bien el RPA informa cuántos edificios cada profesional administra no se puede conocer la cantidad de unidades funcionales tiene cada uno. Así puede haber un administrador con un consorcio que es una torre de una gran complejidad y con cientos de unidades funcionales y otro con muchos consorcios chicos de menos de 20 departamentos cada uno.

La remozada herramienta está dividida en dos partes: en una se puede buscar por datos del administrador y en la otra por datos del consorcio

Los datos que proporciona son:

En el detalle proporciona más datos del administrador:

1.- Apellido, Nombre / Razón Social

2.- Domicilio Constituido

3.- Matricula

4.- Oneroso

5.- Estado Matricula

6.- Fecha Alta

8.- Tiene Sanciones

9.- Fecha Suspensión

10.- Mensaje informativo 1

11.- Mensaje informativo 2

Los mensajes informativos son comunicados que realiza el Gobierno de la CABA a administradores y consorcistas.

Al momento de realizar esta nota el 1º recuerda: "Es obligación del administrador renovar anualmente su matrícula para ejercer la actividad dentro de CABA" y el 2º señala: "Recordá separar los residuos en origen"

Bouza ya había adelantado que se reinauguraría el buscador

Develó también la cantidad de edificios registrados en Defensa del Consumidor y cómo piensan controlar si los administradores declaran menos consorcios de los que realmente tienen.

Estos y otros temas de interés los hizo saber en el programa de televisión "Consorcios en la mira" que se trasmitió el sábado 30 de abril por canal Metro a las 11 de la mañana.

Bouza anunció que el buscador estará disponible en la página de Defensa al Consumidor e informará si éste tiene al día la matrícula, si presentó las declaraciones juradas o si tiene sanciones. Con respecto a las DDJJ, es de suponer que se refiere a las de cada uno de los consorcios que administra.

Aclaró que sólo serán visibles las sanciones que hayan quedado firmes, si fueron apeladas se seguirá presumiendo su inocencia hasta tanto la disposición sancionatoria haya quedado firme.

Es de recordar que durante más de 14 meses los consorcistas no pudieron consultar si un administrador estaba inscripto en el RPA y si tenía su matrícula al día. Al día de hoy el Gobierno porteño lleva gastados en el sistema de DyPC y el RPA cerca de 750 mil dólares ^[1].

Como datos "duros", Bouza develó que en los registros de Defensa y Protección del Consumidor hay registrados 38 mil consorcios administrados por 8.600 administradores. De una cuenta rápida surge que en promedio cada registrado administraría 4,42 consorcios.

En otro orden de cosas aclaró que en Defensa del Consumidor jamás se les pierde una denuncia: "Cuando cualquier ciudadano presenta una denuncia en Defensa al Consumidor esa denuncia jamás se pierde porque automáticamente se genera un expediente al cual nosotros le damos tratamiento luego de una denuncia. Siguiendo el procedimiento corresponde una audiencia de conciliación y después la instrucción de sumario", explicó.

Proporcionó también información sobre los rubros más denunciados aunque no proporcionó números: según informó, en primer lugar están las irregularidades en las liquidaciones de expensas (artículo 10º de la Ley 941), en segundo puesto el no ejecutar las decisiones de la asamblea (inciso "a" del artículo 9º de la Ley 941), el tercer puesto no lo mencionó pero el cuarto puesto lo comparten "no poner a disposición la información relativa al consorcio" y no devolver la documentación al consorcio cuando se renuncia (incisos "f" y "k" del artículo 9º de la Ley 941 respectivamente).

Actualmente el Registro Público de Administradores (RPA) porteño está coordinado por Diego Sarrabayrouse, depende de Defensa y Protección del Consumidor cuya directora general es la mencionada Bouza y cuyo superior directo es desde el 1º de agosto de 2021 Julia Domeniconi, secretaria de Atención y Gestión Ciudadana

Zulberti le solicitó a Bouza que corrija el buscador

[BPN-15/05/22] El pasado 5 de mayo el coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3, Andrés Zulberti, solicitó a Vilma Bouza, directora general de Defensa y Protección del Consumidor porteño, que corrija 4 errores que detectó en el nuevo buscador de administradores del Registro Público de Administradores de esta ciudad.

Los puntos que denunció que no funcionan o funcionan mal son:

1.- En la versión actual del buscador faltan 785 registros de administradores.

2.- No se informa la fecha de vencimiento de la matrícula de los administradores, sólo se menciona si está "activa" o "suspendida".

3.- Detectó que al menos un administrador excluido figura como activo.

4.- De un control aleatorio que realizó de administradores sancionados según el Boletín Oficial observó que en ningún caso se informó de sus sanciones.

Si bien en el primer párrafo de su misiva felicitó a la funcionaria por la renovación del buscador de administradores luego de un año de no funcionar, en el último Zulberti textualmente le solicitó: "Tenga a bien usted corregir los puntos observados e informar los plazos estimados de las mismas".

El correo electrónico con su petición lo envió a la mencionada Bouza con copia a Julia Domeniconi, secretaria de Atención Ciudadana y Gestión Comunal; a Diego Sarrabayrouse, responsable del Registro Público de Administradores y a Ariel Urwicz subgerente operativo de Implementación Judicial e Institucional de Defensa y Protección del Consumidor.

Obligaciones del administrador en la cúspide de las multas

[BPN-15/05/22] Durante el año pasado se revirtió la tendencia y las infracciones a las obligaciones de los administradores que ordena la Ley 941 estuvieron en el podio de las contravenciones publicadas. Le siguieron las faltas en las liquidaciones de expensas, la contratación de proveedores en forma irregular y la falta de presentación de las declaraciones juradas.

De las disposiciones sancionatorias ordenadas por el Registro Público de Administradores (RPA) porteño durante el 2021, la mayor cantidad multas fue por infracciones al artículo 9º de la Ley 941 (Obligaciones del administrador), en segundo término por violentar el artículo 10º (Liquidaciones de expensas), en tercero por infracciones al artículo 11º (Requisitos para contratar) y en cuarto lugar por infracciones al artículo 12º (Declaraciones juradas).

De esta forma se revirtió la tendencia del año anterior (2020) en el que estuvo en el primer lugar el artículo 10º, en segundo el 9º, en tercer puesto el 11º (Requisitos para contratar) y en cuarto el artículo 12º de la Ley 941.

Es de destacar que el año pasado no se publicaron multas por falta de inscripción al Registro Público de Administradores porteño, un tema que fue muy importante en su momento para los administradores porque no sólo hubiera evitado la competencia desleal de aquellos que administran fuera del circuito legal y sino también hubiera ejercido un cierto control a las autoadministraciones.

Durante el 2021 se ordenaron 287 disposiciones sancionatorias contra administradores de consorcios por infringir alguno de los 20 incisos que integran el artículo 9º de la Ley 941 que se ocupa de sus obligaciones.

Con el 25% del total, el inciso más violentado fue el b) que ordena que el administrador debe "atender a la conservación de las partes comunes y realizar las diligencias pertinentes para el cumplimiento de la normativa vigente resguardando el mantenimiento edilicio e infraestructura, instalaciones, sistema de protección contra incendio, higiene y seguridad y control de plagas. Asimismo, proveer el cuidado del agua potable conforme al ordenamiento vigente".

El segundo con un 23% del total fue el f) que establece que el mandatario de consorcio debe "conservar la documentación del consorcio y garantizar el libre acceso de los consorcistas a la misma".

El tercer puesto lo compartieron los incisos e) y j) con un 9% de los casos totales. El primero de estos ordena que el administrador debe "llevar actualizado un libro de Registro de Firmas de los Copropietarios, el que es exhibido al comienzo de cada Asamblea a fin que los copropietarios presentes puedan verificar la autenticidad de los poderes que se presenten". El segundo establece que debe "convocar a las asambleas ordinarias o extraordinarias conforme a los reglamentos de copropiedad, bajo pena de nulidad, especificando lugar, día, temario y horario de comienzo y finalización. En la misma se adjuntará copia del acta de la última asamblea realizada".

El año pasado de los 11 incisos que componen el artículo 10º de la Ley 941, se destacó en el primer puesto el e) con el 24% de los casos. Éste inciso establece que las liquidaciones de expensas deben contener el "detalle de los pagos por suministros, servicios y abonos a contratistas, indicando nombre de la empresa, dirección, Nº de CUIT o CUIL, Nº de matrícula, trabajo realizado, elementos provistos, importe total y en su caso, cantidad de cuotas y número de cuota que se abona".

En el segundo puesto con el 18% estuvo el inciso i) que ordena que las liquidaciones de expensas deben "incluir el resumen de movimientos de la cuenta bancaria del Consorcio correspondiente al mes anterior".

El tercer lugar se lo llevó el f) con el 17% de los casos. Éste ordena: "Las liquidaciones de expensas contendrán [...] detalle de pagos por seguros, indicando nombre de la compañía, número de póliza, tipo de seguro, elementos asegurados, fechas de vencimiento de la póliza y número de la cuota que se abona".

Por último, se llevó el 10% de los casos el inciso h) que ordena que las liquidaciones de expensas deben contener los datos de los juicios en los que pudiera estar involucrado el consorcio. Literalmente ordena: "En caso que existieran juicios por cobro de expensas o por otras causas en los que el Consorcio sea parte, se indicará en la liquidación mensual todos los datos del mismo (número de juzgado interviniente y expediente, carátula, objeto y estado) y capital reclamado".

Mercedes García fue ratificada como presidenta de la entidad

[BPN-15/05/22] El pasado 30 de abril María Mercedes García fue reelecta presidenta de ADEPROH (Asociación Civil de Defensa del Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal de la RA) por los siguientes cuatro años.

Ese mismo día la nueva comisión directiva emitió un comunicado que en el que reflexionaron: "Superada en gran parte esta etapa pandémica que frenó la dinámica de las instituciones en el país y en el mundo queda un largo camino por transitar que se sabe no será fácil, sin embargo a ADEPROH la mueve un espíritu solidario y de consolidación de un ideario común con otras instituciones".

Si bien reconocieron logros, mencionaron que se crearon situaciones conflictivas que llevaron a la apertura de varios frentes, concluyeron: "La mirada predominante es hacia el futuro que nos encontrará más fuertes y trabajando mancomunadamente con el objetivo de abrir nuevos espacios de trabajo y colaboración".

La presidenta de la entidad explicó a la redacción de Pequeñas Noticias cuáles son sus objetivos para los próximos cuatro años, cuáles son los problemas más importantes por los que atraviesan los consorcistas y cuáles serían las soluciones:

Se duplicarán los controles a los consorcios y habrá multas

[BPN-15/05/22] A fines del mes pasado el Gobierno porteño confirmó que duplicará los controles a los grandes generadores de residuos -entre los que se encuentran los consorcios de propietarios- e impondrá multas a quienes no separen los residuos orgánicos de los reciclables.

Si bien aún no están establecidos sus montos, está previsto que desde junio comiencen a llegar multas a aquellos consorcios en los que no se encuentre los lugares donde los vecinos puedan depositar en forma separada las bolsas verdes de las negras, dos contenedores generales de acopio diferenciados y no exista la cartelería reglamentaria.

Se destaca que los edificios cuyos encargados perciban el adicional por separación y traslado de residuos también deben estar inscriptos en el Registro de Generadores Especiales.

En detalle, luego de una primera inspección los edificios dispondrán de 15 días para corregir las faltas antes de una segunda inspección y si se determina que no separan correctamente se les impondrá una multa.

La Ministra de Espacio Público, Clara Muzzio, señaló sobre este tema que "Se intensificarán las fiscalizaciones e intimaciones a las administraciones para que cumplan con la separación en los edificios y dispongan correctamente los residuos en el espacio público, tal como lo establece la ley de Basura Cero".

Y agregó que "Es uno de los proyectos más complejos que tenemos desde el ministerio porque requiere que toda la cadena funcione".

Por otra parte, el GCABA comunicó que ya instaló contenedores en todos los barrios un máximo de 150 metros de cualquier domicilio y que el 50% de los vecinos ya separa los residuos en su casa.

Felipe Miguel, jefe de Gabinete, explicó que dos de los tres millones de habitantes residen en edificios de Capital Federal, y por este motivo, se trabaja en conjunto con los administradores de consorcios, con el objetivo de poder llevar adelante la implementación del doble cesto en espacios comunes y que los encargados dispongan correctamente los residuos en el espacio público.

Es de recordar que el mes pasado el Gobierno local había anunciado que el plan de reciclaje de la Ciudad ya había cumplido 14 de sus objetivos y que para este año se había propuesto otros tres objetivos: Entregar 1.000.000 de Ecotachos para fin de año, llegar a las 161 promotoras ambientales para fin de año y que el 100% de los vecinos y vecinas de la Ciudad separe sus residuos ^[1].

A modo de ejemplo, en junio de 2008 –durante la gestión de Mauricio Macri- el presidente de la Fundación Ambiente y Sociedad (FAS), Marcelo Edmundo Vensentini, ya había presentado un recurso de amparo en el que solicitaba a la Justicia que se intime al Poder Ejecutivo de la Ciudad a cumplir con la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbano ^[3]

Si los encargados reciben un 15% las expensas no aumentan un 40%

La comunidad consorcial esperando que haya estadísticas confiables sobre el valor de las expensas [Fotoilustración Pequeñas Noticias]

[BPN-15/05/2022] Durante las últimas dos semanas diversos medios de comunicación informaron que en mayo las expensas subirán un 40% por dos razones: el aumento salarial del 15% previsto para los encargados de edificios este mes y el aumento de los insumos y servicios relacionados con el mantenimiento de los edificios.

En un medio fueron más allá: afirmaron que este aumento del 40% se dará "puntualmente en edificios en los que trabaja personal de portería" ^[1] y en otro resaltaron que "nada tiene que ver con los honorarios de las empresas administradoras de consorcios" ^[2].

Es de aclarar que en propiedad horizontal no existen datos estadísticos confiables: no hay ni un índice mensual del valor de las expensas ni de la morosidad. Tampoco hay estadísticas certeras sobre la incidencia de los diferentes rubros (salarios, mantenimiento, honorarios, insumos, etc.) en la composición de los gastos comunes. En general la información que trasciende surge de "percepciones" y "estimados" y está circunscripta a un grupo de consorcios acotado.

Por esta razón tampoco se puede controlar si las predicciones fueron acertadas o equivocadas y de hecho nadie lo hace.

Según diferentes medios, las fuentes de esta predicción fue la Cámara de la Propiedad Horizontal de Santa Fe ^[3] y en algunas notas se tomaron algunos datos provistos por la Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal (AIPH) ^[4].

Es muy importante tener en cuenta que los aumentos salariales inciden en las expensas en una cierta proporción.

Ante la falta de información estadística objetiva se estima que sueldos, aportes y contribuciones representan en promedio el 50% de los gastos de un consorcio. Si bien cada edificio es un mundo, se considera que en un consorcio chico puede representar el 60% y en uno grande el 40%.

Si asumimos que el costo laboral representa un 50% del total de las expensa, el aumento salarial de un 15% para mayo incidirá en su valor en un 7,5% (15x50/100=7,5).

Por otra parte, si la incidencia fuera de un 60% el incremento salarial sería de un 9% (15x60/100=9) y si fuera de un 40% sería de un 6% (15x40/100=6).

O sea que se podría afirmar que el incremento salarial de mayo incrementará las expensas entre un 6% y un 9%.

Es de tener en cuenta que el mes pasado la inflación fue del 6% y para este mes está previsto que sea del 4,4%. Si se contrasta las escalas salariales contra la inflación se observa que en los últimos años las escalas de los encargados de edificios en general van por debajo la inflación y sólo en contadas oportunidades la superaron.

El 12 de mayo el INDEC informó que –con una inflación general de 6%- "equipamiento y mantenimiento del hogar" subió un 5,5% (-0,5 puntos por debajo de la inflación), "vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles" un 4,6% (1,4 puntos por debajo de la inflación) y "bienes y servicios varios" un 5,3% (-0,7 puntos por debajo de la inflación). Por encima de la inflación se encontraron rubros que no inciden en los gastos de los consorcios: "prendas de vestir y calzado" un 9,9%, "restaurantes y hoteles" un 6,4%.

O sea que si se cumple la norma que las expensas no son otra cosa que la porción de los gastos de mantenimiento del edificio que le toca a cada uno, en abril no hubo rubros que excedan la inflación y para mayo se pronostica una leve mejoría.

Como la regla que se aplica a los aumentos salariales también se aplica a insumos y servicios, si el proveedor de un consorcio realiza aumentos de tal magnitud que en su proporción hagan aumentar las expensas en más de 30 puntos porcentuales por encima de la inflación prevista (la diferencia entre los aumentos salariales y el 40% pronosticado) sería deseable que el administrador evalúe la posibilidad de buscar un proveedor que no se salga de una línea de aumentos razonables

Gente de Derecho perdió la conducción del Colegio

[BPN-15/05/22] El pasado 28 de abril el Dr. Ricardo Gil Lavedra se consagró como el nuevo presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) por los próximos dos años desplazando por 1.137 votos a la agrupación "Gente de Derecho" que condujo la entidad durante 16 años. La diferencia entre las dos listas fue de apenas 6,1 puntos porcentuales.

Para ganar Gil Lavedra conformó un frente integrado por 13 agrupaciones: "En la lista confluimos peronistas, conservadores, desarrollistas, socialistas, liberales, y naturalmente, radicales como yo. La representación de los abogados y abogadas debe ser necesariamente plural, porque hay ideas políticas distintas, pero un interés común que es el profesional. Ahí debemos concentrarnos", enfatizó Gil Lavedra antes de las elecciones.

Las agrupaciones que integran su lista son: Abogados de la Ciudad, Abogados de Pie, Abogados del Fuero, Abogados en Acción, Abogados Esenciales, Abogados x Argentina, Bloque Constitucional., Cambio Pluralista, Confluencia de Abogados en Evolución, Encuentro de Abogados Independientes, Justa Causa, Presencia y Acción, y Será Justicia.

Gil Lavedra integró el tribunal que, en 1985, realizó el Juicio a las Juntas. Durante el gobierno de Fernando de la Rúa fue Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación desde 1999 hasta el 2000. Luego de la crisis de 2001, desde el 2009 hasta el 2013 fue diputado por la Unión Cívica Radical en el Congreso de la Nación.

De acurdo al resultado de las elecciones los cargos en los tres órganos de la entidad se distribuirán de la siguiente forma:

Durante los días martes 26, miércoles 27 y jueves 28 y por primera vez 18.617 abogados porteños (26,04% del padrón) votaron en 56 mesas ubicadas en dos lugares para evitar aglomeraciones y posibles contagios de coronavirus: en la sede del CPACF y en el Centro Cultural Gral. San Martin.

Para ganar, a Jorge Rizzo y Eduardo Awad no les alcanzó con los acuerdos de última hora que este último realizó con el SUTERH y con la AFIP.

Rizzo el 5 de junio de 2018 durante la asunción del Dr. Eduardo Awad a la presidencia del CPAF [Foto archivo Pequeñas Noticias].

A fines de marzo ya había realizado un acuerdo con el gremio de los encargados de edificios para que los matriculados puedan acceder al uso de las instalaciones recreativas y deportivas que se encuentran en el predio de La Reja (Buenos Aires) y en el Centro Cultural y Deportivo 2 de Octubre (CABA) ^[1].

El segundo lo dio a conocer el 20 de abril y permitirá a los matriculados acceder a los hoteles de La Falda (Córdoba), Villa Gesell (Buenos Aires) y Gualeguaychú (Entre Ríos) a las mismas tarifas que los afiliados al sindicato.

En ninguno de los dos casos Awad informó a qué contraprestación quedó obligado el CPACF con el SUTERH.

El 21 de abril Awad comunicó que se reunió también con la titular de la AFIP, Mercedes Marcó Del Pont con la que firmó un convenio de colaboración cuyo objetivo es el desarrollo de actividades académicas, científicas, docentes, profesionales, culturales, de extensión y divulgación del conocimiento científico, entre otros temas.

La lista Gente de Derecho dirigió los destinos del Colegio de Abogados desde el 2006 hasta 2022: En cuatro oportunidades fue presidente Rizzo, en dos Awad y en una oportunidad Eugenio Cozzi

El 18 de mayo es feriado

[BPN-15/05/22] El Dr. Enrique Albisu, abogado especialista en temas laborales y asesor de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), recordó a la comunidad consorcial que el próximo 18 de mayo es feriado nacional y de trabajarse se debe abonar al 100%.

Al respecto, la redacción de Pequeñas Noticias le realizó una breve entrevista:

Con lo cual dicho día, no se trabaja, tanto sea un encargado, un vigilador o un suplente.

Al ser feriado, no es que el empleado pueda decir "yo quiero trabajar para cobrar más" sino que quien debe proponer al trabajador si quiere o no laborar es el empleador a lo que el dependiente podrá o no aceptar la propuesta.

Así como lo explicamos en los puntos anteriores, el feriado nacional es un día donde ningún trabajador debe prestar servicios pero si el consorcio le propone al suplente si está de acuerdo en laborar tal día y este acepta, las horas que trabaje se liquidarán con el 100%.

Por lo tanto, al respecto rigen todas las normas y características de cualquier feriado nacional tanto sea un 1° de mayo, un 25 de diciembre, un 9 de Julio etc. etc.

Por su parte, el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) llamó a los encargados de edificios a participar del Censo 2022. Explicó: "Tu participación es muy importante para que sea un éxito" y agregó una infografía explicando cómo pueden ayudar los encargados para que todos los habitantes del país sean censados:

Se ampliarían las licencias por maternidad, paternidad y adoptantes

[BPN-15/05/22] El pasado 2 de abril el Poder Ejecutivo anunció que enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para ampliar la licencia laboral por maternidad, paternidad, por fallecimiento de conyugue, hijos o hermanos. También propone crear las licencias por cuidados por enfermedad de personas a cargo, conviviente o cónyuge, y por violencia de género.

El objetivo es crear el Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina en el que se unifican los proyectos Licencias Igualitarias y Sistema Integral de Políticas de Cuidados en los que ya se venía trabajando.

El régimen de ampliación de licencias será gradual y paulatino.

El proyecto de ley estipula que los períodos de licencia pasen a ser cubiertos por la seguridad social y no por la parte empleadora. O sea que no sólo no representará costos extras para los empleadores sino que en general lo beneficiará.

Permite acceder a los derechos de cuidado a monotributistas, monotributistas sociales y autónomos mediante la creación de una asignación para personas gestantes (maternidad), no gestantes (paternidad) y por adopción. El monto de la asignación será de un Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) por mes.

Elimina la presunción de renuncia en caso de que la persona gestante (maternidad), no gestante (paternidad) o adoptante no se reincorpore a su empleo luego de vencidos los plazos de su licencia, en cuyo caso el empleador deberá cursar una intimación y no podrá asumir que la persona renunció.

Extiende la licencia por maternidad (personal gestante) de 90 a 126 días, que podrán ser utilizados durante los 45 días anteriores al parto y hasta 81 días posteriores, con opción de usar 30 previos y 96 luego del nacimiento.

Amplía la licencia por paternidad (persona no gestante), independientemente de su género, que pasarán de 2 días a 90.

Modifica las licencias especiales previstas en la Ley de Contrato de Trabajo para ampliar las licencias por fallecimiento del cónyuge o conviviente, por fallecimiento de hermano, por violencia de género, y crea la licencia especial para cuidado por enfermedad de persona a cargo, conviviente o cónyuge.

Crea licencias para futuros adoptantes de 2 a 12 días por año para quienes estén por adoptar, y prevé una licencia de 90 que deben ser utilizados inmediatamente con posterioridad a la notificación de la resolución judicial que otorga la guarda con fines de adopción.

Promueve una licencia de 2 a 6 días para cuidar o acompañar al cónyuge o conviviente que realiza técnicas de reproducción médicamente asistidas, y la extiende de 3 a 10 días en el caso de que tuvieren hijos menores de edad a cargo.

Reconoce el derecho de personas no gestantes (paternidad) y adoptantes a acceder al período de excedencia.

El Poder Ejecutivo argumentó que presenta esta iniciativa en este momento por dos razones:

En primer lugar porque "la población está envejeciendo y el requerimiento de cuidados será cada vez mayor. De acuerdo a las proyecciones de población de INDEC, para el año 2040, la población de 60 años y más crecerá en casi 3,5 millones de personas (un 46% más que la actual), mientras que la población de hasta 19 años se mantendrá".

Y en segundo porque "es la oportunidad de aprovechar el ‘bono demográfico’ en el que la Argentina se encuentra. Todavía el peso de la población con algún grado de dependencia (niños y personas mayores o con discapacidad en algunos casos) es menor que el de las personas potencialmente activas. Esta es una oportunidad única para el desarrollo del país y para el crecimiento. Para eso, se necesita que la mayor cantidad de mujeres puedan salir a trabajar de forma remunerada. Es la única manera de aprovechar esta ‘ventana de oportunidad’ por la que las sociedades pasan una única vez en su historia".

Explicó también que actualmente existe una demanda de cuidados muy grande y brindó datos:

El 10% de las personas mayores de 60 años, aproximadamente 743.000, se encuentran en situación de dependencia básica (no pueden realizar por sus propios medios actividades esenciales como alimentarse, bañarse o vestirse). En un 77% este cuidado recae sobre las familias y, en particular, sobre las mujeres ^[1]. Cuatro de cada 10 departamentos del país no cuentan con ninguna residencia para personas mayores ^[2].

El 12,9% de la población (5.114.190 personas) tiene alguna discapacidad en nuestro país ^[3]. Y del total de personas que tienen Certificado Único de Discapacidad, podemos estimar que aproximadamente 126.000 personas, necesitan un alto grado de apoyos y asistencia directa para la vida diaria ^[4].

Aproximadamente, 2.128.100 (95%) de los niños de 0 a 2 y 285.861 (60%) de los niños de 3 años no asisten a establecimientos educativos y de cuidados. El 45% de los jardines o escuelas infantiles no cuenta con sala de 3 años [5]. La mitad de las mujeres con niños menores de 3 años están fuera del mercado laboral y por lo tanto, sin ingresos propios.

En la actualidad, el cuidado se resuelve de manera individual o comunitaria y desreguladamente. Cada familia gestiona como puede los cuidados de los niños, personas mayores y personas con discapacidad, y en muchos casos son las propias personas mayores o con discapacidad quienes cuidan a sus familiares. La forma en que cada familia lo resuelve depende de las posibilidades económicas que esa familia tenga

Escalada del conflicto gremial con los trabajadores de Página/12

[BPN-15/05/22] Durante marzo y abril de este año los trabajadores de Página/12 realizaron 12 medidas de fuerza contra el Grupo Octubre que comprometieron casi un mes de trabajo entre cese de tareas, paros y jornada de lucha. La comisión interna del medio explicó que "las medidas son la respuesta a seis años de pérdida del poder adquisitivo de nuestros salarios y a la tajante negativa del Grupo Octubre a iniciar una negociación con nuestra Comisión Gremial Interna" ^[1].

La última medida de fuerza fue un paro de 72 horas que se dispuso el pasado 7 de mayo: "Los trabajadoras de Página/12 -que este año celebraremos 35 años de vida gremial ininterrumpida- exigimos que el Grupo Octubre se digne a iniciar una negociación urgente, al tiempo que seguimos reclamando al Ministerio de Trabajo, junto con compañeros y compañeras de todo el gremio, por la presencia del SiPreBA en paritarias", explicaron.

Días antes habían denunciado: "Desde los primeros meses de 2016, cuando el Grupo Octubre conducido por Víctor Santa María compró Página/12, nuestros sueldos sufrieron una brutal depreciación. El castigo al bolsillo de los trabajadores que caracterizó al gobierno de Mauricio Macri se vio agravado en nuestro gremio por las sucesivas paritarias a la baja que Clarín, La Nación, Perfil y demás miembros de AEDBA (Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires) le impusieron al sello de goma que conserva la personería gremial de nuestra actividad".

Relataron que las consecuencias para los trabajadores de prensa de Página/12 fueron devastadoras:

"El salario de un redactor de Página/12 que en 2016 estaba 42 puntos por encima de la canasta básica total, seis años después está 25 puntos pero por debajo, es decir 25 puntos debajo de la línea de pobreza que fija el INDEC para una familia de cuatro personas.

"Peor aún es la situación de redactores y editores de la web que Página/12 no reconoce como trabajadores de prensa, registra como "administrativos" de la Fundación Octubre, afilia compulsivamente a un sindicato ajeno a su actividad (UTEDyC/Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles) y ni siquiera les respeta el convenio que les impone por la fuerza.

"Completan el cuadro de precarización un ejército de mal llamados "colaboradores permanentes", que son en los hechos redactores precarizados obligados a trabajar a destajo, sin derechos laborales básicos (estabilidad, vacaciones, licencias, etc.) y con ingresos por debajo de la línea de indigencia.

"Y más castigados aún, compañeros obligados a facturar y a quienes el Grupo Octubre considera "proveedores externos" pese que curiosamente proveen notas y fotos de prensa, el insumo sin el cual no existiría el diario".

Agregaron: "La regla de la conducta empresarial de Santa María es el ninguneo a cualquier planteo genuino surgido de la Asamblea de Trabajadores, mientras en paralelo convoca a asados de camaradería a directores, jefes y amanuenses ^[2]".

Finalmente exigieron: "Los trabajadores organizados de Página/12 exigimos una urgente recomposición salarial, el reconocimiento y la equiparación en todo sentido de los compañeros registrados ilegalmente como "administrativos" de la Fundación Octubre y condiciones laborales dignas para todas y todos los periodistas y fotógrafos que en pleno Siglo XXI se ven obligados a trabajar a destajo".

El Grupo Octubre tiene un largo historial de conflictos gremiales y censura. Tres ejemplos de los últimos tres años:

En febrero de 2020 los trabajadores de Página/12 denunciaron que sus salarios perdieron durante 2019 casi 40 puntos porcentuales contra la inflación y que a consecuencia de esto la mayoría de los trabajadores quedaron por debajo de la línea de pobreza.

Explicaron que se llegó a esa situación gracias a un convenio que firmaron la UTPBA (Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires) con AEDBA -que el medio comparte con Clarín y La Nación- y la costumbre del Grupo Octubre de abonar los incrementos luego de ser homologados en "largas cuotas sin interés" ^[3].

En noviembre de 2020, al día siguiente que Víctor Santa María estrenó su nueva señal de cable IP Información Periodística, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) denunció que las autoridades del Grupo Octubre soslayan "las regulaciones laborales de los periodistas: el Convenio Colectivo de Trabajo de Prensa Televisada 124/75 y el Estatuto del Periodista Profesional (Ley 12.908)". Las autoridades de SiPreBA le recordaron al titular del SUTERH y por entonces presidente del Partido Justicialista (PJ) de la CABA que "contra ambas normas intentó avanzar el macrismo, en consonancia con el intento de reforma laboral que desde nuestro gremio rechazamos" ^[4].

A modo de resumen, desde enero del año 2020 y hasta marzo de 2021, en plena pandemia, los trabajadores del medio realizaron 17 medidas de fuerza que abarcaron no menos de 64 días por temas gremiales ^[5]

Se adelantaron los aumentos del Salario Mínimo Vital y Móvil

Estas modificaciones significarán una apreciación del SMVM contra la inflación estimada de junio de 12,75 puntos porcentuales en la medición mensual, de 8,97 puntos en la acumulada anual y de 19,76 puntos en la medición interanual.

Sin embargo, para todo el 2022 el aumento de salario Mínimo Vital y Móvil habrá sido de un 49,53% mientras que la inflación proyectada por el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que estima el Banco Central de la República Argentina (BCRA) será de un 59,20%. Esto arrojará una diferencia de -9,67 puntos con respecto a la inflación proyectada.

La resolución que fue firmada el 10 de mayo llevó el número 6/2022 y fue firmada por Claudio Moroni, ministro de Trabajo Empleo y Seguridad Social en su carácter de presidente del Consejo Nacional del Empleo la Productividad y el Salario Mínimo, Vital Y Móvil.

Se reitera que como ninguna escala salarial de los encargados de edificios es inferior al SMVM, éste sólo es importante para la propiedad horizontal porque se utiliza en el cálculo de los montos inembargables de los sueldos.

Así fue establecido por el Decreto 484/87 del 26 de marzo de 1987 que reglamentó los artículos 120º, 147º y 147º de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744.

Las escalas perdieron contra la inflación mensual pero...

[BPN-15/05/22] Este mes el promedio de las escalas salariales de los encargados de edificios ^[1] perderán contra la inflación -4,4 puntos porcentuales con respecto al mes pasado, mientras que ganará 7,70 puntos contra la inflación anual acumulada y 2,09 puntos contra la interanual.

En mayo promedio de las escalas salariales se mantuvo igual que durante el mes pasado.

Durante el quinto mes de este año el promedio de las escalas salariales se mantendrá en 91.202 pesos.

El incremento acumulado anual de las escalas salariales desde enero de este año hasta mayo será de un 36,15%.

El promedio de las escalas salariales de diciembre del 2021 fue de 66.988 pesos.

Desde mayo de 2021 hasta el mismo mes de este año las escalas salariales se incrementaron en un 61,59%.

En mayo del año pasado el promedio de las escalas salariales fue de 56.439 pesos mensuales.

El promedio anual de los primeros cinco meses de este año contra los cinco primeros del año pasado arrojó un aumento del 54,22%. Una diferencia de 1,96 puntos con respecto al mes pasado.

Según estos números, la inflación acumulada anual será de un 28,45% y la interanual está estimada en un 59,51%.

Mientras tanto, el haber mínimo de un jubilado que paga expensas en mayo será de 44.630,39 pesos mensuales, un 15,53% más que el mes pasado.

En dólares, este haber mínimo representa 375 dólares al precio oficial, 222 dólares a cotización turista o 224 dólares según el mercado blue ^[2].

En mayo del año pasado ese haber estuvo en 22.071,44 pesos y en diciembre fue de 37.061,62 pesos.

Este mes el incremento del haber mínimo de la clase pasiva fue positivo contra la inflación en tanto su medición mensual (11,13 puntos), como en el cálculo interanual (42,70 puntos) y negativa en el acumulado anual (-8,03 puntos).

En enero de 2016 la jubilación mínima estaba establecida en 4.299,06 (u$s 312,98). Si ese haber hubiera aumentado al ritmo de la inflación hoy debería ser de 44.630,39 pesos mensuales (u$s 377,42 a valor oficial).

Si calculamos, mes a mes, lo que debió ganar un jubilado siguiendo el ritmo de la inflación y lo que realmente percibió incluidos los bonos extras, observamos que en total lo perdido desde enero de 2016 hasta mayo de 2022 fueron -110.287,05 pesos sin contar la incidencia de estas diferencias en los medios aguinaldos

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