Las denuncias contra administradores subieron al 2º puesto

[BPN-15/08/22] Durante el primer semestre de 2022 las denuncias contra los administradores de consorcios ante Defensa y Protección del Consumidor porteño se mantuvieron en exactamente la misma cantidad que durante el mismo periodo del año pasado. Por su parte, las denuncias de los vecinos por temas generales de consumo (Ley 24.240) bajaron en un -21,29%.

En números, durante los primeros seis meses de este año se volvieron a presentar 893 denuncias contra administradores y 5.586 denuncias por temas generales de consumo.

Exactamente igual que pasó el año pasado, la mayor concentración de denuncias contra administradores se produjo en abril y la menor en febrero. En promedio se realizaron 149 denuncias por mes o 7,5 denuncias por día hábil.

Otro dato a tener en cuenta es que la incidencia de las denuncias contra administradores sube desde hace tres años en forma ininterrumpida. Según el primer semestre de cada año, mientras que en 2020 las denuncias contra administradores representaron el 7,51% del total en 2022 fueron del 13,78%.

Al bajar las denuncias por temas generales de consumo y mantenerse las realizadas contra administradores de consorcios estos últimos subieron del tercer puesto que tuvieron el año pasado al segundo.

Los administradores de consorcios se llevaron el 14,51% del total de denuncias y sólo fueron superados por las denuncias contra servicios financieros con un 16,32% de los casos.

Les siguieron de cerca los servicios de telecomunicaciones con un 14,24%, los servicios turísticos, hoteles y de hosterías con un 7,84% y el rubro textil, calzado y marroquinería con un 5,19%.

Los datos precedentes fueron proporcionados el 29 de julio por Ariel Urwicz, subgerente operativo de la Dirección General de Defensa y Protección de Consumidor a consecuencia de un pedido de información pública que realizó Pequeñas Noticias en el marco de la Ley 104.

Las autoridades, por una parte proporcionaron una tabla con los totales de denuncias presentadas por temas generales de consumo (Ley 24.240) y contra administradores (Ley 941) discriminados mes a mes. Por otra parte, brindaron una tabla con 22 rubros y el porcentaje que le correspondió a cada uno cada mes.

Tratándose de porcentajes de un total, su suma debió haber sido del 100% que corresponde a las 6.479 denuncias informadas. Sin embargo faltó –en promedio- un 16.99% que Pequeñas Noticias agregó a un nuevo rubro que denominó "sin informar". Para entender la importancia de este faltante, ese casi 17% representa poco más de 1.117 casos, número que supera en cantidad a las denuncias que están en el primer puesto (servicios financieros).

Durante el primer semestre de 2021 el rubro "Otros" o "Sin informar" se llevó el 8,21% (656 casos) de las denuncias informadas.

Las multas contra administradores arañan los u$s 1,5 millones

[BPN-15/08/22] Desde que se comenzaron a publicar las disposiciones sancionatorias en el Boletín Oficial y hasta ahora, el Registro Público de Administradores (RPA) porteño recaudó más de 46 millones de pesos o casi un millón y medio de dólares (u$s 1.432.764) [1] en concepto de multas.

El año en que más se recaudó fue el 2016 con casi 296 mil dólares mientras que el menor fue en 2016 con casi 72 mil dólares. Es de destacar que –de continuar la tendencia de este primer semestre- el 2022 apunta a ser el año de más baja recaudación con poco menos de 66 mil dólares.

En el gráfico que ilustra esta nota se puede observar que el pico de multas ordenadas contra los administradores fue en 2017 coincidiendo con la presentación en la Legislatura del primer proyecto de Facundo Carrillo conocido como "Consorcio Participativo" [2]. Durante el año siguiente otra versión de ese proyecto fue aprobado (Ley 5.983) y a pesar de que las multas descendieron un 18%- se puede afirmar que en general sus números se mantuvieron.

En 2019 –con la ley aprobada el año anterior- el total de multas dispuestas y publicadas descendió en un 53% con respecto al año anterior decayendo lentamente año tras año hasta fines del 2021.

Analizando los totales de multas por infracciones a la Ley 941 por director general, bajo la gestión de Edgardo Aoun (desde el 1/10/2013 al 10/12/2015) se dispusieron y publicaron multas por casi 320 mil dólares mientras que durante la gestión de Vilma Bouza (desde el 1/01/2016 a la fecha) esa cifra creció hasta poco más de un millón cien mil dólares.

En otro orden de cosas, el valor promedio en dólares de las multas contra administradores por infracciones a la Ley 941 fue bajando desde 2014 hasta el 2022 en el que repuntó levemente. En 2014 la multa promedio fue de 5.449 dólares y en 2021 de 654 dólares.

Sin embargo, se puede observar que no sólo fue bajando el promedio recaudado por multa sino que también desde 2019 fue cayendo la cantidad de multas emitidas y publicadas en el BO.

Si el segundo semestre de este año es parecido al primero, la cantidad de multas será de unas 80, menos de la mitad que las emitidas durante 2017, segundo año de gestión de Bouza.

Por último -cuando se clasificaron las multas dispuestas y publicadas-, la sorpresa fue descubrir que durante los dos años en que Aoun fue Director General de Defensa del Consumidor la multa promedio rondaba los 3.200 dólares y durante la gestión de Bouza bajó a poco más de mil dólares.

Aunque resulta obvio, es de destacar que para poder realizar comparaciones de valores a lo largo de los años se hace imperioso convertir los pesos a una moneda que –si bien sufre cierta depreciación- tiende a conservar su valor real mucho mejor que el peso.

A modo de ejemplo una multa de 58.260 pesos [3] equivalía en junio de 2014 a 7.252,13 dólares (1 u$s = 8,03) mientras que el mes pasado esa misma cantidad de dólares representó casi un millón de pesos (906.806,34) con una cotización de 125,04 pesos por unidad.

Actualmente el Registro Público de Administradores (RPA) porteño está coordinado por Diego Sarrabayrouse, depende de Defensa y Protección del Consumidor cuya directora general es Vilma Bouza y cuyo superior directo es desde el 1º de agosto de 2021 Julia Domeniconi, secretaria de Atención y Gestión Ciudadana

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[1] Para calcular el valor dólar de cada multa se promediaron todas las cotizaciones de tipo comprador y vendedor a su valor oficial del mes de la firma de la disposición sancionatoria.

[2] Es de recordar que desde principios de 2017 el oficialismo porteño hizo una fuerte campaña para sancionar la Ley 5.983 que finalmente impuso la Aplicación Oficial Consorcio Participativo en 2018. Esta plataforma obligatoria -aún no reglamentada- concentrará todos los datos privados, comerciales y laborales de consorcios, propietarios e inquilinos. Esta incomprensible invasión a la privacidad y la concentración de datos privados de los vecinos en manos del Estado motivó varias causas judiciales y numerosos rechazos que duran hasta el día de hoy tanto de entidades de consorcistas como de administradores.

No avanza la recepción presencial de denuncias en las comunas

[BPN-15/08/22] Desde hace cuatro meses no se trata la iniciativa de siete legisladores porteños del Frente de Todos que propusieron al Gobierno porteño restituir el servicio de recepción presencial de denuncias de consumidores y en caso de ya hacerlo darle la difusión adecuada.

Los legisladores argumentaron que en casi todos los ámbitos se retomó la actividad presencial: "Pese a que se sostiene la emergencia sanitaria, ha retornado la presencialidad plena en las escuelas, sin la obligatoriedad del uso del barbijo; también se ha autorizado la presencialidad total en los estadios de fútbol, se han flexibilizado los aforos en lugares cerrados, etc. Podría decirse entonces, que estamos saliendo de la pandemia y esto implica que nos encontramos en condiciones de retomar las actividades, servicios y/o prestaciones en los formatos presenciales como antes de las medidas dispuestas durante el período de aislamiento".

Señalaron que la existencia de la vía digital como única opción genera desigualdades: "Es necesario tener en cuenta la brecha digital existente entre diversos sectores que, por diversos factores (edad, género, nivel educativo y/o nivel socioeconómico) genera desigualdades cuando se evidencia que no todas las personas acceden de la misma manera.

Por último, recomendaron a los funcionarios ampliar su mirada al total de la ciudadanía: "Es importante que la mirada no se ponga solamente en la limitación que genera la imposibilidad de conectarse a internet, sino que además se tiene que tener en cuenta que en muchos hogares faltan dispositivos digitales para navegar o que muchas personas no tienen conocimientos necesarios para su uso".

El pasado 30 de junio Vilma Bouza, directora general de Defensa y Protección del Consumidor porteño durante su durante su informe ante la comisión que se ocupa específicamente de ese tema, explicó que se está evaluando retomar la atención presencial en algunas comunas aunque no especificó en cuáles.

Ya en detalle, el legislador Juan Pablo Modarelli (Frente de Todos) le preguntó a Bouza si en Defensa del Consumidor evalúan retomar la atención presencial para que el ciudadano pueda elegir si realizar la denuncia en forma virtual o acercarse a una comuna y se produjo el siguiente diálogo:

El Proyecto de declaración consta de un único artículo y sus firmantes fueron el mencionado Modarelli, Alejandro Amor, Javier Andrade, Matías Barroetaveña, Claudio Américo Ferreño, Manuel Salvador Socías y Franco Vitali.

La Cámara de Apelaciones le denegó el recurso a la CAPHyAI

[BPN-15/08/22} Es pasado 28 de junio la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA denegó el recurso de inconstitucionalidad contra una sentencia denegatoria de apelación presentada previamente por el Dr. Jorge Martín Irigoyen en nombre del Adm. Daniel Tocco el 1º de febrero de este año [1].

Esta sentencia es un escalón más en la dura lucha judicial que mantiene la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) contra la "Aplicación Oficial Consorcio Participativo" promovida por Facundo Carrillo, por aquel entonces secretario de Atención y Gestión Ciudadana, e impulsada en la Legislatura por Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno de la CABA.

Es de recordar que la CAPHyAI apunta contra el inciso h) del artículo 9º de la Ley 941 al que acusa de promover una "bancarización compulsiva" porque "expropia a la asamblea la posibilidad de decidir por no abrir una cuenta bancaria" [2].

También busca que se derogue el inciso n) del artículo 9º de la Ley 941 argumentando que "pretende regular los derechos de los consorcistas bajo el ropaje de ejercer el poder de policía sobre la actividad de los administradores de consorcios lo que violenta el principio de dignidad y autonomía personal de estos últimos" [3].

Es de destacar que el Gobierno de la CABA a través de la inclusión de este inciso y el capítulo VI de la Ley 941 impone a los administradores cargar en la aplicación mencionada datos que no le pertenecen -porque pertenecen al consorcio y a los consorcistas- y cuando se le advierte al gobierno que invade áreas de la vida privada de los edificios y sus ocupantes argumenta que el uso –o sea la consulta de esos datos que ya fueron almacenados en sus servidores- es optativa.

En su presentación, entre muchos otros argumentos, Martín Irigoyen había reiterado que "el GCBA había incurrido en un avance intolerable sobre derechos que no estaba a su alcance regular, como ser los de los consorcistas que no pueden ser obligados a la bancarización compulsiva ni mucho menos a tolerar que sus datos personales y patrimoniales estén al alcance de una aplicación gubernamental".

Por su parte, los jueces retrucaron que la decisión cuestionada "se ciñó al análisis de los hechos probados a la luz de la interpretación de la Ley 941 modificada por la Ley 5.983" mientras que la actora "no plantea en forma adecuada un caso constitucional, pues en aquellos pasajes en que intenta vincular sus agravios con normas constitucionales lo hace en forma genérica y sin satisfacer el mínimo de explicación necesario para vincularlas con las circunstancias de la causa".

La sentencia que denegó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por Tocco se extendió a lo largo de cinco carillas y fue firmada por los jueces Marcelo López Alfonsín y Mariana Díaz. El juez Fernando Juan Lima no firmó por encontrarse de licencia

¿Para qué sirve el índice de escalas salariales?

[BPN-15/08/22] Cuando se pacta o decreta un aumento salarial -ya sea en bonos o en un porcentaje determinado- tanto el que paga (el consorcio) como el que cobra (el encargado) siempre se hacen una pregunta: ¿este aumento es superior o inferior a los aumentos de los precios que se pagan por los bienes y servicios que una familia necesita para vivir?

En un mundo ideal uno imagina que las paritarias se realizarían exactamente a fin de año y los aumentos serían un porcentaje de las escalas salariales en un solo escalón a pagar en enero de cada año de forma tal que calcular los aumentos con respecto al índice de precios al consumidor del año anterior sea fácil y claro.

En este país la situación económica suele cambiar de mes en mes y las negociaciones paritarias se realizan cuando los tiempos económicos y políticos lo permiten. No sólo eso, a veces en un año se pactan varios aumentos porcentuales que se desarrollan en varios escalones y en el medio el Poder Ejecutivo otorga uno o más bonos en forma de sumas fijas. O sea que a primera vista las paritarias parecen caóticas. Sin embargo, observando más de cerca se aprecia que los aumentos salariales se desarrollan según una dinámica propia que dificulta calcular en forma simple su relación con los precios de los artículos que se necesitan para vivir.

Entonces volvemos a la pregunta original, ¿cómo hacemos para saber si lo que se cobra o se paga es mayor o menor que el desarrollo de los precios?

El Ministerio de Trabajo brinda el promedio de salarios mensuales de cada sector -incluso lo puede separar por sexo si es necesario- pero esos números tienen dos inconvenientes grandes: el primero es que tarda casi seis meses en proporcionar valores definitivos y el segundo que el promedio del salario bruto no refleja la realidad de los aumentos que surgen de las paritarias, dependen de horas extras, adicionales, antigüedad y otros parámetros que distorsionan los resultados.

La redacción de Pequeñas Noticias pensó durante mucho tiempo cómo resolver este problema en forma sencilla y lo más precisa posible y hace unos años encontró una solución: promediar las escalas salariales de dos de las funciones más comunes (encargado permanente con y sin vivienda) en sus cuatro categorías para:

1.- Poder comparar su evolución de un mes con respecto al otro.

2.- Cómo se incrementó a lo largo del año.

3.- Cómo varió con respecto al mismo mes del año anterior.

4.- Y el más importante y ambicioso, se puede comparar su evolución con otras variables económicas como por ejemplo la Evolución del Salario Promedio Nacional, el Salario Mínimo Vital y Móvil, la evolución del valor del dólar y otros indicadores que brinda el Estado nacional.

Una de las ventajas que más entusiasmó a Pequeñas Noticias de esta solución es que cualquier propietario o encargado puede hacer exactamente lo mismo que hace la redacción de este medio mes a mes y debería recibir los mismos resultados: o sea que los cálculos son auditables.

Ahora sí, podemos empezar a realizar comparaciones. Por ejemplo, si en un mes el promedio de las escalas salariales aumentó en un 12% y la inflación fue de un 10% el aumento que recibió el sector fue 2 puntos por encima de la inflación, o sea que su salario se apreció (vale más).

Por el contrario, si la inflación fue del 14% y el aumento fue del 10% el aumento fue de -2 puntos por debajo de la inflación y su salario se depreció (vale menos).

Sin embargo, en la mayoría de los casos de un mes a otro las escalas salariales no se modifican. Para esos casos se puede comparar el aumento acumulado del año de los precios contra el aumento acumulado de las escalas salariales y monitorear si subieron o bajaron con respecto a los precios de productos y servicios.

Por último, también siguiendo el mismo método se puede comparar el aumento de los precios y escalas salariales con respecto al mismo mes del año anterior (aumento interanual) para ver la evolución de los unos contra las otras.

A la hora de confeccionar los cálculos hay que tener en cuenta un par de cosas:

1.- Si el aumento se pactó en bonos o sumas fijas hay que sumarlos a ese promedio para poder ver cómo se refleja en el porcentaje y poder realizar comparaciones con otros índices económicos.

2.- Lo mismo se debe hacer si el bono o la suma fija la otorgó el Gobierno nacional como sucedió durante la pandemia.

3.- No se suman los beneficios que se otorgan a la patronal (en este caso los consorcios) en aportes o contribuciones porque lo que se busca es calcular la evolución de las escalas salariales y no el costo laboral (son dos cosas distintas).

Deberían ser los consorcistas quienes representen a la patronal

[BPN-15/08/22] El pasado 1º de agosto la Dra. Rita Sessa miembro de la Fundación Liga del Consorcista de la Propiedad Horizontal (LCPH) señaló que a partir de la nueva realidad que creó el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC) deberían ser los consorcistas y no los administradores quienes representen a la patronal en las paritarias de los encargados de edificios. Agregó también que sería razonable que éstas se realizaran por categoría de edificio de acuerdo a la cantidad de servicios centrales que poseen. Explicó que los consorcios más pudientes viven una realidad diferente que los más humildes.

Para fundamentar su propuesta la Dra. Sessa se remontó a la naturaleza bajo la que se creó el Estatuto de Encargados de Casa de Renta, antes de la sanción de la Ley 13.512. La argumentación de la especialista es tan precisa que la redacción de Pequeñas Noticias –a riego de ser un poco extenso- decidió transcribirla literalmente agregando algunos comentarios.

Señaló que cuando se crea la Ley de Propiedad Horizontal el sindicato incorporó a las paritaria a esos nuevos trabajadores a pesar de que se trata de dos grupos diferentes claramente definidos: los que trabajan para un empresario que obtiene renta de sus edificios y los que trabajan para vecinos que colaboran proporcionalmente con los gastos de mantenimiento de su vivienda.

Subrayó que la confusión entre quienes producen renta y quienes comparten gastos estaba tan instalada que el decreto reglamentario del Estatuto del Encargado ignoró la nueva realidad que había creado la Ley 13.512.

Sessa avanzó en el tiempo y recordó que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación trajo importantes cambios en las relación trabajador/empleador.

De acuerdo a lo expuesto consideró que hoy los protagonistas de las paritarias deberían ser otros.

Ya en el final y avanzando en su argumentación, propone que no sólo sean los consorcistas quienes negocien las condiciones de trabajo de los encargados en su calidad de empleadores sino que las paritarias se realicen según el poder adquisitivo de cada edificio (categorías).

La FATERyH quiere saber quién administra cada consorcio

[BPN-15/08/22] El pasado 30 de agosto la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) alertó que últimamente la FATERyH (Federación Argentina de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal) está intimando a los administradores a que informen al gremio "los consorcios que a la fecha cuentan con su representación legal" en el plazo de cinco días o realizarán "el correspondiente reclamo" ante la autoridad de aplicación solicitando las sanciones administrativas" que correspondan. La redacción de Pequeñas Noticias entendió que cuando el sindicato se refiere a la "autoridad de aplicación" está señalando puntualmente al Registro Público de Administradores porteño.

La CAPHyAI aclaró que –de acuerdo a las denuncias recibidas- en general en su mayoría las intimaciones corresponden a consorcios que no fueron declarados por haberlos dejado de administrar y en los que aún figuran como representante legal.

Recomendaron realizar el descargo correspondiente enviando un correo electrónico a fiscalizaciones@fateryh.org.ar o llamando al teléfono (11) 5354-6600, internos 7670 / 7676 para informar la discontinuidad del servicio en esos consorcios y poder dar por finalizado el reclamo.

Detectores de monóxido de carbono y gas obligatorios

[BPN-15/08/22] El pasado 1º de julio una legisladora porteña, Natalia Fidel (Vamos Juntos), presentó una iniciativa para que los edificios nuevos deban contar con detectores de monóxido de carbono y gas natural.

Los detectores de monóxido de carbono y gas natural que se instalarán deben contar con un indicador lumínico de detección y una alarma sonora que deberán encenderse antes de que las concentraciones de monóxido de carbono sean peligrosas para la vida humana o que la concentración de gas pueda provocar una explosión.

En estos momentos un detector de monóxido de carbono y gas natural eléctrico (220v) con una alarma de 85 dB cuesta aproximadamente uno 16 mil pesos la unidad. Su fabricante informa que el aparato al detectar niveles peligrosos de monóxido de carbono o gas en el ambiente emite un sonido de alta frecuencia para alertar a cualquier persona que se encuentra cerca del lugar.

Como dato objetivo la legisladora Fidel argumentó que según la "Guía de prevención, diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica de las intoxicaciones por monóxido de carbono" (edición 2016) del Ministerio de Salud de la Nación, mueren por año aproximadamente 200 personas como consecuencia de accidentes por inhalación de monóxido de carbono y se estima que ocurren 4.000 casos clínicos siendo la mayoría de ellos previsibles y evitables.

Agregó que "el monóxido de carbono es altamente peligroso porque no es detectable a través de los sentidos debido a que carece de olor, sabor, color, y no irrita los ojos ni la nariz. Por lo tanto resulta imperativo contar con un dispositivo capaz de alertar cuando su concentración en el ambiente alcanza niveles peligrosos para la salud y la vida".

Con respecto al gas natural explicó: "Las pérdidas de gas natural puedan causar explosiones en ambientes de nula ventilación en caso de encenderse algún artefacto eléctrico o llama, como ha sucedido lamentablemente en varias oportunidades en la Ciudad".

Tamara Báez minimizó los reclamos de sus vecinos

Tamara Báez [foto redes sociales]

[BPN-15/08/22] El pasado 4 de agosto trascendió que Tamara Báez recibió gran cantidad de denuncias por ruidos molestos de sus vecinos del barrio privado en el que vive con L-Gante y Jamaica, la hija de ambos. Lo que llamó la atención de los medios es que la influencer "lejos de mostrarse preocupada o pedir disculpas, acudió a sus redes sociales para reírse de la situación" ante sus más de 800 mil seguidores.

Es de recordar que los ruidos molestos figuran desde los comienzos de la propiedad horizontal –y ahora de los countries, barrios cerrados, etc.- como una de las principales fuentes de conflictos entre vecinos.

Para poner un ejemplo, en marzo de este año en la ciudad de Rosario se realizaban al 147 y al 911 un promedio de 166 denuncias por ruidos molestos por fin de semana. Ante esa situación, en general tanto la policía como los agentes municipales concurren al lugar y piden que se baje el volumen de la música que perturba. Se tiende a buscar un acuerdo de buena voluntad entre los vecinos involucrados.

Sin embargo, no siempre las cosas terminan bien y en algunos casos el conflicto puede terminar con situaciones violentas que puede ir desde discusiones a gritos hasta agresiones letales con armas.

En otro ejemplo, este mes, en el Centro de Monitoreo de la ciudad de Olavarría (Provincia de Buenos Aires) las denuncias por ruidos molestos y "movimientos sospechosos" son las segundas y terceras causa de denuncias de los vecinos. Las autoridades clasifican como "movimiento sospechoso" a una persona intentando ingresar mediante la utilización de la violencia a una vivienda o abrir un automóvil.

En la CABA hay cinco formas diferentes para denunciar ruidos molestos:

Online: a través del trámite Ruidos molestos provenientes de actividades comerciales e industriales o a través del Sistema Único de Atención Ciudadana (SUACI).

Telefónicamente: llamando al 147: todos los días, las 24 hs del día.

Justicia Contravencional y de Faltas: Telefónicamente al 0800-333-47225 (0800-FISCAL), todos los días, las 24 horas del día.

Defensoría del Pueblo de CABA. Telefónicamente al 0800-999-3722 o al 4338-4900, de lunes a viernes de 10 a 18 hs. Online en el Portal del vecino o por correo electrónico a consultas@defensoria.org.ar.

El SUTERH adhirió al programa ‘ANSES va a tu trabajo’

Fernanda Raverta y Víctor Santa María en la sede del ANSES [Foto Facebook de Raverta]

[BPN-15/08/22] El pasado 28 de julio se difundió que el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) adhirió al programa "ANSES va a tu trabajo" lo que creará un canal de atención preferencial para los trabajadores que necesiten hacer los trámites que les correspondan ante esa repartición

Por medio del Programa ANSES va a tu trabajo, se podrá gestionar los trámites de asignaciones familiares (SUAF), las prejubilaciones, las jubilaciones y las pensiones.

También se podrán realizar consultas como ser: solicitud de constancia de CUIL, lugar y fecha de cobro, consulta de liquidación de asignaciones familiares, seguimiento de expedientes previsionales y más.

El acuerdo de adhesión a este programa se habría rubricado el día anterior -miércoles 27- entre Fernanda Raverta, directora ejecutiva de la ANSES, y el secretario general del SUTERH, Víctor Santa María.

Éste es un programa que pone a disposición un medio de atención personalizada, manejado por un responsable de ANSES, que resolverá las consultas y trámites pertinentes a las prestaciones. Por esta vía, todos los afiliados contarán con la ayuda de personal ANSES que promete brindar un servicio a tiempo. ANSES va a tu trabajo, tiene las siguientes características especiales:

1.- Habrá personal de la ANSES a disposición de todo los que soliciten en servicio con el fin de brindar apoyo rápido y personalizado.

2.- Los trabajadores no tienen que visitar una oficina ANSES.

3.- Se ofrece asesoramiento previsional.

4.- Hay un canal único para los que tengan las condiciones para iniciar la jubilación o cualquier otra prestación previsional.

5.- Se asesorará el acompañamiento de la normativa que ampara a los discapacitados en actividad laboral.

6.- Mensualmente, el canal de comunicación dará información sobre las novedades relevantes del organismo.

7.- Es un programa gratuito.

Entre los sindicatos adheridos se encuentra la Unión Obrera Metalúrgica y Obra Social de la Unión Obrera Metalúrgica, Central de Trabajadores Argentinos de Mendoza, Centro de Empleados de Comercio de Mendoza. Unión Docentes Agremiados Provinciales – UDAP, Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, Obra Social del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina (SMATA), Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina, entre otros.

Entre los organismos públicos se encuentra la Nucleoeléctrica Argentina S.A., Corporación Mercado Central de Buenos Aires, Dirección Nacional de Migraciones, Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM), Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio del Interior, Instituto Nacional de Vitivinicultura, IMPSA SA, entre otros.

Las empresas son el Consorcio de Gestión del Puerto de San Nicolas, Aerolíneas Argentinas Sociedad Anónima, YPF – Yacimientos Petrolíferos Fiscales SA, IEASA – Integración Energética Argentina S.A., Vicenti, Isringhausen Argentina y Simmons.

Este mes las escalas ganarán en el mensual y acumulado anual

[BPN-15/08/22] Este mes de agosto el promedio de las escalas salariales de los encargados de edificios [1] ganará contra la inflación 5,75 puntos porcentuales con respecto al mes pasado y 15,38 puntos contra la inflación acumulada anual y habrán perdido -12.94 puntos contra la medición interanual.

En agosto el promedio de las escalas salariales subirá 11,75% con respecto al mes pasado. Esto se debe al bono de 12 mil pesos que se acordó para todas las funciones y categorías –proporcional a la jornada de trabajo- el 5 de julio pasado y que se homologó el 7 de ese mes mediante la Resolución 1.365 [2].

Durante el octavo mes de este año el promedio de las escalas salariales estuvo en 114.146 pesos mensuales.

El incremento acumulado anual de las escalas salariales desde enero de este año hasta agosto será de un 70,4%.

El promedio de las escalas salariales de diciembre del 2021 fue de 66.988 pesos.

Desde agosto de 2021 hasta el mismo mes de este año las escalas salariales se incrementaron en un 63,74%. Una diferencia de -1,78 puntos porcentuales con respecto al mes pasado.

En agosto del año pasado el promedio de las escalas salariales fue de 69.714 pesos mensuales.

El promedio anual de los primeros ocho meses de este año contra los ocho primeros del año pasado arrojó un aumento del 60,51%. Una diferencia de 0,58 puntos con respecto al mes pasado.

Según el Índice de Precios de Consumidor que mide el INDEC la inflación de julio fue la más alta del año llegando al 7,4% y para el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que estima el Banco Central de la República Argentina (BCRA) la de agosto será de un 6%.

Según estos números, la inflación acumulada anual será de un 55,02% y la interanual está estimada en un 76,68%.

Mientras tanto, el haber mínimo de un jubilado que paga expensas en agosto seguirá siendo de 37.524,94 pesos mensuales.

En dólares, este haber mínimo representa 272 dólares al precio oficial, 152 dólares a cotización turista o 129 dólares según el mercado blue ^[3].

En agosto del año pasado ese haber estuvo en 28.064,70 pesos y en diciembre fue de 37.061,62 pesos.

Este mes el incremento del haber mínimo de la clase pasiva fue negativo contra la inflación tanto en su medición mensual (-6 puntos), como en el acumulado anual (-53,76 puntos) y el cálculo interanual (-42,97 puntos).

En enero de 2016 la jubilación mínima estaba establecida en 4.299,06 (u$s 312,98). Si ese haber hubiera aumentado al ritmo de la inflación hoy debería ser de 51.810,08 pesos mensuales (u$s 378,5 a valor oficial).

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[1] Para comparar escalas salariales del sector se promediaron las funciones de encargado permanente con y sin vivienda en sus cuatro categorías de cada mes. En los casos que correspondió se sumaron los bonos, tanto los acordados en paritarias como por el Poder Ejecutivo nacional.

[2] BPN Nº 732 de 15/07/22: "Se acordaron siete bonos remunerativos hasta febrero".

Estimado Sr. Director:

Los consorcistas estamos pasando por días aciagos y a pesar de tantos embates no nos acostumbraremos y seguiremos luchando. Por eso invitamos a todos los consorcistas a que nos acompañen en esta cruzada.

El abusivo aumento de salarios a los encargados de edificios (ya comentado ampliamente por este prestigioso medio) y con anterioridad la infausta noticia de la presentación en la Legislatura porteña del proyecto 1707-D-2022 que pretende destruir una de las pocas herramienta que tenemos los consorcistas para defendernos del mal desempeño de algunos administradores de consorcios no nos dan tregua.

En este sentido, estamos totalmente de acuerdo con las palabras del Dr. David Loisi (LCPH) también difundidas por este medio y esperamos que los legisladores porteños tengan en cuenta la situación por la que atravesamos los consorcistas quienes somos el eslabón más débil de la cadena consorcial. Deben recordar que el 80% de los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) habitamos en edificios en propiedad horizontal.

De aprobarse esta modificación de la Ley 941 nos preguntaremos "a quién le podremos entregar con confianza la administración de nuestros bienes".

Creemos que la desinformación del legislador Leonardo Saifert lo llevó a presentar el proyecto de marras porque no se puede comparar una profesión liberal como es la de abogado, contador, etc. con la actividad del administrador de consorcios porque como dice el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC) son "mandatarios" siendo su mandante el consorcio de propietarios.

Es de recordar que los administradores "gerencian" dineros de terceros de allí que los controles que pretenden anular son tan necesarios.

Hace tiempo que los administradores sueñan con la creación de un colegio cosa que iría contra nuestras propias decisiones, vulnerando tal vez el derecho de propiedad de los consorcistas.

Es de esperar que los legisladores porteños apliquen la razonabilidad a la hora de votar y lo hagan en contra del proyecto citado. Además los exhortamos -como lo hizo el Dr. David Loisi- a votar en tal sentido o sea a favor de los legítimos derechos de los consorcistas.

Atte

Hola Karina!!!!! 

¡¡¡Cómo no nos vamos a acordar de vos!!! ¡¡¡El único problema es que también recordamos todo el tiempo que ha pasado!!! (¡¡¡Nos vamos haciendo viejos... ja, ja, ja!!!)

Entiendo que esta suplencia la informaron ante el Seclo para que no se haya transformado en una relación permanente ya que era una suplencia por enfermedad. Teniendo en cuenta esto, deberías liquidar:

1) Sueldo hasta el día trabajado.

2) SAC proporcional al tiempo trabajado.

3) Vacaciones no gozadas.

4) SAC sobre vacaciones no gozadas.

Salvo que haya habido algún otro detalle en el medio que no conozco, esto debería ser todo.

¡¡¡Un saldo enorme para vos y tu familia!!!!

Hola Silvia:

Son varias consultas y necesitaría mucha más información para que mi respuesta sea sólida. De todas formas te haré algunos comentarios como para que tengas en cuenta.

1) Las vacaciones no se pueden trabajar. El trabajador las tiene que tomar para poder descansar y afrontar el nuevo año con sus fuerzas tanto físicas como mentales renovadas. Si el edificio no tiene el dinero suficiente se debería recaudar más el mes anterior a las vacaciones para afrontar este costo o haberlo previsto con anterioridad y recaudarlo en más de un mes.

Con respecto a qué es más económico no puedo decírtelo porque no tengo suficiente información, pero te repito que la ley no permite que el trabajador trabaje sus vacaciones.

2) La ley no prohibe que el hijo sea el ayudante. 

3) Serían 78 unidades más las cocheras y los espacios guardacoches. No me queda clara la pregunta, pero nada impide que tengan un ayudante de media jornada. Acá lo que no me queda claro es el porqué de la pregunta ya que ésta puede hacer que la respuesta cambie. 

Un saludo grande

¡Hola Marcela! 

Siempre que hablamos de períodos hacemos referencia al mes que se está liquidando, nunca el mes en que se paga. La Resolución 1365/2022 homologó 6 bonos remunerativos y proporcionales que comienzan a abonarse con los haberes correspondientes al mes de agosto.

En la nota llamada "Sin novedades en julio, pero en agosto..." nos adelantamos un poco y explicamos cómo calcular la proporcionalidad en los casos de suplentes o de jornalizados. Se deberá tomar el valor del bono, dividirlo por 200 horas y luego multiplicarlo por la cantidad de horas trabajadas.

En el caso de agosto el valor de la hora será de $60 ($12000/200).

Un saludo grandote.

¡Hola Juana! 

Hay que ser muy cuidadoso cuando se leen las noticias en los medios de comunicación masivos. Hay que ir a la fuente -siempre que la informen- para saber realmente el detalle de lo que están informando.

En la nota llamada "Se acordaron siete bonos consecutivos hasta febrero" del boletín de Pequeñas Noticias, se explica en detalle el logro del sector. La Resolución 1365/2022 homologó el acuerdo el 7 de julio pasado y éste otorgó a los trabajadores siete bonos por un total de $134000 según el siguiente cronograma:

Esta tabla significa que en el recibo del mes de agosto habrá un nuevo ítem de $12000 o proporcional al tiempo trabajado que se repetirá en septiembre. En octubre y en diciembre ese bono será de $18000, en diciembre 2022 y en enero de 2023 será de $24.000 y finalmente en febrero será de $26000.

Es un bono remunerativo y proporcional al tiempo trabajado.

Un saludo grandote.

Hola Mauro:

El bono - homologado por la Resolución 1365/2022- es remunerativo además de proporcional al tiempo trabajado por lo cual impactará en el valor de las horas extras. 

El acuerdo aclarar que no modifica los adicionales pero al ser remunerativo sí modificará las horas extras.

Un saludo grandote.

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