Ahora casi todos los consorcios son generadores especiales

[BPN-15/09/22] Se develó que el Gobierno de la CABA –a los efectos de las multas- pretende incluir a todos los consorcios de propietarios en los que trabaje un encargado de edificio como Generadores Especiales de Residuos Urbanos y no sólo a aquellos que posean más de 40 unidades funcionales como establece la ley.

Así surgió gracias a la apelación judicial que opuso un administrador de consorcios solicitando la inconstitucionalidad de una multa que le realizó la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor por no disponer dos recipientes por piso diferenciados y claramente señalizados de residuos húmedos (negros) y secos (verdes) en un edificio de 21 unidades funcionales [1] que contaba con un encargado que cobraba el plus por "clasificación de residuos".

Es más, amplió su argumento explicando: "Nótese lo absurdo de la norma en los hechos, ya que un edificio de menos de 40 unidades que prescindiera de encargados y contratara una empresa de limpieza para retirar sus residuos no abonaría el adicional por no tener empleados bajo el Convenio Colectivo 589/10 y por ende no estaría incluida dentro de la categoría de Generador Especial de Residuos Sólidos".

Sintetizó la lógica de su apelación reafirmando: "En los hechos se termina considerando a un edificio de menos de 40 unidades como Generador Especial de Residuos Sólidos por el sólo hecho de tener encargado encuadrado en el CCT 589/10 y no por generar de hecho más residuos sólidos, lo que es absurdo y contrario al fin perseguido por la norma, tratar de diferenciar aquellos grandes generadores de residuos de aquellos pequeños".

Finalmente sentenció: "Por más que se le pague el encargado un adicional por separar residuos y llevar los mismos al contenedor ubicado en la vía pública esto no altera en lo sustancial el carácter de generador de residuos de un edificio de menos de 40 unidades, determinación que como dijimos es taxativa y legal y sólo puede ser modificada por la norma que le dio lugar".

El 8 de septiembre el letrado de la administración presentó la apelación judicial en la Sala IV de la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo (CATyRC) cuyos titulares son la Dra. Laura Alejandra Perugini (Presidenta) y la Dra. María de las Nieves Macchiavelli Agrelo.

Esta última jueza es hermana del Secretario de Asuntos Estratégicos, Eduardo Macchiavelli. Según el nuevo organigrama del GCABA, Defensa del Consumidor –repartición que emitió la disposición sancionatoria que se está apelando- es su "dependiente funcional".

Según el inciso b) del artículo 13º de la Ley 1.854/05 se consideran "Generadores Especiales de residuos sólidos" a los: "edificios sujetos al régimen de la propiedad horizontal que posean más de cuarenta (40) unidades funcionales".

El inciso b) artículo 14º de esa misma ley impone a este grupo "separar y clasificar correctamente los residuos en origen. La autoridad de aplicación arbitra los mecanismos necesarios para el transporte de los residuos sólidos secos hacia los centros de reciclado o reducción otorgando prioridad a las cooperativas de recicladores urbanos".

Sin embargo, la Resolución 454 de 2021 modifica la ley 1.854 de la ciudad y agrega que "se entienden como Generadores Especiales de RSU [Residuos Sólidos Urbanos] a los establecidos en el artículo 13º de la Ley N° 1.854 y a los "edificios sujetos al régimen de la propiedad horizontal cuyos empleados perciban el adicional por el depósito de RSU en los recipientes reglamentarios y su correcta disposición, previsto en el Acta Acuerdo homologado por Resolución N° 243-SSTR/13" (inciso "c" del punto 5.2 del artículo 5º de artículo 13º del Anexo 1 de la Resolución 454).

O sea que, como el mencionado adicional lo perciben –vía paritarias- la mayoría de los trabajadores en relación de dependencia de los consorcios se termina considerando como generador especial de residuos sólidos a todo aquel consorcio que tenga menos de 21 unidades funcionales y tenga encargado de edificio.

Ya definido cuáles consorcios son considerados generadores especiales y cuáles no, el inciso a) del artículo 6º de esta Resolución ordena que es su obligación "disponer dentro de su establecimiento o propiedad la cantidad necesaria de recipientes para garantizar la correcta disposición de cada fracción de RSU de forma diferenciada. Para los espacios de acceso público dichos recipientes deben estar claramente señalizados de conformidad con lo establecido en el artículo 4° y ser accesibles, a fin de garantizar la calidad del material y evitar la mezcla de RSU".

Por último, establece que ésta es una obligación del administrador: "En el caso de establecimientos comerciales, corporativos y/o industriales, son los propietarios y/o los administradores los encargados de arbitrar las acciones necesarias para dar cumplimiento a la presente medida. En el caso de edificios sujetos al régimen de propiedad horizontal, lo es la administración del consorcio...".

Habiéndose establecido que la disposición de dos recipientes diferenciados es obligación del administrador y desde el punto de vista normativo del Gobierno porteño, interviene Defensa del Consumidor porteño y establece que esa falta es una infracción al inciso b) del artículo 9º de la Ley 941 (Registro Público de Administradores) y le aplica una multa por incumplir la segunda obligación de un administrador: "Atender a la conservación de las partes comunes y realizar las diligencias pertinentes para el cumplimiento de la normativa vigente resguardando el mantenimiento edilicio e infraestructura, instalaciones, sistema de protección contra incendio, higiene y seguridad y control de plagas...".

Actualmente el Registro Público de Administradores (RPA) porteño está coordinado por Diego Sarrabayrouse, depende de Defensa y Protección del Consumidor cuya directora general es Vilma Bouza y cuyo superior directo es desde el 1º de agosto de 2021 Julia Domeniconi, secretaria de Atención y Gestión Ciudadana y –como ya se adelantó- es dependiente funcional de Macchiavelli, Secretario de Asuntos Estratégicos

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Comenzaron las multas por falta de recipientes diferenciados

En general, la imputación fue por infracción al inciso b) de la Ley 941 que reza que es obligación del administrador: "Atender a la conservación de las partes comunes y realizar las diligencias pertinentes para el cumplimiento de la normativa vigente resguardando el mantenimiento edilicio e infraestructura, instalaciones, sistema de protección contra incendio, higiene y seguridad y control de plagas. Asimismo, proveer el cuidado del agua potable conforme al ordenamiento vigente".

O sea que –en sus palabras- "la precitada imputación se efectuó de oficio toda vez que no se habría atendido a la conservación de las partes comunes del edificio administrado, en especial, en lo relativo a resguardar la higiene, en incumplimiento de la normativa vigente".

Es de destacar que al ser consideradas infracciones a la Ley 941, son tenidas en cuenta para el cómputo de reincidencias y sus multas se expresan en unidades fijas (uf) cuyo valor este año está fijado en $45,20.

Sin embargo, sobre este último punto, llamó la atención a la redacción de Pequeñas Noticias que –sin ser reincidentes- por la misma falta a nueve administradores se los sancionó con 800 uf ($36.160) y a otros seis con sólo 500 ($22.600). En los tres casos restantes –administradores reincidentes- la multa trepó a 1.100 uf ($49.720).

En general las multas se publicaron un mes y diez días luego de su firma. El tiempo mínimo fue de un mes y el máximo de un mes y medio.

Ante esta novedad, la redacción de Pequeñas Noticias solicitó a Defensa y Protección del Consumidor que informe "las disposiciones sancionatorias de oficio ordenadas contra administradores de consorcios en el marco de la Ley 941 por infracciones a la Resolución 454-MEPHUGC-2021 (recipientes diferenciados para residuos húmedos y secos) durante el primer semestre de este año detallando fecha, número de disposición e importe".

La solicitud fue aprobada el 7 de septiembre y la respuesta debería estar disponible el 30 de este mes (15 días hábiles)

Buscan que los administradores adjunten copia de pagos a la AFIP

[BPN-15/09/22] El pasado 16 de agosto tres legisladores del Frente de Todos presentaron un proyecto de ley que obligaría a los administradores porteños a proporcionar en las liquidaciones de expensas mensuales copia de los pagos realizados ante la AFIP, ANSES y la cuota sindical.

Buscan también que en caso de ser removidos de un consorcio deban presentar de ese edificio un libre deuda de cada uno de esos tres organismos y ampliar el tiempo de prescripción de las sanciones de tres a cinco años

Para lograr este objetivo proponen modificar tres artículos de la Ley 941 (Registro Público de Administradores porteño).

Los autores proponen agregar al artículo 10º (contenido de las liquidaciones de expensas) un inciso l) que reza:

Al artículo 13º de la Ley 941 (duración del mandato) y de ser aprobado se le agregará un párrafo que ordena:

Por último, proponen modificar el artículo 22º que trata sobre las prescripción de las acciones y sanciones cometidas por el mandatario ampliándola de tres años a cinco excepto cuando se trate de deudas con la AFIP, ANSES y la cuota sindical que no prescribirían nunca. Textualmente establece:

A la redacción de Pequeñas Noticias le llamó la atención que -a la hora de fundamentar el proyecto- los legisladores utilizaran los mismos argumentos que en general se usan para denegarle la colegiatura a la actividad.

En general se considera que para que los mandatarios puedan obtener la colegiatura la actividad debía evolucionar hacia una profesión y para lograr este objetivo se armaron algunas carreras universitarias. Sin embargo, los legisladores argumentaron:

Retomando y puntualmente con respecto al tema del que se ocupa la iniciativa explicaron:

Los legisladores subrayaron que ante cualquier incumplimiento será el consorcio quien deba pagar:

Criticaron al sistema judicial y a su capacidad como herramienta para resolver problemas consorciales:

Por último, –sin nombrarlo- se expidieron sobre el proyecto de Leonardo Saifert (La Libertad Avanza) que busca que los administradores condenados en sede penal por delitos relacionados con la administración, los concursados y quebrados y los deudores alimentarios puedan volver a inscribirse en el RPA porteño [1]:

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Descendió levemente la cantidad de sanciones

[BPN-15/09/22] Durante el primer semestre de este año la cantidad de disposiciones sancionatorias ordenadas contra administradores de consorcios por infracciones a la Ley 941 (Registro Público de Administradores porteño) descendió levemente (-2,45%) con respecto al mismo período del año pasado.

Sin embargo, el monto total de las multas en pesos de los primeros seis meses del año aumentaron un 41,81% y esos valores traducidos a dólares subieron un 17% [1].

Hasta ahora, de las 238 sanciones dispuestas este semestre sólo 36 (15,13%) fueron publicadas en el Boletín Oficial.

Del desarrollo de las disposiciones sancionatorias desde enero se observa que -si bien en junio fue el mes que más sanciones se ordenaron- en enero fue el mes que más se recaudó por este concepto.

Se advierte que no sólo bajaron las disposiciones sancionatorias sino que también decrecieron los apercibimientos y las disposiciones exculpatorias.

Actualmente el RPA porteño está coordinado por Diego Sarrabayrouse, depende de Defensa y Protección del Consumidor cuya directora general es Vilma Bouza y cuyo superior directo es desde el 1º de agosto de 2021 Julia Domeniconi, secretaria de Atención y Gestión Ciudadana

Tetaz propone atar a un índice los aumentos de los encargados

[BPN-15/09/22] El pasado 10 de agosto el diputado nacional Martín Alberto Tetaz (Evolución Radical) presentó un proyecto de ley para que los aumentos salariales a los encargados no puedan superar al promedio de los aumentos a los jubilados y el índice salarial RIPTE en el caso de que sean las entidades de administradores quienes representen al sector empleador.

En los fundamentos de su iniciativa el diputado explica su intención: "Desde hace años que no se cumple por alguna razón u otra, con la representatividad plena de los propietarios de departamentos en las paritarias de los encargados de edificios regulados por la Ley 12.981 (Estatuto del encargado) y sus modificatorias".

Para lograr su objetivo propone modificar el artículo 19º de la mencionada Ley 12.981 a la que únicamente se le agregaría –de ser aprobada- el siguiente párrafo:

Aclaró también la razón por la que eligió atar una mitad de los aumentos en paritarias a los incrementos que reciben los jubilados: "El universo de propietarios e inquilinos de unidades funcionales cuenta, en general, con un gran número de jubilados, quienes deben afrontar aumentos anuales de las expensas en forma totalmente discrecional que nada tienen que ver con su realidad económica".

El diputado aclaró que -ante la dificultad de encontrar una representación nacional para negociar paritarias en su nombre- delega en los "concejos de administración" de cada edificio la potestad de mejorar a sus trabajadores los aumentos acordados en paritarias: "En el universo de unidades funcionales afectadas a la propiedad horizontal se ha hecho difícil encontrar una representación en forma de una asociación, razón por la cual las paritarias solo cuentan con representantes de los encargados y no de los "empleadores" en forma directa, sino con la intermediación de los administradores de edificios. Es por ello por lo que se introduce en la norma la posibilidad de que cada Concejo de Administración pueda aumentar, si está en sus posibilidades los límites establecidos en el proyecto de ley.

La Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) es la remuneración promedio sujeta a aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que perciben los trabajadores que se encuentran bajo relación de dependencia y que han sido declarados en forma continua durante los últimos 13 meses.

Las variaciones de la RIPTE intervienen en el cálculo de la movilidad jubilatoria del Régimen General del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y en el cálculo de las indemnizaciones por accidentes de trabajo.

El ‘Índice Tetaz’ no cambiará significativamente los aumentos

[BPN-15/09/22] La aplicación de la fórmula de actualización de salarios para los encargados de edificios que propone Martín Alberto Tetaz (Juntos por el Cambio) no representaría un cambio significativo con respecto a la actual dinámica de aumentos que el sector viene recibiendo hasta ahora. Así surgió de una investigación que realizó la redacción de Pequeñas Noticias.

El medio analizó los aumentos salariales que recibieron los encargados de edificios desde enero de 2017 hasta junio de este año (65 meses) y lo contrastó contra los que hubieran recibido de haberse aplicado la fórmula que propuso el diputado nacional en su proyecto de ley.

Tetaz propuso que los aumentos a recibir en paritarias por los encargados de edificios -en el caso de que sean las entidades de administradores quienes representen al sector empleador- no puedan superar al promedio de los aumentos a los jubilados y el índice salarial RIPTE.

O sea que –en concreto y para llamarlo de algún modo- el "Índice Tetaz" estaría compuesto en un 50% por los aumentos a los jubilados y en un 50% por el aumento del índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) de los últimos 12 meses (variación interanual).

En la búsqueda de una respuesta a la pregunta: de aprobarse la iniciativa, ¿cómo incidirá esta fórmula en los aumentos que recibirán los encargados de edificios? La redacción de Pequeñas Noticias calculó cómo hubiera afectado los aumentos salariales desde enero de 2017 hasta ahora en caso de haber sido aprobada su iniciativa por aquellas fechas.

Para realizar los cálculos el medio dispuso de los datos históricos –mes a mes- del haber mínimo de las jubilaciones, de la variación del índice RIPTE y de las escalas salariales de los encargados de edificios. Hubo una sola limitación y es que el Estado nacional tiene actualizado el índice RIPTE sólo hasta junio de este año.

A modo de ejemplo, en enero de 2017 la variación interanual (los últimos 12 meses) del haber mínimo de un jubilado [1] fue del 31,68% y el 50% de este valor es de 15,84%.

Por otra parte, la variación interanual del índice salarial RIPTE fue de 33,02% y la mitad de este número es de 16,51%.

La suma de estos dos porcentajes da como resultado un 32,35% y ese sería el Índice Tetaz de ese período.

Finalmente, en enero de 2016 en promedio [2] la escala de salarial de los encargados de edificios estaba en 10.026 pesos mensuales y en enero de 2017 en 14.037 pesos. Eso representó un aumento interanual de un 40%.

O sea que en ese mes la aplicación del "Índice Tetaz" hubiera representado para las escalas salariales de los encargados una "pérdida" de 7,65 puntos porcentuales.

Realizando estas mismas operaciones, durante 65 meses se fue obteniendo cómo evolucionaron los aumentos de las escalas salariales y cómo se hubieran desarrollado de aplicarse el Índice Tetaz.

El gráfico que ilustra esta nota muestra claramente lo expuesto a lo largo del tiempo y se ve con claridad que en promedio no hubieran introducido ningún cambio significativo en las escalas salariales. Es más, en los 65 meses estudiados hubieran mejorado los ingresos de los encargados en casi un 1% (0,84%).

Si a estos dos indicadores les agregamos la variación por la inflación se puede observar que tanto las variaciones de las escalas salariales acordadas sin techo, como las que hubieran sido según el Índice Tetaz hubieran perdido contra la inflación más de un 6% (-6,42%)

La Lista Bordó rechazó el proyecto de Tetaz

Explicó al diputado que el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) "fue uno de los que cerró paritarias muy por debajo del índice de inflación y el que peor porcentaje tuvo en relación a otros sindicatos".

Por otra parte, señaló: "Queremos pensar que el señor Tetaz desconoce la legislación o está mal informado ya que los propietarios no pueden participar de las paritarias porque no son los empleadores. El empleador es el consorcio (persona jurídica) y su representante legal es el administrador. La relación laboral existe entre el empleado y el empleador -que es el consorcio- quien le paga el sueldo [al trabajador y] no los propietarios. En nuestra legislación existe lo que se llama "Personalidad diferenciada" y está definido en el Art. 143º del Código Civil y Comercial que dice "la persona jurídica tiene una personalidad distinta de la de sus miembros".

Agregó también que "esta medida atenta contra los derechos del trabajador y es impertinente, absurda e insultante a nuestro servicio. Comprendemos y estamos de acuerdo que los jubilados deben percibir una mejor y mayor remuneración por los años de servicios aportados y por el simple hecho de ser ancianos. Así mismo, somos conscientes que la patria está en peligro y es necesario tomar medidas para salvarla. Pero esto no es culpa de los trabajadores de edificios, el aumento de expensas y servicios no es responsabilidad del obrero ya que somos afectados directamente como todos los habitantes de la nación que a diario padecemos los excesivos aumentos en góndolas y debemos afrontar otras tareas para llegar a fin de mes y que no nos sobre días al final del sueldo".

Por último, cuestionó las verdaderas intenciones tanto de diputado que presentó el proyecto como de la conducción del SUTERH que se llamó a silencio: "Surgen dudas sobre el verdadero espíritu de esta reforma que plantea el economista y el interbloque de JxC y aún más dudas el silencio que brilla por su ausencia de parte del oficialismo de SUTERH".

Es de recordar que la Lista Bordó encabezada por Jorge Bustos se presentó en el SUTERH el 31 de agosto de 2021 para participar en las elecciones de esa entidad gremial que se debían realizar a fines de octubre de ese año.

Al día siguiente -el 1º de septiembre- la Junta Electoral del SUTERH (integrada por miembros del oficialismo) la impugnó aduciendo que no cumplieron con lo establecido en tres artículos del Estatuto Social que el SUTERH no les proporcionó a pesar de que lo solicitaron en numerosas oportunidades en forma verbal y por carta documento [1].

El 30 de octubre se realizaron elecciones en el SUTERH para ‘elegir’ a Víctor Santa María (lista única) su secretario general por cuatro años más [2]

Zulberti le pidió a la Legislatura que Bouza de explicaciones

[BPN-15/09/22] El pasado 18 de agosto Andrés Zulberti, coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3, solicitó al presidente de la Comisión de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Legislatura porteña que pida a la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC) que explique los motivos de las contradicciones existentes entre dos informes que produjo sobre las denuncias que realizaron los vecinos porteños durante el primer semestre de este año.

Zulberti explicó que en ambos casos informaron el total de denuncias mes a mes. En la respuesta de DyPC se discriminaron las denuncias por infracciones a la Ley 24.240 (Defensa del Consumidor) y la Ley 941 (Registro Público de Administradores) pero en el informe del SIDEC los totales mensuales incluyeron las denuncias contra administradores. Por otra parte, en los dos informes los rubros más denunciados se expresaron como un porcentaje de cada total aunque con discrepancias inexplicables:

1.- La suma total de los porcentajes de los "rubros más denunciados" no suman el 100%. En el caso del informe del SIDEC falta el 21% de los casos y en la respuesta de la DGDyPC el 16,99%. Para tener una idea de la magnitud de lo omitido, ambos porcentajes superan al "rubro más denunciado".

2.- Son diferentes los porcentajes de los rubros más denunciados que informaron el SIDEC y la DGDyPC. A modo de ejemplo el rubro más denunciado "servicios financieros" para el SIDEC representó el 19% de los casos y para la DGDyPC el 16,32%. En la siguiente tabla se pueden aprecias las diferencias entre lo informado por el SIDEC y por DyPC:

3.- EL SIDEC no informó en "los rubros más denunciados" las recibidos por infracciones a la Ley 941 (administradores de consorcios) aunque previamente las había sumado al total de denuncias recibidas.

4.- La DGDyPC no informó en los "rubros más denunciados" las recibidas bajo el concepto de "electrodomésticos" a pesar que en el informe del SIDEC está en 4º lugar.

A pesar de que el Sistema de Información de Denuncias de Consumidores porteño fue creado por la Legislatura porteña el 13 de diciembre de 2010 mediante la sanción de la Ley 3.678 (BO: 11/02/11) recién ahora -durante el segundo semestre de este año- Defensa del Consumidor publicó su primer informe.

El objetivo de este organismo es "sistematizar información y emitir informes sobre las denuncias realizadas, para facilitar la evaluación del desempeño de las empresas proveedoras de bienes o prestadoras de servicios de la CABA por parte de los consumidores y usuarios y publicarlos" (artículo 2º).

Los informes que publica el SIDEC deben contener "los datos que la Ley 757 (BOCBA N° 1.432) y su reglamentación establecen respecto de las denuncias que se realizan como así también: la fecha de presentación de la denuncia; lugar en el que se realiza tema que motivo la misma; razón social del proveedor denunciado y/o su nombre de fantasía y/o comercial y/o aquel con el que fuese públicamente conocido; informe de la DGDYPC; y toda otra información que la DGDYPC considere útil para los consumidores y usuarios de la CABA" (artículo 4º).

La autoridad de aplicación de esta ley y sede del SIDEC es la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la CABA o del órgano público que se designe (artículo 11º).

Actualmente el Registro Público de Administradores (RPA) porteño está coordinado por Diego Sarrabayrouse, depende de Defensa y Protección del Consumidor cuya directora general es Vilma Bouza y cuyo superior directo es desde el 1º de agosto de 2021 Julia Domeniconi, secretaria de Atención y Gestión Ciudadana

La IGJ confirmó que Mercedes García es la presidenta

[BPN-15/09/22] El pasado 25 de agosto la Inspección General de Justica (IGJ) confirmó formalmente a Pequeñas Noticias que la presidenta de ADEPROH (Asociación Civil de Defensa al Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal RA) es María Mercedes García e informó a la redacción del medio la composición de la comisión directiva actual de la entidad.

Así respondió a un pedido de información pública que realizó Pequeñas Noticias el pasado 14 de julio a la IGJ solicitándole que -entre otras cosas- informe quiénes son las autoridades de la entidad y la dirección de su sede social lo que generó el expediente Nº EX-2022-72075683- -APN-DRNS#IGJ.

Es de recordar que el 13 de julio pasado Jorge Resqui Pizarro y Diego Javier Gallione mediante carta documento habían exigido a Pequeñas Noticias que "rectifique" que las nuevas autoridades de ADEPROH son el mencionado Resqui Pizarro (presidente), Sergio Abrevaya (vicepresidente) [sic], y Gallione (secretario).

Para sustentar esa exigencia, argumentaron que el 30 de abril organizaron una asamblea en la que se eligieron esas nuevas autoridades.

Sin embargo –ese mismo sábado- en la sede histórica de la entidad se realizó la asamblea anual ordinaria en la cual fue ratificada la Sra. García como presidenta por los siguientes cuatro años y que ese mismo día lo comunicaron a la opinión pública mediante una circular institucional.

La redacción de Pequeñas Noticias entendió que el juez natural de este conflicto es la Inspección General de Justicia y generó el pedido de información pública mencionado.

Por otra parte, al medio le sigue llamando la atención que Abrevaya desde abril –un mes antes de esa polémica asamblea- y hasta el momento de redactar esta nota no haya dedicado ni un solo posteo en sus redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter) a su elección como vicepresidente de esa entidad de consorcistas.

Es importante reiterar que fue una sorpresa para este medio enterarse que Abrevaya y Resqui Pizarro estaban asociados a ADEPROH desde hacía como mínimo un año, una condición que aparece como ineludible en el Estatuto de la entidad para que un socio pueda ser nombrado miembro de la comisión directiva.

Otro tema que llamó mucho la atención y que es digno de destacar es que Abrevaya (diputado nacional por el GEN y cuyo referente es Margarita Stolbizer) desde el 31 de marzo (un mes antes de las cuestionadas elecciones) hasta el 26 de agosto sigue sin publicar ni en su página Facebook ni en su cuenta en Twitter ni en la de Instagram ninguna referencia a ADEPROH: ni que se iban a realizar elecciones, ni que fue nombrado vicepresidente, ni ninguna otra información relacionada con su nombramiento en la comisión directiva de la entidad.

Ana María Huertas le pidió audiencia a Kicillof

[BPN-15/09/22] El pasado 30 de agosto, la presidenta de la Asociación de Consorcistas de la Propiedad Horizontal de Mar del Plata (ACoPH), Ana María Huertas, le solicitó al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, una audiencia para buscar el modo de que se pueda reglamentar la Ley 14.701 (Registro Público de Administradores de Propiedad Horizontal de la Provincia) de la que fuera su principal impulsora.

La solicitud fue ingresada por mesa de entradas de la gobernación bajo el número de expediente EX-2022-28675829-GDEBA-SSLYTSGG y está previsto que sea analizada por la Subsecretaría Legal y Técnica de la Secretaría General de Gobierno y el Ministerio de Producción.

Es de recordar que esta ley fue sancionada el 17 de diciembre de 2014, promulgada el 3 de febrero de 2015 y publicada en el Boletín Oficial el 18 de marzo de 2015, y que -si bien algunos artículos de esa Ley se encuentran vigentes- es imprescindible contar con su reglamentación completa para su correcta aplicación.

La Sra. Huertas le explicó al Gobernador: "Esta reglamentación es sumamente esperada. A modo de ejemplo solamente en nuestro Municipio de Gral. Pueyrredón contamos aproximadamente con más de 3.500 edificios de propiedad horizontal habitados en su mayoría de adultos mayores que en la actualidad merecen de una herramienta que defienda y respalde su derecho a una propiedad que llevó años obtener y el correcto mantenimiento de sus edificios".

Este mes Awad inauguraría su entidad de consorcistas

El Dr. Eduardo Awad [Foto archivo Pequeñas Noticias]

[BPN-15/09/22] El pasado 1º de septiembre el Dr. Eduardo Awad anunció que este mes estaría inaugurando la Asociación de Propietarios, Consorcios y Consorcistas de la RA (APCCRA) que la Inspección General de Justicia (IGJ) le aprobó a fines de mayo [1]. Develó que el atraso de debió a un problema de salud del cual ya está terminando de salir.

Señaló que su objetivo prioritario es tramitar la participación de su entidad en las negociaciones paritarias. Denunció que "las paritarias que se celebran actualmente son para la tribuna. Son simplemente un teatro en el cual están todos de acuerdo y hacen ver como que no están de acuerdo".

Sobre este tema adelantó: "Necesitamos muchos socios para representar a muchos consorcistas y ser una organización importante para hacer fuerza en la mesa de negociación paritaria y para que el Ministerio de Trabajo se dé cuenta -de acuerdo a la cantidad de gente que tengamos en la asociación- qué es lo que tiene que homologar y qué es lo que no tiene que homologar".

Anticipó que brindará a los asociados cursos relacionados con la propiedad horizontal y con el control a los administradores. También informó que está firmando acuerdos con comercios para que los asociados a su entidad reciban descuentos y beneficios en comercios y mencionó un restaurante, una parrilla y una agencia de automotores.

Esta información la brindó en el marco de una entrevista que le realizó el 1º día de este mes Mario Nacinovich, conductor del programa "La bisagra" que se emite todos los jueves a las 20 hs. por Eco Medios (AM 1220).

Días después, el jueves 8, reiteró por Facebook y WhatsApp que en pocos días inaugurará su entidad de consorcistas e informó: "Quiero tener la mayor cantidad de socios posibles para tener fuerza y defender los derechos de los consorcistas frente a quien sea. Y cuando digo frente a quien sea digo frente a cualquier gobierno, sindicato o proveedores y todo aquel que quiera atacar los derechos de los propietarios u ocupantes".

Así se desinforma (y así se miente) en propiedad horizontal

Para evitar confusiones conviene aclarar que en realidad en el marco de las negociaciones paritarias usuales y habituales que mantiene la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERyH) con las tres entidades de administradores que representan a los empleadores (AIERH, CAPHyAI y UADI) se acordó que los trabajadores de los consorcios recibirán desde agosto de este año 7 bonos remunerativos según la tabla adjunta.

Ese acuerdo paritario se homologó –tal cual está establecido - por el Ministerio de Trabajo dos días después -el 7 de julio- mediante la Resolución 1.365 [2].

Sin embargo, m1 tituló su nota: "ANSES: Bono de $18 mil de octubre confirmado".

No parece ser necesario recordar que al tratarse de una paritaria firmada y homologada no había nada que confirmar ya que este dato se conoce desde mediados de julio.

No es de extrañar que no pudieran publicar mediante que decreto, resolución o disposición el ANSES se ordenaron estos bonos porque atribuyeron a una disposición del ANSES lo que se pactó en paritarias.

O sea que esa recomposición salarial en lugar de ser pagado por los consorcistas de cada edificio (los empleadores) sería pagado por el Estado. O sea sería un subsidio directo a los consorcios de propietarios. En otras palabras, el Estado le negó a los consorcios mantener los subsidios en los servicios (luz, gas y agua) pero se los otorgó 8 mil millones de pesos para bajar el costo laboral. ¿Suena raro, no?

Sin embargo, no se trató de un lapsus, a continuación y en el lugar más destacado de la nota (copete) explicaron: "Se trata del pago de la tercera cuota (de siete en total) de un súper bono de ANSES por 134 mil pesos que los trabajadores terminarán de cobrar en febrero próximo".

No es lo mismo que el Estado –con el dinero de todos los contribuyentes- otorgue un bono a un sindicato específico, a que empleadores y trabajadores de un sector cierren un acuerdo salarial. Llama la atención que ni al periodista que redactó esta nota ni a sus editores jefes les hizo ruido que el Estado por intermedio del ANSES le otorgara un bono (el mencionado subsidio) a los trabajadores de un gremio para compensar la depreciación de sus salarios a causa de la inflación.

En números y para dar una idea de la magnitud del desaguisado, lo que Minuto Uno en realidad dijo es que el ANSES sacaría de sus arcas 8.040 millones de pesos (58 millones de dólares) [3] para subsidiar a los consorcios de propietarios que son quienes –como todos los empleadores- hubieran debido afrontar ese gasto.

Tampoco le hizo ruido que ese subsidio estatal –según ellos- fuera a beneficiar al gremio cuyo titular es justamente Víctor Santa María con todo lo que eso implica por su desempeño gremial, político y -desde hace unos años- como empresario de medios. Eso sólo es una primicia de nivel nacional, independientemente de la cantidad de cuotas y montos del subsidio. Aparte, ¿por qué al gremio de Santa María y no al de Moyano o al de cualquier otro gremialista?

Al periodista nada de todo esto le hizo ruido.

Es de suponer que alegremente buscó en Google alguna mención sobre el tema y con los retazos encontrados armó una nota que desinformó a 60 mil encargados, dos millones de consorcistas y más de 7 mil administradores. Probablemente luego le contó a su jefe que terminó la nota, éste le dijo que no se preocupe y sin mirarla la publicaron.

En general, de esa misma forma se comunican los aumentos de expensa, la mora en su pago y otros datos importantes para la propiedad horizontal. La clave es que en ninguna de esas informaciones se ofrecen fuentes confiables para que se las pueda verificar.

En lugar de eso se acostumbra comunicar como datos duros sensaciones, creencias y percepciones en la esperanza de que nadie se dé cuenta.

Ya nos ocupamos alguna vez de este tema y nos volveremos a ocupar.

Minuto Uno

MinutoUno.com o Minuto Uno también conocido como M1 es un portal de Internet argentino orientado a la publicación de noticias; incluye información de espectáculos, deportes, tecnología entre otros. 

Fue fundado en octubre de 2006 por Carlos Miguens y Samuel "Chiche" Gelblung y fue dirigido por este último hasta 2011 cuando lo vendió al Grupo Indalo. 

Es uno de los diarios en línea más visitados de Argentina.

Desde agosto de 2014, el canal C5N emite el programa Minuto Uno, haciendo referencia a la citada página web. 

El programa es conducido por Gustavo Sylvestre, junto a panelistas como Juan Amorín, Irina Hauser, David Cufré y Pedro Brieger. 

Desde 2019, es considerado el programa más visto de las señales de cable de Argentina

Se multiplican los conflictos en Página/12

[BPN-15/09/22] El pasado 20 de agosto los trabajadores de Página/12 decidieron dos medidas de fuerza gremiales: por una parte mantener el cese de tres horas en sus tareas diarias para que el Grupo Octubre (GO) garantice que ningún sueldo de sus trabajadores esté por debajo de la línea de pobreza y por otra realizar un paro de 24 hs. en repudio a la decisión del Grupo Octubre de promover y premiar conductas antisindicales.

El día anterior Víctor Santa María -titular del SUTERH [1] que a su vez es propietario del Grupo Octubre- en conversación radial con Ernesto Tenembaum negó que en Página/12 se haya premiado a quienes no cumplieron con medidas de fuerza decididas en asamblea".

Por otra parte, provocó a los trabajadores de Página/12 afirmando que si cobran menos que los encargados de edificios es porque éstos "tienen un buen secretario general que los representa en la paritaria" [2].

Explicaron que durante el último mes el básico de un redactor estuvo 32.306 pesos por debajo de la línea de pobreza que el INDEC estableció en 111.297 pesos mensuales y "a un abismo de los salarios de 2016 cuando el grupo que encabeza Víctor Santa María compró Página/12".

Una semana antes, la Comisión Interna había informado que a fuerza de lucha y perseverancia había logrado "un aumento por encima de la mísera paritaria de prensa: una suma fija ($9.500) insuficiente frente a una inflación descontrolada pero significativa en términos gremiales (13% sobre el básico de redactor) en una actividad de empresarios arrogantes y ante una patronal siempre renuente a negociar con los delegados genuinos de sus empleados".

A continuación, denunciaron: "Junto con ese logro que el Grupo Octubre comunicó por escrito a todas y todos los que hacemos Página/12. En paralelo premió con un 10% de aumento adicional a quienes incumpliendo todas o algunas de las medidas votadas por la asamblea garantizan la salida del diario desde que iniciamos el plan de lucha. Esta decisión -por razones comprensibles- no se informó por escrito sino en una reunión con jefes y editores convocados ad hoc que encabezó el propio Víctor Santa María".

Finalmente resumieron: "Como trabajadores y trabajadoras de un diario que históricamente reivindicó los derechos humanos, incluidos los laborales, repudiamos esta práctica antisindical y degradante que contradice la prédica pública de sus editorialistas, columnistas y propietario. Que la cara visible de esta decisión sea además un dirigente sindical miembro de la CGT no hace más que agravar esa contradicción"

Los miembros paritarios se reunieron para clarificar puntos

[BPN-15/09/22] El pasado 9 de septiembre la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) aclaró que las sumas fijas mensuales remunerativas –conocidas como bonos- cuyo pago se extiende hasta febrero del año que viene deben ser consideradas para el cálculo de las horas extras, el Sueldo Anual Complementario (SAC) y las vacaciones aunque no inciden en los adicionales de convenio. Es de recordar que tampoco modifica el cálculo de la antigüedad porque ésta surge de la escala salarial.

Explicaron que ante la cantidad de consultas que recibieron sobre la interpretación de la aplicación de la suma fija mensual remunerativa acordada el 5 de julio y homologada el 7 de ese mes mediante la Resolución 1.365, los miembros paritarios que representan al sector empleador (AIERH, CAPHyAI y UADI ^[1]) y sus asesores laborales se reunieron con el fin de clarificar los puntos en duda que no están mencionados en dicho acuerdo.

Así lo informó la entidad mediante la Circular 57 que distribuyó entre sus asociados por correo electrónico

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Sin consecuencias prácticas para el contribuyente

[BPN-15/09/22] El pasado 16 de agosto la AFIP y el Ministerio de Trabajo ordenaron la Resolución Conjunta 5.249 que formaliza y ordena las obligaciones de los empleados a llevar el "Libro de Sueldos Digital" y emitir el Certificado de Trabajo exigido por el artículo 80º de la Ley 20.744 aprobado por la Resolución General N° 2.316 (AFIP).

Desde el punto de vista de los contribuyentes esta resolución conjunta no introduce novedades prácticas y se continúan realizando las diferentes tareas sin modificaciones ni en las formas ni en el cronograma de implementación del "Libro de Sueldos Digital" y la confeccion del certificado del artículo 80º. Es de recordar que estas obligaciones ya habían sido establecidas en resoluciones anteriores.

Desde el punto de vista normativo deja sin efecto la Resolución General Conjunta N° 3.669 (AFIP) y N° 941 (MTEySS) del 8 de septiembre de 2014 aunque aclaran que es "sin perjuicio de su aplicación a los hechos y situaciones acaecidas durante su vigencia".

Aumentos para septiembre, octubre y noviembre

Estos valores representarán un aumento con respecto al mes anterior del 6,98% en septiembre, del 6,54% octubre y del 6,14% en noviembre.

Se estima que en noviembre de este año a pesar de estas modificaciones el SMVM habrá perdido -3,16 puntos contra la inflación acumulada anual y -10,16 puntos contra los precios en la medición interanual.

Para todo el 2022 el aumento de salario Mínimo Vital y Móvil habrá recibido un aumento de un 80,94% de aumento mientras que la inflación proyectada por el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que estima el Banco Central de la República Argentina (BCRA) será de un 90,04%. Esto arrojará una pérdida de -9,10 puntos con respecto a la inflación proyectada.

La resolución que fue firmada el 24 de agosto llevó el número 11/2022 y fue firmada por Claudio Moroni, ministro de Trabajo Empleo y Seguridad Social en su carácter de presidente del Consejo Nacional del Empleo la Productividad y el Salario Mínimo, Vital Y Móvil.

Se reitera que como ninguna escala salarial de los encargados de edificios es inferior al SMVM, éste sólo es importante para la propiedad horizontal porque se utiliza en el cálculo de los montos inembargables de los sueldos.

Así fue establecido por el Decreto 484/87 del 26 de marzo de 1987 que reglamentó los artículos 120º, 147º y 147º de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744.

Este mes las escalas perderán en la medición mensual e interanual

[BPN-15/09/22] Este mes de septiembre el promedio de las escalas salariales de los encargados de edificios [1] perderá contra la inflación 6 puntos porcentuales con respecto al mes pasado y -18,91 puntos contra la medición interanual y ganará contra la acumulada anual 4,53 puntos.

En septiembre el promedio de las escalas salariales no se incrementará con respecto al mes pasado. Esto se debe a que no hubo variaciones en el bono de 12 mil pesos que se estipuló para agosto y septiembre y que aplica a todas las funciones y categorías proporcional a la jornada de trabajo. El acuerdo se firmó el 5 de julio pasado y se homologó el 7 de ese mes mediante la Resolución 1.365 [2].

Durante el noveno mes de este año el promedio de las escalas salariales se mantuvo en 114.146 pesos mensuales.

El incremento acumulado anual de las escalas salariales desde enero de este año hasta septiembre seguirá siendo de un 70,4%.

El promedio de las escalas salariales de diciembre del 2021 fue de 66.988 pesos.

Desde septiembre de 2021 hasta el mismo mes de este año las escalas salariales se mantendrán en un 63,74%.

En septiembre del año pasado el promedio de las escalas salariales fue de 69.714 pesos mensuales.

El promedio anual de los primeros nueve meses de este año contra los nueve primeros del año pasado arrojó un aumento del 60,93%. Una diferencia de 0,43 puntos con respecto al mes pasado.

Según el Índice de Precios de Consumidor que mide el INDEC la inflación de agosto llegó al 7% y para el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que estima el Banco Central de la República Argentina (BCRA) la inflación de septiembre será de un 6%.

Según estos números, la inflación acumulada anual será de un 65,87% y la interanual está estimada en un 82,65%.

Mientras tanto, el haber mínimo de un jubilado que paga expensas en septiembre trepará a los 50.352,59 pesos mensuales. Esto se debe a dos factores independientes: por una parte, los haberes recibirán un 15,53% (Resolución 201/ANSES) en concepto de actualización trimestral y por otra se otorgó un "refuerzo de ingreso previsional" por un monto máximo de 7 mil pesos (Decreto 532) hasta el mes de noviembre inclusive.

En dólares, este haber mínimo representa 343 dólares al precio oficial, 192 dólares a cotización turista o 183 dólares según el mercado blue ^[3].

En septiembre del año pasado ese haber estuvo en 25.922,41 pesos y en diciembre fue de 37.061,62 pesos.

Este mes el incremento del haber mínimo de la clase pasiva fue positivo contra la inflación tanto en su medición mensual (28,18 puntos), como en el cálculo interanual (11,59 puntos) y negativa en el acumulado anual (-30 puntos).

En enero de 2016 la jubilación mínima estaba establecida en 4.299,06 (u$s 312,98). Si ese haber hubiera aumentado al ritmo de la inflación hoy debería ser de 55.436,79 pesos mensuales (u$s 348,66 promedio a valor oficial).

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[1] Para comparar escalas salariales del sector se promediaron las funciones de encargado permanente con y sin vivienda en sus cuatro categorías de cada mes. En los casos que correspondió se sumaron los bonos, tanto los acordados en paritarias como por el Poder Ejecutivo nacional.

[2] BPN Nº 732 de 15/07/22: "Se acordaron siete bonos remunerativos hasta febrero".

Hola Noemí! 

Te respondo las consultas pero las respuestas son mucho más extensas y no es la idea de este espacio. Aquí van:

1) ¿Cómo debo liquidar el sueldo de un encargado permanente 3ª categoría que trabaja 4 hrs. (no jornada completa). ¿Le corresponde el 50% del básico de esa categoría?: No. La categoría que corresponde es la de un Encargado no permanente de 3° categoría que aparece en la escala salarial del sector.

2) ¿Qué valor por año de antigüedad le corresponde?: Le corresponde el valor que indica la escala salarial bajo el título "Plus por antigüedad conf. Resolución 106/09 inc. d), e) h, n) y p del art. 7 y 8 por año (1%)" siempre y cuando la antigüedad en el empleo sea posterior a junio de 2009. Actualmente ese valor es de $992.20 (escala vigente desde Junio 2022).

Un saludo grandote.

¡Hola Helga! 

La definición de las categorías del sector se encuentran en el Artículo 7 del convenio colectivo del sector. El trabajador jornalizado es el que puede ir 3 días por semana dos horas cada día y la definición de esta tarea dice: "p) Trabajadores/as jornalizados/as o de limpieza: Son quienes realizan tareas de limpieza y que no trabajen más de dieciocho horas por semana en el mismo edificio. A este tipo de personal se le abonará por hora de trabajo realizado no pudiendo en ningún caso pagarse menos de dos (2) horas diarias...".

Otra categoría que te puede interesar por el tamaño del edificio es la siguiente: "f) Encargado/a no permanente: Es quien realiza tareas propias del/la encargado/a en edificios en los que tengan a su cargo hasta veinticinco (25) unidades sin servicios centrales o con servicios centrales de calefacción y/o agua caliente. Este/a trabajador/a tendrá la obligación de cumplir un horario de permanencia en el mismo de hasta cuatro horas diarias. Los horarios vigentes en esta categoría a la fecha de sanción de este Convenio serán mantenidos sin modificación".

Te sugiero que leas todas las categorías del artículo 7 y veas cuál se adapta a las necesidades del edificio. Tanto el Convenio 589/10 como la escala salarial vigente la podés encontrar en el boletín.

¡Saludos!

Hola Fernando:

Nos alegramos mucho de que nuestro trabajo te sea de utilidad. Con respecto a los bonos -y si no comprendo mal tu consulta- no son acumulativos. Ejemplo: con el recibo de los haberes de agosto abonarás $12.000 por ese período y en el recibo de haberes de septiembre volverás a abonar $12.000. Pero no tenés que abonar $24.000 en septiembre, solo $12.000.

Así los bonos son:

Recordamos que el valor de estos bonos fueron homologados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social el pasado 7 de julio mediante la Resolución 1.365.

Un saludo grandote.

Estimada Silvia:

Lamento comunicarle que el administrador y comunicador León Estrugo falleció el 23 de febrero de 2010 [ver nota]. Aprovecho la oportunidad para recordar con afecto a ese amigo que -junto a otros 10 compañeros- fundó la Unión de Medios de Propiedad Horizontal (UMIPH). Durante muchos años tuve el placer de compartir con ellos importantes e inéditas experiencias relacionadas con la comunicación periodística del sector.

Retomando a su pregunta le cuento que la Ley 14.701 no fue reglamentada y por lo tanto todavía no existe la posibilidad de inscripción en el Registro Público de Administradores bonaerense que creó.

O sea que si la asamblea designa a un administrador, éste está en condiciones de realizar las tareas propias de su cargo.

Un saludo cordial.

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