Defensa del Consumidor tiene nuevo director general

[BPN-15/01/24] El pasado 20 de diciembre el Dr. Carlos Lionel Traboulsi fue designado por el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, director general de Defensa y Protección al Consumidor. El nombramiento se oficializó mediante el Decreto 443 del 20 de diciembre (BO: 21/12/23) y ese mismo día se hizo cargo de la repartición.

En diálogo con Pequeñas Noticias, Traboulsi informó -en sus palabras- que en Defensa del Consumidor está "dando vuelta todo": está haciendo que haya plena ocupación del personal, está viendo con qué cuenta y cómo es la modalidad de trabajo de cada área.

Como novedad anunció que quiere implementar el código QR (Quick Response) en las expensas.

Adelantó también que está introduciendo cambios en la forma en que las disposiciones sancionatorias están redactadas para que sea menos apelables ante la Justicia y que se publiquen en el Boletín Oficial.

Señaló que buscará un equilibrio para que el administrador cumpla las normas que el consorcio le estableció con Defensa al Consumidor como garante.

Es abogado y entre sus muchos cargos y funciones se destacan:

Desde 1982 hasta 1985 fue empleado judicial del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 25 y en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Sentencia letra "M".

Desde 1985 hasta 1991 se desempeñó como profesor de la cátedra de Práctica Forense II de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Desde 1992 hasta 1994 se desempeñó como Procurador General Adjunto de la CABA

Durante el 2007 se desempeñó director general de Administración de Bienes de la CABA

Desde 2016 es presidente del Partido Demócrata Cristiano.

Desde 2019 es secretario general del Partido Demócrata Cristiano y apoderado nacional.

En las PASO del 13 de agosto del año pasado se postuló para diputado nacional como cabeza de la lista "Hacemos x CABA" del partido Demócrata Cristiano de esta ciudad. Obtuvo 2.107 votos lo que representó un 0,118% del total.

Tras casi 8 años se fue Vilma Bouza

Había sido nombrada el 18 de enero de 2016 por Horacio Rodríguez Larreta y Felipe Miguel mediante el Decreto 83 para reemplazar al Crio. Edgardo Aoun y duró en su cargo exactamente 7 años, 10 meses y 22 días.

Finalizó así una gestión muy polémica: se involucró activamente en la campaña que llevó el Gobierno por tratar de imponer Consorcio Participativo contra la voluntad de la mayoría de la comunidad consorcial, fue cuestiona por su desempeño a la hora de sancionar a los administradores que incumplieron con la Ley 941 (Registro Público de Administradores), en 2019 y 2023 tuvo dos informes adverso de la Auditoría General de la CABA y fue severamente cuestionada por el desempeño y costo de las herramientas informáticas que el RPA debe poner pone a disposición de vecinos y administradores, en especial el buscador de administradores.

El 15 de diciembre, cinco días después de la publicación en el Boletín Oficial de su cesantía anunció en sus redes sociales su nombramiento como directora de Actuaciones por Infracción de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial Nacional cuyo titular es Fernando Blanco Muiño quien había sido director nacional de Defensa del Consumidor de la administración de Mauricio Macri.

En lo concerniente a la propiedad horizontal, su gestión estuvo muy comprometida con los diferentes proyectos políticos para los consorcios de Rodríguez Larreta.

El más importante de todos y que finalmente no pudo concretar, fue el proyecto que intentó que todos los consorcios de la CABA deban liquidar obligatoriamente sus sueldos y expensas mediante una aplicación oficial llamada "Consorcios Participativo". Un proyecto que a primera vista a los ojos del público pareció inocente pero que rápidamente comenzó a generar resistencia entre todos los actores de la comunidad consorcial. En la práctica hubiera concentrado en manos del Ejecutivo porteño todos los datos privados y económicos de inquilinos, propietarios y encargados de esta ciudad. También hubiera atentado contra la industria informática que actualmente brinda este servicio a los consorcios.

Esta iniciativa fue de autoría de su superior, Facundo Carrillo ^[1], y empezó a gestarse en secreto a principios de 2017. Rodríguez Larreta la hizo pública el 10 de octubre de 2017 ^[2] y desde ese comienzo se ganó el rechazo de la mayoría de los actores consorciales de peso. A pesar de ser una funcionaria de carrera, Bouza acompañó políticamente ese proyecto defendiéndolo a capa y espada -tanto en los medios como en las conferencias a las que se la invitó a disertar- intentando convencer y explicar las que ella consideraba sus virtudes.

Finalmente, ese año el proyecto Carrillo no prosperó pero al año siguiente lo volvió a presentar y consiguió que se apruebe aunque a raíz del firme rechazo generalizado nunca lo pudo reglamentar.

Para entender un poco en qué contexto Bouza asume es de recordar que durante la gestión de Juan Manuel Gallo al frente de Defensa del Consumidor porteño y de Gabriela Pilar Saldivia al frente del RPA se impusieron a los consorcios innumerables obligaciones económicas cuyo único propósito parecía ser beneficiar a los proveedores que los brindaban. El más emblemático fue la "máscara de humo" ^[3] para los encargados pero no menos importantes fueron la creación de numerosos libros para los consorcios que al poco tiempo se derogaban para ser reemplazados por otros.

Lo importante es que estos libros debían ser rubricados en Defensa del Consumidor pero –de acuerdo a las numerosas denuncias- sólo se rubricaban aquellos que habían sido fabricados por un proveedor en particular, lo llamaban "el libro de la tapa negra". En 2011 ya existían 10 libros ^[4] y en 2012 Gallo creó el más polémico de todos: el "Libro de Datos" que con el tiempo lo convirtió en uno que debía comprarse y rubricarse anualmente ^[5].

En este clima Bouza a fines de su primer año de gestión creó el Libro de Propietarios. En 2010 Gallo había unificado el Libro de Firmas y el de Propietarios en uno sólo y Bouza los volvió a separar en dos con diversos argumentos legales ^[6]. Los consorcios debieron salir a comprar a precios exagerados este nuevo libro.

Ese mismo mes Andrés Zulberti, coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3, pidió a Rodríguez Larreta dos cosas: que "reconsidere" la creación de ese libro y que Bouza renuncie pero le denegaron las dos ^[7]. Con posterioridad apeló ante la Defensoría del Pueblo aunque no tuvo éxito. Ese año Pequeñas Noticias realizó un estudio que develó que ese libro -que ya el 87% de la comunidad rechazaba- costaba fabricarlo entre 20 y 30 pesos y se estaba vendiendo a 800 y 850 pesos ^[8].

Con respecto al libro de datos, a principios de 2018 ordenó su derogación luego de 7 años de vigencia y un costo estimado para los consorcistas porteños de 25 millones de dólares pero recién al año siguiente ^[9].

Teniendo en cuenta que Bouza representó desde el Estado local los intereses de los consumidores y estuvo a cargo del Registro Público de Administradores su control del registro de administradores también fue muy cuestionado.

Uno de los puntos más relevantes fue la diferencia que hubo durante su gestión entre la cantidad de denuncias contra administradores de consorcios por infracciones a la Ley 941, la cantidad de disposiciones sancionatorias que firmaba y la cantidad que finalmente se terminaba publicando en el Boletín Oficial.

Para tener una idea de la dimensión del problema, a fines de 2022 le faltó publicar el 46% de las disposiciones sancionatorias que ordenó en 2018, el 64% de las ordenadas en 2019, el 54% de las ordenadas en 2020, el 22% de las de 2021 y el 24% del 2022. Nunca pudo explicar convincentemente la razón de estos números.

También la relación entre denuncias recibidas y sanciones emitidas fue llamativa. En 2022 recibió 1904 denuncias y emitió 562 sanciones.

Su productividad empeora si a esos números se le restan las apeladas ante la Justicias por los sancionados y las que nunca fueron pagadas y –con mucho atraso- la Ciudad tuvo que recurrir a la Justicia para cobrarlas ^[8].

En febrero de 2021 el buscador de administradores del RPA dejó de funcionar y recién en enero de 2023 –luego de casi dos años y un gasto aproximado de un millón de dólares- volvió a prestar servicio normalmente.

La lucha por lograr que Defensa del Consumidor nuevamente ponga a disposición de la comunidad consorcial el buscador de administradores fue larga y costosa.

En marzo de 2021 Zulberti le pidió a Bouza que explique la razón por la cual todavía no había cumplido con el artículo 7° de la Ley 941 que ordena al Registro Público de Administradores local informar mediante su página web en forma pública y gratuita -entre otras cosas- las sanciones que se hubieren impuesto a los administradores durante los dos últimos años ^[9].

Ese año Defensa del Consumidor comenzó una seguidilla de contrataciones directas a favor de Prominente SA para mantener y ampliar su sistema informático y el del Registro Público de Administradores. Hasta fines del año pasado DyPC gastó aproximadamente un millón de dólares por este concepto independientemente de otro programa informático que desarrolló para el programa BA Concilia ^[10].

En mayo de 2021 el buscador debutó con importantes fallas ^[11], en junio Zulberti denunció a Bouza ante la Procuración ^[12] y recién en enero de 2023 se habilitó definitivamente ^[13]

Caída de la disposiciones publicadas y aumento de las reincidencias

[BPN-15/01/24] Durante el año pasado la cantidad de disposiciones sancionatorias contra administradores de consorcios por infracciones a la Ley 941 (Registro Público de Administradores) publicadas en el Boletín Oficial cayó un 48% ^[1] con respecto al año anterior. Por otra parte, los reincidentes comparado con el total de sancionados treparon a un 42%. Durante 2023 se publicaron más de 22 sanciones a administradores que acumulaban cuatro o más infracciones previas durante los dos años anteriores.

El análisis sistematizado de las disposiciones sancionatorias publicadas en el Boletín Oficial contra administradores de consorcios permite obtener algunos datos interesantes sobre el universo de los sancionados y el desempeño del Registro Público de Administradores (RPA).

En primer lugar, se obtuvo la cantidad de disposiciones, sus montos en pesos y en dólares ^[2] (para poder compararlas año tras año). En segundo, la cantidad de reincidencias de cada administrador sancionado y los motivos de esa sanción. Estos últimos serán tratados en una edición posterior.

Durante el 2023 se publicaron en el Boletín Oficial de la CABA 451 disposiciones sancionatorias contra 464 administradores de consorcios por más de 47 millones de pesos o más de 230 mil dólares a cotización oficial.

Eso significó una caída del -48% en la cantidad de disposiciones, un -47% en la cantidad de sancionados, un -19% en la recaudación en pesos y de un -58% en la recaudación en dólares.

Mientras que en 2022 de los 870 sancionados publicados en el Boletín Oficial los reincidentes (administradores con más de una sanción) fueron el 29%, en 2023 ese porcentaje trepó hasta el 42% de los sancionados.

Otro tema a destacar es que –en términos reales- el promedio de las multas viene bajando sin prisa ni pausa de año en año.

Mientras que en 2014 la multa promedio era de 6.242 dólares a cotización oficial, durante el año pasado fue de 497 dólares.

Desde 2014 -año en que se comenzaron a publicar las disposiciones sancionatorias en el Boletín Oficial- a la fecha el Gobierno porteño recaudó más de 2 millones de dólares en concepto de multas.

En la tabla cuando figura "1ª vez" significa que en el momento que se ordenó la disposición sancionatoria el administrador ya contaba con una sanción previa durante los dos últimos años. En general se informa también el número de disposición. O sea que si un administrador figura con 5 sanciones previas en realidad ya tiene 6, la actual más las 5 anteriores.

Es notable como año tras año algunos administradores fueron acumulando cada vez más reincidencias. En 2019 se publicó por primera vez disposiciones contra administradores que tenían dos sanciones previas, en 2020 ese límite se movió a las 4 reincidencias, en 2022 llegó a 6 y en 2023 un administrador logró el record de 7 sanciones previas durante los dos últimos años.

Como la cantidad de sanciones publicadas en el Boletín Oficial sube y baja siguiendo una lógica que hasta ahora no se entiende, se calculó el porcentaje de administradores reincidentes en relación a las sanciones publicadas.

En la tabla precedente se observa que –con excepción de 2018- año tras año crece el porcentaje de reincidentes.

En general a lo largo de los años la cantidad de administradores varones sancionados se van equiparando con el de mujeres. Mientras que en 2014 los varones representaron el 59% de los casos contra el 35% de las mujeres, el año pasado esos números bajaron al 49% y 42% respectivamente.

En el gráfico se aprecia que siempre la cantidad de sancionados varones superó a de las mujeres. Esa brecha aumentó en 2020 y 2022 y en 2023 se volvió a cerrar a sus niveles históricos.

Actualmente, el Registro Público de Administradores (RPA) porteño está coordinado por Diego Sarrabayrouse, depende de Defensa y Protección del Consumidor cuya director general es desde el 20 de diciembre Carlos Traboulsi y su superior directo es desde enero de 2024 la Subsecretaria de Servicios al Ciudadano (Facundo Bargalló Benegas) y ésta a su vez de la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano (César Ángel Torres) 

Aumento importante de causas judiciales

[BPN-15/01/24] Durante el año pasado la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor porteño aumento en casi un 360% la apertura de causas judiciales con respecto al mismo período del año pasado por falta de pago de multas dispuestas por infracciones a la Ley 941 (Registro Público de Administradores de Consorcios porteño).

Durante el 2022 la DGDyPC abrió 111 causas judiciales con la intención de cobrar multas impagas por un valor de más de 7 millones de pesos y este año esa cifra trepó a las 510 causas por un valor de casi 41 millones de pesos o unos 320 mil dólares ^[1]. Eso representó un incremento de su cantidad en un 359%, de su total en pesos en un 473% y de su monto en dólares en un 238%.

Las 510 causas que se abrieron durante el 2023 corresponden a deudas por disposiciones sancionatorias impagas ordenadas desde el 2017 hasta el 2023 y una de 2013.

En uno de los casos, desde que se ordenó la sanción en 2013 hasta que se presentó al juzgado para su cobro judicial pasaron 9 años, 10 meses y 27 días (en rojo).

En el 61% de los casos la demora promedio en tratar de cobrar judicialmente la deuda fue de más de 8 meses y en el 392% de los casos restantes fue de tres años y tres meses.

En resumen, se esperó casi cuatro años antes de intentar cobrar judicialmente una sanción.

Por otra parte, los casi 41 millones de pesos nominales que se presentaron a la justicia para cobrar este año, actualizados al día de la confección de esta nota representaban casi 52 millones de pesos (en rojo).

Este trabajo se realizó sobre datos de consultas públicas recopiladas laboriosamente del Poder Judicial de la CABA a lo largo de todo el año por Andrés Zulberti, coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3.

En busca del denunciador serial

[BPN-15/01/24] Durante el 2023 el principal denunciador serial de administradores que incumplieron con la Ley 941 (Registro Público de Administradores porteño) siguió siendo el Gobierno porteño, específicamente la Dirección General de Limpieza del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.

Del total de multas ordenadas y publicadas durante el año pasado el 80% fueron promovidas por el GCABA y por vecinos que era la primera vez que realizaban una denuncia.

Durante el 2023 se publicaron en el Boletín Oficial 451 disposiciones sancionatorias promovidas por 457 vecinos y el Gobierno de la CABA. En varias ocasiones promovió una denuncia contra un administrador más de un vecino.

Así surgió de un estudio realizado por la redacción de Pequeñas Noticias sobre las sanciones dispuestas contra administradores de consorcios y publicadas en el Boletín Oficial desde 2018 hasta diciembre del año pasado.

Del estudio de las sanciones publicadas durante el año pasado en el Boletín Oficial surge que el 56% de las sanciones (257) fueron promovidas por un vecino que nunca había realizado una denuncia anterior.

El 24% de las sanciones (108) fueron promovidas por el Gobierno de la CABA por no haber dispuesto en alguno de los consorcios que administra dos recipientes diferenciados y claramente señalizados para residuos húmedos [negros] y secos [verdes]. Desde 2014 hasta diciembre de 2023 el GCABA promovió con sus denuncias 339 sanciones.

El 13% de las sanciones (59) fueron promovidas por vecinos que tienen una denuncia previa contra uno o más administradores mientras que el 2,2% (10) fueron impulsadas respectivamente por consorcistas que tienen dos y tres denuncias previas.

Acumulan 5, 6 y 8 denuncias en total 12 vecinos que representan el 2,64% de los denunciantes totales.

Llamó la atención de la redacción de Pequeñas Noticias el crecimiento de la cantidad de denuncias de mujeres con respecto a las de los hombres.

Bajó un 38% la cantidad de multas por recipientes diferenciados

[BPN-15/01/24] Durante el año pasado descendió en un 38,1% la cantidad de multas contra administradores de consorcios por no haber dispuesto en alguno de los consorcios que administra dos recipientes diferenciados y claramente señalizados para residuos húmedos [negros] y secos [verdes].

Durante el 2023 el Gobierno porteño publicó en el Boletín Oficial 104 sanciones por este concepto más de 5 millones de pesos o casi 24 mil dólares ^[1].

Se observa que el mes en que se publicaron la mayor cantidad de sanciones fue marzo con 21 disposiciones por más de 1 millón de pesos y casi 6 mil dólares. Por otra parte, en la otra punta de la estadística, en junio se publicaron sólo 2 sanciones por casi 86 mil pesos y 362 dólares.

Analizando la cantidad de sanciones publicadas en el Boletín Oficial se observa que el año pasado la cantidad de disposiciones ordenadas por este tema descendió en un -38,1%, el promedio anual de sus montos en pesos bajo un -7,6% y en dólares un -44,2%.

Sin embargo, Defensa del Consumidor durante el año pasado en promedio aumentó la cantidad de unidades fijas por multa en casi en un 9%.

El año pasado, en promedio estas multas tardaron 1 mes y 9 días en ser publicada en el Boletín Oficial en lugar de los dos meses y 11 días del 2022. Una reducción de un 44% en la cantidad de días demorados

Si el SEC no apela, SEARA le habría ganado la pulseada a Comercio

[BPN-15/01/24] El pasado 14 de diciembre la Sala IX de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo rechazó el recurso interpuesto por el Sindicato de Empleados de Comercio de la Capital Federal (SEC) contra el Ministerio de Trabajo nacional para que se deje sin efecto la personería gremial otorgada al Sindicato de Empleados de Administradoras de la República Argentina (SEARA).

Los ejes del debate fueron dos:

1.- La superposición de la personería gremial, o sea si se trata de dos gremios que intentan representar al mismo universo de trabajadores.

2.- Si se cumplieron el resto de la exigencia del artículo 25º de la Ley de Asociaciones Sindicales (Ley 23.551), sobre todo el inciso ´b’ que exige a quién pretende obtener personería jurídica que haya afiliado como mínimo al 20% de los trabajadores del sector.

En su sentencia interlocutoria definitiva los jueces sobre el primer punto dictaminaron que no existió superposición de la representación gremial y sobre el segundo que a partir de lo decidido todos las demás objeciones resultan de tratamiento "abstracto" ^[1].

De no ser apelada la sentencia y si el Ministerio de Trabajo no le reclama que cumpla con el 20% real de los afiliados cotizantes, a Gabriela Pilar Saldivia le quedaría el camino abierto para intentar volver a hacer firmar a las tres entidades de administradores un nuevo convenio colectivo de trabajo para el sector.

Firmaron el fallo los jueces Mario S. Fera y Roberto C. Pompa.

En primer término, el SEC afirmó que hay superposición entre la personería gremial de Comercio y SEARA. Argumentó que su personería gremial abarca la comercialización, como actividad general, de una pluralidad indeterminada de productos y servicios y añadió en defensa de su postura que "…resultaría ilógico y contrario al fin que fuera otorgada, pretender que se especifique en dicha personería gremial (concebida y otorgada en términos amplios para así resultar lo más abarcativa posible) todos y cada uno de los productos y servicios que son pasibles de ser comercializados".

Cuando se le corrió traslado, SEARA respondió a este argumento enumerando las tareas realizadas por las personas que trabajan en la actividad resaltando la existencia del interés diferenciado existente entre ambas asociaciones sindicales.

Finalmente el Tribunal falló en contra del SEC: "La respuesta [del Tribunal] debe ser adversa a la pretensión revisora habida cuenta de que la actividad desarrollada por las administradoras de consorcio presentaría matices diferenciadores tanto fácticos como jurídicos que justificarían un nucleamiento autónomo y singular en tanto se trata de un ámbito laboral específico".

El Tribunal recordó que -en lo que interesa a esa causa- se rigen por lo dispuesto en el artículo 25º de la ley 23.551 (Asociaciones Sindicales) que en su inciso ‘b’ exige que para obtener la personería jurídica la entidad solicitante debe afiliar "a más de veinte por ciento de los trabajadores que intente representar" ^[2].

En su demanda, el SEC reprochó al Ministerio de Trabajo que tomó para el cálculo del 20% de los empleado del sector lo informado por el expresidente del AIERH (Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal), Juan Manuel Acosta y Lara, que señaló que eran entre 259 y 263 trabajadores por lo que SEARA con poco más de 53 afiliados estaba habilitada para solicitar y obtener la personería gremial.

En su momento, los letrados denunciaron en su demanda: "En fraude y violación abierta a la Ley sindical, sin contralor de ninguna entidad sindical, menos de la aquí actora, la autoridad de aplicación tuvo por acreditado el universo de trabajadores de la actividad que se intenta representar para el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un número irrisorio, que no resiste el menor análisis desde la lógica, y mucho menos se corresponde con los datos incontrastables de la realidad" ^[3].

Por esa razón solicitó al Tribunal que ordene a la AFIP informar la cantidad de trabajadores en relación de dependencia que trabajan para administradores de consorcios.

Poco después, Pequeñas Noticias –vía acceso a la información pública- también solicito esa información a ese organismo y se le respondió oficialmente que en promedio hubo 2.835 empleadores que brindaron 4.563 puestos de trabajo ^[4]. O sea que SEARA hubiera necesitado aproximadamente 913 socios cotizantes para cumplir ese requisito.

Por último, este punto el Tribunal lo descartó: "Corresponde confirmar la resolución recurrida sin que adquieran relevancia las restantes objeciones planteadas vinculadas con el desarrollo del trámite que a la luz de lo decidido resultan de tratamiento abstracto"

‘Nosotros y el consorcio’ cerró su ciclo

[BPN-15/01/24] El pasado 18 de diciembre la Sra. Norma Teubner anunció que tomó la decisión de retirarse de su programa de radio "Nosotros y el consorcio" que se trasmitió ininterrumpidamente a lo largo de 439 programas desde el 3 de agosto de 2015 hasta el 25 de diciembre de 2023.

Poco después, el 8 de enero –en su última aparición en la conducción del programa- confirmó que en ese espacio lo continuará el Cr. y Adm. Jorge Scampini y otras tres personas de las cuales una es administradora y la otra es propietario de una empresa informática dedicada a liquidar expensas y administrar alquileres. El nombre del programa cambiará a "Nosotros y la propiedad horizontal".

Por último, en ese programa Scampini anunció que al programa que hasta ahora estaba orientado a los derechos de los consorcistas cambiará de rumbo, se le agregarán temas inmobiliarios (desarrollos, construcciones, etc.) y de administración de consorcios que –según explicó- es su "pata fuerte". De hecho Scampini es presidente de la Asociación de Profesionales Administradores de la República Argentina (APARA), una entidad de administradores creada para defender sus intereses.

Norma Teubner quedará como la "madrina" del programa y su presencia quedará reducida a una vez por semana en calidad de invitada.

El programa "Nosotros y el consorcio" se trasmitió todos los lunes a las 10 de la mañana por AM 830 Radio del Pueblo.

Pequeñas Noticias le realizó una entrevista a la Sra. Teubner:

Revisando el archivo de la redacción de Pequeñas Noticias se puede observar que la Sra. Teubner tiene una amplia trayectoria en la defensa de los derechos de los consorcistas.

En abril de 2005 fue socia fundadora de la Comisión Argentina de Consorcios, Copropietarios y Consorcistas (CACCyC), una entidad de consorcistas presidida por el Dr. Samuel Knopoff ^[2].

En agosto de 2017 inauguró un espacio para los consorcistas en la asociación de fomento y biblioteca popular "General Alvear" donde pudieron compartir sus experiencias y evacuar sus dudas en forma gratuita ^[3]

Desde ahora los honorarios se actualizarán mensualmente

[BPN-15/01/24] Durante el primer mes del año los honorarios sugeridos para los administradores de consorcios ganarán 12,71 puntos contra la inflación estimada por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) y perderán -105,47 puntos en la medición interanual. Así surgió de datos provistos por la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI).

Es de destacar que desde el 1º de enero del año la CAPHyAI cambió la frecuencia y el método para actualizar los honorarios. Será mensual y se actualizará según el Índices de Precios al Consumidor que publique el INDEC del mes anterior.

Sin embargo, para calcular el aumento del primer mes de este año tomó el honorario de agosto y le aplico el IPC de septiembre (12,7%), al resultado le aplicó el de octubre (8,3%) y finalmente al resultado el de noviembre (12,8%). En promedio el aumento para todo el período fue del 37,71%.

Durante el primer mes del año los honorarios sugeridos de los administradores de consorcios aumentaron un 37,71% con respecto al trimestre anterior.

La diferencia promedio en pesos con respecto al mes anterior fue de 50.160 pesos mensuales. Mientras que en durante octubre, noviembre y diciembre el promedio de honorarios sugeridos fue de 133.000 pesos mensuales, para enero ese valor subió a 183.160 pesos mensuales.

Para el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central la inflación mensual de enero será de un 25%.

Durante este mes los honorarios de los administradores habrán ganado contra la inflación 12,71 puntos porcentuales.

Durante el primer mes de este año los honorarios sugeridos para los administradores habrán subido un 161,51% en comparación con el mismo período del año pasado.

Por otra parte, la inflación interanual estimada para enero será de un 266,98% con respecto a ese mismo mes de 2022.

O sea que los honorarios durante estos meses habrán perdido contra la inflación -105,47 puntos porcentuales.

La redacción de Pequeñas Noticias consulta también los honorarios sugeridos del AIERH (Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal) y la UADI (Unión Administradores de Inmuebles) porque son dos entidades de administradores que –junto a la CAPHyAI - firman los convenios colectivos del sector. Durante años estas entidades publicaron periódicamente las tablas de honorarios como parte del servicio que brindaban a los mandatarios de los consorcios.

Es de recordar que el artículo 14º de la Ley 941 (Registro Público de Administradores) de la CABA establece que los honorarios de los administradores se deben pactar libremente entre el mandatario y la asamblea de propietarios.

También hay que prestar atención que el inciso r) del artículo 9º de esa ley local indica que el administrador -al momento de su designación- "debe informar al consorcio en forma cierta y veraz, haciendo constar en acta detalladamente, todos aquellos servicios y trámites que realice por cuenta propia y formen parte de sus honorarios, así como también aquellos cuya realización sea encargada a otros prestadores o gestorías y que excedan la remuneración pactada por su actividad"

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Durante el 2023 los consorcios aportaron más de u$s 5 millones

[BPN-15/01/23] Durante el año pasado los consorcios de propietarios habrían contribuido "voluntariamente" con 1.468 millones de pesos a la Obra Social del SUTERH (Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal). Esa recaudación está estimada en más de 5 millones de dólares según su valor oficial ^[1].

En diciembre cada consorcio contribuyó con 6.162,84 pesos por cada trabajador de jornada completa. Este valor está compuesto de la contribución solidaria de ese mes (4.108,65) más el medio aguinaldo (2.054,28).

Como en noviembre se recaudó por ese concepto 3.604 pesos, en diciembre aumentó un 14% sin contar el medio aguinaldo. La contribución solidaria debe acompañar los aumentos en las escalas salariales pero -como ese mes sólo hubo un aumentó un 7% y no se volcó a las escalas salariales- no se comprende bien cómo el SUTERH realizó el cálculo del su valor.

Por estas razones, en total –medio aguinaldo incluido- la contribución solidaria en diciembre trepó un 71%.

Hasta tanto se sepa de una fuente oficial la cantidad de puestos de trabajo de los meses de octubre, noviembre y diciembre se asumió que ese trimestre se mantuvieron los mismos valores del trimestre anterior.

Se destaca que en diciembre el dólar oficial pasó de 361,67 a 661,70 pesos promedio por unidad por lo que –a pesar de que la "contribución solidaria" percibió su medio aguinaldo- la recaudación en dólares bajó y en pesos subió.

Desde que se creó esta figura en 2014, el SUTERH recaudó por este concepto más de 33 millones de dólares y 3.115 millones de pesos.

A modo de antecedente es de recordar que el 1º de febrero del 2022 las tres entidades de administradores que representan a los consorcios ^[2] y la FATERyH ^[3] establecieron que la contribución solidaria a la obra social de los encargados de edificios "se incrementará en el mismo porcentaje que el incremento establecido para los salarios de la actividad". Hasta este mes ese monto estaba establecido en 950 pesos mensuales.

Ese acuerdo fue homologado el 7 de ese mes por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social mediante la Resolución Nº 243.

Sobre esta base el SUTERH publicó en el SiCayC (Sistema de Control de Aportes y Contribuciones de la Propiedad Horizontal) los valores de la Contribución Solidaria que relacionados con los aumentos a las escalas salariales recientemente otorgados: 20% en abril, 6% en mayo, 6% en julio, 6% en agosto y 11% desde septiembre hasta enero del año que viene excepto en diciembre ^[4].

Teniendo en cuenta que ni el SUTERH ni la FATERyH proporcionan datos estadísticos sobre la cantidad de trabajadores del sector ni las características de sus tareas, para realizar estos cálculos se tomó el valor de la contribución de cada mes y se multiplicó por la cantidad de puestos de trabajo de ese período informados por el Ministerio de Trabajo, promediando cada puesto de trabajo entre un trabajador de jornada completa y uno de media jornada. O sea que a los efectos de este cálculo se asumió que por cada trabajador de jornada completa hay uno de media jornada

El año pasado Santa María usó menos su helicóptero

[BPN-15/01/24] Durante el año pasado el helicóptero que compró Víctor Santa María, titular del SUTERH (Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal), realizó 122 vuelos que sumaron más de 57 hs. en total. Eso representó un descenso de la cantidad de vuelos del -38,38% y de su duración en un -40%.

El costo de esa cantidad de horas de vuelo habría sido –según Santa María- de 25.302.894 pesos (u$s 40.063) aunque otras fuentes relacionadas íntimamente con el mundo aeronáutico estiman que el gasto podría haber sido de 41.569.040 pesos (u$s 65.818), un 64,29% más,

Según sus planes de vuelo, durante el 2023 la aeronave estuvo en destinos tan diversos como las ciudades de Mar del Plata, Dolores, Ezeiza, La Plata, Nueve de Julio, Quilmes, San Fernando, San Miguel, Villa Gesell, Gualeguaychú, Isla Martin García y San Fernando en la provincia de Buenos Aires; la ciudades de Santa Rosa, Neuquén, Bariloche y Rosario en las provincias de La Pampa, Neuquén, Rio Negro y Santa Fe; y las ciudades de Punta del Este y Carmelo en Uruguay.

En varias oportunidades -según los registros a los que accedió la redacción de Pequeñas Noticias- las fechas y lugares en las que despegó y aterrizó el Bell 407 F coincidieron con actividades que realizó Santa María en ese lugar y en algunos casos medios locales así lo reflejaron.

Es de recordar que según informó en su momento el matutino ‘La Nación’, la aeronave Bell 407 F de matrícula LV-IKC tiene un valor aproximado de 2.700.000 dólares -de acuerdo con fuentes del mercado-, es propiedad de la firma Bhrisa SA.

Según declaró Santa María a ese medio, la hora de vuelo tiene un costo para el sindicato de 700 dólares ^[1]. Sin embargo para el piloto y director de la revista AeroMarket, Luis Alberto Franco, ese valor ronda entre los 1.000 y 1.300 dólares ^[2]

Leve repunte de los números del programa "SUTERH con Vos"

[BPN-15/01/23] Durante el año pasado subió la cantidad de visualizaciones del programa "SUTERH con Vos" en YouTube, rompiendo así una racha de tres años consecutivos de número a la baja. Durante el 2022 cada programa fue visto en promedio por 151 personas mientras que el año pasado cada uno recibió 163 visualizaciones, o sea un 8% más.

Al día de la confección de esta nota el canal del sindicato en esa red social tenía 4.910 suscriptos. O sea que en promedio cada suscripto vio casi dos programas (1,73%) de los 52 emitidos durante ese año.

En audiencia se destacó con 385 vistas el programa número 34 del 26 de agosto. El de menor audiencia fue el número 8 del 25 de febrero con 86 vistas, en plena temporada de vacaciones. Ninguno de los programas con más vistas coincidió con las novedades paritarias de ese año.

Analizando cada año, en el gráfico que ilustra esta nota se aprecia que el programa creció ininterrumpidamente desde el 2013 hasta el 2017. En 2018 tiene una brusca caída del -7%. En 2019 rompe la racha y crece un 20% pero durante los tres años posteriores retoma su carrera descendente hasta el 2023 en que sube un 8%.

Las escalas pierden contra la inflación en los tres frentes

[BPN-15/01/24] Durante el primer mes de 2024 el promedio de las escalas salariales de los encargados de edificios ^[1] perderá contra la inflación en todos los frentes: -28,56 puntos porcentuales con respecto al mes pasado y -176,80 puntos en el cálculo interanual.

En enero el promedio de las escalas salariales disminuirá un -3,56% con respecto al mes pasado.

Esto se debe esencialmente a cuatro motivos, dos que restan con respecto al mes pasado y dos que suman:

1.- Este mes no se cobra el bono del 20% que se paga regularmente durante el mes de diciembre de cada año (Resolución 1934/15).

2.- Tampoco se cobra el polémico bono del 7% (Resolución 2291).

1.- Sin embargo, se incrementan las escalas salariales en un 11% a calcular sobre agosto acordado en noviembre (Resolución 1.522).

2.- Y se paga el bono de 20 mil pesos acordado en julio (Resolución 1522).

Durante el último mes de este año el promedio de las escalas salariales será de 348.857 pesos mensuales, incluido el mencionado bono.

El incremento acumulado anual de las escalas salariales desde enero del año pasado hasta el mismo mes de éste será de un 90,18%.

El promedio de las escalas salariales de enero del 2023 fue de 183.440 pesos.

Según el Índice de Precios de Consumidor que mide el INDEC la inflación de diciembre fue de un 25,5% y para el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) que estima el Banco Central de la República Argentina (BCRA) la inflación de enero será del 25%.

Según estos números, la inflación interanual de este mes será de un 266,98%.

Mientras tanto, el haber mínimo de un jubilado que paga expensas en diciembre volverá a ser de 182.919,61 pesos.

En dólares, este haber mínimo representa 220,12 dólares al precio oficial o 167,05 dólares según el mercado blue ^[5].

En enero del año pasado ese haber estuvo en 60.124,24 pesos.

Este mes el incremento del haber mínimo de la clase pasiva fue negativo contra la inflación mensual (-25 puntos) contra la medición interanual (-62,74 puntos).

En enero de 2016 la jubilación mínima estaba establecida en 4.299,06 (u$s 312,98). Si ese haber hubiera aumentado al ritmo de la inflación este mes debería ser de 253.206,97 pesos mensuales (u$s 307,77 promedio a valor oficial).

Si calculamos, mes a mes, lo que debió ganar un jubilado siguiendo el ritmo de la inflación y lo que realmente percibió incluidos los bonos extras, observamos que en total lo perdido desde enero de 2016 hasta enero de 2024 fueron -348.940,70 pesos (u$s oficial -1.133,77) incluida la incidencia de los medios aguinaldos en estas diferencias

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[1] Para comparar escalas salariales del sector se promediaron las funciones de encargado permanente con y sin vivienda en sus cuatro categorías de cada mes. En los casos que correspondió se sumaron los bonos, tanto los acordados en paritarias como por el Poder Ejecutivo nacional incluido el bono del 20% que se paga en diciembre.

[2] La Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal (AIERH), la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) y la Unión Administradores de Inmuebles (UADI).

[3] Federación Argentina de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal.

[4] BPN Nº 591 del 20/12/16: "12% de aumento para diciembre, bono del 20%, 2º SAC y 5 feriados"

Existen varias normas legales, de carácter nacional, provincial y municipal que determinan la responsabilidad del administrador de consorcios por los proveedores que ingresen a un edificio.

Tanto por los daños que les puedan ocurrir a los trabajadores como los daños que éstos puedan ocasionar a un tercero.

A nivel nacional encontramos normativa en el Código Civil y Comercial de la Nación, a nivel provincial podemos mencionar la Ley 14.701 de la Provincia de Buenos Aires y a nivel local la Ley 941 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A nivel nacional, en el Código Civil y Comercial de la Nación en su Art. 2.065 establece que el administrador es el representante legal del consorcio con el carácter de mandatario y en el Art. 2.067º se establecen los derechos y obligaciones de los administradores de consorcios en forma general.

Inciso "f": Seguros de Riesgos del Trabajo del personal a cargo del prestador o contratista, y de Responsabilidad Civil".

Esto quiere decir, que el administrador de consorcios debe constatar que todo trabajador que ingrese al consorcio (plomero, gasista, pintor, electricista y todo proveedor que ingrese a trabajar al consorcio) tenga los seguros correspondientes antes de su ingreso.

El administrador es el responsable por la constatación del correcto aseguramiento de los proveedores antes de que ingresen al consorcio.

La Ley 14.701 inclusive va más allá al establecer: "Los administradores de consorcios NO pueden contratar, NI someter a la consideración del consorcio, los PRESUPUESTOS de provisión de bienes, servicios y realización de obras que no tengan los siguientes requisitos:…inciso f) Seguros de riesgos del trabajo [...] y de responsabilidad civil.

Es decir que el administrador ni siquiera puede presentar los presupuestos y mucho menos aceptar trabajos de proveedores que no tengan los seguros mínimos de riesgos del trabajo (ART o AP) y de responsabilidad civil.

Es importante tener en cuenta que los administradores de consorcios responden con todos sus bienes, así lo establece el art. 160 del Código Civil y Comercial de la Nación: "Responsabilidad de los administradores. Los administradores responden en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y terceros, por los daños causados por su culpa en el ejercicio o con ocasión de sus funciones, por acción u omisión"

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