[BPN-15/04/26] El pasado 7 de abril, Víctor Santa María, titular del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), anunció que en abril se incorporarán 20 mil pesos a las escalas salariales y se aplicará un aumento adicional del 2% sobre el resultado final. Sin embargo, en sus declaraciones no quedó claro si el bono de 120 mil pesos, que se percibió entre enero y marzo, continuará vigente este mes.

Habría un nuevo acuerdo salarial para abril

[BPN-15/04/26] El pasado 7 de abril, Víctor Santa María, titular del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), anunció que en abril se incorporarán 20 mil pesos a las escalas salariales y se aplicará un aumento adicional del 2% sobre el resultado final. Sin embargo, en sus declaraciones no quedó claro si el bono de 120 mil pesos, que se percibió entre enero y marzo, continuará vigente este mes.

Esta incertidumbre genera dos escenarios posibles para el bolsillo del trabajador:

- Si el bono de 120 mil pesos se mantiene: el aumento de la escala salarial de abril respecto a marzo será del 4,4%. No obstante, al sumar el sueldo básico y el bono, el incremento real en el bolsillo será del 3,9%.

- Si el bono deja de pagarse: aunque la escala salarial técnicamente suba un 4,4%, el ingreso total del trabajador caerá un 6,5% en comparación con el mes anterior.

La razón de esta caída es sencilla: para un encargado permanente con vivienda de cuarta categoría (con un básico de $ 833.281), el bono de 120 mil pesos representaba una parte muy importante de su ingreso (el 12,6%). Como solo se pasan 20 mil pesos de ese bono al sueldo básico, el aumento del 2% no alcanza a compensar la pérdida de los 100 mil pesos restantes.

Ninguno de los miembros paritarios que representan a los consorcios de propietarios en su calidad de empleadores -la Cámara de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), la Asociación Inmobiliaria de Edificios de Renta y Horizontal (AIERH) y la Unión Administradores de Inmuebles (UADI)- ha emitido información oficial sobre esta novedad gremial.

Actualmente, existen dos acuerdos previos que aún no han sido homologados por la autoridad laboral:

Acuerdo de septiembre de 2025: Estableció aumentos escalonados del 1,8%, 1,7% y 1,6%, además de un bono de 50 mil pesos y viáticos para el trimestre septiembre-noviembre. El trámite para su homologación fue elevado el 3 de diciembre.

Acuerdo de diciembre de 2025: Otorgó incrementos del 2%, 1,8% y 1,7%, junto al bono de 120 mil pesos para el periodo enero/marzo de 2026. El 16 de marzo, un informe técnico solicitó a las partes acreditar su personería, facultades de negociación y especificar las retenciones salariales según el artículo 19 bis. El 30 de marzo se notificó formalmente a los cuatro miembros paritarios.

De haberse homologado todos los acuerdos y escalas pendientes, los haberes de los encargados habrían perdido, en promedio, un 11,09% frente a la inflación en el acumulado anual, aunque registrarían un crecimiento interanual del 20,84%.

Estado de los últimos cuatro acuerdos salariales

[BPN-15/04/26] De los cuatro acuerdos alcanzados durante los últimos 10 meses por la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERyH), solo uno ha sido homologado hasta la fecha. El resto permanece sin aprobación oficial por parte de la Secretaría de Trabajo, afectado por fallas formales y demoras burocráticas injustificadas.

Los acuerdos fueron pactados por el gremio con el sector patronal representado por la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), la Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal (AIERH) y la Unión Administradores de Inmuebles (UADI).

- Aumentos para julio y agosto 2025: Homologado.

- Aumentos para septiembre, octubre y noviembre 2025: El expediente no presenta avances.

- Aumentos para enero, febrero y marzo 2026: Detenido por fallas formales.

A continuación, presentamos un relevamiento detallado y exclusivo realizado por Pequeñas Noticias sobre el derrotero de cada expediente en la Secretaría de Trabajo. La investigación revela que factores como faltas administrativas y omisiones de personería mantienen frenadas las validaciones, lo que genera incertidumbre en el sector. Este "mapa de ruta" administrativo permite entender la realidad a través de sus documentos.

Este acuerdo otorgó un incremento del 1,1% y un bono de $ 50.000 a pagar en el mes de junio.

- 21 de mayo: Presentación para homologar.

- 23 de junio: Giro a Asesoría Técnico Legal.

- 30 de junio: Se ordena la ratificación de los paritarios (Dictamen 5927/25).

- 1º de julio: Ratificación de los paritarios.

- 2 de julio: Regreso a Asesoría Técnico Legal para indicar el trámite a seguir.

Desde ese punto, el expediente permanece "frizado". Se trata de una demora gubernamental inexplicable. No obstante, dado que los paritarios cumplieron con todos los requisitos exigidos, podría considerarse homologado tácitamente, aunque ni las entidades de administradores ni el sindicato se han expedido al respecto.

Este convenio estableció aumentos del 1,5% y 1,4%, más un bono de $ 50.000 para los meses de julio y agosto.

- 22 de julio: Presentación para homologar.

- 5 de septiembre: La Secretaría de Trabajo señala defectos formales.

- 29 de septiembre: Recomendación de homologación.

- 7 de noviembre: Homologación mediante la Disposición 2569.

Es notable que la aprobación de los sueldos de julio y agosto llegara recién en noviembre. Por otra parte, al homologarse las escalas salariales que acompañaban el acuerdo -incluida la del mes anterior- se reafirmó la homologación tácita del acuerdo de junio.

Se pactaron incrementos del 1,8%, 1,7% y 1,6%, además de un bono de $ 50.000 y viáticos.

- 11 de septiembre: Presentación para su homologación.

- 3 de noviembre: La Secretaría de Trabajo ordena la ratificación.

- 3 de diciembre: Tras cumplirse las formalidades, se eleva a la Dirección Nacional para su consideración.

A pesar de que los sueldos ya fueron liquidados, el expediente no presenta movimientos desde diciembre.

Otorgó aumentos del 2%, 1,8% y 1,7%, junto a un bono de $ 120.000.

- 30 de diciembre: Presentación y derivación a la Dirección de Gestión Documental.

- 5 de enero: Intervención de Asesoría Legal.

- 16 de enero: Ratificación de FATERyH y CAPHyAI; se ausentan las de AIERH y UADI.

- 16 de marzo: Un informe técnico requiere que las partes acrediten su personería y facultades para negociar, además de precisar las sumas a retener por el artículo 19 bis.

- 30 de marzo: Notificación a las partes.

Cuarto año consecutivo de puestos de trabajo a la baja

[BPN-15/04/26] Durante 2025, la cantidad de puestos de trabajo en el sector de la propiedad horizontal disminuyó un 1,44% con respecto al año anterior. Esta caída confirmó la tendencia adelantada por las mediciones trimestrales y consolidó el cuarto año consecutivo de descenso en el empleo del sector.

En términos concretos, el año pasado se perdieron 778 puestos de trabajo. Desde 2021 hasta fines de 2025, la reducción total alcanzó los 3.853 empleos, lo que representa una contracción del 6,74% en la fuerza laboral de los encargados de edificios.

Al analizar los datos geográficamente, se advierte que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentra el 70,18% de los puestos del país. Le siguen los partidos del Gran Buenos Aires con un 10,39%, sumando entre ambos distritos el 80,57% del total nacional.

En tercer lugar, con un 9,88%, se ubica el resto de la provincia de Buenos Aires, que incluye ciudades de relevancia como La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, San Nicolás de los Arroyos y Tandil.

En el extremo opuesto de la tabla se encuentran nueve provincias con menos de 100 puestos de trabajo en el sector. Entre ellas destacan Tierra del Fuego y Santa Cruz, que proporcionaron menos de 10 empleos cada una.

Durante 2025, la remuneración promedio anual informada por el Ministerio de Trabajo subió de $ 784.915,32 mensuales a $ 1.311.309,48, lo que significó un incremento del 67,1% respecto a 2024.

El comportamiento salarial a lo largo del año mostró que la remuneración mensual comenzó en enero en $ 1.072.976 y finalizó en diciembre en $ 2.122.097. Esto representó un aumento interanual, medido de diciembre a diciembre, del 50,81%.

Para la confección de este informe se consideró a los trabajadores alcanzados por los Convenios Colectivos de Trabajo 589/10 y 590/10. Cabe aclarar que el relevamiento no contempla al personal de las empresas de limpieza.

Ya se pueden presentar las DDJJ de 2025

Edificio Cruz de Malta, sede de Defensa y Protección del Consumidor porteño y el Registro Público de Administradores.

[BPN-15/04/26] El pasado 7 de abril, Carlos Traboulsi, director general de Defensa y Protección al Consumidor porteño, dispuso que los administradores de consorcios que hayan ejercido la actividad durante 2025 tendrán tiempo hasta el 30 de noviembre inclusive para realizar las Declaraciones Juradas (DDJJ) anuales de los edificios que administran (artículo 3º).

Al respecto, la normativa advierte:

Es importante recordar que cada administrador debe continuar renovando anualmente su matrícula personal según la fecha indicada en el último certificado expedido por el Registro Público de Administradores (RPA) porteño.

Asimismo, se destacó la obligación de transparencia en los edificios:

Según la disposición, al administrador que deba renovar su matrícula se le exigirá:

- Completar el formulario con datos de la administración (persona física o jurídica).

- Completar el formulario de los consorcios que administra.

- Certificado del Registro de Juicios Universales, expedido durante los seis meses anteriores al trámite.

- Certificado del Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, con una vigencia no mayor a seis meses. El documento debe cargarse digitalmente al sistema.

- Certificado de actualización del curso de capacitación en administración de consorcios. La fecha debe corresponder al año del trámite o haber sido expedido en los últimos seis meses.

- Constancia de CUIT actualizada.

- Certificado del curso de Basura Cero. Quienes hayan renovado su matrícula en tiempo y forma entre 2019 y 2022 y lo hayan presentado oportunamente, no necesitan repetir el curso.

- Certificado de libre deuda del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Para completar el trámite anual de los edificios, los mandatarios deberán presentar por cada uno de ellos:

- Todas las declaraciones juradas del formulario 931 de la AFIP y sus correspondientes pagos (escaneados en un solo archivo por todos los empleados).

- Comprobante de pago del curso de SERACARH de cada encargado.

- Acta de asamblea donde conste su designación o renovación, la rendición de cuentas y el punto específico donde esta fue aprobada.

- Seguro de Responsabilidad Profesional del período declarado o el acta de asamblea donde se aprobó que el patrimonio del administrador sirva como garantía de su gestión.

- Constancia de CUIT o Código de Identificación Tributaria (CDI) del consorcio.

Se oficializó la bonificación del 40% del Impuesto Inmobiliario

[BPN-15/04/26] El pasado 10 de abril, el jefe de Gobierno porteño aprobó el texto ordenado del Código Fiscal, el cual establece una bonificación del 40% del Impuesto Inmobiliario de los espacios comunes para los consorcios de propietarios (destinados a vivienda u oficina) que cuenten con, al menos, un empleado en relación de dependencia.

Esta iniciativa fue impulsada por el Ejecutivo local (Ley 6.929), e incorporó el artículo 415 bis al Código Fiscal, que en esta nueva versión pasó a ser el 412. Bajo el título "Bonificación consorcio de propiedad horizontal", el artículo dispone:

Al momento de redactar esta nota, el artículo aún no ha sido reglamentado, por lo que se desconocen las exigencias técnicas que se aplicarán para validar el beneficio.

Aunque el texto original es breve, su contenido permite proyectar un análisis preliminar sobre el impacto de la medida. Por ahora, determinar el ahorro exacto en pesos para los consorcios porteños es complejo. Dado que el Impuesto Inmobiliario suele estar integrado en la liquidación de ABL, es probable que el alivio fiscal alcance únicamente a los edificios que reciben la facturación de sus partes comunes por separado.

La "letra chica" de la iniciativa —que exige mantener personal en relación de dependencia— sugiere una posible gestión del SUTERH para frenar la creciente tercerización del sector. Si bien la medida apunta en la dirección correcta, su éxito real dependerá del impacto final del descuento en las expensas.

La reglamentación tendrá la tarea de despejar las dudas que hoy circulan en la comunidad consorcial:

El factor permanencia: ¿Qué sucede si un consorcio paga el ABL anual con un encargado en nómina y luego contrata una empresa externa?

La carga burocrática: Para quienes opten por el pago mensual, ¿será necesario acreditar periódicamente ante la AGIP la continuidad del empleado?

Gestión y honorarios: ¿Se convertirá este trámite en una nueva carga administrativa que recaiga sobre los administradores y sus honorarios?

El Gobierno porteño creó la figura del facilitador para asambleas

[BPN-15/04/26] El pasado 3 de julio, la Dirección General de Mediación y Convivencia Vecinal reglamentó un nuevo servicio privado para los consorcios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: los "Facilitadores para Asambleas de Copropietarios". La función de estos profesionales es brindar apoyo técnico a los vecinos para el desarrollo de las reuniones y gestionar los conflictos que puedan surgir durante el debate.

Los facilitadores podrán ser contratados por administradores o copropietarios para colaborar en la conducción de las asambleas, con el fin de promover el diálogo constructivo y la búsqueda de acuerdos. En caso de que un consorcio decida contratar este servicio, la Dirección General designará al profesional mediante un sorteo, procedimiento que busca garantizar la transparencia y neutralidad en su actuación.

Desde el Gobierno porteño aclararon que estos facilitadores no actúan como jueces ni inspectores. Se trata de profesionales capacitados para guiar la reunión, asegurar que todas las voces sean escuchadas y asistir a las partes para que alcancen consensos en un clima de respeto, transformando la asamblea en un espacio constructivo en lugar de un foco de conflicto.

La disposición establece que la Dirección General de Mediación y Convivencia Vecinal creará un registro público de facilitadores habilitados. Los aspirantes a integrar dicho registro deberán cumplir con los siguientes requisitos:

- Tener al menos 18 años de edad.

- Contar con título secundario completo.

- Residir y tener domicilio constituido en la CABA.

- Poseer capacitación formal en resolución de conflictos, comunicación, derecho o administración de consorcios.

- Acreditar experiencia comprobable en facilitación de grupos o mediación comunitaria.

- Aprobar el curso de capacitación oficial implementado por la Dirección General.

- No poseer antecedentes penales ni sanciones administrativas relacionadas con la propiedad horizontal.

- No figurar en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

- Estar inscripto en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Al tratarse de un servicio privado supervisado por el Estado local, la resolución establece los aranceles mínimos que deben percibir estos profesionales, los cuales estarán a cargo del consorcio y deberán abonarse dentro de los 10 días hábiles posteriores a la asamblea.

Para consorcios de hasta 20 unidades funcionales, el honorario mínimo se fijó en 97 unidades tarifarias ($858,32 cada una), lo que arroja un total de$ 83.257. A partir de allí, el esquema de incrementos se aplica según la cantidad de unidades:

De 51 a 100 unidades: Se adiciona un 15% al monto mínimo por cada 10 unidades adicionales ($ 95.746).

Más de 100 unidades: Se adiciona un 20% por cada 10 unidades adicionales ($ 99.908 para el primer tramo).

Se formalizó la prórroga del uso obligatorio de la miBA

Originalmente, el Gobierno porteño había dispuesto que, a partir del 31 de diciembre de 2025, todos los trámites ante la AGIP debían gestionarse exclusivamente mediante esta plataforma digital. Desde dicha fecha, los contribuyentes están obligados a validar su identidad a través de este perfil único para acceder a los servicios y documentos emitidos por la Ciudad.

Ya se está filmando la cuarta temporada de El Encargado

[BPN-15/04/26] El pasado 13 de marzo se confirmó el inicio del rodaje de la cuarta temporada de El encargado, la serie que aborda con sátira y humor la vida en los edificios porteños. Este año, Guillermo Francella volverá a personificar a Eliseo a lo largo de los siete capítulos que compondrán la entrega.

Durante esta nueva etapa, su planta carnívora desempeñará un papel fundamental. Cabe recordar que este ejemplar es el único ser vivo al que el protagonista cuida con devoción genuina y casi ritual. Alimentarla representa uno de los pocos momentos en los que se observa a un Eliseo atento y cariñoso, evidenciando una empatía mayor hacia ella que hacia los vecinos del edificio.

Los avances y el tráiler han mostrado a la planta marchita, lo que podría simbolizar que el imperio construido por Eliseo -especialmente tras los eventos de la convención de encargados en la tercera temporada- se encuentra bajo una amenaza real. El deterioro del ejemplar sugeriría que el protagonista está perdiendo su "toque" o que un competidor más fuerte ha irrumpido en su ecosistema.

No obstante, la información disponible indica que Eliseo se encuentra en una posición de poder tras su victoria frente al sindicato. Pese a ello, la paz en el consorcio sería breve: se gestaría una nueva conspiración interna liderada por su eterno rival, Zambrano (interpretado por el "Puma" Goity), quien intentará desestabilizarlo y exponer sus métodos.

A la dupla Francella-Goity se sumarán actores de trayectoria para elevar el nivel de la producción. En los nuevos episodios participarán figuras como Arturo Puig y Luis Brandoni, además de las actuaciones especiales de Darío Barassi y Mirta Busnelli. Se trata de un elenco diseñado para profundizar en las tensiones de poder entre los copropietarios y el personal.

Buscan poner un medidor de agua en cada unidad funcional

[BPN-15/04/26] El pasado 5 de marzo, la concejala María Fernanda Gigliani (Iniciativa Popular) presentó un proyecto de ordenanza para que las unidades funcionales de los nuevos edificios en Rosario cuenten con medidores de agua particulares. La iniciativa propone, además, la instalación de un medidor general ("macro medidor") en aquellos edificios ya construidos dentro del Distrito Centro de la ciudad.

Para implementar la medida, el proyecto busca modificar el inciso 4.10.1.1 del Reglamento de Edificación local. La normativa establecería que toda nueva construcción bajo el régimen de propiedad horizontal deberá disponer de las instalaciones técnicas para colocar medidores en cada unidad, ya sean residenciales u oficinas. En áreas sin servicio de Aguas Santafesinas S.A., las instalaciones deberán preverse para futuras conexiones sin afectar la estructura interna.

La legisladora argumentó que es imperativo concientizar sobre el consumo responsable, dado que el agua dulce representa solo el 2,5% del total mundial. El objetivo es reemplazar progresivamente el sistema de "consumo asignado" -basado en la superficie de la propiedad- por uno donde cada usuario abone efectivamente lo que utiliza.

Gigliani señaló que, en las zonas de Rosario donde ya existen medidores, el consumo es entre un 30% y un 50% menor que el promedio local. Esto garantizaría que la producción alcance para abastecer a toda la población con niveles de presión aceptables.

Nueve legisladores buscan eliminar el IVC

[BPN-15/04/26] El pasado 16 de marzo, nueve legisladores de La Libertad Avanza presentaron un proyecto de ley en la Legislatura porteña para disolver el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), organismo creado en 2003 mediante la Ley 1251. La iniciativa propone transferir sus recursos a la Jefatura de Gabinete de Ministros con el fin de financiar políticas de acceso a la vivienda de manera directa.

En su cláusula transitoria, el proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá informar semestralmente a la Legislatura el destino de las partidas presupuestarias originalmente asignadas al IVC, hasta que se agote la totalidad de los fondos previstos para dicho organismo. No obstante, el texto no especifica de qué forma el Gobierno local atenderá las necesidades habitacionales de la ciudadanía una vez cumplido este proceso administrativo.

La propuesta busca reducir la estructura del Estado porteño mediante la eliminación de organismos que considera burocráticos. Según los fundamentos, se busca transicionar hacia un modelo orientado a resolver problemas vecinales, eliminando costos operativos que no se traducen en soluciones concretas.

La iniciativa, ingresada bajo el número 775-D-2026, consta de tres artículos y será girada a las comisiones de "Vivienda" y de "Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria". Sus autores son Nicolás Pakgojz, Marcelo Gregorio Ernst, Juan Ignacio Fernández, Rebeca Fleitas, Silvia Imas, Marina Kienast, María del Pilar Ramírez, Sandra Mónica Rey y Diego Vartabedian.

Los legisladores cuestionaron la existencia de un Directorio con rango de secretario y directores ejecutivos con mandatos de cuatro años, calificando la estructura como un esquema político permanente de elevado costo. Señalaron que el organismo posee aproximadamente 1.000 empleados según su sitio web, mientras que el Presupuesto 2026 registra 493 cargos escalafonarios, además de autoridades superiores y contratos.

En términos financieros, destacaron que de los 110.280 millones de pesos asignados para 2026, casi un tercio —33.630 millones de pesos— se destina al funcionamiento general y la estructura administrativa (Programa 9). Asimismo, subrayaron que el gasto previsto para el "Gabinete de autoridades superiores", de 935 millones de pesos, supera en 2,5 veces el presupuesto del programa "Planes de Alquileres BA", que cuenta con solo 371 millones de pesos.

La Ley de Modernización Laboral y las empresas de limpieza

[BPN-15/04/26] El pasado 7 de abril la Dra. Mercedes Albisu, especialista en temas laborales, señaló que la reforma impulsada por la Ley de Modernización Laboral busca limitar la responsabilidad solidaria de los consorcios al contratar servicios de limpieza. Sin embargo, aclaró que la reciente suspensión judicial de artículos clave y los fallos de inconstitucionalidad generan un escenario de incertidumbre. Analizamos los riesgos de un nuevo paradigma legal que aún espera definiciones en los tribunales.

A las homologaciones faltantes se suma un nuevo acuerdo

[BPN-15/04/26] Si no se homologa el acuerdo salarial para abril anunciado por Víctor Santa María, titular del SUTERH, durante la segunda quincena de este mes, el promedio de las escalas salariales de los encargados de edificios perderá -2,6 puntos porcentuales (pp) contra la inflación mensual, -29 pp contra el acumulado anual y -28,56 pp en la medición interanual.

Para comparar las escalas salariales del sector, se promediaron las funciones de encargado permanente con y sin vivienda en sus cuatro categorías de cada mes. En los casos que correspondió, se sumaron los bonos acordados en paritarias o por el Poder Ejecutivo nacional, incluyendo los bonos del 20% que ahora se pagan en junio y diciembre.

De meses anteriores quedan dos homologaciones faltantes. Para los cálculos de este mes no se tomaron en cuenta los siguientes acuerdos:

1.- Acuerdo del 9 de septiembre: Otorgó un aumento del 1,8% para septiembre, 1,7% para octubre, y 1,6% para noviembre, más un bono de 50 mil pesos para esos meses, viáticos para las funciones sin vivienda (con excepciones) y la integración del bono de 50 mil pesos a las escalas salariales.

2.- Acuerdo anunciado el 30 de diciembre: Otorgó un aumento del 2% para enero, 1,8% para febrero, y 1,7% para marzo, más un bono de 120 mil pesos para cada uno de esos meses. El expediente no avanzó porque adolece de faltas formales.

En abril el promedio de las escalas salariales no presentará cambios. Este mes el promedio de las escalas será de 900.237 pesos mensuales.

En abril, el promedio de las escalas salariales se mantendrá en un -16,67% menor con respecto a diciembre del año pasado.

Esto se debe a que, como todos los años, en enero no se cobró el bono del 20% que se pagó en diciembre, lo que provocó una baja brusca en los promedios de las escalas salariales durante el primer mes del año. Durante el último mes del año pasado, el promedio era de 1.080.284 pesos mensuales.

El incremento interanual de las escalas salariales desde abril del año pasado hasta el mismo mes de este año volverá a ser del 3,82%. El promedio de las escalas salariales de abril de 2025 fue de 867.118 pesos.

Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, la inflación de marzo fue del 3,4% y para el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la inflación de abril será del 2,6%.

Con base en estos números, la inflación interanual de abril será del 31,87%.

El haber mínimo de un jubilado que paga expensas en febrero será de 450.319,31 pesos brutos, a los que se les debe descontar la "Obra social s/haberes PAMI".

Este monto se debe a tres razones:

1.- Se estableció en marzo del año pasado que el haber mínimo a partir de julio se actualizaría todos los meses según la inflación del IPC del INDEC (Decreto 274 del 22/03/24). Como la inflación de febrero fue del 2,9%, las jubilaciones de marzo aumentarán un 2,9% (Resolución 74 del 27 de marzo).

2.- Se volvió a otorgar un "Bono Extraordinario Previsional" de hasta 70 mil pesos mediante el Decreto 213 del 29 de marzo.

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