La reclama Ciencias Económicas

El presidente del CPCE, Dr. Humberto Ángel Gussoni, y el secretario, Dr. Guillermo Héctor Fernández, le manifestaron al Dr. Alterini, entre otros argumentos, que "el tipo de actividad a la que se dirigen estos estudios encuadra de manera muy clara en el ámbito del conocimiento propio de las Ciencias Económicas".

Por otra parte, también subrayaron que "igualmente nos ponemos a disposición de esa facultad, junto con las comisiones de estudios especializadas del consejo y con la Escuela de Educación Continuada, que funciona en nuestra institución, para avanzar junto a ustedes en el tema", aunque advirtieron que lo harán "con una perspectiva más ajustada a la real ubicación académica y profesional de la administración de consorcios de Propiedad Horizontal".

Según los miembros de APLA las funciones que desempeña un administrador de consorcio se enmarcan en las actividades vinculadas a las ciencias económicas y no a las del derecho. "La tarea del administrador de consorcios es esencialmente de aspecto económico administrativo. Si bien con base en las leyes vigentes, su desempeño no implica el ejercicio del derecho en sí", argumentaron.

Asimismo, señalaron que el administrador de consorcios "tiene una importantísima función en la dirección operativa de edificios y emprendimientos urbanísticos lo que significa que por una parte deberá asesorar a los propietarios en todas las cuestiones sobre propiedad horizontal y también tiene funciones operativas inherentes a las tareas administrativas".

Respecto a las funciones operativas explicaron que los administradores deben, entre otras cuestiones, controlar el destino de los fondos, resolver sobre el mantenimiento del edificio, dirigir al personal en relación de dependencia, resolver las diferencias entre los ocupantes del edificio, contratar a proveedores y sostienen que éstas son funciones "concordantes con las señaladas por el Art. 14 de la ley 20.488, que regula el ejercicio de los profesionales en Ciencias Económicas".

En este sentido, advierten que los profesionales de ciencias económicas "son los únicos que tienen en sus planes de estudio materias afines a la programación, planeamiento y presupuestación". Según ellos, ésto es lo que los hace tener "una visión distinta de las otras profesiones. Les permite conocer perfectamente qué resultados se obtendrán en el futuro por sus decisiones actuales y sus implicancias sociales, económicas y financieras".

Sin embargo, aclararon que "el conocimiento de las leyes pertinentes es necesario en la administración de consorcios pero no suficiente. También se deben conocer otras materias no menos importantes como por ejemplo Contabilidad, Finanzas, Psicología [...] y la mayoría de ellas, sólo se dictan en las carreras de Ciencias Económicas".

"Defenderé con mi vida..."

La totalidad de las adhesiones expresaron su repudio a este tipo de prácticas contra los medios de comunicación independientes resaltando que se deben abandonar estas acciones antidemocráticas y jerarquizar la libertad de expresión en todos los niveles.

Consultado el presidente de UMIPH, Sr. Claudio García de Rivas, sobre el apoyo recibido a la tarea que realizan los miembros de la entidad que representa, resaltó que "la vida en democracia no es un regalo ni un derecho divino. Hay que trabajarla duramente día a día y persona por persona. Es una construcción colectiva que implica un firme compromiso con las ideas propias y tolerancia con las ajenas. Creo que a la comunidad consorcial lentamente le comienzan a llegar estos aires frescos".

En vivo y en directo

[BPN-29/11/05] El martes 22 de noviembre en el Aula Magna de la Facultad Regional de Buenos Aires (FRBA) de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), se realizó el Encuentro Nacional Inmobiliario y de Propiedad Horizontal organizado por la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) en video conferencia simultánea con Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Mendoza y Bahía Blanca.

El evento se inició con la presencia del Arq. Luis Ángel De Marco, decano de facultad anfitriona, el Adm. Néstor Pirosanto y el Dr. Cristóbal Orlando Ruano, presidente y secretario de la CAPHyAI  respectivamente.

"Para esta casa de estudio es un honor poder contar con un encuentro de este tipo propiciado por la Cámara de Propiedad Horizontal. Entiendo que esto forma parte de las funciones que debe cumplir una universidad", destacó el decano durante las breves palabras con las que abrió el encuentro.

El Adm. Pirosanto a continuación subrayó que "como hemos señalado en otras oportunidades, no debemos perder de vista que si la Argentina tuvo alguna vez a su alcance un futuro de grandeza fue por su sistema educativo abierto, obligatorio y de alta calidad en todos sus niveles. La capacitación es una de las claves para ganar espacios. Indudablemente es el mejor momento para poner en práctica este propósito con el reordenamiento lógico que los tiempos que corren lo exigen".

Por otra parte reflexionó que "particularmente en este sector es impensable la posibilidad de sentarse pasivamente a esperar que pasen los tiempos difíciles porque podríamos llegar a perder lo que hemos logrado en tanto tiempo y con tanto esfuerzo y trabajo".

Agua que has de beber...

[BPN-29/11/05] En una sala colmada se realizó, el martes 15 de noviembre en el Salón Mediterráneo del Círculo de Oficiales del Mar, el seminario "Seguridad en calidad ambiental referido a la limpieza de tanques de agua potable" organizado por Asociación Civil de Administradores Independientes de Propiedad Horizontal (AIPH).

En la apertura del encuentro el presidente de AIPH, Adm. Adrián Hilarza, destacó sobre la entidad que preside: "cuando decidimos conformar este grupo de trabajo lo hicimos fundamentalmente con la idea de jerarquizar la profesión de los administradores. Consideramos que la tarea principal es la capacitación. Los dos eventos que hemos organizado han realizado sobre este tema un aporte específico".

La jornada contó con la disertación del director general de Control Calidad Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Dr. Diego Martínez; el ingeniero en seguridad e higiene, Julio Maddalena; la Dra. Solange Hidalgo, consultora de la Organización Mundial de la Salud (OPS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OMS) y el Dr. Alberto Horacio D´Angelo, abogado y profesor de Ciencias Jurídicas.

Durante este seminario el Dr. Martínez destacó: "queremos interactuar con los administradores y con las empresas prestatarias de este sector. Nosotros preferimos el control preventivo y no el control sanción, aunque sin lugar a dudas que cuando se comprueba la falla se labra el acta para su juzgamiento".

El Dr. Martínez subrayó que durante el año pasado han efectuado "numerosas inspecciones y lamentablemente el porcentaje de incumplimiento fue alto" y consideró que éste se originó "por desconocimiento de aspectos de la norma".

Informó a los presentes que "tenemos un sistema de denuncias y se pueden contactar con esta Dirección General al 0800-999-2727...". Además, destacó que "en los próximos días en la página oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (www.buenosaires.gov.ar) se incorporará la información de las empresas habilitadas, todos los detalles de la norma, las recomendaciones, requisitos de los trabajadores y la disponibilidad para saber cualquier irregularidad".

El Ing. Maddalena disertó sobre las normas de seguridad e higiene que deben cumplir las empresas prestadoras y sostuvo que "la gente cree que la limpieza de tanques es algo sencillo pero los trabajadores que realizan esta tarea tienen serios riesgos que no se toman en cuenta".

De manera didáctica -a partir de un modelo- mostró cada uno de los elementos que necesita el personal a cargo de la limpieza: botas, ropa para lluvia, una capa, un casco, un arnés -que es un elemento importante porque es donde se ata el cabo de vida en manos de otro trabajador que está en el exterior por si le llega a suceder algo en el interior del tanque- y las antiparras.

"Todo esto hace que estemos pensando en una inversión en seguridad que hace la empresa. Sin duda, esto provoca un aumento de los costos operativos que se traduce en un aumento de los precios del servicio", subrayó.

La Dra. Hidalgo destacó: "tenemos que tomar conciencia de que todos -el usuario, el propietario de la casa, el administrador y las autoridades- somos partícipes responsables de tener aguas seguras para el consumo humano". Y advirtió que "en esta cadena de responsabilidades todos deben tomar conciencia de las pautas culturales y cambios para que los hábitos higiénicos sean precisos".

Explicó que el agua para ser bebida tiene que estar libre de organismos patógenos -concentraciones químicas, impurezas, cualquier tipo de contaminación que cause problemas para la salud humana. En este sentido, advirtió que hay que tener en cuenta que el agua tiene ciertas características: "medimos la calidad del agua en término de sus características: físicas, químicas y biológicas".

El Dr. D’Angelo destacó que "hacer la limpieza del tanque es una obligación legal impuesta por la ordenanza 45.593. El riesgo se provoca no por acción sino por omisión".

Explicó que un administrador que omite hacer la limpieza del tanque "ocasiona daños en la salud de las personas" y que le recaen responsabilidades que son: la contractual, extra contractual dentro del ámbito civil y posiblemente responsabilidad de carácter penal.

La primera de las responsabilidades es para con los propios administrados, es decir los miembros o copropietarios que integran el consorcio. La extra contractual es para las personas que resulten perjudicadas y con las cuales el administrador no tiene un contrato -un visitante del edificio-.

Además, aclaró que también "puede haber un incumplimiento defectuoso –que es asimilable a la omisión total- cuando por ejemplo, se contrata a una empresa que no está autorizada por el Gobierno de la Ciudad dado que nada garantiza que ésta tenga un director técnico, que sean auténticos los certificados que se van a expedir, entre otras cosas.

No desearás la representación de tu prójimo

[BPN-29/11/05] "Existen muchas soluciones inteligentes y novedosas que los propietarios podrían introducir en los consorcios para mejorar la convivencia sin esperar a que los señores legisladores se dignen estudiar nuestros proyectos de leyes. La consigna que proponemos hoy es: modificar los reglamentos", destacó el Dr. Osvaldo Loisi, presidente de la Fundación Liga del Consorcista, en la clase gratuita que brindó el pasado lunes 14 de noviembre en la sede del Defensoría del Pueblo de la Nación sobre "Reglamentos de Copropiedad y Administración".

Ante la presencia de unas 150 personas, el Dr. Loisi explicó que desde el punto de vista legal, el edificio de propiedad horizontal "es un híbrido, una mezcla de cosas diferentes pues conviven personas distintas que pasan a habitar el inmueble compartido sin conocerse y que también se ejercen derechos distintos: el dominio, o sea la facultad de hacer lo que se quiere, de enseñorearse de la cosa de la cual se es propietario y el condominio, que es ese mismo derecho pero limitado por los derechos de los demás".

Luego de hacer una reseña sobre el Reglamento de Administración y Copropiedad resaltó la importancia del mismo ya que, entre otros objetivos, "tiene por finalidad fijar los límites entre las cosas propias de cada consorcista y aquellas otras que son comunes a todos, designar un primer representante de los propietarios y establecer la forma en que los propietarios se reunirán para decidir todas las cuestiones que puedan suscitarse que no sean de incumbencia expresa del administrador" y afirmó que "la gran mayoría de los problemas de consorcio se originan en el reglamento y que casi todos tienen origen por una parte en el desconocimiento de su contenido y por otra por poseer éste cláusulas abusivas".

Éste es uno de los tres ejes que el Dr. Loisi remarcó especialmente en su clase: "Es increíble que a más de medio siglo de vigencia de la ley de Propiedad Horizontal, todavía no nos hayamos dado cuenta del peligro que entraña permitir que se confundan en una sola persona, que normalmente es un extraño al consorcio, dos funciones absolutamente diferentes como son la función de administrar y la función de representar al consorcio frente a terceros."

Consideró que la administración de un consorcio requiere de una creciente profesionalización pero advirtió que la representación del mismo "no exige más que prudencia y solvencia y por ello siempre debiera recaer en un propietario o en un conjunto de ellos". Para ilustrar el tema, el presidente de la Liga, contó una experiencia propia en la cual una administradora, pronta a ser removida de su cargo, libró varios pagarés a nombre sus allegados firmados por el consorcio de propietarios y luego dejó que los hechos se desencadenaran. Después de un tiempo fueron apareciendo los juicios ejecutivos contra el Consorcio: cinco mandamientos de intimación de pago y un embargo que recayó en la cuenta del Consorcio y las expensas.

En este sentido, propuso que "por asamblea, en oportunidad de designarse un nuevo administrador, los propietarios decidan que uno de ellos, o un cuerpo colegiado de tres o cinco propietarios asuma todos los derechos y obligaciones que la ley 13.512 establece para el cargo de "Representante de los Propietarios" y que paralelamente designen a un administrador para efectuar la gestión administrativa bajo sus ordenes directas".

El segundo eje que consideró prioritario fue la justicia en los consorcios. Propuso poner en práctica una solución muy concreta: "...reformar el reglamento de copropiedad y administración imponiendo la obligatoriedad de acudir, para toda cuestión suscitada dentro de un consorcio, a la justicia arbitral" y aclaró que esto no significaba quitar el derecho de acudir, en última instancia, a los tribunales ordinarios en procura de justicia, ni sugerir un tribunal arbitral determinado "sino que, ante cualquier conflicto, como requisito previo, encomendar en primer lugar dilucidar el mismo a árbitros libremente elegidos por las partes".

Así, explicó, "podrían resolverse cuestiones llamadas ‘de menor cuantía’ pero de mucha importancia para los consorcistas como los ruidos molestos, los arreglos en unidades funcionales por roturas de elementos, humedades o problemas con la administración por mala aplicación de los porcentuales en las expensas, etc."

En el último de los ejes más fuertes de su disertación, el Dr. Loisi, apuntó al problema de la participación de los copropietarios en las asambleas. Recordó que la entidad que preside presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que "establece que cuando los propietarios están fehacientemente notificados de una asamblea y no concurren, deberá entenderse que existe un ‘mandato tácito’ otorgado a favor de la mayoría de los presentes". Consideró que la ausencia y la indiferencia de los que no participan "...tienen un efecto paralizante que esteriliza los esfuerzos del grupo de personas que sí se interesan por debatir las cuestiones y lograr resolver los problemas".

También propuso otra solución alternativa para cuando se hace imposible reunir la unanimidad de votos en asamblea para establecer reformas que se estiman absolutamente necesarias y aconsejó que "se facilite la expresión de voluntad de todos los propietarios, designando un cuarto intermedio en dicha asamblea a fin de invitar a que en el plazo que se disponga, quienes no han podido asistir a la reunión, puedan dejar constancia de su adhesión a lo resuelto allí unánimemente" y agregó que es una salida justa y perfectamente adecuada porque no se trata de cumplir con las formalidades legales por las formalidades mismas, sino de hacer justicia".

Emergencias nocturnas

[BPN-29/11/05] Para cumplir con la disposición 154/2000 "Obstáculos Aéreos a la Aeronavegación", del Comando de Regiones Aéreas, los consorcios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y del Gran Buenos Aires deberán instalar en sus edificios balizas de señalamiento. Así lo informó la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) en una circular que distribuye entre sus asociados.

A partir de esta medida se podrá utilizar -frente a cualquier emergencia nocturna en zonas urbanas- helicópteros de policía, hospitales y bomberos brindando "un importante servicio a la comunidad".

Asimismo, la CAPHyAI advirtió a los infractores que "las multas dispuestas son de muy alto valor". Por otra parte se destacó que los edificios en caso de ser inspeccionados deben estar balizados o exceptuados (apantallamiento) aunque para esta última opción los requisitos son muy difíciles y costosos y dependen siempre que otros cumplan la ley. Por esta razón para resolver el tema en forma definitiva, aconseja directamente la instalación correspondiente.

Las balizas deberán instalarse en estructuras de la CABA y del Gran Buenos Aires que se encuentren dentro de los diez kilómetros de radio de cualquier aeropuerto y de dos kilómetros de radio de cualquier helipuerto. Fuerza Aérea exige el balizamiento desde los treinta metros de altura en adelante, aproximadamente ocho pisos.

[BPN-29/11/05] En el mundo más de 500 millones de personas con alguna discapacidad esperan que el total de la sociedad se comprometa a trabajar más en la búsqueda de una mayor igualdad de derechos para todos. En 1983, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió que el 3 de diciembre se conmemore el "Día Internacional de las Personas con Discapacidad" para hacer un llamado a la reflexión sobre las problemáticas vinculadas a este tema.

Hace 22 años este organismo internacional propuso a los países miembro que ese día se promovieran especialmente la toma de conciencia y de medidas para mejorar la situación y garantizar la igualdad de oportunidades para las personas con alguna discapacidad.

La discapacidad como problema social implica el compromiso no solo de los miembros de una sociedad sino también de políticas de Estado que apunten a mejorar el desarrollo de vida de todas las personas. Según los datos que releva la Organización Mundial de la Salud el 10 por ciento de la población mundial tiene necesidades especiales.

En nuestro país, según una investigación que realizó la Encuesta Nacional de Personas con Discapacidad (ENDI) dependiente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), hay más de dos millones de personas discapacitadas. Las cifras alcanzan al 7,1 por ciento de la población. En uno de cada cinco hogares hay al menos una persona con una discapacidad motora, visual, auditiva o mental.

Sobre estas cuestiones la legislación argentina es bastante avanzada e incluye aspectos relativos a la promoción del empleo, a la eliminación de barreras arquitectónicas y a la disposición de fondos especiales destinados a políticas para la superación de la discapacidad. Sin embargo, el cumplimiento de estas normas es muy bajo y todavía no existe una política de estado para las personas  discapacitadas.

"Aprovechemos la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad para reafirmar nuestra firme decisión de construir en el nuevo milenio sociedades con estructuras accesibles para todos, integradoras e inclusivas, y que brinden cuidado a todos sus miembros", destacó el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan.

Sin embargo, la falta de acceso a los servicios básicos como la salud, la educación y el trabajo siguen siendo una fuente de discriminación y de pérdida de oportunidades. El 80 por ciento de las personas con discapacidad vive en los países del tercer mundo y en vías de desarrollo, lo que hace más difícil su integración. La mayoría nunca ha utilizado ni un teléfono ni una computadora, elementos que podrían facilitar su vida cotidiana.

[BPN-29/11/05] El 1º de diciembre de 2005 entra en vigencia la reducción del monto extra que se venía sumando a la indemnización por despido sin causa al 50% para aquellos trabajadores cuyo inicio de actividades sea anterior al 1º de enero de 2003 y hayan significado un aumento en el total de trabajadores que el empleador tenía al 31 de diciembre de 2002.

Actualmente el porcentaje de ese monto indemnizatorio -que se sumaba al previsto por la ley laboral vigente- ascendía al 80% pero el artículo 1º del Decreto 1433/2005, publicado el 23 de noviembre pasado en el Boletín Oficial Nº 30.787, lo redujo: "Fijase en el cincuenta por ciento (50%) el adicional previsto en el segundo párrafo del artículo 4° de la Ley N° 25.972". El 2º artículo lo complementa con el siguiente texto: "Derogase el Decreto N° 2014 de fecha 29 de diciembre de 2004" y el 3º indica su vigencia: "El presente Decreto entrará en vigencia a partir del 1° de diciembre de 2005".

Para hacer un poco de historia hay que remontarse al BO del día 7/1/2002 donde se publicó la Ley 25.561 de Emergencia pública y reforma del Régimen Cambiario en cuyo artículo 16 se podía leer: "...Por el plazo de ciento ochenta (180) días quedan suspendidos los despidos sin causa justificada. En caso de producirse despidos en contravención a lo aquí dispuesto, los empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la indemnización que les correspondiese, de conformidad a la legislación laboral vigente".

Posteriormente, hubo muchas prórrogas para este apartado hasta que el artículo 4° de la Ley N° 25.972, publicada en el BO del 17/12/2004, estipuló la suspensión de los despidos sin causa justificada hasta que la tasa de desocupación elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) sea inferior al diez por ciento (10%).

En cuento al porcentaje del adicional indemnizatorio pasó del 100% de origen –de allí el nombre de doble indemnización- al 80% según el artículo 1º del Decreto 2014/04 publicado en el BO el 7/1/05 y, a partir del 1º de diciembre, al 50% según el artículo 1º del Decreto Nº 1433 publicado recientemente en el BO del 23 de noviembre.

¡¡¡ Todos juntos por un año mejor !!!

Muchas veces, por cuestión de tiempo, esperamos a las "fiestas" para reencontrarnos con amigos, familiares, conocidos o simplemente con aquellos con quienes compartimos gran parte de nuestro tiempo y por qué no con administradores, propietarios, encargados e inquilinos. 

A todos ustedes los invitamos a que participen y empiecen a mandar sus saludos y deseos para estas fiestas.

[BPN-29/11/05] La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) permitirá a ciertas empresas optar por la emisión y el almacenamiento electrónico de comprobantes originales, respaldatorios de las operaciones de compraventa de cosas muebles, locaciones y prestaciones de servicios, locaciones de cosas y obras y las señas o anticipos que congelen el precio.

La resolución que permitirá esta operación fue publicado en el Boletín Oficial (BO) el día 21 de octubre pasado y busca evitar el envío de facturas impresas por correo postal con el consiguiente ahorro de papel, impresión y gastos de correo.

Según las características y requerimientos de esta modalidad, podría ser aplicada por empresas que prestan servicio por Internet, cable, suscripciones de revistas y peajes, entre otros.

Según el artículo 3º los comprobantes que permitiría emitir y almacenar esta modalidad son las facturas o documentos de tipo "A" y "B" más las Notas de crédito y Notas de débito también de tipo "A" y "B".

Los comprobantes que quedan excluidos de la posibilidad de emitir su facturación en forma electrónicas son varios y el artículo 4º de la resolución los enumera: las facturas de exportación, las facturas o documentos equivalentes, notas de débito y notas de crédito de tipo "A" con la leyenda "Pago en CBU informada" y "M", las facturas o documentos de tipo "B" que respalden operaciones con consumidores finales en las que se haya entregado el bien o prestado el servicio en el local, oficina o establecimiento; los comprobantes emitidos para operaciones como las realizadas por agentes de bolsa y de mercado abierto, concesionarios del sistema nacional de aeropuertos, etc.; tiques, tiques factura, facturas, notas de débito y demás documentos fiscales emitidos mediante la utilización de equipamiento electrónico denominado "Controlador fiscal", y las notas de crédito emitidas por medio de dicho equipamiento como documentos no fiscales homologados. Por último, también se excluyen los documentos equivalentes emitidos por entidades o sujetos especialmente autorizados por la AFIP.

Aquellos que cumplan con los requisitos que indica la resolución para poder optar por esta modalidad para emitir y almacenar facturas, deberán solicitar la adhesión al régimen mediante la transferencia electrónica de datos a través de la página "web" de www.afip.gov.ar mediante la opción "Regímenes de Emisión, Almacenamiento y/o Registración Electrónicos de Comprobantes". Quienes realicen la solicitud tendrán una constancia de la presentación realizada y admitida para su tramitación y luego el mismo sistema emitirá un comprobante con carácter de acuse de recibo de la Administración que implicará la aceptación de las disposiciones establecidas.

Después de haberse realizado el trámite on line para ingresar al régimen propuesto por la AFIP, la aceptación o rechazo de la solicitud de adhesión será resuelta dentro de los veinte (20) días hábiles administrativos, contados a partir del día de su recepción. Si se aceptó la solicitud se publicará en la página "web" de la AFIP donde se indicará la fecha a partir de la cual se encuentra autorizado a emitir comprobantes electrónicos originales. Si se rechazó, se informará mediante acto administrativo.

Quienes se hayan adheridos al régimen, deberán confeccionar los comprobantes tipo "A" y/o "B" y solicitarán por Internet a la AFIP la autorización de emisión de dichos comprobantes electrónicos originales. Hasta tanto la Administración no otorgue el Código de Autorización Electrónico (CAE) los comprobantes electrónicos no tendrán efectos fiscales frente a terceros.