Severo cuestionamiento

[BPN-05/09/06] "Quiero elecciones democráticas y libres para que todos los socios participen", destacó el Dr. Jorge Resqui Pizarro. En una entrevista exclusiva concedida a Pequeñas Noticias, denunció que impugnará las elecciones que realizó la Unión de Consorcistas de la República Argentina (UCRA) debido a que según él no se cumplieron con los pasos que dispuso la Inspección General de Justicia (IGJ).

El 26 de julio este organismo resolvió -después de la denuncia que realizó el Dr. Resqui Pizarro- "intimar a UCRA a convocar, en el plazo de diez días, a asamblea general ordinaria a efectos de renovar autoridades, bajo apercibimiento de aplicar sanciones, disponiéndose la entrega de los libros sociales a las que legítimamente surjan del acto asambleario".

Para el Dr. Resqui Pizarro, las autoridades no solo no cumplieron con lo que dispuso la IGJ sino que además para las elecciones del 7 de agosto "solo notificaron a las personas que podían participar y votar esa lista...treinta personas, el resto no fue notificado ni participó".

Con preocupación y malestar, reflexionó: "no me sorprende esta actitud. Cuando a esta gente les hago una crítica profundamente ideológica es porque creo que éstos son los métodos más rancios del conservadurismo fraudulento de la década del treinta".

Y fue aún más crítico: "¿qué harán después, cuando representen a millones de consorcistas en una mesa de negociación [con el sindicato]?, ¿por dónde podrá pasar la cosa? Esto es grave en serio...".

Según Resqui Pizarro, el conflicto con la presidenta de UCRA, Sra. Alicia Giménez, comenzó en junio de 2005 cuando, de acuerdo a lo que prevé el estatuto de la entidad, se debían renovar la mitad de los cargos de la comisión directiva: "ahí vino el detonante porque la Sra. Giménez dijo que no quería que hiciéramos la elección".

Para Resqui Pizarro las diferencias que tiene con algunos de los dirigentes de UCRA son ideológicas: "hay alguien que pretende hacer algo democrático, plural, abierto y hay alguien que no. Esto determina también cómo llevar adelante la representación de los consorcistas, si lo vamos a hacer con el grueso de ellos o con un sello que solo pretende participar en la discusión del poder".

Para él, lo que está tratando de hacer la Asociación Propietarios de Inmuebles de Propiedad Horizontal (APIPH) con UCRA "es discutir el poder pero no los derechos y la representación de los consorcistas. Discuten una porción del poder y aunque eso no esté mal, se debe hacer en defensa de las ideas de los consorcistas".

Teniendo en cuenta esto, el Dr. Resqui Pizarro adelantó a Pequeñas Noticias que –en caso de que la IGJ haga lugar a su reclamo y declare nulas las pasadas elecciones- van a presentar una lista llamada UCRA Línea Fundadora y pronosticó que "casi seguro la voy a encabezar yo".

Asimismo, aseguró que de no ser elegidos en ese nuevo acto eleccionario "aceptaremos la decisión de la asamblea y nos quedaremos en UCRA. Nosotros somos socios fundadores y mentores ideológicos, lo que vamos a hacer desde el oficialismo o desde la oposición es buscar el cumplimiento de los objetivos de la asociación, nada más que eso".

No puede ser miembro de la comisión

Por otra parte, el Dr. Resqui Pizarro –a modo de ejemplo de las irregularidades producidas durante la elección- denunció que la Sra. Nechama Goldberg, designada como integrante de la comisión revisora de cuentas no puede ocupar ese cargo debido a que no cumple con los años de antigüedad que exige el estatuto.

Según una copia del libro de actas que obra en su poder, la Sra. Goldber se asoció a UCRA el 9 de agosto de 2005. Teniendo en cuenta que las elecciones –que según Resqui Pizarro deben ser impugnadas- se realizaron el 7 de agosto, por dos días esta persona no estaría habilitada para ejercer ningún cargo.

"Nos vamos a llevar muy bien con el SUTERH..."

[BPN-05/09/06] El presidente de la Asociación Propietarios Inmuebles de Propiedad Horizontal (APIPH) y de la Federación Argentina de Consorcios (FAC), Dr. Marcos Bergenfeld, adelantó a Pequeñas Noticias que está trabajando en un proyecto para modificar las condiciones de trabajo de los encargados de edificio.

"Creo que a partir de este sistema vamos a lograr darle más trabajo a más gente. En lugar de que el negocio sea para 50 mil encargados, éste va a ser para 100 mil. Vamos a duplicar el trabajo, con lo cual el sindicato no se va a ver alterado para nada", destacó el Dr. Bergenfeld.

El objetivo de la FAC y de APIPH es que se modifiquen algunos aspectos vinculados a la actividad de los encargados. El sistema que el Dr. Bergenfeld quiere implementar apunta a que "un encargado trabaje desde las 6 de la mañana hasta las 14 hs. -que se vaya a su casa como hacen todos los trabajadores en el mundo- y que a esa hora ingrese otra persona a trabajar hasta las 22 horas".

Es decir, los consorcios tendrían dos encargados sin vivienda y éstos cubrirían dos turnos de 8 horas cada uno, "por el mismo importe estaríamos duplicando la cantidad de personas", resaltó el presidente de la FAC.

Si bien aclaró que hasta el momento no le presentó a nadie este proyecto, consideró que "nos vamos a llevar muy bien con la gente del Sindicato Único de Trabajadores de Renta y Horizontal (SUTERH), eso es lo que intuyo. Siempre me llevé bien con la gente de trabajo, con los sindicalistas. Nunca he tenido dificultades, soy un tipo de diálogo y pienso que estamos hablando de duplicar la cantidad de porteros".

Según el Dr. Bergenfeld, antes de conversar esto con los dirigentes del SUTERH quiere poder participar de las Convenciones Colectivas de Trabajo (CCT): "se tiene que terminar con esto de que los administradores representen a los consorcistas [...] y después nos sentaremos con el SUTERH para tratar de organizar esto".

Durante la entrevista con el medio, subrayó que le van a explicar al SUTERH que "nuestro sistema le va a permitir duplicar la cantidad de adherentes y que al mismo tiempo los consorcios van a tener cubiertas más horas".

Y no solo eso, el Dr. Bergenfeld aclaró que a partir de estas modificaciones dentro de la actividad el consorcio reduciría los gastos: "para los consorcios no va a ser tan caro como hasta ahora porque vamos a tratar de abaratar todos los costos".

Detalló que según las estadísticas que manejan desde su asociación, está clarificado que los sueldos y las cargas sociales de los encargados inciden en las expensas en un 60 por ciento: "el 60% es mucho dinero, yo creo que con el 30% estaría más que cubierto...".

El titular de la FAC y de APIPH destacó que él es un hombre muy respetuoso del trabajo y que empezó a trabajar a los 8 años: "me hice desde el trabajo, mi historia es de trabajo. Soy muy respetuoso de eso y no tengo nada contra los trabajadores, los porteros, encargados o conserjes, como se llaman en Europa".

Pero subrayó que "lo fundamental es recuperar la potestad sobre la propiedad. Tenemos que devolverle al propietario su derecho a elegir y darle la posibilidad de que cobre un alquiler por su vivienda".

Según él, los propietarios tienen el derecho de alquilar la vivienda del encargado: "ellos pueden elegir el precio del alquiler que quieran, nada de 7 pesos un alquiler, ese es un cuento y alguien lo tiene que parar", subrayó.

Cuando Pequeñas Noticias le preguntó qué sucedería en el caso de los edificios que tienen encargados con vivienda -si el trabajador iba a tener que pagarle un alquiler a los propietarios para poder vivir dentro del edificio-, el Dr. Bergenfeld fue terminante: "sí, o tendrán que irse a vivir a su casa".

"Hay 166 gremios, empezando por el Sr. Hugo Moyano, que dicen que esto tiene que terminar y nosotros vamos a ayudar a que esto se termine", argumentó y agregó: "nadie tiene derecho a tener una vivienda pagando 7 pesos para que luego se le compense... eso es una viveza criolla".

Se autoadministraban menos del 20%

[BPN-05/09/06] Una investigación realizada entre el año 2000 y 2001 -tres años antes de la creación del Registro Público de Administradores de Consorcios en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- por la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía de la Nación devela algunos aspectos muy interesantes sobre la sociedad consorcial. Según este estudio, el 81% de los consorcistas eligían delegar la administración de su edificio en una persona o empresa externa y sólo un 18% se inclinaban por la autoadministración. Es de destacar que en ese momento el 1,2% de los encuestados desconocía el régimen de administración del edificio donde vivía.

De acuerdo a estas estadísticas y según las reflexiones de quienes hicieron este trabajo, "de dichos porcentajes se podría inferir que los consorcistas en general privilegian la especialización en la tarea que brinda el administrador externo".

La idea de realizar esta investigación -compuesta de un muestreo de 1035 casos- surgió, según los investigadores, a partir de las asimetrías informativas que existen entre el administrador y los vecinos: "en muchas ocasiones los vecinos no conocen exactamente el destino de sus contribuciones, el costo real de los trabajos realizados y el grado de necesidad de realizarlos".

Uno de los objetivos de la encuesta fue conocer qué opinión tienen los consorcistas acerca de la administración de su propio edificio. El 49% de las personas encuestadas la evaluaban como buena, como muy buena un 18%, regular un 21%, mala un 6% y muy mala un 3%.

Sin embargo, en el caso de los edificios autoadministrados por un propietario o por un consejo de administración, la gente la consideraba como muy buena en un 27%, buena en el 52%, regular el 11%, mala el 3% y muy mala el 7%.

Si se analizan estos datos, en principio, podemos descubrir que para más del 67 por ciento de los consorcistas el desempeño de su administrador era entre bueno y muy bueno. Mientras que para aquellos que se autoadministraban –teniendo en cuenta los mismos parámetros- era del 79%.

En cuanto a las opiniones regular, mala y muy mala, éstas ascienden al 30% para la administración externa y al 21% para la autoadministración. Para los investigadores "estos resultados sugieren que existe una mayor conformidad con la administración realizada por vecinos", aunque no dejaban de subrayar que también era cierto que la proporción de edificios con administración calificada como muy mala era del 3% para los edificios con administrador externo pero del 7% para los edificios administrados por los consorcistas.

Si bien más del 67% de las personas encuestadas calificaba como buena o muy buena la tarea que realizaba el administrador dentro de su edificio, cuando se les consultaba sobre el desempeño en general de las administradoras dentro de la Ciudad de Buenos Aires, los encuestados evidenciaban bastante desconocimiento o indiferencia acerca de este tema. El 34% no quería dar respuesta o declaraba no saber.

Sin embargo, si se toma en cuenta la opinión de los que sí contestaron se observaba que "es más desfavorable la visión que tiene el consorcista de la administración de consorcios en general que la de su propio edificio". Más del 42% calificaba su desempeño como regular, un 24%, como malo; un 21%, bueno; un 11%, muy malo y solo un 2% opinó que era muy bueno.

Según este estudio, una persona administraba un mismo edificio hasta 5 años en un 65% de los casos, de 6 a 10 años en un 24%, de 11 a 15 años en un 3% y de 16 años o más en un 7%.

Al mismo tiempo, evaluaron qué sucedía en el caso de aquellos edificios que se autoadministraban. En esos casos, la persona encargada de realizar esta tarea duraba hasta 5 años en un 54%, de 6 a 10 años en un 23%, de 11 a 15 años en un 12% y más de 16 años en un 12%.

Otro de los puntos de análisis fue descubrir cuáles eran para los consorcistas los principales conflictos que enfrentaban dentro de su edificio. Ya por aquellos años más del 34 por ciento consideraba que el problema más importante era que los vecinos no se preocupaban. Esto coincide con la opinión de diferentes entidades de propietarios quienes aún hoy, desde hace ya algún tiempo, destacan que es muy baja la participación y el interés de los consorcistas.

Por otra parte, un 31% respondía que otros de los problemas surgía por la mala gestión del administrador. También figuraron, en un 9%, que el encargado no colabora y que el reglamento del consorcio es deficiente, en un 7%.

Es de destacar que un 12 por ciento no contestó o no supo qué responder.

Este trabajo fue dirigido por el Dr. Ernesto Schargrodsky de la Universidad Torcuato Di Tella, con la colaboración del Lic. Pablo Presso, la Lic. Nora Balzarotti y la Lic. Verónica Rappoport de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor. El trabajo fue realizado en forma conjunta por la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía de la Nación, dirigida por el Dr. Carlos Winograd, y la Subsecretaría de Coordinación de Plan Estratégico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), dirigida por el Arq. Andrés Borthagaray. Por la Dirección General de Descentralización Administrativa del GCBA participaron la Directora Silvana M. Giudici, el Arq. Ricardo Santocono y el Ing. Martín Marazzi. La realización de las encuestas fue llevada a cabo por la Dirección General de Estadísticas y Censos del GCBA, bajo la dirección de la Lic. Silvia R. Lepore y la coordinación del Lic. Ricardo Orsini.

Más de una lista

[BPN-05/09/06] Después de muchos años, en las próximas elecciones de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) se presentarán más de una lista. Hasta el momento, ya son dos los candidatos a presidente: el vicepresidente 3º en ejercicio de sus funciones de la CAPHyAI, Lic. Horacio Bielli y el secretario Cristóbal Orlando Ruano.

Registro de Consorcios

[BPN-05/09/06] El 7 de agosto la Unión de Consorcistas de la República Argentina (UCRA) filial Mar del Plata le presentó al presidente del Consejo Deliberante del Partido de General Pueyrredón, Mauricio Irigoin, un proyecto de ley para que se cree un Registro de Edificios de Consorcios en Propiedad Horizontal.

Entre los fundamentos de su proyecto destacan que "se justifica una imperante necesidad de contar con un registro" debido a que "habrían representantes que evaden las obligaciones relacionadas con las ordenanzas municipales, sin que el consorcista esté informado, haciéndose necesaria la intervención municipal y/o del Tribunal de Faltas".

De aprobarse este proyecto, el registro sería obligatorio y deberían inscribirse en él la totalidad de las unidades afectadas a la propiedad horizontal, cualquier otra forma de responsabilidad que requiera su administración y mantenimiento; incluyendo propiedades de tipo unipersonal a partir de los 9 metros de altura del inmueble.

Según UCRA, la falta de un registro de edificios "obstaculiza el funcionamiento de diferentes áreas de la Municipalidad". A partir de éste, se podría conocer el domicilio de los edificios y el nombre y domicilio de los representantes legales para que -frente a cualquier problema o situación de emergencia para la seguridad pública- las dependencias municipales puedan comunicarse con ellos rápidamente.

Además, las autoridades podrían contactarse más fácilmente con aquellos edificios que no cumplen con las ordenanzas de mantenimiento de las fachadas, medianeras, patios de aire y luz de los edificios y de seguridad en el mantenimiento de ascensores.

Por otra parte, todos los propietarios con acreditación podrían informarse en el Departamento de Licitaciones y Registros de la Dirección de Obras Públicas sobre el registro de su edificio y, en caso de ser necesario, denunciar la falta de cumplimiento de esta ordenanza.

Uno de los puntos del proyecto es que se fije un libro de registro en el Departamento de Obras Públicas. En éste figurarían la planilla de solicitud de inscripción con sellado de derecho, el nombre del edificio de consorcio, domicilio, cantidad de unidades funcionales y número de C.U.I.T.

Al mismo tiempo, deberá constar también el apellido y nombre del representante legal o del propietario responsable -en caso de propiedad unipersonal-, su numero de DNI, número de C.U.I.T. o CUIL si exhibe relación contractual a título "ad honorem", así como su domicilio legal -dentro del partido de Gral. Pueyrredón- y los días y horarios de atención a los consorcistas y proveedores.

En ese mismo libro, también se deberá adjuntar la copia de una orden escrita de autorización al encargado de turno en la que se exprese "su obligatoriedad a recibir fehacientemente toda notificación, correspondencia o actas de la municipalidad". En esa copia también deberá indicarse los días y horarios del encargado, su apellido, nombre, CUIL y número y tipo de documento de identidad del mismo.

Uno de los artículos de este proyecto propone que se establezca, en caso de producirse una alta o baja del representante legal del edificio, la obligatoriedad de informar a la municipalidad dentro de las 24 horas. El consorcio deberá adjuntar una copia del acta de asamblea donde fue designado el representante legal al Departamento de Licitaciones y Registros, al Departamento de Electromecánica y Obras de Gas y al Departamento de Inspección de Obras y Control del Espacio Público.

Asesoramiento para los trabajadores

De forma muy sencilla y accesible, los encargados que quieren recibir asesoramiento lo único que tienen que hacer es enviar un mail con su pregunta a consultas@encargadosonline.com.ar o a encargadosonline@yahoo.com.ar.

El director del sitio es el Dr. Alejandro Aníbal Segura especialista en el Estatuto de Trabajadores y que cuenta con toda la experiencia de quien durante 18 años fue asesor legal del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal (SUTERH).

"La forma tradicional en que se relacionan los trabajadores con sus fuentes de asesoramiento ha sufrido el impacto de los cambios tecnológicos", destacan los creadores del sitio en la página de inicio. Y si bien aclaran que Internet jamás podrá suplantar la inmediación que produce el contacto personal, "permite ahorrar tiempo de desplazamiento y demoras en la atención. Un simple clic, y en línea, usted puede emitir una consulta".

En ese sitio se encontrará respuesta a preguntas como: ¿soy responsable de la entrega de la correspondencia?, ¿cómo se compone mi jornada de trabajo?, si soy despedido, ¿debo desocupar la vivienda? y ¿qué pasa si cobro las expensas?, entre otros.

El sitio cuenta además con una bolsa de trabajo donde los encargados pueden hacer conocer su oferta laboral dejando su curriculum y los administradores consultarlas. También, hay una sección llamada "Guía de servicios útiles" en la que promete que los trabajadores podrán publicar avisos de interés relativos a sus actividades secundarias o que presten los integrantes de su grupo familiar.

Sentido común y respeto

[BPN-05/09/06] En una distendida conferencia de prensa, el nuevo director del Centro de Gestión y Participación Nº 7 (CGP), Rodolfo Abel Gold, se presentó, saludó a cada una de las personas presentes –representantes de medios de comunicación de diferentes medios barriales- y dio a conocer algunos de los lineamientos generales de su política de gobierno.

En el salón de cultura del 5º piso del CGP, el miércoles 30 de agosto, Gold destacó que uno de los principales objetivos que se propone es "no tener un expediente más de cinco o seis días en el CGP. Ese tiempo nos alcanza para resolver el problema o para saber que no lo podemos resolver". Según él, la idea es comunicarse fehacientemente con el vecino y que cuando no se le pueda dar una respuesta se le diga directamente: "no llame hasta dentro de 14 años porque este problema no tiene solución".

A pocos días de su nombramiento, Gold destacó que observa que "el grueso de los conflictos que se generan es por falta de sentido común, falta de respeto y por no dar importancia a la opinión del prójimo, el resto son problemas complejos como el hecho de que vivan más de 13 millones de personas en el área metropolitana".

Según él, lo que hace falta en nuestro barrio –y tal vez en el país todo- es que los argentinos se pongan de acuerdo en algunos puntos fundamentales: "no son muchas cosas, no creo que sean más de 20. Si nos ponemos de acuerdo en eso el resto viene por efecto cascada".

Por otra parte, aclaró que no cree que sea indispensable que el director del CGP tenga que vivir en la zona correspondiente a ese centro de gestión: "Yo vivo en San Telmo, no necesito conocer las calles de Flores, vengo a poner en marcha un elefante para que esté al servicio de los habitantes de este barrio".

Y agregó: "me puedo sentar en la oficina con todo cerrado, lo que yo tengo que lograr es poner en marcha todo el CGP, que todos coordinen y para eso hay personal de planta permanente que está suficientemente capacitado para resolver todos los problemas".

Facilidades para arreglar las veredas

[BPN-05/09/06] Los vecinos particulares y los Organismos no Gubernamentales (ONG) que tengan que arreglar sus veredas podrán acceder a un plan de facilidades de pago que otorga el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El jueves 24 de agosto, la Legislatura porteña aprobó por unanimidad una ley que establece facilidades de pago para todos aquellos que tengan que arreglar sus veredas. A partir de esta medida, los vecinos podrán financiar la obra en cuotas bimestrales durante dos años.

Es decir, todos aquellos frentistas que tengan que arreglar sus veredas podrán solicitarle al Gobierno de la Ciudad que realice la obra y que los adhiera al plan de financiación en cuotas. El pago de éstas les vendría detallado en las boletas de Alumbrado Barrido y Limpieza (ABL)

Es importante resaltar que según la ordenanza vigente desde 1977, la comuna sólo debe hacerse cargo de las refacciones si la vereda se rompió por la raíz de un árbol o por obras realizadas por una empresa de servicio público (en este último caso, se debería hacer cargo de los gastos la empresa responsable).

La nueva ley estipula que podrá adherirse a este plan el frentista que resulte obligado a efectuar a su cargo trabajos de construcción, mantenimiento o conservación de su cerca o acera y que, antes de que se le notifique la infracción, reconozca esta obligación y solicite al Gobierno de la Ciudad que ejecute las obras.

Sin embargo, los que no podrán acceder a este beneficio son las grandes empresas que -tal vez presumiendo un mayor poder económico- estarán obligadas a pagar las obras al contado.

Por otra parte, el Ejecutivo porteño estará facultado para arreglar de oficio aquellas veredas que considere que son peligrosas para los ciudadanos. Al mismo tiempo, deberá mantener un listado actualizado en el que figure el gasto de reparación para cada frentista y un detalle de la eventual deuda contraída con la evolución de su amortización.

Es de destacar que las multas para quienes no realicen las obras correspondientes son saladas: van desde los 500 a los 10 mil pesos.

El autor de la sancionada ley es el legislador Mario Morando (Juntos por Buenos Aires). En los fundamentos de su proyecto, destacó que "con presupuestos públicos tan holgados no podemos darnos el lujo de no comenzar a enmendar estas carencias, máxime considerando que se trata de una poderosa generadora de puestos de trabajo para mano de obra no calificada".

Morando consideró que actualmente el caso de la ciudad de Buenos Aires presenta una triste asimetría entre la belleza de muchos de sus edificios y el desaliño de sus veredas, aún en barrios elegantes, donde la imponencia de las moradas contrasta con la pobreza de las aceras.

Según él, el estado de las veredas de una ciudad no solamente afecta la seguridad pública y la higiene sino que además "a través del impacto estético que su apariencia brinda al transeúnte, comunican cierta información sobre el grado de desarrollo cultural de los ciudadanos".

Y no solo eso, resaltó que quien no se preocupa por su vereda en mal estado "está tácitamente manifestando su desinterés por todo lo que sucede fuera de su propio domicilio".

Armonización de intereses

[BPN-05/09/06] El presidente de la Comisión de Consorcios de Propiedad Horizontal de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza (CIM), Dr. Miguel Abasolo, destacó que a partir de los fideicomisos se pueden dinamizar las operaciones de construcción y venta de inmuebles.

Según desarrolló en un trabajo sobre el "Fideicomiso inmobiliario", éstos dan garantía a todos los sujetos que intervienen "sin necesidad de tener que recurrir a otras figuras jurídicas mucho más costosas y, en muchas ocasiones, sin la necesidad de la intervención de los jueces o tribunales".

En principio, el Dr. Abasolo analizó qué se entiende por un fideicomiso y lo definió como una excelente herramienta para la concreción de proyectos, negocios inmobiliarios, emprendimientos de desarrollo y construcción que "facilitan la obtención del crédito y aportan una gran fluidez en diversos sectores de la economía".

En su obra, aclara que esta figura no se agota en la aplicación a negocios inmobiliarios sino que también abarca los emprendimientos de desarrollo y construcción, desde la obra singular hasta complejos habitacionales y urbanizaciones de gran escala.

Al mismo tiempo, aseguró que estos contratos se presentan como un instrumento jurídico "sumamente útil, adaptándose a una gran cantidad de situaciones para la concreción de excelentes y brillantes negocios inmobiliarios". Según él, sirven para la ejecución de proyectos y negocios inmobiliarios que "requieren la presencia de varias partes con intereses contrapuestos".

En este sentido, explicó que es la armonización y recíproca seguridad la que hace necesaria la presencia de un fiduciario que ofrezca una garantía suficiente a quienes participen de la operación: "es el fiduciario, banco o una persona jurídica o física, el punto de equilibrio entre las partes que confiere la imprescindible confianza entre todas ellas".

El fideicomiso es un modo de disposición de la propiedad que "ata" los bienes a un destino determinado en interés de personas distintas de aquella que recibe la propiedad y que se perfecciona a través de un contrato.

Según lo que estipula la Ley 24.441, "habrá fideicomiso cuando una persona (fiduciante) transmita la "propiedad fiduciaria" de bienes determinados a otra (fiduciario), que se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario), y a transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante o al beneficiario".

En su análisis sobre este tema, el abogado especialista en derecho inmobiliario, resaltó que el aspecto distintivo del fideicomiso es que sobre los bienes fideicomitidos se constituye una "propiedad fiduciaria" que es un caso de propiedad imperfecta debido a que está limitada en el tiempo y en su uso.

El fiduciario, que es el que maneja los bienes, puede ser cualquier persona o empresa, aunque el Dr. Abasolo aclara que en el caso de fideicomisos privados, deberá actuar "con la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios, sobre la base de la confianza depositada en él, en defensa de los bienes fideicomitidos y los objetivos del fideicomiso".

Por otra parte, los bienes fideicomitidos, constituirán un patrimonio separado, quedando exentos de la acción de los acreedores del fiduciario y del fiduciante.

Las obligaciones contraídas en la ejecución del fideicomiso sólo serán satisfechas con los bienes fideicomitidos. Si éstas resultaran insuficientes para atender las obligaciones del fideicomiso "se procederá a su liquidación, la que estará a cargo del fiduciario, quien deberá liquidar los bienes del fideicomiso y el producido distribuirlo conforme al orden de privilegios establecido".

Por otra parte, en cuanto a lo que debe contener el contrato del fideicomiso, subrayó que tiene que contar con: la individualización de los bienes objeto del contrato, la determinación del modo que otros bienes podrán ser incorporados al fideicomiso, el plazo o condición a que se sujeta el dominio fiduciario -el que nunca podrá durar más de treinta años desde su constitución, salvo que el beneficiario fuera un incapaz, caso en el que podrá durar hasta su muerte o al cese de su incapacidad- el destino de los bienes a la finalización del fideicomiso y los derechos y obligaciones del fiduciario como el modo de sustituirlo si cesare en sus funciones.

Requisitos para beneficiarse con el FMVDD

En el primer párrafo se informa textualmente que "la denuncia de los siniestros vinculados con la causal de enfermedad y/o accidente inculpable que habilita a los empleadores a solicitar el reintegro de los salarios abonados por dicha causa, con arreglo a las condiciones establecidas en el art. 27 del CCT Nº 378/04, deberá efectuarse dentro del plazo de treinta días corridos de vencido el período de franquicia".

Con respecto a los certificados médicos que dan cuenta de la enfermedad o el accidente dice que "deberán establecer el presunto diagnóstico que justifica el otorgamiento de las mismas y el periodo de licencia laboral".

En el último párrafo de la Circular se aclara "que la documentación acreditativa de los distintos períodos de licencia ya abonados al trabajador, cuyos reintegros se solicitan, deberá presentarse dentro de un plazo máximo de sesenta días de vencidos los mismos, a fin de poder llevar a cabo un control de su procedencia, bajo apercibimiento de rechazar su pago".

Por último lista la documentación requerida en el momento de presentar la denuncia para el reintegro de los haberes que son:

Índice de agosto

[BPN-05/09/06] "Participarían dos entidades de propietarios" (BPN 297 del 23 de agosto de 2006) fue para la redacción de este medio la noticia más importante del mes de agosto. En una entrevista exclusiva concedida a Pequeñas Noticias, el presidente de la Fundación Liga del Consorcista, Dr. Osvaldo Loisi, aseguró que tuvo una reunión con el jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo, Dr. Norberto José Ciaravino, y que éste le adelantó que dos entidades de propietarios participarían de las negociaciones de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT).

El Dr. Loisi destacó que el Dr. Ciaravino le manifestó que "por ahora, lo único que van a hacer es transparentar la representación de los consorcistas en la mesa de negociación. Directamente, me dijo que hay dos asociaciones de propietarios a las cuales le van a permitir participar".

Si bien el Dr. Ciaravino no le precisó los nombres de las dos asociaciones que podrían sentarse a negociar con el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal (SUTERH), Loisi estimó que éstas serían la Unión de Consorcistas de la República Argentina (UCRA) y la Asociación Propietarios de Inmuebles en Propiedad Horizontal (APIPH). Recordemos que UCRA y APIPH se unieron ya hace algunos meses con el objetivo de poder participar de los CCT y que en los últimos días anunciaron públicamente la conformación de la Federación Argentina de Consorcios (FAC).

Suplentes

Hola Carolina, el Convenio Colectivo en su artículo 7 inciso g) dice sobre el Suplente de jornada completa que es "quien reemplaza al/la titular cuya jornada de trabajo sea de 8 horas diarias, durante el descanso semanal de éste/a, vacaciones, enfermedad y/o cualquier licencia que contemple el presente Convenio y/o la legislación laboral vigente. El/la suplente del descanso semanal, adquiere estabilidad en su cargo a los 60 días corridos desde su ingreso. La jornada laboral de este personal podrá ser igual al del/la titular, percibiendo los importes que fije la escala salarial vigente y el inciso h) dice sobre el Suplente de media jornada que es "quien reemplaza al/la titular. Respecto de este personal rigen las mismas condiciones que la del suplente de jornada completa y percibirá el 50% del valor diario establecido para el mismo".

Cuando vas a la escala salarial vigente, la de julio de 2006, el valor para el Suplente con horario por día es de $48.10 (8 horas) y si fuera de media jornada sería de $24.05 (4 horas). Si trabajara 6 horas igual deberías abonarle $48.10 o hacerlo cumplir las 8 horas. Por encima de ese valor diario podés abonarle cualquier importe pero no por menos, salvo que trabaje media jornada.

Con respecto a la antigüedad, deberás abonársela y esto surge del artículo 11º del Convenio Colectivo de trabajo que te transcribo: "Bonificacion por antigüedad. Independientemente de los sueldos básicos fijados en el art. 15 de esta Convención, para las diversas categorías y escalas, los/as trabajadores/as percibirán la bonificación por antigüedad por cada año de servicio, según lo determinado en la planilla salarial que integra este convenio. Se considerará tiempo de servicio efectivamente trabajado desde el comienzo de la vinculación el que corresponda a los sucesivos contratos entre las mismas partes y el tiempo de servicio anterior, cuando el trabajador/a cesado en el trabajo por cualquier causa, reingrese a las órdenes del mismo empleador".

Un saludo grande.