[BPN-31/10/06] El candidato a presidente de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), Lic. Horacio Bielli explicó las principales líneas de acción que llevará adelante de ser elegido por los socios y confirmó que la comisión directiva decidió que las elecciones se realicen el miércoles 29 de noviembre a las 17 hs.

"Yo creo que la cámara tiene como principal patrimonio su trayectori. En los próximos tiempos, tendrá un protagonismo muy importante no solamente a nivel nacional sino también internacional por todas las representaciones que tiene en el mundo", reflexionó el Lic. Bielli.

Siendo actualmente vicepresidente tercero de la entidad a la que aspira su presidencia, aseguró que cuando tuvo que hacer un balance de gestión para poder pensar en el futuro de la institución se propuso "mirar las cosas que nos faltaron hacer y lo que se puede hacer. Quiero mirar hacia delante, aprovechando la experiencia y el tiempo que pasé en el consejo directivo".

Según el Lic. Bielli, uno de los temas centrales de la CAPHyAI debe ser la participación de las asociaciones de propietarios en la discusión de los convenios colectivos de trabajo. "Lejos de tener inconvenientes en que ellos participen, nosotros estamos abiertos. La cámara tiene que buscar la forma institucional para que puedan intervenir", subrayó.

Sin embargo, reafirmó que la CAPHyAI no se apartará y continuará participando de los CCT porque está formada por consorcios de propietarios, por inmobiliarias y empresas constructoras: "nosotros estamos representando a los consorcios, no somos una cámara de administradores, involucramos a todo el espectro que tiene que ver con la propiedad horizontal. Esa es la razón por la que participamos".

Otro de los ejes de su campaña es la creación de un colegio de administradores. "El colegio permitirá la jerarquización de la profesión", argumentó el Lic. Bielli, aunque explicó que no acompañará la propuesta que en su momento elaboró AIPH y presentó el legislador Diego Santilli sino que -para lograr ese objetivo- la CAPHyAI trabajará y presentará un trabajo propio.

"Queremos tener derechos y obligaciones", señaló el candidato pero aclaró que es fundamental que éste sea controlado y manejado por los administradores: "no queremos un colegio donde los administradores no tengamos una participación en el control de la matrícula".

De crearse, Bielli consideró que como todas las profesiones habría un período en el que quedarán matriculados los idóneos que ya están trabajando y –para los habitantes de esta ciudad- todos aquellos administradores que cumplieron con los requisitos que exige el Registro Público de Administradores (RPA): "luego sí, para poder estar inscriptos, tendrán que aprobar una carrera universitaria".

Una importante porción de los integrantes de su lista son inmobiliarios y esto coincide con la idea de Bielli de "poner toda la sinergia en ese sector" que, según él, está pasando por uno de sus mejores momentos: "después de tantos años tenemos que aprovechar esta situación para que esto se consolide y se jerarquice la actividad".

El Lic. Bielli advirtió que los proyectos que tienen son "muy ambiciosos y creo que la cámara va a tener un protagonismo muy importante… no podemos ignorar lo que ha pasado en el país en los últimos 4 años porque esos momentos de crisis nos han afectado; hoy, el horizonte de la sociedad y de la economía está marcado por otras pautas y hay otras condiciones para poder pensar en positivo".

Otro de los objetivos de Bielli es que se incorporen a la cámara personas que estén estudiando las carreras de corredor y martillero. "Ellos tienen una necesidad de irse acercando, veríamos la posibilidad de contemplar algún grado de participación", sostuvo.

Asimismo, también está pensando en la idea de que se puedan sumar a la cámara aquellos propietarios que en forma individual tengan interés de participar, estar informados y recibir servicios.

Las elecciones tienen fecha oficial

[BPN-31/10/06] A través de una circular fechada el 11 de octubre y firmada por el presidente de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), Adm. Néstor Pirosanto, y el prosecretario, Pablo Taquini, la comisión directiva informó a sus socios que el miércoles 29 de noviembre a las 17 hs. se realizará la Asamblea General Ordinaria en la que se elegirán  las nuevas autoridades.

Por primera vez en la historia de la entidad los socios no avalarán, con su voto, una lista única. Hasta el momento, hay dos candidatos: el Dr. Cristóbal Orlando Ruano por la lista "Inmobiliarios y administradores unidos por la acción" y el Lic. Horacio Bielli por "Cambio y profesionalización".

Durante esa asamblea está previsto como orden del día: poner en consideración de los socios la memoria, inventario, estado de situación patrimonial, estado de recursos y gastos, estado de evolución del patrimonio neto, estado de origen y aplicación de fondos y demás cuadros y anexos e informes del Tribunal de Cuentas, por el ejercicio 55º cerrado el 30 de junio de 2006.

Asimismo, en esa asamblea se elegirán 11 miembros titulares y ocho miembros suplentes del Consejo Directivo, tres miembros titulares y dos suplentes para el Tribunal de Cuentas por renovación total de los mismos. Los elegidos por los socios serán proclamados en ese mismo acto.

Por otra parte, en la circular se aclaró que el 29 de noviembre "la asamblea se constituirá con la presencia de los que representen el 51 por ciento del total de los socios, y que en caso de no lograrse quórum, se llevará a efecto media hora después en segunda convocatoria, con el número de socios presentes".

En la circular que distribuyeron a los socios, advirtieron sobre tres puntos específicos relacionados a cómo se deben realizar las elecciones. El primero es que se recibirán listas de candidatos hasta seis días hábiles antes del fijado para la realización de la asamblea. Al mismo tiempo, para que la lista se pueda oficializar, ésta debe estar acompañada por una solicitud de no menos de cuarenta socios con derecho a voto.

En el segundo punto, se destaca que el estatuto social en el capítulo IV establece que "los socios podrán hacerse representar por carta con firma certificada por banco o notarialmente. Las empresas asociadas podrán hacerse representar por más de una persona, pero solo tendrán un voto. Ninguna persona podrá representar más del diez por ciento del total de los votos ni más del veinte por ciento de los socios presentes en la asamblea. Para votar deberán estar al día con todos los pagos."

"Condiciones dignas..."

[BPN-31/10/06] El jueves 19 de octubre, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó en primera lectura <ver recuadro> un proyecto de ley que apunta a ampliar la vivienda destinada a los encargados de edificios. "Si el edificio acepta tener encargado tiene que tenerlo en condiciones dignas", aseguró la Leg. Sandra Bergenfeld ("Frente para la Victoria") que en junio de 2005 presentó la iniciativa.

Actualmente, la dimensión mínima de la unidad del encargado que establece el Código de la Edificación es de 30 m² y la obligatoriedad es de sólo un dormitorio. "La mayoría de los encargados tiene familias con hijos, lo que significa que comparten los espacios comunes con los de dormir, provocando hacinamiento, atentando contra la dignidad de los trabajadores y lesionando su rendimiento laboral", argumentó la Dra. Bergenfeld.

Su objetivo es que todo edificio que conste de quince o más unidades -supere los ochocientos metros cuadrados o tenga cuatro o más pisos- posea una vivienda destinada al encargado del edificio, que cuente como mínimo con una sala común –comedor-, dos dormitorios, baño y cocina. Su proyecto eleva el metraje de esa unidad en 10 metros cuadrados llevándola a 40 m² con los mismos servicios centrales y de confort que los demás departamentos.

De convertirse en ley, esta medida solo sería obligatorio para los edificios nuevos. "Es un tema muy álgido. Los propietarios están enojados con los sueldos de los encargados y con el tema del cobro de las expensas. Yo creo que si tocamos de acá para atrás, nos matan", destacó la Dra. Bergenfeld.

Sin embargo, aseguró que pensaron en mejorar las condiciones de habitabilidad de todos los edificios: "deberíamos hacer algo para ayudarlos porque hay situaciones que son increíbles", inclusive en los barrios más distinguidos.

Y reiteró: "estamos hablando de aumentar 8.66 metros² y solo para los departamentos nuevos que se construyan".

La Leg. Bergenfeld sostuvo que luego de la aprobación en primera lectura no habló con su padre: "me imagino que debe estar enojado porque además no comulga con el proyecto de Frente para la Victoria... pero bueno, lo que hay que rescatar son los valores humanos, yo adoro a mi padre y él a mí. Siempre le digo que tratemos de no hablar de política cuando comemos el asado familiar".

Los políticos llegan a los consorcios

[BPN-31/10/06] Por primera vez, un partido político encara la problemática consorcial creando una comisión en Defensa del Usuario, Consumidor y Consorcista. Hace ya algunos meses, que dentro de la Fundación Creer y Crecer del partido Compromiso para el Cambio comenzó a funcionar una comisión que se dedica exclusivamente a asesorar y atender las consultas de los vecinos en forma gratuita.

"Lo primero que quiero aclarar es que Macri me ha dicho que este tema es prioridad", destacó el coordinador general de esa comisión, Lic. Andrés Couadau. En una entrevista exclusiva concedida a Pequeñas Noticias, aseguró que tiene pleno respaldo del partido y que "esto está demostrado en la teoría y en la práctica. Una diputada por el PRO de nuestro espacio ya firmó un proyecto de ley para modificar la Ley 13.512"

El Lic. Coudau se sumó al partido Compromiso para Cambio a fines del 2002 y recuerda que fue en el 2005 cuando empezó a observar lo que es la real problemática de los consorcistas. Decidió sugerirle a Mauricio Macri la idea de crear una comisión que tratara puntualmente sobre cuestiones consorciales y de consumo a partir de los conflictos que le fueron acercando los vecinos sumado a la experiencia negativa por la que tuvo que atravesar dentro de su propio consorcio.

"Encaré el proyecto desde lo profesional, mi objetivo era desarrollar una línea de acción y llevar a cabo diversas actividades de manera ordenada, por eso pensé que nada mejor que organizar una comisión", subrayó Couadau.

Al mismo tiempo, aclaró que la comisión también es de consumidores y usuarios porque considera que "los consorcistas de alguna manera también son consumidores y tienen derechos e intereses que hay que defender. Hay que empezar a preocuparse por este tema".

Actualmente, la comisión se reúne semanalmente los días martes a las 17:30 hs. en la sede de la Fundación Creer y Crecer ubicada en Alsina 1325 de la CABA. Las personas que quieran contactarse telefónicamente pueden hacerlo al 0800-321-7768 ó vía correo electrónico a: defensaconsumidor@creerycrecer.org.

El frente legislativo
A nivel legislativo la comisión está trabajando en la modificación de dos leyes: la Ley 13.512 y la Ley 941. El proyecto primigenio de modificación de la Ley 13.512 fue elaborado por el presidente de la Fundación Liga del Consorcista, Dr. Osvaldo Loisi y ya fue presentado por la diputada nacional Paula Bertol (PRO).

Por otra parte, la legisladora Luciana Blasco (Frente Compromiso para el Cambio) presentó un proyecto de modificación a la Ley 941 que –en su momento- creó el Registro Público de Administradores (RPA).

Crecerían los juicios por accidentes

[BPN-31/10/06] "En el último año, tanto los juicios como las denuncias por accidentes laborales han crecido de manera notable", aseguró el especialista en Seguridad, Higiene y Medicina Laboral, Ing. Alfredo López Cattáneo. Y estos datos, según él, son un llamado de atención para que la comunidad consorcial tome conciencia de la importancia de implementar medidas de prevención de riesgos en sus edificios.

Entre las principales amenazas que enfrenta el consorcio están, en primer término, los accidentes por caídas; en segundo, la falta de mantenimiento de vetustas instalaciones eléctricas y en tercero, la falta o el deficiente mantenimiento de los matafuegos para enfrentar un principio de incendio.

El Ing. Cattáneo trabajó en diversos países del mundo como Japón, Inglaterra, Escocia, España y Brasil y estuvo más de 17 años en la Dirección de Higiene y Seguridad de la Nación. Actualmente, se dedica –entre otras cosas- a asesorar e instrumentar medidas tendientes a cumplir con las normas de Seguridad, Higiene y Medicina Laboral en los consorcios.

En una entrevista exclusiva concedida a Pequeñas Noticias, Alfredo López Cattáneo consideró que hoy el mayor problema de los consorcios es que algunos administradores no toman conciencia de la importancia de la prevención: "muchas administraciones no son concientes de los riegos que se corren, lo ven como un gasto y piensan que si se lo proponen a los consorcistas, éstos los van a sacar corriendo".

El Ing. Cattáneo sostuvo que es esencial que el consorcio conozca todos los riesgos en materia de responsabilidad civil y la mejor manera de protegerse para minimizar los riesgos. "Lo primero que nosotros le decimos a un administrador es que ponga la información en conocimiento de la asamblea", subrayó.

Advirtió que el responsable civil y penal de todo lo que pase adentro del consorcio es el administrador y que es fundamental que informe a la asamblea –y que cuando lo haga lo deje asentado en acta- todo lo que puede hacer para prevenir accidentes.

"Los consorcios van haciendo las cosas despacio, pero las van haciendo; hoy no tienen precisamente el superávit del Banco Central", sostuvo. Al mismo tiempo, resaltó que luego de un siniestro, en un conflicto judicial, el juez observa si el consorcio tomó las medidas suficientes como para prevenir el accidente: "el juez analiza de muy diferente manera cuando un empleador hizo algo –aunque no sea suficiente - de otro que no hizo nada. Los fallos varían mucho en función de eso".

Por otra parte, destacó que hay mucha legislación vieja que hoy sigue vigente: "tenemos legislación de 1930 y nadie hace nada para cambiarla, hay que tener en cuenta que fue pensada para la época".

Desde el punto de vista laboral, el Ing. Cattáneo, aseguró que el riesgo más grande que corre un consorcio es que el encargado quede cuadriplégico, por ejemplo, por una caída, y aclaró que esta es una evaluación netamente económica y no humana debido a que en ese caso el consorcio tiene que mantenerlo de por vida.

Sin embargo, señaló que si un consorcio cumplió con todas las medidas posibles de seguridad y así y todo se produce un accidente, lo más probable es que, en caso de un juicio, lo gane porque no sería considerado responsable.

El segundo riesgo de los consorcios, según Cattáneo son los problemas que pueden surgir por el mal estado de las instalaciones eléctricas debido a que gran parte de los edificios de la Ciudad de Buenos Aires todavía tienen la vieja caja de fusibles y no las modernas y más seguras llaves térmicas.

El Ing. Cattáneo explicó que entre las funciones que tiene la medicina laboral figuran hacerle el examen médico anual al encargado, el pre ocupacional cuando ingresa como trabajador del consorcio y controlar el ausentismo en caso de que lo soliciten los consorcistas.

Según él, es importante que se le realice un examen médico anual porque él, como perito oficial en Tribunales, observa que en los juicios y en las sentencias lo primero que dice el juez es que como no hubo un examen médico se presupone que el trabajador estaba en pleno estado de salud.

El Ing. Cattáneo explicó que el examen médico es el único medio de prueba que tiene un empleador para demostrar que el trabajador estaba bien: "para eso está el examen periódico, independientemente de que es una obligación legal cuyo objetivo básico es prevenir daños".

De acuerdo a su experiencia, señaló que las patologías más comunes de los encargados son inculpables y no vinculantes al trabajo: "es característico de los encargados las varices, el sobrepeso y la hipertensión".

Por otra parte, sostuvo que ellos le brindan un curso anual de capacitación en higiene y seguridad y que es obligación del empleador hacerlo: "no es que la ART lo recomienda, éste es obligatorio. Lo que sucede es que como la ART no tiene poder de policía transferido no puede intimar a alguien para que lo haga, por eso lo recomienda. Si fuera autoridad de control lo intimaría".

Cautivos del Banco.

[BPN-31/10/06] En 1997, el Ministerio de Trabajo de la Nación decidió bancarizar los sueldos de los trabajadores y según la presidenta de Prevención, Asesoramiento y Defensa del Consumidor (PADEC), Dra. Isabel Novosad, cuando la gente se acercó a los Bancos para realizar los trámites correspondientes, éstos les ofrecieron una infinidad de "servicios" como por ejemplo que su cuenta sueldo de caja de ahorro estuviese dentro del conjunto de una "cuenta redonda".

En una entrevista exclusiva concedida a Pequeñas Noticias, la Dra. Novosad explicó que una cuenta redonda es "un paquete de servicio que a los bancos les gusta mucho ofrecer y hacen mucho hincapié en que uno [el trabajador asalariado] aparte de la caja de ahorro puede tener tarjetas de crédito sin cargo y una cuenta corriente".

Según ella, en ese momento la persona cree que "está todo bien, pero al aceptar las ofertas queda subsumido en una relación bancaria típica entre comerciantes". Lo más grave de esta relación es que "los bancos debitan los saldos de las tarjetas de crédito en las cuentas corrientes y posteriormente el certificado de deuda los habilita a una vía ejecutiva".

Es decir, si la persona no cumple con las exigencias, el Banco puede embargarle parte de su sueldo en razón de los compromisos que firmó. "Los Bancos tienen por costumbre aplicar intereses elevados, cargos que sacan de la galera...", señaló la Dra. Novosad advirtiendo que es muy común que se de esta situación.

Según ella, es casi imposible cumplir regularmente con todas las obligaciones que impone el Banco debido a que las tasas de intereses son muy onerosas. Justamente por este motivo, aconsejó que lo más conveniente es dar de baja las cuentas corrientes en las que se hacen débitos.

La Dra. Novosad sostuvo que la gente se da cuenta si el Banco la engaña cuando mira el detalle de la cuenta. Explicó que al ver las liquidaciones observan que lo que debe pagar no tiene relación con los gastos que realizó durante el mes. Lo que sucede, para la presidenta de PADEC, es que los bancos aplican tasas de intereses "mucho más altas de las que dicen en el resumen".

Y no solo eso, aseguró que "es muy difícil encontrar en los resúmenes los detalles de la cuenta debido a que están diseñados para que las personas no las puedan comprender".

En diálogo con el medio, aseguró que al aceptar todos los supuestos "beneficios" que brinda el banco "el trabajador queda atrapado y pasa a ser un cliente. ¿Para qué se lo necesita cautivo? Para ejercer el abuso del derecho. Esto es muy triste y lamentable".

La presidenta de PADEC, especialista en temas bancarios, comenzó a trabajar este tema en profundidad cuando tomó el caso de un trabajador de la empresa automotriz Ford al que el Banco Francés desde 1999 le embargó 18 mil pesos de sus sueldos.

La Dra. Novosad aseguró que este caso es muy común; pero advirtió que lo que no es usual es la defensa de estos derechos debido a que son muy pocos los trabajadores que cuentan con los recursos económicos para iniciar acciones legales.

Para frenar estos abusos, según la Dra. Novosad, se deberían tomar varias medidas: "en principio, es necesario que los sindicatos protejan a sus trabajadores, que el Ministerio de Trabajo vea cuáles son las consecuencias de la bancarización del salario, que el Banco Central asuma la tarea de velar por el buen funcionamiento del sistema bancario y que los organismos de aplicación de la ley de defensa del consumidor impongan o alienten la creación de un registro de contratos masivos".

Además, consideró que es importante que los contratos de adhesión -como los certificados de deuda que emiten los Bancos para iniciar juicios- tengan dictamen de legalidad, que se explique en forma resumida cuáles son los cheques librados, cuáles son los intereses aplicados y cuál es la regularidad de la capitalización.

Cámara Argentina de las Instalaciones para Fluidos

[BPN-31/10/06] En el marco de la 14° Feria Internacional de Materiales y Tecnologías para la Construcción (FEMATEC), el sábado 7 de octubre se realizó el VII Congreso Nacional sobre Instalaciones Sanitarias, Gas, Incendio y Climatización.

El encuentro, organizado por la Cámara Argentina de las Instalaciones para Fluidos (CAIF), se desarrolló en el auditorio del Salón Verde del Centro Costa Salguero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y –según sus organizadores- contó con la participación de 180 asistentes de todas las regiones del país

El objetivo del congreso fue que los especialistas pudieran debatir y reflexionar sobre diversos temas vinculados al sector como: normativas, planeamiento de obras, aspectos comerciales y encuadramiento empresario.

Según ellos, resulta imprescindible contar con normativas actualizadas en todo el territorio nacional para proyectar, ejecutar y fiscalizar las instalaciones, regular las intervenciones profesionales y la utilización de materiales y tecnologías, respetando la diversidad geográfica.

Uno de los objetivos que especialmente se propusieron llevar adelante es la capacitación en todos los niveles profesionales para optimizar las instalaciones, mejorar la calidad de las viviendas y preservar el medio ambiente.

Una vez que analizaron las problemáticas vinculadas a los planeamientos de obra, reflexionaron que siempre se debe requerir anteproyecto, planos de las instalaciones, especificaciones técnicas de materiales y cronología de trabajos.

A su vez, advirtieron la importancia de que se realice el relevamiento de la obra, se planifiquen las tareas de acuerdo a los recursos humanos y técnicos y se mantenga, para la coordinación de las tareas, un contacto fluido con la dirección de la obra y los propietarios.

Considerando los principios de "Lealtad Comercial", recomendaron que las empresas instaladoras observen el estricto cumplimiento de las leyes en vigencia y que la equidad comercial se transforme en la vía privilegiada para competir racionalmente.

Además, sugirieron emitir presupuestos con una rentabilidad acorde a las necesidades de formación de los trabajadores y empresarios, como asimismo, de la preservación y desarrollo de las fuentes de trabajo.

Por otra parte, aconsejaron incluir en los contratos las cláusulas de ajuste por mayores costos que cubran los aumentos de materiales y mano de obra que eventualmente se produzcan durante la ejecución del trabajo.

Los disertantes consideraron que tanto los salarios de los trabajadores y las condiciones generales de trabajo, como la capacitación y las relaciones gremiales, son obligaciones que los empresarios deben asumir y resolver en conjunto.

"En Argentina no hay racismo..."

[BPN-31/10/06] Hace unos meses atrás, un fallo poco entendible de la Justicia rechazó la demanda de un matrimonio al que no le quisieron alquilar un departamento de Recoleta por ser de origen judío (BPN Nº 286 "Ni paraguayos ni judíos" del 4 de abril de 2006). Sin embargo, la Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó este fallo de primera instancia y decidió que la mujer los indemnice con 21.300 pesos por daño moral.

La pareja había señado el departamento en el 2001 y todo iba bien hasta que la dueña se enteró de que ellos eran judíos. Fue así que la Dra. Magdalena Santafuentes Fernández le exigió a la inmobiliaria que le devolvieran la seña porque solo alquilaría su propiedad "a un argentino [¿?] que sea del barrio" tampoco quería "chinos, coreanos ni homosexuales".

En un primer momento, el juez en lo civil Julio César Dávalos consideró que el no haberle querido alquilar el departamento no implicaba discriminación, y no solo eso, además cargó al matrimonio con las costas judiciales emergentes por un monto de 50 mil pesos.

Este particular juez tampoco consideró –a la hora de dictar sentencia- el dictamen del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) que confirmó que el 25 de septiembre de 2002 Leila Selem y Luciano Hertzriken sufrieron "un acto discriminatorio fundado en sus creencias religiosas y origen racial".

Sin embargo, hace una semana, las juezas Zulema Wilde y Marta del Rosario Mattera revocaron la sentencia del juez Dávalos y obligaron a la dueña de la propiedad a que los indemnice en 21.300 pesos más intereses. "El acto voluntario cumplido fue realizado con discernimiento, intención y libertad. Aunque no haya querido las consecuencia nocivas de aquél, su voluntad estuvo dirigida hacia la realización y, por lo tanto, es responsable de lo acontecido", argumentaron las juezas.

Según informó el Diario Judicial, ellas fundamentaron su resolución en los pactos internacionales con rango constitucional -artículo 75 inciso 22- en los que el país se compromete a respetar los derechos individuales de cada uno de sus ciudadanos sin discriminación de ningún tipo.

Bajo la lupa de la AFIP

[BPN-31/10/06] A dos meses de que termine el año, la Administración Federal de Ingresos Público (AFIP) ya empezó a definir nuevas estrategias de control para el 2007 y algunas para los próximos días. Una de las medidas apunta a evitar que se evada el impuesto del 1.5 por ciento sobre el valor de la venta de las propiedades.

El ente recaudador exigirá a las inmobiliarias que le giren las órdenes de venta que obtienen de sus clientes para que la AFIP compare los montos de la transacción y la cifra por la cual definitivamente se escrituró la propiedad. Es decir, que si una persona indica a una inmobiliaria que venda su propiedad en 70 mil dólares, la AFIP podrá disponer de esa información y luego la podrá comparar con el monto final de la venta que informa el escribano.

Según informaron, la AFIP decidió tomar esta resolución después de que, según los datos que ellos mismos manejan, se registraran 75 mil operaciones de bienes raíces por un monto promedio de 80 mil pesos. Lo que quieren comprobar, aunque de alguna manera ya los saben, es si realmente lo único que se vende son departamentos de tan bajo valores y sólo de un ambiente.

Otra de las novedades es que desde el 1 de noviembre las personas que vendan su único y permanente inmueble no deberán abonar la alícuota del 1.5 por ciento para adquirir otro. La única condición es que la compra se realice dentro de los 360 días siguientes.

En estos momentos, el Senado está por aprobar una ley que busca unificar parámetros en los registros catastrales de todo el país. Este proyecto ya fue aprobado con algunas modificaciones por la Cámara de Diputados de las Nación.

La idea es que un grupo de agrimensores midan hasta los departamentos de un ambiente para "conceder seguridad jurídica a las operaciones inmobiliarias". Lo que falta es que la Legislatura porteña ratifique la ley sobre las jurisdicciones catastrales provinciales de la ciudad autónoma de Buenos Aires.

Tan claro como el agua... ¡del Riachuelo!

[BPN-31/10/06] La pregunta era sencilla: "¿La indemnización del decreto 1433/05 sobre qué se calcula? ¿sobre el artículo 245 [de la ley de Contrato de Trabajo] y sobre el preaviso?". La respuesta dada parecía sencilla: "...se debe abonar sobre los conceptos que no pagarías cuando la indemnización es "con" justa causa, o sea la indemnización por antigüedad y el preaviso. Ambas no llevan ni aportes ni contribuciones".

A tal respuesta, una lectora del boletín –la Contadora Laura Jelen- escribió para completar la respuesta dada: "... quisiera agregar que también se debe calcular con el plus del 50% las vacaciones no gozadas ya que las mismas son un concepto indemnizatorio y, según marca el Decreto 264/02 en su artículo 4º "La duplicación prevista en el artículo 16 de la Ley Nº 25.561 comprende todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la extinción del contrato de trabajo".

Vista la aclaración, nos fuimos a tal artículo y decreto para encontrarnos –como sospechábamos- con un laberinto muy poco amigable en el que íbamos desde un artículo y decreto a otro artículo y ley para luego seguir a otro y a otro y a otro sin lograr el objetivo primero que "parecía" tan simple: encontrar sobre qué conceptos abonar la doble indemnización.

Un poco mareados y no menos desencantados, recurrimos a la Contadora Liliana Corzo, co-conductora del programa "Consorcios Hoy" junto a la Dra. Diana Sevitz, para que nos ayudara en esta titánica tarea. Inmediatamente se puso en acción y nos aportó jurisprudencia que –imaginamos- no dejaría lugar a dudas. El análisis de los fallos es de la conocida consultora Arizmendi SA, especialista en temas de sueldos, pero apenas empezamos a leer el análisis de los distintos fallos, ya no había consuelo para recuperarnos de lo que decían: cada uno contradecía al otro.

Un fallo de agosto de 2004 consideró que la doble indemnización no debía aplicarse a las vacaciones no gozadas porque no guardaba relación con las indemnizaciones por despido ya que su finalidad era reparar la imposibilidad práctica de gozar del descanso ya ganado en la medida y proporción de lo trabajado. En este caso el tribunal consideró que la duplicación debía aplicarse a las indemnizaciones por despido y sustitutiva de preaviso (CNTrabajo, Sala III, 24/08/2004, "Ramírez Azcona, Luis c/Navarro, Juan C. y otro" D.T. 2004 – B,p.1686).

Otro fallo de diciembre de 2003 tampoco consideró aplicable la doble indemnización en un caso de despido sin justa causa por embarazo (en el que se presume que la causa del despido ha sido por razones de embarazo o maternidad), ya que el artículo 16 de la ley 25.561 tiene como objetivo evitar la destrucción de puestos de trabajo (CNTab, Sala III 30/12/2003, "Sanchez, Alberto N. c/Corporación General de Alimentos SA" D.T. 2004-A, p.654).

Y, finalmente, otros fallos admitieron la duplicación de la indemnización por vacaciones no gozadas: (CNTrab, Sala IX, 27/05/04, "Pérez Crespo, Carlos c/Tubing SA" D.T. 2004-B, p.1534 y CNTrab, Sala V, 10/06/03, "Iglesias, Omar c/Armando Automotores SA y otros") y la duplicación de la indemnización por despido por causa de embarazo (CNTrab, Sala X, 19/01/03 "Garita, Giselle c/Carabias, Claudia s/despido").

No hace falta pagar tanta electricidad

[BPN-31/10/06] En los últimos días, muchos lectores le pidieron a la redacción de Pequeñas Noticias que publique nuevamente la nota sobre la recategorización de los edificios y que explicara la forma en que debe realizar el trámite correspondiente (BPN 294 "Bajándola de las nubes" del 11 de julio de 2006)

En el boletín Nº 302 (Correo de Opinión: "Pagábamos el doble de lo que debíamos" del 18 de octubre de 2006) la Sra. Liliana Páez aseguró que había logrado la recategorización de su edificio después de que en una primera instancia le denegaran el pedido. Sin embargo, otros lectores nos manifestaron que aún no pudieron ser recategorizados y advirtieron que cuando se acercaron a hacer el reclamo a la empresa de electricidad, éstas aducían desconocimiento o simplemente les negaban la posibilidad.

Todo empezó hace unos meses cuando la Comisión de Usuarios ante el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) le exigió a este organismo una resolución definitiva para la recategorización de los consorcios de propietarios destinados a vivienda.

Actualmente, las empresas de electricidad consideran como "Tarifa General" a todos los edificios sin tener en cuenta si son de uso familiar, profesional o comercial. El objetivo de esta comisión –integrada por 17 asociaciones de consumidores- es disminuir la tarifa de los servicios eléctricos a los usuarios familiares a partir de que sean considerados como "Consumo Residencial".

Para que el edificio pueda ser recategorizado es necesario que el administrador presente una Declaración Jurada (DD.JJ) a la empresa de electricidad que corresponda y al ENRE en la que solicite un recurso de consideración para que se les cambie la categoría.

Hay que destacar que el ENRE no fijó una decisión en una resolución de directorio –esto sí obligaría a las empresas a su cumplimiento efectivo-, sino que sólo decidió que se aplicara el cambio de categoría a los consorcios que se presenten a hacer el reclamo.

Según la Comisión de Usuarios del ENRE, la empresa de electricidad no puede recategorizar directamente a los usuarios porque desconoce las condiciones del edificio y si cumple, o no, con los requisitos para poder ser recategorizados.

Para contar con este beneficio, el administrador debe presentar una DD.JJ declarando que el edificio que administra es un 100 por ciento de unidades de vivienda. Esta presentación la tiene que hacer no solo ante la empresa de electricidad que le corresponda –Edenor, Edesur o Edelap- sino también ante el ENRE.

Una vez realizada la DD.JJ, probablemente, habrá una inspección por parte de la empresa para confirmar lo que realmente declaró el representante legal del consorcio.

Al mismo tiempo, de acuerdo a lo que informaron, también pueden solicitar la recategorización aquellos consorcios que cuentan con el requisito mencionado pero que dentro de su reglamento de propiedad poseen la condición de "apto comercial o apto profesional". En este caso, el administrador deberá presentar una declaración jurada ante la empresa distribuidora de electricidad. En ésta, debe manifestar que todos los departamentos que administra están siendo usados como vivienda y que se compromete a informar a la empresa ante cualquier cambio que se produzca dentro del edificio.

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