Aplazado en el 2004

[BPN-12/12/06] Pequeñas Noticias tuvo acceso al informe final que la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) le realizó a la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor para evaluar los aspectos legales que surgen de la aplicación de la Ley 941, su reglamentación y el control interno de sus operaciones durante el 2004.

Una de las principales observaciones que se hicieron fue que el Registro Público de Administradores (RPA) tiene una imposibilidad parcial de aplicar el régimen sancionatorio a los administradores: "el presupuesto necesario para la aplicación de las sanciones de suspensión y exclusión del registro es que el sancionado se encuentre inscripto". Esta condición no se da en el 78% de las denuncias de terceros recepcionadas.

De estos datos se desprende que la mayoría de los consorcistas que se acercaron al RPA para hacer una denuncia en contra de su administrador se encontraron con que éste no estaba inscripto y que por este motivo las autoridades no lo podían sancionar.

Por otra parte, se descubrió que de los administradores inscriptos no hay constancia de análisis respecto del cumplimiento de los requisitos establecidos: "la documentación acompañada por los administradores no tienen visado ni sello de supervisado alguno por parte de los agentes del registro".

Además, en el 25 por ciento de los expedientes auditados no hubo presentación de la Declaración Jurada (DD.JJ) anual ni de la documentación que deben acompañar para la renovación del certificado de inscripción.

La auditoría se realizó sobre una muestra de sólo 100 casos -teniendo en cuenta que al momento del estudio en el registro había 4.779 inscriptos-, sobre el análisis de 14 denuncias de terceros y según consta en el documento fue emitida en marzo de este año.

En los meses de evaluación, el ahora ex director general de defensa del consumidor, Arq. Miguel Fortuna, -además de contar con un sector destinado a la atención al público- designó a dos coordinadores –uno jurídico y otro administrativo- para atender las cuestiones relativas al programa en análisis. En ese período, el registro tenía una dotación de sólo 16 agentes de los cuales 12 estaban contratados (75%) y 4 eran pasantes (25%).

Es de destacar que hace unos meses la legisladora porteña y vicepresidente del Bloque Recrear, Marta A. de Varela, solicitó un pedido de informes a las autoridades del registro para que se expidieran sobre una serie de puntos vinculados a la demora en la entrega de certificados (BPN Nº 302 "Quiero cumplir pero no me dejan" del 18/10/2006).

En cuanto al análisis de las denuncias de terceros, se verificó que en el 35.71% la principal causa era la falta de inscripción en el RPA. Para quienes estuvieron a cargo de la auditoría, esto evidencia "la carencia de una política activa tendiente a la detección de administradores no inscriptos".

En el 2004, hubo 346 denuncias y en ese mismo período las demoras en darles curso fue, en promedio, de hasta 136 días. Se menciona como paradigmática el caso de la "Administración del Sur" cuya denuncia superó el año.

En el informe, recuerdan que el Registro Público de Administradores tiene por objeto ejercer el control de las personas (sean físicas o jurídicas) dedicadas a la administración en forma onerosa de consorcios de propiedad horizontal dentro de la ciudad de Buenos Aires.

Los consorcistas contraatacan

[BPN-12/12/06] El lunes 13 del mes pasado, el presidente de Fundación Reunión de Administradores (FRA), Adm. Jorge Hernández, presentó en una reunión de asesores de la Comisión de Legislación General y del Trabajo de la Legislatura Porteña su propuesta para modificar la Ley 941 (BPN Nº 306 del 30/11/06: "No contaban con mi astucia..."). Según sus dichos, los legisladores decidieron postergar la fecha de presentación del despacho definitivo para poder analizar su proyecto con la intención de incorporar algunos de los puntos.

El presidente de Fundación Liga del Consorcista, Dr. Osvaldo Loisi, los coordinadores de Reafirmación por los Derechos del Consorcista (ReDeCo) Dr. Jorge Resqui Pizarro y la Dra. Susana Cossy y la Lic. Evangelina Perri, titular de la Red de Consorcistas Damnificados, analizaron la propuesta de FRA y dieron su opinión.

El presidente de la entidad más antigua que defiende los intereses de consorcistas, sólo coincide con el Adm. Hernández en que tal como está redactado el proyecto de reformas a la Ley 941 provocará, en caso de ser sancionado, un enérgico rechazo por parte de los consorcistas. Este rechazo se daría porque "impone a las administraciones de consorcios el cumplimiento de ciertas nuevas obligaciones burocráticas que se traducirán, en definitiva, en un incremento de las expensas".

Hilando más fino, el Dr. Loisi puntualizó que no está de acuerdo con la obligatoriedad de las normas IRAM, ni tampoco con la fijación de un marco arancelario para los administradores de consorcios.

Respecto a la primera sugerencia de Hernández, subrayó que "una institución dedicada a consensuar normas de calidad, difícilmente podrá lograr su cometido". Según él, las normas de esa naturaleza sólo pueden funcionar cuando "no existen conflictos de orden legal, es decir, controversias acerca de derechos y obligaciones".

Al mismo tiempo, el Dr. Loisi consideró que esas normas "han surgido fruto de un procedimiento de discusión y examen sumamente deficiente, sin contralor jurídico alguno, lo que nos ha llevado, en su oportunidad, a impugnar varias de ellas porque violentaban abiertamente la legislación vigente".

Por otra parte, destacó que es "sumamente deplorable" que se pretenda, por medio de una ley, hacer obligatorias normas que no son del dominio público y que deberán adquirirse en el Instituto que las generó.

En cuanto a la idea de que la Ley 941 –que fue creada para controlar el desempeño de los administradores- sea utilizada por éstos para garantizar honorarios mínimos, aseguró que es "inadmisible por violentar la garantía del derecho de propiedad consagrado en las Constituciones Nacional y de la Ciudad, derecho que conlleva, naturalmente, el de administrar los propios bienes sin ingerencias de los poderes del Estado".

Por último, en cuanto al resto de las propuestas del Adm. Hernández, resumió que "no adherimos a ninguna de ellas porque sólo benefician intereses sectoriales".

Los coordinadores de Reafirmación por los Derechos del Consorcistas, el Dr. Resqui Pizarro y la Dra. Susana Cossy, consideraron que la aplicación obligatoria del uso de las Normas IRAM es "de utilidad incierta y escasa en el sentido de transparentar y mejorar la administración de los consorcios atento a que no contemplan gran cantidad de cuestiones".

Al mismo tiempo, al igual que el Dr. Loisi, consideraron que esas normas no han contado con el aporte sustancial del sector consorcista en su discusión y elaboración, sino "con la participación aislada y minoritaria de personas que expresaron su parecer personal y nunca de manera orgánica".

En cuanto a la idea de que la ley fije honorarios mínimos para los administradores, señalaron que los temas remunerativos o arancelarios "son ajenos a la clase de norma en debate que pretenden regular parte de la actividad comercial de los administradores".

En este sentido, plantearon que para darle carácter legal y, por ende, obligatorio, los administradores, previamente, "deberían procurar generar una carrera profesional. [...] Lo que actualmente existe es una relación de mandato en los términos del Código Civil".

Si bien comparten la idea de la acreditación profesional, aclaran que ésta quedaría "supeditada a la creación de una carrera de nivel universitario y a una especialización de posgrado de la currícula de la Licenciatura en Administración, con programas oficiales con título habilitante".

Asimismo, sostuvieron que quienes vienen desarrollando la actividad hasta el momento de la creación de la carrera "deberían probarlo y rendir un examen habilitante, sin perjuicio de poder sumar en ese virtual concurso de oposición y antecedentes, las constancias de capacitación obtenidas con anterioridad".

Foro de la 3ª edad

[BPN-12/12/06] Desde el 2001, en el anexo del Congreso de la Nación, un grupo de abuelos se reúnen todos los lunes a las 15:30 horas para participar del "Foro de jubilados", un espacio destinado a debatir ideas, presentar proyectos y buscar soluciones sobre temas vinculados a la Seguridad Social.

"Desde el 2001 hemos hecho diversas actividades que aunque no trasciendan y no salga en la televisión no quiere decir que no las hayamos hecho", destacó la coordinadora del Foro, Sra. Raquel Márquez. Haciendo un balance de todo lo realizado durante el año y de los principales objetivos del foro, subrayó: "todos queremos cambiar la sociedad en que vivimos. Desde el lugar que ocupemos tenemos que ser militantes sociales para transformar una realidad que nos oprime".

Según ella, el ciudadano argentino es muy rico en participación: "en muchos pueblos de Latinoamérica no hay una participación tan amplia como en la Argentina; por lo menos nosotros, que somos pueblo, tenemos que dejarnos de sectarismos. No debemos olvidar que este es un movimiento totalmente apartidario".

Por su parte, la presidenta del Parlamento de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Sra. Ángela Tenota, resaltó que lo importante "es, unidos, aunar esfuerzos manteniendo cada uno la identidad de su organización".

Un representante del diputado de la Nación Miguel Bonasso, que se incorporó ese mismo día y es especialista en temas de Seguridad Social y Previsional, consideró que lamentablemente para el Estado hoy el jubilado es un miserable "una persona mendiga que junta las moneditas para alimentarse, le usurpan sus bienes patrimoniales, sus haberes jubilatorios y le quitan la posibilidad de su atención en salud".

La Sra. Delma, una de las integrantes del foro, destacó que durante todo este tiempo de trabajo han hecho presentaciones ante "los diputados, senadores, al ministro de Economía y a todos aquellos de los que es importante conseguir una reacción después de tantísimo años que venimos peticionando las mismas cosas".

"Yo no creo que hayamos trabajado mal, pienso que lo más importante es que hemos logrado aunar esfuerzos. Hay que tener en cuenta que somos gente grande, con sus achaques, que tenemos que viajar para venir, hay abuelos a quienes les duele la rodilla y otros que tienen que usar un bastón", reflexionó.

Juego de roles

[BPN-12/12/06] "El administrador es un mandatario que tiene a su cargo el personal del consorcio. Todos los conflictos que se susciten con el personal los deben dejar asentado en forma escrita", subrayó la Dra. Cristina Carrera en el programa de Radio Consorcios Hoy que conducen la Dra. Diana Sevitz y la Cra. Liliana Corzo.

La mediadora y especialista en resolución de conflictos laborales explicó, en el programa que se transmite por FM Urbana (88.3) todos los miércoles a las 18 hs., que los administradores tienen la obligación de controlar que el encargado cumpla con todas las tareas dentro del consorcio.

Según ella, uno de los principales problemas surge porque los administradores nunca les llaman la atención en forma escrita: "cuando se acercan hacernos una consulta, nos dicen que discuten con él todos los días y que lo quieren despedir porque no cumple con su actividad pero resulta que el encargado tiene un legajo impecable".

En este sentido, consideró que los administradores deberían darse cuenta de la importancia de asentar por escrito todas las veces que el encargado no cumplió con sus obligaciones: "hay una muletilla en los escritos de demanda que usan todos los abogados que representan a la parte trabajadora, ésta es que el trabajador ha tenido una conducta intachable y no ha sido sancionado disciplinariamente".

La Dra. Carrera resaltó que los administradores tienen la obligación de ir al edificio que administran y hacer controles en forma periódica: "no deben permitir que el consejo de administración o algún propietario cumpla con esta función".

"El administrador, el encargado y el propietario tienen bien delimitadas sus funciones pero no está claro quién ocupa qué rol", señaló, haciendo énfasis en que es necesario que el administrador se asuma como director del personal: "no puede permitir que ningún copropietario de una, cinco o veinte unidades se arrogue ese papel".

Advirtió que caso contrario "el encargado se enloquece. Es imposible trabajar con 20 personas que te dan órdenes distintas. Si el administrador tomara en serio esta función, en los consorcios habría muchísimos menos conflictos".

Un tema cada vez más complejo

[BPN-12/12/06] El jueves 30 de noviembre en la Escuela de Periodismo "Círculo de la Prensa", se realizó una disertación sobre "Los administradores de consorcios y los consorcistas" con la participación del Dr. Eduardo Brailovsky, la Dra. Tamara Silvina Brezca, la Dra. Diana Sevitz y con la coordinación general del Dr. Eduardo Heredia.

El Dr. Brailovsky le dedicó algún tiempo a los honorarios de los administradores para observar que los consorcios "les imponen cada vez más obligaciones. Les pagan 100, 200 o 300 pesos y los consorcistas quieren que todo salga perfecto". Por otra parte, resumió que "los administradores tienen que saber todo y si no cumplieron el consorcista nunca va a tener la culpa [...] en este país siempre se busca la culpa en el prójimo".

"La profesión del administrador se torna cada vez más compleja", destacó el Dr. Brailovsky. Según él, este motivo y el hecho de que en los últimos años se incrementaron notablemente las responsabilidades y obligaciones del administrador hace que éstos deban aumentar sus honorarios.

Por otra parte, durante su disertación, señaló también que en estos momentos se está hablando mucho de modificar la Ley 13.512 pero aclaró: "si bien no estoy de acuerdo, respeto otras opiniones. Yo tengo la firme convicción de que esta ley -aunque mala e imperfecta- siempre puede mejorarse, es una ley cortita que se adapta a todas las situaciones habidas y por haber".

La Dra. Brezca, especialista en propiedad horizontal y en ejecuciones por expensas, señaló que no es verdad que los juicios por expensas duren años. Aclaró que "los juicios mal hechos duran años. No es el abogado el que tiene que hacer las cosas bien, las cosas tienen que hacerse bien desde el principio y el principio es el administrador".

Según ella, muchas veces los administradores "ven en los juicios un gasto, una erogación pero deberían verlo como una inversión. No nos olvidemos que cuando nosotros cobremos no sólo recibiremos los gastos generados por la gestión sino también los intereses".

La Dra. Brezca les aconsejó a los asistentes que inviertan en juicios, "es una buena inversión. Se puede tardar cinco años, siete o seis meses pero, en definitiva, se cobra".

La Dra. Diana Sevitz destacó que la mediación es una herramienta importante para resolver algunos de los conflictos que surgen dentro de la sociedad consorcial: "las relaciones han mejorado bastante, somos una tribu urbana y me parece que vale la pena que se resuelvan muchos problemas a partir de una mediación debido a que un juicio puede durar 10 años".

Explicó que ésta puede poner fin a un litigio y resolver conflictos como: los ruidos molestos producidos por copropietarios, locatarios y mascotas; incumplimiento de reglamentos de copropiedad y reglamentos internos; incumplimiento de contrato con proveedores; incorrecta utilización de espacios comunes; construcciones clandestinas y casos de humedad, entre otros.

El consorcio de Mafalda

[BP-12/12/06] Simpática, atrevida, contestaria, reflexiva; así era Mafalda, la niña que el mundo recuerda como uno de los grandes y emblemáticos personajes de la historieta argentina. Su inocencia y la gracia de sus preguntas la hicieron única, inconfundible y hasta podría decirse que irrepetible.

Y justamente eso, es lo que hace que hoy sean muchas las personas que la quieran homenajear. Hace unos meses, el legislador Norberto La Porta (Partido Socialista) presentó un proyecto en el que le solicitó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se colocara una placa en la casa donde Quino creó a la pequeñita que luchó por la igualdad, la paz y los derechos humanos.

La primer historieta de Mafalda nació en 1963 y probablemente Quino nunca imaginó que su creación sería traducida a más de 26 idiomas y que solo en Argentina se venderían más de 20 millones de ejemplares. En ese momento, su creador vivía en un edificio de la calle Chile 371, en el barrio de San Telmo. Es más, muchos aseguran que si se observan en detalle las historietas de la tira se pueden descubrir aspectos similares a los de aquel edificio.

Como no podía ser de otra manera, en el edificio de Mafalda también existen conflictos al igual de los que surgen dentro de la sociedad consorcial. Una de las vecinas de ese edificio, en una entrevista a la revista Veintitrés, contó que el consorcio no pudo rendirle homenaje a Mafalda porque "el administrador nos estafó a todos y nos quedamos sin un peso en el fondo de reservas".

Propietarios que hacen ruidos molestos, vecinos que no participan, administradores que se quedan con la plata del consorcio son algunos de tantos problemas que no faltan en la casa de Mafalda.

Cuenta una vecina del edificio de Quino, que siempre se preguntaba cuál era su profesión porque pasaba todo el día encerrado en su décimo piso. Recién muchos años después supo quién era verdaderamente y a qué se dedicaba.

Quino, o Joaquín Salvador Lavado, nació el 17 de julio de 1932 en la ciudad de Mendoza. Recibió ese sobrenombre desde chico para diferenciarlo de su tío Joaquín Tejón, pintor y dibujante publicitario con quien descubrió su vocación a los 3 años .

En la década del 40, Quino perdió a sus padres, terminó la escuela primaria y decidió inscribirse en la Escuela de Bellas Artes de Mendoza, la que unos años después abandonó para dedicarse a dibujar historietas y humor.

En 1954, se instaló precariamente en Buenos Aires y deambuló por las redacciones de todos los diarios y revistas en busca de empleo. La revista "Esto Es" publicó su primera página de humor gráfico. Desde entonces y hasta el día de hoy, continúan siendo publicados ininterrupidamente sus dibujos humorísticos en una infinidad de diarios y revistas de América Latina y Europa.

Un dólar no es un peso

[BPN-12/12/06] Cuando un dólar ya no fue un peso, uno de los tantos problemas que había que definir fue cómo se cobrarían las deudas hipotecarias que habían sido contraídas con particulares. Las primeras medidas que tomó el Gobierno fue que las deudas privadas se pagarían a razón de un peso por dólar y que se ajustarían por el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) que si bien dejó de existir en el 2004, incrementó las deudas en un 23%.

Sin embargo, aún hoy, a casi más de cuatro años de la devaluación, no se encontró una solución al problema. En los últimos días, el Senado de la Nación aprobó en forma unánime un proyecto de ley que apunta a frenar los remates a viviendas que fueron hipotecadas en escribanías.

Principalmente, la medida busca que los jueces no puedan exigirle a los deudores más de 1.83 pesos por cada dólar prestado a la escribanía cuando todavía regía el 1 a 1. El objetivo es establecer un criterio unificado debido a que las normativas que regulan las deudas hipotecarias son variadas y de muy amplia interpretación.

Pasaría de 3 a 15 días

[BPN-12/12/06] La media sanción que obtuvo en Diputados el proyecto de convertir en 15 días corridos los actuales 3 a la hora de un nacimiento o de una adopción es muy auspicioso aunque todavía no es definitivo. El proyecto apunta a lograr una equiparación de los padres, tanto sea a través de un nacimiento biológico como por una adopción.

Todavía falta que lo aprueben los senadores donde encontrará algunas resistencias no por la equiparación propiamente dicha sino porque esta licencia forma parte de un conjunto de cambios a la ley actual de contrataciones.

Otros puntos que están incluidos abarcan varios aspectos de otras licencias, como por ejemplo:

Todo igual para el último mes del 2006

[BPN-12/12/06] En diciembre, último mes del 2006, no habrá modificaciones cuando se realicen los sueldos del personal de la propiedad horizontal. A partir del mes pasado, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) se ubicó en los $800 pesos para los trabajadores mensualizados y en 4 pesos para el valor de la hora (Res. 2/2006 – Boletín Oficial 31/07/06).

En este mes se deberá abonar el 2º Sueldo Anual Complementario según la Ley Nº 23.041 promulgada el 2 de enero de 1984 que derogó el artículo 121 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744. Para calcular el S.A.C. dice en su 1º artículo: "El sueldo anual complementario en la actividad privada, Administración Pública central y descentralizada, empresas del Estado, empresas mixtas y empresas de propiedad del Estado, será pagado sobre el cálculo del 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de los semestres que culminan en los meses de junio y diciembre de cada año".

La Ley 20.744 sigue regulando lo referente a las fechas de pago y la proporcionalidad del SAC cuando se extingue el contrato de trabajo.

Artículo 122: "El sueldo anual complementario será abonado en dos cuotas: la primera de ellas el treinta de junio y la segunda el treinta y uno de diciembre de cada año..."

Con respecto al segundo tema de la proporcionalidad, el artículo 123 dice: "Extinción del contrato de trabajo - Pago proporcional. Cuando se opere la extinción del contrato de trabajo por cualquier causa, el trabajador o los derecho-habientes que determina esta ley, tendrá derecho a percibir la parte del sueldo anual complementario que se establecerá como la doceava parte de las remuneraciones (Ver Ley 23.041 antes citada) devengadas en la fracción del semestre trabajado, hasta el momento de dejar el servicio".

Índice de Noviembre

[BPN-12/12/06] La noticia más importante de noviembre fue que por primera vez en la historia de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) se realizaron elecciones con más de una lista y los socios decidieron que el Lic. Horacio Bielli asuma como nuevo presidente.

El miércoles 29 de noviembre, día de las elecciones, Pequeñas Noticias colaboró junto a la Dra. Diana Sevitz -en el lugar de los hechos- y la Cra. Liliana Corzo -desde el estudio- en la cobertura exclusiva, minuto a minuto de todo el acto eleccionario para el programa de radio Consorcios Hoy que se trasmite por FM Urbana (88.3) todos los miércoles a las 18 hs.

Al día siguiente, el último día del mes, Pequeñas Noticias publicó la nota "GANÓ BIELLI" (BPN Nº 306 del jueves 30 de noviembre) con las declaraciones y las fotos –ya conocidos los resultados- tanto de los ganadores como de los perdedores de la contienda electoral.

Con el 62 % de los votos, el Lic. Bielli fue elegido como presidente por la lista "Cambio y profesionalización" que está integrada por gran parte del anterior Consejo Directivo.

"Tienen que felicitar a la democracia, fue una campaña limpia", destacó el ahora ex presidente de la CAPHyAI, Adm. Néstor Pirosanto, mientras abrazaba al Lic. Bielli.

Correo de Opinión

La participación en paritarias por el Adm. Luis Sinagra

Sres.

Pequeñas Noticias:

Como en todo ámbito existen discrepancias, siendo, los entrevistados, profesionales con trayectoria y prestigio las opiniones y fundamentos expuestos se sostienen sobre bases legales y lógicas, aunque entre ellas existan contradicciones, naturalmente el comun de la gente (consorcistas en particular), si las lee o escucha, apoyará la que le represente un mayor beneficio.

Beneficio es la palabra que, humildemente, considero apropiada y me hago dos preguntas:

¿El consorcista realmente desea participar en paritarias con otra representación o desea pagar una expensa menor y que los aumentos se deban a gastos extraordinarios o mejoras de su edificio?

En los ultimos años se fueron creando agrupaciones que representan a no muchos consorcistas (teniendo en cuenta que solo en capital hay millones) y que buscan ganar un espacio para representar a un sector que, como cualquier otro, no va a despreciar un beneficio, ni siquiera dejar pasar la posibilidad de obtenerlo. 

En el caso que nos ocupa hablamos de un "posible" beneficio, nadie puede asegurar que una mayor participación asegure mejores resultados, simplemente y sin profundizar mucho en el terreno político tan sólo basta considerar la fuerza, poder y/o apoyo con que ha contado SUTERH que es con quien, en definitiva, se va a conversar.

En las dos últimas paritarias, la CAPHYAI no avaló los acuerdos celebrados, existió una gran movida de agrupaciones independientes, se presentaron amparos, pero los ajustes salariales igual se dieron como también en otros convenios en mayor o menor medida. 

No cabe duda que nadie se va a preocupar del sueldo del Encargado si existe otra alternativa para pagar una expensa menor, incluso si el aumento promedio de los sueldos de la gente hubiese acompañado el desequilibrio económico tal vez la expensa no sería un tema de discusión y sí lo sería la profesionalizacion de la Actividad del Administrador, la toma de conciencia de los consorcistas en lo que refiere a prevención y la participación del Gobierno con créditos y plazos para que un consorcio pueda cumplir y adecuarse cuando su existencia supera el cuarto de siglo.

Hoy, en muchos edificios, sueldos y cargas sociales representan un porcentaje importante de la expensa y es en eso en lo que se fija el Consorcista, pero no se ha tenido en cuenta que NO se trasladó a las expensas la incidencia total de los aumentos de otros rubros con el fin de evitar un incremento brusco. 

Actualmente en una estabilidad de 3 a 1 es obvio que si los aumentos del rubro sueldos se trasladaron a expensas en su totalidad y el resto no, la incidencia de dicho rubro va a ser más significativa, lo que sumado a la pérdida de poder adquisitivo de la gente genera conflictos y abre puertas a nuevos participantes dentro del sector de Prop. Horizontal.
Lo manifestado por el Dr. Awad es correcto y no tiene lugar a discusión: "El consorcista no es parte de una Pyme, ni es un empresario....", el consorcio es un consumidor final pero, paradójicamente, el consorcista debe hacer frente en su participación dentro del consorcio cumpliendo con las mismas exigencias de una empresa: ley de seguridad e higiene, aportes patronales, limpieza de tanques, control de matafuegos, defectuosa categorización ante los servicios de energía y gas que implican un mayor tributo, mantenimiento de veredas, fachadas, ascensores, luces de emergencia, nuevas normativas municipales y de servicios que implican adecuacion de instalaciones eléctricas, medidores de gas, rampas, por citar algunos de una extensa lista a la que podemos agregar algún proyecto en estudio (Ampliación de vivienda de encargado con su consecuente reforma de reglamento y planos caso contrario se viola la ley 941 en cuanto a las formas en que un Administrador debe contratar) y finalmente el sueldo del personal cuya incidencia en función de un estricto cumplimiento de todas las exigencias tal vez no sea lo que al Consorcista le preocupe realmente.

Personalmente creo que lo citado en el último párrafo es lo que tienen en agenda las diferentes agrupaciones que representan a Consorcistas que, como manifiestan, buscan obtener un beneficio, mejora o equidad desde todos los ámbitos; no solo desde el laboral en el que, debemos reconocer, es preciso hacer ajustes. 

No sería mejor concentrar el esfuerzo profesional y de tantas agrupaciones en mejorar la situación de los consorcios atacando todos los frentes en los que hay, por llamarlo de alguna forma, "una especie de desorden" generador de un mayor costo de expensas donde no se afectan intereses sectoriales, al mismo tiempo elaborar las reformas del convenio que se consideren pertinentes y trabajarlas en forma conjunta solo restaría presentarlo en la próxima paritaria por medio de la Cámara con un consenso previo en haras de un beneficio común,  indpendientemente de la fuerza de cada sector. 

Últimamente se vienen pidiendo en abril de cada año, tal vez se pueda canversar logrando postergarlas y mientras tanto trabajar y proponer alternativas en lugar de ocupar el tiempo para ganar espacio político y logros personales.
Atte.