El incendio

[BPN-10/04/07] La nueva Federación de Asociaciones de Consorcios (FEDECO), la Asociación de Consorcistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ACCABA), la Asociación Propietarios de Bienes Raíces (APBR), la Asociación Propietarios de Inmuebles (API), la Comisión Argentina Consorcios, Copropietarios y Consorcistas (CACCyC), la Liga del Consorcista de Propiedad Horizontal (LCPH), la Red de Consorcistas Damnificados (RCD) y Reafirmación de los Derechos del Consorcistas - Unión de Consorcista de la República Argentina Línea Fundadora (ReDeCo UCRA LF) firmaron una carta conjunta para solicitarle al ministro de Trabajo, Dr. Carlos Tomada, la suspensión de las actuales negociaciones colectivas de trabajo del personal de encargados de edificios renta y horizontal.

El viernes 30 de marzo, ocho asociaciones de propietarios se reunieron en el salón Jaureche de la Legislatura porteña, en lo que denominaron Mesa de Trabajo y de Consenso, con el objetivo de buscar puntos de acuerdo y expresar en forma unánime la postura del sector. Después de casi dos horas de debate y en las que cada una de las entidades manifestó su posición, consensuaron en exigirle al ministerio que se abstenga de "homologar todo posible acuerdo concertado entre ese gremio de trabajadores y las entidades que agrupan a los administradores, reconocidas por ese ministerio, aún cuando carecen del mandato expreso de los consorcios".

Si bien el Dr. Eduardo Awad manifestó su voluntad de participar -aunque no pudo hacerse presente por cuestiones de agenda- la Federación Argentina de Consorcistas (FAC) declinó la invitación.

Durante la reunión se pudieron conocer tres posiciones ideológicamente bien marcadas pero en todo momento los presentes se concentraron sobre los puntos en los que hubo acuerdo y aquellas ideas en las que coincidían.

En un extremo del arco, la Dra. Loisi consideró que habría que modificar el sistema y la manera en que se otorgan aumentos a los encargados. Recordemos que el presidente de la LCPH, Dr. Osvaldo Loisi, en muchas oportunidades sostuvo que el salario de los encargados no debería ser actualizado vía Convenios Colectivos de Trabajo sino que debería ser regulado por el Poder Ejecutivo, tal cual se viene haciendo con otros gremios, como por ejemplo, el de las empleadas domésticas.

En el otro extremo, el coordinador de ReDeCo apoyó la existencia de los CCT aunque, para él, la representación del sector patronal debería ser el resultado de una masiva convocatoria en "una elección abierta, amplia y democrática de todas las asociaciones para que se decida quiénes –de los propietarios- van a ser los representantes en las negociaciones con el gremio de los encargados".

El resto de las entidades, en una postura conciliadora, trabajaron para acercar ambos extremos y lograr un documento consensuado. El presidente de CACCyC resumió el resultado del debate expresando: "por el momento, vamos a caminar con las instituciones constituidas. Queremos ir a una negociación colectiva llevando la voz de los sin voz".

En esa carta, pidieron que la abstención se extienda hasta tanto se determine oficialmente "un sistema de corrección salarial, que evite la permanente zozobra sufrida por millones de consorcistas en todo el país, que no gozan de idénticos beneficios de incrementos salariales anuales (muchísimos de ellos jubilados y pensionados) y que, sin embargo, se ven obligados a sufragar con sus expensas aquellos aumentos que, para colmo, se originan en negociaciones llevadas a cabo a puertas cerradas".

Al mismo tiempo, explicaron que su posición no es de confrontación, sino de apoyo a las medidas que procuran "una mayor equidad y una mejor distribución de la riqueza, porque la gran mayoría de los consorcistas, también somos trabajadores, activos o pasivos, aunque no estamos agrupados gremialmente por la naturaleza jurídica propia de los consorcios".

Según estas asociaciones, el pedido que formulan no es arbitrario y expresaron sus ideas en cinco puntos. En principio, resaltaron que los consorcios de propiedad horizontal no son empresas, sociedades comerciales, ni grupo alguno de personas en procura de un fin lucrativo.

Por ende, consideraron que no existe en esos consorcios "productividad rentable alguna, base de toda negociación colectiva, la que sirvió en su origen para armonizar el capital y el trabajo, logrando así la paz social, hoy en peligro en nuestro caso, al afectarse derechos constitucionales de protección a la familia y a la propiedad de varios millones de personas".

Asimismo, en esa carta manifestaron que por la Ley de Propiedad Horizontal, el consorcista no puede liberarse del pago de expensas abandonando su propiedad como en cualquier condominio, ni le es posible hacerlo al consorcio declarándose insolvente como cualquier empresa, provocando así la disolución de la persona jurídica: "la propiedad horizontal está sometida a una indivisión forzosa que impide su desaparición".

Teniendo en cuenta los puntos anteriormente mencionados, argumentaron que se encuentran "ante una paritaria muy especial y alejada del espíritu de la creación de estas negociaciones colectivas, en defensa de los trabajadores frente al poder económico concentrado de los dueños de los edificios de renta. Hoy, los copropietarios somos el eslabón más débil del sistema y queremos que se reconozcan nuestros legítimos derechos".

Audiencia privada

[BPN-10/04/07] La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizó una audiencia pública el miércoles 14 de marzo con el objetivo de debatir el proyecto de ley que apunta a que los nuevos edificios que consten de 15 unidades o más, superen los ochocientos metros cuadrados o tengan 4 o más pisos, cuenten con una vivienda para el encargado.

Inicialmente, este proyecto había sido aprobado en el recinto pero de acuerdo a lo que establece la Constitución local debía ser tratado en audiencia pública para luego ser debatido en segunda lectura y finalmente ser aprobado o no.

La audiencia –que se llevó a cabo en el Salón San Martín- fue encabezada por el presidente de la Comisión de Presupuestos, Leg. Juan Manuel Olmos, acompañado por los legisladores Beatriz Baltroc, Carlos Lo Guzzo y Diego Santilli. Las únicas participantes inscriptas eran la arquitecta Irene Kalnins –quien no se hizo presente- y la Sra. Gabriela Orsini que destacó que "el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo ha hecho entrega de una nota firmada por su presidente con su opinión respecto de la modificación que se propone. Por lo tanto, como representante del Consejo, dejó sentado que se entregó la nota en el día de ayer y que hoy participamos de esta audiencia pública", no surgiendo de sus palabras si apoya o no la propuesta.

Esta ley –que modificaría el Código de Edificación porteño- también prevé que los edificios deban contar con una vivienda destinada al encargado que tenga como mínimo una sala común –o comedor- dos dormitorios, baño y cocina, y que a su vez, cuente con los mismos servicios centrales de confort y necesidad que las restantes unidades. De acuerdo a lo que informó el Leg. Olmos al finalizar la audiencia, la sanción definitiva sería en los próximos 30 o 45 días.

El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal (SUTERH), Víctor Santa María, fue el único expositor de la audiencia. "Agradezco al vicepresidente de la Comisión de Planeamiento Urbano y a todos los presentes por escuchar la voz de los trabajadores de edificios", destacó Santa María.

Durante su disertación, consideró que para el sindicato "hoy es un día importante, ya que podemos expresar en la Legislatura nuestro pensamiento y apoyar la reforma de este artículo del Código de Edificación tan importante para la vida diaria de los trabajadores de edificios".

Subrayó que quieren "tener la posibilidad de contar con una vivienda digna, con servicios centrales dignos, como tiene cualquier persona que realmente pretende vivir en un país en serio, en una Argentina en la que no solamente los salarios sean dignos, sino también las condiciones de trabajo".

Al mismo tiempo, consideró que si se analiza el último censo de la Ciudad de Buenos Aires, se observa que "en el 2001 más del 70 por ciento de la gente vive en edificios de propiedad horizontal. Por eso hoy, los que trabajamos en esos edificios tenemos mucha importancia en esta ciudad".

El secretario general del SUTERH resaltó que esta ley "no solamente nos beneficia a nosotros -a los trabajadores- sino también a todos los que viven en ellos, ya que van a tener un trabajador de edificio en forma permanente".

Según él, esto aumenta la seguridad en los consorcios: "vemos asombrados cómo todavía en la Ciudad de Buenos Aires sigue habiendo robos, violaciones a la propiedad privada que, en muchos casos, se dan en edificios en los que el encargado no es permanente o cuando no se encuentra por estar en su hora de descanso o en el fin de semana".

Por otra parte, consideró que los encargados son tratados como un miembro más de esa gran familia, que es el consorcio; no solamente en la Ciudad de Buenos Aires sino en toda la Argentina: "somos nosotros, los trabajadores de edificios, los que realmente conocemos lo que pasa en cada uno de los inmuebles; somos aquellos a quienes muchas veces nos confían la llave de los departamentos o a quienes muchas veces nos confían sus hijos; somos los que ayudamos en tareas que van mucho más allá de nuestras obligaciones laborales".

Por último, Santa María agradeció a "todos los legisladores y especialmente al compañero Juan Manuel Olmos quien también ayudó en este proyecto junto con la diputada Sandra Bergenfeld. Seguramente, después de esta audiencia este proyecto se aprobará definitivamente".

"Conozco a la familia Santa María desde hace muchos años y lo único que puedo hacer es acompañar cualquier proyecto que nos presente, ya sea su padre Pepe o su hijo Víctor, porque sé de su capacidad de trabajo, de su hombría de bien, de su honestidad y del esfuerzo que ponen a diario para que los trabajadores estén mejor", subrayó el legislador Diego Santilli que también impulsa la creación de un Colegio de Administradores para la Ciudad de Buenos Aires.

Explicó que muchas veces se ataca o se malinterpreta la realidad de los trabajadores que conducen ciertas organizaciones sindicales pero que ellos acompañan "unánimemente esta posición, porque el trabajo del SUTERH –que me tocó conocer desde hace muchos años– tiene que enorgullecernos a todos los que estamos en la política, más allá de los colores partidarios que nos toquen defender".

Recurso de amparo contra la AFIP

"Hay cuestiones del Estado que son indelegables como las del poder de policía. Me parece que con esta resolución están obligando al administrador a meterse con los derechos individuales de las personas. Los ponen entre la espada y la pared porque si no cumplen hay sanciones con multas que van de los 5 mil a los 10 mil pesos", destacó el Dr. Jorge Alberto Martín Irigoyen, representante legal de la CAPHyAI.

En ese recurso, presentado el pasado 29 de marzo, de 31 folios, exigieron que se decrete la medida cautelar de no innovar, "restituyéndose el ‘status quo’ a la situación anterior a la sanción de las mencionadas resoluciones" y resaltaron que a partir de esta medida "nos están pidiendo a los administradores que nos enfrentemos a los ciudadanos, invadiendo su privacidad", derecho privativo del Estado.

En una entrevista exclusiva concedida a Pequeñas Noticias, el Dr. Irigoyen explicó que "están poniendo en cabeza de los administradores la obligación de agentes de información y esto para nosotros es absolutamente desmedido e inconstitucional. Les ordenan informar cuestiones que son muy íntimas de las personas".

El Dr. Irigoyen advirtió que si el Poder Judicial no pone un límite a esta situación, en el futuro "irán por más".

La Resolución 2159 de la AFIP establece que los administradores de consorcios presenten una Declaración Jurada -con carácter retroactivo al segundo semestre del 2006- de todos aquellos ocupantes que paguen 3.600 pesos semestrales o más, y posean una unidad cuya superficie sea igual o mayor a los 100 m². En el caso de los countries y los barrios cerrados, alcanza a aquellos cuyo terreno sea igual o mayor a 400 m² y paguen el mismo nivel de gastos comunes. Esta obligación, de no existir otra prórroga, vence el próximo 16 de abril.

El Dr. Irigoyen destacó que la CAPHyAI -en principio- apoya la política que lleve la AFIP a fin de combatir la evasión impositiva y en la medida de sus posibilidades "está dispuesta a dar su colaboración para lograr que esta lucha finalice con éxito". Sin embargo, advirtió que la Resolución General 2159 es de imposible cumplimiento porque "obliga a los administradores a asumir deberes que no siempre estarán en condiciones de cumplir, quedando sujetos a la posibilidad de graves sanciones en caso de incumplimiento y careciendo de las facultades necesarias para recabar la información solicitada".

Por otra parte, el Dr. Irigoyen consideró que si uno lo ve desde el punto de vista tributario es razonable que el propietario brinde esa información porque "todos sabemos que como ciudadanos tenemos el deber y la obligación de pagar los impuestos que nos corresponden".

Sostuvo que "sería loable y hasta sano" que la AFIP le pida directamente esta información a los consorcistas: "el problema se genera porque el administrador puede no contar con esa información y lo máximo que puede hacer es solicitarla".

También, explicó que la AFIP puede disponer de esta información a través de otros medios: "la puede conseguir muy fácilmente, lo que pasa es que eso tiene un costo e intervienen jurisdicciones distintas. Por ejemplo, en Capital Federal existe el Registro de la Propiedad Inmueble donde tranquilamente están todos los datos requeridos".

Según el asesor legal de la CAPHyAI, la norma que se impugnó resulta irrazonable por varios motivos. En primer lugar, porque requiere información que no está a disposición del administrador, y que no está facultado a exigir de los consorcistas debido a que carece de poder para obligar a los copropietarios que le suministren datos personales, de ocupantes o de inquilinos.

A su vez, el Dr. Irigoyen consideró que se vulnera la libertad de trabajo porque tampoco toma en cuenta la existencia de numerosas personas que ejercen la actividad de administrador sin contar con una estructura que les permita cumplir con los deberes que les impone.

Es así que estaría "obligando al administrador a incurrir en importantes gastos que aumentarán el costo de las expensas y el precio de los alquileres, con el consiguiente efecto sobre el índice de aumento del costo de vida, en un momento en que el Gobierno Nacional hace ingentes esfuerzos para evitar cualquier desborde inflacionario".

Acciones contra la AFIP

[BPN-10/04/07] La Federación Argentina de Consorcios (FAC) realizó una presentación contra la Resolución General 2159 que dispuso la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Con fecha 27 de marzo, presentaron una carta en la que aclararon que ya se han dirigido a las autoridades de ese organismo "en una nota del día 2/03/2007 [...y...] hasta el presente no hemos recibido de la AFIP respuesta ni acuse de recibo a la misma" <ver: "¿En qué consiste la Resolución?>.

En esa presentación, informaron que equipos técnicos de la Federación han trabajado para acercarles sus puntos de vistas con respecto a la Resolución General Nº 2159/06 "cuyo resultado acompañamos a la presente y es parte integrante de nuestra queja".

Según la FAC, este estudio demuestra "palmariamente la inconstitucionalidad de la misma, además del abuso en que ha incurrido la AFIP al pretender utilizar a nuestros administradores (a quienes nosotros les pagamos sus honorarios) para que hagan esta tarea que bajo ningún concepto les compete y los obliga".

Al mismo tiempo, advirtieron que si bien "acompañamos a la AFIP, como a todas las instituciones de la Nación en ayuda de su cometido, no corresponde dirigirse a nuestros administradores subordinados, recabando información sobre los integrantes del consorcio –en este caso la patronal- a quien corresponde se dirijan Uds. en su pedido".

Por último, destacaron que confían que esto "merezca una rápida respuesta, nos ponemos a su disposición solicitándole en el mientras tanto, suspenda los términos de la Resolución Nº 2159 y 2207".

Según el trabajo que realizó el ex diputado de la Nación Héctor Raúl Sandler, la Resolución 2159 contradice varias expresas disposiciones de la Constitución Nacional y advierte que es manifiestamente inconstitucional por diversas causas.

En principio, señalan que la preocupación de la resolución es conocer todo respecto de "las expensas, contribuciones para gastos y conceptos análogos" y que esto "son acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofenden al orden y a la moral pública, ni perjudican a un tercero", y por lo tanto, "están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados".

Argumentaron que esta resolución es "discriminatoria" en varias dimensiones debido a que "discrimina" a los copropietarios derivados de la ley 13.512 frente a todos los demás propietarios posibles, entre los que se encuentran condominios, propietarios en sucesiones indivisas. Otra discriminación se daría porque según ellos, "incluye solo a un grupo de copropietarios de la 13512. Los caprichosamente supuestos más ricos" [aquellos que pagan más de 3600 pesos de expensas por semestre y cuya unidad es igual o superior a los 100 m²].

Finalmente, resaltaron que "es jurídicamente aberrante" porque dispone y ordena actos a cumplir por sujetos de derecho carentes de existencia jurídica: "los consorcios que se forman en función de la ley 13.512 no son sujetos de derecho. Nadie puede negar que así se nombra al conjunto de copropietarios permitidos por la ley; pero de ahí a que el consorcio sea sujeto de derecho hay una distancia insalvable. Basta con pensar, hipotéticamente, cómo se le aplicarían las sanciones administrativas y penales de la ley 11.683 en caso de incumplimiento".

Por otra parte, según el Dr. Sandler, dada la cantidad de edificios de propiedad horizontal en la Ciudad de Buenos Aires y el resto del país, la Resolución 2159/06 afecta a millones de personas. "Si todas ellas se hicieren cargo de las inconstitucionalidad de la resolución y recurrieran a la Justicia; o bien hubiera un masivo incumplimiento, la AFIP iniciara los procedimientos administrativos y judiciales para hacerla cumplir, se produciría un grave problema social y un mayor atascamiento de la justicia", destacó.

Para la Federación Argentina de Consorcios la Resolución 2159/06 tiene una finalidad muy distinta a la que persigue la ley 11.683 y en la que dice fundarse: "no se da ninguna razón empíricamente comprobable que acredite su oportunidad como no sea la arbitraria decisión de dictarla, ignorándose sus fines, la obligación que impone es inconstitucional por violar múltiples derechos y garantías asegurados por la Constitución Nacional y afectar derechos de incidencia colectiva".

El cartero llama dos veces

[BPN-10/04/07] El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que enviará más de 350 mil cartas a contribuyentes de mayor capacidad contributiva. Esta medida se realiza en el marco del operativo denominado "de inducción" que tiene como objetivo recordar los vencimientos que se producirán entre los dos próximos meses.

Los contribuyentes, además de recibir una notificación postal, "podrán verificar a través de la WEB" si su situación patrimonial es correcta o está equivocada. El sistema solo estará disponible para los destinatarios de las cartas. El resto de las personas, por más que tenga una clave fiscal habilitada, no podrá ingresar a las bases de datos para contrastar la información.

Esta inducción postal más la WEB estará dirigida a las personas físicas que nunca presentaron su declaración jurada 2006, podrán realizar el trámite con su clave fiscal y actualizar su información para intercambiar datos con la entidad recaudadora.

Nuevo plan de viviendas

[BPN-10/04/07] El objetivo del programa que lanzó el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es crear 19 mil viviendas para aquellas personas que actualmente no cuentan con una casa o un departamento.

Este plan estará dirigido a personas aportantes y no aportantes, con la condición de que no tengan una vivienda propia. Existen cuatro subprogramas para definir el monto de los créditos, que podrán ir desde los 3mil dólares hasta los 15 mil. Hasta los 8 mil dólares, el interés será del cero por ciento, mientras que para los créditos de 8.001 dólares a 15 mil la tasa estará en tres por ciento.

Las entidades que podrán brindar el préstamo son: Mutual Guapay, el Fondo Financiero Privado (FFP), Eco Futuro, las ONG Idepro y Hábitat, así como las cooperativas Cristo Rey, San Francisco Solano, el Buen Samaritano, Pirai, Montero, Trinidad, La Catedral, Sudamericana, San Martín de Porres y Jerusalém.

Para este préstamo -que tendrá un plazo de 20 años- el poder ejecutivo cuenta con 80 millones de dólares, de los cuales el 30 por ciento está destinado a programas de subsidio saludable y productivo, es decir, a la mejora de viviendas y el 70 por ciento para solucionar el déficit habitacional.

Por otra parte, el ministro de Planificación de Desarrollo, Gabriel Loza Tellería, adelantó que este año también se lanzará el programa de empleo "Aquí me quedo", con el propósito de evitar la masiva migración de la población boliviana al exterior.

Este programa nació ante la migración de mucha gente del país por la falta de trabajo, fuentes de empleos y oportunidades. Consistirá en acomodar la oferta laboral a la demanda y uno de los componentes para conseguir este propósito será la capacitación y las pasantías, o entrenamientos en terreno, tanto en el sector privado como en el público.

Loza destacó, entre otras cosas, que se reunirá con los ejecutivos del sistema financiero nacional para que los proyectos productivos puedan obtener créditos, "utilizando como garantía las remesas" que se reciben del exterior.

El barrio con más inversiones

[BPN-10/04/07] Un estudio realizado por el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano (CEDEM) informó que la mayor cantidad de proyectos se concentran en barrios como Puerto Madero y Palermo. En este último, hubo un amplio arco de inversiones: desde un hotel de lujo hasta restoranes.

Según este relevamiento, el año pasado se concretaron, o bien se anunciaron, 214 proyectos de inversión mientras que durante el 2005 habían sido 142. Asimismo, el año pasado los proyectos que se concretaron alcanzaron los 441 millones de dólares contra los 259 millones del 2005.

Si bien estos proyectos se realizaron en diversos barrios, las inversiones tendieron a concentrarse en algunas zonas. Del total, 39 se ubicaron en Palermo, 23 en Puerto Madero, 20 en el centro, 15 en Recoleta y 14 en Belgrano.

El 60 por ciento de los casos los capitales fueron argentinos aunque también hubo inversores españoles, chilenos, alemanes, estadounidense y franceses.

El secretario de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Vicente Lourenzo, reflexionó que las inversiones realizadas por los comerciantes se pudieron ver en toda la Ciudad, pero sobre todo en los centros comerciales y sus cercanías: "tanto los dueños de locales como los inquilinos que renovaron contrato buscaron recuperar el atraso que sufrieron por la crisis. Invirtieron en mejoras en sus locales y en seguridad. Esto se pudo dar porque el consumo creció y las ventas fueron estables".

Índice Marzo

[BPN-10/04/07] Para la redacción la noticia más importante de marzo fue que el secretario gremial del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios Renta y horizontal (SUTERH), Osvaldo Bacigalupo, adelantó a Pequeñas Noticias que pedirían un aumento de entre el 20 y el 25 % para los encargados de edificios.

Ante la inminente firma de un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo (CCT), en una entrevista concedida a este medio, Bacigalupo destacó que si bien hace unas semanas el secretario general del SUTERH, Víctor Santa María, declaró a los diferentes medios de comunicación que pedirían entre un 18 y 19 %, estas cifras se modificaron en la medida en que hubo incrementos en la carne, la vestimenta y los útiles escolares, entre otros bienes y servicios.