Según informó el secretario de la comisión, Dr. Guillermo Triantafilo, a través de una carta enviada a todos los diputados que pertenecen a esa comisión, el encuentro se realizará el jueves 5 de junio a las 10 hs. en la Sala 3 del Edificio Anexo. En esta primera reunión, la intención de los diputados nacionales es hacer una ronda de consultas a todos aquellos que hayan presentado propuestas puntuales de modificación total o parcial a esta ley.

Esta convocatoria se hace después de una reunión que realizaron el martes 13 de mayo los asesores de los diputados que integran esta comisión y en la que analizaron única y exclusivamente todos los proyectos de ley ya presentados. En esa oportunidad, el encuentro fue privado (BPN Nº 349 del 21/5/2008: "Es un tema muy sensible...").

En la revista de FRA "Reunión de Administradores", edición Nº 205 (mayo de 2008), advirtió que es lamentable y hasta agraviante para la comunidad consorcial, que después de transcurridos casi 60 años de vigencia de la Ley 13.512 y teniendo a la vista los valiosos antecedentes parlamentarios, jurisprudenciales y doctrinarios sobre el sistema de propiedad horizontal de nuestro país, se tengan que distraer en el Parlamento argentino tratando pobrísimos proyectos de modificaciones".

Hernández señaló que el 9 de abril recibió una carta de la diputada nacional y presidenta de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, Dra. Margarita Beatriz Beveraggi (UCR), en la que le informó que en este momento la comisión está tratando tres propuestas.

La diputada le explicó que el reglamento legislativo "marca su competencia sobre todo asunto o proyecto relacionado con la temática habitacional, así como las que se refieren a aspectos administrativos, económicos, financieros, sociales ambientales, técnicos y legales de la vivienda y del desarrollo y ordenamiento de los asentamientos humanos".

Al mismo tiempo, le solicitó –si es de su interés- acercar su opinión con relación a las propuestas presentadas. En su nota, el presidente de FRA no informó cuál fue su respuesta a la legisladora nacional.

En la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Urbano, están estudiando los proyectos:

1.- de la de la diputada Lía Fabiola Bianco (Frente para la Victoria) sobre la modificación en la constitución del consorcio y la gestión del administrador;

2.- el de los diputados Liliana Amelia Bayonzo (UCR), Marta Lucía Osorio (Frente para la Victoria), Daniel Agustín Brue (Frente Cívico por Santiago), María Álvarez Rodríguez (Frente para la Victoria), Aníbal Jesús Stella (Peronista Federal -mandato vencido-), Ruperto Eduardo Godoy (Frente para la Victoria –mandato vencido), Rosa Ester Tulio (Peronista Federal -mandato vencido-), Gladys Beatriz Soto (Frente para la Victoria), Marcela Alejandra Bianchi Silvestre (Frente para la Victoria), Hugo David Toledo (Peronista Federal -mandato vencido-), Héctor Ruben Daza (Frente para la Victoria - mandato vencido-) sobre la constitución del consorcio de propietarios y la actuación del administrador y

Proyecto de reforma integral para la Ley 13.512

[BPN-04/06/08] Si bien el presidente de la Federación de Asociaciones de Consorcios (FEDECO) y de la Comisión Argentina Consorcios, Copropietarios y Consorcistas (CACCyC) no quiso adelantar los ejes centrales de su proyecto para modificar la Ley 13.512, adelantó que éste "está a punto de tomar estado parlamentario. Fue presentado a casi todos los diputados y ha sido motivo de interés porque varios nos han llamado".

El viernes 30 de mayo, durante el programa de radio Hablemos de Consorcios de la Unión de Medios Independientes de Propiedad Horizontal (UMIPH), sostuvo que el armado de la propuesta implicó "un esfuerzo trabajoso que demandó un par de años. Hemos conformado un único proyecto integral de reforma que tiene 52 artículos y que atiende a nuestra realidad histórica. Para hacerlo tuvimos en cuenta todos los proyectos presentados y caducados, así como los que están vigentes y ya tienen estado parlamentario".

Afirmó que el proyecto atiende fundamentalmente "a la racionalidad, a la equidad y al cumplimiento de derechos y deberes de todos los integrantes de la comunidad consorcial. Atiende a la necesidad de reconocer que si bien hay un trípode que constituye la comunidad consorcial –como son los copropietarios, los administradores y los encargados-, la propiedad horizontal no existe sin copropietarios ".

El Dr. Knopoff dejó trascender que uno de los puntos de su proyecto tiene como objetivo  limitar el mandato del administrador. "Cuando se creó la ley de propiedad horizontal, los dueños de la torta eran los grandes capitalistas que tenían la concentración del poder económico. Compraban los terrenos, construían las casas y dejaban y fijaban a su arbitrio las condiciones del reglamento de copropiedad", advirtió Knopoff.

Explicó que en "ese reglamento de copropiedad, generalmente leonino, se fijaban privilegios para los dueños originales de la tierra y de la construcción" y que justamente por este motivo ellos apuntan a limitar el mandato del administración designado por la asamblea.

Argumentó que si "limitamos el tiempo de duración del administrador a solamente un año, cuando finalice su mandato tendrá que remitir la liquidación del balance y memoria para que pueda ser revisado y tratarse en una reunión ordinaria anual. Así, estamos obligatoriamente provocando que haya una rendición de cuentas al año".

En diálogo con el medio, Knopoff consideró que la Ley 13.512 "está totalmente pasada no diría de moda sino de historia porque es una ley que lleva 60 años sin haberse modificado nunca y que está precariamente reglamentada. Creo que en estos 60 años algo ha pasado en el país desde el punto de vista social, político, económico y cultural. Estamos ante una sociedad distinta".

El no de la CAPHyAI

[BPN-04/06/08] En la última edición de la revista Propiedad Horizontal de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), el director de la publicación, Carlos Rodrigues Gesualdi, explicó por qué la cámara decidió no firmar el último Convenio Colectivo de Trabajo (CCT).

"Más allá del resultado de la controversia, lo que deseamos resaltar acá es el carácter positivo del 'no' de esta cámara. Con él estamos afirmando una posición diferente, opuesta a directivas corporativas y casi obligatorias, pero negociadora y abierta para defender necesidades y reclamos que son de los copropietarios y deben ser considerados", afirmó.

Rodrigues Gesualdi consideró que ante los avances hegemónicos, "el ‘no’ es siempre una ventana abierta a la cordura".

Sostuvo que hace muchos años la CAPHyAI era la única entidad que representaba a la patronal en las negociaciones de los CCT. Subrayó que con el tiempo, "abierta o embozadamente, se fueron incorporando otras instituciones –más o menos afines, más o menos representativas-, siendo actualmente tres las que comparten el título de empleador según distintos porcentuales".

Teniendo en cuenta ésto, se planteó si "esta suma indiscriminada y en ocasiones oportunistas, ¿dio al copropietario –que es en definitiva quien va a pagar los sueldos acordados- mayor tranquilidad? ¿Le trasmitió el convencimiento de que sus intereses estaban bien representados?"; a lo que respondió que lamentablemente no.

Según él, ésto hizo que las quejas se sucedieran, las protestas se multiplicaran y la brecha entre administradores, que representaban y acordaban, y consorcistas que pagaban, se fuera ensanchando y enturbiando.

De las negociaciones de los CCT, participan por la parte patronal la CAPHyAI, la Unión Administradores de Inmuebles (UADI) y la Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal (AIERH) y por la parte trabajadora la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal (FATERYH).

Gesualdi consideró que "no es mala proporción la de tres a uno para encarar discusiones, pero la Argentina es el reino de las paradojas y en la realidad práctica el ‘uno’ terminó siempre por imponer sus posiciones a los demás. Los demás, unidos, divididos, agrupados, desagrupados... o ignorados".

Tal como había anticipado Pequeñas Noticias en el mes de marzo (BPN Nº 344 del 18/3/2008: "La CAPHyAI no firmó"), la cámara argumentó que había realizado una propuesta para modificar el articulado del convenio y que ante la negativa del sindicato de analizarlo antes de pautar las escalas salariales, decidieron no firmar.

"Con el compromiso que implica la representación de nuestros consorcios asociados, nuestra cámara, a través de su asesor laboral, los integrantes paritarios y la colaboración vertida en opiniones de algunos socios, elaboró una cantidad de modificaciones con el fin de poder darle una mayor claridad a la interpretación del convenio en beneficio de los consorcistas como del propio personal perteneciente a este gremio. Cabe señalar que sobre dichas modificaciones se intercambiaron opiniones con las otras dos entidades paritarias", manifestaron en una nota de la revista.

Ingeniería fiscal vs. elusión de impuestos

[BPN-04/06/08] El contador Oscar Cavalli y el Lic. Enrique R. Vignola explicaron a Pequeñas Noticias los aspectos impositivos y consecuencias económicas en el sector inmobiliario a partir de la Resolución General AFIP 2371 y de la aplicación del Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI).

En principio, Vignola recordó que después de la crisis del 2001 y del proceso de recuperación del mercado inmobiliario, la AFIP realizó un diagnóstico y observó que había una incompatibilidad o incoherencia entre la evolución económica del sector con respecto a la recaudación impositiva que debería derivar de ese crecimiento.

A partir de esa evaluación, la AFIP comenzó a diseñar algunas medidas estructurales que permitieron la puesta en marcha de una ingeniería de fiscalización y recaudación. Algunas de ellas fueron el procedimiento electrónico para obtener el Certificado de No Retención del ITI (Impuesto a la Transferencia del Inmueble), el Registro de Inmobiliarias y Locadores de Inmuebles, el Régimen Informativo de Expensas por parte de los administradores, la generalización del CITI - Escribanos (Aplicativo de la AFIP), así como la resolución 2.371 que hace referencia a la obligatoriedad de la tramitación por parte de los titulares de propiedades del COTI con carácter previo a la negociación, oferta o transferencia de un bien inmueble o de derechos sobre bienes inmuebles a construir.

"Estamos ante un cambio cultural. A partir de esta ingeniería fiscal hay muy pocas posibilidades de eludir impuestos. La ley existe y cada vez es mucho más difícil eludir y evadir", destacó Vignola. .

En diálogo con el medio, resaltó que uno de los factores que potenció el cambio fue la incorporación de la tecnología: "la AFIP logró potencializar la capacidad de transferencia de información y de datos. Las declaraciones juradas se hicieron cada vez más complejas pero la operatoria empezó a funcionar cada vez mejor", destacó.

Advirtió que ante estos cambios es importante que los martilleros y los administradores tomen conciencia de que "están comprendidos como agentes de información fiscal y que deben informarle a la gente que no se trata de una declaración jurada así nomás".

Subrayó que esta arquitectura tecnológica legal "toca legislación de fondo e incluso se mete en la libertad de negociación y en la libertad de comercio que hizo grande a este país. Hoy el gran tema está planteado sobre la mesa...".

Tanto Vignola como Cavalli consideraron que estamos ante un cambio cultural muy importante y que actualmente hay muy pocas posibilidades de eludir impuestos, "esto lleva a solucionar un problema que nos afecta desde hace tiempo. Pequeñas modificaciones formales han hecho, por ejemplo, que el impuesto a la transferencia de inmueble aumentara en un 170 por ciento".

El Dr. Cavalli resaltó que "queda planteado el desafío de tener en cuenta estos cambios tributarios en el armado de los negocios inmobiliarios futuros. Ya no se pueden soslayar y son tan vitales como el cumplimiento de los contratos, los plazos comprometidos, la calidad de la administración y la gerenciación".

Cavalli subrayó que hay un gran desconocimiento dentro del sector y es sumamente importante que conozcan las obligaciones: "los profesionales tienen que tener conocimientos para poder asesorar al cliente. Deben conocer las herramientas para poder direccionarlo".

Destacó que lamentablemente la AFIP no realizó ninguna campaña de difusión para informar sobre estas nuevas obligaciones: "hubo poca publicidad de estos actos de administración tributaria federal y ninguna capacitación para los que fueron de la noche a la mañana incorporados a esta ingeniería tributaria como agentes de información, violando en algunos casos legislación de fondo con respecto al secreto debido a los clientes y sus actividades a lo cual paradójicamente están obligados a preservar por Ley los corredores Inmobiliarios o administradores de propiedad horizontal, o cualquier otra profesión".

Por otra parte, sostuvo que en cuanto al cumplimiento con el COTI "tiene consecuencias a futuro y en algunos casos consecuencias a pasado. Es todo un tema".

Construcciones y obras ilegales

 [BPN-04/06/08] El martes 13 de mayo, el coordinador de Reafirmación por los Derechos del Consorcista (ReDeCo), Dr. Jorge Resqui Pizarro, brindó una conferencia en la ciudad de Mar del Plata sobre "Construcciones y obras ilegales en el consorcio", acciones derivadas de los artículos 8 y 15 de la Ley 13.512.

El encuentro fue organizado por la Unión de Consorcistas de la República Argentina Mar del Plata (UCRAMDP) en el marco del ciclo de reuniones abiertas, libres y gratuitas que la entidad realiza los segundos martes de cada mes en la sala B del Centro Cultural Osvaldo Soriano.

El Dr. Resqui Pizarro se refirió a las construcciones y obras ilegales en los consorcios sometidos al régimen de la propiedad horizontal y a las responsabilidades que de ellas derivan de los administradores ante sus administrados.

 Durante su disertación, hizo especial referencia a las acciones e interdictos que el consorcio y los consorcistas afectados pueden presentar ante la Justicia para suspender las llamadas construcciones clandestinas, procurar su demolición o bien, reivindicar la posesión de los espacios comunes del inmueble afectado por quienes abusan de sus derechos dentro de la comunidad consorcial.  

Mérito, confianza y autoridad

"En Estados Unidos, yo no me desempeñé como administradora sino que viajé para poder estudiar y especializarme en la administración de grandes torres. Ellos tienen un manejo especial en ese tema", destacó Mraz.

Explicó que en ese país el administrador es considerado como una autoridad dentro del consorcio y que una diferencia importante con la Argentina es que las partes comunes involucran a los artefactos del hogar como son el lavarropas o la heladera: "el administrador golpea la puerta tres veces y si no le responden, abre con su llave, revisa lo que está mal y lo arregla. Cuando viene el propietario ve que tiene todo resuelto".

Argumentó que el administrador actúa con consentimiento de los propietarios y que las responsabilidades que tienen a su cargo son sólo para aquellos que tienen el suficiente mérito, gozan de confianza y ejercen la autoridad.

Sostuvo que en Estados Unidos, los administradores son considerados profesionales: "están colegiados y el curso que tienen que hacer para poder desempeñarse dentro de la actividad es muy intensivo, cosa que acá no sucede. A mí me llama la atención cuando a veces me llegan propagandas de cámaras que afirman que uno puede estar administrando en tres meses, imagínense que yo en seis años todavía no pude aprender todo".

Por otra parte, subrayó que si en EEUU un administrador comete una falta es "una mancha imposible de sacar. Son muy estrictos en ese tema".

Con respecto a la Argentina, Mirta reflexionó que "la función del administrador no es estar en el edificio y que lo vean los consorcistas, lo fundamental es que se vean las obras que necesita el consorcio, eso es mucho más importante que la presencia".

Explicó que es esencial que el administrador trabaje codo a codo con el consejo de administración, "en mi caso por ejemplo, los invito a que vengan mes a mes a revisar los gastos antes de pasarlos a los consorcistas. El consejo o la comisión interna es la que elige los presupuestos y la que decide a qué trabajo se le debe dar prioridad".

Si bien consideró que una de las problemáticas que afecta a los consorcistas es la baja participación, subrayó que es esencial que el administrador sea quien incentive la participación dentro del consorcio: "yo hago que se interesen e intervengan en todo lo que pasa dentro del edificio".

Destacó que ella nunca asume como propios los logros del consorcio: "yo simplemente soy la que tiene que poner la firma en lo legal". Al mismo tiempo, consideró que lamentablemente no se respeta la figura del administrador como sí se hacía hace algunos años.

Mediador de los consorcistas

[BPN-04/06/08] Mucho se ha hablado sobre las funciones y obligaciones del administrador. Sin embargo, para la administradora Emma Osepyan, lo que actualmente le demanda más tiempo es mediar entre los consorcistas cada vez que surge un conflicto.

Osepyan administra desde hace poco más de ocho años y se inició en la actividad cuando un grupo de vecinos de su edificio le pidió que se hiciera cargo de la administración. "Hoy en día el administrador es un mediador de los vecinos. A mí me llaman por teléfono y me cuentan los problemas que tienen para que yo se los solucione", destacó.

Subrayó que no todos los administradores están dispuestos a hacer de mediador: "mi marido a veces se enoja conmigo porque me llaman un sábado a las 12 y me dicen que tienen tapada la pileta. Ellos se quedan tranquilos porque me pasaron el mensaje, es como que se sacan el problema de encima".

Según ella, los problemas de convivencia requieren más tiempo que las cuestiones que hacen a las tareas administrativas: "esto no tendría que ser así, pero lamentablemente la forma en que se está viviendo lo convierte en algo primordial".

En diálogo con el medio, reconoció que no todos los propietarios valoran el trabajo que implica ser administrador de consorcio. Recordó que hace unos días, una consorcista la vio que estaba trabajando con la contadora y se quedó sorprendida por todas las cosas que debían presentar para que el edificio esté en regla y cumpla con todas las ordenanzas municipales. "Yo no pude con mi genio y le pregunté si para ella mi función era solo cobrar las expensas. Se dio cuenta que no y desde ese momento me trata con más respeto", señaló Emma.

"En las asambleas tienen bronca unos contra otros y uno no sabe cómo actuar", sostuvo Emma. Argumentó que gran parte de los consorcistas que no participan es porque no les interesa el tema que se va a tratar o porque están conformes y no tienen ninguna queja: "el día que tuvimos que sacar al administrador participó todo el edificio. Sólo bajan a la asamblea  cuando es un tema puntual que les interesa y les afecta".

"Hay malos y buenos abogados así como comerciantes y gobernantes... De los buenos nunca se habla, siempre se habla de lo malo. Sin ir más lejos, por ejemplo, en el programa de canal 13 "Por amor vos", el administrador es un vividor", reflexionó.

Subrayó que hay muchos administradores que son decentes y que se terminan perjudicando por aquellos que no ejercen su función como deberían.

Análisis del Artículo 2º de la Ley 13.512 (parte I)

[BPN-04/06/08] El presidente de la Cámara de la Propiedad Horizontal de Córdoba, Dr. Mario Francisco Robledo, en este nota analiza la primera parte del artículo 2º de la Ley 13.512. Este trabajo forma parte del análisis integral que el Dr. Robledo realizó para la revista Condominio (Córdoba) y que Pequeñas Noticias puede publicar a partir del intercambio editorial que acordó con esa revista.

El artículo 2º de esta ley establece:

Dominio exclusivo: Cada propietario será dueño exclusivo de su piso o departamento".

El legislador de la época resalta esa parte del nuevo derecho que viene a ser la innovación más visible respecto de los tradicionales derechos reales. Con el tiempo, esa y otras necesidades didácticas se fueron licuando y ahora la doctrina prescinde del segundo atributo, precisamente por su carácter accesorio, y pone el énfasis en el primero, terminando con la denominación copropietario y adoptando la de propietario simplemente.

Ahora bien, si no es propiedad del consorcio las cosas comunes del edificio, ¿dónde radica la diferencia del Ente respecto de los condueños? ¿Cuál es el patrimonio del consorcio?. La diferencia se advierte si concluimos que el consorcio tiene sólo una capacidad potencial, mientras que los consorcistas la tienen en acto.

El patrimonio del consorcio está constituido por la posibilidad cierta que tienen los consorcistas de aportar expensas. Pero cuando esa potencialidad se transforma en dinero cobrado o bien adquirido, esos elementos -que preceden al acto- pasan a ser de propiedad común de los consorcistas.

Nosotros pensamos que si bien es cierto que la jurisprudencia ha moldeado este y otros puntos, si se acepta la posición que hemos enunciado antes, no necesitamos forzar las figuras jurídicas para extraer conclusiones. Siendo un acto potencial el aprestarse a reunir dinero, el organismo jurídicamente competente para litigar es únicamente el consorcio, pero cuando consuma su propósito y cobra determinado monto, este dinero -que es un bien material- se transforma en propiedad de los consorcistas.

La prueba de la verdad consiste en el razonamiento inverso: cada consorcista podrá actuar en defensa de sus derechos consistentes en la propiedad de las cosas privativas (el perímetro de la superficie privativa) y comunes (bienes adquiridos). Pero será incompetente si se trata de actuar en un juicio para obtener el reconocimiento legal de una potencialidad sobre un bien común como es un crédito por medianería.

El derecho estará en expectativa hasta que se obtenga su reconocimiento legal. En ese proceso de expectativa, todos y cada uno de los consorcistas serán incompetentes si acuden al juicio, aún en su totalidad.

Por consiguiente, la legitimación es del consorcio y si acudiera la totalidad de los integrantes del mismo a tomar participación en el juicio, le será denegada la condición de parte por lo que venimos exponiendo.

En un brillante informe profesional, el polémico y lúcido catedrático cordobés de Derechos Reales, Dr. Emilio Díaz Reyna, se hace cargo de la dificultad que presenta un caso que nos fuera elevado en consulta a ambos. Se trataba de un consorcio denominado "Mixto Independencia", que era titular residual de dos unidades funcionales (locales comerciales de planta baja) y que debía atender una demanda de escrituración. No puede hacerse, decía el distinguido colega, por exceder las funciones del consorcio que no es un ente con capacidad de vender.

Esto es así si se aplica textualmente el artículo 2, pero en el caso en consulta no se trataba de una compra ni de una venta, sino del cumplimiento de una formalidad registral y siendo el consorcio el titular dominial residual (así expresado porque luego de las adjudicaciones a los consorcistas quedaron dos locales mostrencos en residuo) no hay persona alguna en el mundo que pueda representar al consorcio que no sea el administrador, salvo -claro está- que sea el juez mismo.

Rentas intima pero da facilidades a los pequeños deudores 

[BPN-04/06/08] La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementó a través de su Dirección General de Rentas un nuevo sistema de seguimiento administrativo y regularización de deudas.

Según informaron en su sitio WEB, ya se enviaron 114.799 intimaciones a contribuyentes morosos de Alumbrado Barrido y Limpieza (ABL) por un monto nominal de casi 70 millones de pesos. Las personas podrán adherirse a un Plan de Facilidades de Pago con reducción de intereses para deudas administrativas totales de hasta seis mil pesos.

En cuanto a los planes, señalaron que para los topes se considera el total de la deuda en cuestión -que no puede ser fraccionada- más los intereses devengados, aunque éstos sean luego condonados en su totalidad si se abona en un solo pago o en un 50 por ciento si se opta por la financiación hasta en 12 cuotas sin interés.

Para las deudas superiores a esos montos, siguen disponibles los Planes de Facilidades Permanentes que no contemplan quita de intereses y cuya extensión depende de los valores, pudiendo alcanzar hasta las 60 cuotas.

El Plan especial para obligaciones en mora alcanza a ABL, Patentes, Publicidad, Mejoras Ley Nº 23.514 (artículo 2º, inciso b), Uso y Ocupación de la Superficie, el Espacio Aéreo y el Subsuelo de la Vía Pública, Embarcaciones Deportivas o de Recreación, Abasto, Volquetes, Quioscos de Flores, Mesas y Sillas, como así también el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Categorías Locales, Convenio Multilateral y Régimen Simplificado.

La adhesión a los planes en el caso de ABL, Patentes y Publicidad puede realizarse por Internet, a través del sitio www.rentasgcba.gov.ar, en las delegaciones de Rentas de los Centros de Gestión y Participación Ciudadana o en la sede central de Suipacha y Viamonte.

A partir de esta medida, AGIP-Rentas reglamenta las facultades decididas por la Legislatura porteña que en el Código Fiscal 2008 fijó los parámetros para estos planes destinados a dar una oportunidad de cumplimiento a los contribuyentes con deudas de poco monto antes de llegar a una etapa de judicialización.

El Código Fiscal de este año incorpora la posibilidad de que las deudas pequeñas en gestión judicial puedan beneficiarse también con las facilidades especiales, esto si el total de la deuda no supera los 10 mil pesos incluidos los intereses previstos vigentes a la fecha del acogimiento y sin admitir reconocimientos parciales.

Proponen reglamentar el derecho a réplica

[BPN-04/06/08] Ocho diputados del Frente para la Victoria presentaron un proyecto de ley para que se reglamente el derecho a réplica. El objetivo es que toda persona que sea nombrada en un medio de comunicación tenga la posibilidad de hacer un descargo en caso de que considere que la información mencionada es falsa o quiera rectificar o aclarar algo.

La iniciativa es impulsada por Ariel Pasini, Claudio Morgado, Edith Llanos, Claudia Bernazza, Luis Ilarregui, Adela Segarra, Edgardo Depreti y Adriana Puiggros y se basa en el Pacto de San José de Costa Rica ratificado por nuestro país y cuyo texto legal contempla tal derecho.

"Toda persona física o jurídica que sea nombrada, señalada o notoriamente aludida en un medio de comunicación, ya sea escrito, audiovisual, digital u otro, con informaciones que considere presumiblemente falsas o que configuren un agravio a su persona, tiene el derecho a efectuar en el mismo medio y en forma gratuita, su respuesta o rectificación", establece el primer artículo de la propuesta.

Sin embargo, el documento aclara que no se procedería al derecho de respuesta cuando la información original verse sobre ideas, valoraciones, opiniones, apreciaciones, creencias, ideologías o convicciones.

De aprobarse este proyecto, el derecho se ejercerá personalmente y sin necesidad de patrocinio letrado. En caso de fallecimiento, podrá ser ejercido por el cónyuge o por sus parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado. Los menores o incapaces la harán por medio de sus representantes legales.

El proceso se iniciaría remitiendo un escrito al director del medio teniendo como plazo para hacerlo los 10 días corridos desde la publicación de la información que se desea rectificar o responder. El medio tendrá la obligación de publicar o difundir la respuesta en el plazo de tres días corridos desde recibido el escrito que la solicita.

En el caso de que no se pueda cumplir con el plazo mencionado, la respuesta deberá ser difundida en el número siguiente si se trata de medios gráficos, o en el programa más próximo de similar audiencia en caso de medios audiovisuales o radiofónicos.

Por otra parte, advierten que la solicitud de rectificación o respuesta podrá ser rechazada cuando resulte manifiestamente inexacta.

La rectificación "deberá referirse sólo a los hechos publicados o difundidos que se desean rectificar o responder, y no puede contener de manera alguna agravios, vocabulario inapropiado ni involucrar a terceras persona sin causa justificada".

La respuesta deberá ser proporcional y con los mismos caracteres que la información que diera origen al reclamo. Los medios gráficos y digitales deberán procurar la misma extensión, tipografía y diseño. Los medios audiovisuales y radiofónicos deberán emitir la respuesta en el mismo programa y con igual cantidad de minutos.

Si un medio se negara al derecho de rectificación o respuesta, la persona perjudicada podrá recurrir judicialmente dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que debió ser publicada o difundida la rectificación. El reclamo en sede judicial será totalmente gratuito y por lo tanto exento del pago de tasa de justicia, sellado y otras contribuciones de la ley.

El derecho de rectificación o respuesta, conocido también como derecho a réplica, aparece en el derecho positivo argentino en el año 1992, a partir de su consagración jurisprudencial en el caso "Ekmekdjian, Miguel c/ Sofovich, G. y otros". Allí, por una abrumadora mayoría de ocho jueces, se reconoce su procedencia y constitucionalidad. A partir de entonces se dictaron numerosos fallos que siguieron reconociendo la vigencia del derecho de rectificación o respuesta, difiriendo entre ellos respecto del alcance y condiciones de ejercicio de dicho derecho.

La reforma constitucional de 1994 reforzó la situación jurídica del derecho de rectificación o respuesta en nuestro plexo normativo interno al otorgar jerarquía constitucional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicha Convención, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 14 dice:

"1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley.

2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se hubiese incurrido (...)"

Desde la ratificación del Pacto se venía discutiendo profusamente, tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, acerca del carácter programático u operativo del derecho a réplica en nuestro ordenamiento jurídico interno. 

Una autopista cada vez más ancha

[BPN-04/06/08] A través de una nota publicada en el mismo sitio web de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) el pasado 21 de abril, informaron que ya se puede utilizar un nuevo servicio llamado Mi Historia Laboral que permite ver las fechas y las empresas en las cuales un trabajador prestó servicios, las remuneraciones percibidas en esos períodos y en el caso de los trabajadores autónomos, también permite consultar los aportes.

A este servicio se accede con la nueva Clave de la Seguridad Social que ANSeS ya empezó a implementar y que también permitirá efectuar otros trámites.

Como indica el mismo ANSeS, "la Clave de la Seguridad Social es de uso personal, y la puede obtener cualquier trabajador en actividad, beneficiarios de la Prestación por Desempleo, Jubilados y Pensionados. Para obtenerla, primero se debe completar un formulario en la Autopista de Servicios de la página web de la ANSES; posteriormente, dirigirse a cualquier oficina del organismo con el DNI donde se verificarán los datos y se habilitará la clave".

Aclara que aquellos trabajadores que optaron por el Régimen de Reparto en la primera etapa de la Libre Opción Jubilatoria, ya obtuvieron su clave en el mismo proceso de cambio y no necesitarán volverla a tramitar.

Para acceder a la pantalla que muestra la historia laboral, hay que presionar el botón "Buscar". Allí se visualizará la información separada en distintas solapas: Resumen: se detallan los datos de la empresa y el período trabajado.

Todo el mundo queda incorporado al SUAF

En el detalle se puede leer un leyenda parecida a esta:

En el caso del ejemplo, a partir del mes junio de 2008 la empresa queda incorporada al SUAF y deja de abonar las asignaciones familiares con el sueldo mensual. Por otra parte también dejará de compensar el importe de las asignaciones familiares en el Formulario 931 ya que ANSeS lo abonará en forma directa al trabajador.

Con este nuevo sistema, tanto el empleador como el trabajador tienen obligaciones con respecto a ANSeS que surgen de la misma resolución y sus anexos.

Índice de mayo

[BPN-04/06/08] La redacción de Pequeñas Noticias consideró que la noticia más importante de mayo fue que asesores de diputados nacionales se reunieron para tratar todos los proyectos que apuntan a la modificación de la Ley 13.512.

El martes 13, la Comisión de Legislación General realizó una reunión de asesores de diputados nacionales para tratar única y exclusivamente cada una de las propuestas que fueron presentadas en el Congreso de la Nación.

La audiencia se realizó a las 10 horas en la Sala de Reuniones Nº 3  (Of. 244-246) del 2º piso del Edificio Anexo. 

Actualmente, en el Congreso hay siete proyectos de ley que proponen  modificaciones a algunos de los artículos como el ocho, nueve, cuatro, once, diez, quince y seis.

Del 1º al 31 de mayo, el sitio de Pequeñas Noticias –según estadísticas del Google Analytics- tuvo 28.541 usuarios únicos absolutos, un 0.21% más que los registrados durante abril. Estos visitantes realizaron unas 33.154 visitas, lo que significó una disminución del 0.80% con respecto al período anterior.

Durante cada visita se consultaron unas 65.299 páginas, mostrando un leve descenso del 0.98%, mientras que cada usuario visitó 1.97 página, un 0.93% más que en abril.

Por otra parte, las ciudades argentinas que realizan más visitas al sitio son: Vicente López 13.764, Córdoba 1.350, Rosario 795, La Plata 676, Mendoza 656, Mar del Plata 604, Luis Guillón 428, Morón 406, Neuquén 390, Bahía Blanca 361, Santa Fe 335 y San Miguel de Tucumán 315, entre otras.

Pequeñas Noticias ya tiene producidos 18 videos desde que incorporó esta nueva herramienta tecnológica en algunas de las notas del boletín. Los lectores reprodujeron estos videos en unas 524 oportunidades en total.

Los videos más vistos son: "Los consorcistas en la Legislatura porteña" (75 veces), "La presentación de un nuevo grupo de profesionales en propiedad horizontal" (58 veces), "Las vacaciones del administrador" (una entrevista al ex presidente de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), Néstor Pirosantose, 56 veces), "Pequeñas Noticias incorpora videos" (43 veces) y "La Dra. María Cristina Carrera y la Lic. Andrea Mara Cecchin" (31 veces).

Los encargados me hacen renegar

Hola, me dirijo a ustedes por varias consultas.
¿Dónde me debo dirigir o qué debo hacer si el encargado de mi edificio no utiliza la indumentaria correspondiente y no quiere firmar el libro de órdenes y servicios? Él quiere negociar algunos puntos.

¿Dónde debo hacerle sacar la libreta de trabajo? ¿Es verdad que el libro de actas de designación de cargo tiene que estar legalizado por el SUTERH?.

Disculpen las preguntas pero asumí en mi consorcio como administradora dado que nos han dejado en banda por varios problemas y los encargados me hacen renegar.

Ellos cansan a todos los que asumen por eso necesito estas aclaraciones o bien si me pueden facilitar un teléfono de algún abogado consorcista como para tener una entrevista.

Desde ya muchas gracias.

Gabriela

(16/5/2008)

Estimada Gabriela:

El conflicto que plantea en relación a la conducta del encargado debería ser más explicitado para que yo le pueda responder con mayor precisión.

No obstante, le aclaro que si el encargado no quiere firmar el libro de órdenes, usted debe remitirle una carta documento haciéndole saber todas las observaciones que sean necesarias para que cumpla con sus obligaciones laborales.

En cuanto al argumento "que tiene puntos para negociar", creo que sería conveniente que Ud. conversara con él y lo escuchara. 

La información es uno de los elemento primordiales para llegar algún tipo de acuerdo y ese conocimiento le puede permitir convocar a una asamblea para tratar la "situación laboral del personal". 

Deseo haberle servido de ayuda 

Un saludo cordial

María Cristina Carrera

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La Dra. María Cristina Carrera es abogada especialista en derecho laboral y para cualquier consulta se le puede escribir a dramccarrera@yahoo.com.ar o llamarla al teléfono (15)5466-9921.

Se negó a que le retirara el inodoro

Hola:

Necesito que me asesoren sobre lo siguiente:

En un edificio que administro la propietaria del local me llamó para pedirme que le mandara el plomero porque su baño estaba por inundarse. Cuando fue el plomero se negó a que le retirara el inodoro.Le envie una empresa de destapaciones y se volvió a negar a pesar de que se le explicó que era el único acceso disponible ya que en los dos departamentos de la planta baja la gente estaba trabajando. A la media hora me llaman de la portería informando que se estaba inundando uno de los departamentos porque esta persona había tapado la rejilla del piso con un trapo para evitar que se le inundara el local.

La ocupante reclama que se le pague el reproductor de DVD y un MP4 que se le mojaron porque los tenía en el piso. (en forma verbal hasta ahora).

Yo le mande una CD a la propietaria del local haciéndola responsable por los daños que pudiera reclamar la damnificada. 
Quiero saber qué debo hacer ahora.

¿Debo mediar o la damnificada debe reclamar a la propietaria del local en forma directa?.

Desde ya muchas gracias

Delia

(12/5/2008)

Estimada Delia:

En principio, hay que acreditar o probar si esa inundación del departamento se produjo por haber colocado un trapo rejilla en el local para evitar la inundacion, es decir, si esa ha sido la causal. Luego hay que ver si es cierto que esos dos artículos se estropearon por el agua y si el origen de esa agua es un sector común o uno privativo.

Suponiendo que las cosas hayan sucedido como se relata en la pregunta, es evidente que si el origen de la pérdida del agua es una cañería o artefacto común, el consorcio es responsable. En cambio, si dicho origen es una cañería o artefacto privativo del local, será el dueño del local quien debe hacerse cargo del costo de la reparación.

Si el consorcio o su administración fue diligente y la imposibilidad de reparar fue por culpa del ocupante del local (inqulino o propietario) que impidió dicho arreglo es evidente que el costo de esa reparación es de cuenta de dicho propietario pues en tal caso hubo culpa del mismo. Por supuesto, que si el local estaba alquilado y quien impidió la reparación fue el inquilino, la responsabilidad ante otros consorcistas o ante el consorcio es del propietario y éste, en su caso, le reclamará al inquilino.

Sin embargo, hay algo más a fin de evitar abusos debido a que hay que ver si en el momento del siniestro había personas en el departamento. Hay que tener en cuenta que si hay un aparato reproductor de DVD o algún artículo similar sobre el piso y lo dejamos deliberdamente en el piso, no obstante esa filtración, pudiendo retirarlo o colocarlo sobre una mesa, placard, no hay por qué responder por esas pérdidas ya que hay culpa del propio damnificado que pudiendo evitar el daño no lo hizo. 

Si usted hizo lo necesario para reparar el daño y no pudo hacerlo, solo le cabe -por ahora- esperar a ver qué es lo que hace quien se dice damnificado. Sin perjuicio de ello, si recibe algun reclamo formal,  puede trasladar los reclamos al propietario del local, o si desea, puede adelantarse mediante una carta documento a dicho propietario haciéndole saber lo ocurrido y responsabilizándolo ante los eventuales y futuros reclamos que reciba el consorcio o la administración. 

Un cordial saludo 

Alberto Anibal Gabás

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El Dr. Alberto Anibal Gabás, abogado especialista en Propiedad Horizontal y autor de numerosos libros sobre el tema es Conjuez de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Ha obtenido en el 2004 y 2005 el segundo y primer premio sobre los ensayos "Derecho sobre Construcción en el Régimen de Dominio Horizontal" y "Condominio y Propiedad Horizontal. Suma y Producto de la Voluntad Colectiva" respectivamente. Para cualquier consulta se le puede escribir un e-mail a albertogabas22@hotmail.com.