El Mercosur podría incluir a los consorcistas

[BPN-02/07/08] El 20 de junio, durante la sesión preparatoria de la cumbre del MERCOSUR de la que participaron el embajador Dr. Oscar Laborde, funcionarios de cancillería y coordinadores de comisiones, el presidente de la Federación de Asociaciones de Consorcios (FEDECO), Dr. Samuel Knopoff, expuso los fundamentos para que se cree una Comisión de Vivienda Urbana y explicó la conveniencia de incluir este tema en la agenda del MERCOSUR. El Consejo Consultivo de la Sociedad Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación aceptó la propuesta y nombró a FEDECO como miembro titular de la comisión.

De esta forma, FEDECO integrará este consejo consultivo -representando a las asociaciones de consorcios y copropietarios- y participará de todas las reuniones que se realicen en el marco del MERCOSUR con el objetivo de establecer contactos para el intercambio informativo sobre la problemática del sector en la región.

"Nos sentimos realmente satisfechos de poder transmitir las preocupaciones de las asociaciones que nos acompañan desde hace años en esta lucha, siendo éste sólo un punto de partida. Es el fruto del trabajo silencioso que muchos aportaron y pedimos sumar esfuerzos, sin mezquindades, a fin de obtener el máximo provecho de este primer reconocimiento institucional oficial al sector a través de FEDECO", destacó Knopoff.

Al ser nombrada miembro del Consejo Consultivo, FEDECO pudo participar de la Cumbre del MERCOSUR que se realizó el pasado 27 en la sede de la Cancillería de Buenos Aires y el 28 y 29 en la ciudad de Tucumán con ministros, funcionarios y parlamentarios del organismo.

En una entrevista concedida a Pequeñas Noticias -a pocas horas de volver de Tucumán-, el Dr. Knopoff aseguró que les dieron un espacio importante durante los encuentros. FEDECO aprovechó la oportunidad para plantear que la propiedad horizontal es un tema que no puede ser tratado sólo desde su aspecto jurídico, "si bien hace falta una ley, es una cuestión que también abarca temas económicos, culturales y sociales".

Según él, ser miembros titulares de la comisión les permite tener contactos dentro y fuera del país e informó que "ya hay otras comisiones que se han interesado en la comisión de vivienda. Además, existe la posibilidad de introducir el tema en el Parlasur -Parlamento del MERCOSUR-, no olvidemos que en los estados miembros la propiedad horizontal abarca 150 millones de personas".

"El tema va a ser exitoso, a los mejor no lo alcanzo a ver yo pero creo que es un pasito y es introducir la problemática [de los consorcios] en la agenda del MERCOSUR para que se vayan interesando los otros Estados", reflexionó.

Uno de los objetivos de FEDECO es unificar la representación de los consorcistas. "La idea es ser orgánicos y que se pueda unificar la representación, así como el Sindicato Único de Trabajadores Edificios Renta y Horizontal (SUTERH) tiene a la Federación Argentina Trabajadores Edificios Renta y Horizontal (FATERyH).

Andamios más seguros

En una entrevista concedida a Pequeñas Noticias, el defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, el Arq. Atilio Alimena, explicó que la falta de protección genera una innumerable cantidad de accidentes. "Lo que estamos pidiendo no encarece ni complica el montaje de los andamios, no genera ningún tipo de alteración ambiental y no produce ninguna modificación en el armado. Solicitamos el recubrimiento de los parantes para evitar los cientos de golpes y enganches que sufrimos los que pasamos caminando", destacó.

Subrayó que lo que motivó la preparación de este proyecto fue algo muy simple: "el año pasado, tuve que viajar a España por una serie de reuniones y un seminario. Me llamó la atención que todos los andamios estuvieran recubiertos. Me pareció una medida muy inteligente y cuando me reuní con las autoridades les pregunté si era normal que se hiciera eso y me contesto que allá no era "normal" sino "norma", era una condición de seguridad".

Alimena reflexionó que si bien las empresas en el exterior son las mismas que en la Argentina, aquí no los recubren porque no hay ninguna norma que los obligue a hacerlo.

Según él, la implementación de protecciones acolchadas sobre los parantes verticales de los andamios, puede ser resuelta de una forma simple y a bajo costo en relación a los valores de compra y/o alquiler de dichas instalaciones: "en Europa, por ejemplo, se utilizan planchas de poliuretano que envuelven los parantes y se sujeten con precintos plásticos".

La falta de cumplimiento a lo dispuesta motivará la ejecución de los trabajos por administración y a costa del profesional, empresa o propietario responsable, sin perjuicio de las penalidades que correspondan.

Si separa residuos, pagaría menos ABL

[BPN-02/07/08] El legislador porteño Eduardo Epszteyn (Diálogo por Buenos Aires) presentó un proyecto de ley que crearía un "Régimen de Incentivo" para aquellos consorcios que separaren los residuos generados en sus edificios.

El objetivo es incentivar a los vecinos en la separación de los residuos generados en el hogar, facilitando de esta manera el cumplimiento de los alcances de la Ley 1.854 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.

Los edificios que construyan o adecuen un espacio para el almacenamiento de las bolsas que contengan residuos reciclables serían beneficiados con una disminución del pago del tributo del ABL (Alumbrado Barrido y Limpieza) a todas las unidades funcionales, la reducción del tributo sería "del 15%, durante tres años".

Al mismo tiempo, la autoridad de aplicación realizaría auditorías aleatorias a los edificios registrados. En el caso de encontrar que algún beneficiado no cumple con lo comprometido -sea la obra o la separación correspondiente de los residuos reciclables en bolsas separadas- "será multado como mínimo con el equivalente al pago de un año del tributo del ABL por unidad".

Argumentó que el incentivo es un instrumento adecuado para el inicio de procesos que necesitan una amplia participación social como esta. "Con el tiempo -la experiencia internacional así lo demuestra- la separación se vuelve rutinaria y permite inclusive separar en más de dos bolsas. En el inicio cada parte, vecinos y Estado, deben poner algo de sí para fomentar y permitir el éxito de este proceso", reflexionó Epszteyn.

En su proyecto, explica que se creará un registro para que aquellos edificios interesados en el programa se inscriban únicamente por medio de su administración en las oficinas de los Centros de Gestión y Participación Comunal, en buzones puestos a tal fin en las sucursales del Banco Ciudad y en cualquier otro ámbito que establezca la reglamentación.

Una vez que se informó a la autoridad de aplicación -mediante declaración jurada- que la obra ha sido terminada y se está llevando a cabo la separación y el almacenamiento previsto en la ley, la autoridad de aplicación informará a la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos para que ésta aplique la reducción del tributo del ABL a cada unidad funcional.

El espacio a construir o adecuar para colocar las bolsas deberá tener una superficie mínima que garantice el almacenamiento de dos bolsas de residuos reciclables semanales por unidad funcional. Los mismos residuos serían retirados por recolección selectiva, en días especiales.

De aprobarse la propuesta, la autoridad de aplicación difundirá los alcances del presente régimen a los vecinos de la ciudad mediante información que llegará en las boletas de pago de ABL por el período de un año y de todo otro sistema de comunicación. Al mismo tiempo, el Ejecutivo reglamentará y definirá las características (modo, día, y hora) que se producirá la recolección selectiva.

Entre sus fundamentos, subrayó que la Ciudad de Buenos Aires genera diariamente un volumen de residuos sólidos urbanos que supera las 5 mil toneladas y que para una urbe como Buenos Aires no hay mecanismos de recolección diferenciada posible que no sea la que se realiza en el hogar.

Explicó que uno de los inconvenientes encontrados en las experiencias para incentivar la separación en dos bolsas en el hogar es que no existen espacios adecuados para almacenarlas. Según él, esta dificultad ha hecho que luego de separada en los departamentos, los residuos volvían a mezclarse y así se la entregaban a la empresa recolectora.

Resaltó que la norma apunta a "disminuir los volúmenes de enterramiento luego de una correcta separación en el hogar, y a mejorar los niveles de conciencia social sobre este tema, con lo que se cumplirían dos objetivos básicos de cualquier propuesta ambiental".

Ley 13.512: "propuestas parciales, insuficientes y hasta objetables"

[BPN-02/07/08] La secretaria de la Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal (AIERH), Patricia Fernández, en la editorial de la revista "Gestión de Consorcios" (junio/julio 2008), subrayó que ninguno de los proyectos para modificar la Ley 13.512 "promueve la reforma medular que la ley necesita, sino que proponen soluciones tan parciales como insuficientes y hasta objetables desde el punto de vista jurídico y práctico".

Explicó que incorporar un artículo a una ley "no es un tema menor y requiere de la tarea de armonizar la novedad con el resto de la normativa y ello no se advierte en ninguno de los proyectos analizados". Por este motivo, advirtió que celebrarían una reconsideración de los mismos.

La opinión que brindó Fernández fue sobre las propuestas que impulsan la contratación de un seguro de caución, la designación y despido del personal del consorcio y las excepciones de determinados gastos, entre otros puntos.

En cuanto a la incorporación de un seguro de caución endosado a favor del consorcio, advirtió que "no contempla la falta de fondos del consorcio que propicia varios de los incumplimientos que se imputan al administrador, ni la falta de control de la gestión, para evitar problemas que el seguro no soluciona. Y si hablamos de estafa, hablamos de delito. ¿Cuál debería ser entonces el monto asegurado?".

Respecto a la iniciativa que impone al administrador consultar a la asamblea para designar y despedir al personal del consorcio, señaló que la idea es que "si lo hiciera autorizado por una asamblea constituida sin las mayorías propuestas por el proyecto, podría ser impugnado y estar a su cargo la indemnización a que sometió al consorcio. O no poder despedir nunca".

Por otra parte, en relación a las excepciones de determinados gastos sostuvo que éstas no pueden estar relacionadas con el uso de los bienes o servicios: "imaginemos el escenario de reclamos al que conduciría esta disposición. Además se insiste con que el administrador es el representante de los propietarios cuando en realidad el administrador sin duda representa al consorcio. Luego, se habla de nombrar al administrador por acto de escritura pública, cuando hoy tenemos la protocolización del acta que tiene el mismo efecto y es mucho más económica".

En cuanto a fijar por ley mayorías para remover al administrador, entiende que es "un retroceso (los reglamentos hoy imponen con total libertad mayorías para remover cuando la ley no establece ninguna)".

En seguridad no existe un protagonista único

[BPN-02/07/08] El presidente del Instituto Argentino de Seguridad, Prevención de Accidentes e Higiene Industrial, Licenciado Jorge Alfredo Cutuli, explicó que todos los riesgos en materia de seguridad que uno se puede imaginar en una empresa están en un consorcio, en la medida en que existen riesgos de combustión, de gas y de electricidad, entre otros.

En una entrevista exclusiva concedida a Pequeñas Noticias, advirtió la importancia de que se tomen medidas de prevención y que exista un compromiso y responsabilidad por parte de cada uno de los integrantes del consorcio.

Cutuli consideró que muchos consorcistas no comprenden el concepto de unidad y de corresponsabilidad que implica formar parte de un consorcio: "ese es el mayor defecto que tienen. Pueden tener problemas económicos y de conducción de personal pero el peor problema es la falta de corresponsabilidad. Los administradores tienen que luchar a brazo partido contra los propios habitantes para poder cumplir con aquellas normas que demandan cierto tipo de inversiones".

Según él, las administraciones están en una situación legal bastante confusa y una práctica administrativa que debería basarse en el cumplimiento de la legislación, muchas veces termina priorizando la armonía con los copropietarios para que el administrador no se convierta en el chivo expiatorio.

Advirtió que gran parte de los consorcios no implementan medidas de mantenimiento de tipo preventivo debido a que la mayoría de la gente no realiza tareas de mantenimiento hasta que no ocurre el siniestro.

Por otra parte, aclaró que hay que tener en cuenta que en los consorcios no hay siniestralidad en cuanto a la pérdida de vidas, "este fenómeno no se traduce tanto en la pérdida de salud y de vida pero sí en la pérdida de bienes".

Cutuli explicó que los accidentes tienen causas bien definidas. Una de ellas es la condición insegura, que hace referencia al ambiente de trabajo: los equipos, la instalación, la iluminación, los ruidos, la ventilación, entre otras.

A las condiciones inseguras se anexa, con igual importancia, al hombre. El hombre presenta para la accidentología dos grandes campos de estudios, el factor personal inseguro, que es la aptitud del individuo para hacer lo que hace bien y su actitud.

"La aptitud es el factor personal y la actitud es su conducta. Las dos cosas están en la misma persona, la actitud no tienen nada que ver ni con los conocimientos o la cultura, sino con el concepto que se tenga de la preservación de la salud y de la vida", sostuvo.

Resaltó que hay que tener en cuenta que en temas de seguridad no existe un protagonista único sino un protagonista primario que es el individuo que en cualquier puesto o lugar que ocupe debe practicar el autocontrol y prevenir cualquier tipo de accidente.

Advirtió que las leyes, en definitiva, están creadas para el resarcimiento económico aunque tienen el principio de la prevención: "en este momento, se está discutiendo mucho más cuanto se va a pagar la indemnización por una muerte que cuanto se va a invertir para prevenir que esa muerte no ocurra y estamos en el 2008 no es aquellos principios en donde todo estaba confuso".

El instituto abarca desde sus comienzos no solamente lo que es la seguridad en el trabajo sino también la seguridad en el tránsito, en el deporte y en el hogar. "Partimos de una filosofía que considera que el hombre no se puede parcializar y si el accidente lo perjudica en cualquier lugar, en cualquiera de sus actividades lo perjudica para todas las demás", reflexionó.

Subrayó que el hombre no se puede disociar, es una entidad en sí misma y en todos los lugares a los que va tiene que cuidarse a efectos de que no lo sorprenda el accidente.

"El accidente es un enemigo común. Siempre digo que este enemigo común es muy malo en el sentido de que no tiene límites y puede afectar tanto a una criatura, como a un adulto o un anciano, ya sea mujer u hombre. No tiene predilección social, económica o de status", señaló.

El Instituto Argentino de Seguridad, Prevención de Accidentes e Higiene Industrial nació en 1940. Explicó que estas instituciones se van creando en América por iniciativa de los que fueron los pioneros en el mundo inglés y de Europa con el objetivo de apoyar al empresario argentino para tener condiciones higiénicas y seguras de trabajo y evitar los accidentes y las enfermedades profesionales.

Con el tiempo, el instituto vio la necesidad de capacitar, formar especialistas y asesorar a las empresas técnica y educativamente. Actualmente, es una entidad educativa para adultos que tiene formación secundaria, terciaria, universitaria y de postgrado. Cuentan con una carrera incorporada a la enseñanza oficial desde 1960 y además es anexo académico de la universidad de Morón.

Se jubilarán a los 20 años

[BPN-02/07/08] El director de Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ramiro Masjuan, dispuso que no se permita la instalación, recargo y/o reparación de extintores cuya vida útil supere los 20 años contados desde la fecha de su fabricación. Así lo establece la disposición Nº 2614 / 2008 publicada en el Boletín Oficial el 22 de mayo, que cuenta con 5 artículos y comenzará a regir a partir de los 180 días de su publicación.

Esta norma fijó que la vida útil de los extintores deberá estar especificada por el fabricante sobre la base de su utilización de acuerdo a las condiciones de servicio establecidas. Una vez alcanzada la vida útil máxima, los extintores deberán ser inutilizados.

Estas prescripciones de instrucciones técnicas son aplicables a los extintores manuales y rodantes con carga de polvo químico secos o gases limpios no superior a 100 kilogramos con carga de agua y espumas no superior a 100 litros y con carga de dióxido de carbono (CO2) no superior a 10 kilogramos.

En el caso de los extintores que posean carga de dióxido de carbono (CO2), el plazo previsto de vida útil será de treinta años contados desde la fecha de su fabricación.

Entre los considerandos, subrayaron que determinar un tiempo de vida útil para los extintores "implica una pronta e imperiosa exigencia que debería incluir la normativa vigente en la materia, a fin de garantizar el grado de seguridad de los usuarios en la utilización de los mismos".

Al mismo tiempo, tuvieron en cuenta un informe remitido por la Consultora en Ingeniería, Salud, Seguridad Ocupacional, Medio Ambiente & Calidad a la Cámara Argentina de Lucha contra el Fuego (CALCEF), en el que profesionales ingenieros advirtieron la necesidad de establecer una vida útil para los extintores a fin de optimizar el control de los equipos.

Nuevos desafíos para los administradores

[BPN-02/07/08] El pasado martes 17 de junio, la Dra. Diana Sevitz y el administrador Mario Bernetti brindaron una conferencia en el Instituto de Capacitación Inmobiliaria (ICI) de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), sobre los nuevos desafíos que implica administrar edificios con amenities, es decir, edificios que cuentan con servicios adicionales de bienestar en las partes comunes como pueden ser las piscinas, SUM para jóvenes y adultos, canchas de tenis, microcines, rincones gourmets, circuitos aeróbicos, showrooms unidos con el arte, solarium, gimnasio y guardería infantil, entre otros.

Este tipo de construcción se generalizó de tal modo que ya en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 378/04, en su artículo 5to. titulado "Clasificación de edificios", se introducen estos servicios .

Bernetti destacó que fue entre el 2002 y el 2008 que se empezaron a hacer estas construcciones y que en la actualidad, los inversionistas del exterior quieren comprar edificios con amenities "no importa si los amenities son buenos o malos pero que tengan un gimnasio, que tenga pileta o un sauna".

Según explicaron, los barrios más elegidos son Puerto Madero, Palermo, Núñez, Villa Urquiza y Caballito y los nuevos compradores son profesionales jóvenes, empresarios, separados e inversores que a la hora de comprar buscan espacialidad y confort, detalles de lujo, comodidades sin salir del edificio, lugares de esparcimiento para niños, amplios jardines, sofisticación y seguridad.

Por otra parte, advirtieron que estas nuevas construcciones también trajeron como consecuencias: la alteración de la fisonomía de los barrios, problemas con los vecinos antiguos, cambio de zonificación y de calidad de vida y un colapso de los servicios de redes cloacales.

Teniendo en cuenta las nuevas características de estos edificios, consideraron que el administrar debe estar capacitado para manejar un edificio que se parece más a un country o a un barrio cerrado que a un clásico consorcio.

En este sentido, resaltaron que deberá tener la mentalidad de un gerente: "tiene que ser un hábil negociador, contar con atención en horarios ampliados, tener una oficina dentro del complejo y estar altamente capacitado para atender inconvenientes de una masa poblacional de 2.500 personas en promedio", destacó Bernetti.

Al mismo tiempo, el edificio deberá contar con un reglamento interno que contemple y reglamente el uso de estas nuevas comodidades que no dejan de pertenecer a las áreas comunes.

En principio, resaltaron que cuando se sancionó la Ley 13512 no se hizo para estimular el boom de la construcción: "se crea para acercar la propiedad privada a ciertos sectores, recuerden que estamos hablando del gobierno de Perón en el que se trae a la gente del interior par vivir en las ciudades", subrayó Sevitz.

Propuesta al RPA

[BPN-02/07/08] El 15 de abril, el presidente de Fundación Reunión de Administradores (FRA), Adm. Jorge Hernández, envió una carta al director del Registro Público de Administradores (RPA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la que le solicitó que gestionara en forma directa ante el director del Registro de Juicios Universales del Poder Judicial de la Nación, Augusto Fernández Pinto, la obtención de un listado general de todas las certificaciones de los inscriptos, conforme a lo requerido por la Ley 941.

En la última edición de su revista "Reunión de Administradores" (Edición 206 junio de 2008), Hernández informó que de esta forma se facilitará la reinscripción de administradores y la presentación de las DD.JJ años 2006 y 2007.

Según él, el objetivo es evitar que 5.500 administradores tengan que concurrir nuevamente a hacer en forma individual un trámite "innecesario y rutinario". Consideró que un convenio de colaboración entre ambos registros para obtener en forma directa este suministro de información pública, "representa además de ahorro de dinero y de tiempo a los profesionales dedicados a la administración de propiedad horizontal, un aporte a la eficacia y desburocratización de ambos organismos públicos en beneficio de toda la sociedad".

Sancionan ley de delitos informáticos

[BPN-02/07/08] Por unanimidad, la Cámara de Diputados de la Nación aprobó la ley modificatoria del Código Civil que incorpora los delitos informáticos. Entre otras cuestiones, condena la intromisión en la correspondencia digital, la publicación en Internet de pornografía infantil y las estafas que utilizan las firmas digitales.

El proyecto había sido modificado por el Senado en el 2007 y remitido a la Cámara de Diputados que finalmente lo convirtió en ley.

Esta nueva norma impone hasta seis meses de prisión para quien accediera indebidamente a una "comunicación electrónica, una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza", la robase o desviara el destino de ese documento. En caso de que el hecho lo cometiera un funcionario público, se lo inhabilitaría por el doble de tiempo por el que se lo condena.

También establece que los hackers que accedan "por cualquier medio, sin la debida autorización o excediendo la que posea, a un sistema o dato informático de acceso restringido" serán penados con hasta seis meses de prisión y de un año si el delito se cometiera con el objetivo de perjudicar "un sistema o dato informático de un organismo público estatal o de un proveedor de servicios públicos o de servicios financieros".

Por otro lado, también se incorporó el artículo 157 bis que reprime con "hasta dos años de prisión al que ilegítimamente accediera a un banco de datos personales". Además, se tomará como delito la defraudación por "cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos".

Incorpora un segundo párrafo al artículo 183 que establece hasta un año de prisión para quien "vendiere, distribuyere, hiciere circular o introdujere en un sistema informático cualquier programa destinado a causar daños".

En otro orden de cosas, contempla el delito de pornografía infantil, para lo cual establece que la pena será de hasta 4 años de prisión al que "produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales".

Análisis del Artículo 2º de la Ley 13.512 (parte III)

[BPN-02/07/08] El presidente de la Cámara de la Propiedad Horizontal de Córdoba, Dr. Mario Francisco Robledo, realizó un trabajo exhaustivo de la Ley 13.512 para la revista Condominio de Córdoba. Pequeñas Noticias publica la última parte del análisis del artículo 2º.

El artículo 2º de esta ley establece:

Dominio exclusivo: Cada propietario será dueño exclusivo de su piso o departamento.

En el derecho de propiedad horizontal hay cosas que ineludiblemente deben ser comunes porque la edificación las solicita (suelo, cimientos, muros maestros, techos) o porque la comunidad las necesita (escaleras, servicios centrales, provisión de agua, etc.) y no se concebiría que fueran asignados a una persona en particular.

La enumeración del artículo en análisis es ejemplificadora porque muchos elementos comunes en un edificio pueden no serlo en otro. No hay excepciones al respecto ya que el suelo –que algunos autores mencionan como muestra de un elemento ineludiblemente común en todos los supuestos- también puede transformarse en privativo o, inclusive, llegar a extinguirse.

Esta división entre bienes propios y comunes tiene varias consecuencias. En primer lugar, sirve como referencia usual -aunque no única- para asignar los porcentuales dominiales que en la generalidad de los casos tienen que ver con la superficie privativa. En segundo lugar, fija la cuota de responsabilidad frente al daño causado. Si la avería sucedió en un espacio común, la reparación corresponde al consorcio y al consorcistas si aconteció en una superficie privativa o cañerías de su propiedad.

El suelo es el elemento común por excelencia. La Dra. Elena Highton, jurista del Derecho Civil que hace un tiempo incursiona en propiedad horizontal con gran solvencia, dice que es el único necesariamente común por cuanto en caso de desaparición física del edificio, toda mejora (cimientos, subsuelos, etc.) que subsista puede ser irrelevante para su realización o venta, pero el terreno no puede desaparecer.

Esto no es riguroso en su aspecto material por cuanto en la fertilidad de la imaginación si el cataclismo consiste en una inundación permanente, sea por una debacle (desborde de la Laguna de Mar Chiquita en nuestra Provincia) o por obra del hombre (caso de inundaciones programadas como en la localidad de Federación, Provincia de Entre Ríos), el valor del terreno es nulo y en cambio, algunas instalaciones o materiales integrantes del edificio pueden ser rescatados, especialmente en el segundo de los supuestos.

Desde otro ángulo, también es factible que en algún sistema de propiedad horizontal desarrollada en una planta o en dúplex pueda haber espacios comunes, por ejemplo, zonas de acceso o espacios verdes que podrían en un futuro perder su carácter y transformarse en parcelas privativas por decisión unánime de la asamblea, sin que por ello el sistema pierda su esencia.

Además del suelo, no ofrece dificultad la comprensión de la naturaleza de los cimientos, muros maestros, fachadas, tabiques divisorios, etc.

En este tema debemos distinguir entre techos o tejados inaccesibles que sólo pueden ser comunes y las superficies libradas al uso, que eventualmente pueden ser privativas.

Los patios solares, también llamados troneras, son espacios destinados a proporcionar aire y luz a las unidades cuyas ventanas y luces se abren a él. No es posible concebir un patio solar privativo en un edificio en altura, pero sí en un edificio de una sola planta, porque en lugar de satisfacer una necesidad común, satisface una necesidad particular.

Esto nos lleva al cuestionamiento de una norma usual: el espacio común de uso exclusivo. Si el reglamento designa así a un patio al que accede solamente una unidad funcional, el régimen de ese espacio es el siguiente: solamente lo puede usar el consorcista titular de la unidad de que se trate, pero su mantenimiento incumbirá al consorcio. La solución ha merecido no pocas críticas por su notoria injusticia, pero es la consecuencia de la articulación del sistema.

Puede haber ascensores que sirvan a una sola unidad compuesta de más de un piso, en cuyo caso el elemento será privativo. El mismo razonamiento cabe para los servicios centrales que serán comunes en la medida que satisfagan necesidades de la comunidad y no de alguna unidad en particular. Esto nos lleva a diferenciar cuando un servicio debe ser reparado por el consorcista o el consorcio en cuanto a las cañerías que conducen agua corriente o efluentes cloacales.

La mayoría de los reglamentos consideran a los conductos como privativos recién en la parte que emergen en las respectivas unidades a las que prestan servicios. En otros, se considera que es común la cañería hasta que llega a la llave de paso del departamento, esté o no al descubierto.

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Suspenden un juicio por resarcimiento voluntario

[BPN-02/07/08] El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de la Ciudad de Buenos Aires ordenó la suspensión de un juicio a prueba por el período de dos años, luego de que el acusado por administración fraudulenta se haya comprometido a ofrecer una importante suma de dinero por el daño ocasionado.

En la audiencia de debate, el administrador declaró que tuvo tratativas con la querella para llegar a un acuerdo por el presunto daño causado y que no pudieron concluirse con anterioridad porque el supuesto damnificado residía en el exterior.

El ofrecimiento que hizo el demandado fue de ochenta y cinco mil dólares en concepto de reparación; siete mil quinientos dólares por honorarios profesionales de los letrados apoderados y el desistimiento de los posibles honorarios que podrían reclamarle.

Asimismo, dados sus conocimientos del idioma inglés y de las materias concernientes a la educación cívica propuso que las tareas comunitarias que eventualmente se le impusieran fueran realizadas en alguna institución destinada a esos fines y durante un período y carga horaria que no afectara su desempeño profesional.

El fiscal consideró que el ofrecimiento de resarcimiento económico guardaba relación con el objeto, por lo que destacando que si bien no era el momento procesal oportuno para buscar una salida alternativa, podría llegar a tratarse excepcionalmente el asunto.

Al igual que el fiscal general, la querella manifestó que las excepcionales circunstancias del caso ameritaban el tratamiento del pedido de suspensión del juicio a prueba en ese momento del proceso. En cuanto al ofrecimiento que hizo la defensa, consideró que guardaba relación con el presunto daño ocasionado por lo que aceptó la propuesta y prestó su conformidad para que se concediera al imputado la suspensión del proceso a prueba.

El tribunal explicó que el acusado, en su carácter de administrador del damnificado, "incumplió los deberes a su cargo perjudicando los intereses de éste, cuyo dinero y bienes del nombrado se encontraban bajo la administración y cuidado de aquél, dado a través de un poder amplio de administración y disposición en motivo de que el afectado se domiciliaba en el exterior".

Subrayaron que actuó con abuso de confianza debido a que no contó con ningún tipo de consentimiento o aprobación de su representado, quien tampoco tenía ningún conocimiento de las operaciones realizadas, ni percibió ninguna suma en concepto de las mismas.

Índice de junio

El primer encuentro se realizó el 5 de junio en el edificio anexo del Congreso y expusieron su posición el presidente de FEDECO, Dr. Samuel Knopoff, y la Dra. Lilian N. Gurfinkel de Wendy.

La presidenta de la comisión Vilma Ibarra (Encuentro Popular y Social) subrayó que si bien ya hay algunos proyectos con estado parlamentario, "la idea es trabajar con agenda abierta para que eventualmente los diputados puedan incorporar otros temas y conocer las distintas inquietudes de las asociaciones. Si hay nuevas preocupaciones queremos recogerlas porque es un tema amplio y de mucha repercusión en los centros urbanos".

Por otra parte, aclaró que actualmente en el Congreso no hay ningún proyecto que promueva una reforma integral a la Ley 13.512. "Me parece muy interesante poder conocer las propuestas que nos han presentado y las que nos acercarán las distintas asociaciones que participen de las próximas reuniones", señaló Ibarra.

La reunión contó con la presencia de diputados, asesores, público en general y el cuerpo de taquígrafos de la institución que documentó todo lo actuado.

Del 1º al 30 de junio, el sitio de Pequeñas Noticias –según estadísticas del Google Analytics- tuvo 30.874 visitas realizadas por 26.817 usuarios únicos absolutos. Durante cada visita se consultaron unas 53.367 páginas. En promedio, el sitio de Pequeñas Noticias tuvo poco más de mil visitas diarias.

El tiempo promedio de visita fue de 1 minuto 31 segundos y el promedio de página consultada fue de 1.83. En relación a mayo, el número de visitas nuevas creció un 0.99%.

Por otra parte, si bien la mayoría de las visitas se realizó desde Argentina (25.326), también hubo visitas desde Méjico (982), España (812), Colombia (680), Chile (539), Perú (463), Venezuela (442), EEUU (301) y Ecuador (137).

Durante el mes de junio, Pequeñas Noticias realizó la producción de 9 videos que fueron vistos en promedio 166 veces. Encabeza el ranking el de la diputada Vilma Ibarra, 39 reproducciones (BPN Nº 351 "Las primeras propuestas" del 19/06/08) y continúan el de Emma Osepyan, 27 reproducciones (BPN Nº 350 "Mediador de los consorcistas" del 4/06/08); el de Oscar Cavalli y Enrique Vignola, 21 reproducciones (BPN Nº 350 "Ingeniería fiscal vs. elusión de impuestos" del 4/06/08); el de la Dra. Gurfinkel, 19 reproducciones (BPN Nº 351 "Las recomendaciones de la Dra. Gurfinkel" del 19/06/08) y el de la Adm. Mirta Mraz, 18 reproducciones (BPN Nº 350 "Mérito, confianza y autoridad" del 4/06/08).