Nuevamente podrían confrontar dos listas

[BPN-22/10/08] A pocos meses de las elecciones en la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), los administradores Gabriela Pilar Saldivia, Mario Bernetti, Arturo Molina, Rubén Rivero y Armando Caputo, integrantes del Grupo Renovación CAPHyAI, adelantaron a Pequeñas Noticias que están estudiando presentar su lista para poder integrar el nuevo consejo directivo.

En diálogo con el medio, Saldivia consideró que la cámara necesita cambios más profundos y trascendentales: "esta gestión realizó algunos cambios pero creo que esperábamos otra cosa, otro tipo de cambios. Quiero hacer mi aporte para recuperarla y para que vuelvan los muchos asociados que se han ido".

Saldivia sostuvo que hace unos meses, junto a otros administradores, vienen realizando un análisis del rol que está cumpliendo la cámara frente a los asociados y según ellos, éste es el momento oportuno de proponer algo concreto y hacer un aporte para mejorar la situación.

"Todavía creo en la cámara como institución y en su trayectoria, más allá de algunas falencias que podrían existir y que quizás no sean culpa de la gestión actual o de la anterior sino de los propios administradores que no participamos, no aportamos nuestras ideas y no comentamos nuestros problemas", reflexionó Saldivia.

Subrayó que uno de los objetivos es darle a los asociados más facilidades y herramientas que les permitan ejercer mejor la profesión. Explicó que quieren que se produzca una renovación: "en principio, una renovación de ideas. No vamos a nombrar a personas o a un consejo directivo, eso después lo veremos, pero sí queremos cambios urgentes y escuchar aportes y sugerencias. Tenemos muchos problemas y nuestro rubro está cada vez más difícil".

Saldivia consideró que hay varios puntos por cambiar pero que lo más importante es mejorar la imagen del administrador: "hoy la actividad perdió credibilidad y en eso creo que la cámara tiene responsabilidad. Durante muchos años, hemos dejado hacer y resolver porque los administradores no participamos. Hay que convocarlos porque la cámara somos todos".

Por su parte, Mario Bernetti resaltó que otro de los objetivos fundamentales es "buscar nuevamente la unidad y tener representación en todo el país a partir de contactos y vínculos con el resto de las provincias".

Uno de los cambios que impulsa el Grupo Renovación CAPHyAI es que se abra la cámara a los socios. "Ese es el primer planteo antes de implementar cualquier cambio. Creo que tenemos que abrir la cámara y escuchar a los asociados que son los que a diario sufren la problemática", advirtió Bernetti.

En este sentido, Rivero señaló que tiene que existir una mayor interacción entre los socios. Propuso que existan jornadas de debate abierto donde cada uno pueda expresar sus ideas. Al mismo tiempo, sostuvo que la cámara tendría que fijar una posición ante los problemas que los administradores plantean en forma reiterada.

Caputo señaló que en la medida en que exista un mejor funcionamiento de los tribunales arbitrales se van a poder resolver muchos de los conflictos que surgen en la actividad. "Es una solución más que importante poder unificar criterios a través de un tribunal que trate la problemática en forma específica", destacó.

Caputo estimó que "va a ayudar y a colaborar con todos esos puntos de diferencias que se puedan dar entre los consorcistas y los administradores".

Por su parte, Arturo Molina –que en las últimas elecciones acompañó el emprendimiento de Cristóbal Ruano junto a Pilar Saldivia, Bernetti, Caputo y Rivero- señaló que lo importante es sumar y usar como experiencia lo que sucedió hace dos años cuando por primera vez hubo una elección. "Perdimos pero creo que no se puede llamar pérdida porque fue la primera elección en la que participamos", reflexionó.

Señaló que esa misma gente que les dio los avales y los apoyos es la "que ahora nos está motivando a que iniciemos y continuemos con esa lista que se hizo originalmente con algunos cambios".

Por otra parte, subrayó que la idea no es confrontar sino sumar: "todos desarrollamos la misma actividad y creo que el fin noble que perseguimos es llevar la cámara a lo que era hace unos años atrás para que nos proteja a nosotros. En forma indirecta, también vamos a proteger a los consorcistas porque si nos va bien a nosotros, también les va a ir bien a ellos".

Empapelaron con afiches las inmediaciones de la CAPHyAI

[BPN-22/10/08] A pocos meses de las elecciones de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), empapelaron las inmediaciones de su sede -ubicada en Perú 570- con afiches que decían: "Ser dirigente no es calentar la silla. Basta de burocracia y corrupción en la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal. Es necesario un cambio ya".

Los afiches -que en una lectura más detallada no expresaban una imputación concreta a una persona determinada o a la entidad como tal- estaban firmados por la Comisión Pro Defensa de la Propiedad – Mesa Capital (Coprodepro).

Hasta el momento, no se conocen datos sobre quiénes integran esta comisión, a quiénes representan y cuáles serían sus intenciones.

Sobre el contenido del cartel aporta una mayor confusión la palabra "en" dentro de la frase "...burocracia y corrupción en la Cámara..." debido a que especifica el lugar donde –según sus autores- se produciría el hecho y no quién estaría cometiendo la presunta falta: si una persona, un grupo de personas, personal en relación de dependencia o proveedores relacionados.

Ante la consulta de Pequeñas Noticias, la Adm. Gabriela Pilar Saldivia –integrante del Grupo Renovación CAPHyAI- subrayó que el grupo al que pertenece repudia el contenido del cartel y la forma de proceder. "Estoy en total desacuerdo con los afiches porque el procedimiento que utilizaron no es el correcto y no aporta a la democracia participativa que tiene nuestra institución", destacó.

Acciones judiciales contra una publicidad

[BPN-22/10/08] El miércoles 14 de octubre, el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal (SUTERH) publicó una solicitada en el diario La Nación en la que informó que como entidad gremial ha tomado conocimiento de la publicidad del Banco Galicia y empresas vinculadas emitida por diversos medios de difusión y en la que "se desprestigia la relación laboral de los encargados de edificios, violando normas elementales previstas en nuestra Constitución Nacional y pactos internacionales, generando a la sociedad desconfianza sobre nuestra lícita actividad".

En este sentido, advirtieron que el sindicato "ha iniciado las acciones judiciales y extra judiciales tendientes a la reparación del agravio sufrido y de los daños causados. Iremos informando a nuestros afiliados el avance de las gestiones ya iniciadas".

Por otra parte, aseguraron que la indemnización que se obtenga de los reclamos será donada a una institución de bien público, cuya identidad obra en poder de un escribano público.

En la publicidad de Galicia Seguros hay un diálogo entre un encargado llamado Carlitos y un supuesto repartidor de volantes. El encargado, sin preguntarle quién es y a qué viene al edificio, le empieza a contar detalles de quienes viven en el consorcio. Por ejemplo, le dice que el del 8ºB tiene un plasma y que la "viejita" del 5ºC se compró un "terrible equipo de música" y que siempre se va de vacaciones y deja la casa sola.

Después de darle estos datos, Carlitos le dice al supuesto repartidor de volantes que no diga nada sobre lo que le contó y que pasé a repartir sus volantes, que diga que va de parte de él...

Presentación contra la disposición en la Defensoría del Pueblo

"Esa disposición, a nuestro juicio, consagra sobre la base de argumentaciones de parte interesada, un verdadero coto de caza que obligaría a los propietarios de matafuegos a que reemplacen en breve alrededor de un tercio de todos los extintores de incendios (matafuegos) bajo el pretexto de que tienen mas de 20 años de uso", argumentó Sufrido Consorcista en la presentación que firmaron Gonzalo Acuña y Olga Martearena.

En el documento, estimaron que para poder remplazar un mínimo de 510 mil matafuegos se necesitarán unos cien millones de pesos. Según ellos, se debería dar lugar "a la mejor y más documentada discusión del tema, incluso en un ámbito más idóneo para tratar temas de seguridad, como nos parece sería la Legislatura de la Ciudad y por qué no, en una audiencia pública para que todos opinen".

Advirtieron que les llama la atención que el sustento para emitir la disposición, sea el pedido de dos partes interesadas, toda vez que la Cámara Argentina de Lucha Contra el Fuego y la Cámara Argentina de Seguridad son –en sus palabras- claramente entidades gremiales empresariales.

Sufrido Consorcista explicó que por ser entidades gremiales empresariales buscan "generar la emisión de una norma que los beneficia en forma directa, sobre la base de argumentos que no están debidamente explicitados. Y que no parecen justificar una medida que ha de significar fuertes erogaciones, en un contexto donde los consorcios están pasando serias dificultades, por la gran morosidad de los propietarios" en el pago de expensas.

Señalaron que si bien en la disposición mencionan normativas técnicas de España y México, "nada se dice de otros [países] más conocidos por sus normativas en el área de seguridad como EEUU, Alemania, Suecia o Canadá. Normativas que en este tipo de cuestiones llegan a niveles de rigurosidad insospechados en estas latitudes".

Al mismo tiempo, afirmaron que curiosamente, no se da cuenta de recomendaciones o ensayos realizados en el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial): "como justificativo de la necesidad de la medida que cuestionamos, se hace referencia a un único y lamentable accidente ocurrido en una Comisaría en la Pcia. de Santa Fe, en circunstancias que no se aclaran".

Resaltaron que la referencia que hacen a los cilindros de GNC (Gas Natural Comprimido), "puede entenderse como un intento de instalar, en forma subliminal, una idea de peligrosidad en la mente de los ciudadanos destinatarios de esta norma".

Consideraron que el uso de semejante recurso justificativo, resulta en sí perjudicial para quien lo invoca en la medida en que se tenga en cuenta que:

a) los cilindros de GNC contienen un combustible. Los matafuegos, justamente lo contrario.

b) Los cilindros de GNC están normalmente en movimiento. Los matafuegos son elementos que generalmente permanecen estáticos, incluso una gran cantidad de ellos están encerrados en cajas metálicas.

c) La presión de trabajo de un cilindro de GNC es de 200 bar que equivale a 20 Mpa – Mega páscales. La presión de trabajo de un matafuego domiciliario es de 1,4 Mpa que equivalen a 14 bares.

d) Un cilindro de GNC tiene alrededor de 60 litros de capacidad. El matafuegos más habitual tiene generalmente solo 10 litros.

Por ahora no habría Colegio de Administradores

[BPN-22/10/08] El presidente de Fundación Reunión de Administradores (FRA), Adm. Jorge Hernández, adelantó a Pequeñas Noticias que por el momento no se va a poder crear un Colegio Público de Administradores. Explicó que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere que primero se establezca una ley marco que regule a todos los colegios: "hasta que no se apruebe esa ley no va a salir ningún otro colegio. Por todo lo que he escuchado, sobre todo del bloque mayoritario, no creo que haya posibilidades salvo que el legislador Diego Santilli (PRO) se ponga el casco de guerra y se apruebe".

En diálogo con el medio, Hernández señaló que FRA junto a la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), la Unión de Administradores de Inmuebles (UADI) y la Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal (AIPH) estuvieron reunidos con varios jefes de bloques y que les trasmitieron sus ideas. Sin embargo, advirtió que ellos les informaron que el objetivo es hacer una ley marco de colegios públicos: "esta ley regularía qué contenidos deberían tener todos los colegios en general".

Desmentida a las declaraciones de Hernández

Recordemos que en el Boletín Nº 359, en diálogo con Pequeñas Noticias Hernández aseguró que se reunió con Abrevaya y que le manifestó que si tenía tiempo, iba a modificar muchas cosas de su proyecto.

Aclarando que su intención no es polemizar, los asesores del legislador aseguraron que Hernández durante la reunión con Abrevaya "para nada sorprendió al equipo o al mismo Abrevaya acerca de los pormenores de la profesión ya que tanto él como quienes lo asesoran vienen trabajando el tema desde hace tiempo, informándose debidamente sobre esta actividad".

La Presidenta recibió al SUTERH en la Casa Rosada

[BPN-22/10/08] La presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, recibió en la Casa Rosada al secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal (SUTERH), Víctor Santa María y a miembros de la comisión directiva entre los que estuvieron, José Francisco "Pepe" Santa María, Roberto Rodríguez, Mario Gagliano, Osvaldo Bacigalupo, Jorge Coronel y Alicia Nasrala.

El motivo del encuentro, que contó con la participación del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, fue "el especial interés que puso de manifiesto la señora presidenta por saludar personalmente, y a través de sus legítimos representantes, a los trabajadores de edificios de todo el país dado que durante el mes de octubre celebran su mes".

En nombre de todos los trabajadores de edificios, Víctor Santa María le entregó a Fernández un rosario antiguo.

Según informaron desde el SUTERH, la reunión se prolongó mucho más de lo previsto y se habló sobre las distintas acciones que lleva adelante la organización gremial con motivo de celebrarse un nuevo aniversario de su fundación y las distintas iniciativas que en todos los planos de su accionar realiza el sindicato.

Asimismo, le transmitieron a la presidenta "el compromiso que desde un primer momento ha expresado el SUTERH con el proyecto de Nación en marcha y que ella conduce con pulso decidido y firme desde la primera magistratura de la Nación".

Según ellos, los pedidos de audiencias fueron derivados  y nunca se los concedieron. "Está claro que no estamos en condiciones de concurrir a un encuentro de esa naturaleza con algún obsequio surgido de los talleres de orfebrería como el de Pollarols ni de otros similares como Juan Carlos Marra, por ejemplo, para que la señora presidenta diversifique su stock de obras de arte", concluyeron.

No podría sancionar a los abogados-administradores

[BPN-22/10/08] El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal creó un Instituto de Derecho de Propiedad Horizontal y según adelantó el director del instituto y vocal suplente de la comisión directiva del colegio, Dr. Eduardo Awad, uno de los objetivos será capacitar a los abogados para que puedan ejercer la administración de consorcios y para que los consorcios que cuenten con un abogado administrador puedan presentarse ante el colegio y realizar una denuncia.

Ante este anuncio, el Dr. Jorge Resqui Pizarro, -si bien subrayó que está de acuerdo en la creación de un Instituto de Derecho de la Propiedad Horizontal- consideró que intentar transformarlo en un centro de capacitación de abogados para ejercer la actividad de los administradores regidos por el régimen de la propiedad horizontal sería "un craso error y violar la letra, el espíritu y el sentido de la ley de creación de nuestro Colegio. Más aún, pretender que nuestro Tribunal de Disciplina surgido de la voluntad de los matriculados en libres elecciones se constituya en juzgadores del accionar de abogados que, fuera de su profesión, actúan como administradores de consorcios. Esto es, cuando menos, un despropósito".

Argumentó que la Ley 23.187 dice en su artículo 43º que "es atribución exclusiva del Colegio fiscalizar el correcto ejercicio de la profesión de abogado. A tales efectos, ejercitará el poder disciplinario con independencia de la responsabilidad civil, penal o administrativa que puede imputarse a los matriculados".

Al mismo tiempo, en su artículo 44 establece que los abogados matriculados quedarán sujetos a las sanciones disciplinarias previstas en esa ley, por las siguientes causas:

a) Condena judicial por delito doloso a pena privativa de la libertad, cuando de las circunstancias del caso se desprendiera que el hecho afecta al decoro y ética profesionales; o condena que comporte la inhabilitación profesional;

b) Calificación de conducta fraudulenta en concurso comercial o civil, mientras no sean
rehabilitados;

c) Violación de las prohibiciones y limitaciones establecidas por el artículo 3º de la presente ley;

d) Retención indebida de documentos o bienes pertenecientes a sus mandantes, representados asistidos;

e) Retardo o negligencia frecuente, o ineptitud manifiesta, u omisiones graves, en el cumplimiento de sus deberes profesionales;

f) Infracción manifiesta o encubierta a lo dispuesto por la ley arancelaria;

g) Incumplimiento de las normas de ética profesional sancionadas por el Colegio;

h) Todo incumplimiento de las obligaciones o deberes establecidos por esta ley.-

El Dr. Resqui Pizarro señaló que la profesión del abogado tiene pautas e incumbencias bien precisas y cuando un abogado actúa en la esfera comercial no lo hace en su aspecto profesional, por lo que no le es aplicable ni la ley de ejercicio ni el código de ética y conducta abogadil.

"No confundamos a los ya bastante defraudados consorcistas ofreciéndoles, falsamente, la actuación de un prestigioso tribunal disciplinario, de un colegio profesional que controla y gobierna la matrícula y de una entidad que brega, desde su fundación por el desarrollo y la defensa de los derechos de los abogados, de sus claras incumbencias y, paralelamente, por el cumplimiento de los deberes de sus matriculados, cuando esto no es posible ni legal ni prácticamente", reflexionó.

El Dr. Resqui Pizarro señaló que se debería debatir y definir la conformación de una carrera universitaria de administración de consorcios y complejos urbanísticos con reconocimiento oficial, para expedir títulos profesionales habilitantes y que esos nuevos expertos se agrupen en órganos públicos no estatales.

Multas por sacar la basura fuera de horario

[BPN-22/10/08] La Dirección General de Inspección del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó que desde que inició su gestión en diciembre de 2007 realizó 30 mil multas por disposición de residuos fuera de horario.

De estas multas, el 30 por ciento corresponde a vecinos y el 70 por ciento a comercios. Por otra parte, también impusieron otras 30 mil multas por ocupación indebida del espacio público, falta de matafuegos o libretas sanitarias. 

Recordemos que en el 2006 un estudio realizado por el Gobierno porteño y las empresas recolectoras de residuos demostró que eran muchas las personas que no cumplían con el horario para sacar la basura de 20 a 21 horas.

El estudio se realizó en las zonas de Palermo y Once. Las empresas de residuos realizaron la recolección varias veces durante el día y observaron que en todos los casos se encontraban bolsas en los dos barrios analizados.

Al mismo tiempo, la recolección de residuos es el primer motivo de reclamo de los vecinos en los Centros de Gestión y Participación (CGP). En los últimos años, las quejas por este tema se duplicaron y pasaron a ser la primera preocupación de la gente.

Análisis del Artículo 9º de la Ley 13.512

[BPN-22/10/08] El presidente de la Cámara de la Propiedad Horizontal de Córdoba, Dr. Mario Francisco Robledo, realizó un trabajo exhaustivo de la Ley 13.512 para la revista Condominio de Córdoba. En este número Pequeñas Noticias publica el análisis del artículo 9 de la Ley 13.512.

El artículo 9º de esta ley establece que: "Al constituirse, el consorcio de propietarios deberá acordar y redactar un reglamento de copropiedad y administración por acto de escritura pública que se inscribirá en el registro de la Propiedad. Dicho reglamento, sólo podrá modificarse por resolución de los propietarios mediante una mayoría no menor de dos tercios. Esta modificación deberá también consignarse en escritura pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad."

El consorcio es una persona ideal que toma decisiones y tiene intereses frecuentemente distintos a las personas físicas que lo conforman y que son los co-propietarios. Expresa su voluntad a través del órgano ejecutivo que es el administrador y para las cuestiones que exceden a sus atribuciones mediante la voluntad colectiva expresada en la asamblea.

Es un ente nacido de la ley de propiedad horizontal y como tal, obligatoriamente todo edificio o conjunto edilicio sometido a este régimen supone la existencia de uno. Se rigen por los términos de la ley y en nuestro sistema legislativo por las normas del Reglamento de Copropiedad y Administración.

El consorcio es diferente a otras entidades que tienen el contralor de una autoridad administrativa, como es la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas que vigila el funcionamiento de entidades civiles, como clubes y fundaciones. Solamente lo controla la autoridad judicial.

La personalidad del consorcio, como ente diferente de los consorcistas, alguna vez fue cuestionada pero actualmente esa posición jurídica no tiene vigencia.

Cuando se demanda al consorcio, por ejemplo cuando un edificio vecino pretende el pago de una medianería, no es válido que alguno o todos los consorcistas atiendan el juicio. Solamente es válida la concurrencia del administrador, como representante legal del consorcio.

Si todos y cada uno de los consorcistas comparecieran al juicio, la ley considera que pese a esa concurrencia masiva, el acto jurídico no es válido porque quien debe concurrir es el ente ideal consorcio, únicamente a través de su representante legal que, como queda dicho, es el administrador.

Los espacios comunes son necesariamente comunes u ocasionalmente comunes. Se dice que esencialmente el terreno es un espacio común pero como vimos al comentar el artículo 2º el concepto tiene su relatividad. El espacio privativo es el ámbito propio del consorcista.

En esta disciplina es factible combinar estos factores. Así tenemos espacios comunes de uso común y espacios comunes de uso exclusivo de determinada unidad. Esta categoría importa un privilegio para la unidad que tiene el disfrute de la cosa y no la carga de mantenimiento que incumbe al consorcio en cuanto es dueño de la cosa. La falta de conciencia de propiedad horizontal de la población hace que generalmente no se comprenda este privilegio y se quiera reaccionar modificándolo.

Sin embargo, debió ser advertido al momento de comprar la unidad y no después. En tal caso, el privilegio de la unidad implica el disvalor de las otras, por lo que se puede cuestionar el precio al momento de comprar pero no pretender modificar el estado de cosas por vía judicial.

Es el caso de una pared existente, propiedad de un consorcio en la que apoya otro edificio. Existen dos posiciones antagónicas respecto a la distribución de los fondos que ingresan por tal concepto. No creemos acertado distribuir las sumas que resulten entre los consorcistas, como hacen algunos administradores. En última instancia, aceptamos que el destino de los fondos captados sea resuelto por la asamblea.

El reglamento es el estatuto regulador de los derechos y obligaciones de la comunidad en un consorcio determinado. Contempla las estructuras básicas del funcionamiento del consorcio y sus dos órganos propios: el administrador y la asamblea general. Debería significar la adaptación al edificio de las normas básicas de la ley.

La ley de propiedad horizontal sólo contempla lineamientos básicos que debieran ser desarrollados por los reglamentos.

La tendencia actual en los ordenamientos jurídicos de los distintos países desarrollados es una legislación cerrada, es decir, que contemple con detalles el funcionamiento del edificio, dejando para los reglamentos sólo algunas especificaciones muy propias de algún edificio que salga de lo común junto con la parte estatutaria.

El reglamento debe constar en escritura pública porque es la que da nacimiento al sistema, así como también sus reformas porque no serían oponibles a terceros. Pero la reforma es aplicable desde el momento que lo resuelve la asamblea, aunque la resolución se limite a regir entre los consorcistas que integran el consorcio, hayan asistido o no a la asamblea.

La inscripción registral es condición para la vigencia frente a terceros, pero mientras no caduque el contenido de la resolución puede elevarse a instrumento público. La caducidad se produce como los derechos personales a los diez años de la celebración de la asamblea que tal cosa resolvió.

La reforma judicial del estatuto permite que por vía de la homologación judicial y de la facultad que le confiere al juez el artículo 10 de la Ley se consagre una reforma aunque no haya alcanzando la mayoría legal.

Son los dos sectores en que se divide el reglamento. La primera consiste en la descripción escrita del edificio y constituye la versión escrita de la documentación gráfica pertinente: el plano de mensura y subdivisión para el sometimiento de la edificación al régimen que nos ocupa.

La parte reglamentaria es la que abarca el resto del articulado. Allí, se norman los cambios de destino, la forma y modo de contribución para el funcionamiento del consorcio; el órgano de la administración y el de la asamblea y cuestiones conexas.

Lamentablemente, los reglamentos no son revisados por ninguna repartición u oficina de la administración pública. El Registro de la Propiedad Inmueble que los reúne, se limita a un examen extrínseco para constatar la reunión de los elementos administrativos que posibiliten su inscripción. Sin embargo, no se examina el texto de sus normas, que es responsabilidad del escribano que lo redacta. En la práctica, tampoco el consorcista tiene posibilidad de cuestionar sus normas limitándose a adherir al contrato, como se hace con un billete de pasaje con normas preimpresas.

Una excepción a lo anterior lo constituyen los consorcios o fideicomisos que presentan reglamentos provisorios mientras se construye el edificio teniendo la posibilidad de revisarlos los consortes.

Descentralizan los servicios y las denuncias

[BPN-22/10/08] A partir del 1º de octubre, los servicios de asesoramiento, toma de denuncias y celebración de audiencias de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires comenzaron a realizarse en los Centros de Gestión y Participación Comunal (CGPC). 

Según informó el Gobierno de la Ciudad, la medida se inscribe en el marco del proceso de desconcentración de los servicios que prestan distintas áreas para asegurar mayor eficiencia en el funcionamiento administrativo del GCBA y dotar a los CGPC de todas las herramientas necesarias para atender los requerimientos de los ciudadanos.

La decisión tiene como objetivo contribuir a fortalecer y a acercar a los vecinos el servicio de defensa y protección del consumidor, cuya Dirección General pasó a depender de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, a cargo de la licenciada Gladys González.

"Esta área es la que lleva adelante el plan de descentralización administrativa que ordenó el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, para facilitar y simplificar todo tipo de trámites que deben cumplir los vecinos, privilegiando la red territorial de los CGPC, entre otras iniciativas", señalaron en su sitio WEB.

De esta manera, apuntan a agilizar la atención sin demoras y mediante la gestión de turnos, como en el caso de la renovación de las licencias de conducir o el pago de infracciones de tránsito.

Por otra parte, la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor informó que continuará ejerciendo sus funciones de autoridad de aplicación a los fines del cumplimiento de las leyes nacionales 24.240, 22802 y 757 de la Ciudad. Del mismo modo, las áreas jurídicas y de lealtad comercial bajo su dependencia seguirán funcionando tal como lo vienen haciendo hasta ahora para expedirse sobre las actuaciones que tengan origen en cada CGPC.

Empieza el último trimestre del 2008 sin cambios

[BPN-22/10/08] El primer mes del último trimestre del año no presenta cambios a la hora de realizar las liquidaciones mensuales de los trabajadores del sector. No hay modificaciones en ninguno de los ítems del sueldo, ni en las asignaciones, ni en el Salario Mínimo, Vital y Móvil, actualmente en $ 1200 mensuales y $ 6,00 por hora.

Es bueno tener en cuenta que a la hora de dar las altas de los empleados suplentes por vacaciones del personal permanente hay que tener a mano bastante información.

Rincón Solidario