Presentaron sus recomendaciones de reglamentación

En sus considerandos, los firmantes estimaron que "la reglamentación debe producirse de forma tal que la autoridad de aplicación privilegie la atención a los consorcistas, permitiendo que el procedimiento de denuncias sea ágil" y que "refleje la facultad que los consorcistas individualmente poseen para radicar su denuncia ante el Registro Público de Administradores".

Asimismo señalaron que "teniendo como objetivo fomentar la autoadministración, y de esta forma también la participación de los consorcistas, entendemos que los requisitos exigibles a este tipo de administradores no debe resultar un obstáculo". "Es nuestra opinión que la reglamentación de la norma debe permitir que el autoadministrado pueda inscribirse de forma simple y rápida", agregaron.

La obligación que impone el inciso f) del artículo 4º de la Ley 3.254 establece que para inscribirse los administradores deben presentar un "certificado de aprobación de un curso de capacitación en administración de consorcios de propiedad horizontal".

Sobre este inciso los firmantes consideraron que "es ineludible la oferta de cursos gratuitos por parte del Gobierno de la Ciudad" y agregaron que "entendemos que los mismos –para ser reconocidos por la autoridad de aplicación- deben contener una cantidad mínima de horas cátedra, programa, currícula y un listado de docentes que dictarán el curso".

Las entidades recomendaron que "el personal docente debe consistir en profesionales del área de cada módulo específico y que el curso debería contener de forma obligatoria el estudio de la Ley Nº 941 modificada por la Ley Nº 3.254, como también contenidos legales, administrativos-contables, técnicos, humanos y éticos".

Por otra parte, las entidades le propusieron al Dr. Gallo que "debe eximirse la aprobación de materias correspondientes a la currícula específica de los profesionales aspirantes". Con lo cual los abogados quedarían exceptuados de rendir temas relacionados con los aspectos legales, los profesionales en ciencias económicas de los contables y los arquitectos de lo cercanos a su profesión.

Esta última excepción ofrecería una respuesta al reclamo de una parte de los matriculados del Concejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA (CPCECABA) de exceptuarse de este curso por considerarse suficientemente capacitados para administrar consorcios.

Al artículo 10º que establece los requisitos puntuales de lo que debe contener una expensa –en su documento- las entidades participantes agregaron que "no podrá incluirse en las expensas gastos del administrador relacionados con la inscripción en el Registro Público de Administradores, a la contratación del seguro [de caución] al que refiere el Art. 12 inc. e), ni por trabajos contables, procesamiento de datos, liquidación de expensas, ni ningún concepto que no sea inherente al mantenimiento del edificio y de su administración".

El documento -fechado el 31 de marzo- fue firmado por FEDECO (Federación de Asociaciones de Consorcios), ReDeCo (Reafirmación de los Derechos del Consorcista), LCPH (Fundación Liga del Consorcista de Propiedad Horizontal), DCPI (Defensa del Consumidor Propietario de Inmueble), ACCABA (Asociación de Consorcistas de la CABA) y APBR (Asociación de Propietarios de Bienes Raíces).

El seguro de caución debería costar entre el 1 y el 1,5%

[BPN-07/04/10] El director de Defensa y Protección al Consumidor de la CABA, Dr. Juan Manuel Gallo, aseguró que "el mercado de seguros tiene que cubrir [el seguro de caución] a un costo de entre el 1 y el 1,5%. No puede ser más que eso" y advirtió que si las empresas quisieran cobrar "el 4 o el 5%, tomaré todas las medidas que hagan falta" para corregir esta situación.

"Junto con la Superintendencia de Seguros de la Nación, estoy pidiendo informes e intercambiando notas porque el seguro de caución es un producto nuevo y creado por una nueva ley con lo cual los costos pueden ser desmedidos. La idea es que no sea un producto muy oneroso aunque algunas empresas ya están viendo el lucro y eso no puede pasar", recalcó Gallo.

"Si las empresas actúan de esa manera vamos a buscar la forma de corregirlo", advirtió el director de Defensa al Consumidor y añadió que espera que el mercado asegurador "esté a la altura de las circunstancias". Recalcó que confía que "las compañías nacionales se comporten de mejor manera que las extranjeras" y reflexionó que éstas "son las que podrían –inclusive- hasta crecer con esta oportunidad".

Gallo declaró, no querer que, a causa del seguro de caución, lleguen a desaparecer las administraciones chicas y cree que "algunas grandes están tratando de borrarlas del mercado con la excusa del seguro de caución, porque a río revuelto, ganancia de pescadores". Así lo dijo en una entrevista que se le realizó el pasado viernes 26 durante el programa Hablemos de Consorcios por AM 1010 Onda Latina.

El funcionario declaró que "desde la dirección de Defensa al Consumidor vamos a hacer todo lo posible para que el administrador pequeño no desaparezca" y agregó que "si tengo que hacer cambios [en la reglamentación de la Ley 3.254] no voy a tener problemas en hacerlos y no me va a temblar el pulso".

"No forma parte de mi ideología que desaparezcan las administraciones chicas", reiteró el director de Defensa al Consumidor porteño y remarcó que habló con el legislador Sergio Abrevaya (Coalición Cívica) que le expresó que comparte esta misma idea.

La obligación de tomar un seguro de responsabilidad profesional surge del inciso e) del artículo 12º de la Ley 3.254 que modificó la Ley 941 (Registro Público de Administradores).

Juan Manuel Gallo respaldó a Gabriela Saldivia

[BPN-07/04/10] El director de Defensa y Protección al Consumidor de la CABA, Dr. Juan Manuel Gallo, expresó su apoyo al trabajo que realiza Gabriela Saldivia, coordinadora del Registro Público de Administradores (RPA) y consideró injusto que algunas entidades de consorcistas la critiquen "por el hecho de haber sido administradora".

Gallo declaró: "tengo que reconocer el trabajo y la actividad que está haciendo Gabriela Saldivia en el registro" y amplió que también "hay que confesar el esfuerzo que hace su gente que a veces es blanco de un montón de críticas aunque ponen la cara y trabajan muy bien". Estas declaraciones las realizó el pasado viernes 26 durante el programa de radio Hablemos de Consorcios que se emite por AM 1010 Onda Latina, todos los viernes a las 19 horas.

Sobre Saldivia, Gallo declaró que "a veces me llegan notas de algunas entidades, sobre todo de consorcistas, que hacen alguna queja hacia ella por el hecho de haber sido administradora. La verdad es que está haciendo un trabajo excelente y me gustaría que esas entidades lo vean porque en definitiva es un prejuicio pensar que -por el hecho de que haya trabajado en cierto lugar antes- ahora no va a poder hacer bien su trabajo".

Además, el funcionario afirmó que le parecen injustas estas acusaciones: "porque sino yo sería la primer persona en decir que no me gusta como está trabajando" y añadió que de su parte siente que "es una entrega total y estoy muy conforme con su trabajo".

Por su parte, Saldivia –que acompañó al Dr. Gallo al programa Hablemos de Consorcios- remarcó que desde que llegó al registro "pedí un montón de cosas y me las están proporcionando" aunque resaltó el hecho de que "el tema del espacio es lo más complejo porque se están atendiendo alrededor de 100 personas por día".

Sin embargo, tanto Saldivia como Gallo subrayaron que casi duplicaron la cantidad de personal para atender al público: "ahora son 14 personas, contra 8 que había antes [...] y tenemos más computadoras", bromeó Saldivia.

"La Ley 3.254 es discriminatoria por excelencia"

[BPN-07/04/10] David Villarreal, abogado patrocinante de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), declaró que la Ley 3.254 -modificatoria de la Ley 941 (Registro Público de Administradores de la CABA)- "es impracticable desde lo material y es discriminatoria por excelencia porque afecta el derecho del trabajo y el de igualdad".

"Evidentemente esta ley tuvo algún tipo de apoyo de algún monopolio, porque si yo elimino a los pequeños administradores no cabe duda de que me quedo con todo y el negocio de la administración es un negocio importante. En consecuencia, esto está amparado por algunos sectores que, desde las sombras, están haciendo presión desinteresándose totalmente por aquellos que no tienen esa capacidad. Acá se olvidó por completo al pequeño y mediano administrador que dignamente trabaja y vive de su actividad", denunció Villarreal.

En una entrevista exclusiva con Pequeñas Noticias, el abogado declaró que "nosotros vamos contra toda la ley. Este famoso Registro Público de Administradores -que creó en su momento la Ley 941- no debió haber existido. De prosperar esta acción, la jueza que entiende en el caso va a decidir si encuentra o no mérito para que la Cámara y todos los administradores, consorcistas y consorcios miembros, queden fuera del alcance de la ley y no tengan que inscribirse en el Registro. En el caso de los ya inscriptos, el Registro no los regirá más hasta que ella no resuelva sobre el fondo de la cuestión", aseguró Villarreal.

Sin embargo, el abogado explicó que aunque la gente llama "recurso de amparo" a la acción que él presentó en nombre de la CAPHyAI, en realidad –hablando con propiedad- se denomina "acción declarativa de certeza".

"Esta acción -si bien no es de amparo propiamente dicha- tiene un rasgo amparista por cuanto es rápida y expedita. Su objetivo es que el juez dictamine cuál es el alcance de esta ley, si violenta o no la Constitución Nacional y de que manera debe entenderse", expuso.

Villarreal también explicó que las cuestiones que se consideraron al hacer la presentación en la justicia tuvieron que ver con que "la Ciudad exige cursos que no brinda, aparece un excesivo costo en el ejercicio de la profesión, la impronta de la ley está puesta en recaudar y no en mejorar la situación de los administradores, aparece una lesión al régimen del mandato por la durabilidad del administrador, aparece una clara violación al principio de igualdad frente a otras actividades, entre otras cuestiones".

El abogado afirmó que "no estamos atacando la capacidad del órgano que dictó la norma porque la Legislatura porteña tiene todo el derecho de ejercer el poder de policía que tiene sobre las actividades que se ejercen en el ámbito de la CABA. Lo que no puede hacer es ir más allá de ese espíritu reglamentista".

"Yo entiendo que deberíamos tener el éxito total. Hay muchos jueces y juezas muy buenos en el fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la ciudad, que se dedican mucho, no sacan resoluciones a la ligera y tienen menos compromiso político", señaló Villarreal.

"El profesional en Ciencias Económicas está capacitado para administrar consorcios"

[BPN-07/04/10] Catalino Núñez, candidato a presidente para el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA (CPCECABA) –por la Lista Naranja- afirmó que "el profesional en Ciencias Económicas tiene una alta preparación y está bien capacitado y preparado para administrar un consorcio" y aseguró que, de tener que realizar el curso que la Ley 3.254 –modificatoria de la Ley 941 (Registro Público de Administradores de la CABA)- exige, tendría que ser "en algún tema que no haya sido abordado durante su carrera".

En una entrevista exclusiva con Pequeñas Noticias, Núñez -que se desempeña actualmente como secretario de graduados y relaciones institucionales de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA)- remarcó que "la UBA y las otras universidades son el lugar apropiado por naturaleza para dictar un curso porque son los ámbitos que hacen a la educación" y agregó que "el día que asumamos en el Consejo Profesional [NR: se refiere a las elecciones de junio] vamos a discutir el tema y seguramente, si nos ponemos de acuerdo con la universidad, el Consejo podría ser otro ámbito en donde se podría dictar".

"Consideramos que el curso, de ser necesario realizarlo, debería ser gratuito para los profesionales en Ciencias Económicas y con un arancel mínimo para los que no lo sean. Este arancel buscaría cubrir los costos administrativos y los honorarios de un profesor, que en definitiva, le dedicará su tiempo y su experiencia a esta capacitación", explicó Núñez.

"El Consejo Profesional no se dio cuenta de lo que representa para los contadores/administradores esta exigencia de realizar un curso para inscribirse en el Registro Público de Administradores (RPA) porque sino –me imagino- tendría que haber actuado rápidamente", declaró Núñez.

El secretario de graduados subrayó, además, que "es un tema muy nuevo, que todavía no se ha planteado ante el Consejo. Pero si eso llega a pasar nosotros, desde la minoría, defenderemos las incumbencias de nuestros profesionales promoviendo , en este sentido, no solo proyectos propios sino también aquellos que nos acerquen nuestros compañeros".

"El 23/06 se realizarán las elecciones para renovar la totalidad del Consejo Directivo del CPCECABA y los integrantes de la nueva gestión permanecerán –por estatuto- tres años en funciones", declaró Núñez, que se postula para ocupar el cargo de presidente del Consejo por la Lista Naranja.

Esta lista se presentó por primera vez en las elecciones para el Consejo Directivo del 2004 en donde salió tercera, con el 21,1%, debajo de la Lista Azul –oficialista- y del Frente Profesional Renovador que nuclea a las listas Blanca, Afirmación Profesional y Profesionales Porteños.

Ya en el 2007, la Lista Naranja, aunque no ganó, salió segunda, por debajo de la Lista Azul, con el 36, 2% contra el 38,2%. En estos comicios "una gran cantidad de votantes adhirió y apoyó a la Lista Naranja lo que fue una gran sorpresa. Estuvimos a dos puntos de ganar el Consejo Profesional", señaló Núñez y agregó que "en números, nosotros sacamos alrededor de 9 mil votos y la Lista Azul cerca de 9.500".

"Si bien el padrón de matriculados es de aproximadamente 60 mil personas, los activos no llegan a ese número, por lo cual nosotros estimamos que en esta elección van a votar alrededor de 30 mil profesionales, lo que significa una alta participación", explicó Núñez.

En cuanto a sus iniciativas, el candidato a presidente señaló que "proponemos un Consejo Profesional abierto y participativo, que permita la interacción de las distintas generaciones de profesionales, que se escuchen sus propuestas, sus reclamos, sus ideas y que el Consejo Profesional actúe rápidamente en su defensa".

"Actualmente, hay un reclamo generalizado de los profesionales en ciencias económicas que no se sienten representados ni defendidos por la entidad que los nuclea y eso es algo que nosotros vamos a hacer desde el primer día que asumamos", prometió Núñez.

Los profesionales no tendrán que realizar el curso

[BPN-07/04/10] La contadora Graciela Angélica Núñez, vicepresidenta primera del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA (CPCECABA), declaró que los profesionales en ciencias económicas no tendrán que realizar el curso que exige la Ley 3.254 –que modificó la Ley 941 (Registro Público de Administradores de la CABA)- ya que con una simple certificación -expedida por el Consejo a cada profesional que así lo requiera-, se podrán inscribir en el RPA.

En una entrevista exclusiva con Pequeñas Noticias, Núñez, Jorge Alberto Geiler -Consejero Titular de la entidad- y Domingo Juan Leto –Gerente Coordinador de Temas Académicos- aseguraron que "ante la detección de ciertas situaciones este Consejo, en forma inmediata y sin que fuera requerido oficialmente por nadie, comenzó a realizar una serie de acciones que incluyeron el envío de varias notas a la Dirección de Defensa y Protección al Consumidor de la CABA".

"Ante la falta de respuesta nos dirigimos por carta al Jefe de Gabinete del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Dr. Horacio Rodríguez Larreta y -debido a estas gestiones- hemos alcanzado una solución al problema de los contadores/administradores: la instrucción a través de una certificación que nosotros expediremos al respecto a cada uno de los profesionales que lo requieran. Con esta nota, el profesional se puede inscribir [en el RPA]", señalaron los contadores.

Además, Núñez afirmó que "este Consejo está siempre atento y vigilante de todos los aspectos que atañen a los profesionales en ciencias económicas". La vicepresidenta primera también hizo referencia a las quejas de un grupo de matriculados, que presentaron una carta en mesa de entrada de la entidad, el pasado 26/03, exigiéndoles defendieran los derechos de los profesionales matriculados y presentaran un amparo contra el artículo 3 inc. F de la Ley 3.254 que establece la obligatoriedad de aprobación de un curso de capacitación para inscribirse en el RPA.

"Este Consejo está permanentemente atento a las circunstancias que se dan en el ejercicio profesional. Nuestra misión está cumplida cabalmente", insistió Núñez y agregó que "nuestros matriculados, por el simple hecho de haber cursado una carrera universitaria desde el ámbito de las ciencias económicas están por sí habilitados para ejercer este tipo de función práctica, incluso por la Ley Nacional de Ejercicio Profesional –la 20.488- y por la 466 que es la que regula las actividades del Consejo en la Ciudad de Buenos Aires".

Por su parte, Geiler subrayó que "algunos colegas pensaban que esta era una tarea que el Consejo no estaba realizando y en realidad, éste comenzó a moverse de inmediato. Lo que pasa es que hay cosas que no se publican".

IRAM contra el fuego

[BPN-07/04/10] El Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) presentó el pasado 19 de marzo un paquete de normas que se ocupan de sistemas contra incendios para tener en cuenta al momento de construirlos, auditarlos y mantenerlos. La norma "buscó cubrir todos los aspectos que rodean al fuego", aseguró Osvaldo Petroni, director de Servicios de Formación y Divulgación del IRAM.

Representando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires estuvo presente en el acto el Dr. Leandro Sayans, de la Agencia Gubernamental de Control.

"Hace 13 años empezamos con la labor de generar este grupo de normas, que llamamos trilogía", aseguró Daniel Kerner, coordinador del Organismo de Estudio y quien preside el comité que se encarga de estos temas. "Comenzamos con la norma IRAM 3.501 (parte 1) que es la de construcción e instalaciones nuevas, seguimos con la IRAM 3.619 que tiene que ver con las auditorías de certificación -para controlar las instalaciones y poder demostrar si cumplen con todos los requisitos- y, por último, desarrollamos la IRAM 3.546 que es una norma de mantenimiento de todo aquello ya instalado", agregó Kerner.

El coordinador del organismo de estudio afirmó que el objetivo del paquete de normas "es atender las necesidades de todos los sectores y buscar la protección de la sociedad a través de la certificación que es el mecanismo por el cual una organización independiente y confiable como es el IRAM da confianza en que un servicio o producto cumple con una norma".

Petroni también remarcó que "hoy por hoy, es una norma voluntaria en la cual todavía no hay ningún tipo de obligatoriedad de aplicación".

Por un lado, Raúl Martínez, gerente de la Cámara Argentina de Seguridad, declaró que "nosotros estamos llevando adelante gestiones destinadas a que todo lo que esté vinculado con elementos de protección contra incendios deba ser certificado, porque no podemos dejar que esos elementos queden en manos de quienes anteponen beneficios económicos antes que la salud o el riesgo que corre el usuario".

Alfredo Cabrera, en representación de una empresa aseguradora, señaló que "esta norma va a mejorar muchísimo el mercado porque realmente falta mantenimiento en la mayoría de todo tipo de instalaciones contra incendio. Por ejemplo, nosotros realizamos verificaciones todos los días y 2 de cada 3 no funcionan".

"Nosotros hicimos nuestra propia norma casera, con las cosas que empezamos a exigir para que todo se vaya cumplimentando. Así que yo estoy de acuerdo con esto porque ahora vamos a poder estandarizar el mantenimiento", finalizó Montero.

Inmobiliarias

[BPN-07/04/10] Las escrituras de propiedades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires crecieron, en los primero meses del 2010, un 33,35%. Eso representa 3.431 escrituras que corresponden al total de las operaciones inmobiliarias comparadas con las de enero y febrero del año pasado. Estas cifras las dio a conocer en marzo el Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El presidente del Colegio, Carlos D’Alessio, contó a varios medios nacionales que el público inversor "se volcó a comprar departamentos de uno o dos ambientes para alquilarlos y obtener una renta" y agregó que "hay más transparencia porque hay más control, en cuanto a la valuación real de los inmuebles en el momento de la escrituración".

Las escrituras que se realizaron hasta $250 mil fueron 1.827 y subieron un 53,24%. Aquí fue donde la demanda se focalizó. También se realizaron 1.370 escrituras de departamentos de entre $250 mil y $900 mil, que aumentaron un 39,93%, mientras que las compras exclusivas fueron de aquellos inmuebles de más de $900 mil (alrededor de 234 escrituras) y se incrementaron en un 6,82%.

El consultor inmobiliario Damián Tabakman, declaró a varios medios nacionales que el resultado del estudio del Colegio de Escribanos no le sorprende: "Hay una tendencia clara en cuanto a la demanda de inversores a considerar la adquisición de propiedades como refugio de valor [...]. El que compra el departamento pequeño en general no lo usa para mudarse sino para alquilarlo", señaló.

A partir de Julio de 2010 todos en el SUAF

[BPN-07/04/10] La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó en su sitio web, que entre marzo y julio de 2010 incorporará al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) a todos los empleadores que todavía no estaban incluidos en este sistema.

Todo sigue igual

[BPN-07/04/10] La confección de los sueldos del mes de abril tampoco tendrá modificaciones ni agregados. Habrá que reflejar, como en el mes de marzo, los importes básico que surgen de la escala salarial del mes de diciembre de 2009 y los adicionales que a cada trabajador le correspondan.

En estos meses, la liquidación se puede ver modificada por el pago de la Ayuda Escolar de $170 por cada hijo y algunos días de vacaciones tardías.

Lo que marzo se llevó

[BPN-07/04/10] Para la redacción de Pequeñas Noticias el hecho más importante de febrero fueros las acciones que comenzaron con la decisión de la CAPHyAI (Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias) y del AIERH (Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal) de presentarse ante la Justicia contra la Ley 3.254 que modificó la Ley 941.

Por otra parte, un grupo de contadores del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA (CPCECABA) se reunió en la UBA (Universidad de Buenos Aires) para presionar a su entidad con el objeto de que –defendiendo a sus colegiados- presente un amparo contra el artículo 3º inc. F de la Ley 3.254 que les impone un curso obligatorio de administración de consorcios para inscribirse en el Colegio Público de Administradores de la CABA.

Por último, el Dr. Eduardo Awad, director del Instituto de la Propiedad Horizontal del CPACF (Colegio Público de Abogados de la Capital Federal) aseguró que "en el instituto hay una mayoría de los miembros que piensan [que la Ley 3.254], es inconstitucional". Aclaró que están trabajando en el tema y que estarían dispuestos a pasar a la acción cuando sea el "momento oportuno".

Del 1º al 31 de marzo, el sitio de Pequeñas Noticias –según estadísticas del Google Analytics- tuvo 24.708 visitantes (+38.22%). A su vez estos visitantes realizaron 28.991visitas (+39.83%) y consultaron 57.566 páginas (+40.10%).

El promedio de permanencia en el sitio de cada visita fue de 1:42 (+0,20%) minutos. A su vez el promedio de páginas vistas fue de 1.99 por visita.

Buenos Aires es la zona que lidera la cantidad de visitas con un 63,84% del total. A continuación se ubican los rosarinos con 1.270 visitas, seguidos por los cordobeses con 1.131 visitas.

Es interesante observar que aunque Buenos Aires lidera la tabla, Mar del Plata no se queda atrás con 595 visitas, justo por encima de Mendoza con 483 visitas.

Durante el mes anterior al cierre de esta edición, en www.pequenasnoticias.com.ar hubo picos máximos con 28 usuarios en línea (on-line) al mismo tiempo los días 10 y 17 de marzo (dos días miércoles) mientras que durante los días 2 y 3 de abril (Semana Santa) el máximo se ubicó en los 10 visitantes al mismo tiempo.

Doy clases de Inglés a 5 niños

Buenas tardes,

Mi consulta es la siguiente: ivo en un edificio que no es apto para uso profesional y yo actualmente doy clases de inglés a 5 niños de 8 años en mi departamento.

Yo estudié Inglés durante 20 años pero no soy profesora. En el departamento no instalé aulas, ni contraté a otras profesoras. 

Es una ayuda personal. Mi objetivo es ayudar a estos chicos a que aprendan mejor el idioma. 

Sin embargo vecinos que se han ocupado de averiguar qué hago le han dicho a la administradora que yo le estoy dando uso profesional al departamento.

¿Es esto cierto? 

¿El uso profesional de un departamento no se refiere a la instalación de consultorios, estudios o negocios?

Agradecería su respuesta.

Saludos

Micaela

(12/03/2010)

Estimada Micaela:

En general los reglamentos de copropiedad, si impiden el uso profesional de una unidad, al mismo tiempo, dicen que el destino es de vivienda familiar.

Si bien debe entenderse (y la opinión de los jueces va en ese sentido) que en estos casos, sólo se admitirá el destino de vivienda, también es cierto que otros usos pueden ser permitidos o tolerados. Por cuanto, si se trata de una actividad como la descripta -acotada a un pequeño o muy reducido número de personas-, no se trata de un emprendimiento comercial y no produce problemas, conflictos o perturbaciones a otros habitantes o propietarios, así entendido, podría permitirse. 

Por estas razones si el consorcio inicia alguna acción, podría entenderse como que obra en exceso o abuso de su derecho. 

Esto es obviamente, opinable, lo que sí es cierto es que no debe exceder su actividad de los términos apuntados.

Un saludo cordial

Eduardo Awad

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El Dr. Eduardo Awad es abogado especialista en Propiedad Horizontal y director del Instituto de la Propiedad Horizontal del Colegio de Abogados de la Capital Federal. Para cualquier consulta se le puede escribir a consorcio@todoconsorcios.com.ar

En el mes de abril cumple 60 años

Hola Pequeñas Noticias,

Hace poco que administro consorcios y me encuentro con una situación en la cual me gustaría saber lo que correspondería hacer.

Paso a explicarles: en un edificio falleció el encargado, después de 16 años de servicios.

Se convocó a asamblea extraordinaria para resolver su reemplazo y los propietarios decidieron que quede en su lugar su viuda.

Previo a darle de alta, se le hacen todos los exámenes preocupacionales correspondientes dando como resultado que se encuentra apta, por ende comienza la relación laboral el día 01/01/2010.

La situación es que la trabajadora en el mes de abril cumple 60 años, momento en el cual se le debería enviar la carta solicitándole el inicio de los trámites de jubilación pero, según dichos de la trabajadora, este es su primer trabajo en blanco, de esta manera no cumpliría con los años de aporte para jubilarse.

La pregunta es: ¿cómo debo proceder?, ¿le envío la carta solicitándole el inicio del trámite de jubilación?

Desde ya muchas gracias.

Saludos cordiales.

Eva

(27/03/2010)

Estimada Eva:

En respuesta a su consulta le informo que la Ley de Contrato de Trabajo en el art. 252 establece expresamente cuándo y cómo se debe extinguir el contrato de trabajo por jubilación del trabajador.

El artículo mencionado dispone que "solamente el empleador podrá intimar al trabajador para que inicie los trámites necesarios para obtener el beneficio, cuando éste reuniere los requisitos necesarios para obtener una de las prestaciones establecidas en la ley 24.241".

De tal manera el trabajador para obtener la jubilación ordinaria debería tener cumplidos los siguientes requisitos:

-30 años de servicios con aportes y 65 de edad si es varón.

-Para el caso de ser mujer los requisitos serían 30 de servicios con aportes y 60 de edad, pero como la norma dice "salvo el supuesto previsto en el segundo párrafo del art. 19 de la Ley 24.241" -el cual establece que la mujer puede "optar" por continuar prestando servicios hasta los 65 años- nos encontramos que frente a una intimación la trabajadora que tuviera más de 60 y menos de 65 podrá contestar manifestando que hace uso de esta facultad de continuar hasta los 65 años.

Ahora bien en el caso que plantea, la encargada del consorcio que Ud. administra no reúne ninguno de los requisitos mencionados por lo que no debe intimársela para que inicie un trámite que va a ser indefectiblemente denegado. 

Su realidad previsional no se ajusta a las disposiciones vigentes.

La única posibilidad factible de intimación para que pueda obtener una de las prestaciones previstas por la Ley 24.241 es que tenga 70 años de edad y solicite la Prestación por Edad Avanzada (inciso incorporado por el art. 3º de la Ley Nº 24.463). O sea que habría que esperar 10 años.

Entiendo que ante la situación planteada es conveniente que convoque a una asamblea extraordinaria para que los copropietarios le den instrucciones precisas y que éstas sean conforme a derecho.

Esperando haber respondido a su inquietud la saluda cordialmente.

María Cristina Carrera

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La Dra. María Cristina Carrera es abogada especialista en derecho laboral y para cualquier consulta se le puede escribir a dramccarrera@yahoo.com.ar o llamarla al teléfono (15)5466-9921.

Horas extras I: un grupo electrógeno

Estimada Ana María, el domingo es el día de descanso del trabajador por lo tanto cualquier actividad que realice en ese día corresponde que se le abone con horas extras al 100%.

El trabajador, por ejemplo, podría disponer de ese día para pasear y no tiene la obligación de estar de vuelta a la hora en la que se deben sacar los residuos a la calle. Si lo hace, corresponde abonarle horas extraordinarias.

Un saludo grande.

Horas extras III: relación con las asignaciones familiares

¿Jornalizado o suplente de media jornada?

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