Se flexibilizaron las normas más polémicas

[BPN-07/09/11] La coordinadora del Registro Público de Administradores (RPA), Gabriela Pilar Saldivia, informó a este medio en forma exclusiva que aquellos edificios que hayan obtenido el Certificado de Edificio Seguro podrán renovarlo cada dos años. En tanto, los consorcios que no lo hayan obtenido deberán someterse a una nueva inspección en el término de un año. Estos dos nuevos plazos de renovación reemplazan el de seis meses vigente hasta ahora.

La norma se desprende de una de las dos disposiciones que habrían emanado de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor y que aún no fueron publicadas en el Boletín Oficial del Gobierno de la ciudad.

De acuerdo a Saldivia, se extendió la habilitación para realizar la certificación de edificio seguro a ingenieros, licenciados en Seguridad e Higiene, técnicos matriculados, arquitectos, técnicos matriculados en el Consejo Profesional de Ingeniería Civil o licenciados en Seguridad. Los administradores deberán asegurarse que el profesional contratado posea la matricula habilitante al día y no esté sancionado.

No hará falta un escribano

Por otra parte, adelantó que el Libro de Seguridad Edilicia y el Libro de Control Sanitario y Agua Potable –que cuente con el formato estipulado en la Disposición Nº 3.882 mediante la cual se creó- podrán ser autorizados de dos formas indistintas: en forma gratuita en la sede del RPA o por escribano público. Con respecto al Libro de Control Sanitario, la coordinadora del organismo adelantó que "no será necesaria la firma del Director Técnico". Sí será obligatorio completar el libro con los datos encuadrados en el Certificado de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable y la firma del administrador.

Semáforos y jabalinas

Finalmente, Saldivia aclaró que la inspección de las normas de semáforos lumínico y sonoro y el control del certificado de puesta a tierra de sistemas eléctricos (jabalina) deberán ser plasmados únicamente en el informe inicial y en los casos que sea necesario realizar la reparación correspondiente.

Cabe recordar que el Certificado de Edificio Seguro fue creado por la Disposición Nº 5.363 y luego modificada por la Nº 411. El pasado 26 de julio se estableció una prórroga en su presentación (Disposición Nº 1.875), desde el 1º de septiembre hasta el 22 de diciembre de acuerdo al número de RPA.

[BPN-07/09/11] El Registro Público de Administradores (RPA), coordinado por Gabriela Pilar Saldivia, publicó un listado con los números de RPA de 248 administradores observados por haber incurrido en errores al presentar la información requerida. De acuerdo a lo informado, quienes se encuentren en esta situación podrán solicitar su regularización presentando la documentación faltante cuando el RPA vuelva a abrir sus puertas al público.

Pequeñas Noticias realizó un relevamiento que arrojó como resultado –a grandes rasgos- que del total de administradores observados, un 64% tuvo dificultades con el CD-ROM en el cual debían entregar la información. Un 22% presentó en forma deficitaria la documentación exigida o no lo hizo. Un 15% no exhibió alguno de los formularios requeridos, en tanto un 14% no presentó la certificación de haber realizado el curso obligatorio.

Dentro de la categoría "observados", se ubicó el 2% de los administradores. Finalmente, un 1% no presentó el certificado que acredite su domicilio en Capital Federal.

Entrando en detalles, del 64% de los administradores que incumplieron –o cumplieron en forma deficiente- con la entrega del soporte óptico, un 55% de ellos presentaron un CD-ROM dañado. En tanto que un 4% de los CD’s estaban vacíos y otro tanto no fueron presentados.

Con respecto a la documentación, un 7% de los administradores no presentó la constancia de Juicios Universales, un 5% no presentó las Declaraciones Juradas, un 4% no presentó el certificado de Reincidencia, mientras que otro 4% no acompañó el formulario de la AFIP.

En los escalones más bajos, un 2% no presentó la fotocopia del DNI  y un 1% no exhibió la nota que acredite el cambio de administrador oneroso a no oneroso.

Un peronista de raza

[BPN-07/09/11] El Dr. Samuel Knopoff, presidente de la Federación de Asociaciones de Consorcios (FEDECO), en una entrevista concedida al Diario Z, propiedad de la Fundación Octubre del Sindicato Único de Trabajadores de Edificio, Renta y Horizontal (SUTERH), se declaró peronista si bien en una nota del diario La Nación de agosto del 2001 había afirmado estar afiliado a la Unión Cívica Radical (UCR) desde hacía más de 40 años.

El artículo publicado en La Nación, titulado "Un graduado con experiencia", relató que además de estar afiliado a la UCR Knopoff presidía, en ese momento, la Comisión de Salud y Políticas Sociales de ese partido. Además, agregó la nota, "trabajó en el área durante la presidencia de Raúl Alfonsín". 

"Sí, somos autores de la modificación de la Ley 941 y de la 3.254", declaró Knopoff al diario de Víctor Santa María –secretario general del SUTERH- y agregó que "trabajamos con el legislador Juan Manuel Olmos (PJ-FPV) para esa ley que incorpora el trabajo del Registro Público de Administradores [¿...?]". Los signos de interrogación son de la redacción. Si bien el pronombre que faltó en su declaración sobre quiénes fueron los autores de las citadas leyes sería "nosotros", de existir, tampoco habría aclarado gran cosa. En esa ambigüa redacción, lo que el lector finalmente terminará entendiendo es que habría sido sólo su propia federación.

Sobre Olmos, cabe mencionar en noviembre de 2010 era presidente de la Fundación Octubre del SUTERH tal cual surgió de una nota del mismo Diario Z publicada con motivo de la celebración de su primer año de vida como medio periodístico. Tres años antes, en un Correo de Opinión publicado en mayo del 2007 en Pequeñas Noticias, Knopoff se mostró molesto con este legislador por un proyecto que presentó con Sandra Bergenfeld en el que buscaban modificar el Código de Edificación para ampliar en las obras nuevas la vivienda del encargado. En dicha oportunidad, el presidente de FEDECO expresó que "resulta dudoso, o por lo menos alarmante, el desconocimiento y desinterés de los legisladores y funcionarios de la realidad consorcial". [BPN Nº 318 del 10/04/2007: "Una audiciencia pública muy extraña"].

Knopoff tampoco nombró en la nota publicada por Diario Z a las asociaciones que acompañaron al legislador Sergio Abrevaya (CC) en la redacción y presentación del proyecto. Es de recordar que en marzo del 2008, Abrevaya –aplicando principios de democracia participativa- se reunió en la Legislatura porteña para trabajar en lo que después sería la Ley 3.254 con, además de Knopoff, Teresa Villanueva de ACCABA, Alicia Giménez de UCRA, Osvaldo Loisi de LC, Jorge Resqui Pizarro de ReDeCo, Evangelina Pierri de RCD, Oscar Barrié de APBR, Ricardo Geler de API, Mercedes García de ADEPROH y el Dr. Eduardo Awad.

La ley se trabajó y consensuó con la mayoría de esas organizaciones durante un año. Algunas entidades participaron en menor medida y otras –una minoría- apoyaron la iniciativa aunque no se hacían presentes en las reuniones. Si bien la amplia mayoría de las entidades se mostró conforme con el resultado obtenido, Eduardo Awad adoptó desde sus inicios una postura crítica que mantiene hasta el día de hoy.

De acuerdo a lo declarado por Knopoff en Diario Z, "estamos abogando por su inclusión [de los propietarios]" a la mesa de las paritarias. De sus dichos se infiere que propone que los propietarios acompañen a los administradores en la mesa de discusiones salariales. No obstante, en mayo de este año declaró a Pequeñas Noticias que una propuesta superadora debe contener "la participación exclusiva de los consorcios en las discusiones paritarias". [BPN Nº 435 del 18/05/11: "O por elección o por obligación"].

Pero no fue sólo en el mes de mayo cuando el presidente de FEDECO expresó que los administradores no deben participar de las negociaciones salariales. Por ejemplo, en diciembre del año 2010 declaró que "hemos instando [al SUTERH] a que negocie con los originales y no con los clones que son los administradores". [BPN Nº 421 del 8/12/10: "La guerra de clones"].  

Similares declaraciones realizó en enero del año 2010 cuando, al ser consultado por Pequeñas Noticias acerca de lo peor del año 2009, contestó que el Ministerio de Trabajo sigue "usando caminos oblicuos y subterfugios" para no dar a los copropietarios la representación de la parte empleadora en las Convenciones Colectivas de Trabajo "en lugar de las cámaras de administradores". [BPN Nº 394 del 13/01/10: "Lo mejor y lo peor del 2009: Samuel Knopoff"]

"El SERACARH es un sello de goma"

[BPN-07/09/11] El pasado 2 de septiembre el Dr. Lisandro Cingolani, ex miembro del Tribunal de Cuentas de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), aseguró que el Servicio de Resolución Adecuada de Conflictos para la Actividad de Rentas y Horizontal (SERACARH) –más conocido como SECLITO- "es un sello de goma que está pensado para darle un manto de legitimidad a tres organizaciones que están actuando en forma flagrante en contra de los intereses de la propiedad horizontal".

De esta forma Cingolani se refiría, durante el programa radial Derecho de Piso, a las tres entidades de administradores que firman los Convenios Colectivos del sector y declaraba que "no es muy difícil darse cuenta que el funcionamiento de las tres organizaciones está alineado de una manera totalmente distante del interés de los administradores y de los propietarios". Las tres entidades son CAPHyAI, la Unión Administradores de Inmuebles (UADI) y la Asociación Inmobiliaria Edificios de Renta y Horizontal (AIERH).

Por otra parte, Cingolani explicó que si bien sigue siendo socio de CAPHyAI renunció al Consejo Directivo en junio de 2010 en el "momento en que la Cámara firmó las paritarias". Ese alejamiento lo llevó a acercarse a Administradores Independientes de Propiedad Horizontal (AIPH), presidida por Adrián Hilarza. "Empecé a trabajar en AIPH […] con la convicción de que es un grupo sano donde se puede participar en forma democrática".

"El SECLITO son cinco millones de pesos por mes para un servicio que no existe", disparó Cingolani con relación al servicio de resolución de conflictos dispuesto en el artículo 29 del Convenio Colectivo de Trabajo Nº 589/10 y al que se destina cada mes el 0,5% del aporte empleador. Está integrado por la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (FATERyH), UADI, AIERH y CAPHyAI.

Según declaró, los consorcios están obligados a pagar "cinco millones de pesos por mes por un servicio que nadie sabe que es optativo, que no se sabe para qué es y que no resuelve ningún problema". Y agregó: "me gustaría saber cuántos problemas se resolvieron que no se hubieran podido solucionar de otra manera, con esos cinco millones de pesos".

De acuerdo a Cingolani "la CAPHyAI no fue pensada para defender a los administradores únicamente sino también a los propietarios y a la propiedad horizontal. El vacío que existe en este momento no es sólo de la defensa de los administradores sino también del propietario". Al respecto, aclaró que "el interés de los administradores y el de los propietarios, es el mismo".

"No sólo hay pocas entidades que defienden a los administradores sino que hay pocas que defienden realmente a los propietarios", declaró. Y agregó que "no es verdad que las organizaciones de propietarios sean legítimos representantes de los consorcistas, porque no acreditaron nunca su vínculo con un grupo de propietarios significativo".

Si bien Cingolani consideró que "actualmente [CAPHyAI] no se está poniendo en el lugar del administrador y menos del propietario", reconoció que "la Cámara brinda un buen servicio de asesoramiento, tiene trayectoria y la pertenencia nos da, a muchos, una gratificación personal".

"Para mí la Ley 3.254 es un bodrio"

[BPN-07/09/11] El pasado 19 de agosto Diana Sevitz, abogada especialista en propiedad horizontal, aseguró que "hay propietarios a los que les molesta terriblemente" la nueva Ley 941 (modificada por la Ley 3.254). Declaró además que "no es verdad que todos los consorcistas querían cambiar las cosas como tampoco es verdad que a todo el mundo le interesa la cosa común".

Durante el programa radial Derecho de Piso, Sevitz calificó a la nueva Ley 941 de "bodrio" luego de que el Dr. Jorge Resqui Pizarro enviara un mensaje al programa en el que aseguraba que la mirada de Sevitz con respecto a la ley es "sesgada", dada su condición de asesora de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI). Ante ello, Sevitz respondió que "trato de ver cómo es la realidad y lo dije en todos lados: para mí la ley es un bodrio".

De acuerdo a Sevitz, si bien por una parte "la mayoría de los administradores están preocupados por cumplir con la Ley 941, por otra, existe también resistencia de los propietarios". Aseguró además que cuando el administrador comunica las obligaciones en asamblea, los propietarios "le preguntan de dónde las sacó y cuando él contesta que de la Ley 3.254, le dicen que es mentira".

Según declaró, "los consorcistas no entienden que hay costos que no tiene por qué pagar el administrador". Sevitz es, además, asesora en la CAPHyAI y develó que allí algunos "administradores me han contado que en sus consorcios se reunieron los propietarios y les dijeron que no compren los libros, ni que cumplan con la Ley 257 [de fachadas y balcones] porque no querían que aumenten las expensas". Ante esa situación Sevitz recomendó a los administradores que renuncien a ese tipo de consorcios. 

"Hubo un clamor muy importante de la sociedad que Sergio Abrevaya [impulsor de la Ley 3.254] tomó para hacer la ley y ahora que está, cumplámosla", declaró Sevitz. Sin embargo, aseguró que "son los mismos propietarios los que no quieren que se cumpla" mientras que los administradores "están muy preocupados" y el no poder cumplir "les quita el sueño".

¿Debe el administrador notificar al propietario?

[BPN-07/09/11] El Dr. Eugenio Zaffaroni declaró, a través de un escrito enviado al presidente de la Cámara de Diputados, que ni él ni su apoderado, Ricardo Montivero, recibieron "comunicación alguna de ninguna administración ni de ningún organismo público informándonos irregularidades y, menos aún, emplazándonos a resolver algún problema de consorcio", de ninguno de los seis departamentos a su nombre donde se ejercía la prostitución.

Más allá del tema puntual del Juez de la Suprema Corte que ya fue tratado ampliamente por los medios nacionales, Pequeñas Noticias dialogó con el Dr. Juan Antonio Constantino, con Ricardo Tondo –especialista en fraudes inmobiliarios- y con el Adm. Jorge Ferrara sobre si tiene obligación el administrador de informar al propietario sobre irregularidades cometidas por sus inquilinos y, de ser así y no hacerlo, qué responsabilidades le caben.

Tanto Constantino como Tondo coincidieron al señalar que el administrador tiene la obligación de notificarle al propietario cualquier situación irregular que detecte en el departamento.

Ferrera, por su parte, declaró que si el administrador detecta una situación irregular que afecta las partes comunes del consorcio, debe convocar a una asamblea para comunicar la situación y actuar de acuerdo a sus decisiones.

De acuerdo al abogado especialista en propiedad horizontal, el propietario puede no estar enterado de qué sucede dentro del departamento alquilado. En base a ello, "el administrador, como representante legal del consorcio, debe notificar al propietario las irregularidades que se generan en la unidad funcional". Explicó además que el artículo 6 de la Ley de Propiedad Horizontal Nº 13.512 "responsabiliza al propietario por los actos que ejecuten quienes habitan la unidad y que violen el reglamento de copropiedad".

"En la hipótesis de que el administrador detecte alguna irregularidad debe intimar por carta documento al propietario para que haga cesar de inmediato el estado de situación", expresó el Dr. Constantino. En caso de que el administrador no accione "podría caberle alguna responsabilidad".

Pequeñas Noticias le preguntó al letrado marplatense si en la práctica los vecinos o el administrador se sienten intimidados para intervenir cuando se desarrollan ilícitos. "En este sentido interpretamos que no sería un buen administrador aquella persona que por temor a represalias no ejecutase fielmente su mandato", contestó Costantino.

Sin embargo, destacó que "tenemos que tener en cuenta […] la actividad liberal, individual y ‘artesanal’ que pueda desarrollar una persona en un departamento, sin trascendencia al exterior ya que en esta hipótesis su conducta podría estar amparada en el artículo 19 de la Constitución Nacional", relativo a las acciones privadas de los hombres que no ofendan el orden y la moral pública.

Según expresó Tondo durante el programa radial Derecho de Piso del pasado 26 de agosto, "todo acto irregular en una unidad funcional tiene que ser notificada fehacientemente al propietario", porque de lo contrario "el administrador puede quedar sospechado ante la opinión pública como parte de esa mafia".

Para que ello no suceda, el administrador que toma conocimiento de la existencia de un prostíbulo en el consorcio, "debe inmediatamente comunicarse con su abogado y largar una batería de cartas documento notificando no sólo al propietario, sino a los inquilinos y al consorcio", manifestó Tondo. Si el administrador no acciona frente a la situación por miedo a represalias "que renuncie, que cambie de rubro y se vaya a manejar un taxi", sentenció.

De acuerdo al Adm. Ferrera "el administrador tiene la obligación de notificar al propietario siempre y cuando exista algún suceso que comprometa lo que es común. Esto quiere decir que debe actuar si hay tumultos, reyertas o peleas o si asiduamente hay 10 personas esperando en los pasillos. Por otra parte, si es un lugar donde ingresan un par de personas y el edificio es apto profesional uno no tiene forma de constatar cuál es la actividad que se está desarrollando dentro del departamento con lo cual no encuentro una razón por la cual el administrador tenga que notificar".

Ferrera explicó que si el administrador recibe notificaciones de vecinos debe convocar a una asamblea y debe incluir ese tema en el orden del día. En ese caso el copropietario, dueño de la unidad conflictiva, se va a tener que involucrar al ser convocado a participar.

Qué, cómo y cuándo

[BPN-07/09/11] Emilio Rossi, especialista en protección contra incendio, aclaró que los edificios de propiedad horizontal construidos con anterioridad al año 1970 no tienen la obligación de contar con instalaciones fijas contra incendio. "Están excluidos", enfatizó Rossi.

Esta obligación la estableció la Disposición 415 que también reglamentó el Registro de Mantenedores, Reparadores, Fabricantes e Instaladores de Instalaciones fijas contra incendio.

El pasado 19 de agosto Rossi explicó, durante el programa radial Derecho de Piso, que si bien determinados edificios no están obligados a poseer instalaciones fijas, sí deberán adecuarse a la normativa actual en caso de realizar reformas o ampliaciones. "Hay que presentar los planos y pedir la habilitación correspondiente y en ese caso, las exigencias que empiezan a correr son las de ahora", señaló Rossi.

Las "torres de perímetro libre" y las "viviendas entre medianeras" de más de 38 metros de altura o 13 pisos en adelante, construidos entre los años 1970 y 1981, deberán contar con hidrantes en cada piso con abastecimiento de agua desde tanque con reserva para incendio.

En cambio, las condiciones varían -de acuerdo a su altura- en los edificios construidos a partir de 1981:

Los edificios mayores a 10 metros de altura y hasta 27 (edificios desde 2 pisos hasta 8) deberán poseer una instalación seca.

Los edificios de 27 a 47 metros de altura (consorcios de 9 hasta 15 pisos) deberán contar con una instalación de incendio con hidrantes en cada piso, la que deberá estar conectada desde un tanque de reserva de agua en el edificio.

Los edificios de más de 47 metros deberán poseer un tanque de agua con reserva para incendio, caja de escalera, escaleras con antecámaras y puertas corta fuego, entre otros.

Finalmente, las cocheras a partir del segundo subsuelo deberán poseer rociadores.

De acuerdo a Rossi, la modificación en el Código de Planeamiento Urbano en 1981 se produjo porque "los bomberos se dieron cuenta que con sus escaleras no llegaban a los pisos altos" y agregó que si deben cargar con las mangueras y todo su equipo "tardan unos 20 minutos en llegar a los pisos más altos y es tiempo que se pierde. Con lo cual pidieron que los edificios cuenten con instalaciones para que ellos pudieran subir rápidamente por las escaleras y utilizar para su tarea las mismas mangueras del edificio". No obstante, Rossi alertó que desde el año 1971 a la fecha "el 99% de los edificios jamás le realizó un mantenimiento a las instalaciones" y que la Disposición Nº 415 tiene como objetivo sanear esa situación.

El valor de la palabra dada

[BPN-07/09/11] El lunes 29 de agosto se publicó en el Boletín Oficial de la República Argentina la Ley Nº 26.696, que modificó el artículo 275 de la Ley 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo). La norma estableció que cuando un empleador incumpla con un acuerdo homologado, su conducta será calificada como "maliciosa y temeraria" y la deuda a abonar se hará con el máximo de interés a favor del empleado.

La ley fue sancionada el pasado 27 de julio y estableció en su artículo 1º que se incorpore como tercer párrafo del artículo 275 que "cuando por falta de cumplimiento de un acuerdo homologado en sede judicial o administrativa el trabajador se vea precisado a continuar y/o promover la acción judicial dicha conducta será calificada como ‘temeraria y maliciosa’".

En este caso, "la suma adeudada devengará a favor del trabajador, desde la fecha de la mora y hasta su efectiva cancelación, el máximo del interés contemplado en el presente artículo".

Los dos primeros párrafos del artículo 275 se mantuvieron tal y como estaban en la Ley 20.744. En el mismo se estableció que "cuando se declara maliciosa o temeraria la conducta asumida por el empleador que perdiere total o parcialmente el juicio, será condenado a pagar un interés de hasta dos veces y media el que cobren los bancos oficiales, para operaciones corrientes de descuento de documentos comerciales, el que será graduado por los jueces".

Interacción inició juicio por 11 millones

[BPN-07/09/11] La ART Interacción demandó a la Fundación Madres de Plaza de Mayo por 11 millones de pesos en concepto de aportes no abonados. Interacción era la aseguradora que cubría los eventuales accidentes laborales de los obreros que trabajaban en la construcción de las viviendas sociales que tenía a cargo Madres de Plaza de Mayo, a través del proyecto Sueños Compartidos. Interacción pertenece al Sindicato de Trabajadores de Edificios, Renta y Horizontal (SUTERH).

Víctor Santa María, secretario general del SUTERH, declaró a Radio 10 que "el consejo directivo [de la aseguradora] se juntó para ver cómo podíamos cobrar esta deuda" y agregó que "tenemos la decisión política de querer que [la Fundación de Madres de Plaza de Mayo] siga trabajando". El reclamo de Santa María comprende el 73,3% del total de las deudas de la Fundación que ascienden a 15 millones de pesos.

Si bien en un primer momento Santa María negó que la ART le haya iniciado una demanda a las Madres, el matutino Página/12 aseguró que fuentes judiciales confirmaron que el contrato había sido rescindido el 3 de agosto pasado y que 16 días después –el viernes 19- la acción entró a Tribunales.

A través de su blog personal, el secretario general del SUTERH manifestó que "hace un tiempo la firma viene trabajando junto a la Fundación y nosotros respetamos la lucha de las Madres de Plaza de Mayo". Explicó además que "debido a unos pagos pendientes, la ART envió una nota formal a la Fundación para informar sobre la situación y avanzar algunas gestiones. Se hizo de acuerdo a lo que marca la ley".

Nuevos procedimientos para el sector financiero

[BPN-07/09/11] El 19 de agosto fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina la Resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF) Nº 121 en la que se establecieron los procedimientos que el sector financiero deberá observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos u operaciones que puedan estar vinculados a la comisión de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

En lo que refiere a los depósitos en efectivo, la resolución previó la identificación de los depositantes cuando el monto alcance o exceda la suma de $40 mil o su equivalente en otras monedas.

El artículo 2º diferenció entre operadores ocasionales y habituales. Los operadores habituales serán considerados aquellos clientes "con los que se entabla una relación de permanencia (cualquiera sea el monto por el que operen) y aquellos clientes con los que si bien no se entabla una relación de permanencia, realizan operaciones por un monto anual que alcance o supere la suma de pesos sesenta mil o su equivalente en otras monedas".

Los clientes ocasionales son aquellos "con los que no se entabla una relación de permanencia y cuyas operaciones anuales no superan la suma de $70 mil o su equivalente en otras monedas". 

Con respecto a los clientes habituales, deberá definirse el perfil del cliente. "En este sentido se dispone que el perfil debe basarse en la información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria que hubiera proporcionado el mismo y en la que hubiera podido obtener el propio Sujeto Obligado". En base a esa información, los Sujetos Obligados deberán establecer un monto anual estimado de operaciones, por año calendario, para cada cliente.

Por otra parte, se estableció que antes de iniciar la relación comercial o contractual con los clientes, los Sujetos Obligados "deben identificarlos, verificar que no se encuentren incluidos en los listados de terroristas y/u organizaciones terroristas […] y solicitarles información sobre los productos a utilizar y los motivos de su elección".

La Resolución 121 dispuso que en caso de detectarse operaciones inusuales se deberá profundizar en el análisis de las mismas "con el fin de obtener información adicional que corrobore o revierta las inusualidades, dejando constancia por escrito de las conclusiones obtenidas".

El ABL subiría un 40%

[BPN-07/09/11] A fines de septiembre el macrismo enviará un proyecto de ley a la Legislatura porteña para incrementar los valores de la tasa por Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) en la ciudad de Buenos Aires. La decisión fue comunicada por el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, quien aseguró que "existe una distorsión por la falta de ajuste" de la valuación fiscal. De ser sancionada en septiembre, la suba comenzaría a regir en enero.

Grindetti aclaró que "estamos analizando la actualización de este impuesto: se va a indexar la base pero no se va aumentar la alícuota". Si bien declaró que el incremento podría desdoblarse en "dos, tres o cuatro años", admitió que la aplicación de la suba "demorará más de un año".

Legisladores opositores al macrismo reconocieron que el impuesto no está actualizado aunque reclamaron que el ajuste sea progresivo y que elimine las inequidades.

El legislador Aníbal Ibarra (Diálogo por Buenos Aires) explicó al diario Página/12 que "antes de hablar de aumentos hay que eliminar las inequidades, porque si se aplica un incremento generalizado se consolidan las desigualdades existentes", en relación con las propiedades más costosas que pagan tributo de acuerdo con valores fiscales de la propiedad muy desactualizados.

Por su parte, Martín Hourest (Frente Progresista) propuso desdoblar el actual tributo en un impuesto inmobiliario y una tasa para el servicio de alumbrado, barrido y limpieza. Sergio Abrevaya (Coalición Cívica), sostuvo que cualquier actualización al ABL "debe ser progresiva y no aplicarse de golpe". Agregó además que el piso anual de ABL debe ser de 300 pesos y deberían "eliminarse los beneficios por los que las propiedades más viejas pagan menos".

Se viene el VIR

El pedido de inconstitucionalidad estaría basado, según consigna el sitio Web IProfesional, en la causa "Spisso, Rodolfo c/GCBA". En febrero de 2011, el abogado Rodolfo Spisso planteó la inconstitucionalidad del VIR, al asegurar que este sistema "fija el valor inmobiliario de referencia de los inmuebles que constituye la base imponible del impuesto de Sellos, sin el dictado de acto administrativo e intervención previa del contribuyente".

En ese momento, los jueces del TSJ declararon formalmente admisible la acción de inconstitucionalidad y corrieron traslado de la demanda a Mauricio Macri, jefe de Gobierno porteño.

El Valor Inmobiliario de Referencia fue dispuesto mediante la Resolución Nº 67/2010 de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP). Allí se dispuso que sea considerado como uno de los determinantes para establecer la base imponible del impuesto de sellos en las transferencias de inmuebles a título oneroso sobre propiedades situadas en la ciudad de Buenos Aires. 

Siempre el frentista será el culpable

[BPN-07/09/11] El pasado jueves 11 de agosto, un legislador de la ciudad de Buenos Aires presentó un proyecto de ley para que se multe a quienes arrojen los residuos en la vía pública y no en los contenedores que se dispondrían para tal fin. En caso de que no se pudiera identificar al responsable, la multa se elevará y deberá ser abonada por todos los propietarios frentistas del lugar donde se encuentre el contenedor.

La iniciativa fue elaborada por Bruno Screnci (PRO) y establece que se incorporen al Código de Faltas multas de 2 mil unidades fijas para quienes "dispongan residuos domiciliarios fuera de los contenedores" y de 5 mil unidades fijas "cuando no se pudiere identificar al infractor, la que será prorrateada entre todos los propietarios frentistas".

"El proyecto apunta a que al momento en que sea implementado el sistema de recolección diferenciada de residuos los vecinos de la ciudad cumplan con la separación de residuos en origen establecida por el artículo 14 de la ley de residuos sólidos urbanos", explicó Screnci en sus fundamentos.

Agregó además que "el desafío actual es fomentar una nueva racionalidad social que nos permita reconstruir los vínculos que el ser humano desarrolle mediante la sociedad con el ambiente".

Por otra parte, el artículo 5º del proyecto de Screnci estipula multas de hasta 5 mil unidades fijas a quienes dispongan residuos voluminosos, restos de podas, escombros y remantes de obra en la vía pública.

Nueva herramienta contra el robo de identidad

El 13 de mayo del año 2010 se creó el Centro de Asistencia a las Víctimas de Robo de Identidad con el objetivo de facilitar orientación y asistencia a quienes, como consecuencia del robo de información de datos personales, pudieran verse perjudicados.

El haber mínimo subió un 25%

[BPN-07/09/11] El pasado viernes 26 de agosto el Consejo del Salario acordó elevar a partir de septiembre el Salario Mínimo, Vital y Móvil en un 25%, con lo cual el nuevo piso de haberes se situará en $2.300, excluidas las asignaciones familiares.

La información fue conocida a través del Dr. Carlos Tomada, ministro de Trabajo y Seguridad Social de la Nación en una conferencia de prensa junto a Cristina Fernández, presidenta de la Nación; Amado Boudou, ministro de Economía y Hugo Moyano, líder de la Confederación General del Trabajo (CGT).

Cristina Fernández aseguró que "hoy tenemos el mejor salario mínimo de Latinoamérica no sólo en monto sino también en poder adquisitivo y esto me llena de orgullo. Hemos comenzado a pensar en un país de largo plazo". Agregó además que "los dirigentes estuvieron a la altura de lo que espera la sociedad en el ejercicio de saber acordar y negociar, a la luz de lo que pasa en el mundo".

Por su parte, Carlos Tomada expresó que "este ha sido un trabajo de conjunto con una clara sensibilidad de los tiempos que corren y primó el bien común", y anticipó que en poco tiempo será tratado el incremento en las asignaciones familiares.

El Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil está integrado por 16 sindicalistas y 16 empresarios. La autoridad de aplicación –el Ministerio de Trabajo- tiene la potestad de laudar ante la ausencia de acuerdo, que sólo puede lograrse si una postura es avalada por los dos tercios de sus miembros.

La representación empresaria está conformada por la Unión Industrial Argentina (UIA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Federación Agraria Argentina (FAA), Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederación de la Mediana Empresa (CAME), Cámara Argentina de Comercio (CAC), los bancos y la Bolsa de Comercio.

También está representada por la Asociación Empresaria Argentina (AEA), la Confederación General Económica (CGE) y la más reciente Coordinadora de Entidades Empresarias Nacionales (CEEN).

Lo que agosto se llevó

[BPN-07/09/11] El suceso más importante del mes de agosto fue, para la redacción de Pequeñas Noticias, la reacción del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) luego de que el Dr. Juan Manuel Gallo, director de Defensa del Consumidor, dispusiera el uso de máscaras antihumo para los trabajadores de edificio.

La nueva disposición, surgida como consecuencia de una nota elevada a Defensa del Consumidor de la CABA por el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal (SUTERH), involucra al total de la comunidad consorcial ya que los administradores deberán adquirirlas, los consorcistas pagarlas y los encargados aprender a usarlas.

La noticia impactó de llenó y el INTI elaboró un comunicado público en el que desaconsejó el uso de las máscaras y aseguró que las mismas no cuentan con la certificación correspondiente lo cual, sumado a la falta de preparación de los encargados, representaría un peligro potencial.

Por otra parte, si bien el Dr. Gallo había asegurado que escucharía las "sugerencias" del INTI, la disposición –y la obligación- siguen en pie y, por el momento, nada indica que vaya a modificarse.

Del 1º al 31 de agosto, el sitio de Pequeñas Noticias –según estadísticas de Google Analytics- tuvo 27.318 usuarios que realizaron 31.539 visitas en las cuales se consultaron 51.036 páginas del sitio.

Este mes, un 31,07% de los usuarios visitaron el sitio usando una resolución de pantalla de 1024x768 pixeles. Un 10,93% lo hizo con 1366x768; un 10,73% utilizó una resolución de pantalla de 1280x800; un 6,36% con 800x600. En tanto, un 5,45% de los usuarios utilizaron una resolución de pantalla de 1280x1024; un 5,09% con 1360x768; un 4,58% con 1440x900; un 3,26% con 1280x720; un 3,12% con 1024x600 y un 2,21% visitó el sitio con una resolución de pantalla de 1280x768.

Al cierre de esta edición -desde el lunes 8 al miércoles 31 de agosto- Pequeñas Noticias tuvo, el martes 30, picos máximos de 28 usuarios en línea al mismo tiempo. En tanto, el jueves 18 y el miércoles 31 el sitio registró picos máximos de 26 usuarios en línea al mismo tiempo. El jueves 25 el pico máximo fue de 25 usuarios.

Correo de Opinión

Sobre el caso Zaffaroni por el Sr. Miguel Ángel Fernández

Estimado Claudio:

Me sorprendió el espacio dado y la nota que se publicó en el Boletín en el Nº 442 sobre el caso del Dr. Eugenio Zaffaroni.

Tuve la oportunidad de escuchar la clase magistral sobre "pedagogía del lapidado" que diera el doctor Zaffaroni el 11 de agosto en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, con la presencia del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, varios de sus miembros, altas personalidades de la justicia, la política, la cultura, las artes, profesores, alumnos y público en general.

Para conocimiento público sugiero se lea el texto completo de la imperdible clase en la edición del diario Página/12 del 14 de agosto.

Para empezar y comprender, sería interesante saber si el señor Gustavo Vera de la ONG "La Alameda" residió fuera del país hasta el año 2009 porque los que hacían y hacen apología de la prostitución con avisos que precisamente no invitan a retiros espirituales son los "medios serios y no tan serios" del país en el ya clásico rubro 59 (que dicho sea de paso y a pesar de la prohibición, los han trasladado a otros rubros con anuncios menos explícitos). ¿Cuál es la razón por la que la ONG que Vera preside no los ha denunciado?. 

Entiendo que una cosa es la libertad de empresa, otra la de prensa y otra cosa es incitar a la prostitución de manera encubierta.

A más de once años de estar en asociaciones en defensa de los derechos de los propietarios, veo con pesar que a muchos de ellos les interesa más no tener conflictos con el administrador, el encargado y el vecino que la moral o la moralina del consorcio.

Entrando de lleno en la nota, según el señor Vera un periodista de Perfil (diario para nada simpatizante del Gobierno), se entera cuando va a visitar a una persona en el edificio de la calle Vicente López. Ésta le cuenta que que en el lugar había un prostíbulo y el ¿pibe o periodista? pregunta si ahí vivía Zaffaroni (este chico es la encarnación de Nostradamus. De millones de edificos y departamentos en Buenos Aires se le ocurre pensar que ahí tenía un departamento Zaffaroni). El lunes lleva la noticia a Perfil  y de ahí los "medios serios" inician la lapidación del doctor Zaffaroni.

En mis escasos conocimientos jurídicos tengo entendido que la prostitución no está prohibida (es una contrevención); sí el proxenetismo y la trata de personas y, entre cuatro paredes, cada uno es dueño de sus actos en tanto no altere la convivencia, la moral y las buenas costumbres, 

Como muchos en este país hace rato que no como vidrio. Cabe pensar que lo que se hiciera o no en los departamentos alquilados del doctor Zaffaroni no era lo importante, sí su figura internacionalmente reconocida y pegarle a él, figura emblemática de la Corte Suprema de Justicia. Los demás miembros eran pan comido en el supuesto de que la señora presidenta Cristina Fernández perdiera las elecciones. Nombraban nueva Corte Suprema y se solucionaba lo de los muchachos irregularmente adoptados, Papel Prensa, etc.

Toda la oposición salió con los tapones de punta contra Zaffaroni a días de las elecciones para pegarle, por elevación, al Gobierno (un poco más y levantan una horca en Plaza de Mayo.) Trascendió que se lo citaría a exponer su proceder hasta en las casillas telefónicas. El Dr. Zaffaroni contestó que no tenía el más mínimo inconveniente en hacerlo. Al día de hoy nadie lo ha citado pero el Dr.  Zaffaroni ha hecho llegar la documentación pertinente al Congreso de la Nación. 

Si presidiera la ONG La Alameda me estaría preocupando porque de 613 casos de prostíbulos denunciados se han hecho 42 allanamientos. Un mal pensado diría que muchos de los señalados han sido generosos con los inspectores y que "aquí no pasa nada".

Cabría preguntarle al señor Vera si de los 613 prostíbulos denunciados la única persona encontrada de la que "su prestigio no da impunidad" y de interés público para él, los "medios serios" y Perfil, es el Dr. Zaffaroni. 

No soy quien ni pretendo hacer la defensa Zaffaroni. Sí me da mucha pena que muchos argentinos no escatimen esfuerzos en enlodar a una personalidad jurídica internacional de la que deberíamos enorgullecernos, como es el Dr. Zaffaroni.

Código de actividad
Buenas tardes, necesito me informen con qué código de actividad me tengo que anotar en la AFIP para poder ejercer como administrador de consorcio.

Soy de la ciudad de La Plata.

Desde ya muchas gracias

Carla

(17/08/2011)

Hola Carla:

El código de actividad indicado para un administrador de consorcios es el 702000, el cual según el Nomenclador de Actividades vigente para la AFIP corresponde a "Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una retribución o por contrata (incluye compra, venta, alquiler, remate, tasación, administración de bienes, etc. realizados a cambio de una retribución o por contrata, y la actividad de administradores, martilleros, rematadores, comisionistas, etc.".

Diferente es la inscripción de los consorcios, para quienes el código de actividad correcto es el 919900, que corresponde a "Servicios de asociaciones n.c.p." donde n.c.p. significa no clasificados precedentemente.

Espero haberte ayudado.

Viviana Grinberg

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La Contadora Publica Viviana Grinberg es especialista en Propiedad Horizontal y se desempeña en la práctica privada realizando  auditorías de expensas, seguimientos anuales y controles de gestión. Para cualquier consulta se le puede escribir un e-mail a vgrinberg@arnet.com.ar o llamarla a los teléfonos 4553-6094 ó 4552-9692.

El quórum para celebrar la extraordinaria

¿Qué tal Claudio?

Necesito que me oriente acerca de lo siguiente:

Se citó a asamblea ordinaria para confirmación o remoción del administrador. En dicha reunión se trasladó la decisión a los 40 días siguientes para resolver en asamblea extraordinaria, dejando designado al administrador actual hasta dicha fecha.

La duda surge de cuál será el destino de dicha confirmación o remoción si no se logra el quórum para celebrar la extraordinaria.

En las extraordinarias que no llegan al 50% + 1 de asistencia, ¿pueden sesionar igualmente?

Desde ya, le agradezco infinitamente la respuesta a la brevedad posible.

Silvia
(01/09/2011)

Hola Silvia:

No se puede contestar esta pregunta sin conocer qué dice el reglamento de copropiedad y administración del edificio, acerca del mandato del administrador y del funcionamiento de las asambleas. 

Las asambleas sesionan según el quórum que determina cada reglamento de copropiedad, que en este caso concreto, no lo conozco. 

Como respuesta genérica, cuando una asamblea no puede sesionar o resolver, siendo un tema de importancia como es la designación de administrador, queda como posibilidad supletoria pedir la convocatoria judicial que prescribe el Art. 10 de la Ley 13.512 en su segunda parte, acreditando el agotamiento de la vía extrajudicial. 

Le saluda atte.

Alberto Anibal Gabás

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El Dr. Alberto Anibal Gabás, abogado especialista en Propiedad Horizontal y autor de numerosos libros sobre el tema es Conjuez de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Ha obtenido en el 2004 y 2005 el segundo y primer premio sobre los ensayos "Derecho sobre Construcción en el Régimen de Dominio Horizontal" y "Condominio y Propiedad Horizontal. Suma y Producto de la Voluntad Colectiva" respectivamente. Para cualquier consulta se le puede escribir un e-mail a albertogabas22@hotmail.com.

Vino la policía y se lo llevó

De mi consideración:

Molesto vuestra atención para pedirles si por favor me pueden asesorar en lo siguiente.

Tenemos un encargado permanente trabajando 8 horas,con vivienda.

Se produjo un episodio lamentable: tiene una orden de captura, vino la policía de provincia y se lo llevó, dejándo el departamento abierto. El administrador se encargó de cerrarlo llevándose las llaves.

¿Corresponde abonar los días de ausencia por este motivo?

Si la ausencia es prolongada, ¿se debe mantener el puesto de trabajo?. ¿Cómo se procede con el departamento?

En caso de despido, ¿hay que liquidarle indemnización?

Desde ya, muchas gracias por la preferente atención que dispensan a mi pedido.

A la espera de prontas noticias,me place saludarles muy atentamente.

PD: Me tomé la atribución de molestar porque Uds. gentilmente me hacen llegar el Boletín que es de gran utilidad para mí.

María del Carmen

(04/09/2011)

"Ius variandi"

Estimada María, como no soy abogada tuve que recurrir a la web para aprender que el ius variandi es la facultad del empleador de modificar las condiciones de trabajo del trabajador, en cuanto al modo, lugar, tiempo o cantidad de trabajo, la cual debe ser ejercida con un criterio razonable y sin arbitrariedad.

No estoy en condiciones de decirte si en tu caso este recurso se está utilizando de forma abusiva o no, y tampoco surge de tu consulta si este cuestionamiento lo hizo el trabajador o no.

De todas formas, te recuerdo que existe el SECLO (Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria) donde se puede hacer un acuerdo y establecer las características de la relación laboral para ambas partes.

Un saludo grande.

Antigüedad

Estimado Pablo, la diferencia entre ambos valores se debe a que en la Disposición 106/2009 (BO 27/07/2009) se estipuló que para los trabajadores que no cumplen con 8 horas diarias el valor que se le debe abonar es el "1% del sueldo básico de los ayudantes permanentes sin vivienda de cuarta categoría" siempre que la fecha de ingreso a su trabajo sea posterior a la fecha de homologación de esta norma, que fue el 16 de julio de 2009.

Para los otros trabajadores de 8 horas diarias en lugar de ser el 1% es el 2%. De allí es de donde surgen ambos valores.

Un saludo grande.

Remuneraciones mínimas para la obra social

Estimado Eduardo, entiendo perfectamente tu consulta pero el problema de esta ley es que no está reglamentada y por ese motivo se presta a distintas interpretaciones.

Como digo en casos como este, yo no soy abogada y no puedo ayudarte a resolverlo. Entiendo que deberías asesorarte con un profesional para no quedar con dudas y, sobre todo, para no perjudicar a nadie.

Te invito a compartir con nosotros lo que te diga el profesional que consultes porque es un tema bastante recurrente.

Un saludo grande.

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