Los inspectores salieron a la calle

[BPN-07/03/12] Más del 80% de las consorcios estarían en infracción. Este dato surgió del resultado que informaron 60 inspectores de la DGDyPC que durante la última semana de febrero salieron a controlar en los consorcios porteños el Libro de Ingreso y Egreso de Proveedores y la constancia de inscripción de administrador ante el RPA que debe figurar exhibido en el edificio. Defensa del consumidor realizó 110 inspecciones de las cuales 89 estaban en infracción. Los barrios relevados fueron Villa Crespo, Belgrano, Caballito y Once entre otros.

El RPA anunció que la falta del Libro de Proveedores cae dentro de la Ley 941 y su multa ronda entre dos y cinco "sueldos básico de la menor categoría de los encargados de casas de renta y propiedad horizontal sin vivienda" por consorcio. De esta forma las 89 infracciones representarían un ingreso de entre 660 mil pesos (2 x 89 x $3.712) y 1 millón 600 mil pesos (5 x 89 x $3.712) a las arcas públicas.

También aclaró que estas son infracciones contra la Ley 941 porque el inciso d) de su artículo 9º establece que el administrador debe "llevar en debida forma los libros del consorcio conforme las normas vigentes" mientras que el Decreto Reglamentario 551 amplía esta obligación a "todo aquel libro que disponga la autoridad de aplicación".

Por otra parte, la DGDyPC también revisó las Declaraciones Juradas de los administradores del año 2009 y detectó anomalías en las contrataciones que efectuaron los administradores con empresas de desinfección y limpieza de tanques de agua.

Del 28 de febrero al 2 de marzo fueron efectuadas 50 actas y los infractores van a disponer de 10 días hábiles para realizar sus descargos. A su vez la documentación fue girada a otras direcciones y organismos públicos y a las entidades de administradores para alertar sobre esta situación.

La DGDyPC informó que está previsto realizar 200 inspecciones por semana. Si los inspectores fueran al consorcio y no lograran ser atendidos, los administradores contarán con 10 días hábiles para presentar la documentación correspondiente.

Se aclaró también que las irregularidades detectadas en los consorcios estuvieron en su mayoría relacionadas con el Libro de Ingreso y Egreso de Proveedores y la no exhibición en el edificio de la constancia de inscripción emitida por el RPA al administrador para cada uno de sus consorcios.

¿Qué controlan?

La inspección se realiza en el consorcio y se verifica:

1.- La existencia del Libro de Ingreso y Egreso de Proveedores

2.- Que esté exhibida la constancia emitida al administrador, por el RPA, para cada uno de sus consorcios.

3.- Que el libro posea la oblea con el holograma previstos en el artículo 4º de la Disposición 5.003/2011

4.- Que en el libro conste la autorización del RPA tal cual indica el artículo 3º de la Disposición 5.003/2011

5.- Que en el libro hayan sido registrados los movimientos de los proveedores que ingresaron a trabajar al consorcio.

En las DDJJ’s de los administradores del periodo 2009 (último periodo presentado) se detectaron diversas irregularidades. En la mayoría de los casos, se encontraron empresas no registradas en el Registro de Empresas de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o una empresa registrada pero bajo la misma razón social con varios números de CUIT diferentes sin registrar. Las empresas que realizan tareas de desinfección y limpieza de tanques en edificios deben estar inscriptas en la Dirección General de Control de Calidad Ambiental y –según el artículo 11º de la Ley 941- los administradores de consorcios deben asegurarse que las empresas con las que trabajen figuren en el listado disponible en el sitio Web del Gobierno porteño.

A partir del 15 se atiende sí o sí

La coordinadora del RPA, Gabriela Pilar Saldivia, informó que los tiempos procesales que habían quedado suspendidos se reanudarán a partir del 15 de marzo y todos aquellos que habían recibido intimaciones durante el 2011 disponen de 10 días, a partir de esa fecha, para realizar el descargo.

Sin embargo, Saldivia comunicó que desde el 1º de marzo hay personal disponible para atender consultas y resolver dudas de consorcistas en la sede de la DGDyPC ubicada en la calle Moreno y en el CGPC 6 continúan realizándose inscripciones de nuevos administradores, autorizaciones de los libros de proveedores y la entrega de obleas para los mismos.

Durante el 2011 la DGDyPC publicó tres disposiciones sobre la feria administrativa y dos durante el 2012. Los dos primeros períodos de feria abarcaron 60 días mientras que el tercero se extendió por 90. El cuarto período fue de 44 días y el quinto finalizará el jueves 15 de marzo. En total, los días de feria fueron 246 días, es decir, más de ocho meses.

Ya son tres los excluidos que deben ser incluidos

[BPN-07/03/12] Mediante una medida cautelar la Justicia obligó a la DGDyPC a incluir a un tercer administrador que había quedado fuera del registro público de la Ciudad por no haberse reempadronado. Según el Dr. Jorge Martín Irigoyen el juez sostuvo como "inconstitucional la suspensión de 12 meses que tienen los administradores por no haberse rematriculado el año pasado" tal como lo establece la disposición 3.205. El Dr. Irigoyen, asesor letrado de la CAPHyAI, radicó el amparo en el Tribunal 6 Secretaría 11 del juzgado contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires durante los primeros días de febrero.

La causa fue iniciada por el administrador Vicente Ferraro (Expediente 43.541) contra el Gobierno de la Ciudad y recibió una respuesta positiva el 23 de febrero por el juez subrogante Hugo Ricardo Zuleta. En el texto de la demanda Ferraro explicó que él había iniciado el trámite de reempadronamiento por medio de una empresa, pero tuvo que suspenderlo por graves problemas de salud.

El Dr. Irigoyen, subrayó que los principales argumentos del juez para fallar a favor del administrador fueron: que la suspensión por un año a los administradores que no se hayan rematriculado en el plazo que establece la disposición 3.205 "viola la libertad de trabajo establecida por la Constitución Nacional [...] y que no existe ningún peligro por parte de alguien que simplemente no cumplió con un trámite burocrático como para suspenderlo durante un año". 

En su oportunidad el director de DGDyPC adujo que "que con el fin de evitar fraude a la administración pública dando posibilidad a que los administradores incumplidores se inscriban nuevamente de manera inmediata y así eviten las obligaciones emergentes de su continua actividad debe establecerse un corte entre la baja y la inscripción". Sin embargo el Dr. Martín Irigoyen explicó a este medio que el juez entendió que "no hubiera existido ningún fraude contra la administración pública por haberse reempadronado". 

Según explicó el Dr. Irigoyen en el programa radial Derecho de Piso, las consecuencias que traen la suspensión por un año a un administrador son graves ya que no lo afectan solo en forma individual sino también a todo su personal en relación de dependencia: "le están cortando las fuentes de trabajo no sólo a los administradores si no a todas las personas que trabajan en esa empresa."

Por otra parte, el abogado comparó la sanción que un administrador recibe por malos manejos en los consorcios con otro que no se reempadronó: "frente a la denuncia del consorcio, el registro primero le manda una notificación para que se defienda y en el peor de los casos capaz que lo sanciona [suspende] por un mes. Mientras que en este caso a un administrador que simplemente no cumplió con un trámite burocrático le impiden volver a trabajar por un año".

De cara al futuro, el Dr. Irigoyen opinó que "en sus considerandos, el fallo prácticamente echa por tierra los argumentos del Dr. Juan Manuel Gallo, director general de la DGDyPC por lo cual creemos que es algo muy importante porque realmente fue al hueso de la cuestión. Si siguen saliendo amparos yo creo va a favorecer a una retractación por parte de defensa del consumidor. De hecho, ya hay tres porque evidentemente se han extralimitado en sus funciones en cuanto a la suspensión anual."

En septiembre de 2010, la DGDyPC, ordenó el reempadronamiento obligatorio de los administradores de consorcios inscriptos en el Registro (Disposición Nº 3.205). En octubre del mismo año, mediante la disposición Nº 3.761 añadió que aquellos administradores que no hubiesen concluido el reempadronamiento serían dados de baja y estableció que recién podrían solicitar una nueva inscripción en el Registro, luego de transcurridos 12 meses desde la publicación del acto. Desde entonces se han presentado varios recursos de amparo contra la medida. El caso de Ferraro es el tercero con resultado positivo.

Para escuchar el audio completo de Derecho de Piso, que se trasmite los viernes a las 19 hs. por AM 1010 Onda Latina, ingrese a: <vínculo>

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DGDyPC: Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor

Informe de situación

[BPN-07/03/12] De los tres amparos presentados en octubre del año pasado contra seis disposiciones de Defensa del Consumidor de la CABA, dos esperan sentencia y uno fue rechazado. Sin embargo las tres causas continúan su curso esperando una sentencia definitiva sobre los temas de fondo. Así lo informó AIPH mediante una circular a sus socios el 9 de febrero pasado.

Lo último que la Jueza que entiende en la causa de Gabriela Alejandra Tejada dispuso es que la DGDyPC remita todo el material relacionado con las seis disposiciones cuestionadas que haya justificado el dictamen de la misma. "Remita a este Tribunal la totalidad de los expedientes administrativos directamente relacionados con las presentes actuaciones", ordenó la magistrada.

Según informó AIPH, los expedientes solicitados no arribaron aún al Juzgado y declararon que si se produjera una demora considerable la demandante pedirá que "se reitere el oficio bajo apercibimiento de sanciones para el funcionario que demore la remisión". Tejada inició el trámite, bajo el número de expediente Nº 42912/0, en el Juzgado Nº 8, Secretaría 17.

En la causa iniciada por Alejandro Deleón, el 29 de diciembre de 2011, el Juez le requirió que aclarara si había realizado anteriormente "algún reclamo en sede administrativa a fin de impugnar las resoluciones cuestionadas". El 3 de febrero de 2012, el demandante presentó un escrito explicitando que no habían sido hechos reclamos administrativos y ahora espera una respuesta. Su reclamo se tramita en el Juzgado Nº 12, Secretaría Nº 28 bajo el Nº de expediente 42914/0.

El recurso de amparo rechazado fue el de Adrián Hilarza que –si bien es presidente de AIPH- lo presentó en carácter de consorcista. El 20 de diciembre pasado la Jueza entendió que –en su opinión- la impugnación de las seis disposiciones de la DGDyPC no es lo suficientemente urgente como para justificar una medida cautelar. O sea que no advirtió un perjuicio concreto que podrían sufrir los potenciales damnificados que no se pudiera reparar luego de una sentencia definitiva.

Hilarza aclaró a esta redacción que no apelará el fallo sobre el recurso de amparo porque en ese caso se elevaría a la cámara y se demoraría la causa. Por lo tanto, va a renunciar a ese derecho en pos de agilizar la cuestión de fondo. Este tercer amparo había sido presentado en el Juzgado Nº 4, Secretaría Nº 7 bajo el número de expediente (42913/0)

Los tres recursos de amparo fueron presentados el 27 de octubre de 2011, bajo el patrocinio legal del Dr. Ezequiel Nino y apoyados por la AIPH. El presidente de esta entidad de administradores presentó su demanda como consorcista.

Los demandantes se manifestaron en contra de las medidas tomadas por el Dr. Juan Manuel Gallo, director de la DGDyPC, sobre las disposiciones número 5.363/10 (Certificado de Edificio Seguro), 2.246/11 (máscaras contra incendios), 3.882/10 (Libro de Limpieza y Desinfección de Tanques de Agua Potable), 2.614/08 (obligación de cambiar matafuegos), 6.013/09 (seguro de caución por daño ambiental) y 415/11 (Registro de mantenedores, reparadores, fabricantes e instaladores de instalaciones fijas contra incendios).

Consideran que dichas medidas contienen "vicios administrativos manifiestos, resultan arbitrarios e irrazonables, ilegales e inconstitucionales" y que el Dr. Gallo "ha adoptado decisiones contra los intereses de los propios actores que el funcionario debe representar y defender"

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AIPH: Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal AIPH 

Expensas para el infarto

Es de suponer que podrían ser alcanzados por esta ley aquellos consorcios cuyas unidades funcionales estén dedicadas a oficinas y/o cuentan en sus pisos inferiores con galerías comerciales. Para aclarar este punto el poder Ejecutivo local deberá establecer en primer término la autoridad de aplicación (artículo 6º) quién, a su vez, deberá definir qué considera "concurrencia masiva o de alto riesgo (artículo 4º)".

En caso de que el "lugar público o privado" sea alcanzado por esta nueva obligación deberá contar, "en todo momento de actividad o permanencia de personas, con personal capacitado técnicamente para el uso de DEA, y promover el entrenamiento y capacitación de sus agentes en técnicas de Resucitación CardioPulmonar (RCP) básica, de conformidad con la Ley 3.665 (artículo 3º)".

En su segundo artículo la ley dispone que las obligaciones establecidas van a estar a cargo del propietario, locatario o administrador del lugar, según el caso. Ante el incumplimiento de la ley, las sanciones varían desde "apercibimiento, suspensión del establecimiento de concurrencia masiva y hasta su clausura (artículo 5º)".

Es de destacar que en el proyecto original, se exoneró de responsabilidad a toda persona que "haya actuado [en una emergencia] con la debida diligencia de acuerdo a las especificaciones contenidas en la presente ley" pero ese artículo no fue contemplado en el texto aprobado por la legislatura.

La autoridad de aplicación establecerá un cronograma para la progresiva implementación de los desfibriladores en los ámbitos alcanzados.

El proyecto de ley fue presentado en mayo de 2011 por Avelino Tamargo, legislador del PRO (mandato vencido) y pasó por las comisiones de Acción Social y Salud Pública y Presupuesto y Hacienda. El 1 de diciembre fue sancionada como la Ley 4.077 y publicada en el Boletín Oficial del 7 de febrero del corriente.

Una oportunidad a la vida

Médico clínico y cardiólogo universitario, el Dr. Tchaghayan (MN 60.675) explicó a Pequeñas Noticias que un cardiodesfibrilador se utiliza sólo en caso de muerte súbita. Ésta puede darse debido a dos motivos: cuando los impulsos eléctricos en el corazón enfermo se aceleran (taquicardia ventricular) o se producen en forma caótica (fibrilación ventricular). Este ritmo cardíaco irregular (arritmia) provoca que el corazón deje de latir repentinamente. En una gran proporción de los casos puede llegar a revertirse mediante maniobras de resucitación adecuadas que, para que sean efectivas, deben realizarse de inmediato.

El procedimiento para la utilización del DEA consiste en primer lugar en colocar los parches incluidos en el aparato en el pecho de la persona afectada y conectarlos. El DEA va examinando su ritmo cardíaco e indicando en forma verbal los pasos a seguir. Por ejemplo: "haga masaje cardiaco", "haga reanimación manual", etc. "Si mientras el cardiodesfibrilador va testeando el corazón del paciente determina que hay una arritmia o una taquicardia ventricular va a decir "sepárese" y entonces lanza una descarga eléctrica a través de los parches que están en el pecho. Generalmente, si es una taquicardia ventricular, el paciente mejora y el corazón vuelve a su ritmo habitual, cede la taquicardia, cede la fibrilación y ahí ya salvaste una vida", explica Tchaghayan, miembro de la Sociedad de Medicina Interna, la Asociación Médica Argentina y la Sociedad Argentina de Cardiología.

Lo que no se debe dejar de hacer, a pesar del uso del DEA, es llamar inmediatamente a emergencias porque aunque la persona haya revivido necesitará seguimiento médico.

En cuanto a la responsabilidad que tiene la persona que utiliza el DEA sobre el paciente, Tchaghayan aclaró que no puede ser demandada por mala praxis porque no es un médico. Además, agregó que frente a la inacción, en estos casos, cualquier acción es buena. La ambulancia puede tardar varios minutos, un lapso que podría terminar en una muerte, y en ese caso la utilización inmediata del cardiodesfibrilador para revitalizar a la persona afectada, puede salvarle la vida.

La reanimación cardiopulmonar es una técnica que puede aprenderse en 3 horas. "En un curso básico te explican cómo hacer la respiración boca a boca, el masaje cardíaco y cómo se tiene que colocar a la víctima para hacerle esa reanimación. Y dentro de ese curso se explica el manejo del DEA.", afirma Tchaghayan.

Sin embargo, en el caso de que la persona que deba realizar la reanimación no haya recibido capacitación, esto no impide que pueda utilizar el Desfibrilador Externo Automático. El aparato mismo indica mediante un audio las instrucciones de cómo llevar a cabo el procedimiento.

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la muerte que se produce dentro de las 24 horas del comienzo de la enfermedad. Es una enfermedad que puede afectar a personas de cualquier edad, sexo y estado físico, sin necesidad de que tengan alguna condición cardíaca previa. El funcionamiento del corazón se interrumpe de manera brusca, inmediata y sin aviso previo. Cuando esto ocurre, el corazón ya no es capaz de bombear sangre al cerebro y al resto del organismo.

Las videocámaras a un registro

[BPN-07/03/12] Los consorcios de propietarios que posean cámaras de vigilancia que capten imágenes exclusivamente del espacio público deberán inscribirlas en un registro que creará el Gobierno de la CABA. Dichas cámaras podrán formar parte de la red de cámaras de videovigilancia cuando éste así lo requiera. La autoridad de aplicación deberá publicar en el sitio del Gobierno porteño los puntos en los que se instalen videocámaras.

El tiempo para inscribir las cámara de videovigilancia será de un año a partir de la creación del registro. Quienes no lo hicieren serán penados con una multa que va de 250 a 2.500 unidades fijas. En el caso de locales o establecimientos pueden ser también inhabilitados o clausurados.

Así quedó establecido por la Ley 3.998, sancionada por la Legislatura porteña el 10 de noviembre pasado y publicada en el Boletín Oficial el 9 de enero. Esta ley modificó otra –la Ley 2.602- que el 6 de diciembre de 2007 reguló la utilización de filmaciones en lugares públicos por parte del Estado local.

Es de destacar que sigue vigente para los consorcios de propietarios que poseen videocámaras en los espacios de acceso público la obligación de guardar las imágenes que registren por el término de 30 días. Éstas podrán ser requeridas por la autoridad judicial ante la comisión de un ilícito que pueda ser esclarecido por las mismas.

Es de recordar que el Poder Ejecutivo porteño puede instalar videocámaras en espacios públicos salvo cuando se afecte de forma directa y grave la intimidad de las personas y tiene prohibido tomar imágenes del interior de propiedades privadas salvo con autorización judicial expresa. Otro punto importante es que en ningún caso las cámaras instaladas pueden captar sonidos y si accidentalmente se hubieran obtenido imágenes violatorias a esta regulación, quién tenga la responsabilidad de su custodia deberá destruirlas inmediatamente (artículo 4º).

El Dr. Albisu consideró improbable la teoría de Hernández

[BPN-07/03/12] "Es poco probable que el SUTERH utilice el nuevo Libro de Ingreso y Egreso de Proveedores para recaudar la Caja de Protección de la Familia y el seguro de Protección de la Maternidad, Vida, etc. ya que el Convenio Colectivo establece que solo a aquellos trabajadores en relación de dependencia con el consorcio se les deben pagar las cargas sociales y eso no se aplicaría para los que hagan trabajos esporádicos." Así lo expresó el Dr. Enrique Miguel Albisu, abogado y asesor experto en temas laborales de la CAPHyAI.

Por otra parte, acerca de la doble carga sindical que son obligados a pagar los consorcios por parte del SUTERH en caso de contratar empresas de vigilancia o maestranza, Albisu explicó que existen en contra del sindicato fallos aislados pero ninguno de cámara, y que en veinte años de profesión ningún consorcio intentó recuperar por vía ordinaria los montos exigidos por el SUTERH.

Es de recordar que el artículo Nº 1 del Estatuto de los Encargados de Casas de Renta (Ley Nº 12.981 de 1947) establece que "los empleados y obreros ocupados por cualquier persona o empresa en edificios destinados a producir renta, cualquiera fuere el carácter jurídico del empleador, quedan comprendidos en las disposiciones de la presente ley. También declárase comprendido al personal que desempeñe iguales tareas en las fincas sometidas a un régimen de propiedad conforme a las disposiciones de la Ley 13.512".

Sobre este punto en particular el Dr. Albisu, estimó que cuando el Estatuto del Encargado dice "cualquiera fuere el carácter jurídico del empleador" se entiende siempre que hay una relación de dependencia de por medio.

"Si no hay relación de dependencia no se aplica el estatuto. El plomero que entra, sale y no vuelve nunca más, no tendría que ser considerado un empleado en relación de dependencia. Por lo menos yo no he visto que se extendieran [el SUTERH] a eso. Tiene que haber una relación de dependencia porque entran miles de trabajadores a un consorcio y no por ese motivo van a ser incluidos dentro del estatuto". Igualmente, Albisu no descartó la posibilidad de que se intente hacerlo, pero no lo consideró probable.

Albisu explicó que a las empresas de maestranza o vigilancia les corresponde pagar los aportes y contribuciones a sus empleados. Sin embargo el SUTERH considera que "los empleados y obreros ocupados por cualquier persona o empresa en edificios" deben aportar Caja de protección y Art. 27 "porque de acuerdo a los criterios del SUTERH todo trabajador que presente servicios en un consorcio tiene que estar dentro de la estructura del SUTERH. Por ello, cuando realizan inspecciones y comprueban que el consorcio no pagó las cargas sociales que corresponden extienden un certificado de deuda y con eso inician un juicio de carácter ejecutivo".

Sin embargo, sostuvo que "cuando se contesta a una demanda de esta naturaleza hay que argumentar los motivos por lo cuales no corresponde pagar, ya que en el juicio ejecutivo, sea por rapidez o por el propio criterio del mismo, el juez suele fallar a favor del SUTERH obligando al consorcio a pagar por no considerar que el juicio ejecutivo es la instancia para discutir las cuestiones de fondo. Pero el consorcio tiene derecho a iniciar posteriormente una demanda de carácter ordinaria para recuperar el monto abonado."

El asesor laboral de la CAPHyAI opinó que en su mayoría, los consorcios no optan por continuar con el juicio: "yo hace mas de 5 o 6 años que propongo iniciar un juicio ordinario para recuperar los importes abonados pero los consorcios nunca lo siguen y esto impide tener un pronóstico certero de que ocurriría"

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CAPHyAI: Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias

SERACARH: Servicio de Facilitación Optativa para Trabajadores y Empleadores de Renta y Horizontal

Menos subsidios, más expensas

[BPN-07/03/12] En febrero comenzaron a llegar las facturas de los servicios de agua, luz y gas sin los subsidios a varios barrios de la Capital Federal y conurbano. Según distintos medios, esto tendrá un fuerte impacto en las expensas y su aumento se estima en porcentajes que varían entre el 15% y el 50%.

Según publicó el diario La Nación en su edición del 23 de febrero de 2012, por el recorte de subsidios las expensas llegarán con subas del 25%. El aumento será mayor en edificios que tengan calefacción central, pileta y menor en aquellos que no gocen de esas comodidades. En estos últimos se calcula un aumento del 15%. Para realizar el cálculo, el medio estimó un incremento en los servicios del 400%.

Por otro lado, el Diario Z, perteneciente al SUTERH, en su publicación del 23 de febrero (Suplemento 13) habló de un aumento del 50% en las expensas, previendo una suba del 300% y 500% en los servicios. Aclaró que eso podría variar según la zona y la cantidad de propietarios pero que los más afectados podrían ser los edificios más chicos que paguen sólo servicios centrales.

El diario Clarín en su edición del 29 de enero publicó que las expensas de los departamentos aumentarían entre un 7% y un 15% debido a la quita de subsidios de los servicios. Da como ejemplo el caso de una familia que si hoy paga $700 de expensas por un departamento de tres ambientes en Palermo en marzo podría llegar a abonar hasta $805. Consideró además que a este aumento se sumarán, a lo largo del año, los incrementos que resulten de las subas salariales que obtengan los trabajadores de los consorcios.

El Ministro de Planificación de la Nación, Julio De Vido, consideró -en la edición del 23 de enero del diario Tiempo Argentino- positiva la quita de subsidios ya que, según aclaró, el objetivo de esta medida consiste en "llevar los subsidios desde los lugares donde no son necesarios hacia las personas que todavía no pudieron acceder a los servicios básicos".

[BPN-07/03/12] Durante el mes de marzo el SUTERH entregará útiles escolares gratuitos a los hijos de sus afiliados. La diirección de entrega es en Riobamba 25 de esta ciudad y está sujeta a un cronograma que depende de la inicial del apellido del afiliado.

De la letra A a la C ya retiraron los útiles el 28 y 29 de febrero y el 1 y 2 de marzo. De la letra D a la letra H retiran desde el 5 al 9 de marzo. De la letra J a la Ñ retiraran desde el 12 al 16 de marzo. De la letra O a la T desde el 19 al 23 de marzo. De la letra U a la Z desde el 26 al 29 de marzo. A partir del 30 de marzo deben concurrir exclusivamente quienes estén sólo afiliados al SUTERH.

Desde 1985, el SUTERH realiza durante el inicio de cada nuevo ciclo lectivo el Plan Escolar Solidario que busca aliviar los gastos que implican a los padres la vuelta a clases de sus hijos en la compra de libros, útiles y vestimenta escolar.

Los alumnos primarios recibirán guardapolvos, mochilas, zapatos y útiles escolares. Los secundarios: un juego de útiles, cuatro libros de texto de la editorial Tinta Fresca y una mochila. Desde 2010 la entrega de útiles -para hijos de los trabajadores de edificios que inicien su primer año en la escuela secundaria (entre 12 y 14 años)- incluye una computadora personal.

Los padres de los alumnos primarios deberán presentar: el último recibo de sueldo, el carnet gremial, carnet de OSPERYH, documento de identidad del niño y certificado escolar del año en curso.

En el caso de los alumnos secundarios se debe llevar: último recibo de sueldo, fotocopia del carnet de afiliado al sindicato y a OSPERYH en donde surja el respectivo aporte al día, el certificado escolar del año en curso emitido por la escuela y la fotocopia del DNI del niño beneficiado

Agua que no has de beber

El Arq. Carlos Silva, asesor de la Diputada Spalla, cuentó que en su primera lectura "tuvo una aprobación en la sesión de casi todo el arco político" incluyendo partidos como el PRO, Proyecto Sur y el Radicalismo, con excepción de una parte del Frente Para la Victoria. Hubo también una audiencia pública a la que asistieron gran cantidad de ciudadanos que lo apoyaron.

El proyecto apunta exclusivamente a edificios nuevos, de más de cuatro plantas con cochera. No serán incluidos los edificios viejos aunque habrá beneficios para aquellos que voluntariamente adecuen sus instalaciones para cumplir por lo menos con la mitad de los requisitos que pide la ciudad para los nuevos. "Va a haber créditos blandos del Banco Ciudad, para acompañar esos cambios, pero es absolutamente voluntario" explicó el Arq. Silva.

Entre los beneficios del sistema que enumera el proyecto, pueden destacarse el ahorro de agua potable de la que se utilizan actualmente 300 litros diarios para limpieza de veredas y que el nuevo sistema permitiría amortiguar el impacto inicial de las grandes lluvias, ya que antes de descargar el agua de lluvia en la vía pública, se completarán las cargas de cada uno de los tanques de las reservas de los edificios. "Esto podría ayudar a disminuir las inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires", agregó Silva. Además, el Sistema posee una conexión directa de la red de agua potable que permite "el abastecimiento en casos de períodos prolongados sin lluvias."

Como explica en el texto del proyecto, "el Sistema consiste en la recolección de aguas de lluvia; desde un plano que exceda un mínimo de 2.60m respecto al nivel 0.00m del acceso del inmueble; su almacenado en tanques de reserva exclusivos; contando con filtro mecánico de ingreso, ventilaciones, sifón de carga para mantener el nivel adecuado expulsando los excedentes, bombas de presurización y conexión a la red domiciliaría para provisión en épocas de lluvias escasas."

Para ello, se exigen ciertas características técnicas mínimas como la conexión de los conductos pluviales del edificio a los tanques exclusivos de Aguas Recuperadas, contando con un sistema de ingreso antireflujo. La capacidad mínima de reserva por edificio deberá ser de de ocho mil (8.000) litros para edificios de hasta dos mil (2.000) m2 cubiertos; almacenada en tanques de reserva exclusivos. Deberá colocarse un filtro de impurezas anterior al ingreso de las aguas a los tanques y se deberá instalar dos bombas de presurización.

Según el Arq. Silva, el Sistema contempla la utilización de materiales que habitualmente se utilizan en una propiedad horizontal por lo que el tanque de reserva, puede ser de cualquier material: "El costo es ínfimo. Estamos evaluando un costo del 0,3% de lo que puede tener un edificio de 1.000 mts cuadrados. Es un costo que no incide en absoluto. El único mantenimiento que tiene el sistema, es la limpieza anual que haya que hacerle."

De acuerdo al Arq. Silva, y como se detalla en el texto del proyecto, Greenpeace Argentina, por intermedio de su Director de Campañas, ha expresado su reconocimiento al proyecto de Ley de Aguas Recuperadas, considerando al mismo, como una "contribución positiva hacia una política de uso racional del agua, que pretende aprovechar el recurso brindado por la lluvia y evitar el derroche del agua potable, un bien escaso. Por otra parte, al mismo tiempo tiene la virtud de ayudar a mitigar el impacto que vienen generando las grandes lluvias en la Ciudad de Buenos Aires."

FACARA: Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina

El consorcio quiere reducirle las horas de trabajo

En el edificio donde vivo hay una encargada sin vivienda que está hace 2 años y cumple un horario de 8 hs por día.

El consorcio está queriendo reducirle las horas de trabajo -y por lo tanto el sueldo- debido a problemas económicos.

Mi pregunta es: ¿se puede hacer eso?

Muchas gracias

Daniel

(5/3/2012)

Estimado Daniel:

Para poder contestar su consulta en forma completa debiera informarme si el edificio consta de más de 25 unidades y en su caso si tiene una unidad destinada a portería.

No obstante le voy a responder entendiendo que el caso que Ud. plantea es el de una "encargada permanente " cuyas funciones están definidas en el art. 7 inc) a) del CCT 589/10 y es la que tiene la responsabilidad directa ante del empleador del cuidado y atención del edificio, desempeñando sus tareas en forma permanente, habitual y exclusiva...

Es así entonces que de acuerdo a lo expresado precedentemente resulta ilegal reducir sus horas de trabajo ya que de hacerlo la encargada puede llegar a considerarse despedida con los costos y costas que ello conlleva.

El consorcio debe entonces evaluar si es conveniente involucrarse en un juicio despidiendo a la actual empleada abonándole las indemnizaciones correspondientes y en su caso contratar una encargada no permanente definida en el art. 7 Inc. f) del citado CCT que dice textualmente:

f) Encargado/a no permanente: Es quien realiza tareas propias del/la encargado/a en edificios en los que tengan a su cargo hasta veinticinco (25) unidades sin servicios centrales o con servicios centrales de calefacción y/o agua caliente. Este/a trabajador/a tendrá la obligación de cumplir un horario de permanencia en el mismo de hasta cuatro horas diarias. Los horarios vigentes en esta categoría a la fecha de sanción de este Convenio serán mantenidos sin modificación.

Como Ud. comprenderá será cuestión de evaluar cual de las dos situaciones le resulta más conveniente al consorcio: un despido sin causa y pagar las indemnizaciones que le corresponden a la actual trabajadora y tomar un encargado no permanente o bien seguir en la situación actual, es decir, respetando todos los derechos que le competen al personal a cargo. 

De lo expresado anteriormente cabe aclarar que si la encargada por sí misma consintiera en reducir su horario de trabajo hay que realizar un convenio y el mismo debe ser homologado por el Ministerio de Trabajo.

Caso contrario el consorcio puede encontrarse con futuros reclamos por parte de la dependiente.

Cordialmente,

María Cristina Carrera

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La Dra. María Cristina Carrera es abogada especialista en derecho laboral y para cualquier consulta se le puede escribir a dramccarrera@yahoo.com.ar o llamarla al teléfono (15)5466-9921.

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