Según la entidad, esta versión introducirá dos cambios importantes. El primero impondría un formato personalizado para cada unidad funcional, obligatorio, rígido y estricto tanto para las liquidaciones de gastos y prorrateo como para los recibos de pagos de expensas. La diferencia con el formato vigente que impuso Expensas Claras II es que no podría ser genérico. O sea que no se podrá enviar una misma planilla de gastos y prorrateo para todos los propietarios, debe contener los datos específicos de cada unidad funcional.

Sobre la digitalización compulsiva de la documentación respaldatoria que había impuesto la 2ª versión de Expensas Claras esta 3ª versión introduce algunos cambios. El primero es que "los copropietarios, individualmente o por medio de asamblea, podrán requerirle al Administrador de Consorcio el envío de los comprobantes respaldatorios de pago" con lo cual de ser obligatorio se convierte en voluntario quedando en manos de los propietarios o de una asamblea la última palabra sobre ese tema. El administrador dispondrá de 30 días para cumplir lo exigido.

Por otra parte trascendió que la nueva norma reiteraría que "los administradores de consorcios quedan exceptuados del envío de los comprobantes respaldatorios de pago en formato digital cuando los copropietarios individualmente soliciten su envío en soporte papel. La entrega se realizará en las unidades funcionales de quienes la soliciten a costa del copropietario".

De esta forma Expensas Claras III habría flexibilizado la digitalización de comprobantes con respecto a la versión vigente mientras que sobre el formato de liquidación sería más riguroso.

En el curso de una entrevista telefónica con Pequeñas Noticias, el secretario de AIPH, Adm. Adrián Hilarza, comentó a este medio que dos funcionarios que dijeron trabajar para Eduardo Macchiavelli, secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, se acercaron a su oficina para pedirle opinión sobre esta 3ª versión de Expensas Claras y aclararon que ésta ya había sido conversada con otras entidades y administradores. Uno de los agentes del gobierno se identificó como la Dra. Paula Scauzillo y le adelantaron que la implementación de este nuevo proyecto comenzará –sin excepciones- el 1º de marzo próximo.

[BPN-13/01/14] El Adm. Adrián Hilarza, secretario de AIPH (Administradores Independientes de Propiedad Horizontal) adelantó a Pequeñas Noticias que la tercera versión de Expensas Claras "no favorece en absoluto ni al control, ni al ciudadano, ni al administrador y solo favorece a las empresas que liquidan expensas, las empresas que venden este tipo de servicios". Sobre este tema, reflexionó que en este momento ya puede haber empresas que tienen previsto el nuevo formato y que intentarán quedarse con ese mercado de servicios al ser la única solución posible. Basó su análisis en lo que ya pasó con la Resolución 408 (1ª versión de Expensas Claras) y con la Disposición 2450 (2ª versión). "En ese momento se publicaron todos los ofrecimientos y bondades de distintas empresas que se adecuaban a esas normativas", explicó.

Por otra parte descartó que la 3º versión de Expensas Claras ayude a los propietarios a entender mejor sus expensas: "no va a ayudar absolutamente en nada, al contrario, va a generar aumento en las expensas", y agregó "porque las liquidaciones y el prorrateo al tener que ser emitidas en forma personalizada, o sea al no poder ser genéricas, obligará al administrador a tener que hacer para un mismo edificio cada expensa una por una. Entonces si no tiene un sistema enlatado que prevea esa opción o una empresa que le brinde ese servicio le va a llevar muchísimo tiempo liquidarlas", y puso a modo de ejemplo: "en un edificio de cincuenta unidades tiene que hacer cincuenta encabezados diferentes porque deberá ser uno por cada vecino".

A modo de resumen el secretario de AIPH consideró que esta medida sólo favorece a las grandes empresas: "todas estas medidas que se vienen dando en los últimos años favorece a las grandes administraciones y a las empresas vinculadas a los servicios que prestan", y aclaró: "en los últimos cuatro años sistemáticamente se viene dando del mismo modo. Por cada cosa que se modifica se crea una obligación que automáticamente beneficia a una empresa que se dedica a vender ese producto o a brindar ese tipo de servicios".

[BPN-13/01/14] El pasado 18 de diciembre, el Adm. Marcelo Ruiz, presidente de AIPH (Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal), presentó un recurso administrativo contra la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC) porteña para que declare la "nulidad absoluta" de los artículos que impusieron la bancarización de los movimientos económicos de los consorcios y obligaron a los administradores a digitalizar los comprobantes respaldatorios de las liquidaciones mensuales dispuesto por los artículos 4º y 5º de la Disposición 2.450 [2ª versión de Expensas Claras]. Fuentes de AIPH adelantaron a Pequeñas Noticias que de no prosperar esta instancia iniciarán acciones judiciales.

Sobre la segunda versión de Expensas Claras, Marcelo Ruiz expresó que "pese a algún cambio en las exigencias técnicas que ha de seguirse en materia de la tecnología para que los administradores difundan los detalles de ingresos y gastos producidos durante los sucesivos períodos, [en la segunda versión de Expensas Claras] se mantienen el requisito de bancarización y de escaneo de las facturas emitidas", y agregó "de esta forma, se intenta sobrepasar la resolución de la justicia a partir de un ardid inconcebible para la administración pública, pero, además, se mantienen determinadas irregularidades denunciadas reiteradamente por diversos actores institucionales, las cuales deberían ser corregidas por esta nueva gestión. En lo que sigue, se formula un resumen de varios de los planteos realizados contra esta medida en particular".

En su argumentación el presidente de AIPH recordó que "la magistrada Andrea Danas dictó una medida cautelar que está vigente por la cual se suspende, entre otras medidas, el escaneo de las expensas. En consecuencia, la administración debió haberse abstenido de efectuar acciones que contraríen esa disposición del Poder Judicial. Dictar una resolución por parte de una agencia estatal diferente (en este caso, un organismo inferior que no tiene potestades para imponer este tipo de obligaciones a los administradores de consorcio) vulnera expresamente el mandato de la magistrada a cargo y, por ende, se produce una conducta que se encuentra tipificada en el Art. 239 del Código Procesal que dispone que será reprimido con prisión de quince días a un año, el que resistiere o desobedeciere un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal".

Ruiz basó su argumentación sobre tres ejes que había invocado la jueza Danas para sustentar su fallo:

Que la disposición impugnada "controvierte ciertos principios fijados en la Ley 941 porque en el caso de la liquidación de expensas junto con la digitalización de todos los comprobantes respaldatorios y su correspondiente envío por correo electrónico, impone un modo específico de acción que no está prescripta en el artículo 10 de la Ley 941. En efecto, de la lectura de esa norma, se advierte que el legislador ha dejado librado a la decisión de cada consorcio la forma en que se rendirá la liquidación de expensas. A la misma solución corresponde arribar en relación con la bancarización de los depósitos del consorcio puesto que, el artículo 9, inciso h, de la Ley 941, dispone que el administrador debe abrir una cuenta bancaria a nombre del consorcio para depositar allí sus fondos; sin embargo, esta obligación cae si la asamblea decide lo contrario".

Que "en principio es posible afirmar que no se podría -mediante una norma interpretativa- sumar nuevas y distintas obligaciones a las impuestas en el régimen aplicable. De lo contrario, la Administración local, y en concreto la Autoridad de Aplicación de la Ley 941, estaría excediendo sus facultades legales, como pareciera haber ocurrido en el caso".

Y, por último que "en cuenta al interés público de la presente medida precautoria no resulta un grave perjuicio, ya que sólo consiste en mantener las obligaciones hasta ahora vigentes impuestas por el régimen normativo aplicable que regula las relaciones jurídicas entre administradores y consorcistas, quienes deberían efectuar costosas inversiones a fin de adecuarse a lo preceptuado por el acto administrativo impugnado" [BPN Nº 482 del 12/12/12: "¡¡¡ Se cayó la 408 !!!"].

Ruiz explicó que la obligación de digitalizar los comprobantes de pago del consorcio "soslaya la actual situación de los administradores de consorcio con menor estructura y favorece la concentración en las empresas con mayores recursos humanos y materiales. Se trata de una tarea sumamente engorrosa que requiere una mano de obra intensiva a la cual sólo pueden acceder quienes tienen una estructura considerable o pueden modificarla para adaptarse a este nuevo requisito".

Además, manifestó que durante la "gestión Gallo" al frente de la DGDyPC "se han adoptado numerosas medidas que han complejizado, sin ningún sentido útil, la tarea de quien presta esta función en la Ciudad de Buenos Aires. Esto ha provocado, tal como es de conocimiento de la DGDyPC, el cierre de muchas de las oficinas pequeñas de administradores de consorcio, dejando sin este empleo a muchas personas y concentrando, en consecuencia, la tarea en oficinas más amplias".

Por otra parte, advirtió que la Ley 941 "establece la forma específica mediante la cual deben actuar los administradores en relación a los comprobantes. No hay, de ese modo, forma de haber una interpretación distinta que, además, imponga una carga tan elevada a determinados profesionales", y se refirió a su artículo 11º: "los administradores deben exigir original de los comprobantes correspondientes y guardar en archivo copia de los mismos por el plazo mínimo de dos años, salvo que la asamblea disponga uno mayor".

Se oficializó el nombramiento de Aoun

[BPN-13/01/14] El pasado 3 de enero Rodríguez Larreta, jefe de Gabinete de Ministros de la CABA, formalizó la designación del excomisario Edgardo Aoun como director general de Defensa y Protección del Consumidor (DyPC) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mediante el Decreto 528 que fue firmado el 27 de diciembre y publicado en el Boletín Oficial el 3 de enero de este año se oficializó el nombramiento.

El decreto -que fue firmado también por Mauricio Macri, jefe de Gobierno porteño- consta de sólo cinco artículos. En los dos primeros se aceptó la renuncia del Dr. Juan Manuel Gallo, predecesor de Aoun, y se le agradeció los "importantes servicios prestados durante el tiempo de su gestión". Gallo había dimitido de su cargo el 30 se septiembre del 2013 sucediéndolo Edgardo Aoun en forma interina.

El tercero dice textualmente: "Desígnase a partir del 1° de octubre de 2013, al señor Edgardo Aoun, D.N.I. Nº 08.511.241, CUIL. Nº 20-08511241-5, como Director General, de la Dirección General Defensa y Protección al Consumidor, dependiente de la Subsecretaría de Atención Ciudadana, de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, de la Jefatura de Gobierno, partida 6524.0000.M.06".

El cuarto subraya que "el presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de Ministros" y el quinto es de forma.

Asunción de Aoun

El nuevo director, quien cuenta con el respaldo de su predecesor, ocupó el cargo en forma interina durante 94 días (más de tres meses). Sin embargo, desde el pasado 7 de octubre el Dr. Andrés Mariano Bousquet fue habilitado para firmar las órdenes necesarias y así mantener en funcionamiento la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor porteña hasta tanto se publicase en el Boletín Oficial el nombramiento de Aoun al frente de este organismo. Bousquet es director general de Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.

En una entrevista concedida a Pequeñas Noticias apenas asumió su nuevo cargo, el excomisario había declarado que la impronta de su gestión sería el diálogo y que las puertas de su despacho estarían abiertas para todos y había asegurado que no permitiría exclusividades en el dictado del curso del SERACARH.

Además, había dejado en claro que seguiría la misma política de Gallo, que trataría de plasmar sus ideas a través de los representantes de cada una de las cámaras e intentaría que se entienda el espíritu mismo de las leyes y de las disposiciones vigentes y el porqué se ordenaron [BPN Nº 507 del 28/10/13: "Edgardo Aoun: el hombre a cargo"].

La renuncia de Gallo

En un pormenorizado escrito que llamó "Adiós, y que les garúe finito…" denunció estar cansado de recibir maltratos, insultos e injurias por parte de los visitantes de su sitio que lo llamaban a su domicilio, inclusive los fines de semana, a cualquier hora, para realizarle preguntas "realmente estúpidas, egoístas, maliciosas y desvergonzadas " sobre temas consorciales.

Explicó que, por otra parte, en su carácter de administrador, ha venido soportando un sinnúmero de maltratos que "no se condicen con mi persona ni con lo que he venido haciendo por mejorar su calidad de vida". Es por esa razón que decidió dejar de prestar ayuda al prójimo porque el precio –que explicó que sólo en apariencia es gratuito- le es "muy caro".

En sus propias palabras relató que "algunos infelices (porque eso es lo que son: "in-felices"); me cuentan compulsivamente historias que no me interesan, anécdotas de diván que no hacen al sentido de la llamada. Otros, me hablan pestes de los administradores sin el menor fundamento alguno o basados en falacias o incongruencias. Y cuando yo les digo que se cuiden de insultar sin fundamentos porque como administrador me está injuriando gratuitamente, me responden "¡ah, Ud. entonces también es uno de esos". Y agregó: "’también’ y ‘uno de esos’ es todo un paquete indivisible e imposible de separar; porque por sobre todas las cosas opera el prejuicio y la cosificación ("eso" en lugar de "ello"). Y donde preexiste un prejuicio; el sólo acto de llamar es para que le den a uno la razón y no para solucionar algún problema. Porque el problema es uno, son ellos mismos, y no el tercero sobre el cual creen adolecer".

Feliz 2014

[BPN-13/01/14] El 17 de diciembre pasado, la redacción de Pequeñas Noticias, envió a cada uno de sus lectores una tarjeta de salutación deseándole unas muy Felices Fiestas. Ese mismo saludo lo publicó en su grupo Facebook y lo "twitteo" en su cuenta oficial [@pekenasnoticias].

La respuesta fue abrumadora: administradores, propietarios, encargados, proveedores e inmobiliarios se hicieron eco de nuestros deseos. Hoy, a 10 días del inicio del año, debatimos en la redacción si publicar o no por lo menos las respuestas que recibimos por correo electrónico. El argumento decisivo por el sí resumió el sentir de cada uno de nosotros: cada respuesta expresaba una porción de afecto y reconocimiento que no podemos menos que agradecer a pesar de que ya pasó una semana larga del fin de año.

Las que aquí volcamos son sólo una parte de las que recibimos. Sólo las de aquellos que nos respondieron por correo electrónico nuestra tarjeta de augurios. Por una razón de espacio no entraron las decenas de publicaciones de nuestros seguidores en Facebook, la gran cantidad de llamadas telefónicas a la redacción y a nuestros celulares, ni las tantas y tan afectuosas que nos hicieron llegar por otros medios.

Aquí todos estamos muy conmovidos por tantas muestras de afecto y reconocimiento. Para ellos y para toda la comunidad consorcial le reafirmamos nuestra voluntad de seguir informándolos quincena a quincena de todo el quehacer de la comunidad consorcial y nuestro deseo de que tengan un muy feliz 2014.

Ramal propone 100 generadores por comuna

[BPN-13/01/14] El legislador porteño Marcelo Ramal (FIT) presentó un proyecto de ley según el cual el Gobierno porteño deberá poner a disposición de los barrios afectados por los cortes de luz no menos de 1.500 generadores para atender sus necesidades más urgentes, financiarlo con un impuesto del 3% sobre los juegos de azar y declarar la emergencia energética en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el 31 de marzo de 2014.

El objetivo del proyecto es asegurar el suministro de energía eléctrica a la población de la Ciudad y con esa intención crear un Comité de Emergencia energética formado por un representante de cada bloque de la Legislatura porteña, representantes de los Consejos Consultivos de las Comunas y de los barrios afectados, de los trabajadores y técnicos de las distribuidoras de energía y académicos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires.

El artículo 7° del proyecto establece que sea el Comité de Emergencia quien "colocará a disposición de los barrios afectados un mínimo de 1500 generadores, a razón de 100 por Comuna, para atender las necesidades más urgentes de consorcios, complejos habitacionales y predios afectados por los cortes de energía. En siguiente artículo, propone crear un "impuesto de emergencia equivalente al 3% de todos los ingresos del Casino flotante y máquinas tragamonedas ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos o en territorios o aguas federales circundantes a la misma" cuyos fondos serán percibidos por la Lotería Nacional y el Instituto de Apuestas de la Ciudad, para luego ser transferidos al tesoro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Dentro de las funciones del Comité de Emergencia también se encuentran realizar un mapa de las zonas afectadas por los cortes de luz, de las subestaciones, cámaras y tendidos que se encuentren colapsados, disponer la compra de materiales y equipos, contratar trabajadores y técnicos necesarios para la emergencia y ordenar la ejecución de las tareas de reparación.

También deberá elaborar un padrón de técnicos y operarios electricistas para luego poder contratar y armar un mínimo de 60 cuadrillas de emergencia para atender las tareas de reparación de cámaras, subestaciones, cableados y todo otro desperfecto ligado al colapso eléctrico, según las solicitudes que emanen de los distintos barrios. Ramal aclaró en su proyecto que los operarios y técnicos convocados serán contratados bajo las condiciones salariales y laborales establecidas en el convenio colectivo del sindicato de Luz y Fuerza.

El legislador del FIT cursó una copia del proyecto a todos los presidentes de bloque, proponiendo una sesión extraordinaria para los últimos días de diciembre.

El juego de azar

A la hora de fundamentar el impuesto para solventar los gastos de la ley propuesta sostuvo: "Para financiar estas medidas, impulsamos un impuesto extraordinario al juego privado radicado en la Ciudad, y que viene siendo beneficiado con escandalosas exenciones. La crisis nacional -expresada en este caso por el colapso energético- debe ser pagada por sus responsables, y no por el pueblo que trabaja".
También dentro de los fundamentos de su proyecto de ley, Ramal expresó que "el gobierno nacional 'amenaza' a las mismas distribuidoras a las cuales -supuestamente- controlan sus Entes Reguladores e incluso sus veedores (Edesur se encuentra intervenida por el gobierno desde julio de 2012). A su turno, el Gobierno de la Ciudad anunció un régimen de instalación de generadores que pagarían en cualquier caso los propios vecinos. Pero incluso retrocedió de esa propuesta, que ha quedado limitada a los edificios nuevos", y agregó: "la indolencia de los dos oficialismos frente al padecimiento de decenas de miles de vecinos sólo puede obedecer a una razón: es la preparación 'política' del tarifazo, que querrán justificar como única salida frente a la falta de energía".

Se terminó de caer el seguro por daño ambiental

[BPN-13/01/14] En estos últimos días se supo que en octubre, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario confirmó el fallo de primera instancia que declaró inválida la obligación de los administradores de contratar un seguro de caución por daño ambiental establecida por el inciso a) del artículo 1º de la Disposición 6.013/09 de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC) porteña.

Según surge de la sentencia de Cámara, los magistrados ratificaron que esta norma "fue dictada con exceso en la competencia del emisor" ya que "la implementación en el ámbito local de la ley 25.675 [que impone entre otras cuestiones el seguro de caución por daño ambiental] y la supervisión de su cumplimiento es atribución de la Agencia de Protección Ambiental [de la CABA]", no de la DGDyPC.

Por otro lado, manifestaron que el artículo 9º Inc. c) de la ley 941 indica que es obligación de todos los administradores "asegurar el edificio contra incendio y accidentes, al personal dependiente del consorcio y terceros", pero "según lo admitió la propia recurrente, el deber de contar con el seguro [de caución] contemplado en la ley 25.675 sólo pesa sobre quienes administren consorcios cuya actividad pueda generar impacto ambiental" por lo tanto "la regla genérica del artículo 9º de la ley 941 no puede referirse al caso específico del artículo 22º de la ley 25.675".

Los magistrados de la Cámara de Apelaciones firmantes del fallo fueron la Dra. Gabriela Seijas y el Dr. Hugo Zuleta. El tercer juez que compone la Cámara, Dr. Horacio Corti, no firmó el fallo porque estaba de licencia.

El pedido de impugnación de esta norma y otras seis había sido realizado el 8 de junio de 2012 por el administrador y abogado Lisandro Cingolani, actual tesorero de AIPH, ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario a cargo de la Dra. Lidia Lago [BPN Nº 466 del 04/07/12: "Amparo contra siete disposiciones de Defensa del Consumidor"].

Los jueces se refirieron primero al artículo 22º de la Ley 25.675 que impone la contratación de un seguro de caución por daño ambiental: "toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de acciones de reparación".

Luego, explicaron que la Ley 2.628 que creó la Agencia de Protección Ambiental en esta ciudad en su artículo 2º considera que su objeto es "proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de Buenos Aires". Mientras que en su artículo 3º, en su inciso 3, establece que el organismo tiene la facultad de "velar por el cumplimiento de las normas en materia de regulación y control del ambiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Posteriormente, sostuvieron que la DGDyPC es la autoridad de aplicación de la Ley 941 que creó el Registro Público de Administradores: "el artículo 4º del Decreto 551/10 –reglamentario de la ley citada– [...] la facultó ‘para dictar las normas instrumentales e interpretativas necesarias para la mejor aplicación del citado régimen legal y la presente reglamentación’".

Teniendo en cuenta estos aspectos, sentenciaron que la implementación en el ámbito local de la ley de Política Nacional Ambiental es atribución de la Agencia de Protección Ambiental local, por lo cual "resulta claro" que la DGDyPC "no tiene potestades reglamentarias o de control relativas a la ley 25.675".

La Dra. Lidia Lago había declarado en primera instancia inválida la obligación de los administradores de contratar un seguro de caución por daño ambiental, aunque había considerado como "razonables" y "adecuadas" otras cinco disposiciones impugnadas por Cingolani: la "Máscara contra Incendio" (2.246/11), el "Certificado de Edificio Seguro" (5.363/10 después modificada por la 411/11), el "Libro de Control Sanitario y Agua Potable" (3.882/10), el "Registro de Mantenedores, Reparadores, Fabricantes, e Instaladores de Instalaciones Fijas contra Incendio" (415/11) y el "Libro de Asiento de Control de Instalaciones Fijas contra Incendio" (2.257/11).

Es de tener en cuenta que no se había expedido sobre la Ley 2.614/08 ("Vida útil de los matafuegos") [BPN Nº 497 del 26/06/13: "Se cayó el seguro de caución por daño ambiental"].

Martín Irigoyen recomendó a los administradores informar

[BPN-13/01/14] El Dr. Jorge Martín Irigoyen, asesor legal de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), recomendó a los administradores de countries, clubes de chacra, barrios cerrados y privados que "traten de cumplir con la información que pide la AFIP" según la Disposición 3.369 aunque aclaró que "si algún administrador llega a ser sancionado hay muy buenos elementos de defensa como para que esa sanción pueda llegar a ser dejada sin efecto".

Martín Irigoyen respondió así al anuncio que realizó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) advirtiendo que sancionará a aquellos administradores de countries, clubes de chacra, barrios cerrados y privados que no brinden la información mensual que el organismo exige sobre el monto de las expensas que abonan propietarios e inquilinos. La repartición había especificado que las multas podrán llegar hasta los 45 mil pesos, la instrucción de un sumario para el administrador y la suspensión de su CUIT "en caso de que reitere esa conducta" [BPN Nº

Estas declaraciones las realizó el Dr. Martín Irigoyen el pasado 17 de diciembre en el programa de radio "Hablando con Propiedad" de la CAPHyAI que conduce Norberto Malatesta y se emite todos los martes de 20 a 21 horas por Radio Cultura (FM 97.9).

Martín Irigoyen: Así es Norberto. Esto ya viene desde hace muchos años atrás. Recordemos que con la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal conseguimos un recurso de amparo por esta Corte Suprema que declaró inconstitucional dicha normativa de la AFIP. El año pasado insistió con una nueva resolución. Principalmente ahí cambió un poco el foco de la cuestión porque no ponía a los administradores de consorcios como los sujetos que iban a ser sancionados, sino a los consorcios en general. Esto en cuanto a la propiedad horizontal.

Esta información que está surgiendo en los diarios sería principalmente contra los clubes de campo, barrios privados, etc.

NM: Lo gracioso es que en este caso dice que los administradores que se nieguen a informar pueden ser sancionados con multas de hasta 45 mil pesos con sumarios o la suspensión del CUIT. Es decir que va de lleno contra los administradores.

MI: La verdad que sí, va de lleno contra los administradores. Insistimos en que si es por el amparo presentado por la Cámara, el aplicar este tipo de sanción por parte de la AFIP sería inconstitucional. Ahora bien, obviamente que me imagino la incertidumbre que deben tener los administradores porque en definitiva si no cumplen pueden tener un problemita, tener que salir a defenderse, contratar abogados, etc., con lo cual yo lo que les recomendaría es que, obviamente, traten de cumplir con la información que pide el organismo.

MI: Coincido con vos Norberto. De hecho nosotros con el fallo que logramos, el primer fallo, por esta Corte Suprema, que lo logramos, justamente lo que sostuvo la Corte es que el administrador no puede ser agente de información de la AFIP de un patrimonio que no administra. Los administradores no administran el patrimonio particular de cada uno de los propietarios que componen ese consorcio, sino que uno que se dedica a administrar es el patrimonio común, que son el tema del pago de las expensas, que sirven para pagar al personal que vive en ese countries. Entonces mal pueden informar sobre la propiedad privada de cada uno de los propietarios que componen el consorcio que es un ente jurídico completamente distinto a cada uno de los particulares que viven en los countries.

¡¡Urgente!!! Riesgo de robo o estafa

[BPN-13/01/14] La Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) alertó a sus asociados -bajo el título "¡¡Urgente!! Riesgo de robo o estafa"- que personas ajenas a la institución se comunicaron telefónicamente con varios socios pidiendo dinero en nombre del secretario de la entidad Adm. Arturo Molina, para un viaje que supuestamente debían realizar el tesorero (Adm. José E. Pusterla) y el gerente (Ricardo Portalewsky) de la entidad. Alertó que se trata de una estafa, lamentó la situación e hizo público el número desde el cual se efectuaron las llamadas para evitar nuevos engaños. Se trata de un teléfono celular cuyo número sería el (15)5572-6416.

Así lo hizo saber mediante un comunicado que publicó en su sitio Web, aunque éste no aclaró ni de qué viaje se trataba ni cuál debía ser su destino.

El Laboratorio de Ensayo de Materiales sigue en el purgatorio

[BPN-13/01/14] El pasado 6 de diciembre, por novena vez se prorrogó el feriado administrativo del Laboratorio de Ensayo de Materiales (LEM) debido a obras de refacción en el edificio donde atendía en la Av. Patricias Argentinas 277. Esta repartición fue cerrada por el Gobierno porteño el 8 de agosto de 2011 y seguirá sin funcionar por lo menos durante 90 días más hasta el 8 de marzo de este año. Al cumplirse ese período cumplirá dos años y siete meses sin operar.

Luego de tanto tiempo cerrada surge la duda si el Ejecutivo porteño está interesado en mantener en funcionamiento a esta repartición que es responsable –entre otras cosas- de controlar el cumplimiento de las especificaciones de los materiales, elementos y equipos adquiridos por el Gobierno local así como asegurar la calidad de las obras que éste realice, contrate o recepcione.

La prórroga fue dispuesta mediante la Disposición Nº 210 (BO: 26/12/13) que firmó el Dr. Andrés Mariano Bousquet, director general de Técnica, Administrativa y Legal de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Este funcionario es el mismo que había sido autorizado el pasado 7 de octubre a rubricar las órdenes necesarias para mantener en funcionamiento la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor porteña hasta tanto se publique en el Boletín Oficial el nombramiento de Edgardo Aoun al frente de este organismo.

La comunidad consorcial conoció al LEM por dos razones: la primera porque en su sede comenzó a funcionar el Registro Público de Administradores de Consorcios de la CABA y la segunda porque fue el organismo del Estado que hubiera debido homologar -hasta que se derogó esa obligación- las máscaras antihumo que los consorcios tuvieron que adquirir para sus encargados mientras estuvo vigente.

El 8 de agosto de 2011 se cerró esta dependencia de la Ciudad a través de la Disposición Nº 2.458 (BO: 08/08/11) por un período inicial de 90 días aduciendo que "el LEM se encuentra en el predio ubicado en la Av. Patricias Argentinas Nº 277, en cuyo edificio se están realizando una serie de refacciones y acondicionamientos".

La primera prórroga fue por 120 días a partir del 9 de noviembre de ese año, mediante la Disposición Nº 123 del 16 de enero del año pasado (BO: 20/01/12).

La segunda fue a partir del 9 de marzo del año pasado y por 90 días más, según dispuso Gallo en la Disposición Nº 413 del 13 de marzo de 2012 (BO: 15/03/12).

La tercera fue a partir del 9 de junio y también por 90 días, de acuerdo a la Disposición Nº 1.651 del día miércoles 1 de agosto (BO: 07/08/12).

Posteriormente, es de suponer que no se publicaron en el Boletín Oficial las disposiciones que prorrogaron por cuarta y quinta vez -90 días cada una- el feriado administrativo que llegó así al 8 de marzo de este año, siendo la segunda de ellas la Disposición Nº 2.575.

Luego se publicó en el BO del 13 de marzo de 2013 la Disposición Nº 559 que continuó el feriado administrativo por 90 días más hasta el 8 de junio, siendo ésta la sexta prórroga.

Si bien la séptima prórroga tampoco se publicó en el BO, en la última disposición publicada se nombra a la Disposición Nº 1.382 como su precedente, la cual había prorrogado el feriado administrativo por 90 días corridos, es decir desde el 9 de junio hasta el 8 de septiembre.

A continuación, el Dr. Gallo prorrogó por octava vez el feriado administrativo del LEM mediante la Disposición Nº 2.751 con fecha 9 de septiembre.

Santa María inauguró su primer hotel en Mar del Plata

[BPN-13/01/14] El pasado 14 de diciembre, Víctor Santa María, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), y el intendente del Municipio de General Pueyrredón, Gustavo Pulti, inauguraron un nuevo hotel del gremio en la ciudad balnearia de Mar del Plata.

Según informó el sindicato, durante la ceremonia, Santa María señaló que esta "magnífica" obra es una demostración más del espíritu emprendedor de los trabajadores de edificios y destacó que se cumplió con el objetivo de incorporar el nuevo hotel a la oferta turística del SUTERH de esta temporada.

Es de tener en cuenta que el emprendimiento turístico del SUTERH en Mar del Plata todavía no finalizó. Hasta el momento se concretó sólo una primera parte que consistió en la construcción de un hotel de siete pisos que cuenta con 48 habitaciones (la mitad dobles y la otra mitad cuádruples), hall de recepción, estacionamiento, solárium, pileta, terraza y sala para el desayuno en la calle Alberti 2.146 de esa ciudad.

La segunda etapa del emprendimiento -que Santa María adelantó que ya está en marcha- consiste en la construcción de un edificio similar sobre la calle Buenos Aires –a la vuelta del primer hotel- que poseerá un total de 36 habitaciones, bar, vestuarios, salón de spa y un salón privado para conferencias.

El Capitán Zero sube y baja en ascensor

[BPN-13/01/14] En diciembre, la Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina (FACARA) y la Cámara de Ascensores de Mar del Plata concluyeron el segundo ciclo de la campaña de capacitación de 1200 alumnos de cinco escuelas primarias de Mar del Plata sobre el uso correcto de los medios de transporte vertical.

La campaña cuenta con un personaje que le da el nombre, Capitán Zero, quien recorre las escuelas brindándoles a los chicos recomendaciones sobre el uso correcto de los ascensores. Durante la capacitación, los alumnos fueron provistos de material didáctico y, además, participaron de un concurso sobre seguridad en ascensores. En esta oportunidad se presentaron cientos de trabajos de los cuales se destacaron diez. Cada uno de los ganadores fue premiado con un mp4.

Se instruyeron chicos de entre 6 y 11 años de cinco establecimientos educativos privados: el Instituto Stella Maris, el Instituto San Antonio María Gianelli, el Colegio de las Naciones Unidas, el Instituto Santa Cecilia y el Colegio San Francisco. Sobre este tema, el presidente de FACARA consideró que la autorización para brindar esta campaña gratuita en los colegios públicos es "lenta y burocrática".

El acto de cierre se desarrolló en el Centro de Constructores y Anexos de Mar del Plata y contó con la presencia de Gustavo Pulti, intendente de la Municipalidad de General Pueyrredón, Andrés Pozzo, presidente de FACARA, Fernando Suárez, titular de la Cámara marplatense, miembros del Comité Permanente de Seguridad de FACARA, representantes de las cámaras de Mendoza, Santa Fe, Córdoba, Rosario y Ciudad de Buenos Aires y autoridades distritales del área educativa.

Durante la ceremonia, Pozzo le agradeció a la cámara de Mar del Plata "por ser pionera y llevar adelante esta iniciativa de modo permanente, ya que la activación de la campaña de Capitán Zero en esta ciudad es un éxito", y agregó: "es un modelo que esperamos implementar en el resto del país en un futuro cercano".

Por otra parte, Fernando Suárez explicó que "el mal uso de los medios de elevación genera accidentes comunes entre los más pequeños que, muchas veces, al jugar en el ascensor, quedan expuestos a accidentes que se podrían evitar. De ahí la idea de esta campaña, de destacar las medidas de seguridad entre los más pequeños, quienes son muy buenos portavoces porque, por lo general, llevan estos consejos a los miembros de sus familias".

Rincón Solidario

Quiere un acuerdo y no un juicio

Mi agradecimiento anticipado por su inestimable colaboración.

Puntualmente el caso a consultar es: el edificio está categorizado de 4ª categoria, tiene 50 años de antigüedad, emplea a 1 encargado permanente con vivienda y hace 9 años trabaja un ayudante de media jornada -para un edificio de 93 unidades- que asea palieres y escaleras en 9 pisos (no limpia todos los dias todos los palieres).

El ayudante de media jornada se presentó al SUTERH denunciando esta situación.

El SUTERH intimó al consorcio y le dijo: "...que por interpretación de las normas del convenio vigente 589/10 inc e) al mismo le correspondería categorización de jornada completa o en su defecto concretar la contratación de otro personal para secundarlo en su tarea diaria...".

Verbalmente el ayudante requiere al consejo y a la administración una indemnización por los años trabajados fuera de la categoría.

También manifiesta que quiere un acuerdo y no un juicio y que quiere dejar esta tarea que ya no le resulta grata. Aclaro que cuando ingresó a trabajar como ayudante era estudiante universitario y se recibió en el año 2013 y que nunca antes hubo reclamo respecto a querer cumplir jornada completa.

La administración convocará a una asamblea extraordinaria para resolver.

Por favor necesitamos tener una opinión legal de especialistas en consorcios para proceder en consencuencia.

¿Le corresponde alguna indemnización en resarcimiento por los años trabajados en media jornada?

¿Es obligatoria la aplicación del inc e) del CCTNº 589/10

Gracias

Espero leer en Pequeñas Noticias vuestra respuesta

Saludos cordiales

Beatriz

(5/01/2014)

Estimada Beatriz:

En respuesta a su consulta le informo que el CCT 589/10 establece en su Art. 7º inc. f) que el "Ayudante de Media Jornada" es quién realiza las tareas del encargado en los edificios que tengan hasta 35 unidades. 

En el caso a consulta se informa que el edificio tiene 93 unidades no estableciendo el Convenio Colectivo norma alguna que determine la exigencia de un "Ayudante de Jornada Completa", para edificios que excedan las 35 unidades.

En el orden legal los convenios colectivos, cualquiera sea su actividad, son obligatorios al ser homologados por el Ministerio de Trabajo, pero ello no significa que los sindicatos estén facultados para hacer una interpretación de su articulado, en este caso obligar a un consorcio a recategorizar o bien a tomar nuevo personal.

Ello es así en razón que esa interpretación significa no respetar el derecho de propiedad que establece nuestra Constitución Nacional pudiendo producir daños al consorcio en la medida que al exceder sus ingresos puede producir una situación de crisis financiera (son muchos los consorcios que hoy se encuentran en rojo y muchas las personas que no pueden hacer frente al pago de las expensas).

Entonces entiendo que el administrador con el debido asesoramiento legal deberia contestar la intimación del sindicato rechazándola. 

En lo que se refiere a si el trabajador puede reclamar indemnización, si bien no hay jurisprudencia al respecto, es de mi saber que ningún daño se le ha producido por lo que mal puede reclamar salarios que no ha trabajado, ni considerarse despedido por no otorgársele más tiempo de trabajo.

De sus dichos infiero que este empleado desea renunciar a su trabajo intentando negociar una suma de dinero aduciendo un derecho que no tiene, ya que entender lo contrario sería un enriquecimiento ilícito por su parte en la medida que pide salarios por tiempo no trabajado.

Espero que mi criterio en relación a la situación planteada la ayude a comprender la información del administrador en la asamblea siendo su obligación, repito, concurrir con el debido asesoramiento legal.

Cordialmente 

María Cristina Carrera

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La Dra. María Cristina Carrera es abogada especialista en derecho laboral y para cualquier consulta se le puede escribir a dramccarrera@yahoo.com.ar o llamarla al teléfono (15)5466-9921.

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