Scauzillo reconoció errores y anunció una prórroga

[BPN-11/07/14] El 7 de julio, la Dra. Paula Scauzillo, quien se presentó como colaboradora de Gabriela Pilar Saldivia coordinadora del Registro Público de Administradores (RPA) porteño, reconoció que el sistema para realizar las DDJJ presenta errores de funcionamiento "aleatorios" y anunció una prórroga de 45 días para todos aquellos administradores cuyos plazos para realizarlas vencerán hasta el 31 de julio inclusive. En este mismo sentido, el jueves 10 por la tarde, el RPA hizo llegar a los administradores una circular vía correo electrónico informando el nuevo plazo <ver original>.

Adelantó que en el RPA están trabajando en un "Libro de Datos Digital" que remplazará el actual que debe ser rellenado en forma manuscrita aunque aclaró que se espera su implementación para las DDJJ del 2015 que se confeccionarán en el 2016.

Estas declaraciones las realizó en el marco de una charla que brindó en la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) junto a Crio. Mayor (R) Edgardo Aoun, director general de Defensa y Protección del Consumidor de la CABA. También estuvieron presentes la funcionaria del RPA, Dra. Alejandra Thierbach y el Adm. Daniel Tocco, presidente de la CAPHyAI.

Durante el curso de la misma escuchó quejas y respondió consultas de los presentes sobre estos temas.

La prórroga fue establecida mediante la Disposición 1.434 del 10 de julio –tres días después de la conferencia de Scauzillo en la CAPHyAI

¡¡¡ ULTIMO MOMENTO !!!: La disposición fue publicada en el Boletín Oficial del 14 de julio.

Anteriormente, la Disposición 1.088 había establecido 30 días corridos para la entrega de las DDJJ para todos los administradores y los había dividido en dos grupos: aquellos cuya matrícula vencía antes del 27 de mayo y aquellos que vencía después de esa fecha. A los primeros les había otorgado un plazo de 30 días para realizarlas desde el 27 de mayo y a los segundos el mismo plazo pero desde la fecha de vencimiento de su matrícula.

Matrículas que vencen antes del 27 de mayo

Acta o seguro

Finalmente, otra asistente le preguntó a Scauzillo qué debía hacer en el marco de la presentación de las DDJJ, con el certificado de Edificio Seguro que su edificio había obtenido en 2012, el cual tenía una vigencia de 2 años. La representante del RPA le respondió: "hágame un escrito y adjúnteme ese certificado"

La CAPHyAI pidió prórroga

[BPN-11/07/14] El 27 de junio, la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) le solicitó una prórroga al Crio. Mayor (R) Edgardo Aoun, director general de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC) de la CABA, para los plazos de vencimiento de las Declaraciones Juradas (DDJJ) que los administradores porteños deben presentar anualmente en el Registro Público de Administradores (RPA) porteño.

La entidad fundamentó el pedido argumentando que: "es de público conocimiento las distintas dificultades que a nivel ‘plataforma’ o página Web se le han presentado a los administradores para cumplir con tal requerimiento" y por lo tanto solicitó que la autoridad de aplicación disponga una prórroga "en los plazos de las declaraciones juradas de los administradores cuyos vencimientos de matrícula hayan vencido o estén por vencer, sobre todo los de los meses de mayo, junio y julio".

La solicitud la realizó Fernando Staino, en su carácter de vicepresidente 1º de la entidad, mediante una nota que envió a la DGDyPC. "Quedo a la espera de una resolución favorable al presente pedido", concluyó.

Es de recordar que el pasado 27 de mayo la DGDyPC había anunciado que se encontraba disponible el aplicativo para que los administradores puedan renovar sus matrículas y presentar la DDJJ en el RPA porteño correspondiente al 2013. Sin embargo, el programa online no funcionó correctamente en todos los casos.

"Ojalá haya una asociación que lo logre"

[BPN-11/07/14] El pasado 27 de junio, la Dra. Rita Sessa, vicepresidenta de la Fundación Liga del Consorcista de Propiedad Horizontal (LCPH), consideró que es muy difícil que una asociación de consorcistas llegue a sentarse en las discusiones paritarias del sector representando a los empleadores. En primer lugar porque no cree que la autoridad laboral (el Ministerio de Trabajo) le otorgue la personería y en segundo porque ve difícil que se cree la unidad necesaria entre los interesados. Por otra parte, aún en el caso de lograrlo, resaltó que sería el cuarto participante y representaría sólo un 25% de la opinión del grupo. Las entidades de administradores que actualmente participan en paritarias son la CAPHyAI^[1], el AIERH^[2] y la UADI^[3].

Sobre el desempeño de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DyPC) consideró que "hace todo lo que puede" y, respecto a los malos administradores, afirmó que "para que haya un vivo tiene que haber varios tontos".

Estas declaraciones las brindó en el marco de una charla organizada por la Comisión de Consorcios dependiente del Consejo Consultivo de la Comuna 2 –Recoleta- que está dirigida por Teresa Villanueva, presidenta de la Asociación de Consorcistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ACCABA).

En el transcurso de la disertación y ante la duda de una consorcista que le preguntó: ¿cómo podemos los consorcistas intervenir en las negociaciones donde se resuelve las condiciones laborales del personal?, Sessa respondió no saber "hasta qué punto una asociación de consorcistas va a lograr la personería" necesaria para lograr ese objetivo y explicó: "el tema es muy delicado y tiene injerencia la autoridad laboral que es quien da personería a las asociaciones para que discutan las paritarias".

Por otra parte, según la abogada "en general, la gente que integra los consorcios es egoísta. No tienen interés en asociarse. Eso lo veo más viable en un country porque hay countries de nacionalidades y de grupos de amigos".

En este sentido, ejemplificó esta situación de desinterés y egoísmo que sucede en los consorcios con una anécdota que se desarrolló en un edificio donde intervino: "una familia vivía en el último piso y desde el techo le llovía en varios lugares del departamento. Ante su pedido de reparación de las goteras, otros propietarios le dijeron que ponga tachitos".

Por último, la vicepresidenta de LCPH consideró que "en los consorcios hay gente que no sabe de qué se trata pero se opone y con ese material humano es muy difícil lograr una unidad" y remarcó: "ojalá surja una asociación que lo logre".

En otro orden de cosas –y de conseguir que la autoridad laboral le otorgue la personería- consideró que de todos modos "si se crea una asociación de consorcistas, va a formar parte de la cuarta parte del conglomerado que está en la paritaria. La opinión de esa asociación va a ser, con suerte, un 25% de la opinión del grupo", y agregó: "el tema es muy delicado y aquí tiene injerencia la autoridad laboral que es quien da personería a las asociaciones para que discutan las paritarias".

Es de recordar que en la actualidad quienes tienen participación en las negociaciones salariales son tres entidades de administradores de las seis existentes. Una de ellas –APARA[4]- manifestó su voluntad política de formar parte de ese grupo y dos –AIPH^[5] y FRA^[6]- su negativa a integrarlo.

Asimismo, frente a una reflexión de Villanueva, quien señaló que la participación de esos entes en paritarias es "ilegítimo, ilegal o inconstitucional", Sessa aseguró que "no son suficientemente representativos pero su participación no es ilegal porque tienen el aval del Ministerio de Trabajo".

Respecto a la relación entre administradores y consorcistas Sessa señaló que "para que haya un vivo tiene que haber varios tontos" y le aconsejó a los presentes: "si observan situaciones lindantes con estafa, son ustedes los que tienen que observarlo. Primero lean el reglamento y, con un informe firmado por un contador, hagan la denuncia por estafa. Eso es muy importante".

En referencia a la labor de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la CABA, la disertante consideró que "hace todo lo que puede con las disponibilidades que tiene. No se si podría hacer más"

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[1] CAPHyAI: Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias.

[2] AIERH: Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal.

[3] UADI: Unión Administradores de Inmuebles.

[4] APARA: Asociación de Profesionales Administradores de la República Argentina.

[5] AIPH: Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal AIPH .

Nuevo convenio del SUTERH con Horacio Larreta

Durante la presentación Santa María recordó que hace un año y medio había firmado con el Ministerio de Seguridad del Gobierno Nacional un convenio similar que apuntaba a la prevención del delito. Resaltó que "los primeros que son víctimas de la inseguridad cuando entran a un edificio es el encargado y su familia", y agregó: "nosotros tenemos que velar por nuestra propia seguridad y por supuesto que también en forma solidaria porque tenemos conciencia ciudadana y también velamos por la seguridad de quienes viven en nuestros edificios".

Por su parte Larreta destacó al titular del SUTERH que a pesar de las diferencias políticas que los pudieran dividir están trabajando muy bien juntos y mencionó dos temas principales: el reciclado de la basura y el programa Mis Expensas (Expensas Claras III). Sobre el primero dijo que "no hay ninguna posibilidad que nosotros desde la ciudad podamos hacerlo sin trabajar en forma conjunta con los encargados y con los vecinos también" y sobre el segundo que "el aporte de ustedes y de todos los encargados es fundamental y seguiremos".

La firma del acuerdo se llevó a cabo en la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET) entre Santa María, Larreta, Guillermo Montenegro, ministro de Justicia y Seguridad de la CABA y de Horacio Giménez, jefe de la Policía Metropolitana. Entre los presentes del evento se encontraron Eduardo Macchiavelli, secretario de Atención Ciudadana; Osvaldo Bacigalupo, secretario gremial del sindicato; Edgardo Aoun, director general de Defensa y Protección del Consumidor y su antecesor Dr. Juan Manuel Gallo.

En la presentación, Santa María señaló que "la seguridad tiene que ver especialmente con los encargados de edificios porque los primeros que son víctimas de la inseguridad cuando entran a un edificio son el encargado y su familia".

Según explicó Montenegro: "la seguridad es un problema que aqueja a todos los argentinos y no es problema solamente de un gobierno, [...] sino que es un problema común de toda la gente. Y este es el punto en donde nosotros asumimos entregarle una herramienta a los trabajadores de edificios para que puedan contar con el apoyo nuestro y a partir de ahí dar una mejor respuesta a todos los vecinos".

Por su parte, Larreta expresó: "creo que es un lindo ejemplo de solidaridad de los encargados con su gente, con la gente que vive en su edificio y en el barrio también. Además esto no sólo es un tema de seguridad sino de alertar cualquier emergencia que pueda surgir, incluso alguna de salud".

En este sentido, el titular del SUTERH indicó: "nosotros buscamos con la firma de este convenio tener las herramientas que nos permitan mejorar esa solidaridad entre los ciudadanos. Muchas veces los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires no se conocen entre ellos, sino simplemente porque todos los días saludan al encargado del edificio".

Finalmente, el Jefe de Gabinete destacó que "el otro día Guillermo [Montenegro], me mostraba la cantidad de delitos que se han prevenido gracias a los botones antipánico", y agregó: "queremos sumar a los encargados a esta cruzada por mejorar la seguridad de la gente".

En otro orden de cosas, Santa María aclaró que "el encargado de edificio no se va a convertir en un policía, ni tampoco se va a convertir en un buchón", y añadió: "nosotros queremos realmente trabajar en prevenir porque la solidaridad es uno de los valores fundamentales de los trabajadores de edificios y esa solidaridad es la que queremos transmitirle a cada uno de los vecinos".

En concordancia con esa idea, el ministro de Justicia y Seguridad reiteró: "el objetivo es no quedar como unos buchones o con la obligación de ser policías porque no es la idea, ni mucho menos: queremos trabajarlo desde la solidaridad".

Mientras que el secretario general del SUTERH le aseguró a Larreta y a Montenegro que les tiene "un profundo aprecio", el Jefe de Gabinete afirmó: "me encanta la calidez de la gente, la misma que vimos cuando hicimos la choripaneada en Palermo con todos los encargados que se habían sumado al plan de reciclado".

En este sentido, el representante del PRO remarcó: "a pesar de las diferencias políticas [...] venimos trabajando muy bien juntos", y agregó: "ya son varios temas como el reciclado y no hay ninguna posibilidad que nosotros desde la Ciudad podamos hacerlo sin trabajar en forma conjunta con los encargados y con los vecinos".

Sobre el programa "Mis Expensas" recordó: "también hicimos otro convenio para darle más transparencia, más simpleza y claridad a todo el sistema de las expensas. Para que la gente las pueda evaluar y las pueda ver de una forma más simple. En ese sentido, también el aporte de ustedes y de todos los encargados es fundamental y seguiremos".

El 27 de junio, el diario digital Noticias Urbanas destacó que "no se trata del primer acto en el cual participan Larreta y Santa María. Antes de las últimas elecciones, las legislativas del 2013 cuando se impusiera Sergio Massa, se habían mostrado para la presentación de un nuevo sistema de liquidación de expensas", y agregó: "este acuerdo no fue más que una nueva muestra que existe una gran relación entre Rodríguez Larreta y varios sectores del peronismo ligados a la Ciudad".

Según ese medio "tanto aquel como éste fueron eventos organizados por el dirigente del properonismo, Juan Manuel Gallo. El exdirector de Defensa al Consumidor porteño colabora desde hace un tiempo en la campaña para que Larreta sea quien suceda a Macri el año próximo".

Finalmente, Noticias Urbanas remarcó: "Macchiavelli también estuvo detrás de la organización del evento".

Es de recordar que el 4 de septiembre del 2012, Santa María había explicado que el botón antipánico que distribuyó entre encargados de edificios [de algunos barrios porteños] para la prevención de los delitos en los consorcios será gratuito sólo durante los primeros seis meses del servicio y luego tendría un costo de entre 40 o 50 pesos mensuales.

El texto del convenio punto por punto

[BPN-11/07/14] Según se desprende del texto del acuerdo firmado por el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) y tres miembros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA) para la entrega de botones antipánico a los encargados de edificios se trata de una prueba piloto que durará 120 días y solamente afectará a los trabajadores elegidos por el sindicato que se desempeñen en las comunas 4, 12 y 15, de acuerdo a la disponibilidad de los aparatos.

El dispositivo que se distribuirá utiliza la misma tecnología que un celular para enviar la señal de auxilio y sólo podrá ser activado ante un asalto, una emergencia médica o un incendio. No le generará gastos a las partes firmantes, las cuales tendrán la potestad de implementar capacitaciones especiales para los vecinos.

El acuerdo consta de 16 cláusulas y un anexo de 7 puntos y fue firmado el 27 de junio en la UMET (Universidad Metropolitana) por Víctor Santa María, en su carácter de titular del SUTERH; Horacio Larreta, jefe de Gabinete de Ministros; Guillermo Montenegro, ministro de Justicia y Seguridad y por Horacio Alberto Giménez, titular de la Policía Metropolitana <ver nota>.

Estos datos surgieron del texto de una copia del convenio al que tuvo acceso Pequeñas Noticias en forma exclusiva.

El dispositivo será entregado a los encargados de edificio afiliados y seleccionados por el SUTERH, quienes deberán encontrarse dentro de las Comunas 4, 12 y 15, las cuales cuentan con presencia de la Policía Metropolitana. Luego de la elección, el sindicato le entregará a dicha fuerza una lista con los nombres de los posibles receptores.

El Convenio "Prueba Piloto De Implementación del Dispositivo Botón Antipánico" durará 60 días y será prorrogado automáticamente por igual período por única vez. Sin embargo, cualquiera de los firmantes podrá rescindirlo en cualquier momento sin especificar la causa, notificándoselo a la otra parte con 30 días de antelación.

La cantidad de artefactos de seguridad a entregar estará sujeta a disponibilidad, con lo cual no hay determinado un numero fijo. Asimismo, al tratarse de una prueba piloto, el convenio aclara que "su implementación puede conllevar fallas por deficiencias técnicas".

Al vencimiento del acuerdo, los dispositivos deberán ser reintegrados en idénticas condiciones de estado y conservación en las que fueran entregados, salvo el deterioro por el normal y correcto uso. En caso de que se acredite su incorrecta utilización, se le quitará el botón al usuario.

El encargado de edificio deberá utilizar el dispositivo en el caso que advierta cualquier tipo de emergencia, amenaza de asalto, urgencia médica u otro tipo de siniestro, con el objetivo de "actuar solidariamente" con quien se encuentre en una situación de peligro.

Es de destacar que si bien en una parte del convenio se plantea que la utilización del sistema quedará circunscripta únicamente al lugar de trabajo, en otro sector del tratado, se afirma que también podrá ser usado en el interior de la vivienda del afiliado.

Según lo acordado, la Policía Metropolitana y el SUTERH podrán acordar el diseño y desarrollo de actividades y programas de cooperación recíproca mediante la implementación de cursos con el personal de ambos organismos o con éstos y los vecinos, con el fin de intercambiar información y realizar acciones de entrenamiento.

Según el convenio, las actividades y acciones de cada parte derivadas del acuerdo serán solventadas con los recursos presupuestarios correspondientes de cada una, sin generar obligación pecuniaria ente las mismas.

Un botón antipánico es un dispositivo electrónico provisto con un pulsador de alertas (Botón SOS) y funciones de telefonía móvil que lo comunican con la Central de Alarmas de la Policía Metropolitana y para su funcionamiento precisa de un vínculo de enlace provisto por las prestadoras de telefonía celular que operan en el país.

En el caso de que el usuario se encuentre ante una situación crítica, presionando el pulsador SOS, se envía una señal de alerta que incluye su identificación y la información del consorcio de propietarios, entablándose además en forma automática, una comunicación telefónica entre la víctima y la Central de Monitoreo.

El SUTERH responderá ante la Policía Metropolitana por los botones entregados a los afiliados y mantendrá indemne al GCBA ante cualquier reclamo, acción judicial o demanda que pudiera surgir. Asimismo, en el caso que surjan problemas de comunicación originados por las empresas de telefonía celular, la División Monitoreo de Alarmas Fijas y Móviles se desligará de cualquier tipo de responsabilidad.

La primera entrega de los dispositivos se llevará a cabo en el Área División Monitoreo de Alarma Fijas y Móviles de la Superintendencia de Comunicaciones y Servicios Técnicos. Allí se elaborará un acta con los datos del beneficiario, se le otorgará un instructivo de uso y se le informará de sus obligaciones.

Entre otras aspectos, se confeccionará una nómina con las personas designadas por el beneficiario para el uso del dispositivo ante su ausencia y se le informará al titular que podrá ser llamado al Dispositivo Botón Antipánico o a sus números alternativos por personal de la Central de Monitoreo, para verificar el funcionamiento del equipo.

Por último, una vez llegado el usuario al domicilio se realizará junto con la Central de Alarmas una prueba de funcionamiento con el fin de constatar la cobertura celular en la zona.

Aoun habilitó 37 empresas

[BPN-11/07/14] El pasado 17 de junio, el Crio. Mayor (R) Edgardo Aoun, director general de Defensa y Protección del Consumidor (DyPC) de la CABA, rubricó el Libro Técnico de 37 empresas dedicadas a la fabricación, instalación, reparación y mantenimiento de instalaciones fijas contra incendios. Estos libros rubricados son uno de los requisitos exigidos por el inciso g) del artículo 10º de la Disposición 415 del 2011 para lograr la inscripción en el "Registro de Fabricantes, Reparadores e Instaladores de Instalaciones Fijas contra Incendio".

Es de destacar que de las 37 empresas habilitadas, el 32% (12) declaró domicilio en diferentes localidades del Gran Buenos Aires, mientras que el 68% (25) lo fijó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La rúbrica de los libros de estas empresas lo dispuso el funcionario mediante la Disposición 1.279, publicada en el Boletín Oficial de la ciudad el 23 de junio. La normativa consta de dos artículos de los cuales uno es de forma y un anexo.

Puntualmente en la norma, Aoun detalló: "publíquese en el Boletín Oficial el listado de empresas que forma parte de la presente como Anexo I - IF-2014-07297349- DGDYPC, sobre las cuales se dispuso en el año 2012-2013 la rubricación del Libro Técnico, conforme lo normado por Disposición 415-DGDyPC-11".

De acuerdo a lo explicitado en la norma "las empresas detalladas en el Anexo I de la presente se han presentado ante esta Dirección General solicitando la rúbrica de su Libro Técnico y habiéndose realizado las constataciones de la documentación que las acredita como empresas inscriptas en el Registro de Fabricantes, Instaladores y Mantenedores de instalaciones fijas contra incendio, se dispuso la rubricación del Libro Técnico".

El artículo 10º del Anexo I de la Disposición 415 estableció en 2011 los requisitos que las personas físicas o jurídicas deben presentar con carácter de declaración jurada para lograr la inscripción en el "Registro de Fabricantes …".

El pedigüeño atacó de nuevo

[BPN-11/07/14] La Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) alertó a sus asociados -bajo el título "¡¡Urgente!! Posible estafa"- que personas ajenas a la institución "nuevamente" se comunicaron telefónicamente con varios socios pidiendo dinero en nombre de Fernando Staino, vicepresidente 1º de la entidad, para un viaje que supuestamente deberían realizar autoridades de la Cámara. Es de destacar que es la tercera vez que ocurre un hecho de similares características. Si bien en los primeros dos casos se realizaron las diligencias policiales pertinentes en esta última oportunidad todavía no se llevaron a cabo.

Así lo hizo saber la CAPHyAI mediante una circular que distribuyó entre sus asociados por correo electrónico el 24 del mes pasado y un comunicado que publicó en su sitio Web, en el cual aclaró que la llamada es falsa y lamentó la situación. Asimismo, resaltó que bajo ningún concepto mandan a gente a recaudar fondos por motivo alguno.

Ante la menor duda, los interesados pueden contactarse con la institución comunicándose con el teléfono (011)4331-9968.

Un registro público de administradores en zona de riesgo

[BPN-11/07/14] El 1 de julio, la edila María Lorena Riesgo (FpV-PJ) presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante de La Plata con el objetivo de crear un Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal (RPA) en ese partido bonaerense. Es de destacar que la iniciativa se habría inspirado en la Ley 941 que creó el RPA porteño, teniendo en cuenta las semejanzas entre ambas normativas. Las diferencias más destacable son que las multas no se fijaron en salarios de encargado sino en módulos municipales y que el mandato del administrador no tiene fecha de caducidad.

Según establece el proyecto, se deberá inscribir en el RPA "toda persona física o jurídica que administre consorcios de propiedad horizontal, dentro del partido de La Plata, ya sea que desarrolle la actividad a título oneroso o a título gratuito".

Asimismo, el organismo que dependerá de la Municipalidad de La Plata y será de acceso libre y gratuito, obligará a los administradores remunerados a presentar anualmente una declaración jurada y a exhibir ante los consorcistas el certificado de inscripción. Además, determinará los datos que figurarán en las liquidaciones de expensas y en los recibos de pago que tendrán que estar numerados.

El proyecto consta de 17 artículos de los cuales uno es de forma.

De ser aprobado el proyecto, los administradores estarán obligados a:

a) Ejecutar las decisiones adoptadas por la asamblea de propietarios.

b) Atender la conservación de las partes comunes resguardando la seguridad de las estructuras del edificio.

c) Asegurar al personal dependiente del consorcio, a terceros y al edificio contra incendio y accidentes.

d) Llevar en debida forma los libros del consorcio.

e) Llevar actualizado un libro de Registro de Firmas de los Copropietarios que será exhibido al comienzo de cada asamblea para que éstos puedan verificar la autenticidad de los poderes que se presenten.

f) Conservar la documentación del consorcio y garantizar el libre acceso de los consorcistas a la misma.

g) Denunciar ante la Municipalidad de la Plata, toda situación antirreglamentaria y las obras ejecutadas en el edificio que administra que no tengan el permiso o el aviso de obra.

h) Presentar ante el Registro un informe anual con carácter de declaración jurada.

i) En caso de renuncia, cese o remoción, poner a disposición del consorcio, dentro de diez días, los libros y la documentación relativos a su administración y al consorcio, no pudiendo retenerlos.

Las infracciones a la ordenanza se sancionarán con multas desde 100 a 1.000 módulos que determinará la Justicia de Faltas en cada caso, la suspensión del Registro hasta por 9 meses o la exclusión del mismo. Este proyecto -a diferencia de la Ley 941 que rige en la CABA- no vinculó las multas de los administradores con los salarios de los encargados. El módulo municipal equivale al 2% del sueldo básico del “personal agrupamiento obrero”.

Los administradores inscriptos a título oneroso, no así los voluntarios, deberán presentar anualmente una declaración jurada con los siguientes datos:

a) Listado actualizado de los consorcios que administra, considerando si lo hace a titulo gratuito u oneroso.

b) Detalle de los pagos de los aportes y contribuciones provisionales, de seguridad social, y cualquier otro aporte de carácter obligatorio, seguro de riesgo de trabajo y cuota sindical si correspondiese, relativos a los trabajadores de edificios dependientes de cada uno de los consorcios que administra.

c) Detalle de los pagos efectuados en concepto de mantenimientos e inspecciones legalmente obligatorios.

d) Declaración jurada patrimonial ante el consorcio y aprobada por éste, destinado a garantizar sus responsabilidades como administrador. Esta DDJJ podrá sustituirse por la constancia de la constitución a favor del consorcio de propietarios, a cargo del administrador, de un seguro de responsabilidad profesional emitido por una compañía de seguros.

Para poder inscribirse, los administradores pagos deberán presentar: nombre y apellido o razón social, domicilio en el partido de La Plata, CUIT, certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal, informe expedido por el Registro de Juicios Universales, certificado de aprobación de un curso de capacitación de administración de consorcios de propiedad horizontal, de acuerdo a lo que establezca la reglamentación de la ordenanza, constancia de inscripción de Ingresos Brutos en la Provincia de Buenos Aires, constancia de cumplimiento de las obligaciones previsionales e impositivas del último trimestre y nómina de los consorcios administrados con sus respectivos datos.

Por su parte, los administradores voluntarios gratuitos deberán presentar el DNI y su copia, una copia certificada del acta de asamblea la cual deberá contener datos del consorcio, cantidad de unidad funcionales del mismo y designación ad honorem como administrador; descripción de la unidad funcional de la cual es propietario con su número de matrícula del RPI (Registro de la Propiedad Inmueble) o, en su defecto, simple declaración jurada de la totalidad de los propietarios.

El RPA emitirá en un plazo de 15 días un certificado de inscripción que deberá ser presentado por el administrador para realizar cualquier trámite municipal. Asimismo, según el proyecto este certificado deberá figurar impreso en las liquidaciones de expensas que presente y entregar una copia actualizada del mismo a los propietarios en la primera asamblea ordinaria que realice. En dicha oportunidad hará también entrega de una copia de la ordenanza al consorcio y de igual forma procederá en cualquier asamblea donde se considere su designación o continuidad.

No podrán ser parte del Registro quienes estén inhabilitados para ejercer el comercio, los fallidos y concursados hasta su rehabilitación definitiva, los sancionados con pena de exclusión antes de pasados 5 años desde que la medida haya quedado firme y los inhabilitados por condena penal a causa de delitos dolosos relacionados con la administración de intereses, bienes o fondos ajenos.

Al presentar su proyecto la edila Riesgo argumentó que "la experiencia de seis décadas nos indica la necesidad de regular adecuadamente los requisitos para administrar los consorcios de copropietarios, a fin de asegurar una calidad de administración suficiente para resguardar el patrimonio de los consorcistas, protegiéndolos de los desaciertos y negligencias en los que pudiera incurrir un administrador infiel".

Mayor flexibilidad en fecha y medios de pago para inquilinos

[BPN-11/07/14] El pasado 11 de junio, la diputada Liliana María Ríos (FPV) por la provincia de Entre Ríos presentó un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para modificar dos puntos de la Ley de Locaciones Urbanas a fin de facilitarles a los arrendatarios el pago de los alquileres. De ser aprobado, no se podrá establecer una fecha de pago del alquiler inferior a los 10 días posteriores al vencimiento de cada mes y su medio quedará a criterio del inquilino quién contará con la opción bancaria.

El proyecto, que se presentó bajo el número 4564-D-2014 y se girará a las comisiones de "Legislación General" y "Vivienda y Ordenamiento Urbano", consta de 3 artículos, de los cuales uno es de forma. Pretende modificar el artículo 6º de la Ley 23.091 de Locaciones Urbanas e incorporarle un artículo 6 bis.

De acuerdo a la iniciativa "no podrá estipularse una fecha de pago del período inferior a los diez días posteriores al cumplimiento de cada mes y, en caso de establecerse un plazo de vencimiento anterior, se considerará extendido por el plazo precedentemente indicado". Asimismo, "el precio del arrendamiento deberá ser fijado en pagos que correspondan, como mínimo, a periodos mensuales".

Con respecto a los medios de pago, Ríos propone que los alquileres, según opte el inquilino, sean "abonados directamente al arrendatario o depositados en la cuenta bancaria que el propietario deberá individualizar en el contrato, constituyendo la constancia o comprobante de depósito, prueba de su pago".

Al presentar su proyecto la diputada Ríos argumentó que "los inquilinos son la parte débil contractual y por una cuestión de necesidad tienen que aceptar los requisitos y exigencias que las inmobiliarias y propietarios les imponen, funcionando los contratos de locación como verdaderos contratos de adhesión, donde está vedada la discusión y la negociación de sus cláusulas".

En este sentido, indicó que "es una práctica habitual en los contratos de locación de inmueble fijar los vencimientos de pago del 1 al 5 de cada mes, o que los mismos deban abonarse dentro de los 5 días de cumplido el período locativo", y agregó: "esta situación produce enormes complicaciones a los locatarios para poder cumplir con el pago en término del alquiler, en virtud de que el cronograma de pagos de los haberes -en muchos casos- suele extenderse más allá de los primeros días de cada mes; o en el caso de que el cobro de sus salarios sea quincenal o semanal".

Según la autora de la iniciativa, "esta reforma flexibilizará el periodo de pago de los alquileres y permitirá que los trabajadores puedan cumplir éste sin zozobras, evitando las consecuencias legales".

Por otro lado, la elección del medio de pago, de acuerdo a Ríos, "busca simplificar a los locatarios la forma de abonar los alquileres a través de la inserción en la ley de un medio de pago de utilización masiva en la actualidad, como es la transferencia o depósito bancario".

Plan integral de regularización de alquileres

[BPN-11/07/14] El pasado 17 de junio, los diputados del Frente para la Victoria, María Rachid y Jorge Aragón, presentaron un proyecto de ley en la Legislatura porteña con el objetivo de crear un plan integral de regularización de alquileres "que tienda a satisfacer las necesidades sociales de la Ciudad". De ser aprobado, obligará el arrendamiento de los inmuebles ociosos porteños, limitará el canon locativo de acuerdo al Valor Inmobiliario de Referencia (VIR), otorgará subsidios a los inquilinos, establecerá un modelo único de contrato e impondrá la bancarización de las operaciones.

Según sus autores, el proyecto tiene por finalidad "regular el uso de suelo destinado a locación urbana y su instrumentación; desestimar y desalentar la ociosidad de inmuebles de la ciudad, garantizar el acceso a la vivienda de las personas, regular la política pública local de promoción de los alquileres con destino a vivienda y establecer un régimen de protección de locatarios".

De acuerdo a la iniciativa "todo uso de suelo con fines de locación de vivienda debe cumplir con la función social de dicho inmueble, debiendo priorizarse el interés social, cultural y ambiental en su utilización".

Quedarán regidos por esta ley aquellos inmuebles "que estén afectados, o estén siendo ofertados para ser afectados, a un contrato de locación de inmueble con destino a vivienda; que -independientemente de la habilitación con la que cuenten- se destinen al alojamiento de personas por un período mayor a 6 meses o cuando éstas lo constituyan residencia permanente; o que se encuentren ociosos".

El proyecto, que consta de 9 capítulos y 71 artículos de los cuales uno es de forma, ingresó bajó el número 1562 -D-2014.

Según el proyecto "se considerará a un inmueble como ocioso cuando "permanezca deshabitado más de 6 meses consecutivos, su dueño posea más de un inmueble, no haya ningún contrato de locación vigente ni pueda demostrar su uso, y que no posea causa justificada para su desocupación".

En este sentido, los autores entienden que "el inmueble desocupado es contrario al interés social y es pasible de una tributación especial". Por lo tanto, estas propiedades deberán abonar el 300% del Impuesto Inmobiliario y de la tasa de Alumbrado Barrido y Limpieza.

Según indica la norma "sin perjuicio de la tributación especial, los propietarios de aquellos inmuebles que permanezcan ociosos por un año, serán intimados para que los pongan en uso bajo apercibimiento de que la autoridad de aplicación, transcurrido dos meses desde la notificación, declare la Ocupación Temporaria" a los fines de proceder al alquiler de la propiedad. En ese caso se le abonaría al dueño los alquileres percibidos.

Para comprobar la ociosidad del inmueble se analizará la relación entre el consumo de los servicios y sus características, y se convocará a dos testigos que denuncien la situación. Con este fin, "las empresas prestadoras de los servicios públicos quedan designadas como agentes de información", mientras que la autoridad de aplicación se ocupará de efectuar relevamientos periódicos.

El precio del alquiler mensual no podrá superar al 0,7% del Valor Inmobiliario de Referencia (VIR) del inmueble. Es de recordar que el VIR se obtiene según lo establecido en la Resolución 4.351 de la Agencia Gubernamental del Ingresos Públicos (AGIP) y "debe incorporar criterios preestablecidos que contemplen al menos: ubicación, antigüedad, aspectos constructivos, dimensiones, distribución, funcionalidad y servicios".

El valor del alquiler, que se deberá ajustar anualmente en base a la variación del VIR, se pagará en períodos mensuales mediante una cuenta bancaria –sin costos adicionales- que será ofrecida por el Banco Ciudad de Buenos Aires.

Los autores del proyecto aclararon que "en caso de que se produzcan pagos en moneda extranjera o su equivalente en moneda de curso legal, la parte que pagó puede exigir al momento de finalizado el contrato, que se le reintegre la diferencia entre lo que valía la moneda extranjera y lo que vale al momento de finalizado".

Respecto a las garantías, éstas no deberán superar el monto equivalente a un mes de alquiler y deberán ser devueltas reajustadas en base a la variación que haya tenido el VIR

En el caso de sobreprecios, el inquilino tendrá derecho a que el propietario le reintegre con intereses la diferencia que será ajustada conforme al VIR del inmueble en el momento de la devolución.

En cuanto a los gastos, el propietario deberá hacerse cargo de erogaciones de tasas, contribuciones e impuestos que recaigan sobre el inmueble y el pago de las expensas extraordinarias.

El proyecto propone la creación del Fondo para Locaciones Urbanas, con el objetivo de otorgar garantías bancarias; entregar subsidios o préstamos para cubrir el depósito inicial y los gastos de mudanza; conceder subsidios para que personas en situación de calle o vulnerabilidad puedan alquilar inmuebles; y fomentar la rehabilitación, construcción y adquisición de viviendas y edificios para ser alquilados.

Asimismo, la norma establece que quienes se encuentren en situación de calle y vulnerabilidad tendrán prioridad de adjudicación en los planes de vivienda administrados y ejecutados por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa establece la creación de un "Modelo de Contrato de Locación Urbana que será de aplicación voluntaria para las partes". Sin embargo, la norma aclara que sólo recibirán garantías del Banco Ciudad quienes haya utilizado ese modelo y que en el caso de no implementarlo, se presumirá que el contrato fue redactado por el propietario. Además, ante un desequilibrio contractual, éste será interpretado a favor del inquilino.

Asimismo, los contratos, que tendrán un plazo mínimo de 3 años, deberán formalizarse por escrito y registrarse ante la autoridad de aplicación. Los inquilinos también pueden hacerlo en cualquier momento, aún vencido el plazo del contrato.

En caso de no registrar dicho documento, habrá sanciones para las inmobiliarias y para los propietarios: los primeros serán sancionados según corresponda con una advertencia privada, un apercibimiento público, multas, suspensión en la matrícula por un período que puede extenderse entre un mes y un año o su cancelación por 5 años; y los segundos "tendrán un incremento del 200% de lo pagado por Impuesto Inmobiliario y la tasa de Alumbrado Barrido y Limpieza, desde la fecha en que debió haberse registrado [el contrato] hasta su efectivo registro".

El inquilino puede disolver el contrato luego de los primeros 6 meses, notificándole al locador 60 días antes de la reintegración del inmueble. Si quiere rescindirlo durante el primer año deberá abonarle al propietario, en concepto de indemnización, una suma equivalente a un mes y medio de alquiler.

Por su parte, el propietario no puede, sin justa causa, resolver anticipadamente el contrato y si decide no renovarlo deberá notificarle su decisión en "forma expresa y fehaciente a la parte locataria", con una antelación mínima de 60 días.

En caso de abandono del arrendamiento o fallecimiento de la parte locataria, el contrato podrá ser continuado en las condiciones pactadas, y hasta el vencimiento de su plazo, por quienes acrediten haber convivido en el inmueble.

Los autores del proyecto informaron que "el Banco Ciudad utilizará el Modelo de Contrato de Locación Urbana que será suscripto por las tres partes, incluyendo a ese banco como único garante".

Asimismo, el inquilino tendrá tres opciones de pago: al contado, en 6 cuotas iguales sin interés o un 50% al contado y el resto en 12 cuotas sin interés.

De acuerdo al proyecto, "el costo de la comisión por renovación o prórroga de la Garantía Bancaria tendrá un descuento mayor al 50% de la pautada para el primer contrato", y "quienes perciban una suma mensual menor a dos salarios mínimo vital y móvil, o quienes reciban algún subsidio o plan social de la Ciudad o de la Nación, no abonarán la comisión".

En el caso de que en la operación intervenga un corredor o inmobiliaria, las comisiones no podrán superar el monto de un mes de alquiler y deberán ser solventadas por ambas partes equitativamente, al igual que los demás gastos. Si la inmobiliaria le cobrara a la parte locataria una comisión superior, ésta podrá solicitarle al corredor la devolución del triple de lo abonado de más.

Por su parte, las inmobiliarias deberán colocar "en un lugar visible para el público, un letrero para informarle de forma clara y veraz acerca de esta limitación". Si el corredor incumple estas cláusulas deberá abonarle al inquilino una suma equivalente a un mes de alquiler.

El Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será el ente que se encargará de la fiscalización de estos deberes.

El Instituto de la Vivienda de la Ciudad será la autoridad de aplicación y sus funciones consistirán en:

a) Elaborar el Modelo de Contrato de Locación Urbana.

b) Brindar información a las partes.

c) Llevar adelante campañas de información, con participación de las Comunas, dirigidas principalmente a los sectores más vulnerados

d) Realizar y mantener actualizado un registro zonificado de los inmuebles destinados a alquiler de vivienda, categorizados según la cantidad de habitaciones, valuación del inmueble y características de los mismos.

e) Llevar un registro de viviendas ociosas, determinar tal carácter, e informar a los órganos correspondientes.

f) Homologar y registrar los contratos de locación de inmuebles con destino a vivienda.

g) Velar por el cumplimiento de la ley y de sus reglamentaciones.

h) Fomentar las locaciones urbanas en la Ciudad de Buenos Aires, con énfasis en las Comunas que estuvieran en emergencia locativa.

i) Realizar un registro de personas aspirantes a arrendar un inmueble dentro del radio de la Ciudad.

j) Realizar campañas de inclusión de viviendas ociosas al mercado de alquileres, difundiendo los beneficios y exenciones tributarias a los propietarios que así lo dispongan voluntariamente.

k) Coordinar, proponer y estimular la participación de la iniciativa privada en la construcción, remodelación y rehabilitación de viviendas destinadas a ser arrendadas.

l) Promover la articulación de políticas y organismos -tanto estatales como no gubernamentales- para garantizar la efectividad de la ley.

[BPN-11/07/14] Una de las boletas que se confeccionan todos los meses para abonar los distintos aportes y contribuciones a FATERYH y SUTERH tiene incluido un nuevo concepto llamado "Contribución Solidaria OS CCT 589/10" mediante la cual se abonan los $50 estipulados por la Disposición DNRT 238/2014 a cargo del empleador.

Es la primera vez desde que se implementó el sistema on line para la confección de las boletas que se incluye en ellas una contribución para la obra social ya que esta obligación se hacía a través del Formulario 931 de la AFIP en un apartado que contempla tanto los aportes como las contribuciones adicionales para las obras sociales.

Si las funciones informadas para cada trabajador fueron de jornada completa, el valor de la contribución será de $50 por cada uno. Si fueron de media jornada, aparecerá $25 ($50/2) y si se informó la cantidad de horas trabajadas el valor será el que surja de dividir $50 por 200 horas. En el ejemplo anterior, si trabajó 25 horas en el mes la contribución a abonar será de $6.25

Rincón Solidario

Me quieren sacar el lavarropas del lavadero

¿Qué tal? Mi nombre es Carlos […] y soy encargado de edificio desde hace ya 16 años.

Mi pregunta es: desde el año que empecé trabajar -en el 98- hasta ahora, el primer administrador me otorgó un permiso notificado para poder usar el espacio en común (lavadero).

Hoy en día una nueva administración, en complot con el consorcio, me quieren sacar el lavarropas del mismo sin tener yo lugar donde poder ubicarlo. Por lo que se, creo que el consorcio tiene que darnos un espacio para poder tener el mismo en cuestión.

Por otra parte, quería saber qué ley nos protege, porque tampoco nos quieren reparar el departamento. Estamos sufriendo ya que por los ventanales de la habitación, de la cocina y del living comedor se filtra el agua, así como también por las paredes y techos.

Tampoco tengo cocina porque se rompió la puerta del horno que años anteriores había reparado sin pedirle nada a nadie.

En resumidas cuentas, qué es lo que debemos hacer aparte de haber mandado cartas documento reiteradamente sin respuesta alguna.

Por favor, le pido ayuda y desde ya se lo agradeceré.

Carlos

(17/06/2014)

Estimado Carlos:

Entiendo que su consulta debe dividirse en dos partes.

1) Que el consorcio no le otorgue una vivienda digna en cuanto no hace las reparaciones en el departamento que Ud. habita contraviniendo así lo dispuesto por el Art. 25º del CCT 589/10 que en su inciso 5) dice textualmente: "Obtener la reparación y mantenimiento en buenas condiciones de uso de la vivienda, artefactos y elementos que se le entregaron al trabajador/a como formando parte del Contrato de Trabajo siempre y cuando no se originara en los eventuales daños en la conducta intencional del/la trabajador/a".

2) Amenazarlo verbalmente de quitarle el lavarropas del lugar que el consorcio, por intermedio de su administrador y representante legal, le otorgó para que ponga ese artículo doméstico.

De ambas conductas se desprende un maltrato que, de seguir persistiendo, puede llegar a convertirse en violencia laboral con todas las implicancias jurídicas y personales que ella acarrea.

Resulta gravoso desde el punto de vista de la salud física y psicológica vivir en un lugar donde se filtra el agua y que a pesar de haber, según sus dichos, mandado intimaciones reiteradas para que se solucione el conflicto, no ha obtenido respuesta alguna. Si bien desde el punto de vista jurídico el silencio significa "consentimiento", desde el punto de vista humano significa "ninguneo" "no contesto porque ni eso merecés". Si a ello le agregamos la amenaza de quitarle el lavarropas del lugar concedido tantos años, Ud. está siendo injuriado gravemente.

Se de la necesidad de mantener la fuente de trabajo por lo que es mi sugerencia que Ud. se apersone en su sindicato y pida asesoramiento gremial (no se cobra por ello) para solicitar una audiencia de conciliación ante el SERACARH, en la que será citado el consorcio a fin de llegar a un acuerdo en el que se comprometa con fecha y hora en la que se le realizarán los arreglos en el departamento y en la que se debe solucionar el problema del lavarropas.

Deseo haberle podido ayudar.

Cordialmente.

María Cristina Carrera

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La Dra. María Cristina Carrera es abogada especialista en derecho laboral y para cualquier consulta se le puede escribir a dramccarrera@yahoo.com.ar o llamarla al teléfono (15)5466-9921.

Yo presento el cierre con mi firma y sello

Hola amigos:
La duda surge de cómo se tiene que presentar una rendición de cuentas anual.

¿Tiene que estar firmada por un profesional en Ciencias Económicas?

Yo presento el cierre de ejercicio anualmente en una asamblea ordinaria con mi firma y sello, anunciando que la documentacion de respaldo se encuentra a disposición de los propietarios.

¿Eso está mal?

Un coopropietario no la aprobó por ese cuestionamiento.

Espero ansiosamente la respuesta y muchas gracias.

Graciela [CABA]

(08/06/2014)

Estimada Graciela:

No hay normativa que tipifique la forma en que deben presentarse las rendiciones de cuentas. Entiendo que el copropietario al cual te referís puede haberse basado en el inciso i) del Art. 9 de la Ley 3.254 -aplicable en la Ciudad de Buenos Aires-, pero ésta norma no obliga a que las rendiciones de cuentas deban ser firmadas por un profesional en Ciencias Económicas.

El texto legal dice: "la gestión del administrador de consorcios de propiedad horizontal debe, siempre que la asamblea ordinaria o extraordinaria lo disponga, ser auditada contablemente y acompañada de un informe de control de gestión realizados por profesionales de Ciencias Económicas. De igual forma, la asamblea ordinaria o extraordinaria podrá disponer la realización de una auditoria legal a cargo de un profesional del Derecho. Para lo dispuesto en los párrafos anteriores se deberá observar que los profesionales posean matrícula habilitante en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su firma estar legalizada de acuerdo con la normativa correspondiente".

Espero haberte ayudado.

Viviana Grinberg

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La Contadora Publica Viviana Grinberg es especialista en Propiedad Horizontal y se desempeña en la práctica privada realizando  auditorías de expensas, seguimientos anuales y controles de gestión. Para cualquier consulta se le puede escribir un e-mail a vgrinberg@arnet.com.ar o llamarla a los teléfonos 4553-6094 ó 4552-9692.

Los $50 de la Obra Social

¡Hola Alejandro! ¡Ojo! Porque los $50 no los abona el trabajador sino el empleador, en este caso el consorcio de propietarios. En el recibo del trabajador no deben aparecer estos $50 o su proporcional. Te invito a leer la nota llamada "FATERyH y los $50 para la Obra Social" en este mismo boletín, donde explicamos cómo se abona.

De todas formas te cuento que se pagan con la boleta de FATERyH en la que se abonan los aportes y contribuciones correspondientes al FMVDD. El cálculo lo hace el mismo aplicativo en forma automática.

Un saludo grande.

El valor por hora de los $500

Hola Andrea, el valor por hora de la suma fija se obtiene dividiendo por 200 horas. También se me presentó esta duda pero consultamos al Sr. Osvaldo Bacigalupo, secretario gremial del SUTERH, y nos confirmó que se debe dividir por 200 horas.

Por lo tanto, el volor por hora de la suma fija será:

* En junio 2014: $500 para los trabajadores de jornada completa, $250 ($500/2) para los trabajadores de media jornada, $20 por día ($500/25días) para los suplentes y $2,5 por hora ($500/200 horas) para los trabajadores jornalizados de no más de 18 hs. por semana.

* En julio 2014: $900 para los trabajadores de jornada completa, $450 ($900/2) para los trabajadores de media jornada, $36 por día ($900/25días) para los suplentes y $4,5 por hora ($900/200 horas) para los trabajadores jornalizados de no más de 18 hs. por semana.

* En agosto 2014: $1.000 para los trabajadores de jornada completa, $500 ($1.000/2) para los trabajadores de media jornada; $40 por día ($1.000/25días) para los suplentes y $5 por hora ($1.000/200 horas) para los trabajadores jornalizados de no más de 18 hs. por semana.

Un saludo grande.

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