Se cayó la renovación tácita del administrador

[BPN-10/09/14] El pasado 20 de agosto, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño, declaró inconstitucional la Disposición 1.000 que permitía la renovación tácita del administrador en el caso de que no hubiera quórum. Entre los argumentos, el Tribunal consideró que "fácil es advertir que lo establecido por el Art. 1º de la Disposición 1.000 altera lo dispuesto por el legislador y en definitiva conspira contra la finalidad del sistema por él diseñado", que "la DGDyPC excedió su potestad reglamentaria" y que "no surge, de la ley ni de su reglamentación, que la renovación pueda ser ficta o tácita".

Si bien el fallo no fue unánime, de los cinco jueces que se expidieron sobre este punto sólo uno votó en contra.

Puntualmente, en el marco de la causa iniciada el 22 de marzo de 2013 por José Luis Ludueña, Matías Chari y el Dr. Jorge Resqui Pizarro contra el Gobierno de la CABA, el Tribunal declaró inconstitucional el artículo 1º de la Disposición 1.000 de 2012 emitida por el Dr. Juan Manuel Gallo en su carácter de director general de Defensa y Protección del Consumidor porteño (DGDyPC), declaró abstracto el planteo de inconstitucionalidad dirigido contra la Resolución N° 408/SECGCyAC/12 (Expensas Claras I) y rechazó in limine la solicitud de los Sres. Daniel Tocco y Arturo Molina, en representación de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), para participar del proceso en calidad de amicus curiae^[1]. Sobre estos dos últimos puntos el fallo del Tribunal fue unánime.

El fallo fue publicado el 1 de septiembre en el Boletín Oficial de la CABA y fue firmado por los jueces que entendieron en la causa: el Dr. Luis Lozano, presidente del TSJ, el Dr. José Osvaldo Casás, juez de trámite de la causa y las juezas Inés Weinberg, Ana María Conde y Alicia Ruiz. Mientras que los cuatro últimos se pronunciaron a favor de declarar inconstitucional la Disposición 1.000, Lozano votó en contra.

El juez Casás argumentó que la Disposición 1.000 va en contra el espíritu de la Ley 941 que es "evitar la perpetuación del administrador". Por su parte, Ruiz, Conde y Weinberg afirmaron que estaban de acuerdo con Casás y las primeras dos agregaron sus propias observaciones: Conde explicó que en su opinión la DGDyPC excedió su potestad reglamentaria y Ruiz aseguró que esa dependencia "carece de aptitud" para dictar esa norma.

En principio, el Dr. Casás citó textualmente el Art. 1º de la Deposición 1.000: "establécese que para el caso de que la asamblea de propietarios citada a los efectos de tratar la renovación del mandato del administrador no alcanzare el mínimo quórum establecido por la Disposición 3.570-DGDyPC-2011, el mandato en ejercicio se entenderá como tácitamente renovado por el plazo de un año".

Según Casás "la Ley 941 [...] no solo prevé como principio general la caducidad del desempeño del administrador al término de 1 año, sino sus excepciones: mayor plazo previsto por el reglamento de copropietarios o renovación por voluntad expresa de la asamblea".

El magistrado explicó que "la voluntad del legislador local [...] fue establecer un límite temporal para el mandato del administrador y darlo por concluido a su vencimiento, a menos que el reglamento de copropiedad establezca otro término distinto o se decida renovarlo, pero por voluntad expresa y positiva del mandante".

"Desde esta perspectiva, resulta cuanto menos forzado pensar que existe un vacío legal como el invocado a la hora de justificar la voluntad ficta del consorcio a los fines de renovar el mandato del administrador por un 1 año cuando ‘la asamblea sea realizada pero no se cumpla el quórum mínimo’; pues ello no sólo desvirtúa la manda legal en cuanto prevé que la renovación del mandato debe ser decidida por voluntad expresa de la asamblea, sino que a su vez soslaya que la Ley 13.512 de propiedad horizontal, aplicable en la Ciudad, contempla el camino a seguir ante la situación extrema de imposibilidad de reunión de las mayorías necesarias en una asamblea (Art. 10)", argumentó.

Por último, concluyó: "fácil es advertir que lo establecido por el Art. 1º de la Disposición 1.000 altera lo dispuesto por el legislador y en definitiva conspira contra la finalidad del sistema por él diseñado".

Asimismo, Conde advirtió que "la norma reglamentaria avanza sobre la ley que instrumenta el régimen legal para los administradores de consorcios, alterando su contenido, y con ello se vulnera el principio de jerarquía normativa y la división de poderes. [...] La DGDyPC excedió su potestad reglamentaria y por ello la Disposición 1.000 no puede considerarse constitucionalmente válida".

Por su parte, Ruiz señaló que "la disposición objeto de la demanda es, en realidad, una ley en sentido material emanada de un órgano que carece de aptitud para dictarla. Cabe agregar que no es menos significativo que la regla cuestionada decide respecto de una relación contractual entre particulares".

Finalmente, remarcó que "la Ley 941 establece que el mandato del administrador tiene un límite temporal -que puede surgir del reglamento de copropiedad o de la ley en caso de silencio de éste-, que una vez cumplido el plazo aquél concluye y que aunque puede ser renovado, la decisión debe ser tomada por la asamblea de copropietarios. No surge, de la ley ni de su reglamentación, que la renovación pueda ser ficta o tácita".

Luis Lozano

El Dr. Lozano explicó que "la Ley 941 no contiene ninguna previsión relativa a qué sucede cuando, vencido el plazo de mandato, no se hubiere resuelto acerca de la renovación, o la designación de un nuevo administrador", y agregó que "la cuestión aparece introducida en el decreto 551, pero bajo una formulación que hace suponerla pensada más como un efecto del incumplimiento de la obligación de convocar a asamblea, que como una sanción a los propietarios remisos".

Por otra parte, argumentó que "no se trata de examinar la disposición en el marco de una ley y un decreto no cuestionados, sino de examinar si el texto la arrima o separa de lo que se estima válido dentro del sistema".

"Ni la Ley 941 ni el decreto reglamentario dan una solución expresa acerca de qué corresponde si, convocada asamblea para resolver acerca de la renovación del mandato del administrador, no se llegare a reunir las mayorías correspondientes", indicó.

Asimismo, expresó: "la lectura que propongo facilita el cumplimiento de la imposición de la Ley 13.512 de que los consorcios cuenten con un representante legal, mientras que si prosperase la inconstitucionalidad planteada, y se derogase la disposición, se supondría posible un escenario regulado por la ley local inconsistente con las previsiones que dictó el legislador nacional".

"En efecto, en un escenario en que existen la Ley 941 y su decreto reglamentario, la renovación tácita del mandato permite que, al menos, si no se reuniese la mayoría suficiente para decidir la renovación, remoción o designación de un administrador, el consorcio [...] no quede desprovisto de alguno, acercando la regulación local a la previsión nacional, que impone la figura del administrador", destacó.

Por último, aseguró que "concretamente, no se ve que la disposición mencionada instale una dificultad para la remoción del administrador o la designación de uno distinto, en cambio dificulta la posibilidad de que el consorcio quede sin administrador, en un escenario en el que éste siempre podría ser removido", y agregó: "aunque la disposición 1.000 parezca formalmente apartarse de lo que disponen las normas locales que reglamenta viene a arrimarse al sistema nacional que vino a integrar".

En relación al pedido de inconstitucionalidad de la Resolución 408, los 5 magistrados coincidieron en que es inadmisible ya que, en palabras de Lozano "la Resolución 408 ha sido derogada por la Resolución 436, por lo que corresponde rechazar la demanda a este respecto por falta de objeto".

En cuanto a la solicitud de Tocco y Molina, en representación de la CAPHyAI, de presentarse en calidad de amicus curiae en la causa, los 5 jueces desestimaron tal pedido porque lo consideraron "extratemporario".

Según Casás "el pedido de mención no puede ser atendido por resultar extemporáneo a tenor de lo establecido en el Art. 22º de la Ley 402". Este artículo establece que "cualquier persona puede presentarse en el proceso en calidad de asistente oficioso, hasta 10 días antes de la fecha de celebración de la audiencia".

En este sentido, alegó que "la audiencia en este expediente se celebró el 12 de febrero de 2014 y en la misma fecha los autos pasaron para resolver mientras que la presentación en estudio se concretó el 16 de abril de 2014".

Por otra parte, aseguró que "no parece posible admitir que un sujeto que no es parte en el expediente introduzca un planteo incidental y autónomo de inconstitucionalidad que tiene en cuenta su situación jurídica particular para ser decidido sin sustanciación alguna".

Finalmente, Ruiz destacó que Tocco y Molina "no acompañan su denuncia con argumentos suficientes".

Es de recordar que la acción judicial –Expediente Nº 9.577- fue iniciada el 22 de marzo del 2013 con el patrocinio letrado de Resqui Pizarro y el Dr. Diego Hickethier. Fue presentada en la Secretaría de Asuntos Originarios del TSJ y ese mismo día recayó por sorteo automático en el Dr. Casás.

La causa originalmente se había iniciado también contra la Disposición 1.001 que abrió la posibilidad de que los propietarios autoricen exclusiva e individualmente al administrador para el uso de su firma en la cuenta bancaria del consorcio, la Disposición 3.570 que estableció el quórum mínimo de la asamblea de propietarios para renovación del mandato del administrador en "el cincuenta por ciento más uno de los copropietarios del edificio" y la Disposición 1.698 que obligó a los consorcios a inscribir a los encargados en un curso de capacitación en el SERACARH sobre "mantenimiento, conservación, prevención, higiene y seguridad contra incendios". Sin embargo el 10 de abril de 2013, en un escrito de 9 fojas, el fiscal general Germán C. Caravano las consideró inadmisibles (Dictamen FG N°5O-ADI-2013).

Resqui Pizarro es el coordinador de ReDeCo (Reafirmación de los Derechos del Consorcista) mientras que Ludueña es el presidente del partido político PODES (Poder para el Espacio Social) cuyo referente es Sergio Abrevaya, autor de la Ley 3.254 que modificó la Ley 941 (Registro Público de Administradores porteño). Por último, Chari fue asesor en la Legislatura porteña de Abrevaya y actualmente trabaja en el Consejo Económico y Social porteño y en la campaña de Sergio Abrevaya en PODES 

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Segunda Jornada de Propiedad Horizontal

[BPN-10/09/14] El pasado jueves 21 de agosto, se llevó a cabo la Segunda Jornada de Propiedad Horizontal organizada por APARA (Asociación de Profesionales Administradores de la República Argentina) en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Durante el evento, disertaron el Arq. Lisandro Dragani, subgerente del Departamento de Elevadores de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras (DGFyCO) de la CABA; la Dra. Alejandra Thierbach y la Dra. Paula Scauzillo en representación del Registro Publico de Administradores (RPA) porteño; el senador nacional Diego Santilli (PRO); la diputada nacional Patricia Bullrich (PRO) y el Dr. Blas Ramos, profesor especialista en coaching organizacional.

Es de destacar que no se hicieron presentes, aunque estaba prevista su participación, la diputada nacional Elisa Carrió (ARI-UNEN) y Víctor Santa María, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH). Mientras que la primera iba a exponer sobre su proyecto de modificación de la Ley 13.512, el segundo iba a hablar sobre la mediación en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) vigente.

Este bloque fue coordinado por la Srta. Soledad Britos, el Dr. Jorge Luis Scampini y el Cr. Miguel Mazzara.

Esta segunda parte fue coordinada por la Cra. Mirna Ortiz y el Cr. Leandro Guevara.

Finalmente, en el último bloque expuso el Dr. Ramos quien explicó a los presentes cómo mejorar los problemas de comunicación en las relaciones entre los actores del sector. Fue coordinado por la Lic. María Paula Estévez, el Cr. Américo Agreda y el Dr. Scampini.

Bullrich convocó a debatir nuevas propuestas para su proyecto

[BPN-10/09/14] El pasado 21 de agosto, la diputada nacional Patricia Bullrich (PRO), anunció que retirará del Congreso de la Nación el proyecto de modificación de la Ley 13.512 de propiedad horizontal que viene presentando desde 2010. Adelantó que le introducirá cambios con la intención de volver a presentarlo el año que viene. Con este objetivo, convocó a los interesados a debatir reformas sobre la representación de los propietarios en paritarias y propuso varias alternativas para ser analizadas y debatidas.

De acuerdo a Bullrich "nuestra ley de propiedad horizontal en estos años no ha sido un tema prioritario en el Congreso de la Nación. Yo he presentado un proyecto de ley ya hace 4 años. Lo he vuelto a presentar y hasta ahora la Comisión de Legislación General no ha tenido intención de trabajar esta materia. Pensaba retirar ese proyecto para poder introducirle cambios".

"Como seguramente hasta la próxima gestión no se va a poder debatir, creo que podemos tener un año para debatirlo y tenerlo a punto para el momento en el que se pueda tratar porque necesariamente esa ley hay que adecuarla", remarcó y agregó: "me encantaría poder trabajar con ustedes en esos cambios antes de volver a presentarlo porque la idea es tener un instrumento que sirva".

En otro orden de cosas, Bullrich aseguró que existe una discusión respecto a quién representa a la patronal en las paritarias. "La discusión es si la representación es a través de los administradores, de las organizaciones de administradores o de organizaciones de propietarios. El problema que existe en la representación de éstos últimos es que los propietarios son una entidad con un nivel muy fuerte de abstracción", afirmó.

Ante esto, planteó y puso en debate diversas alternativas a la problemática.

En principio, la diputada propuso que las asociaciones de consorcistas se presenten ante el Ministerio de Trabajo como representantes naturales de los propietarios y que luego se hagan compulsas o elecciones aunque aseguró que "si esto se puede modificar en la ley es mucho más fuerte ya que es el mejor mecanismo".

Según la funcionaria, "participarían las asociaciones de consorcistas de acuerdo a la cantidad de asociados que tengan por sobre el universo. Las asociaciones tienen que buscar asociar y las que más asociados tengan van a participar con un número mayor de paritarios y así en forma descendente".

"Hay que buscar que de ese universo participe una parte muy importante y éste es un trabajo puerta a puerta y casa a casa. Debería haber ‘punteros por edificio’ que digan ‘nuestra asociación es una asociación buena y responsable que va a ayudar a los consorcistas’", señaló.

Sin embargo, Bullrich advirtió que "si los propietarios participan en las paritarias no va a haber una sola asociación de consorcistas, va a haber más de una porque no nos vamos a poner de acuerdo tan fácil. No vamos a poder alinear a 2 millones de propietarios en una sola asociación, va a ver varias".

Por otra parte, la exministra de Trabajo sugirió otra alternativa para que tanto los administradores como los consorcistas participen de las discusiones paritarias. "Otra manera de pensar la constitución de las paritarias -que es lo que sucede muchísimas veces- es que exista más de una representación de la patronal. Así podría existir una relación en la que tanto administradores como propietarios conformen la patronal y el sindicato represente a los trabajadores", expresó.

Como otra posibilidad, Bullrich propuso cambios en la Ley de Asociaciones Profesionales. "Lo que yo propongo en la Ley de Asociaciones Profesionales –que es la que rige la vida de los sindicatos y la ley de paritarias- es que exista una elección en cada paritaria en la que se elija a los miembros paritarios que llevarán esas discusiones".

"Para ser elegidos, los miembros paritarios tienen que llevar una propuesta con un cierto grado de flexibilidad porque si la patronal lleva una propuesta dura y los trabajadores también, nunca a haber acuerdo", explicó y agregó: "esta es mi mejor propuesta".

Por último, alertó que de lo contrario "tanto la representación de los trabajadores como la representación de la patronal se burocratizan. Las partes se conocen tanto que finalmente terminan generando ciertos negocios o ciertos acuerdos entre sí que no le sirven a la mayoría de la gente".

Finalmente, la disertante esbozó otra propuesta y la explicó con un ejemplo referido a las elecciones en el Consejo de la Magistratura. "Cuando nosotros elegimos el Consejo de la Magistratura -que va a ser quien determine sobre la conducta o elija a los jueces-, en el momento que se elige la representación de los abogados, hay una elección directa de los letrados. Es decir que todos los abogados votan y eligen a su representación. Esta podría ser otra manera", señaló.

Los usuarios generarían energía y la venderían al Estado

[BPN-10/09/14] El pasado 21 de agosto, el senador nacional Diego Santilli (PRO), anunció que ya presentó en el Congreso de la Nación el proyecto de ley "Inyección de Energía a la Red" para que los usuarios tengan en sus casas paneles fotovoltaicos, generen la energía que necesiten, puedan vender su excedente a la red nacional de energía y –con la ayuda de un medidor invertido- percibir una reducción en su factura.

Si bien Pequeñas Noticias no encontró dicho proyecto en el Senado de la Nación, encontró un proyecto de resolución presentado por Santilli el pasado 6 de agosto que busca declarar de interés para el Senado de la Nación la instalación y uso de sistemas de generación de energía de fuentes renovables no contaminantes en edificios residenciales o industriales.

Según explicó Santilli "cuando no hay nadie en la vivienda, con paneles fotovoltaicos [módulos que producen electricidad a partir de la luz solar que incide sobre ellos] se puede estar produciendo energía y vendiéndola a la red. Cuando el usuario vuelve a su casa y prende la tele por ejemplo, está comprando la energía de la red. Eso genera un neto que termina ayudando al bolsillo del ciudadano porque paga menos en la factura y hace que haya menos demanda de energía. Eso en el mundo se llama net metering [balance neto o medición neta de electricidad]".

"Con los paneles fotovoltaicos en la terraza o en el techo de la casa, el usuario está generando energía, pero esa energía no sólo le sirve a él sino que también sirve para inyectarla a la red", aseguró.

El legislador señaló que esta iniciativa "permite que el usuario pueda vender con un medidor invertido. Estos aparatos son absolutamente simples y existen en todas partes del mundo. Se utilizan cuando el usuario está vendiendo y cuando está consumiendo. Y de ahí sale el neto de la factura".

Por otra parte, aclaró que "este proyecto de ley no maneja ni quiere manejar plata. Por lo tanto, quien genera más de lo que consume tendrá un crédito para la siguiente factura. No va a ir ni Edenor ni Edesur a darle plata al ciudadano porque sería algo ilusorio".

Finalmente, Santilli aseguró: "el proyecto de ley ya lo presenté, es algo que está funcionando es distintas partes del mundo. En algunos lugares empezó fuerte, en otros va de menor a mayor", y agregó: "los mendocinos y los santafesinos ya lo están tratando de hacer".

El proyecto de resolución de Santilli, que encontró Pequeñas Noticias, propone declarar de interés para el Senado de la Nación "la instalación y uso de sistemas de generación de energía solar térmica, o cualquier otra fuente de energía renovable no convencional y no contaminante, por parte de los usuarios de carácter residencial, industrial y comercial".

Más del 47% de los ascensores no fueron inscriptos

[BPN-10/09/14] El pasado 21 de agosto, el Arq. Lisandro Dragani, subgerente del Departamento de Elevadores de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras (DGFyCO) de la CABA, reveló que a tres semanas de vencidos los plazos, de los 100 mil elevadores que se estima que hay en la Ciudad de Buenos Aires, 52.700 máquinas se inscribieron en el programa "Ascensores Registrados" y finalizaron el trámite. Fueron también inscriptos otros 4.300 ascensores aunque todavía no cuentan con la oblea correspondiente. Según Dragani esas máquinas corresponden a 31.500 domicilios.

Por otra parte informó que de las 700 empresas que estimó existen sólo se inscribieron 495 lo que –en términos porcentuales- representa casi un 71% de formalidad en el rubro.

Si se registraron 52.700 ascensores mantenidos por 495 empresas registradas, cada una de estas –en promedio- tendría a su cargo poco más de 106 máquinas^[1]. Si este valor se multiplica por los 1.400 pesos mensuales "sugeridos" por FACARA para el mantenimiento de cada máquina, excluyendo los materiales y repuestos, cada empresa facturaría por este concepto casi 150 mil pesos mensuales^[2] o casi 1,8 millón de pesos anuales^[3]. De ese valor las empresas tienen que deducir alquileres, salarios y servicios, entre otros gastos.

Por otra parte los 52.700 ascensores registrados pagan una tasa anual de 313 pesos al Gobierno porteño lo que totaliza 16.495.100^[4] millones de pesos.

Sin embargo Dragani estimó que hay otros 47.300 ascensores en la informalidad que dejan de tributar 14,8 millones de pesos anuales^[5].

Si estuvieran todos los 100 mil ascensores de la ciudad registrados en el programa, la recaudación anual del GCBA sería de 31,3 millones de pesos anuales^[6] y la mensual sería de 2,6 millones de pesos^[7].

Dragani calculó que en la CABA hay 100 mil elevadores y precisó que se inscribieron 52,7 mil ascensores que corresponden a 31.500 domicilios. Siguiendo esta línea de razonamiento se puede deducir que los 100 mil ascensores corresponden a 59.772 edificios^[8] y que cada uno de estos tendría a su cargo 1,67 elevadores^[9]. Éste pagaría en concepto de mantenimiento –sin repuestos ni materiales- poco más de 2.338 pesos mensuales^[10] que sumado al proporcional mensual de la tasa anual llegaría a los 2.364,08 pesos^[11] 

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[1] 52.700 / 495 = 106,46

[2] 106,46 x 1.400 = 149.044

[3] 149.044 x 12 = 1.788.528

[4] 52.700 x 313 = 16.495.100

[5] 47.300 x 313 = 14.804.900

[6] 100.000 x 313 = 31.300.000

[7] 31.300.000 / 12 = 2.608.333,3

[8] 31.500 x 100.000 / 52.700 = 59.772,29

[9] 100.000 / 59.772 = 1,67

[10] 1,67 x 1.400 = 2.338

Mantener un ascensor costaría $1.400 mensuales

[BPN-10/09/14] El pasado 26 de agosto, la Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina  (FACARA) estableció que el mantenimiento de un ascensor cuesta $1.400 pesos por mes. Destacaron que este precio es referencial, que su valor es orientativo, corresponde al 31 de julio de 2014, no incluye el valor de los repuestos y se aplica a aquellos ascensores que cumplan con ciertas especificaciones técnicas.

Esta suma se aplica a: "dos ascensores de 10 paradas, con puertas manuales, según O.M 49.308/95 (GCBA), O.M. 10.950/05 (Córdoba), O.M. 8.769/97 (La Plata), O.M. 12.236/98 (Mar del Plata), O.M. 11.592 (Santa Fe) O.M. 3.214/14.612/94 (Mendoza) O.M. 6.035/95 (Rosario), considerando una base óptima de 250 máquinas, cantidad con la que se obtiene el máximo aprovechamiento de los recursos de la empresa conservadora".

De acuerdo a la Federación, a los precios indicados se les deberá adicionar un 5% más si la instalación posee puertas automáticas o si el ascensor tiene más de 10 y hasta 15 paradas o si se trata de un elevador único.

FACARA definió valores orientativos para la reparación de 12 componentes de los ascensores como ser: cables de acero y poleas, mecanismos de freno, cerraduras electromecánicas, contactos de seguridad, controles de maniobras, patines (rampas abre puertas), guiadores, puertas, motores, mecanismos de paracaídas y botoneras de llamada, entre otros.

Asimismo, aseguró que el precio referencial final promedio para la instalación de un ascensor con las características detalladas a continuación es de casi 300 mil pesos ($295.500). Sin embargo, aclaró que en este monto no se incluyen los trámites ni sellados para su habilitación.

El elevador tomado como modelo posee las siguientes especificaciones: se trata de un ascensor electromecánico de frecuencia variable, con 8 paradas, velocidad nominal 1 mt./seg., con puertas automáticas de luz libre de 800 mm., en chapa con pintura epoxi, Cabina 1 (1100 x 1300 mm) en chapa con pintura epoxi e instalado en un todo de acuerdo a la Ley 962/2003 GCBA.

Echazarreta le presentó su proyecto a Edgardo Form

[BPN-10/09/14] El pasado viernes 29 de agosto, la Dra. Susana Echazarreta junto a un grupo de colegas, presentó ante el legislador porteño Edgardo Form (Nuevo Encuentro) un proyecto de ley para que los consorcios elijan cada dos años representantes para la protección de sus intereses. Las asociaciones y sus postulantes se inscribirían en un Registro Público de Asociaciones de Consorcistas (RPAC) que se crearía en el ámbito de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (DGDyPC) porteña.

La reunión se llevó a cabo a las 17 hs. en el despacho que ocupa el diputado en la Legislatura Porteña. Acompañaron a Echazarreta la Dra. Valeria Pasini; la Dra. Gabriela Bicchi; el Dr. Jorge Resqui Pizarro, coordinador de ReDeCo (Reafirmación de los Derechos del Consorcista), y estuvo presente el asesor de Form, el Dr. Fernando Haber.

El objetivo de esta iniciativa es "establecer un mecanismo institucional de representación para la defensa y protección de los intereses generales del conjunto de los consorcistas de edificios de propiedad horizontal de la Ciudad de Buenos Aires" y propone que cada consorcio elija en asamblea, cada dos años, una de las asociaciones registradas en la DGDyPC porteño. Según los autores de la propuesta, este registro deberá ser de acceso público, gratuito y deberá estar disponible para su consulta en la página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En caso de ser aprobado el proyecto, la primera elección se celebrará 60 días después de la promulgación de la ley. Por su parte, el proceso de recuento de votos finalizará el último día hábil de mayo del año calendario. En el 2015, por ejemplo, sería el viernes 29 de mayo. Por último, el resultado obtenido será publicado en el Registro Público de Consorcistas,

De esta manera, por medio de la asociación elegida, "el consorcista podrá participar, informarse, accionar y reclamar sobre sus derechos y obligaciones en relación a la temática de los consorcios".

Cabe destacar que en su artículo segundo, el proyecto que consta de 9 artículos de los cuales uno es de forma, define al consorcista como "toda persona física o jurídica, propietaria de unidades funcionales en edificios de propiedad horizontal en los términos de la Ley 13.512".

El proyecto establece que la autoridad de aplicación deberá crear un fondo solidario conformado por las multas cobradas a los administradores con el fin de solventar "un programa de difusión e información de los derechos y las obligaciones, como así también a la defensa y protección de los intereses generales de los consorcistas de edificios de propiedad horizontal".

Si bien el proyecto no indica a qué multas se refiere, es de suponer que se trata de las sanciones económicas impuestas por el inciso a) del artículo 16º de la Ley 941.

Los autores del proyecto señalaron que "si bien los consorcistas son representados legalmente por un administrador, dicha representación es de tipo administrativa y para los asuntos puntuales de cada uno de los edificios", y advirtieron que "las problemáticas del conjunto de los consorcios carecen de una representación institucional, formalizada, para el conjunto y orientada a la defensa de los intereses generales del sector".

Según los impulsores, existen asociaciones de consorcistas sin fines de lucro, pero éstas "representan parcialidades sin una representación formalmente delegada por el conjunto de los consorcios que otorgue mayor legitimidad y fuerza a sus reclamos y gestiones".

Por otra parte, opinaron que "sería deseable un sistema de consulta y representación con la participación directa de cada uno de los propietarios" pero admitieron que sería "difícil de implementar y de un alto costo económico." Por lo tanto, propusieron "un método de elección indirecto, muy sencillo, de fácil implementación y con mínimos costos, delegando una gran responsabilidad en la sociedad civil".

Por último, los autores aclararon que el mecanismo propuesto no establece una representación única pues "solo fija un modo de discernir representatividades" y que deberán ser las asociaciones de consorcistas quienes se presenten ante los consorcios para exponer sus ideas y propuestas.

A fines de 2013, la Dra. Echazarreta y el Dr. Resqui Pizarro ya habían presentado a la Leg. Delia Bisutti (Nuevo Encuentro) un proyecto de ley en este sentido aunque nunca se supo cuál fue su destino [BPN Nº 515 del 21/02/2014: "Registro de Asociaciones de Consorcistas"].

Poco después, el 11 de marzo, Echazarreta, Resqui Pizarro, el Sr. Luis García Conde, Asesor de la exlegisladora porteña Delia Bisutti, y la Sra. Teresa Villanueva, presidenta de ACCABA (Asociación de Consorcistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), se reunieron en una confitería situada en Larrea al 1200 para debatir acerca de ese proyecto de ley.

En diálogo con Pequeñas Noticias, Echazarreta calificó al encuentro tanto "positivo" como "neutro". Positivo porque acordaron seguir impulsando el proyecto y neutro por "la poca participación de los demás convocados" [BPN Nº 517 del 27/03/14: "Consorcistas se reunieron para tratar el proyecto Echazarreta.

Ya es obligatorio separar los residuos en origen

[BPN-10/09/14] El pasado 12 de agosto, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reglamentó los artículos 16º y 17º de la Ley 1.854 de Residuos Sólidos Urbanos. A partir de ahora, todos los generadores -tanto individuales como especiales- deberán separar en origen los residuos. Aquellos que no cumplan con esta obligación serán pasibles de multas que irían desde 50 a 32.500 pesos.

Así lo dispuso la Resolución 1.444, publicada en el Boletín Oficial el pasado 20 de agosto que constó de 4 artículos y fue firmada por Edgardo Cenzón, ministro de Ambiente y Espacio Público de la CABA.

El Art. 16º de la Ley 1.854 estableció que "la disposición inicial es la acción realizada por el generador por la cual los residuos sólidos urbanos son colocados en la vía pública o en los lugares establecidos por la reglamentación de la presente. La misma será selectiva conforme lo establezca la autoridad de aplicación".

Por su parte, el Art. 17º impuso que "la disposición inicial selectiva de los residuos sólidos urbanos debe realizarse en el tiempo y la forma que determine la autoridad de aplicación minimizando los efectos negativos sobre la salud y el ambiente".

En su anexo, la resolución estableció que todos los generadores de residuos sólidos urbanos deberán "disponer dentro de su propiedad la cantidad necesaria de recipientes para garantizar la correcta disposición de cada fracción de residuo de forma diferenciada. Los mismos deberán estar claramente señalizados y ser accesibles, a fin de garantizar la calidad del material y evitar la mezcla de materiales".

Asimismo, cada generador deberá "arbitrar las medidas necesarias a fin de garantizar que los residuos permanezcan debidamente separados hasta la entrega al servicio de recolección o recepción".

En el caso de que no se disponga en la vía publica de recipientes o contenedores específicos para los residuos secos, Cenzón determinó que "éstos deberán ser entregados a los recuperadores de materiales reciclables para su posterior clasificación y procesamiento".

Además, los generadores deberán "implementar acciones para comunicar e informar a todos los sujetos que desarrollen actividades o habiten en la propiedad sobre el mecanismo a seguir". En este sentido, el GCBA obligó a los consorcios a que "mediante la colaboración de la administración con los mismos, dispongan las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta normativa".

En el anexo de la norma, Cenzón dispuso que los generadores separen los residuos sólidos urbanos en fracciones húmedas y secas "quedando prohibida la mezcla de fracciones entre sí". Mientras que el color verde identificará a los recipientes de residuos secos, el color negro representará a los de los húmedos.

Residuos secos

El GCBA considera como residuos secos a vidrios, bolsas y films plásticos, envases de tetra-brick, telas, latas, botellas, envases, plásticos, metales, poliestireno expandido, papeles y cartones. Todos vacíos, limpios y secos.

Asimismo, los residuos húmedos son "todos aquellos Residuos Sólidos Urbanos (RSU) que no entran en las siguientes categorías: secos, voluminosos, áridos, restos de poda". El GCBA considera que ésta "contiene la fracción orgánica, es decir los restos de materiales susceptibles de ser compostados, resultantes de la elaboración de comidas, así como sus restos vegetales y animales".

El artículo 4º de la Resolución 1.444 determinó que la Dirección General de Comunicación del Ministerio de Ambiente y Espacio Público deberá publicar esta normativa por distintos medios de difusión recordando a la comunidad, a los particulares, a las sociedades comerciales, a los locales, a los establecimientos en los que se desarrollan actividades comerciales o industriales y a los inmuebles afectados al régimen de propiedad horizontal, que se aplicarán los artículos 1.3.9 y 1.3.9.2 del Capítulo III del Libro II de la Sección del Anexo I de la Ley 451.

El Art. 1.3.9 establece que "quien deje en la vía pública residuos fuera de los horarios permitidos en recipientes antirreglamentarios o no cumpla con la separación en origen o en infracción a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, será sancionado con multas de $50 a $500".

Cuando la falta sea cometida por una sociedad comercial o los residuos provengan de un establecimiento en el que se desarrollan actividades comerciales o industriales, o provengan de inmuebles afectados al régimen de propiedad horizontal, el titular o responsable será sancionado con multa de $200 a $5.000, una inhabilitación o una clausura.

Por otra parte, cabe aclarar que el Art. 1.3.9.2 fijó las multas en Unidades Fijas (UF) para generadores de residuos especiales entre los que se cuentan los edificios sujetos al régimen de la propiedad horizontal que posean más de cuarenta unidades funcionales.

Una UF equivale al valor de medio litro de nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino (ACA), el cual es actualizado semestralmente. En este momento, el valor del litro de nafta ronda los $13, por lo tanto a la fecha una UF equivale a $6,5.

En este marco, el Art. 1.3.9.2 determinó que cuando estos generadores de residuos no los separen y nos los dispongan en forma diferenciada de acuerdo a la normativa vigente serán sancionados con una multa de entre 500 UF ($3.250) y 2.000 UF ($13.000).

AIPH denunció que el Gobierno porteño está dañando la propiedad horizontal

[BPN-10/09/14] El pasado 29 de agosto, la Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal (AIPH), en la editorial de su boletín Nº 159, denunció que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), mediante normativas como Mis Expensas (Expensas Claras), está dañando a la propiedad horizontal. Advirtió también que en los próximos meses "miles de unidades entrarán en morosidad por el alto costo de las expensas", que "muchos consorcios incurrirán en la informalidad y caerán en la degradación de sus instalaciones" y que esta situación "separará a la sociedad entre los que pueden económicamente y los que no".

En este marco, AIPH acusó al GCBA de "acumular base estadística para oscuros fines políticos y dudosos negocios". Según la entidad "esto últimamente es cada vez más notorio al no dejar otra opción al pequeño administrador que la de tercerizar su gestión en manos de empresas que sospechosamente, inclusive, tienen ciertos vasos comunicantes con los mentores de toda esta 'bazofia', lo que conlleva a la deslealtad comercial".

En otro orden de cosas, denunció que el Gobierno local "humilla a los administradores, a quienes se les prohíbe poner sus colores, estilos y logos, violando de esta manera la libertad de expresión que ha de preponderar en toda democracia".

Asimismo, AIPH afirmó que el Ejecutivo porteño "sovietiza a los consorcios tratándolos como ‘monobloques clonados’" y que "impone el estilo de comunicación entre el administrador y sus clientes, aún en contra de la voluntad de ambas partes, lo cual viola el inciso c) del Art. 9º de la Ley 13.512".

En este sentido, aseguró que el GCBA "destruyó la liquidación de expensas como documento de diferenciación y calidad explicativa y la convirtió en un órgano de difusión [partidario] de sus colores, estilos y eslóganes (por ejemplo [imponiendo la leyenda] ‘BA: en todo estás vos’)".

Por otra parte, culpó al Gobierno porteño de "multiplicar las horas de trabajo y los costos de los administradores y consorcios, lo cual escapa a la incumbencia del propio administrado, pauperizando aún más los honorarios del administrador, quien ni puede explicar la obligación ni volcar el sobrecosto que eso conlleva".

Por último, lo acusó de "erigirse en santidad técnica en materia contable y administrativa sin tener un funcionario con conocimientos mínimamente demostrables sobre propiedad horizontal".

La editorial fue firmada por el Adm. Marcelo Ruiz, presidente de AIPH.

CUCICBA cerró la tranquera

[BPN-10/09/14] A partir del 1 de septiembre, quienes quieran comenzar a trabajar como Corredores Inmobiliarios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán abonar a CUCICBA (Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires) 25 mil pesos: 23 mil como arancel y 2 mil pesos en concepto de gastos de inscripción. Así lo anunció esta entidad el pasado 29 de agosto en su sitio Web. Según informó, los nuevos montos se fijaron en una asamblea extraordinaria que realizó el 26 de agosto.

Asimismo, por ese mismo medio, el Colegio les recordó a aquellos que ya están matriculados y que todavía no abonaron el arancel anual -cuyo valor actual es de 2 mil pesos – que tienen tiempo de hacerlo hasta próximo el 31 de octubre.

El Instituto de Capacitación Inmobiliaria (ICI) informó a este medio que la duración de la carrera es de 2 años y un cuatrimestre. Los dos primeros años, el estudiante deberá abonar 19.600 pesos que surgen de multiplicar 20 cuotas -10 por año- de 980 pesos cada una. El cuatrimestre restante necesario para finalizar la carrera se cursará en la Universidad de Morón (UM) y para eso se deberá abonar una cifra cercana a los 7.200 pesos que se puede pagar en 6 cuotas de 1.200 pesos cada una.

En resumen, cursar la carrera le costaría a un estudiante, sólo en concepto de aranceles, sin incluir apuntes, viáticos, libros etc., 26.800 pesos. [19.600 + 7.200 = 26.800]. Ese monto sumado a los 25 mil pesos que cobra inicialmente CUCICBA a quienes quieran trabajar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, arroja un total de 51.800 pesos [25.000 + 26.800 = 51.800].

Los valores utilizados son aproximados, fueron los que estuvieron vigentes durante el año 2014 y el año que viene esos aranceles podrán ser actualizados aunque a la fecha no se sabe en qué porcentaje.

Ante esta situación, el pasado 1 de septiembre, el Sindicato de Empleados Inmobiliarios (SEI) resolvió denunciar a CUCICBA ante las autoridades de la Legislatura Porteña y ante el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo). Además, organizó para el 16 de este mes un cacerolazo frente a la sede de este Colegio Profesional.

Según informaron las autoridades del SEI en su página de Facebook "la medida [de CUCICBA] es excluyente y desatinada, siendo un ejemplo de la política actual de la dirigencia del sector, ya que impone un costo de matriculación excesivo, imposible de afrontar por quienes vienen de terminar la carrera y aun no han iniciado su actividad como trabajadores".

Asimismo, advirtieron que "no vamos a tolerar semejante atropello de los derechos de los trabajadores y estudiantes que mediante mucho sacrificio terminaron la carrera universitaria, cumplen con todos los requisitos formales que le exige la ley, pero son discriminados económicamente".

Por otra parte denunciaron que "es vergonzosa la actitud de las autoridades del Colegio Profesional CUCICBA. Muchas de ellas ni siquiera tienen a todos sus empleados debidamente registrados, incumpliendo con la ley laboral y pretenden hegemonizar el mercado para ellos solos, eliminado todo tipo de competencia y no permitiendo trabajar a un montón de egresados universitarios de la carrera de Martilleros y Corredores Inmobiliarios".

Maestranza y encargados en pugna por los consorcios

[BPN-10/09/14] El primero de septiembre, mediante una solicitada dirigida a "administradores, consorcios y consorcistas", el Sindicato de Obreros de Maestranza (SOM) ratificó que su Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) incluye a "todos los trabajadores ocupados en empresas cuya actividad principal consista en la realización de taras de limpieza y mantenimiento en general, [...] cualquiera sean los lugares donde se presten, ya se trate de edificios, inmuebles afectados por el régimen de propiedad horizontal, casas particulares, oficinas, playas de estacionamiento, etc".

De esta forma tanto FATERyH (Federación Argentina de Trabajadores Edificios Renta y Horizontal) como el SOM reivindican para sí el derecho de trabajar en edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal y en esta primera etapa se enfrentan con solicitadas dirigidas tanto a los administradores, como a los consorcios en su carácter de figura ideal y a los consorcistas. En muchos edificios –por las buenas, para evitar problemas, o por las malas, intimados por el sindicato- empleadores y trabajadores terminan aceptando una doble tributación a ambos gremios cuando contratan una empresa de limpieza.

La solicitada del SOM, que fue firmada por Oscar Rojas, su secretario general, fue publicada en el diario La Nación 23 días después de la difusión, en ese mismo medio, de una solicitada de la FATERYH que reinvindicaba su "legítimo derecho de representación" de todos los trabajadores que realizan tareas en edificios, emprendimientos inmobiliarios o urbanísticos de renta o sometidos al régimen de propiedad horizontal, entre otros, "cualquiera sea la modalidad bajo la cual fueron contratados".

Mediante la solicitada, el SOM aseguró que el Art. 5º y Art. 6º del CCT del sector "establecen con suma claridad cuáles son las tareas que los representados del gremio desarrollan".

Específicamente remarcó que "el Art. 5º será de aplicación para la totalidad de los trabajadores, de uno u otro sexo, ocupados en empresas cuya actividad principal consista en la realización de tareas de limpieza y mantenimiento en general, incluyendo los de carácter técnico e industrial, rasqueteado, encerado, lustrado, pulido y plastificado de pisos, de limpieza y lavado de ámbitos alfombrados, superficies vidriadas y metálicas, cualquiera sean los lugares donde se presten las mismas, ya se trate de edificios, inmuebles afectados por el régimen de propiedad horizontal, casas particulares, oficinas, locales o establecimientos comerciales o industriales, públicos o privados, instituciones, cooperativas, bancarias, financieras de cualquier naturaleza, reparticiones públicas, consultorios, clínicos, sanatorios u hospitales, establecimientos educativos, playas ferroviarias, balnearias y de estacionamiento".

Asimismo, resaltó que "se incluye también el personal dependiente de dichas empresas, que realice tareas de desinfección, fumigación, desinsectación y desratización -mediante procedimientos especiales- recolección de residuos, cortes de pasto, exterminio de yuyos de malezas; servicios de té, café y refrigerios, y todo trabajo de conservación y mantenimiento en general".

En este sentido, el sindicato subrayó que también "incluye a los trabajadores que en tales condiciones se desempeñen en calidad de ordenanzas, conserjes, porteros, serenos, playeros, pañoleros de depósitos, jardineros, ascensoristas, mucamas, camareras, etc., cualesquiera que sean los lugares donde presten dichas labores".

Finalmente, aclaró que también quedan comprendidos en el CCT "todas las cooperativas de trabajo y sus socios trabajadores que, para el cumplimiento de su objeto social, prevén la contratación de terceras personas utilizando la fuerza de trabajo de sus asociados".

Por otra parte, recordó que el Art. 6º determina que se entiende por "establecimiento" el lugar donde se realiza el trabajo.

Por último, el gremio anunció que, además de crear la Federación de Trabajadores de Maestranza., inició una Campaña Nacional de Afiliación "para poder satisfacer las recurrentes peticiones que recibe el sindicato en ámbitos que exceden la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires".

Es de recordar que el pasado 9 de agosto, mediante una solicitada, la FATERYH había denunciado que "durante los últimos años algunos consorcios de propietarios, con el fin de abaratar costos y evadir responsabilidades laborales, han recurrido a contratar los servicios de limpieza y vigilancia a través de cooperativas de trabajo y empresas de servicios. Estas les proveen trabajadores para que realicen en sus establecimientos tareas comprendidas en el ‘Estatuto de Encargados de Edificios de Renta y Horizontal’ […], pero sin reconocerles los derechos laborales, salariales y demás beneficios que allí se contemplan".

Abrevaya para jefe de Gobierno porteño

[BPN-10/09/14] El pasado 4 de septiembre, Sergio Abrevaya (PODES^[1]), lanzó su precandidatura a jefe de Gobierno porteño dentro del Frente Amplio UNEN. Es de recordar que Abrevaya se hizo conocido en la comunidad consorcial por ser el autor de la Ley 3.254 que modificó a la Ley 941 creadora el Registro Publico de Administradores (RPA) porteño.

En una entrevista exclusiva con Pequeñas Noticias, el precandidato denunció que el Ejecutivo porteño "eligió aplicar mal o no aplicar" la Ley 3.254 y que el RPA "hoy funciona muy mal, no toma las denuncias y exige miles de trámites burocráticos innecesarios".

El acto de lanzamiento se llevó a cabo a las 18 hs. en el Palacio Rodríguez Peña con la presencia de políticos, comuneros, compañeros del Frente y representantes de asociaciones sociales, entre otras personalidades.

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[1] PODES: Poder para el Espacio Social.

[2] ABL: Alumbrado, Barrido y Limpieza

[3] PSA: Partido Socialista Auténtico.

[4] GEN: Generación para un Encuentro Nacional.

[5] ACCABA: Asociación de Consorcistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Pintando Horizontes

Si bien la responsabilidad de la nota editorial, hasta ahora, siempre recayó en el Dr. Acuña, fundador de Administración Alas, las demás secciones son desarrolladas por un amplio espectro de colaboradores: contadores, abogados, licenciados y profesionales, entre otros. Sobre éstos agregó "cada uno de los autores de los artículos que a continuación podrán leer, no solamente cuentan con mi más alta estima personal, sino que son profesionales hondamente capacitados en sus respectivas áreas. Ellos han aportado gratuitamente sus conocimientos para que hoy PH Magazine sea posible".

Sus colaboradores, hasta ahora fueron: el Cr. Ricardo Colombres, el Dr. Lisandro Cingolani, la Dra. María Paula García Iglesias, la Lic. Natalia Gavi, la Lic. Natalia Panizzi, el Sr. Diego Bakus, el Sr. Gabriel Rossi, la Sra. Mariana Romero y la Sra. Natalia Sanchez.

Según explicó Acuña "a excepción de la nota editorial que siempre encabeza nuestras publicaciones, el resto de los artículos pretenden enfocar objetivamente cada temática, abordada por profesionales de distintas especialidades, siendo de utilidad práctica y respondiendo los interrogantes más frecuentes de todos los consorcistas".

Cada edición cuenta con 4 hojas (8 páginas) en formato A5 (14, 8 cm x 21 cm) y desarrolla entre 10 y 11 notas: un 60% están orientadas a servicios, un 22% son de opinión, un 10% son notas editoriales y el restante 8% son correo de lectores. Entre las temáticas que se abordaron hay notas sobre expensas, ascensores, seguros, mediación, incendios, las obligaciones de los trabajadores, asambleas, inquilinos, convivencia, entre otros.

Hasta el momento, fueron publicados 5 números, que se diferencian entre sí porque las tapas de cada uno están impresas en papeles de diferentes colores: la portada del primero, correspondiente a octubre y noviembre de 2013, fue blanca; la segundo, de diciembre 2013 y enero 2014, fue amarilla; la edición de febrero y marzo fue impresa en papel color verde, la de mayo y junio en rosado y la de agosto y septiembre en celeste.

Proyecto de RPA para Villa Carlos Paz

[BPN-10/09/14] El pasado 21 de agosto, la edila Mirta Rossi (UCR) presentó en el Concejo de Representantes de Villa Carlos Paz un proyecto de ordenanza para crear un Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal en esa ciudad. El proyecto ingresó bajo el número 274/2014.

De acuerdo a un medio local, de ser aprobado los administradores deberán inscribirse en el registro dentro de los 180 días posteriores a la promulgación de la ordenanza y renovar la constancia cada dos años.

Según explicó Rossi en declaraciones a la prensa de esa ciudad "este registro será público, podrá ser consultado por todos los ciudadanos y permitirá al Estado controlar cuestiones de seguridad relacionadas con el edificio y con las personas que desempeñan diferentes tareas".

En este sentido, indicó que "durante la última década, en Villa Carlos Paz se han incrementado notablemente los edificios y construcciones en propiedad horizontal" y agregó que "es necesario para quienes alquilan o poseen departamentos conocer quién o quiénes están al frente como administradores".

Finalmente, según diversos medios zonales, la concejala remarcó que "en Villa Carlos Paz existe un vacío legal respecto a este tema" 

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Proyecto de RPA para la provincia

[BPN-10/09/14] Según informó un medio tucumano el pasado 2 de julio, el legislador Emiliano Vargas Aignasse (Tucumán Crece) presentó un proyecto en la Legislatura de la Provincia de Tucumán para regular la actividad de los consorcios en esa región. De ser aprobado, los administradores estarían obligados a anotarse en un registro, serían pasibles de multas y tendrían que bancarizarse.

En el marco de una entrevista concedida a ese medio local, Vargas Aignasse anunció que "el proyecto ya ha sido ingresado y se conformó una cámara de administradores para poder sentarnos a dialogar. Ya no cualquiera va a poder administrar, sino que va a tener que pasar por un registro cumpliendo ciertos requisitos". 

En este sentido, sentenció: "vamos a obligar a los administradores a la bancarización" y remarcó que "también habrá un sistema de multas para que los vecinos puedan realizar denuncias y los administradores se preocupen en hacer bien las cosas".

Asimismo, señaló que "hay un vacío legal porque a nivel nacional hay una ley a la que Tucumán no está adherida [sic], y a nivel local también hay una ley pero nunca se promulgó", y agregó: "hay un crecimiento feroz en la provincia. Hay administradoras serias que han venido haciendo los deberes pero hay otras que no". 

Emiliano Vargas Aignasse asumió su cargo el pasado 26 de diciembre y actualmente integra la Comisión de Legislación General, la Comisión de Legislación Social y la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable.

Rincón Solidario

Este mes cumple 65 años pero no tiene los 30 de aportes

Buenas tardes.

La consulta es la siguiente: hay en el consorcio una empleada jornalizada que cumple este mes 65 años pero no tiene los 30 de aportes, tiene 25.

Quisiera saber si puede iniciar los trámites jubilatorios o hay que esperar a los 70 años para iniciarlos.

En caso afirmativo, ¿qué tipo de telegrama debería enviarle?

Siempre agradecida por la ayuda brindada, los saludo Atte.

Cristina [CABA]

(31/09/2014)

Estimada Cristina:

En respuesta a su pregunta, le informo que si bien la empleada tiene la edad para obtener la jubilación ordinaria carece -según sus dichos- de los 30 años de aportes que exige la ley para obtener el beneficio. 

No obstante, podría darse el caso que ella hubiera elegido acogerse a la moratoria existente por lo que le sugiero que converse con ella sobre el tema o en su caso entre en la página del ANSES y consulte si se inició. Ese dato lo obtendrá con el número de documento de identidad de la trabajadora.

Para su conocimiento le transcribo el Art. 252º de la Ley de Contrato que textualmente dice "Artículo 252º (Intimación - Plazo de mantenimiento de la relación). Cuando el trabajador reuniere los requisitos necesarios para obtener una de las prestaciones de la Ley 24.241, el empleador podrá intimarlo a que inicie los trámites pertinentes extendiéndole los certificados de servicios y demás documentación necesaria a esos fines. A partir de ese momento el empleador deberá mantener la relación de trabajo hasta que el trabajador obtenga el beneficio y por un plazo máximo de un año.

Concedido el beneficio, o vencido dicho plazo, el contrato de trabajo quedará extinguido sin obligación para el empleador del pago de la indemnización por antigüedad que prevean las leyes o estatutos profesionales.

La intimación a que se refiere el primer párrafo de este artículo implicará la notificación del preaviso establecido por la presente ley o disposiciones similares contenidas en otros estatutos, cuyo plazo se considerará comprendido dentro del término durante el cual el empleador deberá mantener la relación de trabajo. (texto según Ley 24.347)".

La intimación prevista en el referido artículo (en cuanto a dar por cierto que reúne los requisitos) obligará al trabajador a contestar si le faltan o no aportes para obtener el beneficio.

Asimismo le aclaro que en el caso de no tener los aportes se debe esperar a que cumpla los 70 años y que no es necesario mandar telegrama alguno.

Ante cualquier duda me encuentro a su disposición. 

Cordialmente 

María Cristina Carrera

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La Dra. María Cristina Carrera es abogada especialista en derecho laboral y para cualquier consulta se le puede escribir a dramccarrera@yahoo.com.ar o llamarla al teléfono (15)5466-9921.

Rincón Solidario

Suma fija para agosto

¡Hola Miriam! El valor de la suma fija para el mes de agosto es de $1.000 para los trabajadores de 8 horas y proporcional para el resto. Además, es el último mes que se abona por este concepto. En septiembre deberán aparecer nuevas escalas salariales.

A continuación te paso las diferentes proporciones, según el tiempo trabajado:

* Suma Remunerativa para un trabajador de jornada completa: $1.000.

* Suma Remunerativa para un trabajador de media jornada: $500 ($1.000/2).

* Suma Remunerativa por hora: $5 ($1.000/200 horas).

* Suma Remunerativa por día: $40 ($1.000/25 días).

Un saludo grandote.

MFL

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