Aoun multó a 14 administradores por 700 mil pesos

[BPN-24/12/14] El Crio. Mayor (R) Edgardo Aoun, director general de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC), multó a 14 administradores de consorcios por un monto que superó los 700 mil pesos por infracciones a la Ley 941 que creó y regula el Registro Público de Administradores (RPA) porteño. Si bien las disposiciones que así lo ordenaron se extienden desde febrero hasta octubre de este año, fueron publicadas en el Boletín Oficial el pasado 17 y 18 de diciembre.

Los montos de las multas van desde los 23.304 hasta los 58.260 pesos. Teniendo en cuenta que se fijan de acuerdo al sueldo básico de los encargados de edificio de 4° categoría sin vivienda, para llegar a esos valores se contabilizaron desde 4 a 10 sueldos, dependiendo el caso. Para ser exactos, el total de todas las multas asciende a 700.996 pesos.

El 71% (10) de las sanciones se aplicaron porque los mandatarios ejercieron la actividad sin estar inscriptos en el RPA (Inc. a del Art. 15°), el 29% (4) porque incumplieron con obligaciones propias del administrador (Art. 9°) y el 21% (3) porque no respetaron el contenido que debía figurar en las liquidaciones de expensas (Art. 10°). Algunos mandatarios incumplieron con varias de estas obligaciones: mientras que el 79% (11) de los multados violaron sólo un artículo de la Ley 941, el 21% (3) infringieron más de uno. Por esta razón, en este caso, la suma de los porcentajes no sumó el 100%. Por otra parte, donde se hizo necesario, los decimales fueron redondeados para una mejor comprensión del texto.

En 17 de diciembre se publicaron 8 multas mediante las disposiciones 657, 1.068, 1.450, 1.475, 1.616, 1.767, 1.880 y 1.889. Los administradores multados fueron Florentino Fano, Pedro Alejandro Poroyan, María Rosario Barrioluengo, Gustavo Ariel Cabello, Javier Ricardo Capelan, Ana María Zuñiga, Francisco Montesano y Juan Onofre Sampayo.

Un día después se publicaron 6 multas más mediante las disposiciones 1.261, 1.493, 1.627, 1.662, 1.891 y 1.922. Los sancionados fueron Fernando Javier Pedrosa, Administración Aparicio, Flavia Lorena Deben, Luis Alejandro Torres, Rosa Isabel Dittrich y Alberto José Mier Torre.

Llamó la atención que si bien la disposiciones fueron firmadas entre febrero y octubre de este año, recién ahora hayan sido publicadas en el Boletín Oficial. Una es de febrero, otra de mayo y otra de junio. En julio fueron tres, en agosto dos pero en septiembre cinco. Por último en octubre fue una. 

Detallando una por una, la Disposición 657 se firmó el 27 de febrero; la 1.068 el 19 de mayo; la 1.261 el 11 de junio; la 1.450 el 16 de julio; la 1.475 el 17 de julio; la 1.493 el 24 de julio; la 1.616 el 14 de agosto; la 1.627 el 25 de agosto; la 1.662 el 2 de septiembre; la 1.767 el 19 de septiembre; la 1.880, la 1.889 y la 1.891 el 30 de septiembre y la 1.922 el 2 de octubre.

Es de destacar que los montos de las multas firmadas entre septiembre y octubre de 2014, fueron calculados sobre la base de la escala salarial de marzo 2014 y no en base a la de septiembre. Además, en ninguna de las disposiciones que impusieron las sanciones –a pesar de que se relató brevemente las circunstancias que la motivaron- no se especificó la fecha en que el ciudadano realizó la denuncia.

Fano ejerció como administrador sin estar inscripto en el RPA y fue multado con 54.310 pesos correspondientes a 10 sueldos de acuerdo a la escala salarial de diciembre 2013. Por su parte, Poroyan, Barrioluengo, Cabello, Montesano, Sampayo, Dittrich, Mier Torre y administración Aparicio cometieron la misma infracción y fueron multados con 58.260 pesos correspondientes a 10 sueldos de acuerdo a la escala salarial de marzo 2014.

Llamó la atención que todos los que incumplieron con el Inc a) del Art. 15° fueron multados con sumas equivalentes a 10 sueldos, a excepción de Pedrosa que a pesar de haber cometido la misma infracción, fue multado con una suma equivalente a 4 sueldos (23.304 pesos).

De estos 10 administradores que cometieron esta infracción -mientras que uno ejerció la actividad sin haberse inscripto en el RPA- nueve la ejercieron dentro de un período en el cual habían sido dados de baja del Registro.

Por su parte, Capelan infringió el inciso l) del Art. 9° y los incisos b), d), e), g) e i) del Art. 10° de la Ley 941, con lo cual debe abonar una suma de 34.956 pesos correspondientes a 6 sueldos de acuerdo a la escala salarial de marzo 2014.

Por otra parte, Zuñiga transgredió el inciso k) del Art. 9° y fue multada con 29.130 pesos correspondientes a 5 sueldos de acuerdo a la escala salarial de marzo 2014.

Gómez Centurión le pidió ayuda a Santa María

[BPN-24/12/14] Los encargados de edificio repartirán más de 35 mil folletos informativos entre los consorcistas para explicarles cómo verificar el estado de los ascensores mediante sus teléfonos celulares. Así se acordó mediante un convenio de cooperación que firmó Víctor Santa María, titular del Sindicato Único de Trabajadores de Edificio, Renta y Horizontal (SUTERH) y Juan José Gómez Centurión, director ejecutivo de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) porteña.

Gómez Centurión admitió que le pidió ayuda al sindicato para que intervenga en el proyecto "Ascensores Registrados", señaló que a pesar de las diferencias políticas "hay cuestiones que están por arriba de cualquier insignificancia partidaria" y calificó a los encargados como figuras "de máxima confianza".

El convenio fue firmado el pasado 16 de diciembre en el Aula Magna de la UMET (Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo) por Víctor Santa María, titular del sindicato, y Osvaldo Bacigalupo, secretario gremial. En nombre de la AGC, firmaron Gómez Centurión y Rodrigo Bonini, jefe de gabinete de dicha dependencia.

De acuerdo a Gómez Centurión "la posibilidad de estar a través de un folleto en cada uno de los edificios diciéndole a las personas de qué se trata el proyecto que estamos llevando a cabo, pidiéndole a las personas que hablen con su administrador de consorcio para decirle que se sume a este proyecto y que registre el ascensor, y hacerlo a través del encargado de edificio con lo que significa, como un factor de confianza y como un factor de referencia de las personas; para nosotros es muy importante".

Según explicó el director ejecutivo de la AGC "como Gobierno estamos llevando una noticia de prevención que cuida a las personas y que mejora las condiciones de todos a través de una figura de máxima confianza que es el encargado de edificio. Por eso hemos venido y hemos hablado con autoridades del sindicato para decirles que nos ayuden a terminar este proyecto".

"Se trata de un proyecto tecnológico que ayuda a que los ciudadanos puedan intervenir directamente y fiscalizar si los ascensores están mantenidos o no. Los encargados de edificio son las mejores personas para llevarles este mensaje, por eso hemos pedido la colaboración de ustedes. Nosotros agradecemos enormemente que nos ayuden en este rol", expresó.

Finalmente aseguró: "para nosotros, como Gobierno, trabajar con una organización de la sociedad civil como es el sindicato nos enriquece y nos enriquece también la posibilidad de trabajar con sus afiliados".

En otro orden de cosas, Gómez Centurión destacó: "creemos que más allá del pensamiento político y de las preferencias políticas que tengamos cada uno de nosotros, hay temas como el bien común y hay cuestiones que están por arriba de cualquier insignificancia partidaria".

"Como Gobierno trabajar con las personas es un modelo social que nos hace progresar y nos hace avanzar cualquiera sea la idea o la visión que tengamos sobre las cosas. Son temas concretos que hacen que las personas de la ciudad estén mejor", indicó.

"Les agradezco muchísimo porque es un voto de confianza enorme. Creemos que trabajando con ustedes nosotros progresamos", concluyó.

Por último, recordó que el programa "Ascensores Registrados" es "un proyecto que gestiona el control de los ascensores de la ciudad de Buenos Aires para que tengan el mantenedor correspondiente -tal como indica la ley- y que cualquier persona con un teléfono celular puede leer el código QR y saber si un ascensor está mantenido o no y quién lo mantiene".

Es de recordar que este programa fue establecido mediante la Resolución Nº 430 (BO: 25/09/13) y está a cargo de la AGC que sostiene que surgió para realizar "una revisión de los procesos de control, registro e inspección llevados a cabo sobre los elevadores" 

[BPN-24/12/14] Ya es ley que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación entre en vigencia el 1º de agosto de 2015 y no el 1° de enero de 2016 como originalmente estaba previsto. Con esta medida el oficialismo buscó desactivar la amenaza de la oposición de derogarlo en caso de que sus referentes consiguieran las mayorías parlamentarias necesarias en diciembre del año que viene.

Con su entrada en vigencia quedará derogada la Ley 13.512 que desde 1948 imperó en la propiedad horizontal, con lo cual cambiarán las reglas de juego del sector. El flamante Código está dividido en seis libros. Dentro del cuarto, se encuentran el "Título V" denominado "Propiedad Horizontal" y el "Título VI" dedicado a los "Conjuntos Inmobiliarios". El primero está compuesto por 36 artículos y el segundo por 41. En suma, se trata de 77 artículos que regularán estas cuestiones.

El pasado 16 de diciembre la Cámara de Diputados aprobó el proyecto -que ya había recibido media sanción del Senado- para adelantar la puesta en marcha del nuevo cuerpo normativo. Dos días después, mediante el Decreto 2.523, Cristina Fernández de Kirchner promulgó dicha ley bajo el número 27.077 (BO: 19/12/14).

En octubre el equipo económico del Frente Renovador había advertido que si Sergio Massa gana las elecciones se encargará de "derogar" y "revisar" más de 150 leyes, entre ellas, la que establece el nuevo Código Civil y Comercial. Por su parte, el diputado Federico Pinedo (PRO) había asegurado que el nuevo Código forma parte de la legislación que se intentará modificar en 2016.

La iniciativa fue aprobada con 130 votos a favor y 93 en contra, luego de un breve debate. Si bien la diputada Diana Beatriz Conti (FpV) le pidió a la oposición acompañamiento, Claudio Raúl Lozano (Unidad Popular) consideró que "no existen razones ni necesidades imperiosas que ameriten la modificación de la entrada en vigencia" y el diputado Pablo Gabriel Tonelli (PRO) se preguntó cuál es el beneficio de llevar a cabo este adelantamiento por cuatro meses y señaló que lo más "prudente y razonable" sería esperar a enero de 2016.

Por su parte, el legislador Héctor Tomas (FpV) replicó: "hoy los que se oponen al adelantamiento de la puesta en vigencia del Código Civil no bajaron (al recinto) a debatir el Código el día en que se debatió".

La iniciativa que fue ingresada el pasado 11 de noviembre en el Congreso de la Nación bajo el número de expediente 3976/14, fue elaborada por los senadores del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto (Rio Negro) y Aníbal Fernández (Pcia. de Buenos Aires).

El 2 de diciembre el proyecto obtuvo dictamen en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. En esa oportunidad, el senador Ernesto Sanz (UCR) había negado que la oposición vaya a revisar o derogar el nuevo Código Civil y Comercial en caso de ser mayoría.

[BPN-24/12/14] La AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) confirmó que en los próximos días emitirá una resolución general para que los monotributistas puedan utilizar hasta su agotamiento las facturas que tienen en stock. Eso será posible siempre y cuando los contribuyentes le informen al fisco -en la forma y plazo que establezca el ente recaudador- la cantidad y el número de boletas existentes. Así lo informó el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CPCECABA) el pasado 16 de diciembre.

Por otra parte, según medios periodísticos, el 11 de diciembre la AFIP había aclarado que tendrá en cuenta la situación de aquellos monotributistas que ya habían impreso sus facturas de buena fe pero no la de quienes imprimieron más boletas para evadir la nueva obligación de contar con una autorización electrónica.

Esta salvedad surgió en respuesta a los dichos de Ricardo Echegaray, titular del fisco, quien el primero de diciembre había anunciado que aquellos monotributistas que ya tenían impresas y autorizadas sus facturas podían seguir utilizándolas hasta que se les acabe el stock.

De acuerdo a la prensa, "fuentes del organismo aseguraron que esto no tendrá carácter general pues se tendrá en cuenta la situación de quienes de buena fe hicieron talonarios en octubre y tienen todavía un importante stock, pero no se avalará a quienes imprimieron –por ejemplo- 500 facturas para evitar durante el mayor tiempo posible el control del Código de Autorización de Impresión (CAI)".

Se impulsa deducir los alquileres de Ganancias

[BPN-24/12/14] El pasado 20 de noviembre, el senador Gerardo Antenor Montenegro (Frente Pupular) presentó un proyecto de ley en el Congreso de La Nación para que pueda deducirse el alquiler del Impuesto a las Ganancias. Sólo quedarán alcanzados por este beneficio aquellos casos en los que se trate de una vivienda única, familiar y de ocupación permanente. De ser aprobada la iniciativa, el importe deducible será prorrateado por la cantidad de inquilinos que firmaron el contrato.

Por otra parte y según explicó Montenegro, "la efectivización de dicha deducción implicará la obligación de declarar los ingresos por alquileres de parte de los propietarios de los inmuebles sujetos a arrendamiento, hecho que en la actualidad no sucede".

Específicamente, el senador Montenegro le agregó un inciso i) al artículo 81º de la Ley 20.628 (Impuestos a las Ganancias). El mismo establece textualmente que serán deducibles "las sumas efectivamente abonadas por los contribuyentes correspondientes a pagos de alquileres de vivienda única, familiar y de ocupación permanente. El importe deducible será prorrateado por el número de los titulares locatarios firmantes del contrato. La deducción se hará efectiva siempre que el contribuyente y los integrantes de su grupo familiar no sean titulares de ningún bien inmueble".

El proyecto, que consta de 2 artículos de los cuales uno es de forma, ingresó bajo el número 4040/14 y el pasado 2 de diciembre giró a la comisión de "Presupuesto y Hacienda".

En sus argumentos Montenegro señaló que "la circunstancia de que el inquilino pueda deducir de las cargas impositivas dichos importes hará que el propietario deba informar a la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) esos ingresos, sobre la base del cruzamiento de los datos. Esta deducción muy por el contrario de perjudicar al Estado, lo beneficiará".

Explicó que "se presume que una familia que por la escala salarial de sus ingresos se encuentra afectada al pago del impuesto a las ganancias pero que, sin embargo, no tiene la posibilidad de ser propietario, ni de acceder a un crédito, debería tener la opción de deducir de dicha carga los importes abonados por alquileres de vivienda única, tal como son pasibles de deducción los intereses de los créditos hipotecarios, los servicios de medicina prepaga, los honorarios médicos, los salarios del servicio doméstico, etc., según lo prescriben los distintos incisos del Art. 81º de la Ley 20.628".

¡Chau 2014!

[BPN-24/12/14] En diciembre sigue vigente la escala salarial del mes de Octubre/2014 y no hay cambios que reflejar en los recibos de haberes.

Junto con los haberes del mes, hay que liquidar el 2º Sueldo Anual Complementario de 2014. Si bien se habla de una modificación a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) para abonar los aguinaldos de diciembre el día 18/12, todavía no se publicó en el Boletín Oficial.  Se supone que se aplicará a partir del año que viene y que se estimará el sueldo de diciembre para poder liquidarlo. Si posteriormente surge una diferencia de aguinaldo a pagar, se abonará con el sueldo de diciembre.

En principio debo dejar aclarado el concepto de fachada: el Art. 2º de la Ley 13.512 enumera las cosas que son consideradas como comunes y que por ende su mantenimiento y conservación son solventados por todos los propietarios

Surge claramente del artículo que tanto los pórticos y las puertas de entrada son consideradas comunes y -en este caso- también el portón del garaje pues se encuentra adherido a la fachada.

O sea que si la fachada -que es la cosa principal- es común, el portón adherido a la cosa principal -que es secundario- sigue la misma suerte: es común.

No queda duda que el consorcio es quién debe repararlo aunque se encuentre automatizado, porque por definición es de la comunidad.

EXPENSAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS:

Ordinarias o comunes

Se denominan así los gastos habituales del edificio que son comunes a todo el consorcio:

1) Sueldos del encargado, incluyendo las cargas sociales;

2) elementos y artículos de limpieza;

3) gastos de electricidad, agua y gas del edificio;

4) mantenimiento de ascensores y bomba de agua;

5) otros gastos como la vigilancia, cable, mantenimiento de pileta;

6) las habituales y periódicas;

7) los honorarios del administrador;

8) los salarios;

9) los pagos por leyes sociales correspondientes al personal del edificio;

10) los gastos de combustibles y electricidad;

11) el mantenimiento o "service" de ascensores y demás maquinarias;

12) los elementos de limpieza e iluminación;

13) la papelería y franqueo;

14) los gastos por reparaciones infaltables mensualmente en los edificios en tanto no se traten de reemplazo de materiales o elementos que integran el patrimonio del consorcio.

Gastos extraordinarios

Como su nombre lo indica, representan erogaciones tendientes a innovar o valorizar el edificio común, ajustarlo a modificaciones legales, reposición de maquinaria o de elementos estructurales que se han transformado en antieconómicos u obsoletos.

También pueden existir gastos que no se liquidan todos los meses y pueden ser extraordinarios en algún momento, pero no son considerados extraordinarios puros como los precedentes, como por ejemplo un cambio de cañería de gas. No es obligación del administrador que los recaude de una manera diferenciada y se consideran comunes.

Tomando en cuenta las definiciones precedentes, todo lo que sean gastos de mantenimiento son ordinarios, no correspondiendo que sea liquidado como extraordinario.

La jurisprudencia así lo ha entendido:

Habiendo establecido las diferencias, los contratos que efectúen los propietarios con terceros le son totalmente ajenos. Para el consorcio la unidad es la que debe, es decir, que le es indiferente quién la ocupa o qué dice el contrato respecto a quién deba abonarlas.

El administrador las pone al cobro y quién la vaya a pagar, sea quien fuere, debe abonar lo que se pone al cobro.

Es una cuestión del propietario con el locatario y de qué forma han establecido las proporciones que deben abonarse.

Pero siendo el arreglo del portón un gasto común, la unidad funcional es la que debe abonarlo.

Para el caso en que la unidad no lo pagare, deberán intimar a las misma para su pago.

Nombre y apellido: !*LAST_NAME*!, !*FIRST_NAME*!

E-mail: !*EMAIL*!