[BPN-25/02/15] El Registro Público de Administradores (RPA) porteño se mudaría al edificio de la Dirección de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC) de esta ciudad. La mudanza que en un principio estaba pautada para el viernes 20 de febrero –último día para que los administradores porteños presenten sus DDJJ 2013- fue postergada hasta nuevo aviso por falta de mobiliario en las nuevas oficinas. Así informaron a esta redacción numerosas fuentes que prefirieron que sus nombres queden reservados en la redacción. Las autoridades del RPA no emitieron ningún comunicado oficial sobre el tema.

Según funcionarios de la Comuna 6 donde el RPA funciona actualmente, los trabajadores del Registro habían terminado de preparar todos los elementos necesarios para ser trasladados al nuevo destino cuando les llegó la contraorden de desembalar y esperar hasta nuevo aviso. A pesar de estas marchas y contramarchas, los empleados de la Comuna 6 habrían realizado el viernes pasado un modesto ágape de despedida para sus compañeros del RPA.

Otras fuentes confirmaron a este medio que por el momento el registro seguirá funcionando en la calle Patricias Argentinas 277, en el barrio porteño de Caballito aunque en el corto plazo se podría concretar la fallida mudanza.

Cabe reiterar que el Gobierno porteño no hizo público este posible traslado ni difundió esta decisión ya sea en forma oficial o extraoficial. Tampoco se sabe exactamente en qué piso del edificio ubicado en la calle Maipú 169 está previsto que se instale el registro ni las razones de esta relocación.

Si bien la mudanza por el momento se frustró, es de suponer que la falta de publicidad de este hecho, de haberse concretado sin la difusión adecuada, hubiera acarreado incomodidades y malestar tanto a los administradores como a los consorcistas que se hubieran debido acercar al RPA para realizar cualquier tipo de consulta, trámite o reclamo.

[BPN-25/02/15] El pasado jueves 19 de febrero, por primera vez el Sindicato Único de Trabajadores de Edificio, Renta y Horizontal (SUTERH) realizó un "escrache" frente a un consorcio por el despido de su encargado Oscar Sosa. Tanto el secretario gremial, Osvaldo Bacigalupo, como el trabajador subrayaron a este medio que este último es delegado sindical. A la protesta asistieron Víctor Santa María, secretario general del gremio, Bacigalupo, miembros de la comisión directiva, el encargado despedido y trabajadores del sector.

Los manifestantes se congregaron poco antes de las 13:30 horas en el barrio porteño de la Recoleta en la esquina de Riobamba y Paraguay para luego marchar media cuadra hacia el consorcio sito en Riobamba 853. Una vez allí, se cortó el tránsito vehicular, hubo cánticos, se desplegaron banderas y se pegaron volantes en el frente del edificio. Cabe destacar que si bien hubo presencia policial, se trató de una protesta ruidosa aunque no hubo incidentes.

A modo de cierre, dijeron unas palabras tanto Santa María como Bacigalupo. El secretario general advirtió que "el SUTERH no es un gremio que se movilice por movilizar, pero cuando vea una injusticia va a estar presente en el lugar que sea necesario y contra quien sea para tratar de defender los derechos de los trabajadores".

"Sabemos que muchas veces son los malos administradores los que hacen que los propietarios se manejen de mala forma. Seguramente vamos a seguir reclamando, vamos a ir hasta las últimas consecuencias para defender tus derechos que son nuestros derechos", explicó Santa María dirigiéndose a Sosa.

Por último, le agradeció al encargado damnificado por darle la posibilidad de acompañarlo y de estar con él y expresó: "espero que muy pronto se haga justicia aquí en este consorcio".

Por su parte, Osvaldo Bacigalupo aseveró que estarán "en cada lugar que sea necesario" y aseguró que "esto es una demostración de lo que podemos como sindicato y lo que hacemos como compañeros cuando estamos unidos". Finamente, agradeció a los presentes por acompañar al trabajador despedido.

En diálogo exclusivo con Pequeñas Noticias, Sosa explicó: "en marzo de 2014 cambiaron de administración en el edifico donde trabajo. Esta administración vino y empezó a sacarme todo lo que yo había logrado durante los 17 años que estoy trabajando para el consorcio: las horas extras, el retiro de residuos y el pago por el Título de Encargado Integral de Edificio (TIE)".

"Me fueron sacando todo pero sin una orden o un previo aviso como para que yo sepa qué es lo que iba a cobrar a fin de mes. A raíz de eso, empecé a reclamar, primero en forma verbal hasta que después fui al sindicato y le mandamos una carta documento. Luego fuimos a una reunión conciliatoria para ver cómo podíamos arreglar", señaló.

Asimismo, detalló que "en la primera reunión la administración no tenía respuesta alguna a lo que yo estaba reclamando. En ese momento el conciliador del SERACARH (Servicio de Resolución Adecuada de Conflictos para Trabajadores y Empleadores de Renta y Horizontal) nos dio la oportunidad de que haya otra reunión más. Aunque nosotros nos presentamos esta gente no asistió. Después me dio otra conciliación porque creo que por ley hay que dar otra pero ya no se presentaron más" y agregó: "el 30 de septiembre decidieron despedirme por esa actitud [la de reclamar] que yo había tomado".

A continuación Sosa se dirigió a la Justicia: "un juez dictaminó que me tenían que reincorporar –mediante una medida cautelar- y yo debía seguir trabajando hasta que los jueces estudiaran el caso y tomaran una decisión pero ellos no acataron esa orden. No me reincorporaron y apelaron esa medida cautelar que salió alrededor del 15 de diciembre", afirmó.

El encargado aseguró que "hasta donde tenía entendido" todos los propietarios estaban conformes con él y que el trato que mantenía con la administradora anterior era "perfecto". Por último enfatizó "no tengo llamados de atención, no tengo apercibimientos y no tengo suspensiones".

En otro orden de cosas, Sosa relató que hace 7 años fue elegido por el barrio delegado del SUTERH y que participa en la comisión de futbol infantil. Aclaró que desempeñaba esta tarea fuera de su horario de trabajo.

Según explicó "la comisión la integramos cinco compañeros delegados que nos dedicamos a organizar campeonatos de futbol infantil en el predio de La Reja donde los sábados a las 14:30 horas juegan los chicos de los compañeros".

Por su parte, la Dr. Liliana Laborde, abogada de la nueva administración que maneja al consorcio, aclaró que Sosa fue despedido "con justa causa" ya que no cumplió en forma debida con sus tareas laborales. Según la letrada "fue suspendido varias veces y finalmente el consorcio, en una asamblea y por mayoría, decidió despedirlo".

"Sosa inició una acción pidiendo que se le restituya su puesto de trabajo. Un amparo que fue contestado, fue apelado y todavía no está resuelto", expresó y agregó que "es la Justicia quien debe decidir, no el señor Sosa a través de un acto de patoterismo al presentarse en el consorcio donde está viviendo".

"El consorcio está en su legítimo derecho de despedir a una persona que trabaja para ellos -aun cuando sea sin causa- aunque en este caso es con causa. Después las consecuencias serán pagar la indemnización pero no hacer este escrache que está haciendo el señor", recriminó.

De acuerdo a la Dra. Laborde, "estamos dentro del derecho del ejercicio del trabajo, es la libertad de trabajo. Además amedrenta a los copropietarios que son gente mayor y se asustan. Es un consorcio chiquito y la mayoría son jubilados. Esta situación de hoy no tenía ningún sentido".

Por otra parte, denunció que el encargado "tendría que haber entregado la vivienda y no la entregó. Por el reglamento del SUTERH, una vez que se lo despidió tiene 90 días para devolverla, con lo cual, actualmente, hay en trámite una causa penal por usurpación".

En cuanto a las mediaciones, la letrada aseguró que "la única conciliación que Sosa planteó fue con las suspensiones y se las ratificaron. Él en ningún momento inició la acción por despido y todavía no inició ningún juicio, solamente este amparo para que se le restituya el trabajo".

Además, según la Dra. Laborde, la administración sólo fue notificada de dos conciliaciones: "a la primera que fui le ratifiqué las causales de suspensión y le dije que a una segunda no iba a ir. Igualmente el SUTERH fijó una nueva".

"Cuando uno va a una conciliación con el SUTERH, no habla con un abogado de ellos sino que habla con otro delegado, es otro portero que tiene más antigüedad que el que está reclamando y le puedo asegurar que existe una parcialidad total siempre a favor del encargado. No hay posibilidad de defenderse", argumentó.

"Si lo hubiera hecho por el SECLO (Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria) del Ministerio de Trabajo tal vez podríamos haber llegado a un arreglo", aventuró.

En otro orden de cosas, aseguró que "el señor Sosa nunca notificó que era representante gremial y si lo hizo, lo hizo con la administración anterior la cual no entregó la documentación a la actual que es la de la señora Susana Alarcia de la Administración MyM".

[BPN-25/02/15] El Registro Público de Administradores (RPA) porteño habría establecido una prórroga - aunque todavía no trascendió su fecha de vencimiento- para el cumplimiento del segundo paso de las Declaraciones Juradas (DDJJ) 2013. Así lo informó el pasado miércoles 18 de febrero, AIERH (Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal) mediante una circular vía correo electrónico que distribuyó entre sus asociados. Esta nueva medida no se difundió mediante una circular oficial –como sucedió en otros casos- ni se publicó en el Boletín Oficial una disposición sobre el tema. Por otra parte AIERH fue la única entidad que difundió esta novedad.

La entidad de administradores detalló que el RPA le informó que la prórroga será para aquellos que hayan cumplido con el paso uno: "hay prórroga para el 2º paso, siempre y cuando el usuario se haya registrado previamente". Este primer paso venció el pasado viernes 20 de febrero.

Según AIERH, el RPA todavía no le comunicó hasta qué fecha se extenderá la prórroga. Cabe destacar que esta sería la cuarta vez que el Gobierno porteño extiende el plazo para presentar las declaraciones juradas, aunque en este caso se trataría de una prórroga parcial.

Es de recordar que el pasado 15 de enero, el RPA porteño anunció a los administradores de consorcios que "extendió" el plazo para presentar sus DDJJ anuales hasta el viernes 20 de febrero inclusive, aunque –también en ese caso- todavía no se publicó ninguna disposición en el Boletín Oficial que haya respaldado esta decisión. En aquel momento, el registro había argumentado que "dicha extensión se realiza al sólo efecto de facilitar que todos los administradores puedan ajustarse a la normativa vigente y ejercer sus funciones sin inconvenientes".

La primera prórroga, por un término de 45 días, había sido establecida mediante la Disposición 1.434 el 10 de julio del año pasado (BO 14/07/14). El anuncio lo había anticipado tres días antes la Dra. Paula Scauzillo en la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI). En esa oportunidad, la funcionaria se presentó como colaboradora de Gabriela Pilar Saldivia, actual coordinadora del RPA porteño.

El 26 de septiembre de 2014, el Crio. Mayor (R) Edgardo Aoun, director general de Defensa y Protección del Consumidor de la CABA, prorrogó por 60 días corridos el vencimiento de las DDJJ anuales que debían presentar aquellos administradores cuya matrícula se encontraba vencida antes del 18 de noviembre inclusive. Dicha prórroga hubiera vencido el 17 de enero de 2015.

Dicha oficina -que será coordinada por el defensor del pueblo- tendrá como objetivo "el asesoramiento y defensa de los inquilinos de locaciones residenciales y residentes en hoteles familiares y pensiones de la ciudad".

Es de recordar que el 25 de julio de 2014 en el marco de una escrache a una inmobiliaria, antes de que asuma como legislador, Muñoz ya había expresado: "me parece muy bueno empezar a hacer visible una problemática que abarca a casi el 30% de la población de la ciudad y que prácticamente es invisible en la agenda pública porque es un tema del que no se habla. Es muy fuerte evidentemente el lobby de las cámaras inmobiliarias, suficiente para que no se traten proyectos de ley".

La iniciativa que se presentó bajo el número de expediente 3381-D-2014 consta de 7 artículos, de los cuales uno es de forma.

Según el proyecto, la Oficina de Atención a Inquilinos se encargará de:

a) Prestar asesoramiento jurídico gratuito a los inquilinos en la relación con el propietario o con la inmobiliaria.

b) Ofrecer una instancia de conciliación voluntaria para problemas suscitados entre inquilinos, propietarios e inmobiliarias.

c) Recibir reclamos de inquilinos, derivados de los respectivos contratos de locación.

d) Recibir reclamos y prestar asesoramiento jurídico a los residentes de hoteles familiares y pensiones por problemas suscitados en la relación contractual con los propietarios o administradores de dichos establecimientos.

e) Promover la participación de asociaciones que nucleen a inquilinos y residentes en hoteles familiares y pensiones.

f) Promover la participación de la ciudad en la protección de los derechos de los inquilinos.

Asimismo, de acuerdo a la iniciativa, la oficina realizará acciones de concientización sobre los derechos de los inquilinos y producirá informes periódicos sobre sus actividades, que contendrán indicadores de cumplimiento de los servicios que ofrece.

En otro orden de cosas, anualmente el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos preverá la partida presupuestaria correspondiente.

Según el texto del proyecto, dicha oficina tendrá que crear un registro voluntario de inquilinos y propietarios. El objetivo consiste en receptar ofertas de los arrendadores en un registro zonificado de inmuebles destinados a alquileres de vivienda y además realizar una lista de personas aspirantes a arrendar un inmueble dentro del radio de la ciudad.

En sus fundamentos, Muñoz recalcó que "es necesario que el Estado intervenga en la dinámica del mercado inmobiliario" y argumentó que "ya se pusieron en práctica oficinas de atención a la problemática en cuestión en numerosas ciudades argentinas como Santa Fe, Casilda (Santa Fe) y La Plata; y del exterior como Madrid, Barcelona y Roma, entre otras".

Además informó que "de 1.150.000 hogares que hay en la Capital, un tercio son ocupados por inquilinos y hay 250 mil personas viviendo en villas, hoteles e inquilinatos; en tanto se estima que existen 150 mil viviendas ociosas".

Según explicó el legislador, "los cada vez más crecientes requisitos hacen que día a día sea más difícil acceder a un alquiler. La garantía de vivienda ubicada en la ciudad de Buenos Aires y muchas veces de familiar directo como excluyente, por ejemplo, hace que una persona o familia que quizás económicamente podría acceder a un alquiler deba terminar viviendo en una villa, en un hotel familiar o en una pensión".

[BPN-25/02/15] Según una encuesta, el 64% de los inquilinos porteños destina más del 40% de su sueldo al alquiler, el 67% considera que no puede acceder a una vivienda propia, más de la mitad afirma que alquila por intermedio de inmobiliarias y asegura que sus comisiones son el mayor problema que tienen que afrontar.

Para el 43% de los consultados los principales responsables de la "problemática de los inquilinos" son las inmobiliarias y para casi el 80% sus problemas son tanto responsabilidad del Gobierno porteño como del nacional.

Por último, el 62% de los participantes de la encuesta cree que para mejorar la situación de los inquilinos se debería crear una oficina pública que regule los contratos y el 67% admite que no conoce la Ley de Alquileres.

En referencia a la posibilidad de tener un hogar propio, el 67% (339) de los encuestados considera que no puede acceder a una vivienda propia, el 20% (99) piensa que quizás puede hacerlo y el 13% (68) cree que sí puede.

A grandes rasgos, el 64% (323) de los consultados destina más del 40% de su sueldo al alquiler y el 36% (90) utiliza más del 50% de sus sueldo. En los porcentajes medios el 56% (282) usa entre el 30 y el 40% de sus ingresos mientras que el 28% (142) destina un 30%. Por último el 8% (41) destina al alquiler menos del 30% de su sueldo.

En forma detallada, el 28% (142) de los encuestados destina el 30% de su sueldo al pago del alquiler, el 28% (140) destina un 40%, el 18% (93) un 50% de sus ingresos, el 8% (42) utiliza un 60%, el 7% (34) destina un 20%, el 5% (26) un 70% de sus haberes mensuales, el 3% (13) un 80%, el 1% (7) un 10%, otro 1% (6) usa el 90% y otro 1% (3) el 100%.

En cuanto a los mayores problemas a la hora de alquilar, el 56% (281) de los consultados opina que el peor obstáculo son las comisiones a pagar, el 54% (274) asegura que es la garantía, el 50% (255) el monto del alquiler, el 35% (177) el pago de expensas o impuestos, el 31% (155) afirma que es la renovación del contrato, el 26% (132) los arreglos del inmueble y el 13% (64) el recibo de sueldo.

En otro orden de cosas, el 57% (289) de los inquilinos afirmó que alquila mediante inmobiliarias y el restante 43% (217) comentó que lo hace directamente por medio del dueño de la propiedad.

En referencia a las responsabilidades, para el 43% (220) de los encuestados las inmobiliarias son las principales responsables de la "problemática de los inquilinos", para el 38% (191) es el Estado, para el 11% (57) son los propietarios y para el 8% (38) es el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA).

Mientras que el 79% (401) cree que la "problemática de los inquilinos" es un problema del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el 21% (105) piensa que no es así.

En esta misma línea, un 77% (389) considera que es responsabilidad del Gobierno nacional y en contrapartida un 23% (117) piensa que no lo es.

Por otra parte, el 62% (314) de los inquilinos considera que para mejorar su situación se debería crear una oficina pública que regule los contratos, el 60% (305) considera que se lograría regulando a las inmobiliarias y el 58% (291) cambiando la Ley de Alquileres.

En cuanto a la legislación, mientras que el 67% (337) de los consultados aseguró que no conoce la Ley de Alquileres, sólo un 33% (169) respondió que sí la conoce.

De los inquilinos encuestados, el 11% (55) reside en Caballito, el 10% (49) en Almagro, el 6% (32) en Balvanera, el 6% (31) en Palermo, el 4% (20) en Flores, el 4% (20) en Villa Urquiza, el 4% (19) en Villa Crespo, el 3% (17) en Boedo, el 3% (15) en Belgrano, el 3% (14) en Floresta, el 3% (14) en San Cristóbal, el 3% en Núñez, el 3% (13) en Villa Devoto y el 2% (12) en Paternal. Por último, el 36% (182) de los consultados vive en otros barrios porteños.

El 43% (219) de los inquilinos consultados tienen entre 26 y 35 años, el 36% (130) entre 36 y 45 años, el 20% (100) entre 46 y 60 años, el 7% (37) tiene entre 18 y 25 años y el 4% (20) de los encuestados posee 61 años o más.

Los objetivos del sondeo –según el informe- consisten en conocer el perfil sociodemográfico de los inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires, obtener información sobre el tipo de alquiler predominante a la hora de alquilar, recolectar información sobre el conocimiento de la Ley de Alquiler vigente, indagar sobre la posibilidad de acceder o no a una vivienda propia, conocer la percepción de responsabilidades sociales y gubernamentales de la situación de los inquilinos y la percepción de posibilidad de mejora.

[BPN-25/02/15] El pasado 18 de febrero, Oscar Zago (PRO), actual defensor adjunto del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, asistió a la Marcha del Silencio que fue convocada por varios fiscales a un mes de la muerte de Alberto Nisman. Así se informó en el espacio reservado para Zago en el sitio Web institucional de la Defensoría del Pueblo porteña.

Bajo una foto blanco y negro de Zago marchando entre paraguas, se explicó que "se marchó contra el miedo y también a favor del respeto. Por la muerte de un fiscal de la Nación y la ausencia de las mínimas muestras de recogimiento que implica honrar su muerte, pero también por nosotros en tanto ciudadanos, que ganamos la calle eligiendo el silencio para escucharnos. No fue un día más, fue una expresión de dolor sublimado a favor de la vida", y agregó: "una multitud silenciosa, desafiando la lluvia, demostró que el miedo y la libertad son conceptos que de tan separados, también están unidos, porque cuando existe uno no hay lugar para el otro. Es que donde impera el miedo no hay libertad y donde hay libertad no hay miedo".

Ni Alejandro Amor –titular de la Defensoría del Pueblo- ni el resto de los defensores adjuntos hizo mención, en el sitio institucional de la Defensoría del Pueblo, a su participación o no en la Marcha del Silencio. En sus espacios sólo publicaron temas relacionados con los cargos que actualmente ocupan. Sin embargo, Amor -al momento de su nombramiento- fue legislador del Frente para la Victoria mientras que la defensora adjunta María América González pertenecía a "Buenos Aires para Todos", Lidia Saya al PRO, Claudio Presman a la UCR y José Palmiotti a la UCR/PRO. 

Es de recordar que Oscar Zago, hacia el fin de su mandato como legislador del PRO, en noviembre de 2013, se hizo conocido en la comunidad consorcial por ser el autor -once días antes de su nombramiento como Defensor Adjunto del Pueblo porteño- de un proyecto de ley que obligó a los administradores de edificios de propiedad horizontal a "exhortar" al personal de cada uno de los consorcios que administra a concurrir anualmente a una capacitación "sobre higiene, seguridad y medidas de prevención contra incendios". El costo del curso que durante el 2014 fue de $700, debe ser abonado por los consorcistas vía expensas.

Si bien su proyecto no establece explícitamente la entidad que debe dictarlo, los requisitos exigidos para impartirlo apuntan como único posible al SERACARH^[1], un servicio conformado por la FATERyH^[2]-representando a los trabajadores- y por tres entidades de administradores que en nombre de los empleadores participan de los Convenios Colectivos de Trabajo: AIERH^[3], UADI^[4] y CAPHyAI^[5].

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[1] SERACARH: Servicio de Resolución Adecuada de Conflictos para Trabajadores y Empleadores de Renta y Horizontal.

[2] FATERyH: Federación Argentina Trabajadores Edificios Renta y Horizontal.

[3] AIERH: Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal.

[4] UADI: Unión Administradores de Inmuebles.

[5] CAPHyAI: Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliaria.

[BPN-25/02/15] Desde el 1º de enero de 2015, las empresas porteñas están obligadas a llevar un libro de horas suplementarias rubricado y registrar allí las horas extras que trabajen sus empleados. Además, el Gobierno de la CABA modificó los requisitos y modalidades operativas necesarios para la tramitación de solicitudes de rúbrica de libros y documentación laboral.

Entre los documentos que tienen que ser rubricados obligatoriamente se encuentran el Libro de Órdenes para los Trabajadores de Casa de Renta y las Libretas de Trabajadores de Casa de Rentas, entre otros.

Así lo estableció la Disposición 969 firmada el pasado 22 de diciembre por Ezequiel Jarvis, director general de Empleo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Dicha norma –junto a su anexo- fue publicada en el Boletín Oficial el pasado 12 de enero y consta de 4 artículos, de los cuales uno es de forma.

Sobre la modificación de los requisitos necesarios para la tramitación de solicitudes de rúbrica de libros y documentación laboral, Jarvis explicó: "para un mejor ordenamiento de los administrados, resulta necesario dejar sin efecto la disposición vigente (Disposición 263), ya que es necesario la incorporación de nuevos trámites y el reordenamiento de los requisitos para los mismos".

Según la norma, la documentación laboral que obligatoriamente tendrá que ser rubricada es la siguiente:

a) Libro Especial de Sueldos y Jornales (Ley 20.744, Art. 52° Libro Manual, Hojas móviles y microfichas).

b) Libro para la Pequeña y Mediana Empresa.

c) Libro para Peluqueros.

d) Libro de Órdenes para los Trabajadores de Casa de Renta.

e) Libro de Altas y Bajas para la Actividad Gastronómica.

f) Libro para la Actividad Bancaria (horas extras).

g) Libro de Altas y Bajas para la Actividad de la Sanidad.

h) Libro de Viajantes de Comercio (Libros, hojas Móviles y Microfichas).

i) Libro para la Actividad Rural.

j) Planillas de Horarios para el Personal Femenino.

k) Planillas de kilometraje.

l) Libretas de Trabajadores de Casa de Rentas.

m) Libretas de Trabajadores Automotor de Pasajeros.

n) Obleas de Transporte - Sistema de Registros para cumplimentar Art. 52° Ley 20.744.

r) Libro de Horas Suplementarias.

o) Libros Trabajo a Domicilio (Ley 12.713).

De acuerdo a la disposición, las empresas que rubriquen por primera vez ante el Gobierno porteño deberán presentar una nota solicitando la rúbrica donde conste la razón social, la actividad y el domicilio, especificando que es la primera vez. Además, deberá figurar la firma del empleador certificada por una autoridad judicial, un escribano público o un banco; o el titular tendrá que concurrir personalmente con el DNI^[1]. En la misma nota se deberá autorizar a quiénes entregarán o retirarán la documentación. También se deberá presentar fotocopia de inscripción CUIT^[2] y constancia de la AFIP^[3] donde conste la fecha de alta como empleador y la actividad del mismo.

Además, por su parte, los consorcios de propietarios que rubrique por primera vez deberán presentar una nota a nombre del consorcio y firmada por el administrador, solicitando la rúbrica; y una fotocopia del acta de designación del administrador.

Además de presentar la misma documentación que quienes lo hacen por primera vez, se deberá adjuntar la última hoja madre entregada por el Ministerio de Trabajo o por la Dirección General de Empleo y la última hoja procesada donde figure el período liquidado. Asimismo, las hojas nuevas deberán estar numeradas en forma correlativa a continuación de la última hoja procesada y autorizada por la autoridad administrativa.

Según la norma, los requisitos para la libreta de trabajo de los encargados de casas de renta son:

a) Certificado de buena salud.

b) Certificado de buena conducta expedido por la Policía Federal.

c) Documentos de identidad personales.

d) Certificado de trabajo expedido por el empleador.

e) Dos fotos 4x4 con fondo blanco y de frente.

f) Libreta sanitaria.

El libro de horas extraordinarias deberá contar con los siguientes datos: nombre, apellido y CUIL^[4] del trabajador; jornada laboral (desde y hasta); salario; fecha en la que se llevan a cabo las horas extras, especificando día; horario de la hora extraordinaria (desde y hasta); cantidad o unidades; incremento (porcentaje: 50% o 100%); valor de la hora; valor de la hora extra; monto liquidado; total de horas y total abonado

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[1] Documento Nacional de Identidad

[2] Clave Única de Identificación Tributaria

[3] Administración Federal de Ingresos Públicos

[BPN-25/02/15] En el marco de un convenio de colaboración, el pasado martes 10 de febrero, el titular de ARBA^[1], Iván Budassi, le entregó más de 10 mil planos digitalizados de propiedad horizontal a las autoridades del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (CIPBA) para que sus profesionales puedan acceder a ellos a través de la Web, mediante un programa de computación que desarrollará dicho colegio. Por otra parte, este último le donará a ARBA el equipamiento informático necesaria para disponer de esa información.

El convenio de colaboración que permitió esta entrega se firmó en septiembre del año pasado y ambas partes se comprometieron a trabajar para avanzar en la modernización del catastro territorial de la provincia y en la actualización del visado de planos en formato digital.

En el acto estuvieron presentes, entre otros, Norberto Beliera, titular del colegio profesional y Hugo Bilbao, director ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) y se llevó a cabo en la sede central del Colegio, ubicada en la calle 42, 777 de la ciudad de La Plata.

Budassi señaló que "ARBA está en una etapa de digitalización total y queremos que todos puedan mandar sus proyectos por Internet y las tramitaciones se hagan vía Web, sin necesidad de gestores. Estamos en una etapa llamada ‘Stock 0’, que es cuando se da la agilización de planos en expedientes que tardan, como mucho, dos días".

Además, solicitó "sentar las bases para la modernización de las tareas profesionales y el trabajo conjunto entre los diferentes actores que actúan en el catastro provincial" y aseguró que "desde ARBA la intención es que el trabajo sea conjunto y sin distinción entre profesiones". 

En declaraciones a un medio local, Beliera por su parte expresó: "nos hicieron entrega del archivo y nuestra área de informática va a diseñar un software para que los profesionales, desde su domicilio en todo el territorio de la provincia, puedan acceder en forma inmediata y online".

"Sobre todo para aquel que es del interior de la provincia, esto tiene un valor que quizás quienes son de La Plata no alcanzan a dimensionar en su magnitud, por cuanto el que está lejos de la ciudad tiene que contratar los servicios de un gestor y esto le demanda a veces más de diez días. Hoy lo va a poder tener en el acto y podrá brindarle a su cliente un mejor servicio y darle una mejor respuesta", aseguró.

Señaló también que "es un hecho muy importante porque a los profesionales miembros del Colegio les permite el acceso a documentación gráfica que le es muy útil para su tarea diaria y su vida profesional" y añadió: "al mismo tiempo nos permite colaborar con el organismo público de recaudación mediante una donación de equipamiento informático de última generación para una mayor eficiencia en sus trabajos para continuar digitalizando los planos".

El titular del colegio profesional explicó que se trata de más de 10 mil planos de propiedad horizontal y que "la Ley 13.512, en su momento, permitió que los inmuebles pudieran subdividirse en distintas unidades de viviendas. El plano que refleja este inmueble dividido en distintas unidades, nosotros en la jerga le llamamos plano de PH" y agregó que "es un documento imprescindible para poder obtener la escritura traslativa de dominio, es decir para que el escribano pueda confeccionar la escritura con la cual el comprador adquirirá el inmueble".

"Ha sido nuestra política permanente el colaborar con los poderes públicos por cuanto para nosotros el interés de la comunidad debe estar siempre por encima del interés del sector. Como no somos un ente corporativo, sino que somos un poder delegado del Estado para el control del ejercicio profesional, entendemos que es nuestra obligación colaborar con los poderes públicos", concluyó

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[BPN-25/02/15] A fines del año pasado, se presentó un proyecto de ordenanza en el Consejo Deliberante de Bahía Blanca para que cada edificio que tenga más de cuatro pisos deba disponer -en cada uno de ellos y en planta baja- de un espacio especialmente adecuado para que los vecinos puedan depositar los residuos que hayan separado en origen.

Ese espacio deberá estar revestido en toda su altura con azulejos, su piso y zócalos deberán ser de material cerámico granítico o similares, su cielorraso deberá estar pintado de blanco, deberá ser ventilado por un conducto de acuerdo al Código de Edificación y la cara anterior de su puerta de acceso tendrá que ser de material impermeable. No se podrán usar otros materiales que no sean aceptados por la Dirección de Planeamiento Urbano.

Aquellos consorcios que tengan menos pisos estarán obligados a habilitar ese mismo espacio sólo en planta baja. Cabe destacar que el proyecto incluye tanto a los edificios que se construirán como a los ya existentes, los cuales tendrán dos años para adecuarse a la normativa.

En diálogo con Pequeñas Noticias, el Adm. Guillermo Isla Vieyra, presidente de la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de Bahía Blanca y Zona Sud (CAPHBByZ) -quien participó de una reunión para debatir y modificar el proyecto- advirtió que si se aprueba esta iniciativa las expensas van a subir y remarcó que desde esa entidad de administradores no están de acuerdo con que los edificios existentes tengan que adecuarse.

El proyecto consta de 2 artículos de los cuales uno es de forma y específicamente propone modificar el artículo 3.12.3.0 del Código de Edificación.

Si bien se realizaron las consultas pertinentes en el Consejo Deliberante bahiense, no se pudo saber a ciencia cierta quién fue el autor de la iniciativa aunque fuentes del Bloque del Frente Renovador supusieron que se trató de una propuesta del Dr. Gustavo Bevilacqua quien está al frente del Ejecutivo local. Por otra parte, y a los efectos de esta consulta, el sitio Web del Consejo Deliberante está desactualizado.

Según el proyecto, aquellos edificios existentes o a construir que tengan más de 4 plantas y que sean de uso multifamiliar, en cada piso tendrán que disponer un lugar para el depósito de los residuos reciclables y no reciclables, divididos en dos bolsas de 30 kilogramos cada una, hasta tanto el encargado los traslade a la planta baja.

En el caso de los edificios existentes, el recinto tendrá que tener como lado mínimo 0,75 metros y una superficie mínima de 0,65 metros cuadrados. En el caso de los edificios a construirse, el recinto de lado mínimo tendrá que tener un metro y un área mínima de 1,20 metros.

Además, en ambos casos, tendrá que haber otro recinto en planta baja o en el subsuelo con 2 metros de lado mínimo y un área mínima de 4 metros cuadrados para que el encargado deposite allí las bolsas que recolecte de todos los pisos hasta tanto sea el momento de sacarlas a la vereda.

De acuerdo a la iniciativa, aquellos edificios existentes o a construirse que sean de uso multifamiliar, que cuenten con hasta 4 plantas y que tengan más de 10 unidades; y aquellos que estén en uso, que no estén destinados a vivienda, con más de tres unidades de uso independiente y superficie mayor o igual a 500 metros cuadrados en total, tendrán que disponer en planta baja o en el subsuelo un recinto con 2 metros de lado mínimo y un área mínima de 4 metros para depositar las bolsas diferenciadas.

Según el texto del proyecto, en todos los casos, los recintos "considerados como locales de cuarta categoría" deberán ser ventilados por conductos de acuerdo al Código de Edificación y la cara anterior a su puerta tendrá que ser de material impermeable.

Asimismo, deberán tener muros revestidos -en toda su altura- con azulejos blancos o de colores claros lisos y sin dibujos. Los pisos deberán estar hechos de materiales cerámicos graníticos o similares, los zócalos serán de los mismos materiales que el piso o del tipo sanitario en cuanto a su conformación. Por otra parte, los cielorrasos tendrán que ser de color blanco. Sólo se podrán usar otros materiales si son aceptados por la Dirección de Planeamiento Urbano.

De ser aprobada esta iniciativa, los edificios existentes tendrán 12 meses a partir de la reglamentación de esta ley para presentar el proyecto de adecuación y un plazo máximo de 24 meses para materializarlo, de acuerdo a un informe técnico realizado por un profesional matriculado.

Por último, el proyecto prohíbe la instalación y funcionamiento de incineradores en el partido de Bahía Blanca y en el caso de colocar compactadores se deberá presentar una memoria descriptiva de la instalación aceptada por la Dirección de Planeamiento Urbano.

Por su parte, Isla Vieyra explicó que la Cámara está "muy de acuerdo con que se haga la separación de residuos, pero no con que nos hagan transformar todos los edificios con un costo tan caro". "La Cámara no está de acuerdo en adecuar los edificios antiguos", afirmó.

Además, advirtió que de aprobarse esta ordenanza "van a subir las expensas" porque "el sindicato va a querer que le paguen al encargado por retirar las bolsas. Por otra parte, se van a tener que hacer obras en todos los pisos de todos los edificios". "Los gastos no van a ser para nada moderados", se lamentó.

De acuerdo al dirigente de la entidad de administradores, desde el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal (SUTERyH) de Bahía Blanca apoyaron cuando la cámara señaló que había que buscar una salida para aquellos edificios que no pudieran adecuarse. Por ejemplo, en los casos donde fuera imposible hacer la obra se analizaría la situación de acuerdo a las unidades funcionales y con un previo informe de un profesional matriculado o ingeniero.

Febrero, mes del carnaval

[BPN-25/02/15] Para la confección de los haberes del mes de febrero tampoco habrá cambios que reflejar en los recibos de sueldo y por ese motivo la escala salarial que sigue vigente es la del mes Octubre 2014.

[BPN-25/02/15] A través de la RG 2.820, la AFIP creó el Registro de Operaciones Inmobiliarias el cual -tras muchas postergaciones y modificaciones-  ahora tendrá vigencia.

Hasta el 28 de febrero de 2015 -de no existir alguna prórroga- deberán empadronarse aquellos sujetos que realicen operaciones económicas vinculadas con bienes inmuebles situados en el país, cuando las rentas brutas devengadas a favor de su propietario, sublocador, condominio etc, por dichas operaciones en su conjunto, sumen un monto igual o superior a $ 8.000 mensuales (ocho mil pesos), o sea ésta la proporción mensual, para aquellos contratos cuyo precio sea pactado por un período mayor (Ej. alquiler anual).

La solicitud de empadronamiento se realiza a través de la página Web de la AFIP, con clave fiscal, servicio Registro de Operaciones Inmobiliarias.

Para aquellos contribuyentes que deban incorporarse en el futuro, se establece que la registración deberá cumplirse el día 26 del mes inmediato siguiente a aquel en que se cumplan las condiciones para estar incluido en el régimen.

Se crea además un régimen informativo a ser cumplido por los sujetos obligados, quienes deberán suministrar los siguientes datos:

a) Tipo de inmueble

b) Ubicación.

c) Superficie total, identificando cubierta, semicubierta y a cielo abierto.

d) Superficie locada, arrendada o cedida.

e) Nomenclatura catastral o número de partida inmobiliaria, según corresponda.

f) Destino del inmueble.

g) Datos del locatario.

h) Datos del locador.

i) Fecha de celebración del contrato

j) Fecha de inicio y finalización pactada.

k) Modalidad del precio pactado (efectivo o especie)

l) Frecuencia pactada para el pago del precio convenido (mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, anual).

m) Monto del precio pactado por el contrato

El sistema informático emitirá un acuse de recibo de la transacción efectuada, copia del cual deberá ser entregada al locatario.

Cambiar el reglamento de copropiedad

Estimados:

¿Se puede cambiar el reglamento de copropiedad sin que hubiese ninguna modificación en la superficie del terreno y/o locales del edificio?

Muchas gracias

Norberto [CABA]

(18/02/2015)

Estimado Norberto:

Por supuesto que el reglamento de copropiedad se puede modificar aunque sea de un solo artículo y por un tema menor, como por ejemplo modificar la fecha de finalización del ejercicio o el plazo del mandato.

Un saludo cordial.

Alberto Anibal Gabás

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El Dr. Alberto Anibal Gabás, abogado especialista en Propiedad Horizontal y autor de numerosos libros sobre el tema es Conjuez de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Ha obtenido en el 2004 y 2005 el segundo y primer premio sobre los ensayos "Derecho sobre Construcción en el Régimen de Dominio Horizontal" y "Condominio y Propiedad Horizontal. Suma y Producto de la Voluntad Colectiva" respectivamente. Para cualquier consulta se le puede escribir un e-mail a albertogabas22@hotmail.com.

Informar a la AFIP

Estimados:

Quería saber qué datos el administrador está obligado a informar a la AFIP en cuanto a las unidades que administra.

Muchas gracias.

Susana [CABA]

(22/02/2015)

Estimada Susana:

Presumo que tu pregunta se orienta a las disposiciones de la RG 3.369 Régimen Informativo de Expensas, por lo que te responderé en base a ella.

Siempre y cuando conjuntamente la superficie de los departamentos o unidades funcionales -incluído cocheras y bauleras- sea mayor o igual a cien metros cuadrados (100 m2) y el monto de las expensas resulte mayor o igual a dos mil pesos ($ 2.000) en el mes calendario, los administradores deberán informar mensualmente:

a) la totalidad de los importes determinados y pagados en concepto de expensas para cada propietario o sujeto obligado al pago,

b) los datos de la persona obligada al pago (carácter, CUIT, apellido y nombre, domicilio).

Asimismo, se informa la superficie cubierta y total del inmueble, y con relación al administrador, su CUIT, importe de honorarios percibidos en el período y fecha de inicio y finalización del mandato.

Espero haberte ayudado

Viviana Grinberg

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La Contadora Publica Viviana Grinberg es especialista en Propiedad Horizontal y se desempeña en la práctica privada realizando  auditorías de expensas, seguimientos anuales y controles de gestión. Para cualquier consulta se le puede escribir un e-mail a vgrinberg@arnet.com.ar o llamarla a los teléfonos 4553-6094 ó 4552-9692.

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