Víctor Santa María bajo la lupa

[BPN-22/04/15] En una entrevista exclusiva con Pequeñas Noticias, Víctor Santa María, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal (SUTERH) y presidente del PJ ^[1] porteño, reveló sus candidatos para jefe de Gobierno porteño y para la Nación. Analizó la gestión de Mauricio Macri en la CABA, detalló cuáles son los temas de los que tendría que ocuparse el próximo presidente y dejó en claro que no ve a la política como un "River/Boca".

En otro orden de cosas –ya sobre temas consorciales- explicó por qué fomenta la creación de registros públicos de administradores en el país y opinó sobre la gestión del PRO ^[2] en la ciudad de Buenos Aires en el último año.

Por último, en el terreno deportivo, habló sobre su candidatura a la presidencia del Club Atlético Boca Juniors y sobre su gestión en Sportivo Barracas.

Pequeñas Noticias acerca a sus lectores el contenido de la extensa pero interesante entrevista que el dirigente gremial y político concedió a este medio en su oficina el pasado martes 31 de marzo.

Víctor Santa María: Para jefe de Gobierno apoyo a Mariano Recalde. La decisión, más allá de la mía, es la decisión colectiva del Partido Justicialista, la cual apoyo y avalo. Ya antes he tratado de que Mariano sea el candidato de nuestro espacio político en las PASO ^[3] que tenemos el 26 de abril.

CGR: Teniendo en cuenta la experiencia de los últimos 10 años, ¿por qué el Frente para la Victoria (FpV) baja un candidato 6 meses antes de las elecciones?

VSM: ¿Cómo quién?

CGR: Por ejemplo Daniel Filmus, por ejemplo Recalde. Lo saca de la Nación y lo pone en la ciudad a competir en lugar de tomar gente que ya viene trabajando en la Capital, porque hay referentes en la ciudad que están trabajando ¿A la ciudadanía eso no le resulta un poco lejano?

VSM: Nosotros venimos construyendo en la CABA -desde el año 2003 a la fecha- un espacio político conformado principalmente por un eje que tiene que ver con el Partido Justicialista de la CABA, con el Movimiento Obrero dentro de ese partido, junto con un montón de expresiones políticas -tanto partidarias como no partidarias- con las cuales conformamos un espacio electoral que se llama FpV.

En todos estos años hemos construido un espacio político. Para nosotros esa construcción significa que hoy un compañero como Mariano Recalde puede ser candidato a Jefe de Gobierno. Estoy seguro que si el candidato hubiese sido Carlos Tomada, hubiese sido la misma expresión política, porque hemos construido justamente un programa político, una plataforma política, un proyecto político. No somos simplemente un candidato. Si dentro de cierta cantidad de tiempo no está más quién es nuestra conductora adentro del espacio, que es Cristina, seguramente el peronismo va a tener vida después de eso. Como pasó en varias oportunidades y después del propio Perón. Nosotros no somos un partido autorreferencial con respecto a un candidato. Somos un partido que tiene un proyecto político y en ese proyecto cualquiera -dentro de los dirigentes del peronismo o del FpV- puede ser candidato. No tenemos que fabricar un candidato y eso es lo que somos. Cuando la gente vota al FpV no la estamos engañando con llevarle un candidato rico, famoso o deportista para camuflar lo que verdaderamente somos. Somos lo que somos y cuando la gente va a buscar nuestra oferta electoral y nuestro proyecto político, es eso. Cualquiera de nuestros compañeros y compañeras que estén en el lugar van a pensar de la misma forma. No es que priorizamos primero al nombre o al candidato con respecto al proyecto. Ese es nuestro armado político con nuestros errores y con nuestros defectos, muchas veces poco entendible para el electorado de la CABA que es tan "marketinero" y tan buscador de nombre y apellido en vez de buscar ideas políticas.

Hoy el PRO es Macri, Elisa Carrió es Carrió, Martín Lousteau es Lousteau y ECO, como espacio político, es decir, como idea política, no existe más. Creo que lo que hay que valorizar es la política y es justamente lo que nosotros tratamos de hacer con errores y con aciertos.

CGR: ¿El que vota al FpV, vota al partido y después al hombre que el FpV decidió para ese lugar?

VSM: Sí. Tampoco buscamos a alguien que venga a traer más votos de otro espacio como puede ser un actor o alguien de la cultura. Igual los tenemos, participan y se han sumado. Hemos tenido actores, gente de la cultura que ha participado pero dentro de este proyecto político porque de esto se trata. Hay que votar ideas y votar proyectos. Hay que votar cómo se va a gestionar y eso es una persona pero fundamentalmente -si eso hay que discutirlo y debatirlo- es un pensamiento político. La política tiene que ver con una ideología y con una filosofía.

CGR: ¿Eso le daría vida al FpV más allá de Cristina y más allá del que le siga?

VSM: Le dio vida al peronismo después de Perón ¿Quién lo hubiese pensado? Hoy el peronismo está vivo, es la primera fuerza, es un espacio mayoritario y gobierna en nuestro país de la mano de Cristina. Por eso hoy el peronismo sigue teniendo tanta vigencia con la gente como puede ser el radicalismo. Es que muchas veces uno ve que el radicalismo está muy prostituido desde el punto de vista que va detrás del candidato, en su momento con Chacho Álvarez y ahora con Macri. Debe ser un buen copiloto pero nosotros tenemos vocación de gobernar y para gobernar un país se necesita tener un proyecto político. No se puede gobernar desde un sólo lugar.

VSM: A Cristina.

CGR: Pero Cristina no va a ser reelecta.

VSM: No, pero yo formo parte de un espacio político en el cual nuestro liderazgo lo tiene ella y eso todos lo respetamos.

CGR: ¿Eso lo tendría que entender como "el que Cristina designe"?

VSM: Sí, y si Cristina decide no apoyar a ninguno de los 6 o 7 candidatos que puede haber para presidente -en la CABA hizo prácticamente eso-, nos juntaríamos con nuestros compañeros del partido, debatiremos, charlaremos y buscaremos tratar de llegar a un consenso que nos permita apoyar a un sólo candidato para tener más fuerza y poder llevar una buena propuesta. Siempre dentro del espacio político que se llama FpV y que hoy encabeza a nivel estratégico Cristina.

CGR: Si por alguna razón el FpV pasara a la oposición ¿seguirías trabajando dentro de ese partido?

VSM: Sí, porque soy peronista. He estado más tiempo en la oposición que en el oficialismo.

CGR: Hay muchas expresiones del peronismo, no sólo el FpV.

VSM: Desde el 94 o 95, cuando el peronismo de la CABA rompió con el peronismo nacional que encabezaba Carlos Menem, nosotros siempre estuvimos en la oposición hasta el 2003. En el 2003 de la mano de Néstor Kirchner volvimos a recuperar el gobierno del peronismo hasta hoy. En la CABA he estado siempre en la oposición creo, por lo menos desde el 96.

VSM: Yo fui uno de los autores de la ley cuando fui legislador.

CGR: Tenías dos proyectos antes de la Ley 941.

VSM: Sí, mi idea era un colegio más que un registro.

CGR: Un organismo mixto.

VSM: Sí, creo y decime si estoy equivocado. Conoces la propiedad horizontal tanto o más que yo. En la CABA tenemos alrededor de 35 mil edificios de propiedad horizontal. En promedio, serán 20 unidades por edificio. 35 mil edificios multiplicados por 20, son casi 1 millón y pico de unidades funcionales. En promedio, una expensa en la CABA ¿cuánto puede estar? Mil pesos. Esa cantidad de guita multiplicada por mil pesos te va a dar fortunas. Casi medio presupuesto de la CABA. Me parece que los tipos que manejan esa plata, que son los administradores, deberían tener algún mecanismo de gestión, de control y de transparencia. Creo que la creación de un registro en el cual puedan participar, en el cual puedan tener esa transparencia y todos esos atributos, es viable.

En ese momento cuando me tocó estar como legislador en un cuerpo legislativo, parlamentario, en un cuerpo de muchos, me tocó ceder muchos de los aspectos del proyecto para llegar -por lo menos- a tener un registro de administradores que nos permita decir cuántos son los administradores y que a la vez los administradores tengan cierto marco legal. Un registro que le garantice a los consorcistas cierta transparencia en la gestión y que le garanticen que son tipos que pagan las cargas sociales, que no están en el "Veraz" y que no tienen causas penales en las que fueron condenados. Cuando uno va a contratar a un administrador puede ir a un registro y decir "este tipo cumple con estas características". Después puede pasar cualquier cosa pero por lo menos con esas características cumple. Eso es lo que se buscó y por eso también lo trato de propiciar.

VSM: Estuvo ausente. Corregíme si me equivoco y sino marcame alguna cosa para poder darte una opinión. En el último año lo sentí muy ausente. Un aplicativo para las declaraciones juradas de los administradores que no funcionó y el registro que va para atrás y para adelante.

CGR: ¿Hay muchas quejas?

VSM: La gente se queja. Casi el 80% vive en edificios así que es natural que haya más quejas de los que viven allí. Hay una ausencia del gobierno en la actividad. Como al principio hubo una presencia muy grande creando hasta cosas innecesarias como libros, me parece que este último año hay una ausencia. No sé cómo está el tema de la digitalización y de las expensas digitales, si se avanzó o si no se avanzó.

VSM: Rescato dos o tres cosas. Una es el fuerte impulso al transporte público. A pesar de que no se haya hecho nada con el subterráneo -que para mí es la gran deuda de este gobierno y de otros gobiernos de la CABA- él ha intentado solucionar el tema de transporte a través de los metrobuses o los carriles exclusivos para colectivo.

CGR: ¿Qué opinás de eso?

VSM: En algunos casos ha habido más resultados, en otros menos. Los que vivimos en la CABA vemos la política como el futbol. Mientras ganemos y las cosas vayan bien no nos preocupamos si compramos un jugador a 10 pesos, a 20 pesos o a 100 pesos. Nos da igual mientras el resultado sea bueno y eso creo que ese análisis político es medio corto. Con la CABA pasa lo mismo. El metrobús está bueno, el carril exclusivo está bueno, pero nadie se pregunta cuánto salieron. Mientras esté, parece que está lindo pero después hay que pagar la fiesta y ahí se complica.

CGR: ¿La idea del metrobús no te parece negativa?

VSM: Da resultados en algunos lugares. Si vos le preguntas a Osvaldo Bacigalupo, secretario gremial del SUTERH, los va a reputear porque le han cagado la vida en Juan B. Justo. Yo creo que la idea es buena. Ha ordenado el tránsito en lo que se puede con un Jefe de Gobierno que no se quiere meter más de la cuenta porque cuando se intentaron pasar más líneas de colectivo para que él las pueda administrar y se creó una comisión con el resto de los municipios, él no quiso participar. ¿Podía haber hecho más cosas? Sí, podía haber hecho más cosas. Que lo que hizo es interesante, es interesante.

Por otro lado, ha tratado de embellecer las plazas. No nos preguntemos cuánto salió pero las ha tratado de embellecer. Uno va hoy al parque Tres de Febrero en Palermo y quedó mucho más lindo en donde está el lago pero es como si tuvieras dos parques: la parte que arregló y la otra que está como abandonado porque no hay césped. No te acerques mucho a los bancos porque tienen una madera muy finita con lo cual si lo ves de lejos está buenísimo pero no te sientes porque te apoyas y lo rompes. Estas cosas son las que tienen que ver con la calidad institucional al momento de gobernar.

CGR: ¿Ustedes sienten que el FpV dentro del poder legislativo en la CABA tuvo un rol fuerte de oposición o más bien moderado?

VSM: Depende en qué tema porque no conozco todos los temas.

CGR: ¿Qué tema sería el más fuerte?

VSM: No conozco todos los temas porque no soy legislador ni estoy muy inmiscuido en la política legislativa pero hay temas. Con el tema vivienda somos muy críticos con el PRO y con la transparencia en los gastos cuando hay que votar. Desde mi punto de vista y peco de dar una opinión que por ahí no debería dar porque no soy legislador, para mí al Gobierno de la CABA hay que votarle el presupuesto, no es que no hay que hacerlo. Pienso que hay que votárselo porque depende de la gobernabilidad de la ciudad. Hay que votar y hay que ser crítico cuando se vota porque no es sólo lo que se vota, sino el discurso que deja precedente con los calígrafos de cuál es la posición política. No le votaría el aumento tarifario que es otra de las cosas que vota, pero sí tendría la herramienta para poder gobernar. El presupuesto marca una política con la cual un gobierno está llevando adelante los recursos. Esa es la política de ellos, no la política nuestra.

CGR: ¿Hay una política de endeudamiento bastante fuerte?

VSM: Totalmente. Los impuestos aumentaron casi un 500% en 4 años más o menos. Superó largamente cualquier cosa. Es una fiesta que en algún momento se va a tener que pagar y ya Macri no va a estar más. Hay que tener cuidado. Tenemos un país futbolero. Todo bien si compramos a un jugador por 100 mil a 200 mil pesos. No nos preocupamos mientras haga goles pero algún día vamos a tener que pagar eso y ahí nos vamos a agarrar la cabeza. Con la política muchas veces pasa lo mismo. Hoy a Macri nadie le dice si se endeudó mucho o se endeudó poco. Por ahí se ve un titular de Clarín en grande que dice "Aerolíneas tiene deudas por 50 millones", y en la página 46, en la sección ciudad sale ‘la ciudad dio déficit’". Me parece mínimamente injusto el trato.

VSM: Profundizar el tema del trabajo. Hay que trabajar para eliminar a cero -en lo posible- el trabajo informal que en la Argentina sigue siendo alto, tratar de pasar a más compañeros y compañeras al trabajo formal, tratar de profundizar todo lo que tiene que ver con los planes de vivienda para la gente a la cual hoy le cuesta tanto alquilar, y trabajar y seguir trabajando con el tema de transporte. Creo que en los últimos años el transporte es un eje importante para la Argentina y hay que profundizar todo lo que se viene haciendo hasta ahora.

CGR: ¿Estás hablando de los trenes?

VSM: Hablo de colectivos, de trenes y de todo el transporte público. Florencio Randazzo está haciendo hoy una buena gestión, tanto en transporte como con el tema de documentación y muchas otras cosas. Me parece que hay que profundizar ya que recién hace 3 o 4 años que el Gobierno de ha puesto a trabajar fuerte con todo el tema de transporte. Especialmente, todo lo que tiene que ver con la red de transporte de la CABA.

Además hay que seguir trabajando con la educación. La Argentina debe ser uno de los pocos países que tiene obligatoria su educación desde la sala de cuatro hasta terminar la secundaria. Creo que tenemos que tratar de profundizar en la calidad y en la excelencia educativa para ser competitivos cuando se dé el salto a la universidad. Es uno de los pocos países -por lo menos de Latinoamérica- que tiene educación gratuita desde los 4 años hasta la universidad, inclusive hasta los posgrados.

También por supuesto hay que profundizar el tema energético. Cuando Néstor asumió en el 2003 el país tenía una matriz energética para una población con casi un 20% de desocupados. Con un 50% de pobreza que no consumía, la infraestructura existente alcanzaba. Hoy hay una población que está mucho más activa, que ha recuperado más de 6 millones de puestos de trabajo, donde hay mucha más industria, mucho más comercio, donde hay una actividad mucho mayor. Uno lo ve especialmente en las autopistas o en las calles de Buenos Aires cómo transita el parque automotriz que se va renovando. Para eso también necesitamos un país que esté y que su infraestructura energética crezca acorde a esa necesidad. Está creciendo pero no al ritmo que está creciendo la economía.

CGR: A mí me da la sensación que, a pesar de que vos vas para presidente de Boca, no ves la política como un Boca/River.

CGR: ¿Te vas a postular para algún cargo a nivel nacional o local?

CGR: ¿Cómo te va con Sportivo Barracas?

[3] PASO: Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

Cómo entender el abrazo de Santa María y Larreta

[BPN-22/04/15] Víctor Santa María, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Renta y Horizontal (SUTERH) y presidente del PJ ^[1] porteño, develó las claves para entender sus abrazos con Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gabinete de la CABA. Explicó también la reacción de sus compañeros de partido ante ese acercamiento y dio su visión sobre la interna entre Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti. Habló también de su relación con Juan Manuel Gallo, ex director general de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC).

Estas declaraciones las brindó en una entrevista exclusiva que le concedió a Pequeñas Noticias, el pasado martes 31 de marzo.

Víctor Santa María: Imaginate al peronista. Recibo muchas críticas porque el Twitter es una herramienta con la cual es fácil putearte.

CGR: Sé que cada cosa tiene una razón de ser y fue pensada, aparte lo has repetido. Me gustaría que me expliques los abrazos.

VSM: Generalmente los grandes medios y los grandes monopolios de la comunicación que te exigen siempre respeto político, diálogo, convivencia y demás, cuando lo hacés, te critican. Me parece un poco irónico. Casi el setenta y pico por ciento de nuestros compañeros son de la CABA. Yo siempre digo que el encargado es como un pequeño intendente de un edificio porque tiene a cargo la basura, la energía eléctrica, el medio de transporte más usado en el mundo que es el ascensor, la limpieza y una pequeña comunidad. Nosotros convivimos en la gran comunidad -que es la CABA- en la cual nos tenemos que poner de acuerdo en muchas cosas, como el tema "residuos" que siempre genera problemas.

CGR: Pero ese acuerdo fue con Diego Santilli [senador nacional por el PRO y ex ministro de Ambiente y Espacio Público de la CABA].

VSM: Con Edgardo Cenzón, quien suplantó a Santilli, también lo hice. Edgardo es un buen ministro, tengo las mejores referencias de él y sé cómo trabaja.

Por otro lado, el tema "seguridad" siempre nos es cercano a los trabajadores de edificios como por ejemplo cuando aparece el famoso "hombre araña" o cuando hacen las "entraderas" y "salideras" en los edificios. Hay cuatro comunas en las cuales el Gobierno de la CABA trabaja con la policía Metropolitana y tiene un programa piloto que nosotros empezamos con el Gobierno nacional en la Comuna 2 (Recoleta) y en la Comuna 6 (Caballito). Hicimos un buen trabajo con Sergio Berni [titular de la Secretaría de Seguridad de la Nación] y con el ministerio de Seguridad de la Nación que después replicamos en la CABA.

Nosotros llevamos la idea a la gente del Gobierno de la CABA y ellos la tomaron y la pusieron en práctica. Lo pudimos hacer en la Comuna 15 y en la Comuna 4. Eso es lo que estamos haciendo con Rodríguez Larreta y le damos difusión a esas tareas que hacemos. Él tiene un pensamiento político totalmente distinto al mío. Él tiene una visión de la ciudad y yo tengo otra visión en la cual seguramente hay puntos de conexión. Trabajamos con esos puntos que realmente le sirven al ciudadano que tienen que ver con la seguridad, con la basura, etc. A la gente le conviene que el Estado de la ciudad pueda en este caso tener políticas permanentes respecto a estos temas más allá de una gestión. La idea es que si nosotros ganamos con Mariano Recalde la próxima elección podamos mantener esas dos cosas y darle la tranquilidad al vecino de que por ejemplo el retiro de basura va a seguir siendo de 20 a 21 horas y no que va a venir Recalde como Jefe de Gobierno y la va a poner a las 12 del mediodía. La idea es darle continuidad a una política que hoy el vecino todavía la ve difusa. Aun hoy yo soy crítico con el tema basura pero creo que es una apuesta interesante si queremos vivir en una ciudad sustentable, una ciudad del futuro y no una ciudad del pasado. Eso es la foto con Horacio.

CGR: ¿Al electorado esto no lo confunde?

VSM: Al electorado nuestro no.

CGR: De todos modos el Twitter algo te dijo.

VSM: Sí, pero nuestro electorado no confunde, te putean pero creo que no confunde. Ese 25% o 27% de votos que tenemos en la CABA, que es nuestro electorado, es un electorado informado, que está fuertemente politizado, que tiene conciencia política y que sabe lo que uno hace o no. Es como si a Cristina Fernández de Kirchner la insultaran porque se junta con Mauricio Macri para inaugurar una obra en la CABA como lo ha hecho muchas veces. En menor escala sucede algo parecido a cuando Florencio Randazzo [ministro del Interior y Transporte], se juntó con Larreta para hacer determinada obra.

CGR: ¿Larreta representa al conservador y el Frente para la Victoria (FpV) representa al progresismo?

VSM: El FpV representa al peronismo con espacios de la política progresista de la CABA, más algún espacio de centro izquierda de la ciudad. Eso es hoy el FpV.

CGR: ¿Sería una especie de progresismo porque su idea no es mantener las cosas como están sino dar el siguiente paso?

VSM: Y un poco más porque es lo que le agrega el peronismo a ese progresismo. El PRO es un partido de derecha.

CGR: ¿Sería conservador?

VSM: Ojalá, porque conservador conserva algo. Yo creo que es un partido de derecha que tiene una visión liberal de la economía y que tiene un sistema político distinto a la construcción de un proyecto de ideas y de ideología. Está menos ideologizado.

CGR: Supongo que hay cosas que hay que hacer con quien hay que hacerlas. Sin embargo, ¿la foto política a quién benefició? ¿A Larreta o a vos?

VSM: En mi caso a los trabajadores de edificios, que es a quienes yo represento.

CGR: ¿La gente lo va a tomar así?

VSM: El encargado de edificio, sí, porque sabe que lo que hacemos nosotros es en favor de nuestra actividad. No es que yo fui a entregar una bandera o fui a entregar beneficios de los trabajadores en manos del Gobierno de la ciudad. Fui realmente a sacar un beneficio para nuestros propios compañeros.

CGR: En realidad él vino a vos porque la primera vez el abrazo fue en tu casa, es decir, en el Centro Cultural Caras & Caretas.

VSM: No, fueron varias veces. Uno en la Comuna 4, después en la Comuna 13 y en el centro cultural de ellos. Yo soy de esas personas que no tienen problema de ir a algún lugar. Uno tiene que tener claro lo que representa y a quién representa.

VSM: Yo les conté a todos los integrantes del PJ lo que iba a hacer. No fui como presidente del PJ, fui como secretario general de un sindicato.

CGR: Pero participando de un proyecto común hay cosas que se pueden entender mal.

VSM: Con quien tenía que consensuar era con la comisión directiva de mi sindicato para poder ir y representar. Al partido le informé que iba a hacer esto y entendieron perfectamente. Muchas veces Andrés Rodríguez [secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación] tiene que juntarse con alguien que no es del mismo palo o Omar Viviani [secretario general del sindicato de peones de taxi] juntarse con Larreta por los temas relacionados a los taxistas. Negarles eso sería casi negarles la actividad.

CGR: Algunos candidatos dicen que el PJ y el PRO son un poquito lo mismo porque en realidad acuerdan, mucho no se diferencian y en el fondo caminan juntos ¿Qué se contesta a eso?

VSM: Puntualmente ¿qué por ejemplo?

CGR: Por ejemplo que la gobernabilidad del PRO fue en cierto modo apoyada también por el FpV. En alguna época hasta se decía que Macri aparecía como el mejor contrincante que podía tener Cristina y que había que sostenerlo.

CGR: Sí porque está en las puertas de la presidencia.

VSM: Por eso, se nos fue la mano. No sé a qué cosa puntualmente se refería quien te lo haya contado. Si es la gobernabilidad, nosotros la apoyamos porque no somos destituyentes como fue Macri con Aníbal Ibarra. Nosotros buscamos que haya gobernabilidad. Lo mejor que le puede pasar al país es que haya más democracia. Por eso festejamos que hoy haya unas PASO ^[2] y que haya cientos de candidatos tanto internos como del resto de los partidos políticos. Que haya posibilidad de que la gente elija es bueno para la democracia, para las instituciones y principalmente para la CABA. Me puedo sentar a charlar con cualquiera de cualquier espacio político que haya pasado por las urnas y en eso no tengo prejuicios. No soy una persona cerrada con la cual no se pueda charlar. Por lo menos así me veo yo y cuando charlo defiendo mis ideas con la mesura que eso significa.

VSM: Va a ser muy parecido a Macri. Creo que va a ser una continuidad de lo que se viene haciendo hasta ahora. No creo que varíe mucho

CGR: ¿Cuál es la mejor opción, Larreta o Michetti?

VSM: Ninguno de los dos porque creo que representan prácticamente lo mismo. Con sus más y con sus menos van a querer lo mismo. Me gustaría escuchar un debate entre los dos. Creo que es un espacio político que carece de ideas políticas. Son monogerentes en una gestión pero después hay que tener ideas políticas para gobernar una ciudad porque no solamente se trata de tener una buena gestión. Me gustaría que Gabriela tenga algún atributo para que uno pueda decir: "che, tiene algún atributo" y que uno la pueda votar. Yo no le encuentro ninguno.

CGR: ¿Y a Larreta?

VSM: A Larreta lo que le encuentro de atributo es que es un tipo que trabaja mucho pero no sé si en este caso trabajar mucho es bueno. Creo que para los vecinos no.

VSM: Habría que preguntarle a Gallo. Mi relación con él terminó. No sé si se afilió al PJ. Lo conozco de la época en la que estaba en el registro y después no tuve relación con él. Si quiere participar del PJ y está afiliado tiene las puertas abiertas como cualquier otro, como Santilli, como Ritondo, etc.

CGR: Decían que era el operador que articuló el convenio con Larreta.

VSM: A Horacio [Rodríguez Larreta] lo conozco desde 1999 o 2000, cuando él estaba en el PAMI ^[3]. Allí estaba con Cecilia Felgueras, vicejefa de Gobierno después de Aníbal Ibarra y no me acuerdo quién era el tercero. ¿Te acordás esa famosa cajita de cristal que había armado y que fue un desastre? Ahí fue cuando empecé a tener diálogo con él. Lo fui a ver por temas de la legislatura porque yo era legislador en ese momento. La política y especialmente la distrital es un ámbito muy de conocernos todos. Sin embargo, yo tengo mucha mejor relación con Santilli, con decirte que me invitó a sus casamientos.

CGR: Es como vivir en un pueblito porque a algunos los conoces porque los viste aunque sea de lejos.

VSM: Muchos nos cruzamos. A Cristian Ritondo [vicepresidente 1° de la Legislatura porteña] lo conozco desde cuando militaba en Mataderos y yo en Retiro, desde 1982 hasta el 2003. Los dos casi militamos juntos en el peronismo. A Gabriela es a la que menos conozco porque la conocí cuando Macri asumió como Jefe de Gobierno pero en algún momento tuve más diálogo con ella. También conozco a Cenzón tal vez menos que a ellos porque no viene de la política pero me parece un tipo con el que se puede hablar y dialogar. Además es un hombre que escucha y sabe poner en práctica muchas ideas que uno le tira

---

[1] PJ: Partido Justicialista

[2] PASO: Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

Ya se homologó el último acuerdo con el gremio

[BPN-22/04/15] El pasado martes 14 de abril se homologó el acta acuerdo que había establecido un incremento remunerativo para los encargados de edificios de 1.200 pesos remunerativos bruto -o sea con aportes y contribuciones- tanto para abril como para mayo. Además, había determinado que desde junio de este año el Seguro de Vida Colectivo iba a ser obligatorio y su costo sería del 1% del sueldo bruto de cada trabajador. Éste fue incluido en el artículo 27º del Convenio Colectivo de Trabajo vigente.

La resolución de homologación, que llevó el número 451, fue firmada por la Dra. Noemí Rial, secretaria de Trabajo, y consta de 5 artículos de los cuales uno es de forma. Su texto fue difundido en el sitio Web oficial del sindicato el pasado 20 de abril. Lo acompañaba un comunicado titulado "un nuevo logro de nuestra organización sindical", firmado por Víctor Santa María, secretario general de la FATERyH ^[1]. Al día siguiente su texto fue ratificado a este medio por el presidente de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI).

Es de suponer que en un futuro cercano -si ya no comenzaron- se pondrán en marcha las negociaciones paritarias propiamente dichas. El año pasado el acuerdo salarial había sido formalizado el 6 de mayo y ese mismo día había sido elevado al Ministerio de Trabajo para su homologación.

Por su parte, el acta acuerdo fue rubricada el pasado 20 de febrero en la sede central del SUTERH ^[2] por Santa María, Osvaldo Bacigalupo y Sandra Mariela Cartasegna, representando a FATERyH; por el Adm. Osvaldo Primavesi en nombre de la UADI ^[3]; por el Adm. Daniel Tocco en representación de la CAPHyAI y por el Dr. Juan Manuel Acosta y Lara por AIERH ^[4].

El 3 de marzo dicha acta, bajo el número de expediente 1.663.440/15, fue ratificada ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y fue firmada por Luis Emir Benítez, secretario de Conciliación. El 14 de abril se homologó por la autoridad de aplicación y seis días después, el 20 de abril, fue publicado por el SUTERH en su sitio Web

---

[1] FATERyH: Federación Argentina de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal.

[2] SUTERH: Sindicato Único de Trabajadores Renta y Horizontal.

[3] UADI: Unión Administradores de Inmuebles.

Ya se presentó el proyecto para modificar la Ley 941

[BPN-22/04/15] El 1° de abril, la legisladora porteña Victoria Inés Roldán Méndez (PRO) presentó un proyecto de ley en la Legislatura de la CABA para que –cuando un propietario realice una denuncia contra su administrador por una infracción a la Ley 941- deba participar obligatoriamente de una instancia conciliatoria. La no asistencia a esta instancia podría acarrearle al administrador multas que, como mínimo, estarán entre los 1.900 y los 38.400 pesos. Según adelantaron del despacho de su autora, dependiendo de la gravedad del caso, si el conflicto se resuelve en dicha instancia los administradores podrían quedar exentos de ser sancionados.

El asesor parlamentario de la legisladora Roldan Méndez, el Dr. Gonzalo Pajón, explicó a Pequeñas Noticias que "si se cierra el expediente conciliador quedará a potestad de Defensa del Consumidor, que es la autoridad de aplicación, si impone o no una sanción", y agregó que "dependerá de la gravedad y los daños que ese incumplimiento de la normativa hayan ocasionado".

Según la propuesta "el procedimiento será oral, actuado y público" y en caso de "incomparecencia injustificada del denunciado" a la conciliación, éste podría recibir una multa que iría desde las 300 a las 20 mil unidades fijas. Por su parte, Pajón aclaró que las conductas que no están tipificadas en el texto de la Ley 941 "están fuera de la competencia" de la instancia conciliatoria.

Tal cual había sido adelantado por este medio, se confirmó que Paula Scauzillo, quien está a cargo de la coordinación del Registro Público de Administradores (RPA) porteño, "tuvo que ver con la redacción del proyecto" que propone modificar la Ley 941. Lo acompaña el legislador Federico Salvai (PRO) y se presentó bajo el número de expediente 637/15.

Puntualmente, a lo largo de sus 5 artículos de los cuales uno es de forma, propone reformar el artículo 15º, incorporar un artículo 17 bis, un artículo 17 ter y modificar el artículo 18º de la Ley 941. Esta ley creó y regula el funcionamiento del RPA en la Ciudad de Buenos Aires.

En su proyecto la legisladora propone modificar el artículo 15° de la Ley 941 que determina cuáles son las infracciones a la ley que regula el Registro Público de Administradores:

En primer lugar, agregó una nueva trasgresión: "el incumplimiento de los acuerdos conciliatorios celebrados ante la autoridad de aplicación".

Por otra, eliminó una ya existente en el actual inciso e): "el incumplimiento de la obligación impuesta por el Art. 6º in fine". Este artículo, bajo el título Certificado de Acreditación expresa: "El administrador sólo puede acreditar ante los consorcios su condición de inscripto en el Registro, mediante un certificado emitido a su pedido, cuya validez es de treinta días. En dicha certificación deben constar la totalidad de los datos requeridos al peticionante en el artículo 4º de la presente ley, así como las sanciones que se le hubieran impuesto en los dos últimos años. El administrador debe presentar ante el consorcio el certificado de acreditación en la asamblea ordinaria o extraordinaria que se realice a fin de considerar su designación".

En su iniciativa la legisladora Roldan incorporó un artículo 17° bis a la Ley 941, titulado "instancia conciliatoria". Según detalló este artículo, "recibida una denuncia de la parte interesada, si resulta procedente de acuerdo con las circunstancias del caso y en un plazo de 10 días hábiles, la autoridad de aplicación -sin perjuicio de sus propias competencias- podrá promover la instancia conciliatoria".

De acuerdo a la norma "la primera notificación al denunciado deberá hacerse con entrega de la correspondiente copia de la denuncia, la fecha y hora de la audiencia, y el aviso a fin de que el requerido acredite personería y constituya domicilio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". Además se deberá transcribir el inciso d) de este artículo 17° bis.

Dicho inciso expresa textualmente que "en caso de incomparecencia injustificada del denunciado, siempre que no justifique dicha incomparecencia con la documentación que la respalde, dentro de los tres días hábiles de fijada la audiencia, se tiene por fracasada la instancia conciliatoria, siendo pasible de multa cuyo monto será de 300 a 20.000 unidades fijas, o conforme lo determine anualmente la Ley Tarifaria. En caso de haber aceptado la autoridad de aplicación la justificación de la incomparecencia del denunciado, ésta procederá a fijar una nueva audiencia dentro del plazo de 5 días hábiles".

Además, establece que "la multa por incomparecencia se impondrá una vez concluida la instancia conciliatoria" y que "el acto administrativo que disponga una sanción de multa por incomparecencia, será impugnable únicamente mediante recurso directo ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario. Dicho recurso deberá interponerse y fundarse ante la misma autoridad que impuso la sanción, dentro de los 10 días hábiles de notificada la resolución".

Asimismo "la autoridad de aplicación deberá elevar el recurso dentro de los 5 días hábiles de concedido, junto con copias certificadas de las actuaciones en que se hubiere dictado el acto administrativo. En todos los casos, para interponer el recurso directo contra una resolución administrativa que imponga sanción de multa por incomparecencia, deberá depositarse el monto de ésta a la orden de la autoridad que la dispuso, y presentar el comprobante del depósito con el escrito del recurso, sin cuyo requisito será desestimado, salvo que el cumplimiento de la misma pudiese ocasionar un perjuicio irreparable al recurrente".

Por su parte, el inciso c) establece que "en caso de incomparecencia injustificada del denunciante o su representante, se le tiene por desistido de la denuncia, siempre que no justifique dicha incomparecencia con la documentación que la respalde, dentro de los tres días hábiles de fijada la audiencia. En caso de haber aceptado la autoridad de aplicación la justificación de la incomparecencia del denunciante, ésta procederá a fijar una nueva audiencia dentro del plazo de cinco días hábiles".

De acuerdo a la propuesta de Roldán Méndez, "en el supuesto de que las partes, antes de o durante la audiencia, no arriben a un acuerdo conciliatorio, el funcionario actuante formulará una propuesta de acuerdo que puede ser aceptada en el acto o sometida a consideración de los interesados por un plazo de hasta cinco días hábiles. Transcurrido dicho término, sin que haya habido pronunciamiento de las partes, se tiene a la propuesta conciliatoria como rechazada y se da por fracasada la conciliación promovida".

Asimismo, este nuevo artículo establece que "si las partes llegan a un acuerdo antes de la audiencia, deben presentarlo por escrito a la autoridad de aplicación".

Según el proyecto, "en caso de fracasar la instancia conciliatoria, el funcionario actuante dará por concluido el procedimiento por simple providencia". Además, hasta el cierre de esta etapa, el consumidor tendrá la posibilidad de ampliar su denuncia.

En otro orden de cosas, en su iniciativa la legisladora del PRO incorporó un artículo 17° ter a la Ley 941, titulado "acuerdos conciliatorios". Él mismo establece que "todo acuerdo debe ser homologado por la autoridad de aplicación, el que tendrá los efectos de cosa juzgada. En caso de incumplimiento de los acuerdos conciliatorios, lo acordado podrá ejecutarse mediante el procedimiento de ejecución de sentencia regulado por el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Por último, la legisladora Roldán Méndez propuso la modificación del Art. 18° de la Ley 941 para que "finalizada la instancia conciliatoria, si de los hechos denunciados, la documentación acompañada, o del acta labrada surgiere "prima facie ^[1]" infracción a esta ley, se instruye sumario y el instructor imputa al presunto infractor por providencia que se notifica por cédula".

Según la iniciativa, la imputación deberá contener "inexcusablemente una relación circunstanciada y sucinta de los hechos en que se basa, la cita precisa de la norma presuntamente infringida y el plazo para formular el descargo correspondiente y proponer prueba".

En sus fundamentos, la legisladora del PRO argumentó que "las modificaciones propuestas en el proyecto se fundan en la experiencia que surge del tratamiento, por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de una innumerable cantidad de denuncias efectuadas por consorcistas".

Explicó también que "a fin de posibilitar la utilización de alternativas eficaces y rápidas para la solución de los conflictos existentes entre los administradores y los vecinos que viven en los consorcios de propiedad horizontal, deviene necesaria la implementación de una instancia conciliatoria, tal como la que existe actualmente en el procedimiento regulado por la Ley 757".

Según detalló la autora del proyecto, "la conciliación es un método de solución de conflictos que propicia el diálogo y la búsqueda de fórmulas de acuerdos entre las partes, permitiendo que los participantes expongan sus conflictos y sus intereses en un proceso coordinado por una tercera persona".

Por último, señaló que "la implementación de una instancia de conciliación en este tipo de procedimientos permite, en los casos en que se arriba a un acuerdo conciliatorio, poner fin de manera rápida y eficaz al reclamo del denunciante".

Es de recordar que en el marco de la Jornada de Propiedad Horizontal "Problemas y soluciones para los consorcios" que se realizó en la Legislatura porteña el pasado 11 de marzo, Paula Scauzillo había anunciado que la legisladora Roldán Méndez iba a presentar un proyecto de ley para "habilitar la conciliación como instancia obligatoria previa a que las denuncias pasen al área jurídica del Registro"

---

Diputado propone crear los "pequeños consorcios"

[BPN-22/04/15] El pasado miércoles 4 de marzo, el diputado Pablo Gabriel Tonelli (PRO) presentó un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para crear la figura de los "pequeños consorcios" y –en términos generales- que los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal no sean considerados personas jurídicas privadas. Para ello su iniciativa propone modificar el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26.994), que comenzará a regir en poco más de tres meses: el 1° de agosto.

Según explicó Tonellí en su sitio Web oficial el pasado 8 de abril "el proyecto fue elaborado sobre la base del dictamen de minoría que había presentado oportunamente en mi condición de integrante de la comisión bicameral encargada de dictaminar acerca del nuevo código. Dado que el oficialismo no aceptó siquiera discutir ese dictamen, como tampoco aceptó discutir ninguna de las casi 1.200 ponencias que se presentaron en las audiencias públicas, he decidido presentar nuevamente mis propuestas ahora, como un proyecto de ley".

La iniciativa que se presentó bajo el número de expediente 0295-D-2015 consta de 7 artículos, de los cuales uno es de forma y ya se giró a las comisiones de "Asuntos Constitucionales" y "Legislación General". Específicamente, plantea la modificación de más de 200 artículos y la derogación de más de 40 artículos de la Ley 26.994.

En primer lugar, Tonelli propuso modificar el artículo 148 del nuevo Código que enumera los entes considerados como personas jurídicas privadas y excluir de esa lista a los consorcios de propiedad horizontal.

En sus fundamentos, el diputado explicó que "no parece conveniente, ni mucho menos necesario, otorgar personalidad al consorcio de propiedad horizontal, dado que ello implicaría la posibilidad de que el consorcio forme sociedades o asociaciones y que pueda ser sometido a procesos concursales".

Agregó también que "entre los problemas que esto último acarrearía, basta considerar la posibilidad de que la quiebra del consorcio importe la quiebra de todos los propietarios de las distintas unidades funcionales".

De acuerdo a Tonelli "en todo caso, si se mantuviera la previsión, sería conveniente modificar la ley de concursos y quiebras para excluir expresamente a los consorcios de los sujetos alcanzados por esa norma o limitar la personalidad del consorcio al solo efecto del cumplimiento de sus fines específicos".

En otro orden de cosas, el diputado del PRO propuso que se incorpore el artículo 2.068 bis al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. El mismo, titulado "Pequeños consorcios" establece que "a los conjuntos habitacionales de hasta ocho unidades funcionales no les son aplicables, de manera obligatoria, las disposiciones de los artículos 2.044 y 2.056 a 2.068". Estos artículos regulan los siguientes temas: consorcios, reglamento de propiedad horizontal, asambleas, consejo de propietarios, administrador y subconsorcios.

Según este nuevo artículo "en tal caso, la afectación del edificio al régimen de propiedad horizontal se establece mediante escritura pública inscripta en el registro inmobiliario, en la cual el titular o los titulares del inmueble expresan su voluntad de someterlo a ese régimen. La escritura debe contener las especificaciones que resulten pertinentes de las previstas para el reglamento de propiedad y administración en el artículo 2.056 de este código".

Por último, la iniciativa determinó que "a los pequeños consorcios les son aplicables, supletoriamente, las normas que sean compatibles del régimen del condominio previsto en el código".

AIPH inició un recurso administrativo por el curso de renovación

[BPN-22/04/15] El pasado martes 14 de abril, la Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal AIPH presentó una acción administrativa ante la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC) de la CABA para que "se otorgue urgente tratamiento a la autorización para que AIPH pueda continuar brindando los cursos de actualización para administradores de consorcio como lo ha venido haciendo de manera continuada en los últimos cinco años".

La Dirección General de Técnica Administrativa y Legal (DGTALCIU) -mediante la Disposición Interna 45-, había dispuesto que AIPH y otras siete entidades "adapten su currícula y carga horaria" para poder continuar dictando los cursos de renovación que el Registro Público de Administradores (RPA) porteño le exige a los mandatarios de los consorcios con las Declaraciones Juradas (DDJJ) anuales.

Tal cual había sido adelantado por esta entidad de administradores, es de suponer que si este pedido es contestado desfavorablemente o no es respondido, será el paso previo a iniciar medidas ante la Justicia.

La solicitud de pronto despacho -que ingresó por la mesa de entrada de la DGDyPC, ubicada en Maipú 169 de esta ciudad- fue firmada por el Adm. Marcelo Ruiz, presidente de AIPH, y por el asesor legal de la entidad, Dr. Ezequiel Nino. La nota estaba dirigida específicamente al Dr. Mariano Andrés Bouquet, director general Técnico Administrativo y Legal porteño, en reemplazo del Crio Mayor (r) Edgardo Aoun, quién se hallaba de licencia.

Según explicó Marcelo Ruiz en el escrito "en fecha 15 de diciembre se recibió una notificación en la que se solicitaba información sobre el curso que venía brindando la entidad. Luego de proceder a responder y adjuntar documentación vinculada con dicha capacitación, se nos notificó el día 24 de febrero, de una resolución del 23 de febrero del corriente año a la que se incorporaba el requisito de un determinado mínimo de horas y se nos incluía en un listado de entidades que debían modificar su currícula a fin de adecuarse a esa nueva disposición. Para ello, se otorgaba un plazo perentorio de 72 horas hasta el día 27 de febrero".

En este marco, señaló que "pese a la premura de la solicitud y a la evidente celeridad que requiere el asunto, aun no se resolvió la situación de AIPH y ya han pasado casi 40 días desde la presentación realizada en la que se cumplimentaba con la exigencia requerida por la DGDyPC".

De acuerdo al Adm. Ruiz, "la permanencia de esta suspensión de hecho resulta arbitraria pues consiste en una sanción por una omisión a una norma inexistente. Es decir, al no otorgar un plazo para readecuarse sin perder la posibilidad de mantener la habilitación, se consuma un perjuicio que no se basa en ninguna disposición razonable pues todos los administradores deben poder tener un tiempo para adaptarse a una exigencia novedosa de la administración".

Por último, remarcó que "en 2012 atravesamos una situación de demora muy particular" y agregó: "la suspensión de más de 100 días produjo enormes daños a AIPH de los que nunca nos pudimos recobrar totalmente"

Es de recordar que el 1° de abril, a través de la editorial de su boletín, AIPH había adelantado que denunciaría al Gobierno porteño ante la Justicia por "coerción" al ponerle trabas para que dicte los cursos de actualización para administradores de consorcio.

El 87% consideró que el desempeño del RPA durante el 2014 fue negativo

[BPN-22/04/15] Según una encuesta que Pequeñas Noticias realizó entre sus lectores durante el mes pasado, el 87% de los consultados consideró negativo el desempeño del Registro Público de Administradores (RPA) porteño durante 2014, el 81% aseguró que el funcionamiento del RPA durante el año pasado fue igual o peor que en 2013 y el 78% señaló que durante 2014 el Registro no defendió los intereses de los consorcistas. El 61% de los personas que respondieron el cuestionaron eran administradores y el 22% consorcistas.

Mientras que el 87% de los encuestados consideró negativo el desempeño del RPA durante 2014, el 13% lo valoró como positivo.

Ante la pregunta "¿por qué?", un consorcista de Recoleta contestó que "las continuas postergaciones para la entrega de las Declaraciones Juradas (DDJJ) por parte de los administradores […] han hecho que todo se atrase y cree problemas tanto a los consorcistas como a los administradores".

Otro consorcista de ese mismo barrio opinó que "las modificaciones que se han implementado han perjudicado a los consorcistas dado que el personal que ahora debe atender los temas relacionados en los CGP ^[1] no está -en su mayoría- preparado ni formado para tal fin", y agregó: "es hora que se cuente con personal especializado en el tema y que se agilicen las denuncias".

En contraposición, un consorcista de Balvanera, a favor del desempeño del RPA, expresó: "la información está en la Web y está bueno que el administrador sea controlado, ya que a veces los propietarios no pueden contra un consejo de administración ineficiente. Además tenemos donde reclamar". 

Por otra parte, un administrador de San Cristóbal explicó que "durante todo el año hemos tenido los más variados problemas en cuanto a presentación de las DDJJ, y aun hoy no es seguro si lo que presenté está bien o no. He consultado vía correo y no tuve respuesta". Por su parte, otro colega de Belgrano opinó que el RPA es "inoperante" y otro de Almagro afirmó que es "desorganizado". 

Entre el 13% de respuestas positivas, una administradora de Villa del Parque consideró que "están queriendo mejorar para que la administración de consorcios sea una profesión digna".

El 81% de las respuestas recibidas calificó su desempeño como peor o igual al año anterior. Ya en detalle, el 44% de los consultados respondió que 2014 fue peor que en 2013, el 37% contestó que fue igual y el 15% que fue mejor. Por último, el 4% tildó la opción "no sabe, no contesta".

Un administrador de Belgrano opinó que fue peor "por no haber podido dar solución adecuada al desastre generado con las DDJJ". Otro de Caballito opinó que fue igual: "siempre fue la visión de burócratas que jamás administraron consorcios y que viven de licencia en licencia. No son trabajadores de verdad", cuestionó. En contraposición, un administrador de Almagro opinó que fue mejor porque fue "un poco más ordenado".

Por otra parte, una consorcista de la Recoleta, argumentó que el desempeño del RPA durante ambos años fue igual. "Si no es por arreglos edilicios o por problemas administrativos nunca funciona los 365 días del año como corresponde", remarcó.

Otra de Retiro respondió que el desempeño es peor que en 2013. Según argumentó la encuestada, "principalmente no se respetó la ley. Por lo tanto, no se respetó la voluntad de los consorcistas y se crearon muchos problemas a los administradores cumplidores, igualándolos con los incumplidores. Es lamentable que las instituciones no funcionen. Es un mal endémico de nuestra sociedad. ¿Nadie se anima a tomar el toro por las astas? ¿Seguiremos con la corrupción y la impunidad? Si el RPA le renueva la matrícula a un administrador que no cumple con la ley todos estamos siendo cómplices de su mal desempeño. Eso es corrupción. Y si ocurre ‘naturalmente’ se convierte en impunidad".

El 78% de los encuestados consideró que durante 2014 el RPA no defendió los intereses de los consorcistas. En contraposición, el 22% cree que sí lo hizo.

Un administrador de Núñez contestó que no porque "sólo persigue negocios para terceros". Otro de Barracas denunció que hay "mucho desorden" y que "los consorcios parecen el cajero automático de la CABA". Por su parte, un mandatario residente en Palermo sostuvo que el RPA "sólo defiende el ingreso de tributos al Gobierno porteño y al SUTERH ^[2]"

En esta misma línea, un administrador de Caballito explicó: "mucha gente me comenta que su administrador hace muchos años que no hace ninguna asamblea, no lo quieren y no lo pueden echar. Denuncian ante el RPA pero no se hace nada. Si no sirven para que se echen a los malos administradores, no sirven para nada".

En contraposición, un administrador de Villa del Parque señaló que el RPA "algo hizo".

Por otra parte, una consorcista de Retiro aseguró que "a los consorcistas tratan de cansarlos, de que bajen los brazos, recorriendo los lugares más insólitos para ser atendidos sus reclamos. Eso no lo estipuló la ley".

Mientras que el 74% de los encuestados estimó que durante 2014 el RPA no defendió los intereses de los administradores, el 26% consideró que sí lo hizo.

El 61% de las personas que respondieron la encuesta eran administradores y el 22% consorcistas. El otro 17% marcó la opción "otros",

El 98% de los consultados tiene más de 40 años. Bajando al detalle, el 37% tiene entre 51 y 60 años, el 33% entre 41 y 50, el 28% más de 61 años y el 2% entre 31 y 40.

El 11% de las personas que respondieron el cuestionario vive en Caballito; el 9% en Recoleta; el 7% en Almagro, en Balvanera, en Belgrano, en Flores y en Palermo; el 6% en Monserrat; el 4% en Barracas, en Parque Chacabuco, en Villa General Mitre y en Villa del Parque; el 2% en Chacarita, en Coghlan, en Constitución, en Paternal, en Monte Castro, en Núñez, en Retiro, en San Cristóbal, en San Nicolás, en Villa Crespo, en Villa Devoto y en Villa Urquiza.

El 39% de los consultados se enteró de la existencia de esta encuesta por el Boletín de Pequeñas Noticias, el 30% por Facebook, el 11% porque le mandó el link algún amigo, el 9% se enteró buscando por Internet, el 9% por el sitio de Pequeñas Noticias y el 2% por Twitter.

El 62% de las visitas fueron realizadas desde PC’c y laptops, el 11% desde smartphones y el 4% desde tablets. Finalmente, el 23% fueron realizadas desde otros dispositivos

---

[1] CGP: Centro de Gestión y Participación Comunal

La Liga del Consorcista subrayó 9 aspectos del RPA bonaerense

[BPN-22/04/15] El pasado 6 de abril, la Fundación Liga del Consorcista de la Propiedad Horizontal (LCPH) destacó nueve temas de la ley que creó un Registro Público de Administradores (RPA) en la provincia de Buenos Aires. En principio señaló que las multas a los administradores son en beneficio del consorcio, resaltó que la norma no establece sanciones para aquellos administradores voluntarios que no se inscriban y subrayó que dicha ley le permitirá a los inquilinos acceder a la documentación del consorcio.

Continuó remarcando que se necesitará la misma mayoría tanto para la renovación como para la remoción del mandatario y que hay complejos habitacionales y barrios de viviendas populares que están excluidos de cumplir con esta ley.

Por otra parte, recalcó que la norma recientemente promulgada establece que se deberán agregar ciertos datos a la liquidación de expensas en caso que el edificio tenga menos de 100 unidades funcionales, sin explicar qué pasará con los edificios de más de 100 unidades. Además, destacó que la normativa bonaerense establece que en las liquidaciones de expensas deberán figurar datos sobre los "herederos" del titular de la unidad sin especificar si se trata de declarados o presuntos.

Por último, indicó que la Ley 14.701 (Registro Público de Administradores bonaerense) remite a la Ley 13.133 (Código Provincial de la Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios) y señaló que en el texto de la normativa se triplicó la mención al curso del SERACARH ^[1].

Estas observaciones las publicó la Liga del Consorcista en su sitio Web bajo el título "Comentarios a la ley del Registro Público de Administradores de la provincia de Buenos Aires, a la espera de su reglamentación".

En este marco, la fundación recalcó que "las multas a los administradores son a beneficio del consorcio" haciendo referencia al artículo 17° de la Ley 14.701 que establece que "las multas son en beneficio del consorcio, debiendo ser depositadas en la cuenta bancaria de su titularidad".

Si bien por un lado el artículo 2° dispone que "la administración de consorcios no puede ejercerse a título oneroso ni gratuito sin la previa inscripción en el RPA"; por otro, el artículo 16° establece que "son infracciones a la presente ley el ejercicio de la actividad de administrador de consorcios de propiedad horizontal sin estar inscripto en el registro creado por la presente ley, con excepción de lo dispuesto en el artículo 3° [administrador ad honorem]. Según analizó la Liga del Consorcista, "si [el mandatario ad honorem] no tiene sanción por no estar inscripto, cabe concluir que la inscripción es voluntaria".

Por otra parte, la LCPH indicó que "en el Art. 8º se incluye a los inquilinos para que accedan a la documentación" del consorcio y que esta medida "fue criticada". "¿Todo el que paga expensas puede exigir ver la documental consorcial aunque no forme parte del consorcio?", se preguntó la Liga.

Cabe recordar que el inciso f) del Art. 8° obliga a los administradores a "conservar la documentación del consorcio y garantizar el libre acceso de los consorcistas, inquilinos a cuyo cargo se encuentre el pago de expensas o apoderados de los copropietarios".

Según explicó la Liga del Consorcista, en el artículo 14° de la Ley 14.701 "se identifica renovación con remoción estableciendo iguales mayorías. Además, falta la palabra ‘por’". Dicho artículo establece: "en todos los casos en que los reglamentos de copropiedad y administración de cada consorcio, no estipulen el plazo por el cual se extiende el mandato o bien lo estipulen por tiempo indeterminado, se establece que el administrador tendrá un plazo de un año para el ejercicio de su función, pudiendo ser renovado en igual término [por] la asamblea con la mayoría estipulada en el mencionado reglamento para su nombramiento. Puede ser removido antes del vencimiento del plazo de mandato con la mayoría prevista a tal efecto en el reglamento de copropiedad…".

Según la fundación "hay construcciones excluidas de la Ley 14.701". En este sentido, el artículo 21° instaura que "los complejos habitacionales y barrios de viviendas populares de los planes federales y provinciales de viviendas cuyos factores poblacionales y sociales determinen en forma exclusiva la imposibilidad de cumplimiento de la presente normativa, quedarán excluidos mediante reglamentación del régimen previsto por esta ley".

En otro orden de cosas, el inc. g) del artículo 11° (liquidación de expensas) establece que "en el caso de los consorcios compuestos por menos de 100 unidades funcionales [UF], también se deberá informar nombre y cargo del personal del consorcio […], detallar los pagos por suministros, servicios y abonos a contratistas […], detallar los pagos por seguros […] e incluir el resumen de movimientos de la cuenta bancaria del consorcio correspondiente al mes anterior".

Ante esta obligación, la Liga del Consorcista abrió el debate y se preguntó "¿Qué se consignará si son más de 100 UF?

Es de suponer que hubo algún tipo de error en la redacción o tipeo de la norma y que en vez de exigirle más datos a los edificios de menos de 100 UF, su espíritu consistiría en solicitarle esa información a los consorcios de más de 100 UF.

Por otra parte, teniendo en cuenta que el artículo 11° establece que "las liquidaciones de expensas contendrán datos actualizados del titular o herederos de cada unidad, porcentual correspondiente, [etc.]", la LCPH observó que "en las liquidaciones de expensas se incluye a ‘herederos’ sin más detalle, [sin especificar si se refiere a herederos] declarados tales o presuntos".

Según la fundación, en el artículo 18° de la ley que creó el RPA bonaerense "hay remisión a la Ley provincial 13.133 (Código de los Derechos de Consumidores y Usuarios)". Dicho artículo establece que "el procedimiento para la inspección, comprobación y juzgamiento de las infracciones previstas por esta ley, se ajustará a lo establecido en el Título VIII, Capítulo IV y en el Título IX de la Ley 13.133 y sus modificatorias".

Por último, la Liga del Consorcista indicó que "se triplicó la mención de los cursos para encargados, muy cuestionados por la injerencia sindical". Cabe destacar que el curso del SERACARH es nombrado tres veces en esta ley: en el inc. j) del artículo 8° (obligaciones del administrador), en el artículo 9° (seguridad e higiene) y en el inc. c) del artículo 10° (declaración jurada)

Administradores presentarán recurso contra el RPA bonaerense

[BPN-22/04/15] El pasado jueves 9 de abril, representantes de las cámaras de administradores de La Plata, Bahía Blanca, Mar del Plata y Gran Buenos Aires acordaron presentar en cada una de las jurisdicciones "una acción de amparo con pedido de inconstitucionalidad" contra la Ley 14.701 que creó un Registro Público de Administradores (RPA) en la provincia de Buenos Aires porque consideran que se contrapone al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que entrará en vigencia el 1° de agosto. Así lo informó a este medio Ariel Coppari, vicepresidente de la Cámara de Administradores de Consorcios de La Plata (CAC La Plata).

El 14 de abril, en diálogo con Pequeñas Noticias, Coppari explicó: "pedimos la inconstitucionalidad [de la Ley 14.701] en general, por un lado, basándonos en que –según el Dr. Alberto Aníbal Gábas, asesor legal de CAC La Plata - cuando el legislador aprobó la ley, la exposición de sus motivos no tuvo nada que ver con lo que se terminó aprobando", y agregó: "por otro lado, hay un total de 17 o 18 artículos que se contraponen con el nuevo Código Civil y otros son una barbaridad para la aplicación de la profesión".

En otro orden de cosas, Coppari remarcó que uno de los puntos cuestionables de la normativa son las multas a los mandatarios. "Los abogados dijeron que las sanciones tendrían que ser graduales, de menor a mayor. Primero tendría que venir un apercibimiento, después una suspensión menor y después una mayor", expresó.

El vicepresidente de la cámara platense, contó a este medio que -a modo de ejemplo- el Dr. Jorge Martín Irigoyen, letrado patrocinante de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), compartió un caso del que fue testigo en la CABA: "un administrador sacó un recibo de otro color y le pusieron una multa de 30 mil pesos sin apercibimiento. Es un error menor. No hubo nada raro porque el recibo está y de una le metieron una multa. Ahora va a ir a la Justicia así que todos los temas se terminan judicializando. En lugar de solucionar, le terminas poniendo más barro a la rueda y termina trabándose todo cuando en realidad debería ser algo más sencillo", recriminó.

Según detalló Coppari, "va a ver varias presentaciones, cada una se hará donde el abogado esté matriculado. Gabás está matriculado en La Plata y Mar del Plata. La CAPHyAI estaba viendo de presentarlo en San Isidro y los de Bahía Blanca lo van a presentar en su ciudad. Después cada abogado deberá seguir su expediente".

La reunión que se llevó a cabo en la ciudad de La Plata contó con la presencia de 12 personas. Participaron del encuentro la Adm. Cecilia Nájera, presidenta de CAC La Plata; el Adm. Coppari; el Dr. Gabás y el Dr. Federico Chiesa, asesor de dicha entidad. Asistieron también Miguel Ángel Summa, vicepresidente 2° de la CAPHyAI; el Dr. Martin Irigoyen y el Dr. Alexander Rodríguez, letrados patrocinantes de dicha cámara; el Adm. Alejandro Pani, presidente de la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la Provincia de Buenos Aires (CAPHPBA) y representantes de la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de Bahía Blanca y Zona Sud (CAPHBB), entre otros.

Es de recordar que el pasado 3 de marzo, la Adm. Nájera y el Adm. Coppari, en una entrevista exclusiva con Pequeñas Noticias ya habían asegurado que el recientemente sancionado RPA bonaerense y el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación "no son compatibles". En este sentido señalaron que orientados por su asesor legal, el Dr. Gabás, observaron como mínimo tres contradicciones entre ambas normas.

Ascensores y grupos electrógenos para tod@s

[BPN-22/04/15] El pasado 3 de marzo, el senador Eugenio "Nito" Artaza (ACyS^[1]-Encuentro por Corrientes) volvió a presentar un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para que todos aquellos edificios que tengan tres pisos o que midan más 12 metros de altura cuenten por lo menos con un ascensor, con un grupo electrógeno -como mínimo- y con "provisión de agua potable proveniente de los tanques existentes en el edificio". De ser aprobado, el Estado Nacional deberá ofrecer una línea de créditos con tasa preferencial a los consorcios que necesiten fondos para cumplir con estas obligaciones. Por su parte, los edificios existentes o con los proyectos de obra ya aprobados, tendrán cinco años para adecuarse.

Cabe destacar que no es la primera vez que el senador Artaza presenta un proyecto relacionado con ascensores ya que sería la quinta vez que hace una propuesta en este sentido en los últimos dos años.

El proyecto, que se presentó bajo el número de expediente 286/15, consta de 9 artículos, de los cuales uno es de forma y el pasado 11 de marzo giró a las comisiones de "Población y Desarrollo Humano", "Infraestructura, Vivienda y Transporte" y "Economía Nacional e Inversión".

Según indica la iniciativa, su objeto es "asegurar que en los edificios de propiedad horizontal de tres pisos o 12 metros, la altura que resulte menor -exceptuando aquellos destinados exclusivamente al estacionamiento de vehículos- se encuentre a disposición de sus moradores en forma permanente, las 24 horas del día y los 365 días del año -como mínimo- un ascensor o en su defecto un montacargas, por cada cuerpo del edificio, a fin de posibilitar el transporte de movilidad vertical de sus ocupantes; y la provisión de agua potable proveniente de los tanques existentes en el edificio".

En este marco, Artaza propuso que los edificios de propiedad horizontal cuenten "con uno o más grupos electrógenos que aseguren su normal y permanente funcionamiento".

En cuanto a los ascensores, el proyecto establece que "en todo edificio, el ascensor destinado a la movilidad permanente debe respetar las medidas mínimas de ancho de ingreso y profundidad de cabina, de manera tal que personas con movilidad reducida y particularmente aquellas que se movilicen en sillas de ruedas, en sus diferentes variantes de modelo, puedan ingresar o salir de la misma sin inconvenientes".

En el artículo octavo de su iniciativa se establece que "el Estado Nacional -a través de los medios que considere- deberá implementar una línea de créditos con tasa preferencial destinados a los consorcios de propiedad horizontal que lo requieran con el objeto de posibilitar el efectivo cumplimiento" de estas nuevas obligaciones impuestas.

Respecto a la adecuación, el proyecto dispone que "los edificios existentes o con los proyectos de obra ya aprobados, tendrán un plazo de cinco años para ajustarse a lo estatuido en esta ley". Por su parte, "los edificios a construir deberán incluir obligatoriamente en la presentación del proyecto de obra a la jurisdicción que en cada caso corresponda, la forma y modalidad en que se implementarán las medidas destinadas a cumplir con estas obligaciones".

De acuerdo a la propuesta de Artaza, "él o los propietarios del inmueble" serán los responsables de cumplir con estas normas. Por otra parte, "las autoridades de aplicación serán las responsables de autorizar la construcción de los edificios en las jurisdicciones nacionales, provinciales o municipales, según corresponda en cada caso".

En sus fundamentos, el senador Artaza argumentó: "dado que el funcionamiento de los ascensores requiere de la provisión de energía eléctrica, la falta de la misma imposibilita la movilidad vertical en los edificios de propiedad horizontal". En este sentido, explicó que ante los cortes de luz "la imposibilidad de uso de los ascensores convierte a las personas que viven, trabajan o realizan visitas o trámites en los edificios, en prisioneros o rehenes dentro de una mole de cemento".

Por último, agregó que "la segunda dificultad generada por la falta de energía eléctrica, es la falta de agua potable, puesto que su normal provisión exige el funcionamiento de las bombas existentes en los edificios". "La carencia de agua potable afecta derechos básicos de los ciudadanos, comprometiendo su salud e higiene personal", advirtió.

El 8 de abril de 2013 Artaza había ingresado al Senado un proyecto igual al que presentó en esta oportunidad. El 16 de abril de ese año dicha iniciativa giró a las comisiones de "Población y Desarrollo Humano", "Infraestructura, Vivienda y Transporte" y "Economía Nacional e Inversión". Sin embargo, al parecer el proyecto no fue tratado y finalmente el 28 de febrero de 2015 su expediente perdió estado parlamentario.

Un año más tarde, el 16 de mayo del año pasado, en un acto junto a Andrés Pozzo, presidente de la Federación de Asociaciones y Cámaras de Ascensores de la República Argentina (FACARA), Artaza presentó un proyecto en la Cámara de Senadores para regular la fabricación, instalación, mantenimiento, funcionamiento y control de ascensores y escaleras mecánicas en todo el país. En esa oportunidad anunció que ingresó también un proyecto de declaración para nombrar de interés educativo al cuadernillo "Manual de seguridad para usuarios de ascensores y escaleras mecánicas", editado por tres cámaras empresarias del sector: FACARA, el Comité Permanente de Seguridad de Ascensores y la Cámara de Ascensores de Mar del Plata.

Luego, el 1°de octubre de 2014, presentó otro proyecto de ley en el Congreso de la Nación para crear un sistema de seguridad de ascensores y equipos de transporte vertical u horizontal fijo, muy similar a la iniciativa que había promovido anteriormente aunque con algunas modificaciones importantes

Hernández retomó su ciclo de radio semanal

[BPN-22/04/15] El pasado viernes 10 de abril a las 17 hs., el Adm. Jorge Hernández, presidente de la Fundación Reunión de Administradores (FRA), inició en FM Radio Amadeus Cultura Musical 104.9 la vigésima sexta temporada de su ciclo radial "Reunión de Administradores". Este año cambió la radio, el día de emisión y la extensión del programa: dura una hora y media.

Aunque este año Hernández se mudó a otra emisora radial, en su primer programa no explicó la razón del cambio. Es de recordar que hasta el año pasado el programa se emitía todos los sábados de 11:30 a 12:30 horas por FM Radio Cultura 97,9. El año pasado el ciclo había comenzado el 15 de marzo y había finalizado el 29 de noviembre.

Según el sitio Web "Reunión de Administradores", "en cada emisión del programa se trata un tema principal sobre la actualidad de la comunidad consorcial, como los derechos y obligaciones del administrador, de los consorcistas, del personal de portería, de los proveedores de consorcios, etc; y se brinda informacións útil y novedades semanales sobre la materia"

Bodart presentó un proyecto para los inquilinos

[BPN-22/04/15] El pasado 9 de abril, el legislador porteño Alejandro Bodart (MST ^[1]) presentó un proyecto de ley en la Legislatura de la CABA para que los inquilinos que cumplan con determinados requisitos reciban una garantía mediante un inmueble del Gobierno de la Ciudad y un subsidio para ayudarlo con el alquiler de una vivienda con carácter "parcial y transitorio". Además propuso "la puesta en alquiler de todos los inmuebles pertenecientes a la administración pública de la ciudad aptos para vivienda" y "un aumento del Impuesto Inmobiliario y la Tasa de ABL^[2] de toda vivienda ociosa" para "ampliar la oferta de alquileres".

El objetivo de este proyecto de "Alquiler Social" consiste en "facilitar el alquiler para vivienda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como parte de una política habitacional integral".

De ser aprobada la iniciativa, la autoridad de aplicación será el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Asimismo, se creará un registro de solicitantes que estará a cargo de esa entidad, se llevará a cabo una evaluación social de los inquilinos, se hará un relevamiento de las causas judiciales de desalojo y mediación con los juzgados, y un relevamiento de las viviendas ociosas.

Por otra parte, se conformará una comisión constituida por siete personas "a los efectos del control y seguimiento de la aplicación de la ley". Dicha comisión estará integrada por dos representantes del Poder Ejecutivo, un representante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, otro de la Legislatura porteña y tres representantes de las organizaciones de inquilinos.

La iniciativa, que se presentó bajo el número de expediente 716/15, consta de 9 artículos, de los cuales uno es de forma.

Según el proyecto, podrán acceder a los beneficios que se otorguen las familias o personas incluidas en alguna de las siguientes circunstancias:

a) Cuyos ingresos no superen los tres salarios mínimos vitales y móviles.

b) Con desalojos judiciales, en proceso o con sentencia firme, de viviendas radicadas en la ciudad.

c) Solicitantes de créditos para vivienda (Mi Casa, Primera Casa y Ley 341), hasta tanto accedan a una vivienda definitiva.

d) Beneficiarios de alguno de los subsidios habitacionales que otorga el GCBA.

Asimismo, según la norma "quedan excluidos los propietarios de alguna vivienda en la ciudad de Buenos Aires y las familias o personas beneficiarias de planes de vivienda en esta ciudad tanto del Gobierno nacional como del GCBA. También quedarán excluidos aquellos que subalquilen".

Por último, Bodart explicó textualmente que "a fin de establecer el orden de prioridades, la reglamentación tomará en cuenta el número de hijos, situaciones de violencia de género, personas con discapacidad o enfermedades graves y otros factores de vulnerabilidad social".

Los beneficiarios podrán acceder a "una garantía gratuita mediante un inmueble del Gobierno de la ciudad" y "un subsidio al alquiler para vivienda de carácter parcial y transitorio". De acuerdo a la iniciativa, "dicho subsidio será abonado en forma directa por el GCBA al propietario de la vivienda alquilada. Se otorgará por un plazo de 2 años, prorrogable por igual período y su monto podrá variar según la situación social del inquilino, que será evaluada en forma semestral".

En otro orden de cosas, el autor de la iniciativa propuso "la puesta en alquiler de todos los inmuebles pertenecientes a la administración pública de la ciudad aptos para vivienda" y "un aumento del Impuesto Inmobiliario y la Tasa de ABL de toda vivienda ociosa" para "ampliar la oferta de alquileres". Además, "el impuesto y la tasa se duplicarán por cada año que la vivienda siga ociosa. Si ésta se alquila o deja de ser ociosa, dichos aumentos quedarán anulados".

En este sentido, el legislador detalló que considera vivienda ociosa a "todo inmueble de uso residencial que permanezca desocupado por 12 meses o más, excepto que esté en litigio judicial o cuyo propietario no lo ocupe temporalmente por razones laborales, académicas o sanitarias".

Además, en la iniciativa se explica que "a fin de garantizar y transparentar la aplicación de la ley se desarrollan las siguientes acciones, sin que tal enumeración sea taxativa":

a) Registro de los solicitantes, a cargo del IVC.

b) Evaluación social de los inquilinos, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social en articulación con la junta comunal correspondiente.

c) Relevamiento de las causas judiciales de desalojo y mediación con los juzgados, a cargo del Servicio de Patrocinio Jurídico Gratuito de la Procuración General.

d) Relevamiento de las viviendas ociosas y su actualización, a cargo de la AGIP ^[3].

Según la propuesta de Bodart, se creará una comisión constituida por siete personas "a los efectos del control y seguimiento de la aplicación de la ley". Dicha comisión estará integrada por dos representantes del Poder Ejecutivo (uno designado por el Ministerio de Desarrollo Social y otro por la AGIP), un representante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, otro de la Legislatura porteña (designado por los bloques de oposición) y tres representantes de las organizaciones de inquilinos (designados por éstas).

De acuerdo el texto de la normativa, los recursos para la puesta en marcha de esta ley provendrán de "los alquileres percibidos por el Gobierno porteño, de los subsidios habitacionales que sean reasignados para alquiler de vivienda y de las partidas específicas que fije anualmente la Ley de Presupuesto".

En sus fundamentos, Bodart explicó que "en la Ciudad de Buenos Aires la población no aumentó sino que disminuyó levemente, pero el ritmo constructivo sigue creciendo pese a que ‘la venta de inmuebles en Capital Federal es la más baja en al menos 30 años’", y agregó: "esta cementación indiscriminada que el gobierno macrista alienta -a la vez que año a año reduce el presupuesto público para vivienda-, empuja hacia arriba los precios de las propiedades y de los alquileres".

En este sentido, remarcó que "si ante una demanda de alquileres sostenida sube la cantidad de viviendas ociosas, eso significa que la construcción más que a obtener renta, está destinada a la especulación inmobiliaria o inclusive a lavar dinero".

Asimismo, denunció que "el reciente programa ‘Alquilar se puede’ tan publicitado por Mauricio Macri es engañoso y no resuelve nada, porque se reduce a un financiamiento de la garantía y de los gastos de alquiler. Es decir, el gobierno sólo da un anticipo pero el inquilino termina pagando todo de su propio bolsillo".

Por ultimo concluyó: "en numerosos países capitalistas del mundo, como fruto no de concesiones oficiales sino del reclamo social, desde hace años se aplican diversos planes de vivienda social públicos, privados y mixtos. Los diferentes programas de alquiler social incluyen subsidios del Estado directos o indirectos, subsidios a los inquilinos, créditos a los constructores de vivienda social y medidas impositivas"

---

[1] MST: Movimiento Socialista de los Trabajadores.

[2] ABL: Alumbrado, Barrido y Limpieza.

Se creó el Frente de Inquilinos Nacional

[BPN-22/04/15] El pasado viernes 10 de abril, siete organizaciones de inquilinos de todo el país conformaron el Frente de Inquilinos Nacional (FIN) "como antesala a la creación de una federación". Exigen una nueva Ley de Alquileres Urbanos, la creación de un registro de contratos de locación, la generación de sistemas de garantías accesibles y la eliminación de las garantías personales y de bienes. Además solicitaron la creación de herramientas para la resolución de conflictos rápidos y gratuitos, que se garantice la habitabilidad de los inmuebles y que se implementen instrumentos para el acceso a la vivienda pública en alquiler.

En este sentido, solicitaron un foro de discusión en el Congreso de la Nación "para que los legisladores debatan abiertamente las políticas propuestas" y expresaron: "trabajaremos para fomentar la organización de los inquilinos en todo el país y para estar presente en todas las jurisdicciones nacionales con el objetivo de conformar una organización inclusiva federal y democrática".

Las organizaciones que integran este frente son: la Asociación Platense de Inquilinos (API), la Unión Argentina de Inquilinos (UAI), la Unión de Inquilinos Rionegrinos (UIR), la Asesoría de Inquilinos de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Capital, la Concejalía Popular de Rosario, la Unión de Inquilinos de Tierra del Fuego (UITDF) y la Unión de Inquilinos Neuquinos (UIN)

El mismo día de la conformación del FIN, representantes de estas organizaciones brindaron una conferencia de prensa. Allí leyeron su documento constitutivo, denunciaron los distintos tipos de abusos que sufren los inquilinos, explicaron sus objetivos y respondieron dudas. Entre otros, participaron del panel German Schierff, Marcos Quintulén y Estela Fernández por API; el Dr. Ricardo Botana por UAI; Adrián Basaul por UIR, Gervasio Muñoz por ATE Capital; Nire Roldán, por la Concejalía Popular de Rosario; Adrián Torres por UITDF; y Pamela Gaita y Guillermo Torres por UIN.

Asistieron a la presentación los legisladores porteños Aníbal Ibarra (Frente Progresista Popular), María Rachid (Frente para la Victoria) y Fernando Muñoz (Frente Progresista Popular). Además, participaron del acto Gustavo Longhi, delegado del Gobierno de Tierra del Fuego en Buenos Aires, y representantes de la Alianza Internacional de Habitantes.

La conferencia de prensa se realizó pasado el mediodía, en la Casa de la Provincia de Tierra del Fuego en la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en Sarmiento 745 de esta ciudad porteña.

Los representantes del flamante Frente de Inquilinos Nacional expusieron las medidas que le exigen al Estado que tome frente a esta problemática.

a) Nueva Ley de Alquileres Urbanos 23.091 y de la legislación pertinente

b) Creación de un registro de contratos de alquiler.

c) Generar unos sistemas de garantías accesibles a todos los ciudadanos que tienen derecho al acceso a una vivienda digna.

d) Eliminar las garantías personales y de bienes por su carácter discriminatorio y expulsivo.

e) Creación de servicios públicos de alquiler nacional, provincial y municipal para evitar los abusos del Derecho y asesoramiento para resolución de conflictos rápidos y gratuitos para inquilinos.

f) Garantizar que las viviendas insertas en el mercado de alquiler cumplan con las condiciones mínimas de habitabilidad.

g) Creación de herramientas de acceso a la vivienda pública en alquiler.

En el acto de presentación del FIN, los representantes de las distintas provincias resumieron los problemas que aquejan a los inquilinos de cada región. En este marco, Guillermo Torres, vicepresidente de la Unión de Inquilinos Neuquinos, explicó que "Vaca Muerta evidenció la falta del Estado en materia de regulación: hay discriminaciones, abusos de propietarios que piden casas alquiladas sin niños ni mascotas para un petrolero, piden garantes petroleros, piden el recibo de sueldo y eligen el mejor candidato".

Además, denunció que "hay acosos sexuales a madres solteras, hay propietarios que alquilan solamente a mujeres y hay otros casos de persecuciones. Por ejemplo, cerraron el candado de un complejo porque [el inquilino] se atrasó un día en el pago y cuando fue e hizo el reclamo al ente provincial o municipal, no tuvo respuesta".

"Nosotros hoy vivimos de una manera en la cual una renovación de contrato va de 2 mil pesos a 8 mil pesos y tenemos casas en barrios privados que están actualmente tasadas en 80 mil pesos por mes. La situación en Neuquén es bastante crítica porque están desplazando a las familias e hijos de neuquinos a otras localidades alrededor", detalló.

Siguiendo esta línea, Adrián Torres, de Tierra del Fuego, se sumó a los dichos de Guillermo Torres y explicó que en su provincia "la situación es similar, los contratos son leoninos y el Estado está ausente en su conjunto".

Por su parte, Adrián Basaul, presidente de la Unión de Inquilinos Rionegrinos, explicó que en su provincia los problemas se concentran en regiones: "lo que pasa en Neuquén con Vaca Muerta y la explosión del petróleo se ha extendido a Chipolletti y Cinco Saltos, es decir, en toda la zona cercana a lo petrolero. Lo más fuerte está en Bariloche porque la explosión del turismo hace que la demanda de alquileres se vaya extendiendo a ese sector, expulsando a la gente normal que alquila".

Agregó también que "en la población hay desconocimiento de los derechos que tienen los inquilinos" y que "pasan cosas insólitas". Explicó que "por ejemplo hay contratos que fijan un aumento escalonado del 30% -supongamos- y a los 6 meses aumenta un 50%. La gente lo acepta y si no le gusta se tiene que ir. Esa es la respuesta de la inmobiliaria".

"También hay inmobiliarias que tienen una modalidad nueva que es cobrar un mes adelantado para ver un departamento. Si vos no cerras la operación te descuentan un 30%. Hay cosas que parecen del siglo pasado. Nosotros hemos atendido muchísimos casos donde a las dos de la mañana [a una inquilina] la sacaron de los pelos de la casa", alertó.

El Ejecutivo chaqueño destacó la creación de un RPA provincial

[BPN-22/04/15] El pasado 15 de marzo, la Subsecretaría de Comercio de Chaco destacó como un elemento positivo de su gestión la creación del Registro Público Administradores de Consorcios provincial y la "puesta en marcha" de las asociaciones de consumidores y usuarios. Resaltó también la constitución del registro de telefonía celular, el registro de derecho de admisión, el de llamadas de telemercadeo no deseadas y el observatorio de abastecimiento, precios y habilitación de estaciones de servicio.

Así lo informó en su sitio Web Defensa del Consumidor del Gobierno de la provincia de Chaco. Según esa repartición, la Subsecretaría de Comercio, conducida por Ricardo Marimón, "realizó un balance de lo hecho durante casi ocho años de trabajo "en el marco del Día Mundial de los Derechos del Consumidor.

En detalle, el Gobierno chaqueño señaló: "uno de los puntos en que se ha avanzado a pasos agigantados es en la creación de registros. En otras épocas directamente sobre estos temas no se hablaba ni menos aún se legislaba". En este sentido, explicó que "se creó el observatorio a nivel provincial de abastecimiento, precios y habilitación de estaciones de servicio, el registro de administradores de consorcios, de telefonía celular, de derecho de admisión y el de llamadas de telemercadeo no deseadas".

Los riegos de utilizar WiFi público

[BPN-22/04/15] El 1° de marzo la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires alertó a los vecinos sobre los riesgos de utilizar los puntos de conexión WiFi públicos. Cabe destacar que el Gobierno porteño anuncia que ofrece "BA WiFi", una red de acceso gratuito disponible en diferentes puntos de la ciudad como plazas, hospitales, museos, bibliotecas, sedes comunales, espacios públicos, estaciones de subte y metrobús.

La Defensoría aconsejó que "el envío de información personal se realice únicamente por medio de un sitio Web codificado". "Esto es importante ya que, al utilizar redes públicas, desconocemos quién las administra o qué medidas de seguridad se utilizan para proteger la información que circula por ella", señaló el organismo en su sitio Web.

Según la Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) del Instituto de Ciberseguridad de España, los principales riesgos a la hora de utilizar una red pública son el robo de los datos transmitidos, el robo de la información almacenada en el equipo, la infección del dispositivo con virus o troyanos y que otro equipo se filtre como intermediario entre el usuario y el servicio para manipular los datos.

Por otra parte, el sitio Web "Informática Hoy" indicó que otros peligros pueden ser la captura de páginas Web por parte de hackers, secuestro de cuentas y captura de acceso a servidores FTP (File Transfer Protocol/ Protocolo de Transferencia de Archivos).

Si la conexión se realiza sin contraseña (red abierta), los datos transmitidos pueden ser leídos por cualquiera, es decir, tanto por el administrador de la red como por otros usuarios conectados. Así, la información estaría expuesta a cualquiera que sepa cómo leerla.

Si el sistema solicita una contraseña y aparece un candado (red protegida), significa que la información se transmite de forma cifrada. No obstante, esto está condicionado por el sistema de seguridad utilizado y la contraseña escogida. De menor a mayor seguridad, los sistemas son WEP ^[1], WPA ^[2] y WPA2 ^[3].

Sin embargo, señalan que nunca hay que conectarse con una red WEP ya que se demostró que es vulnerable y que su seguridad equivale a una red abierta, es decir, a una red sin contraseña.

Al formar parte de una red pública en la que existen otros usuarios conectados, el dispositivo queda expuesto y visible a los demás usuarios presentes en la misma. De esta forma es más susceptible de recibir cualquier tipo de ataque desde otro de los equipos conectados.

Cuando el usuario se conecta a una red WiFi ajena, cualquier ciberdelincuente que esté conectado a la misma red puede tratar de infectar el dispositivo con algún tipo de virus. Por eso, es fundamental mantener siempre al día el equipo con las últimas actualizaciones de seguridad, tanto de sistema operativo como de las aplicaciones instaladas.

Por último, cabe la posibilidad de que algún ciberdelincuente conectado a la red configure su equipo para convertirse en intermediario de la comunicación entre el usuario y el servicio (Facebook o Twitter por ejemplo) modificando o eliminando la información intercambiada, la cual pasaría a través de éste.

A continuación les acercamos a nuestros lectores los consejos y recomendaciones que difundió la OIS para una mayor seguridad informática:

a) Si el usuario se conecta a una red es preferible que lo haga con seguridad WPA o WPA2 ya que las redes abiertas y con seguridad WEP son inseguras.

b) Si el usuario va a utilizar una red pública,  sería conveniente que deshabilite cualquier proceso de sincronización de su equipo.

c) Tras la conexión, debe eliminar los datos de la red memorizados por su dispositivo.

d) Mantener siempre el equipo actualizado, con un antivirus instalado correctamente y si es posible, hacer uso de un Firewall ^[4] (cortafuegos).

e) No iniciar sesión (usuario/contraseña) en ningún servicio mientras se está conectado a una red pública.

f) No realizar trámites a través de estas redes: compras online, bancarios, etc.

g) El usuario debe asegurarse de que los sitios que visite comiencen con "HTTPS" para que la información viaje cifrada y no se puedan interceptar los datos que se intercambian.

De acuerdo al sitio Web "Informática Hoy", WiFi es un conjunto de especificaciones para redes locales inalámbricas WLAN (Wireless Local Área Network) basada en el estándar IEEE 802.11. Con esta tecnología se pueden implementar redes que conecten dispositivos cercanos geográficamente. Estas redes no exigen el uso de cables ya que efectúan la transmisión de datos a través de radiofrecuencia. Su nombre es una abreviación del término inglés "Wireless Fidelity" (Fidelidad inalámbrica)

---

[1] WEP: Wired Equivalent Privacy o "Privacidad Equivalente a Cableado

[2] WPA: Wi-Fi Protected Access

[3] WPA2: Wi-Fi Protected Access 2 - Acceso Protegido Wi-Fi 2

Encargado con vivienda enfermo

Estimado Sergio, no soy abogada como para contestarte como tal, pero entiendo que aunque el trabajador esté con una licencia por enfermedad no podés modificar las condiciones laborales o la manera de liquidarle su sueldo por ese motivo.

Es distinto cuando está de licencia por sus vacaciones porque, en realidad, hasta cuando se le abonan las vacaciones el valor de ese día tiene una proporción de las horas extras generadas por domingos y por feriados.

De todas formas, no te quedes sólo con este comentario y consultá a un profesional para que no te queden dudas.

Un saludo grande.

Algunas dudas sobre el recibo de haberes

Estimada Mónica, la escala salarial estipula actualmente –me refiero a la vigente desde Octubre/2015- que el valor de 8 horas hábiles de un suplente es igual a $337.67, y ahora continúo en orden según tu numeración:

a) No presenta dudas.

b) El retiro de residuos: no me queda claro por qué este valor ya que dentro de las 8 horas de trabajo debería incluirse el retiro de residuos, pero no sé cuál fue el acuerdo con el trabajador, quizá el retiro lo hace después de su horario habitual o hay alguna otra combinación que desconozco. El retiro de residuos ($13.81 por UF) es un concepto que se abona a los trabajadores mensualizados por el retiro de residuos diario, motivo por el cual no sé en qué consisten esos $1.700 que vos comentás.

c) El básico de un suplente debería estar compuesto por $337.67 multiplicado por la cantidad de días o jornadas trabajadas. Es habitual abonar $337.67 por 2 si la suplencia se hace el día domingo o los feriados. Entiendo que el básico no son horas extras, pero también desconozco cuál fue el acuerdo con el trabajador.

Con respecto a la pregunta sobre modificar la forma de liquidar el recibo de haberes, debo decirte que no es lo aconsejable ya que si lo hacés estás modificando las condiciones laborales y el trabajador se puede considerar despedido. Otro detalle que ponés en tu consulta es que tiene antigüedad, por lo tanto hace tiempo que viene cobrando de esa manera y se considerará un derecho adquirido. Otra pregunta que haría es el porqué de esos montos para entenderlos y saber de qué forma le están liquidando, pero entenderlo no implica poderlo modificar.

Un saludo grande.

Nombre y apellido: !*LAST_NAME*!, !*FIRST_NAME*!

E-mail: !*EMAIL*!