Según el Gobierno porteño, en el último año las expensas subieron un 27%

[BPN-04/06/15] Las expensas fue el ítem que más aumentó –con un 27% de incremento- entre abril de 2014 y marzo de este año. A continuación le siguieron los servicios públicos (26%), el alquiler (25%), la canasta de bienes y servicios mensuales (24%), la canasta total (23%) y la canasta alimentaria (19%). Así surgió de los datos publicados por "Las canastas de consumo de la Ciudad de Buenos Aires" elaborados por la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno porteños.

Sin embargo, es de subrayar que según estos informes, los vecinos pagaron en promedio 549 pesos de expensas por unidad funcional durante ese período. Administradores consultados por este medio cuestionaron fuertemente este valor promedio y consideraron que –según sus experiencias- éstas rondarían entre los 800 y hasta los 3 mil pesos en consorcios que calificaron –en promedio- como de clase media.

Volviendo a los datos publicados por el GCABA, un alquiler promedio costaría 2.037 pesos mensuales. Si se suman el alquiler y las expensas promedio durante los 12 meses del estudio, éstas últimas incidieron en ese total un 22%. Por otra parte y de acuerdo a los números oficiales, en enero de 2015, las expensas representaron el 12,37% del salario mínimo vital y móvil que en enero de 2015 se estableció en 4.716 pesos.

Específicamente el trabajo analizó los números de los informes 806 y 853, publicados en diciembre de 2014 y en abril de 2015 respectivamente.

Según el GCBA, Entre abril de 2014 y marzo de 2015 las expensas se incrementaron en promedio un 27% en los hogares porteños. En abril de 2014 las expensas costaban en promedio 468 pesos por hogar; en mayo, 500; en junio, 500; en julio, 525; en agosto, 548; en septiembre, 552 pesos; en octubre, 561; en noviembre 581; en diciembre de 2014, 582; en enero de 2015, 583 pesos; en febrero, 590; y en marzo de 2015, 593 pesos. En el transcurso de esos 12 meses la expensa promedio fue de 549 pesos.

Pequeñas Noticias consultó con diversos administradores y todos coincidieron en que ninguna expensa cuesta 549 pesos. Mientras que un mandatario que administra consorcios de clase media baja maneja un promedio aproximado de 800 pesos, otro que administra edificios de clase media sin vigilancia en la zona de Belgrano, Núñez y Palermo, aseguró que maneja expensas de entre 1.500 y 2.000 pesos. Por su parte, otro mandatario consultado que tiene a su cargo consorcios de clase media con vigilancia en Barrio Norte y Palermo, afirmó que los números que trabaja rondan los 3.000 pesos aproximadamente.

En detalle, de acuerdo al Gobierno porteño, desde abril a mayo de 2014, las expensas aumentaron en promedio 31,44 pesos; de mayo a junio de 2014 subieron 0,26 pesos; de junio a julio de 2014 se incrementaron en 24,69 pesos; de julio a agosto de 2014, las expensas aumentaron 23,56 pesos; de agosto a septiembre de 2014 subieron 3,69 pesos; de septiembre a octubre de 2014 se incrementaron en 8,98 pesos; de octubre a noviembre de 2014 las expensas subieron 19,71 pesos; de noviembre a diciembre de 2014, 1,75 pesos; de diciembre de 2014 a enero de 2015 subieron 1 peso; de enero a febrero de 2015 aumentaron 7,03 pesos y de febrero a marzo de 2013 las expensas crecieron 2,23 pesos.

Entre abril de 2014 y marzo de 2015, las expensas tuvieron en promedio una incidencia de un 22% en el alquiler. En detalle, durante abril de 2014 las expensas tuvieron en promedio una incidencia de un 21,38% en el alquiler; durante mayo de 2014 tuvieron una incidencia de un 22,09%; en junio tuvieron un 21,65% de incidencia; en julio 22,01% de incidencia; en agosto 22,37%; en septiembre 22,11%; en octubre 22,16%; en noviembre un 22,39 % de incidencia sobre el alquiler; en diciembre de 2014 un 22,14%; en enero de 2015 un 21,85%; en febrero un 21,75%; y en marzo de 2015 las expensas tuvieron una incidencia de un 21,52% sobre los alquileres.

En otro orden de cosas, las expensas habrían representado el 12,37% del Salario Mínimo Vital y Móvil en enero de 2015. Mientras que ese salario era de 4.716 pesos en esa fecha, las expensas en promedio le costaban a cada hogar porteño 583,38 pesos.

Según los datos oficiales consultados, entre abril de 2014 y marzo de 2015 los alquileres se incrementaron en promedio un 25% en los hogares porteños. En abril de 2014 el alquiler costaba en promedio 1.799 pesos; en mayo, 1.840; en junio, 1.890; en julio, 1.942; en agosto, 1.987 pesos; en septiembre, 2.031; en octubre, 2.057 pesos; en noviembre 2.101 pesos; en diciembre 2014, 2.139 pesos; en enero 2015, 2.179; en febrero, 2.218; y en marzo de 2015, 2.257 pesos.

Entre abril de 2014 y marzo de 2015 los servicios públicos aumentaron un 26% en los hogares porteños. En abril de 2014 los hogares porteños pagaron en promedio por los servicios públicos (Gas, electricidad, agua, transporte público y comunicaciones) 1.606 pesos; en mayo, 1.651 pesos; en junio 1.706; en julio, 1.768; en agosto, 1.829; en septiembre, 1.861 pesos; en octubre, 1.886; en noviembre 1.923; en diciembre de 2014, 1.943; en enero de 2015, 1.986 pesos; en febrero, 2.006 pesos y en marzo de 2015, 2.030 pesos.

Entre abril de 2014 y marzo de 2015 la canasta alimentaria aumentó un 19% en los hogares porteños. En abril de 2014 la canasta alimentaria le costó en promedio a los hogares porteños 2.619 pesos; en mayo le costó 2.641 pesos; en junio, 2.692; en julio, 2.721; en agosto, 2.772; en septiembre, 2.834 pesos; en octubre, 2.899; en noviembre, 2.936; en diciembre de 2014, 2.971; en enero de 2015, 3.058 pesos; en febrero de 2015, 3.082; y en marzo 3.119 pesos.

Entre abril de 2014 y marzo de 2015 el precio de la canasta de Bienes y Servicios Mensuales (CBSM) aumentó en promedio un 24% en los hogares porteños. En abril de 2014 esta canasta costaba 5.209 pesos, en mayo 5.336; en junio, 5.453; en julio, 5.575; en agosto, 5.736; en septiembre, 5.851 pesos; en octubre, 5.952; en noviembre, 6.066; en diciembre de 2014, 6.145; en enero de 2015, 6.298 pesos; en febrero, 6.360; y en marzo de 2015, 6.447 pesos.

Respecto a la canasta total, entre abril de 2014 y marzo de 2015 su costo aumentó un 23% para los hogares porteños. En abril de 2014 el valor de la canasta total en promedio fue de 6.194 pesos; en mayo de 6.343; en junio de 6.484; en julio de 6.614; en agosto de 6.781 pesos; en septiembre de 6.931 pesos; en octubre de 7.058; en noviembre de 7.206; en diciembre de 2014 de 7.296; en enero de 2015 fue de 7.449 pesos, en febrero de 7.517 y en marzo de 2015 fue de 7.628 pesos.

Según el Gobierno porteño, en primer lugar se determinó qué monto de dinero le permitiría a un hogar adquirir todos los bienes y servicios que le garanticen un nivel de satisfacción socialmente aceptable. Este objetivo se alcanzó través de varios procedimientos: se definió un conjunto de necesidades básicas, se determinaron los bienes y servicios destinados a su satisfacción y se establecieron las cantidades mínimas (umbrales de satisfacción) para cada hogar. Por último se asignó un valor a las canastas resultantes.

Los bienes y servicios seleccionados se agruparon en distintas canastas de consumo que definen distintos niveles de satisfacción de las necesidades de los hogares. Luego se procedió a determinar las cantidades mínimas por unidad consumidora que le permitan a los hogares un nivel de satisfacción socialmente aceptable.

Para esto, se partió del supuesto que considera que los hogares asignan sus gastos dando prioridad a los alimentos indispensables para la supervivencia, después satisfacen las necesidades no alimentarias básicas para la participación en la sociedad (vivienda, vestimenta, transporte, etc.)

El grupo de hogares que satisface las necesidades alimentarias básicas constituye la población de referencia para este estudio.

Según el Gobierno de la CABA, la Canasta alimentaria (CA) está conformada por el valor de los alimentos y bebidas que un hogar debe adquirir para satisfacer las necesidades alimentarias básicas.

La Canasta de bienes y servicios mensuales (CBSM) incluye todos los bienes y servicios de carácter no durable que el hogar debe adquirir en forma mensual. A la canasta alimentaria y de servicios del hogar se le suman los bienes y servicios necesarios para el mantenimiento del hogar, educación, servicios de esparcimiento y bienes y servicios para la higiene y el cuidado personal.

El RPA entregaría de a 10 obleas por vez

[BPN-04/06/15] AIPH denunció que –según declaraciones de un socio- en el Registro Público de Administradores (RPA) no se pueden tramitar -con su correspondiente oblea- más de 10 libros por vez. Según el socio, una empleada de esa repartición le expresó textualmente que "si uno quiere hacerlos todos de una vez, debe gestionarlo ante alguna de la instituciones habilitadas". Ante el reclamo del administrador de tener que ir y venir varias veces la empleada agregó que las obleas para el Libro de Datos 2015 "están celosamente guardadas en poder del director".

Las obleas son provistas en forma gratuita por el Gobierno porteño y fueron ordenadas por la Disposición 1.809 (BO: 28/09/12). Dicha norma fue firmada el 13 de septiembre de ese mismo año por el Dr. Juan Manuel Gallo, ex director general de Defensa y Protección del Consumidor (DyPC) porteño.

La entidad de administradores denunció: "hoy concurrió un socio para tramitar los [libros] a la DGDyPC, en la calle Maipú 169. El tope por administrador es de 10 por vez, tramitado ese lote, devuelven la primer presentación y recién pueden presentarse los restantes, siempre en paquetes de a 10. Es decir que si se poseen 30 consorcios hay que presentarse tres veces".

Ante el reclamo del administrador una empleada de la repartición le respondió textualmente que: "si uno quiere hacerlos todos de una vez, debe hacerlo ante alguna de la instituciones habilitadas", y agregó: "[las obleas] están celosamente guardadas en poder del director".

AIPH, en su post, explicó: "el costo del libro es de 90 pesos, es decir que el negocio está hecho para los gestores o quienes se aviven y consigan las obleas por izquierda", y añadió que: "la DGDyPC encarece alegremente este trámite, y pretende que el administrador no le cobre al consorcio la gestión ¿El tiempo nuestro quién lo abona? Caemos siempre en los mismos kioscos, siempre en manos de inútiles favoreciendo a sus aliados ocasionales o alcahuetes. Para pensar".

Es de recordar que el Libro de Datos que surgió en 2012 reemplazó a tres libros existentes hasta ese entonces: el "Libro de Control de Seguridad Edilicia", el "Libro de Control Sanitario y Agua Potable" y el "Libro De Ingreso y Egreso De Proveedores".

El 21 de febrero de 2013, salió publicada en el Boletín Oficial la Disposición 470 firmada por el Dr. Juan Manuel Gallo, para habilitar un nuevo "Libro de Datos Periódico". Éste debía renovarse anualmente y contener la información correspondiente de cada consorcio. Al igual que el libro de datos correspondiente a los períodos 2010/11/12 (Disposición 1.809), el nuevo también tenía que estar identificado con una oblea u holograma que debía entregar el GCBA, "previo turno con cupos limitados".

Que se suspendan las DDJJ hasta que el aplicativo funcione

[BPN-04/06/15] El pasado miércoles 13 de mayo, AIPH ^[1] solicitó formalmente a la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC) porteña que se suspenda la exigibilidad de las DDJJ (Declaraciones Juradas) anuales hasta tanto no se "resuelvan definitivamente las permanentes deficiencias en el sistema de registración de los administradores de consorcios de propiedad horizontal" y que "se adopten medidas para que en el próximo ciclo de presentación de las DDJJ no vuelva a ocurrir lo que ha venido aconteciendo cada año". Se ofreció también a "reunirse, realizar aportes, testear las plataformas antes de que sean aprobadas y cualquier otra actividad que sea útil para conseguir el objetivo".

Las DDJJ a las que hace referencia la entidad de administradores son las que surgen del artículo 12º de la Ley 941 que –en su oportunidad- creó un Registro Público de Administradores (RPA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Textualmente dispone: "los administradores inscriptos en el Registro creado por esta ley, deben presentar anualmente un informe […] que tendrá carácter de declaración jurada". Este artículo detalla en cinco incisos el contenido obligatorio que deben poseer.

La solicitud ingresó por mesa de entrada en la nueva sede del RPA porteño, en la calle Maipú 169 de esta ciudad. La nota que fue firmada por el Adm. Marcelo Ruiz, en su calidad de presidente de AIPH, estaba dirigida específicamente al Crio Mayor (r) Edgardo Aoun, director general de DyPC.

En la presentación se adjuntaron circulares del Gobierno porteño, notas periodísticas de Pequeñas Noticias, disposiciones, leyes, presentaciones del Adm. Gustavo Karcher, responsable de prensa y difusión de la entidad, y correos electrónicos entre Karcher y funcionarios porteños.

AIPH argumentó en su escrito que el mal funcionamiento del aplicativo para realizar las DDJJ "genera una incertidumbre de grandes proporciones para los administradores de consorcios que corren el riesgo de ser suspendidos o expulsados de la matrícula, es decir, de perder su carrera profesional para la cual se han preparado y tienen experiencia, además de quedar sin trabajo".

Para la asociación "pese a todas las idas y vueltas a las que ya estaban sometidos los administradores, las deficiencias continúan. La primera parte del trámite se puede completar pero resulta imposible completar la segunda parte".

De acuerdo a la entidad, "más allá de que no sea objeto de esta acción, resulta de notorio conocimiento para las personas vinculadas a esta disciplina que en los últimos tres años se han generado desde la administración una innumerable cantidad de normas, regulaciones y cargas que no solo convirtieron en mucho más engorrosa la actividad sino que también encarecieron enormemente las expensas. Alcanza con recurrir a cualquier liquidación de expensas para comprobar la serie de exigencias hasta entonces inexistentes que se impusieron. Varias de esas normas han sido declaras ilegales en la justicia", y agregó: "la acción denunciada resulta arbitraria porque imponer estos requisitos a quienes desarrollan estos emprendimientos antes de verificar el funcionamiento de las herramientas tecnológicas necesarias para cumplir con esa exigencia, resulta una conducta irrazonable que debe ser reparada de inmediato antes de que continúe causando perjuicios".

"La conducta accionada vulnera claramente derechos constitucionales tanto a nivel nacional como local", afirmó AIPH y explicó que: "generar a quienes son titulares de emprendimientos de pequeño o mediano porte -como son los administradores de consorcio-, esta serie de requisitos burocráticos de inscripción que son complejos de procesar y no proveer de las herramientas necesarias para cumplir con estas exigencias, constituye una clara afrenta al Art. 43° de la Constitución local que expresa: ‘la ciudad protege al trabajo en todas sus formas’".

Es de recordar que en el transcurso del último año hubo varias quejas y reclamos por parte de AIPH ante la imposibilidad de cumplir con la Ley 941. En detalle, el 18 de septiembre de 2014 inició un recurso de amparo contra el Gobierno porteño para que suspenda a los matriculados en el RPA la exigibilidad de las DDJJ correspondientes al año 2013. Además, en noviembre de ese mismo año, el Dr. Ezequiel Nino, asesor jurídico de la entidad, anunció que iba a iniciar un nuevo recurso de amparo contra el Gobierno de la CABA por el mal funcionamiento del sistema. El recurso finalmente se presentó el mes pasado cuando las DDJJ 2013 ya estaban cerradas y se espera el aplicativo para hacer las del 2014.

Por su parte, el Adm. Gustavo Karcher, presentó 6 acciones administrativas durante el 2014 ante entidades locales y nacionales en contra del Registro por el incorrecto funcionamiento del aplicativo online

El buscador de administradores del RPA no funciona

Textualmente la Sra. Giménez solicitó "conocer la razón por la que no se cumple con el Art. 7° de la Ley 941" y lo fundamento argumentando: "tanto para consorcistas como para administradores, es imprescindible que a la mayor brevedad posible la información esté actualizada a la fecha (como lo estaba un año atrás) para facilitar el control de los administradores registrados cumpliendo con lo que manda la ley vigente". Por último agregó: "existen ya, demasiadas violaciones a la Ley 941 por parte del Ente de control".

El artículo 7º de la Ley 941 que –oportunamente- creó un RPA en la CABA establece bajo el título "Publicidad del Registro" que "el Registro es de acceso público, gratuito y debe estar disponible para su consulta en la página web del Gobierno de la Ciudad. Asimismo, la reglamentación establecerá los lugares físicos de consulta".

Por otra parte en el listado de administradores de consorcios que figuran en ese mismo sitio Web oficial se puede consultar sólo su número de matrícula; nombre, apellido o razón social; número de CUIT; dirección y código postal. No figura ni su estado frente al RPA ni el vencimiento de su matrícula. Por último no se consigna a qué fecha está actualizado.

Marcelo Ramal a fondo

[BPN-04/06/15] El legislador porteño Marcelo Ramal (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) anunció que está trabajando en un proyecto que constituirá un fondo para sostén de los consorcistas jubilados con dificultades para pagar las expensas.

Afirmó también que el trabajador de edificio de propiedad horizontal debe ganar "el mejor sueldo que pueda" y señaló que no hay que aceptar el falso conflicto de trabajadores consorcistas contra trabajadores de edificios porque "no es el salario del portero el que termina inflando innecesariamente las expensas comunes". Explicó que "esa es la idea que se alimenta todo el tiempo, incluso por grupos de administradores que patean la pelota para ese lado y no hacia sus propias subcontrataciones y gastos".

Expresó que debería haber un mecanismo de participación "más directa" de los consorcistas en las paritarias y el conjunto de los gastos. Agregó también que "hay que poner la lupa en determinados gastos o costos que no refuerzan al trabajador de propiedad horizontal sino a un aparato sindical".

Subrayó que "la ciudad debería tomar los temas de seguridad en sus manos porque nosotros pagamos para eso".

Estas declaraciones las brindó en una entrevista exclusiva que le concedió a Pequeñas Noticias, el pasado jueves 14 de mayo.

Marcelo Ramal: El tema es interesante y además es un conflicto que se plantea en muchos ámbitos de la ciudad y del país. No creo que sea el único porque -por ejemplo- cuando uno compra una prenda de vestir confeccionada por trabajo esclavo, alguien puede decir que gracias a ese trabajo extremadamente precarizado la prenda es barata y entonces un trabajador que gana 5 mil pesos la puede comprar.

UADI relanzó su revista

[BPN-04/06/15] La Unión Administradores de Inmuebles (UADI) publicó en abril el primer número de su revista institucional "UADI informa". La mayoría del equipo técnico que lleva adelante la publicación trabaja para Grupo Octubre que pertenece a la Fundación Octubre Trabajadores de Edificios de Víctor Santa María, secretario general del SUTERH (Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal).

En su primer editorial, Osvaldo Primavesi, presidente de UADI y editor responsable, expresó que esta edición de la revista "constituye un hecho significativo en nuestra actividad profesional, por su contenido y las colaboraciones con las que se ve jerarquizada".

Sobre la entidad que preside resaltó: "…hemos participado en paritarias [representando al sector empleador], integrado la Unión Latinoamericana de Trabajadores de Edificios y Condominios (UITEC) [una entidad de trabajadores], la Unión Latinoamericana de Administradores Inmobiliarios (ULAI) y, recientemente, la Federación Nacional de Cámaras y Asociaciones de Administradores de Propiedad Horizontal de la República Argentina…".

El 24 de abril, en su cuenta de Twitter @PrensaUADI, la entidad publicó una foto de un cartel en la vía pública anunciando el lanzamiento de su número de abril. A la fecha, ni en su sitio Web institucional ni en su cuenta de Twitter hay información que se haya publicado un segundo número correspondiente a mayo aunque en su sitio Web adelantaron que "la revista se imprime entre el día 15 y 20 de cada mes".

Por último, si bien el primer número fue gratuito, en la revista se anuncia que las demás ediciones costarán 50 pesos. Para tener una relación de precios la revista mensual "Muy Interesante" (82 Págs.) cuesta $34 y la revista Hombre de editorial Perfil (114 Págs.) sale $47. En el sector tanto la revista "Gestión de Consorcios" del AIERH ^[1] cómo la revista "Reunión de Administradores" de FRA ^[2] cuestan $40 cada una.

Por su parte, Norma Cardeñas -a cargo de la coordinación de contenidos- también según su cuenta de Linkedin, se desempeña en el área de relaciones públicas y comunicaciones del SERACARH ^[3], un servicio conformado por el SUTERH y por las tres cámaras de administradores que representan a la parte empleadora en las paritarias del sector: UADI, CAPHyAI ^[4] y AIERH.

Por otra parte, el encargado de diseño y arte de "UADI informa" es Juan Battilana quien –otra vez de acuerdo a su cuenta en Linkedin- trabaja en Planeta Urbano y en Pichuco, dos revistas que también pertenecen al Grupo Octubre de los trabajadores de edificios.

La empresa "En Carrera SA" -que además de editar la revista, es la encargada de su management, diseño y coordinación general- también trabaja para Diario Z, propiedad de Grupo Octubre. Cabe destacar que la editora responsable de Planeta Urbano es Teresa Pacitti quien pertenece a "En Carrera SA", según el sitio Web de Diario Z.

En otro orden de cosas, la digitalización de imágenes estuvo a cargo de Iroko Digital, la misma empresa que se ocupa de la digitalización de las imágenes de Caras y Caretas, otra publicación de Grupo Octubre, de acuerdo al sitio Web de esa revista dependiente de Víctor Santa María.

Siguiendo con esta cadena de coincidencias, la producción gráfica estuvo en manos de Mundial SA, la misma compañía que se encarga de la producción gráfica de Caras y Caretas y de Planeta Urbano, conforme a los sitios Web de esas revistas.

Por último, la empresa distribuidora de "UADI informa" en la ciudad de Buenos Aires es "Distribuidora Sanabria SRL", la misma de Planeta Urbano y Caras y Caretas.

Para completar, la corrección de la revista de UADI estuvo a cargo de Pedro Rodríguez Pagani y las fotos a cargo de Diego Astarita de Agencia FS. En este primer número colaboraron Mariana Jaroslavsky y Danae Tzicas.

El número de abril de "UADI informa" estuvo integrado por 12 notas periodísticas: ocho de servicio, dos culturales, una sobre salud y su nota de tapa está dedicada a una extensa entrevista a Horacio Rodríguez Larreta, jefe de Gabinete de la ciudad de Buenos Aires y candidato –compitiendo contra Martín Lousteau y otros- a Jefe de Gobierno porteño.

La publicación contó, además, con una sección de humor, una sección de novedades "breves" y una espacio donde figuran los honorarios y aranceles del administrador sugeridos por la entidad.

El primer número de esta revista estuvo integrado por 22 hojas, es decir, 44 páginas en formato A4 (de 21 cm x 29,7 cm) de las cuales 4 las ocuparon la tapa, contratapa y sus retiraciones.

Dentro de la revista hay cinco publicidades de una carilla cada una. Entre ellas hay una relacionada con el derecho y la arquitectura, otra con la construcción, otra del SERACARH, otra de la propia revista y otra de Interacción, la aseguradora de riesgos de trabajo con la cual se maneja el SUTERH. O sea que si se retira la publicidad propia, la mitad está dedicada al sector privado y la otra mitad a servicios relacionados con el SUTERH

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[1] AIERH: Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal.

[2] FRA: Fundación Reunión de Administradores

[3] SERACARH: Servicio de Resolución Adecuada de Conflictos para Trabajadores y Empleadores de Renta y Horizontal.

Aoun agregó entidades para dictar los cursos del RPA

[BPN-04/06/15] El pasado viernes 22 de mayo, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires autorizó a dos nuevas entidades para que dicten los cursos de renovación que el Registro Público de Administradores (RPA) porteño le exige con las Declaraciones Juradas (DDJJ) anuales a los mandatarios de los consorcios.

Las entidades habilitadas fueron la Universidad Católica Argentina (UCA) y Educación Formal y No Formal del Gobierno de la CABA.

Así lo dispuso el Crio. Mayor (R) Edgardo Aoun, director general de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC) de la CABA, mediante la Disposición 564. La norma que consta de 2 artículos de los cuales uno es de forma, fue publicada el pasado miércoles 27 de mayo en el Boletín Oficial.

Según argumentó Aoun, "por error involuntario no se ha agregado en el Anexo I de la Disposición 418 a la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y a Educación Formal y No Formal del Gobierno de la Ciudad para otorgar el curso en pos de la renovación de la matricula".

Es de recordar que mediante la Disposición Interna 45 (BO: 29/04/2015) y la Disposición 418 (BO: 28/04/2015), Aoun ya había autorizado a 28 entidades -en total- para que dicten los cursos de inscripción y renovación.

Consorcio de Radio cambió de día y hora

[BPN-04/06/15] Desde el próximo jueves 11 de junio, el programa "Consorcio de Radio", producido y conducido por el Adm. Daniel Sánchez Rivera, tendrá un nuevo día y horario: se transmitirá todos los jueves a las 20 horas vía Internet por https://radiotrendtopic.com.ar. El reciente cambio fue anunciado el pasado 27 de mayo en la cuenta de Facebook del Adm. Sánchez Rivera.

Incidencias del nuevo Código en el mundo laboral

[BPN-04/06/15] El pasado jueves 14 de mayo, el Dr. Manuel Raúl Monsalvo destacó cuatro puntos del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que tendrán incidencia en el ámbito laboral: la consignación extrajudicial ante un escribano, la posibilidad de trasladar los requisitos del pago civil al mundo del trabajo, el derecho a la imagen y el consentimiento del trabajador para practicarle un examen médico.

Este análisis lo realizó en el marco de su disertación en el Segundo Simposio de Propiedad Horizontal organizado por APARA (Asociación de Profesionales Administradores de la República Argentina) en la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que se realizó bajo el lema "Nuestro trabajo es capacitarte".

En primer lugar, el Dr. Monsalvo se refirió a los artículos 910º a 913º del nuevo Código Civil y Comercial que tratan sobre la consignación extrajudicial y realizó un detallado análisis de la influencia que podría llegar a tener en el mundo del trabajo y sus leyes.

Explicó que la consignación extrajudicial es una novedad que lamentablemente "sólo sirve para las obligaciones de pago de suma de dinero". Según detalló, "previo al depósito se deberá dar aviso al acreedor [en este caso el trabajador] qué día, a qué hora y ante qué escribano se va a realizar. Una vez que el escribano recibió el depósito tiene 48 horas para dar aviso al acreedor".

De acuerdo al letrado, surgen tres alternativas para el acreedor. Por un lado "puede presentarse, aceptar el procedimiento de la consignación y retirar el dinero. En tal caso, el depositante se va a tener que hacer cargo de los gastos y de los honorarios de ese escribano porque se valió de él para poder cumplir con la obligación".

Por otro lado, "el acreedor puede no aceptar el procedimiento pero sí retirar el dinero. Será el acreedor el que deberá pagar los gastos. En lo laboral esto es un problema porque el trabajador tiene el beneficio de gratuidad, por ende no va a ser muy fácil que él pague los honorarios". Según el especialista, "de las tres opciones es la que menos se va a utilizar en el mundo del trabajo".

Por último "la tercera opción es no estar de acuerdo con el procedimiento y no retirar el dinero, por ende la obligación queda pendiente de cumplimiento. En tal caso, el que hizo el depósito tendrá que retirar el dinero de la escribanía y hacer una consignación judicial si creyere que ese es el procedimiento correcto".

Profundizando, el Dr. Monsalvo advirtió que "hay un artículo [del nuevo Código] que establece que no se podrá utilizar este procedimiento cuando el acreedor hubiere intimado por la deuda o hubiere puesto fin al vínculo. Esto es lo malo para el ámbito laboral porque muchas veces esta actitud reticente de presentarse a cobrar se da cuando el vínculo se terminó y ese hubiera sido el momento oportuno para utilizar la consignación extrajudicial".

Agregó también que "lamentablemente quienes redactaron la norma no son laboralistas de alma y la pensaron sólo desde la órbita del derecho civil".

Por otra parte, el especialista señaló que "lo que realmente podemos trasladar al mundo laboral es el artículo 867° porque ahí está la regla del pago civil donde nos pide identidad, integridad, puntualidad y localización. Son cuatro requisitos del pago civil que tranquilamente los podemos aplicar al mundo laboral".

Sin embargo, el letrado hizo algunas salvedades. Respecto a la localización señaló que "según el nuevo Código, el pago debe realizarse en el domicilio del deudor y en lo laboral esto no es así porque la mayoría de los pagos hay que hacerlos mediante un depósito en cuenta bancaria".

Además agregó que "el Código Civil y Comercial dice que el pago se puede acreditar por cualquier medio y eso en el mundo laboral no es así porque el pago del sueldo hay que acreditarlo mediante un recibo de sueldo".

Asimismo, indicó una tercera salvedad: "hay que tener en cuenta que para el Código el recibo de pago de un mes hace presumir la existencia de los pagos anteriores. Para la norma laboral el recibo de pago de un período no hace presumir los pagos anteriores".

Por otra parte, señaló que los artículos 51º, 52º y 53º tratan sobre derechos personalísimos que –por supuesto- alcanzan tanto a la figura del empleador como del trabajador.

En el primero de ellos "aparecen mencionados una serie de dones personales y de atribuciones personales, tales como la intimidad, la familia, la honra y la reputación. Pero después deja una ventana abierta porque agrega ‘cualquier otro modo en el que resulte menoscabada su dignidad personal’. Con lo cual, cualquiera sea el acto que le genere alguna lesión como persona, puede ser motivo de una reacción por parte del trabajador".

El último, el artículo 53º, trata sobre el derecho a la imagen y el Dr. Monsalvo puso aquí el acento: "cuando se ponen dispositivos electrónicos [cámaras de vigilancia] en la entrada de los edificios, en los palieres o en la zona de ascensores, se están captando imágenes. Para la implementación de estos mecanismos se requiere del consentimiento de la persona cuya imagen o voz va ser captada y ese consentimiento prestado en forma libre e informada por el trabajador, exime de responsabilidad" (artículo 1720º).

Sin embargo, advirtió que "por más que el trabajador firme por escrito notificándose que el sistema de video va a ser implementado, ese consentimiento no sería válido si por ejemplo la cámara estuviera apuntando a la puerta de entrada de la portería, al interior de los vestuarios comunes o al interior de los baños comunes del edificio".

"Acá va a ser necesario reglamentar dos intereses contrapuestos: por un lado a quien se le pide el consentimiento puede prestarlo o no porque es un derecho, pero para quien tiene que hacer los exámenes médicos es una obligación hacerlos, tanto sea exámenes pre ocupacionales como exámenes periódicos", concluyó.

El evento que se llevó a cabo desde las 17 hasta las 21 horas, se desarrolló en el Salón de Actos del segundo piso del edificio ubicado en Av. Córdoba 2.122 y se dividió en dos bloques: "Aspectos legales vinculados al consorcio y "Los riesgos edilicios en consorcios".

En el marco de la primera parte, mientras que -como ya mencionamos- el Dr. Manuel Raúl Monsalvo expuso sobre "El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y las normas laborales", el Dr. Oscar Fausto Rodríguez disertó sobre "Pasos a seguir en la ejecución de expensas para el administrador".

Los riesgos edilicios en consorcios

Durante la segunda parte, hicieron su ponencia el Arq. Rodolfo Alejandro Lema y el Ing. Jorge Fazzito. El primero se centró en "Riesgos y responsabilidades en frentes y fachadas de edificios" y el segundo se abocó a "Los riesgos que ocurren con los ascensores y cómo prevenirlos".

Wanda Nara estaría en juicio por deuda de expensas

[BPN-04/06/15] Por adeudar más de seis meses de expensas, Wanda Nara estaría en juicio con el consorcio de uno de los departamentos que posee en el barrio porteño de Palermo. Ante esta situación, la modelo fue escrachada en los ascensores del edificio con una notificación de "juicio por falta de pago". Así lo informó el pasado jueves 21 de mayo el medio digital "Parte del Show".

De acuerdo a ese medio, en la torre de "última generación" -ubicado en la calle Paraguay, entre Oro y Uriarte- están "indignados" por el sistemático incumplimiento del pago de expensas. Según informó el sitio Web, la modelo fue "oportunamente" intimada pero la administración del edificio pero no recibió ninguna respuesta sobre el tema.

Según especuló "El Intransigente", si la rubia no se pone al día con las responsabilidades que tiene como copropietaria, podría perder la propiedad luego de un remate judicial.

Por otra parte, el diario "Muy" informó que aunque Wanda figura como titular, la vivienda forma parte del patrimonio conyugal que tiene con Maxi López, ya que todavía no realizaron la correspondiente separación de bienes desde que se divorciaron.

Según Infobae, fuentes cercanas a la modelo señalaron que "si Maxi no paga la cuota alimentaria de los nenes, menos va a pagar las expensas". Sin embargo -de acuerdo a ese medio- desde el entorno del jugador de fútbol aseguraron: "lo más probable es que el inmueble esté alquilado y que el inquilino sea quien se retrasó en las expensas. Igual la titularidad es de Wanda".

Wanda Nara inició su carrera de vedette cuando debutó en la temporada teatral de verano 2006, en la obra "Humor en Custodia", junto a Beatriz Salomón. En febrero de ese año saltó a la fama a raíz de rumores de romance con Diego Maradona. Si bien ella confirmó el amorío, el exfutbolista lo negó.

En 2007 fue parte del elenco de la obra de teatro de revista "King Corona", junto a Jorge Corona. Sin embargo, luego de dos meses, abandonó la obra por supuestos maltratos del cómico y su esposa. Posteriormente vino el verdadero boom de exposición cuando se paseó por todos los programas de televisión asegurando que era virgen. Finalmente, en mayo de 2007, confesó en el living de Susana Giménez que había sido mentira.

Asimismo, por aquellos años la modelo se convirtió en una figura popular cuando salió a la luz un video en el que le practicaría sexo oral a un hombre.

El que las hace las paga

[BPN-04/06/15] El pasado jueves 9 de abril la legisladora porteña Paula Oliveto Lago (CC- ARI ^[1]- SUMA+), presentó un proyecto de ley para "regular la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad le produzca a los bienes o derechos de las personas". De ser aprobado, se podrán establecer sanciones pecuniarias contra el Estado, sus agentes y funcionarios; se creará un registro de sentencias; se podrá reclamar indemnización por daño moral en caso de responsabilidad del Estado por actividad e inactividad ilegítima y lucro cesante en caso de responsabilidad por actividad legítima. Además, el Estado deberá responder en aquellos casos de insolvencia de los concesionarios o contratistas de los servicios públicos o cuando el daño sea consecuencia de la inobservancia de las obligaciones a su cargo.

El proyecto que ingresó bajo el número de expediente 201500487, consta de 13 artículos y girará a la comisión de "Asuntos Constitucionales". Acompañaron la iniciativa con su firma los legisladores Maximiliano Ferraro (CC) e Inés Gorbea (SUMA+).

Según puntualizó la legisladora, "el Estado abarca a la totalidad del sector público de la Ciudad de Buenos Aires el cual comprende la administración central, los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, las comunas, los organismos descentralizados, las entidades autárquicas, los organismos de la seguridad social, las empresas y sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado de la ciudad tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias y las entidades".

Conforme a la propuesta de Oliveto, el Estado deberá responder por las acciones u omisiones ilegítimas de sus agentes en el ejercicio o en ocasión de sus funciones, por los daños ocasionados por su actividad lícita cuando ellos importen un sacrificio especial lesivo de los derechos del afectado y por los daños generados por los contratistas o concesionarios en los casos de insolvencia o cuando el perjuicio sea consecuencia de la inobservancia de las obligaciones a su cargo.

De acuerdo a la autora del proyecto, "la actividad o inactividad de los funcionarios y agentes públicos en el ejercicio de sus funciones por no cumplir sino de una manera irregular, incurriendo en culpa o dolo, las obligaciones legales que les están impuestas, los hace responsables de los daños que causen".

Asimismo, mientras que la pretensión resarcitoria contra funcionarios y agentes públicos prescribe a los cinco años, la acción de repetición del Estado contra los funcionarios o agentes causantes del daño prescribe a los 10 años de la sentencia firme que estableció la indemnización.

Según la iniciativa, se exime la responsabilidad al Estado "cuando el daño se produjo por el hecho de la víctima" o "por los daños y perjuicios derivados de caso fortuito o fuerza mayor, salvo que sean asumidos por el Estado expresamente por ley especial".

De acuerdo al proyecto, las sentencias firmes deberán registrarse y publicarse en la página Web del Gobierno de la ciudad "que llevará un registro de indemnizaciones debidas por responsabilidad del Estado por daños, que será de consulta y acceso público". Dichas indemnizaciones deben ser pagadas tomando en cuenta el orden cronológico en que se emitan las sentencias.

En sus fundamentos, la legisladora Oliveto argumentó que "el objeto de la iniciativa es regular la responsabilidad del Estado en el ámbito de nuestra ciudad, tomando como base lo normado por la Ley nacional 26.944 e introduciendo las mejoras que considero convenientes a los fines de arribar a una norma superadora que redunde en beneficio de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

Asimismo, la autora de la iniciativa expresó: "considero que es injusto que no se puedan aplicar sanciones pecuniarias a los funcionarios del Estado que incumplen órdenes judiciales y que esta prescripción establecida en la ley nacional debe ser eliminada del régimen a aplicarse a la Ciudad de Buenos Aires".

En otro orden de cosas, explicó que "si bien la redacción de la Ley nacional 26.944 no impide la persecución de las indemnizaciones por daño moral, el silencio de la norma dará lugar a diversas interpretaciones al respecto, las que deberán ser resueltas por los jueces. La redacción del proyecto que presento pretende zanjar esta problemática al hacer mención a que el daño moral no puede ser excluido"

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Se deberán exhibir dos leyes relacionadas con los derechos de los inquilinos

[BPN-04/06/15] El pasado jueves 12 de marzo, los legisladores porteños Fernando Muñoz (FPP ^[1]), Aníbal Ibarra (FPP), Alejandro Bodart (MST ^[2]) y Gabriel Fucks (FpV^[3]) presentaron un proyecto de ley para obligar a los corredores inmobiliarios que se dediquen a los alquileres a que incluyan en los accesos de sus locales el texto de la Ley 23.091 de Locaciones Urbanas y el artículo 57° de la Ley 2.340 que creó al Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA). Puntualmente expresa: "los textos deberán situarse en los accesos a los locales, en un lugar adecuadamente visible y de manera destacada".

De acuerdo a la iniciativa, la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor de la CABA será la autoridad de aplicación y ante el incumplimiento de la normativa deberá aplicar las sanciones previstas en la Ley 757 (Procedimiento Administrativo para la Defensa de los Derechos del Consumidor y del Usuario).

Cabe destacar que el Art. 57° de la Ley de CUCICBA que deberá exhibirse establece que "hasta tanto se regulen los aranceles […] para los casos de locación de inmuebles destinados a vivienda única, el monto máximo de la comisión a cobrar al inquilino, será el equivalente al 4,15% del valor total del respectivo contrato".

El proyecto que ingresó bajo el número de expediente 201500245 y que consta de 5 artículos de los cuales uno es de forma, será tratado por la comisión de "Legislación General".

En sus fundamentos, los legisladores argumentaron que "según encuestas realizadas, una inmensa mayoría de quienes se presentan en una inmobiliaria, desconocen las normas que reglamentan los contratos de locación y los derechos que los amparan".

Explicaron también que el objetivo de este proyecto "es evitar que los vecinos que alquilan gasten más de lo debido para concretar el contrato de locación que permitirá el acceso a su vivienda y para ello creemos indispensable el conocimiento de las leyes que rigen la materia y que los protegen de los abusos de quienes lucran en exceso con la necesidad de las familias".

Asimismo, resaltaron que "esta iniciativa se basa fundamentalmente en el artículo 46º de la Constitución de la ciudad que ‘garantiza la defensa de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, en su relación de consumo, contra la distorsión de los mercados y el control de los monopolios que los afecten’".

Por último, los legisladores señalaron: "nuestra Carta Magna expresamente ‘protege la salud, la seguridad y el patrimonio de los consumidores y usuarios, asegurándoles trato equitativo, libertad de elección y el acceso a la información transparente, adecuada, veraz y oportuna, y sanciona los mensajes publicitarios que distorsionen su voluntad de compra mediante técnicas que la ley determine como inadecuadas"

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[1] FPP: Frente Progresista Popular

[2] MST: Movimiento Socialista de los Trabajadores.

Pedido de informes sobre el programa "Alquilar se puede"

[BPN-04/06/15] El pasado jueves 9 de abril, los legisladores porteños Fernando Muñoz (FPP ^[1]), Edgardo Form (Nuevo Encuentro) y Aníbal Ibarra (FPP) presentaron un proyecto de resolución para que el Ejecutivo de la CABA informe sobre el programa "Alquilar se Puede" del Instituto de la Vivienda y sobre el sistema de garantías bancarias para inquilinos ofrecidas por el Banco Ciudad.

Puntualmente, los legisladores le solicitaron al Gobierno porteño que:

a) Detalle los diferentes mecanismos que brinda el Banco Ciudad a efectos de facilitar la garantía bancaria para inquilinos.

b) Remita un listado de garantías suscriptas dentro del marco del programa desde el 6/03/2011 a la fecha.

c) Informe cuántos interesados se han inscripto en el programa "Alquilar se Puede".

d) Detalle los préstamos otorgados dentro del programa "Alquilar se Puede", indicando en cada uno de ellos el plazo transcurrido desde la solicitud del crédito hasta su aprobación, el monto otorgado, las tasas de interés, la cuota mensual y los plazos de amortización.

e) Informe la tasa de rechazo de solicitudes de créditos para el mencionado programa indicando las razones para el no otorgamiento.

f) Informe los subsidios otorgados a través del programa indicando nombre y apellido de los beneficiarios y domicilio.

g) Detalle la cantidad de personas que suscribieron la línea de ahorro previo para alquileres.

h) Explique la razón de limitar el programa a personas entre 18 y 35 años.

i) Explique cuál fue la razón del lanzamiento del programa "Alquilar se Puede" en el año 2015 cuando ya existía el sistema ofrecido por el Banco Ciudad desde el año 2011.

j) Informe el gasto total de la campaña publicitaria "Alquilar se Puede" discriminando por los diferentes medios gráficos, televisivos, radiales y publicidad gráfica en cartelería y volantes.

En sus fundamentos, los legisladores argumentaron que "si bien estos programas se plantearon como una buena herramienta para facilitar el acceso a la vivienda, es difícil analizar su impacto ya que no hay información disponible sobre sus resultados".

Por último, señalaron que "si bien la publicidad de este tipo de programas es esencial para garantizar la amplitud de su alcance, también es necesario conocer la relación entre el gasto generado por la publicidad en relación al beneficio efectivamente logrado".

El proyecto que ingresó bajo el número de expediente 00578 y que consta de 2 artículos de los cuales uno es de forma, será tratado por la comisión de "Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria"

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Fernando Muñoz llevaría a CUCICBA a la Justicia

[BPN-04/06/15] El pasado jueves 7 de mayo, el legislador porteño Fernando Muñoz (Frente Progresista Popular) advirtió que en los próximos días presentará una acción de amparo contra el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) porque no respondió un pedido formal para que expliquen los motivos por los cuales los montos de las comisiones que los inmobiliarios cobran superan el valor establecido en la Ley 2.340. La presentación se realizaría ante el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario porteño. Así lo reconfirmaron desde su despacho, poco antes del cierre de esta edición.

Según un semanario online, Muñoz aseguró: "el próximo paso es ir a la Justicia y denunciar que CUCICBA es responsable de la ilegalidad con la que se manejan las inmobiliarias, ilegalidad que tiene al Gobierno de la ciudad como cómplice y que tiene a más de un millón de inquilinos en un estado de absoluta indefensión".

Cabe destacar que el pedido de informe se llevó a cabo el 1° de abril y habiendo transcurrido más de 10 días hábiles desde la presentación y sin haber recibido respuesta, el legislador del FPP quedó habilitado a presentar una acción de amparo. Esta posibilidad está contemplada en los artículos 7° y 8° de la Ley 104 de Acceso a la Información Pública.

Por su parte, Muñoz señaló –de acuerdo a un medio online- que la respuesta por parte de la entidad comprendió "una serie de evasivas y justificaciones que no permiten distinguir los motivos reales por los cuales todos los inquilinos de la ciudad pagan -como mínimo- el doble de la comisión inmobiliaria que establece la ley".

Según explicó el legislador a un matutino, "en la Ciudad de Buenos Aires las inmobiliarias operan con total libertad, armaron un gran mercado negro, cobran como mínimo dos meses de comisión y no entregan recibos. Paralelamente, no existe ningún organismo público que se encargue de defender a los inquilinos y de regular el mercado".

Por último, consideró que "a pesar de que existe una ley que establece un monto máximo de comisión, en la ciudad lo que impera es la ley del mercado" y sentenció: "CUCICBA y el macrismo son los responsables de esta situación".

En el pedido de informe se solicitó que el organismo detalle y presente la documentación referida a las medidas de supervisión y control que se emplean para asegurar el cumplimiento del monto máximo de comisión, y que se puntualice si se registraron denuncias por cobro de comisiones por encima de este máximo.

Crédito por valor de cuatro alquileres sin interés

[BPN-04/06/15] El pasado jueves 9 de abril, el legislador porteño Pablo Bergel (Verde al Sur) presentó un proyecto ley para que el Banco Ciudad otorgue a los inquilinos un crédito sin interés por dos años equivalente a cuatro meses de alquiler para solventar el mes adelantado, el de depósito en concepto de garantía y los dos meses en concepto de comisión inmobiliaria.

Según el legislador, para acceder a este beneficio el solicitante deberá tener más de 18 años, poseer dos años de residencia ininterrumpida en la Ciudad de Buenos Aires, presentar DNI y acreditar ingresos por medio de comprobantes de pago de monotributo, recibos de sueldo o declaración jurada de ingresos ante un escribano público.

Asimismo, Bergel propuso en su iniciativa que "una vez aprobado el crédito del banco, el mismo sea depositado en una cuenta de ahorro gratuita creada a tal fin, a nombre del inquilino y dentro de los 10 días hábiles siguientes".

Por último, el proyecto -que ingresó bajo el número de expediente 201500536 y que consta de 7 artículos- establece que dicho sistema se financiará con el presupuesto general de la administración de la ciudad de Buenos Aires.

La iniciativa será tratada en las comisiones de "Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria" y "Vivienda".

En sus fundamentos, Bergel argumentó: "ante la creciente demanda, los alquileres han aumentado en su costo pero también en sus requisitos, convirtiéndose así en una gran carga para el bolsillo de la clase trabajadora debido a las importantes erogaciones económicas que los propietarios e inmobiliarias exigen como condición previa para acceder a una vivienda".

Asimismo, detalló que "este proyecto tiene como fin brindar créditos equivalentes al monto total necesario para pagar los requisitos que el mercado impone para acceder a un alquiler: un mes pago por adelantado, un mes de depósito en concepto de garantía y dos meses en concepto de comisión para la inmobiliaria".

Desinterés por las aplicaciones móviles de los defensores adjuntos

[BPN-04/06/15] A más de seis meses de su lanzamiento, los porteños demostraron muy poco interés por las aplicaciones para móviles de los cinco defensores adjuntos del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Según Google Play, desde el 25 de noviembre del año pasado hasta el cierre de esta edición la app de Oscar Zago (PRO) y la de Lidia Saya (PRO) tuvieron entre 10 y 50 instalaciones cada una, la de María América González (Buenos Aires para todos) tuvo entre 5 y 10, y las de José Palmiotti (UCR/PRO) y Claudio Presman (UCR) tuvieron entre 1 y 5 descargas cada una. Por su parte, la aplicación oficial de la Defensoría del Pueblo obtuvo entre 500 y 1.000 instalaciones.

Es de concluir que estos aplicativos fueron muy poco descargados por los usuarios en comparación a otros desarrolladas tanto por el Gobierno porteño como por el de la Provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, el Ejecutivo porteño desarrolló entre otras aplicaciones, "BA Cómo llego" que tuvo entre 500 mil y 1 millón de descargas, "BA Móvil" que fue instalada entre 100 mil y 500 mil veces, y "BA Denuncia Vial" que tuvo entre 10 mil y 50 mil descargas. Por su parte, el Gobierno bonaerense desarrolló –entre otras app- "Botón de Alerta" que fue descargada entre 100 mil y 500 mil veces y "BA Activa" que tuvo entre 50 mil y 100 mil instalaciones.

A modo de comparación, los usuarios valoraron con un puntaje de 4 sobre 5 tanto a "BA Cómo llego" como a "Defensoría del Pueblo", con un 3,9 a "Botón de Alerta" y "BA Activa", con un 3,8 a "BA Móvil" y con un 3,2 a "BA Denuncia Vial". Es de remarcar que las aplicaciones de los cinco defensores adjuntos no obtuvieron ninguna valoración por parte de los usuarios. Sin embargo, la aplicación "BA Cómo llego" fue valorada por 11.080 usuarios, el "Botón de Alerta" por 2.177, "BA Móvil" por 1.582, "BA Activa" por 1.340, "BA Denuncia Vial" por 979 y el programa de la "Defensoría del Pueblo" por 13 personas.

La aplicación de Oscar Zago -conocido en la comunidad consorcial por haber impulsado la ley que creó el curso del SERACARH ^[1] en la CABA- cuenta con 6 secciones tituladas: "Zago", "Noticias", "Twitter", "Facebook", "Fotos" y "Videos". Cabe remarcar que actualmente en el Google Play figura que fue desarrollada por la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, el 1° de diciembre de 2014 constaba que el desarrollador de todas las aplicaciones de la Defensoría de Pueblo había sido MobilOne SA. Dicha app se la encuadró en la categoría "Estilo de Vida". Su tamaño es de 4,2 megabytes, su versión es la 1.37.1 y para funcionar requiere del sistema operativo Android 2.2 o superior

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[1] SERACARH: Servicio de Resolución Adecuada de Conflictos para Trabajadores y Empleadores de Renta y Horizontal.

[BPN-04/06/15] De acuerdo a un estudio francés, el 30% de las aplicaciones gratuitas para teléfonos móviles inteligentes con tecnología Android disponibles en Google Play, realiza conexiones ocultas con algún sitio de recolección de datos. Para combatir este peligro los especialistas crearon NoSuchApp (NSA), una app para monitorear y rastrear cualquier conexión no deseada. Así lo informó el pasado lunes 4 de mayo el sitio Web "Wayerless".

Según explicó una revista internacional especializada en tecnología, un grupo de investigadores franceses del centro de estudios Eurecom, dirigidos por Luigi Vigneri, decidió analizar el envío oculto de datos sobre navegación y ubicación de 2 mil aplicaciones gratuitas para Android disponibles en el Play Store (tienda de juegos).

Wayerless remarcó que a diferencia de la App Store de Apple, la tienda de Google Play siempre se distinguió por mantener "políticas mucho más relajadas" en cuanto al control de calidad de las aplicaciones gratuitas circulando por su plataforma "lo que ha llevado a más de un usuario de este sistema operativo a tener una experiencia desagradable con algún malware ^[1]".

Para llevar a cabo el experimento se utilizó un teléfono Samsung Galaxy SIII con Android 4.1.2. Dicho dispositivo había sido modificado para monitorear las actividades de conexión de cada app analizada, logrando rastrear cada una de la direcciones URL ^[2] conectadas de manera oculta por esas aplicaciones.

Según alertó Wayerless, el resultado fue alarmante porque cerca del 30% de las aplicaciones estudiadas enlazaban con algún sitio de recolección de datos.

De acuerdo a ese medio, en casi el 10% de los casos -aunque se tratara de apps que no requiriesen una conexión obligatoria a Internet para su funcionamiento- la conexión se terminaba realizando de manera oculta para enlazar de manera consecutiva con hasta más de 2.000 URL’s, incluyendo sitios relacionados con piezas de malware.

Por último, ese medio anunció que para combatir esta situación el equipo de Vigneri y Eurecom creó la aplicación NoSuchApp que permite monitorear y rastrear cualquier conexión no deseada por una app Android.

Según otro medio online, esta herramienta ayuda a determinar a dónde se están comunicando las aplicaciones instaladas en un teléfono con Android. En detalle, indica con qué direcciones en Internet (URL) se están conectando y potencialmente enviando datos privados, y ayuda a saber si la información del usuario está siendo utilizada por terceros, si está llegando a sitios Web maliciosos o si se está enviando a otra parte

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[1]  Malware: es la abreviatura de "Malicious Software", término que engloba a todo tipo de programa o código informático malicioso diseñado por ciberdelincuentes para causarle algún daño o perjuicio al usuario como el robo de información, modificaciones al sistema operativo y las aplicaciones instaladas o tomar el control total del equipo.

Los consorcios deberán instalar pararrayos

[BPN-04/06/15] El miércoles 1° de abril, la Legislatura de la provincia de Córdoba aprobó la Ley 10.270 que creó un "Sistema Provincial de Prevención y Protección contra Descargas Eléctricas Atmosféricas". El programa tendrá como fin implementar procedimientos e instalar equipos tendientes a disminuir los riesgos producidos por ese fenómeno meteorológico. La colocación de estos "pararrayos" se priorizará en edificios de propiedad horizontal, zonas suburbanas y barrios cerrados, entre otros.

El Ejecutivo provincial –que será la autoridad de aplicación- deberá crear un "Registro Provincial de Equipos Pararrayos", además de confeccionar un mapa de riesgos para conocer los lugares más propensos a recibir descargas eléctricas atmosféricas.

De acuerdo a la ley, los dispositivos deberán estar homologados por los estándares establecidos por el Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). El proceso de evaluación e instalación de estos aparatos no podrá exceder los tres años posteriores a la publicación de la norma.

Los criterios para la disposición de los pararrayos serán evaluados con los municipios, con el Estado nacional y provincial, con los servicios meteorológicos y con los colegios profesionales cuyos matriculados posean incumbencia para proyectar.

Por su parte, el Gobierno cordobés deberá llevar a cabo campañas informativas tendientes a generar conciencia institucional y social.

La ley que consta de 13 artículos de los cuales uno es de forma, fue publicada en el Boletín Oficial el pasado jueves 7 de mayo. La promulgación del decreto llevó el número 269/15 y fue firmado por el gobernador de esa provincia, José Manuel de la Sota.

Según la norma, se priorizará la instalación de equipos en los siguientes puntos críticos:

a) Establecimientos destinados a la provisión de bienes o servicios públicos bajo regulación provincial, se trate de espacios cerrados o abiertos.

b) Sedes o delegaciones del Gobierno nacional, provincial o local.

c) Dentro de las zonas urbanas, en particular en aquellas cuyo crecimiento no haya permitido un planeamiento adecuado de esta situación. Se planificará la razonable instalación en lugares de alta densidad poblacional: particularmente en edificios de propiedad horizontal, zonas suburbanas y barrios cerrados.

d) Ámbitos de acceso público de carácter abierto, tales como centros educativos, recreativos, deportivos, turísticos y otros similares que la autoridad de aplicación determine.

e) Otros que por su naturaleza sean determinados por la autoridad de aplicación.

De acuerdo a esta nueva ley, "el titular, poseedor o tenedor en cualquier carácter del inmueble que incumpla con las obligaciones de colocar, adaptar y mantener equipos de intercepción y conducción de descargas eléctricas, son solidariamente responsables ante la autoridad de aplicación y su omisión dará lugar a las siguientes sanciones, de acuerdo a la naturaleza de la falta y del uso del inmueble: apercibimiento e intimación a la colocación del equipo, multa, clausura, o colocación del equipo por la autoridad de aplicación a costa de los responsables".

Correo de Opinón

Estimado director de Pequeñas Noticias:

Muy interesante su publicación en el BPN N° 548 del 7/5/15, sobre los datos obtenidos de organismos públicos con relación a los trabajadores de edificios de renta y propiedad horizontal en todo el país.

De esos datos muchas cosas se pueden extraer: los ingresos que van a parar a las arcas de la FATERyH (CPF, FMVDD y etcéteras). Pero me concentraré sobre los datos de "Afiliados", "Puestos de trabajo" y "Remuneración neta".

1) Afiliados y Puestos de trabajo. Usted dice: "Si se asume que cada afiliado representa un puesto de trabajo desde el 2004 al 2014 la cantidad de puestos de trabajo del sector habría mermado en un 15%.". (El subrayado es mío).

Pero yo lo veo al revés: asumo que no todos los puestos de trabajo (trabajadores) están afiliados, aunque sí en su gran mayoría.

Así que la cantidad de afiliados indicados por la FATERyH es menor a la cantidad de puestos de trabajo. Por lo tanto, la merma sería mucho mayor al 15%. ¿Cuánto? No sé. Solamente un censo sindical puede develar el misterio. ¿Qué dirá el secretario general de la FATERyH al respecto?

2) Remuneración neta. Hay 3 factores importantes que condicionan el salario del trabajador de esta actividad: el básico, la antigüedad y el retiro de residuos. También está el factor de las horas extraordinarias, pero lo dejo para lo último que es a donde quiero llegar.

Para ello utilicé una tabla de Excel de doble entrada (antigüedad y residuos) que incluye la "clasificación y traslado de residuos" para un Encargado Permanente con Vivienda de Categoría 4ª (EPVC4) (base).

Si tomo el valor neto (de bolsillo) de los $8.438 del año 2014^[1], la tabla arroja los siguientes valores:

Las filas representan la antigüedad, las columnas los residuos (cada 10 unidades) y las sombras los salarios mínimos y máximos. Por ejemplo, para que un EPCV4 cobre de bolsillo $8.438, tiene que tener una antigüedad de 25 años en un edificio de 10 unidades o 1 año de antigüedad en un edificio de 230 unidades.

Es bien conocido que una de las particularidades más distintivas de la relación laboral de los encargados de edificio es la casi plena estabilidad en el empleo a través del tiempo, con promedios que superan los 10 años de servicio, y que -en muchísimos casos- llegan hasta el límite de los 25 o 30 años de desempeño en el mismo consorcio, retirándose -por lo general- únicamente cuando deben acogerse a los beneficios de la jubilación.

Según explicó el titular del SUTERH, Víctor Santa María, que en los edificios hay un promedio de 20 unidades (BPN N° 318 de abril-2007 y BPN N° 547 de abril-2015). Me parece que para llegar al salario de bolsillo de $8.438 hay que adicionar muchas horas extraordinarias (al 100%) a las labores diarias.

Cordialmente lo saluda

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[1] $8.438 es la remuneración neta promedio del 2014 según el INDEC.

¡¡¡Ya estoy loca con este señor!!!

Hola a todos. 

El 19 de abril de este año se le venció el mandato al administrador.

Antes de esa fecha se le notificó que convocara a asamblea para la designación de un nuevo administrador. Ya que éste es un desastre, no llamó a asamblea.

Decidimos autoconvocarnos mañana conforme a la Ley porteña 3.254, modificando la Ley (GCBA) 941/02, por la que se crea el Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal, y junto al Decreto Reglamentario 551/10, ver Art. 13, 2° Párrafo. Y conforme a la Disposición N° 1000/ DGDYPC/12, Art. 1°, 2° párrafo.

Artículo 13.- El plazo de ejercicio de la función de administrador, cualquiera sea éste, comienza a contarse desde la fecha que disponga la asamblea ordinaria o extraordinaria que lo designe. Si la asamblea no lo estableciera, el plazo se cuenta desde la fecha de celebración de la misma.

Antes del cumplimiento del plazo del mandato, el administrador debe llamar a asamblea para decidir sobre su renovación y, de ser pertinente, el plazo por el que se llevará a cabo. Cumplido el plazo de mandato, de no realizarse asamblea, se da por concluido el mísmo bajo exclusiva responsabilidad del administrador, quedando los consorcistas habilitados para autoconvocarse y dar solución a la situación planteada con el quórum establecido en el reglamento de copropiedad o, en su defecto, por los dos tercios de los propietarios presentes, con mínimo quórum.

Hoy recibimos una notificación donde nos amenaza con acciones civiles y penales si hacemos la reunión, y que recién va a llamar a asamblea a fines de mayo.

Nosotros somos de Banfield, Gran Buenos Aires, y dice que no podemos usar por analogía las disposiciones de la CABA.

¿Esto es así?

Gracias, ¡¡¡ya estoy loca con este señor!!!
Patricia [Banfield/PBA]
(28/05/2015)

Patricia:

Entiendo que la ley del Registro de Administradores y sus modificaciones y/o reglamentaciones no se aplican en Banfield porque corresponde a la jurisdicción provincial y la ley de esta provincia 14.701 recientemente sancionada que no está aún en vigencia, sin perjuicio de no constarme que se refiera al tema.

La autoconvocatoria es absolutamente ilegal no sólo para los consorcios sino para todo tipo de persona jurídica, excepto en el exclusivo caso que estén todos los propietarios presentes o representados, es decir el ciento por ciento del consorcio.

Si el administrador no convoca, les queda la posibilidad de pedir la asamblea judicial (conf. Art. 10ª de la Ley 13.512). Si el mandato expiró es obvio que hoy ustedes tienen un administrador de hecho, lo que puede ser un argumento que dará más fuerza al pedido de asamblea judicial, sobre todo para lograr por lo menos una medida cautelar previa a la asamblea, que no puede llevarse a cabo de un día para otro, tal como un pedido de interventor judicial, un pedido de prohibición de innovar en el sentido que le ordene al administrador que dada la cesación de su mandato y la consecuente carencia de facultades, que no lleve adelante ninguna convocatoria, o se suspenda la misma en caso de que ya haya hecho la citación, todo ello pedido con habilitación de días y horas y en carácter urgente.

De todas formas, conociendo como funciona la justicia en provincia, les va a resultar difícil conseguir todo esto que les sugiero. No pierdan un día más. La amenaza de las acciones judiciales son sólo eso.

Atte.

Alberto Anibal Gabás

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El Dr. Alberto Anibal Gabás, abogado especialista en Propiedad Horizontal y autor de numerosos libros sobre el tema es Conjuez de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Ha obtenido en el 2004 y 2005 el segundo y primer premio sobre los ensayos "Derecho sobre Construcción en el Régimen de Dominio Horizontal" y "Condominio y Propiedad Horizontal. Suma y Producto de la Voluntad Colectiva" respectivamente. Para cualquier consulta se le puede escribir un e-mail a albertogabas22@hotmail.com.

Las cocheras móviles del sótano

En el sótano del edificio existen cocheras móviles.

Diez propietarios tenemos una décimava parte indivisa de dicha unidad complementaria.

Actualmente están ocupados nueve espacios y el décimo que "me tocaría a mí" es imposible de ocupar por la dificultad de maniobras y porque impediría salir de las cocheras a dos propietarios colindantes.

¿Cómo se soluciona esto?

¿Hay que sortear las cocheras cada tanto tiempo?

Los otros nueve ocupantes no quieren saber nada porque están muy cómodos y nadie quiere ocupar el espacio "incómodo".

Muchas gracias

Juan Carlos [CABA]

(22/04/2015)

Estimado Juan Carlos:

El termino que Ud. utiliza respecto de “cocheras móviles” me hace pensar que existe un régimen establecido en el reglamento de copropiedad y administración que debería arrojar luz propia a su interrogante.

Además, la descripción posterior implica que estamos frente a un espacio guardacoches, cuyo régimen jurídico difiere de otros términos que son tomados como sinónimos: cocheras, garajes, estacionamientos, etc.

La modalidad de los sorteos son muy frecuentes en estos casos, sin embargo la instrumentación podría encontrarse en el documento mencionado o bien podría estar expresamente delegada a la asamblea.

Si el reglamento nada dijera al respecto, la asamblea general (con su apropiada convocatoria, integrando expresamente el tema en el orden del día y respetando todos los requisitos formales) no estaría limitada para dar un marco de procedimiento a la cuestión, puesto que no implicaría una modificación del reglamento de copropiedad y administración, sino la regulación de una cuestión no abordada en el ámbito del órgano soberano del consorcio.

A riesgo de ser reiterativo, esta respuesta es genérica y queda supeditada a los aspectos regulados en el reglamento aceptado en el acto de la escrituración traslativa de dominio y los pormenores, instrumentos que -por razones obvias- desconozco de manera particular.

Esperando haber contribuido con información útil, le saludo muy atte.

Pablo Acuña

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Pablo Acuña es abogado, administrador y director del medio Pintando Horizontes de la localidad de Caseros, partido de 3 de Febrero, en la Pcia. de Buenos Aires. Para cualquier consulta se lo puede contactar en su comunidad de Facebook https://www.facebook.com/pintandohorizontes, en su cuenta de Twitter https://twitter.com/pintandohorizon o mandar un email a pabloa@alas-admconsorcios.info.

Rincón Solidario

Alguna vez lo estudié y no recuerdo la normativa

Por favor recordarme en qué normativa se trata acerca de la obligatoriedad o no de los consorcios de poseer un encargados permanente con vivienda en el edificio y cuándo se necesitan ayudantes en función de la cantidad de unidades funcionales.

Alguna vez lo estudié y no recuerdo la normativa y tampoco su vigencia.

<Sin nombre> [CABA]

(13/05/2015)

Estimado/a:

En respuesta a su consulta hay un principio que debemos tener en cuenta y que tanto copropietarios como administradores olvidan: "leer" el "Reglamento de Copropiedad".

Si del reglamento surge que hay una vivienda destinada para el encargado, va de suyo que la misma -en principio- debe ser destinada a tal fin.

En cuanto a la normativa del CCT 589/10, transcribo el Art. 7º que define al encargado y al ayudante permanente de acuerdo a sus funciones de la siguiente forma:

Es así entonces que -de acuerdo a esta normativa- debemos concluir que se requiere:

a) encargado permanente cuando el edificio tenga más de 25 unidades,

b) ayudante permanente cuando el edificio tenga más de 35 unidades,

c) o ayudante de media jornada cuando el edificio tenga menos de 35 unidades.

Un saludo cordial.

María Cristina Carrera

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La Dra. María Cristina Carrera es abogada especialista en derecho laboral y para cualquier consulta se le puede escribir a dramccarrera@yahoo.com.ar o llamarla al teléfono (15)5466-9921.

Hola Martín:

Hasta llegar al tan ansiado "boca a boca", la mejor manera de difundir el servicio que prestás es haciendo publicidad en los medios especializados en propiedad horizontal.

Es muy importante que el medio incluya entre sus lectores a los propietarios porque si no tu publicidad estaría dirigida a tus colegas o “competidores” y no a tus clientes potenciales que son los que te sirven. En mi experiencia, este es un error muy común entre los administradores. Los consorcistas que siguen un medio sobre propiedad horizontal son -en general- los más participativos y por esa razón son los que influyen o directamente toman las decisiones importantes en sus consorcios como -por ejemplo- la contratación de un administrador.

Otro tema a tener en cuenta es que el medio sea ágil, dinámico y actual. En resumen, debe ser útil y tener “gancho” a la hora de atraer a sus lectores -si es escrito- u oyentes -si es radial-. De no ser así, su costo es inútil ya que si las notas no son interesantes, el lector jamás llegará a tu aviso.

Sobre el tema costos, hay una formulita que te permite saber el rendimiento de tu inversión en el medio. Si el medio es radial, lo escuchan mil personas y cuesta mil pesos. A vos te cuesta un peso para llegar a cada oyente. Si el medio es escrito y llega a 750 suscriptos, te costaría 1,33 pesos por lector. A estos números se llega dividiendo el costo de la publicidad por el total de lectores. En los dos ejemplos que te di ya podés apreciar la conveniencia económica de publicar en uno u otro.

Por último -y lo más importante- es que tengas claro que luego de publicitar tus servicios no vas a recibir una catarata de llamadas. Este es un tema en el que hay que tener mucha paciencia: en este momento todos trabajan con alguien y -en mayor o menor medida- están conformes con él. Tu publicidad va a rendir cuando en una asamblea se tenga que tomar la decisión de tomar un nuevo administrador. Allí es cuando alguien va a recordar que vió u oyó que en el medio que lee hay una publicidad de una administración y sugiera pedirle una carpeta y un presupuesto. Por lo tanto, los objetivos de tu presencia mediática deben ser a largo plazo. Por otra parte, el hecho de poner una publicidad en algún medio va a trasmitir a tu potencial clientela solidez y solvencia, cualidades que es muy necesario destacar en esta profesión.

Espero haberte sido útil.

Un saludo cordial

Estimada Marta:

Yo, en lo personal, estoy total y definitivamente en contra de toda violencia contra las mujeres.

Pero también estoy -de la misma forma- en contra de los violencia contra los viejos, los niños, los hombres (no se ría, eso también existe), etc.

En los hospitales hay suficientes testimonios de estos hechos: chiquitos en terapia intensiva con lesiones provocadas por el padre o la madre, viejos en situación crítica abandonados por sus hijos o nietos  y -por último- hombres y mujeres con lesiones graves producto de ataques físicos. De los daños psicológicos que quedan como secuelas de vivir este tipo de violencia, dan fe tanto psiquiatras como psicólogos y hay muchísimo escrito sobre violencia familiar.

O sea que estoy en contra de todo tipo de violencia en el ámbito familiar (considero a la pareja como el núcleo básico de una familia), no importa de dónde venga ni quién la ejerza. Y sobre ese tema -así planteado- no hago concesiones.

Me parecería lamentable que cada sector que es víctima de violencia tenga que crear su propio grupo o campaña para defender sus intereses específicos.

Me parece mucho más amplio y solidario que cada uno de nosotros luche por erradicar la violencia en el ámbito familiar sea cual sea y venga de donde venga: ya sea del hombre hacia la mujer, como de los padres contra los hijos, de los hijos o nietos contra los abuelos, etc... 

No hay que olvidarse que la familia, cuando actúa como fábrica de víctimas, es la más eficiente a la hora de producir victimarios.

Un saludo cordial.

La suma fija de $1.200

Un saludo grandote.

La encargada se jubila

Hola Alejandro. Un trabajador jubilado –siempre que no sea un jubilado por discapacidad- puede seguir trabajando. Se modificarán los descuentos que se le deben hacer por ley ya que serán menos y hay que informar a la AFIP que ese trabajador reingresa a la actividad.

Lo que sí deberás tener en cuenta y asesorarte con un profesional –yo no soy abogada- son las nuevas condiciones laborales, el tema de la antigüedad a abonar en el recibo de haberes y los días de vacaciones que le corresponderán.

Además, también le deberás consultar el procedimiento para darle la baja y la nueva alta como empleado en el edificio en cuestión.

El asesoramiento de un profesional especializado en temas laborales te dará tranquilad tanto a vos como al trabajador para que ninguno tenga problemas en el futuro.

Un saludo grandote.

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