Los jubilados pierden 2 a 1

[BPN-24/07/15] En promedio, la jubilación mínima (3.882 pesos) representa la mitad del sueldo mínimo de un encargado permanente con vivienda de 4ª categoría (7.744 pesos).

Desde julio de 2003 hasta julio de 2015 el haber jubilatorio se deterioró en un 10,38% frente al sueldo mínimo de un encargado. Mientras que en julio de 2003 la diferencia entre una jubilación mínima y el menor salario de un trabajador de edificio era de 148 pesos, en julio de este año es de 3.922 pesos. A modo de referencia, en 2003 la mínima de un jubilado era inferior en 30 pesos al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) y en agosto de 2015 será 1.766 pesos menor.

En términos porcentuales, en julio de 2003 el haber mínimo representaba el 59,73% del salario más bajo y en julio de 2015 un 49,35%. En resumen, mientras que en los últimos 12 años el salario mínimo aumentó 21,02 veces, el haber mínimo sólo lo hizo 17,37 veces. Estas relaciones fueron superadas por muy poco por el SMVM que aumentó durante ese mismo período 22,35 veces.

En noviembre de 2014, en todo el país, 4.116.818 personas cobraron el haber mínimo, lo que representó el 70% del universo total de jubilados. Por otro lado, se estimó que para esa misma fecha en la ciudad de Buenos Aires, el haber mínimo jubilatorio fue percibido por 497.864 jubilados.

En marzo de 2010, el secretario gremial del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), Osvaldo Bacigalupo, había asegurado a Pequeñas Noticias que "los jubilados no pueden pagar las expensas", y explicó: "al jubilado le cuesta mucho llegar a fin de mes y pagar las expensas pero no tiene que ser un trabajador el encargado de ayudarlo, debería haber medios para subsanar este tipo de cosas".

Consideró que "es el Estado Nacional a quien le corresponde" una solución y señaló que "se tendría que hacer algo para que el consorcista jubilado tenga algún tipo de beneficio, como no pagar la Tasa de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) o tener un reconocimiento en agua, electricidad, gas o teléfono".

Por su parte, más cercano en el tiempo, el pasado jueves 14 de mayo el legislador porteño Marcelo Ramal (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) había anunciado que estaba trabajando en un proyecto para constituir un fondo de sostén de aquellos consorcistas jubilados que tengan dificultades para pagar las expensas.

Ascensores Registrados lleva recaudado 39 millones de pesos

[BPN-24/07/15] Durante el 2014, controlar el 59% del parque total de elevadores de la ciudad de Buenos Aires le costó 17.136.750 de pesos al contribuyente porteño. Teniendo en cuenta que el Gobierno de la CABA sólo cuenta con ocho inspectores y que el año pasado hubo 2 mil fiscalizaciones, cada profesional habría realizado en promedio menos de una (0,83) inspección diaria.

El GCBA informó que desde la implementación del programa Ascensores Registrados se denunciaron 59.309 elevadores hasta el 2014, que la tasa abonada en ese año fue sobre 54.750 máquinas, que hubo más de 1.500 constataciones de faltas al cumplimiento de la normativa -entre las que se incluye la registración en el sistema- y que hay 540 empresas habilitadas para efectuar el control privado de los ascensores.

Por otra parte, reveló que la Subgerencia Operativa de Elevadores de la Gerencia Operativa de Fiscalización y Control de la Instalaciones Complementarias (DGFyCO) que depende de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), cuenta con un plantel de ocho inspectores y que ese cuerpo se complementa con inspectores comerciales y otros, que –según informaron- también realizan verificaciones sobre los elevadores.

Estos datos surgieron en respuesta al pedido de informes que realizó AIPH (Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal) el pasado 12 de junio al Gobierno porteño. Si bien la respuesta fue emitida siete días después por el Ing. Roberto Gustavo Lanz, gerente operativo de la DGFyCO de la CABA, por razones desconocidas, AIPH recién la hizo pública el pasado lunes 13 de julio.

Específicamente, el pedido de informes fue solicitado por el Dr. Eduardo Jesús Galante en su carácter de apoderado de AIPH y fue presentado en la Mesa General de Entradas, Salidas y Archivo (MGEyA) de la Unidad de Atención Presentaciones bajo el número de expediente 2015-16715153. La respuesta del Ejecutivo porteño se emitió el viernes 19 de junio bajo el número IF-2015-17917680–DGFYCO.

Es de recordar que en septiembre de 2014, el Arq. Lisandro Dragani, subgerente del Departamento de Elevadores de la DGFyCO de la CABA, calculó que en la ciudad había un total de 100 mil elevadores o sea que las máquinas que todavía no fueron ingresadas al sistema serían 40.691, un 40,6% del total.

Para regularizar esta situación cada inspector –de los ocho que existen- debería visitar 8,48 domicilios por día -en caso de que cada propiedad cuente con dos ascensores- para detectar aquellos que no están registrados en el programa. Si cada domicilio contara con un ascensor, los inspectores deberían realizar 16,95 visitas diarias.

Asimismo, si la tasa anual por elevador en 2014 fue de 313 pesos y en 2015 de 405 pesos, desde el comienzo del programa la recaudación habría alcanzado los 39 millones (39.310.500) de pesos. Esto suponiendo que este año la tasa se abonara sobre los 54.750 ascensores que tributaron el año pasado.

Desde la implementación del programa Ascensores Registrados establecido mediante Resolución Nº 430/AGC/2013 se ha denunciado 59.309 de estas instalaciones al cierre del año 2014.

La tasa abonada en el año 2014 es sobre 54.750 elevadores. Durante el año 2013 no se abonó tasa, ante la necesidad de realizar los debidos ajustes y pruebas del sistema efectuados sobre los aplicativos informáticos previsto para el registro de elevadores.

Las acciones generadas para los propietarios y responsables de estas instalaciones, que no hayan obtenido y/o exhibido la oblea QR, plasmada según corresponda en actas de intimación y/o actas de comprobación y de corresponder también clausura de la instalación, todo ello de conformidad a lo establecido en el Código de la Edificación de la CABA (art.2.4.3.2.).

Se reitera lo señalado en respuesta anterior. Asimismo cuando en oportunidad de efectuar un procedimiento y se detecta la ausencia de oblea –código QR– se intima a su registración. Toda vez que el propietario de una instalación de este tipo, debe tener obligatoriamente un servicio de mantenimiento y asistencia técnica (Ordenanza 49308/95 Sec. 8 Cap. 10.3.1 del Código de la Edificación).

No es competencia de la DGFYCO de la AGC la información vinculada a recaudación. El importe de cada oblea está determinado en la Ley Tarifaria vigente de cada año para la CABA, el importe para el año 2014 fue de $313 y el actual año 2015 de $405.

La Subgerencia Operativa de Elevadores de la Gerencia Operativa de Fiscalización y Control de la Instalaciones Complementarias/DGFYCO, generó durante el año 2014 más de 1.500 constataciones de faltas al cumplimiento de la normativa vigente, entre las que se incluye la debida registración conforme lo establecido en la Res. Nº430/AGC/2013.

La AGC en concordancia con la Ley 3.304 sobre Modernización del estado, ha procedido a modernizar los sistemas informáticos, utilizados para llevar a cabo las tareas propias del organismo, incluidas el procedimiento inspectivo. En ese contexto, la Unidad de Sistemas Informáticos y Procesos ha desarrollado un programa informático de gestión integral, especialmente aquellas que cuenta con facultades inspectivas. En ese sentido se facilita a cada inspector una tablet a la cual accede y constata diariamente todo lo relativo a la finca objeto de inspección, determinada también por su grado de criticidad. Respecto a las sanciones se reitera son las previstas en el C.E. Téngase presente que por la modernización y digitalización de los procedimientos, puede hallarse disposiciones en desuso y que además hubo una etapa previa e intermedia de migración de papel a digitalización. En resumen en la actualidad el inspector se circunscribe al protocolo de los siguientes documentos en papel que utiliza en y durante un procedimiento: Acta de Comprobación, (que es seriada y numerada), Acta Circunstanciada, Acta de Intimación. El resto y el informe de parte diario de su accionar es digital.

Se reitera lo señalado en respuesta anterior; respecto al control específico de los mecanismos del elevador se rige por el cumplimiento de la Ordenanza 49308/95, Resolución Nº430/AGC/2013, Resolución Nº47/SSPLAN/2015.

La Subgerencia Operativa de Elevadores de la Gerencia Operativa de Fiscalización y Control de la Instalaciones Complementarias/DGFYCO cuenta con un plantel de 8 inspectores. Dicho plantel se complementa con inspectores comerciales y otros, que también realizan verificaciones sobre los elevadores.

La cantidad aproximada de domicilios con elevadores sobre los que se realizó controles es de 2.000, aclarándose que en cada domicilio en muchos casos hay más de un elevador, y que a los mismos se concurre en más de una oportunidad. A ello se debe adicionar los realizados por otras áreas de la AGC, conforme lo señalado en la respuesta anterior.

Primero Boca y después... la CABA

[BPN-24/07/15] El pasado viernes 17 de julio, Víctor Santa María, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) y presidente del PJ ^[1] porteño, oficializó su candidatura a presidente del Club Atlético Boca Juniors "para luego gobernar la Capital Federal". El compañero de fórmula que integra el frente "Boca Somos Todos" es el senador bonaerense Santiago Carreras (FpV).

Según un medio digital, el 10 de julio Santa María confesó que quiere ser elegido presidente de Boca en las elecciones de diciembre porque "quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires". "Ahora es mi turno", habría asegurado el titular del gremio que nuclea a los encargados de edificio en el medio de un acto ante militantes de Nuevo Encuentro. De acuerdo a ese medio, el titular del SUTERH prometió un sueldo de 4 mil pesos para cada militante que volantee puerta por puerta promocionando la fórmula Santa María/Carreras.

Cabe recordar que esta no es la primera participación de Santa María en el mundo del deporte: desde mayo de 2012 preside el Club Sportivo Barracas (Primera D).

La presentación oficial se llevó a cabo a las 19 horas en el teatro Dante ubicado en Almirante Brown 1.241, en el barrio de La Boca. La conducción estuvo a cargo del locutor Bobby Flores. También estuvieron presentes el diputado Juan Cabandié (FpV), el ex futbolista Alberto Márcico y la ex modelo Teté Coustarot.

Ante más de 500 socios, Santa María presentó sus 12 propuestas de gestión para el período 2015-2019 y expresó: "estamos felices porque esto comenzó como un sueño, el sueño de poder tener el club que queremos para los socios, con transparencia, con participación y con puertas abiertas".

A continuación mientras que Alberto "Beto" Márcico anunció la propuesta de equipo de trabajo y equipo futbolístico, Tete Coustarot hizo hincapié en recuperar el rol social de Boca como institución asociada al barrio y a las necesidades de los comedores, escuelas y hospitales. Por último, Bobby Flores presentó la plataforma tecnológica y audiovisual que incluye la creación de una radio, una señal de televisión, una aplicación móvil y una renovación de la conectividad Wi-Fi en la Bombonera.

Santiago Carreras es senador de la provincia de Buenos Aires, es empresario gastronómico y miembro de La Cámpora. Fue el jefe de campaña de Mariano Recalde, titular de Aerolíneas Argentinas, durante las últimas elecciones para jefe de Gobierno porteño.

Se hizo conocido por ser la persona a quien el diputado Juan Cabandié llamó en octubre de 2013 durante un polémico episodio en el que pidió que se le aplique un "correctivo" a una agente de tránsito que intentó labrarle una multa.

Es de destacar que ésta no es la primera vez que Santiago Carreras intenta intervenir en Boca Juniors. En las elecciones del club xeneize de 2011, dirigió la campaña del kirchnerista Jorge Amor Ameal, quien cayó derrotado frente al macrista Daniel "Tano" Angelici, actual presidente del club

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El ex directivo de Documenta volvió con nuevo proyecto

[BPN-24/07/15] El Arq. Guillermo Raúl Morro, expresidente de la empresa Documenta Centro de Servicios SA, fundó un nuevo proyecto, aunque esta vez no relacionado con la propiedad horizontal. Se trata de Abastia, una compañía de abastecimiento indirecto para empresas. Así lo informaron varios medios de comunicación el pasado 22 de julio.

Según le explicó Morro a un matutino, su nuevo emprendimiento "elimina la intermediación en la cadena de abastecimiento indirecto solucionando los vicios estructurales arraigados a nivel global que impiden a las empresas comprar pequeñas cantidades de productos a precio de fábrica".

De acuerdo al extitular de Documenta, "Abastia resuelve este problema bajando sustancialmente los precios, mediante la agregación de las órdenes de compra y negociando con las fábricas los mejores precios para sus clientes. Además, garantiza la total transparencia de la operatoria al exhibir los precios de compra en fábrica, mediante un modelo de facturación eficiente".

Conforme se indicó en ese medio, el Arq. Guillermo Morro es "un emprendedor de alto impacto y un profesional multifacético con una destacada trayectoria en el diseño de modelos de negocio innovadores en áreas tan diversas como real state, finanzas y deporte; además cuenta con larga experiencia en la aceleración de compañías".

La empresa inició sus operaciones con Andreani, Deloitte, Adecco y BSA Group como socios estratégicos, e invirtió un millón de dólares. Informaron que su proyección de ventas para este mismo año asciende a unos 50 millones de dólares.

Abastia dispondría de los siguiente productos: alimentos y bebidas, artículos de librería, bazar y regalos, electrónicos, electrodomésticos, audio y video, envases y embalajes, equipamiento de oficinas, indumentaria, insumos, artículos de limpieza y seguridad industrial. En cuanto a los servicios, cuenta con emergencias médicas, entretenimiento y deportes, escribanía, expendedoras, imprenta, limpieza de oficinas, medicina laboral, provisión de agua y dispensers, servicios contables, soporte informático y seguros, entre otros.

El Arq. Morro se hizo conocido en la comunidad consorcial presidiendo la empresa Documenta Centro de Servicios SA dedicada a la gestión administrativa y procesamiento de datos. La actividad principal de ésta era brindar servicios a los administradores: dictaba cursos, gestionaba la rúbrica de los libros de los consorcios y confeccionaba y presentaba sus Declaraciones Juradas anuales.

El jueves 23 de septiembre de 2010, el Arq. Morro acompañó en el podio una charla que dio la coordinadora del Registro Público de Administradores (RPA) porteño, Gabriela Pilar Saldivia, en la CAPHyAI (Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias) sobre el reempadronamiento que por aquel entonces debieron cumplir todos los administradores. La acompañaron, aparte del titular de Documenta, el ya fallecido expresidente de la cámara Adm. Fernando Staino; el empresario Emilio Rossi; el Adm. Arturo Molina, secretario de la CAPHyAI, y Fernando Wasinger, empleado del RPA.

Cinco meses después, el 15 de febrero, Documenta entró en cesación de pagos.

En mayo de 2011 la CAPHyAI que durante varios meses poseyó en su sede un stand de Documenta y ante los "comentarios de asociados" recibidos, envió una circular a sus socios en la que aseguró que "nos hemos puesto en contacto con el Lic. Guillermo Morro haciendo el reclamo pertinente". Agregaron además que ante la falta de respuesta, "hemos conversado con el estudio Martín Irigoyen, Rossi & Asoc. para que los socios damnificados que quieran iniciar una acción contra la misma [por Documenta] se contacten".

Dra. y Arq. Valeria Nerpiti

[BPN-24/07/15] El 18 de junio, siete abogados disertaron en la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) sobre el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y su incidencia en la propiedad horizontal. En esta segunda entrega se desarrolló la disertación de la Dra. y Arq. Valeria Nerpiti quien expuso sobre las partes comunes y particulares del consorcio a partir del nuevo cuerpo normativo y la accesibilidad para las personas discapacitadas.

En ediciones posteriores se publicarán las ponencias del Dr. Jorge Villar, la Dra. Ana María Vila, el Dr. Bartolomé Orfila, la Dra. Diana Sevitz y el Dr. Cristóbal Orlando Ruano. En el boletín anterior sé publicó la exposición del Dr. Jorge Martín Irigoyen.

Siempre fue un conflicto para los consorcios determinar qué es parte común y qué es parte propia. El Código establece en sus artículos 2.040, 2.041, 2.042 y 2.043 cuáles son partes comunes y cuáles no. Más allá de las que determine la nueva norma como partes necesariamente comunes, el reglamento puede establecer otras áreas que también sean comunes.

Como novedad, el artículo 2.041 entiende que toda la estructura es común, incluso los balcones. Este siempre fue un tema de conflicto. También otro punto de conflicto son las cañerías. El Código establece que las cañerías con fluido o energía -en toda su extensión- van a ser comunes. Las que tienen cableados van a ser comunes hasta el ingreso a la unidad funcional. Justamente lo que hoy estaba en conflicto deja de existir de acuerdo al nuevo Código.

De todas maneras, si hay una instalación que es común porque provee el suministro de agua o de gas, pero es exterior y no está embutida, es parte común porque provee ese suministro y es indispensable para el edificio.

Otra novedad está relacionada con la accesibilidad para personas con discapacidad. Puntualmente, el inciso j) del artículo 2.041 expresa que son comunes: "las instalaciones necesarias para el acceso y circulación de personas con discapacidad, fijas o móviles, externas a la unidad funcional, y las vías de evacuación alternativas para casos de siniestros".

Para mí acá se incorporan tres temas importantes. Se habla del acceso y la circulación. Nosotros siempre dijimos que de acuerdo a la modificación de la Ley 13.512, todo lo que era circulación desde el acceso a todas las partes comunes tenía que tener la posibilidad de que una persona con discapacidad pudiera acceder a esos espacios. Eso obviamente correspondía a una responsabilidad y obligación del consorcio. Ahora es claro: se habla de acceso y circulación. Si nosotros creemos que acceso y circulación es solamente el acceso de la puerta de ingreso del edificio, es un grave error.

Para los que en algún momento tenían dudas respecto a los solárium, gimnasio y piscina, todo eso es espacio común. Eso lo dice el artículo. 2.042 respecto a las partes que no son indispensables pero que son comunes. Esos lugares también deben ser accesibles para personas con discapacidad y por lo tanto no va a haber discusión respecto a quién lo deberá pagar pues será el consorcio.

Otro tema que incorpora ese mismo inciso tiene que ver con las vías de evacuación alternativa para casos de siniestros. El Código no pone esto en cualquier lado, lo pone en el inciso en el que se habla de la accesibilidad para las personas con discapacidad. Quiere decir que se podría estar hablando de un sistema preparado para la evacuación de personas con discapacidad como son las sillas especiales que tienen en las ruedas una especie de esquí para que la persona pueda bajar rápidamente por la escalera. En un siniestro, el medio de evacuación en un edificio es la escalera. ¿Cómo hace una persona con discapacidad en silla de ruedas para no usar el ascensor e ir por una escalera? Obviamente que no puede, entonces la forma de evacuar el edificio rápidamente es con estos medios que se están incorporando. Esto es una interpretación personal, es decir, para mí lo están incorporando.

En el artículo 2.042 se explica que hay espacios comunes pero que no son indispensables como el solárium, el gimnasio y los distintos amenities

Finalmente, el artículo 2.043 define qué son las partes propias y expresa: "son necesariamente propias con respecto a la unidad funcional las cosas y partes comprendidas en el volumen limitado por sus estructuras divisorias, los tabiques internos no portantes, las puertas, ventanas, artefactos y los revestimientos, incluso de los balcones".

Pérsico se suma a los proyectos de ley para inquilinos

[BPN-24/07/15] El pasado jueves 2 de julio, el senador Daniel Raúl Pérsico (FpV^[1]) presentó un proyecto de ley integral en el Congreso de la Nación para regular el mercado de locaciones. De ser aprobado, los contratos, sus modificaciones y prórrogas deberán ser escritos, homologados y registrados por un Registro Público de Contratos de Alquiler para Vivienda a crearse. Por otra parte los alquileres se bancarizarán, deberán ser abonados en moneda nacional y los inquilinos como garantía podrán optar por contratar un seguro en lugar de proporcionar una propiedad.

Este nuevo Registro Público deberá también cumplir las siguientes funciones: elaborar un modelo de contrato homologado; asesorar a las partes; efectuar las recomendaciones para las propuestas de contratos que presenten las partes; verificar -previamente a la homologación del contrato- el cumplimiento de los deberes tributarios correspondientes a la operación; recibir y reintegrar las fianzas o depósitos en garantía; registrar las aseguradoras de garantía; recibir los pagos por el alquiler de los contratos no homologados; retener la multa al locador y reintegrar el resto al inquilino.

Por otro lado, Pérsico propone que el precio del arrendamiento sea fijado exclusivamente en moneda nacional y que los alquileres se paguen mediante un depósito en una cuenta bancaria que el propietario indique.

En otro orden de cosas, si hay una intermediación comercial por parte de una tercera persona, las comisiones u honorarios por sus servicios no podrán superar el monto equivalente a un mes de alquiler, debiendo ser pagadas por ambas partes en mitades iguales. Los honorarios, aranceles, impuestos o cualquier otro gasto que requiera la instrumentación del contrato, también serán solventados por ambas partes equitativamente.

El proyecto, que ingresó bajo el número de expediente 2241/15, consta de 21 artículos de los cuales uno es de forma.

Según la iniciativa, si no se registra y homologa el contrato, el propietario deberá abonar una multa equivalente al 25% de las sumas dinerarias correspondientes a alquileres por todo el tiempo de la demora, hasta el momento de la homologación y registro del contrato. Además hasta que no se pague la multa no se podrá homologar ningún contrato de alquiler para vivienda.

De acuerdo al proyecto, "se impone al locatario la obligación de pagar los alquileres del contrato de alquiler para vivienda, no homologado ni registrado, en la oficina del Registro cumpliendo con ello la obligación a su cargo, sin derecho de reclamo por parte del locador. La oficina del Registro retendrá en concepto de multa al locador ese dinero reintegrando el resto al locador, una vez que éste se haya presentado a regularizar su situación".

Si el inquilino no cumple deberá abonar una multa equivalente a un día de alquiler por cada seis días de mora, que se liquidará al momento de homologarse del contrato, o prorrateado en cuotas iguales hasta su finalización. Además, hasta que no pague la multa no podrá homologar ningún contrato de alquiler para vivienda.

Asimismo, el senador Pérsico propone que el plazo mínimo de alquiler sea de dos años y que aquellos contratos que se celebren por términos menores sean considerados como formulados por 24 meses.

Por otra parte, la iniciativa determina que el precio del alquiler, ya sea escalonado o no, debe ser "cierto y determinado desde el inicio hasta el fin" del contrato. Asimismo, establece que se podrá pactar un aumento escalonado pero no podrá aplicarse antes del primer año.

Respecto a los gastos, mientras que los inquilinos deberán pagar las facturas de los servicios, las expensas ordinarias y la tasa de Alumbrado Barrido y Limpieza (ABL); los arrendadores tendrán que hacerse cargo de las tasas, contribuciones e impuestos que recaigan sobre el inmueble y las expensas extraordinarias.

Según la iniciativa "las cantidades entregadas en concepto de fianza o depósito en garantía, deberán serlo en moneda de curso legal. Dichas cantidades serán devueltas al finalizar el alquiler".

De acuerdo a este proyecto, el propietario podrá exigir como depósito de garantía un mes de alquiler. Durante el penúltimo mes de vigencia del contrato se inspeccionará el inmueble para constatar su estado de conservación.

Asimismo, si el inquilino tiene que hacer refacciones, las partes pueden acordar que el inquilino las haga a su costa, recuperando al final el depósito de garantía; o que las efectúe el propietario una vez desocupado el inmueble, utilizando dicha garantía.

Conforme a la propuesta de Pérsico, el inquilino podrá optar por contratar un seguro de garantía de alquiler para vivienda de una empresa inscripta en la oficina del Registro Público de Contratos de Alquiler de Inmuebles para Vivienda. Por otro lado, el arrendatario podrá otorgar garantías reales o personales en reemplazo de este seguro,

Asimismo, de acuerdo a la iniciativa, queda prohibida la publicación de ofertas de alquiler de inmuebles para vivienda que contengan requisitos de garantías contrarios a los estipulados.

Por otro lado, el proyecto expresa que "no podrá requerirse del locatario el pago de alquileres anticipados por períodos mayores de un mes; depósitos de garantía o exigencias asimilables, por cantidad mayor del importe equivalente a un mes de alquiler del lapso que dure el contrato y el pago del valor llave o equivalente".

Además, el senador Pérsico establece que "la violación de estas disposiciones facultará al locatario a solicitar el reintegro de las sumas anticipadas en exceso debidamente actualizadas. De requerirse actuaciones judiciales por tal motivo, las costas serán soportadas por el locador".

En cuanto a los aspectos legales, el inquilino podrá disolver el contrato luego de los seis primeros meses de vigencia. Al hacer uso de la opción resolutoria en el primer año de alquiler, deberá abonarle al propietario en concepto de indemnización, la suma equivalente a un mes y medio de alquiler al momento de desocupar la vivienda y la de un mes si la opción se ejercita transcurrido dicho lapso.

En caso de abandono o fallecimiento del inquilino, el contrato podrá ser continuado por quienes acrediten haber convivido con el arrendatario en las condiciones pactadas y hasta el vencimiento del plazo contractual.

En sus fundamentos, el senador Pérsico argumentó: "hay millones de inquilinos que muchas veces sufren abusos fruto de la relación desigual que existe entre ellos, el locador y las inmobiliarias. Por lo tanto, se hace necesaria la presencia del Estado para asegurar que no se cometan irregularidades y abusos, más aún en un área tan sensible como es el acceso a una vivienda digna que es un derecho consagrado en la Constitución Nacional".

Por último, aseveró: "es necesaria una nueva Ley de Alquileres de Inmuebles para Vivienda donde el Estado sea garante de los derechos -sobre todo- de la parte más vulnerable"

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En Colombia, a partir de ahora habrá posibilidad de elegir

Se aprobó la "movilidad" de la Asignación Universal por Hijo

[BPN-24/07/15] A partir de marzo de 2016 la Asignación Universal por Hijo (AUH) se actualizará dos veces al año gracias a una ley que sancionó la Cámara de Diputados de la Nación el pasado miércoles 15 de julio. Los aumentos serán en marzo y septiembre de cada año. 

La nueva norma abarca a las asignaciones por hijo; por hijo con discapacidad; prenatal; por ayuda escolar anual para la educación inicial, general básica y polimodal; por nacimiento; por adopción; por matrimonio; por hijo para protección social y por embarazo para protección social.

El proyecto de ley que fue anunciado en cadena nacional en junio pasado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, determina que las asignaciones familiares contempladas en la Ley 24.714 serán "móviles" de acuerdo al mismo cálculo que se utiliza para las jubilaciones, acorde a la Ley 26.417 de Movilidad Jubilatoria.

Luego de un debate que se extendió por más de siete horas, con 231 votos positivos, la iniciativa que el 1° de julio ya había obtenido media sanción del Senado, fue aprobada con el acompañamiento de todos los bloques.

Cabe recordar que la AUH fue creada en 2009 por el Decreto 1602 del Poder Ejecutivo Nacional y que alcanza aproximadamente a 3,6 millones de argentinos.

El SMVM aumentó un 28,5%

Es de recordar que el último incremento del Salario Mínimo Vital y Móvil se había fijado en septiembre del año pasado. En esa oportunidad se acordó un 31% de incremento que llevó el piso salarial a 4.716 pesos.

La reunión del Consejo que se llevó a cabo ese martes por la tarde en el Ministerio de Trabajo había sido dispuesta por la Resolución 3 publicada en el Boletín Oficial el pasado lunes 20 de julio.

Por el sector empresarial asistieron representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de la Construcción, la Cámara del Comercio, la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (Adeba), la Unión Argentina de Entidades de Servicios (UDES), la Sociedad Rural, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria Cooperativa Limitada (ConInAgro), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y la Federación Agraria.

Por el sector sindical se hicieron presentes Antonio Caló de la CGT (Confederación General del Trabajo) y Hugo Yasky de la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina)

Se decide el cambio de todos los caños de distribución

Señor director de Pequeñas Noticias:

Ante el corte de gas por parte de la distribuidora en todo el edificio, se decide el cambio de todos los caños de distribución. El gasista matriculado encargado de la obra argumentó que no existe diferencia en los costos (materiales y mano de obra) desde el medidor hasta las distintas unidades de uno y dos ambientes.

Esto generó dudas respecto a la liquidación. La administración la encaró por porcentuales y hay quienes opinan que por ser una obra especial fuera de lo previsible, con el mismo costo y beneficio para todos, debería pagarse numéricamente, es decir, dividiendo el costo por la cantidad de unidades. De lo contrario, las unidades más grandes estarían recargadas un 30% en favor de las de un ambiente.

Realmente el Reglamento de Copropiedad y Administración no hace referencia específica a este tema, y en lo que se acerca, como lo transcripto abajo, resulta difuso.

Agradecería mucho la opinión de ustedes pues resultaría muy útil para despejar dudas.

Felicitaciones por este invalorable servicio que nos prestan.

Cordialmente.

Alberto.

(01/07/2015)

Estimado Alberto:

Las unidades funcionales deben participar de la conservación, mantenimiento y reparación de los bienes comunes de acuerdo al porcentual asignado en el reglamento de copropiedad y administración.

Así lo expresa la aún vigente (por lo menos, al momento de redactar esta respuesta) Ley 13.512 en su Art. 8ª: “Los propietarios tienen a su cargo en proporción al valor de sus pisos o departamentos, salvo convención en contrario, las expensas de administración y reparación de las partes y bienes comunes del edificio, indispensables para mantener en buen estado sus condiciones de seguridad, comodidad y decoro. Están obligados en la misma forma, a contribuir al pago de las primas de seguro del edificio común y a las expensas debidas a innovaciones dispuestas en dichas partes y bienes comunes por resolución de los propietarios, en mira de obtener su mejoramiento o de uso y goce mas cómodo o de mayor renta”.

Tras la “inequidad práctica” (si se quiere bautizar de alguna manera), es interesante observar que hay unidades funcionales que, según el reglamento, participan de reparaciones de las cuales no van a tener un goce proporcional –ejemplo: reparación de ascensores respecto de los inmuebles de PB) y aún así no pueden evadir su obligación que emerge de la aceptación del reglamento en el acto de la escritura.

Ahora bien, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en su Art. 2046ª, Inc. c) reitera la premisa, en la enumeración de las obligaciones del propietario: “pagar expensas comunes ordinarias y extraordinarias en la proporción de su parte indivisa”.

En adición a lo que venimos hablando, el Art. 2.048ª dice: “Los propietarios no pueden liberarse del pago de ninguna expensa o contribución a su cargo aun con respecto a las devengadas antes de su adquisición, por renuncia al uso y goce de los bienes o servicios comunes, por enajenación voluntaria o forzosa, ni por abandono de su unidad funcional. Tampoco pueden rehusar el pago de expensas o contribuciones ni oponer defensas por cualquier causa, fundadas en derechos que ellos invoquen contra el consorcio, excepto compensación, sin perjuicio de su articulación por la vía correspondiente. El reglamento de propiedad horizontal puede eximir parcialmente de las contribuciones por expensas a las unidades funcionales que no tienen acceso a determinados servicios o sectores del edificio que generan dichas erogaciones.”

De lo último, es interesante resaltar que el cuerpo normativo reduce a casos específicos y particulares (que no operan en los términos de la consulta) el rehúso al pago y, por otro lado, la eximición parcial (por ejemplo, distribución diferenciada) debe estar contemplada en el mismo reglamento.

Esperando haberle sido de utilidad, le saludo cordialmente.

Pablo Acuña

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Pablo Acuña es abogado, administrador y director del medio Pintando Horizontes de la localidad de Caseros, partido de 3 de Febrero, en la Pcia. de Buenos Aires. Para cualquier consulta se lo puede contactar en su comunidad de Facebook https://www.facebook.com/pintandohorizontes, en su cuenta de Twitter https://twitter.com/pintandohorizon o mandar un email a pabloa@alas-admconsorcios.info.

Estimado Carlos:

El Día del Administrador es el 13 de octubre y el del Corredor Inmobiliario dos días antes, el 11 de octubre.

Un saludo cordial.

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