La desinfección y desinfestación será mensual y obligatoria

[BPN-23/10/15] A partir de octubre, la desinfección y desinfestación se deberá hacer todos los meses en los consorcios porteños. Esta nueva obligación que impuso el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le costará al total de copropietarios más de 20 millones de pesos mensuales. Su incumplimiento será considerado "falta grave" y la sanción será tanto para administradores como para consorcistas.

Es de recordar que el 24 de junio de 2011, el Adm. Adrián Hilarza, por entonces presidente de la Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal (AIPH) y actual vocal de esa entidad, ya había advertido que existía un proyecto para que la fumigación sea obligatoria dentro del ámbito de la ciudad de Buenos Aires. Cabe mencionar que hasta el momento la desinfección y desinfestación en los consorcios no tenía carácter obligatorio aunque, si se realizaba, lo debía hacer una empresa registrada ante el Gobierno de la CABA.

Este Certificado de Desinfección y Desinfestación (CDyD) mensual, impuesto en forma conjunta tanto a administradores como a consorcistas, lo ordenó el director general de Control Ambiental de la CABA, Marcelo Naveiro, el pasado lunes 14 de septiembre mediante la Disposición 705.

Según los datos arrojados por fuentes consultadas por Pequeñas Noticias, el valor de la desinfección y desinfestación por unidad funcional en promedio es de 26 pesos. Si se tiene en cuenta que según el censo del INDEC ^[1] en 2010 había 788.791 unidades funcionales de propiedad horizontal en la CABA, el cumplimiento de esta nueva obligación le costará al consorcista porteño 20.267.547 pesos mensuales.

Ya en detalle, y de acuerdo a los administradores consultados por este medio, el costo de una fumigación oscila aproximadamente entre 14 y 34 pesos por unidad funcional dependiendo de la cantidad de departamentos del edificio y el barrio donde esté ubicado.

En sus argumentos, el director de Control Ambiental explicó que "la Resolución 360/APRA/2011 (BO: 25/10/11) en su artículo 5° estableció como período máximo de efectividad del servicio de desinfección y desinfestación […] el de 30 días corridos, contados a partir del día siguiente de la prestación".

Además, el Sr. Marcelo Naveiro agregó: "esa resolución estableció que la infracción a lo dispuesto será considerada falta grave, por lo tanto los consorcios, administradores y establecimientos incurrirán en idéntica falta, en caso de no contar con el certificado vigente siendo pasibles de sanción administrativa".

Por último, la Disposición 705 estableció que la Dirección General de Control Ambiental ejercerá el control de los consorcios para verificar el cumplimiento de esta nueva obligación

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"El destino de la vivienda del encargado puede ser alterado"

[BPN-23/10/15] El Dr. Alberto Aníbal Gabás, abogado especialista en propiedad horizontal, desmintió que si se altera el destino de la vivienda del encargado la responsabilidad jurídica será solidaria e ilimitada no sólo del consorcio sino también de cada uno de los consorcistas y del administrador. De esta forma salió al cruce de la Dra. Silvia Gutiérrez Garay, asesora letrada del SUTERH ^[1], que había afirmado que de alterse el destino de la portería, la responsabilidad jurídica será de estos tres actores en forma solidaria e ilimitada.

Entre sus argumentos el letrado marplatense destacó que el destino de la vivienda puede ser alterado si no hay perjuicio para el trabajador y afirmó que esto debió ser aclarado por la abogada del gremio porque si no se trata de una "una verdad a medias".

Por otro lado, confirmó que fue el SUTERH quien propuso que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación obligara al administrador a contar con el aval de una asamblea a la hora de despedir o contratar al personal del edificio. Reveló que el autor intelectual de esta idea hace ya 24 años fue él mismo. Afirmó que cualquier decisión respecto al personal de un consorcio debe emanar del empleador que es quien pagará las consecuencias de sus propios actos.

Por último, señaló que hay un "grosero error" en la redacción del inciso f) del Art. 2.067 del nuevo Código (Derechos y obligaciones del administrador) porque –según el letrado- despedir o contratar al personal de consorcio no es una facultad del mandatario, sino de la asamblea.

Estas apreciaciones se las hizo llegar especialmente a este medio el pasado miércoles 21 de octubre en respuesta a la nota publicada en el Boletín de Pequeñas Noticias Nº 559 titulada "A instancias del SUTERH se modificó el inciso f) del artículo 2.067". Este medio pone a disposición de sus lectores el texto completo enviado por el especialista.

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"Desmantelaron a conciencia Defensa del Consumidor"

[BPN-23/10/15] El legislador porteño Gabriel Fuks (FpV) denunció que el PRO desmanteló la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor (DGDyPC) de la CABA. Alertó que la cantidad de disposiciones dictadas por esa entidad se redujeron un 50% respecto al 2014, que la gran mayoría de ellas se refieren a temas vinculados con los administradores de consorcios y que sólo un 10% del total representa sanciones por incumplimientos a la ley de Defensa del Consumidor.

Además, develó que esa dependencia ya no realiza actuaciones de oficio, que no lleva a cabo ciertas inspecciones y que redujo considerablemente el personal de su Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos.

Estos datos surgieron de un informe elaborado por el legislador Fucks quien el 19 de octubre en un comunicado señaló: "desmantelaron a conciencia Defensa del Consumidor porque tienen una política de no controlar a las empresas ni hacer publicidad de los reclamos de los vecinos" y agregó: "tampoco tienen voluntad de alertar a la población sobre sus derechos a reclamar".

Es de recordar que el Registro Público de Administradores (RPA) porteño depende de la DGDyPC, su actual director desde fines de 2013 es el Crio. Mayor (R) Edgardo Aoun y que el antecesor fue el Dr. Juan Manuel Gallo. Actualmente, la coordinación del Registro está a cargo de la Dra. Paula Scauzillo en reemplazo de Gabriela Pilar Saldivia quien se encuentra desde fines de febrero del año pasado de licencia por maternidad. Defensa del Consumidor, a su vez, depende de Eduardo Macchiavelli, secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Según los datos arrojados por el informe, en 2012 la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos contaba con 18 abogados y hoy hay sólo tres porque la gran mayoría fue derivado a otras áreas. En cambio, se nombraron dos gerentes operativos y dos subgerentes, quienes ganan el triple que los abogados de planta.

Es de recordar que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos tiene a su cargo el análisis, imputación y posterior dictado de disposiciones respecto de todas las actuaciones iniciadas en el ámbito de Defensa del Consumidor.

Por otro lado, Fuks indicó que la DGDyPC ya no realiza actuaciones de oficio, como por ejemplo respecto a situaciones graves que afecten a usuarios de bienes y servicios, como el gran corte de luz acontecido en los últimos días: "Incluso se realizaban acciones de amparo. Ahora, ya no se hace nada al respecto desde la Dirección", expresó el legislador.

La Ciudad de Buenos Aires incumple con la Ley de Basura Cero

[BPN-23/10/15] El pasado miércoles 7 de octubre, representantes de Greepeace, de la Fundación Alvina, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, de la Asociación Trabajadores del Estado, Junta Interna Ambiente y Espacio Público y de la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores denunciaron que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incumple groseramente con los objetivos que estableció la Ley de Basura Cero. Un vecino porteño –en nombre de más de 2 millones de consorcistas- reclamó un lugar para los habitantes de la ciudad en los debates que se den sobre el tema. Estaba prevista la participación de Víctor Santa María, secretario general del gremio de los encargados, pero no asistió.

Estas declaraciones se realizaron en el marco del debate "Presente y futuro de los residuos en nuestra ciudad" organizado por el legislador Adrián Camps (PSA^[1]) a las 18 hs. en el Salón Montevideo de la Legislatura porteña.

Soledad Sede, coordinadora de la campaña de Basura Cero de Greenpeace en Argentina, denunció que la ciudad incumplió con las metas de la Ley de Basura Cero. Puntualmente, explicó que hace 11 años (en 2004) se enterraron 1,4 millón de toneladas de basura en el CEAMSE^[2]. Según la meta establecida, en 2014 se debía haber reducido esa cantidad entre un 50% (objetivo del 2012) y un 75% (objetivo del 2017). Sin embargo, el año pasado se enterraron 1,2 millón de toneladas, es decir, solo un 15% menos que en 2004, un 71% más de lo permitido para el 2012 y casi 7 veces más (685%) que lo permitido para el 2017.

Por su parte, Alejandro Valiente -integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que nuclea a cooperativas de cartoneros- denunció que la ciudad no cuenta con la cantidad de centros verdes necesarios para albergar los residuos y que por eso los recuperadores urbanos terminan clasificando la basura en sus casas <ver nota>.

En otro orden de cosas, durante su disertación, Eduardo Nasif, integrante de ATE^[3] y delegado general de la Junta Interna Ambiente y Espacio Público, denunció el vaciamiento de la Dirección General de Reciclado (DGRec) de la CABA <ver nota>

En el transcurso del debate, cuando la presentadora del evento le dio el micrófono por error a un vecino, Julio Garés –confundiéndolo con un legislador- éste reclamó que no se haya convocado a los vecinos para tratar el tema del reciclado ya que es el actor principal <ver nota>.

[3] ATE: Asociación Trabajadores del Estado.

No se convocó al actor principal: el vecino

Cuando la presentadora del evento le dio el micrófono por error a Julio Garés –confundiéndolo con un legislador- el vecino porteño reprochó: "yo veo muy bien que todas las organizaciones acá presentes hagan mención de todo lo que hemos escuchado pero no se nombra a un actor principal necesario que es el vecino".

En este sentido, subrayó: "indudablemente algo estará pasando que no se reconoce a uno de los actores principales. Somos por lo menos 2.200.000 vecinos que vivimos en 80 mil consorcios en la CABA", y agregó: "nosotros -como vecinos o como ciudadanos- somos los que aportamos el presupuesto de la ciudad. Ya pasaron 10 años de la Ley de Basura Cero y uno de sus objetivos principales es la separación en origen. ¿Quién tiene que separar en origen? Los vecinos".

Por último, expresó: "a mí me tocó por suerte andar un poco por el mundo, […] hemos revisado estos temas y hay mucha gente que lo ha solucionado. Qué fácil sería también solucionar este tema en la ciudad de Buenos Aires solamente copiando lo que hacen los demás ¿es tan difícil?".

Los cartoneros deben utilizan sus casas para acopio y clasificación

[BPN-23/10/15] El pasado miércoles 7 de octubre, Alejandro Valiente -integrante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que nuclea a cooperativas de cartoneros- denunció que la ciudad no cuenta con la cantidad de centros verdes necesarios para albergar los residuos y que por eso los recuperadores urbanos terminan clasificando la basura en sus casas.

Por otra parte, advirtió que no se le presta atención suficiente a la promoción de la separación de residuos en origen y señaló que el Gobierno de la CABA llenó toda la ciudad de contenedores negros para basura mezclada y esto impactó negativamente en la capacidad de reciclado.

En el marco de su exposición, Alejandro Valiente denunció: "no contamos con centros verdes suficientes para albergar la totalidad de los materiales que los cartoneros juntan todos los días". Como consecuencia, explicó que una porción importante de esos 5.200 recuperadores urbanos que están dentro del sistema, utilizan como sector de acopio y clasificación sus propias casas.

En este sentido, consideró que "sería necesario que se complete y se amplíe la capacidad de procesamiento de los centros verdes actuales y también que se construyan algunos nuevos".

Durante su disertación, el referente del MTE explicó que hay cartoneras que trabajan como "promotoras ambientales" y se encargan de concientizar sobre la separación en origen. Sin embargo, manifestó: "lamentablemente este programa de promotoras ambientales es muy escueto. Si bien es muy valioso, no se le presta la atención y el empuje suficiente para abarcar la totalidad de la ciudad o por lo menos una gran parte".

[BPN-23/10/15] El pasado miércoles 7 de octubre, Eduardo Nasif, integrante de ATE (Asociación Trabajadores del Estado) y delegado general de la Junta Interna Ambiente y Espacio Público, denunció el vaciamiento de la Dirección General de Reciclado (DGRec) de la CABA. Advirtió que no hay un director, ni un plan de trabajo y que con la asunción del macrismo se cerró el área de investigación de esa dependencia.

Pequeñas Noticias pone a disposición de sus lectores el texto completo de su disertación.

En el marco de su exposición, Eduardo Nasif expresó: "la DGRec hace 4 años no tiene Norte. Es una dirección que boya por dentro del Ministerio de Ambiente y Espacio Público y la quieren llevar para un lado, para otro, la inflan de presupuesto, se lo sacan, le suman gente, le quitan gente".

Por otro lado, el referente de ATE aseguró que "la DGRec ha sido una molestia dentro de este Ministerio porque es donde han podido aparecer los cartoneros, los trabajadores, y muchas veces las ONGs para dar una discusión seria sobre reciclado".

"La DGRec no puede seguir teniendo 140 funcionarios cuando el universo de recuperadores ya superó los 5 mil trabajadores formalizados. Necesitamos que se jerarquice la DGRec y que los trabajadores tengan condiciones dignas de trabajo", manifestó.

Según explicó Nasif, "la DGRec tuvo un área de investigación que podía arrojar indicadores […] pero con la asunción del macrismo se decidió cerrar. Nosotros […] venimos pidiendo que se vuelva a reabrir porque entendemos que no se puede hacer ninguna política pública si se desconoce la realidad sobre la que se quiere actuar".

AySA mete a los consorcistas en una sola factura

[BPN-23/10/15] AySA ^[1] comenzaría a facturar el servicio de agua a los consorcios de manera global en lugar de hacerlo a cada unidad funcional. Así lo informó la Defensoría del Pueblo de la Nación, quien inició una investigación de oficio y le pidió al Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) que informe si recibió reclamos cuestionando la decisión de la empresa.

Según explicó la jefa de Servicios Públicos de la Defensoría, Mariana Grosso, este organismo recibió múltiples consultas por parte de administradores de consorcio a los que les llegó una notificación de AySA informando la nueva medida. Al respecto aseguró que desde el ombudsman consideran que "el consorcio no es el usuario del servicio sino cada unidad funcional".

Por otra parte, Mariana Grosso explicó que a raíz de las consultas recibidas "se decidió promover una investigación de oficio y se cursó un pedido de informe a ERAS para que informe si se han recibido reclamos sobre este tema y qué tratamiento se ha brindado" y agregó: "se solicitó también que nos informen cómo van a tratar los casos que ponen en cabeza del consorcio una obligación de pago".

Advirtió también que "esto podría llegar a perjudicar a ciertos propietarios que sí pagaron el servicio, frente a otros que por cualquier circunstancia no abonaron su cuota parte de la factura. En definitiva, ésta se va a tener que cancelar de manera total para evitar un corte de suministro".

En otro orden de cosas, la jefa del área de Servicios Públicos indicó que los consorcistas que necesiten asesoramiento pueden comunicarse con la Defensoría llamando al 0810-333-3762.

Estas declaraciones las brindó el pasado martes 29 de septiembre en el programa de radio del ombudsman "La gente y su Defensor", conducido por Fernando Almirón.

En un comunicado publicado el pasado 23 de septiembre, la Defensoría nacional rememoró que en su momento participó en una acción judicial contra la empresa Aguas Argentinas S.A. en la que la Corte Suprema se expidió contra la facturación y medición global a los consorcios.

Conforme se informó en ese comunicado, "oportunamente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la nulidad de las Resoluciones ETOSS N° 8/94 y 12/94, por las cuales se estableció un sistema de medición global y consiguiente cobro a los consorcios de propietarios, no sólo por los servicios prestados a las partes comunes sino también por los correspondientes a las unidades funcionales que conforman un edificio".

Según argumentó la Defensoría, "la transferencia al consorcio de la responsabilidad por la deuda del usuario sólo se refiere al cobro a éste, ya que el consorcio no es el sujeto de la obligación, sino que lo son los usuarios (personas físicas o jurídicas que reciban o estén en condiciones de recibir del concesionario el servicio de provisión de agua potable y desagües cloacales)".

Además, el ombudsman señaló: "si no resulta posible en todos los casos establecer un sistema individual de medición para cada una de las unidades funcionales (para llegar a la real medición de los consumos), solamente podrá facturarse -en su caso- el cargo fijo establecido para cada categoría".

Por último, concluyó: "en definitiva, el consorcio es la persona que, por expresa disposición normativa, ha sido instituida como responsable con la exclusiva finalidad de asegurar la percepción exacta y a debido tiempo del pago, pero no es el deudor de la obligación"

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Proponen créditos para los consorcios de la CABA

[BPN-23/10/15] El pasado jueves 8 de octubre, la legisladora porteña Gabriela Alegre (FpV) presentó un proyecto de ley para que el Banco Ciudad le otorgue créditos a los consorcios de propiedad horizontal. De ser aprobado, los montos podrán ser destinados a la habilitación y el funcionamiento de los servicios públicos, la infraestructura edilicia, la ejecución de obras necesarias para la accesibilidad de personas con movilidad reducida y el cumplimiento de sentencias firmes en juicios laborales.

De acuerdo a la iniciativa, el Banco Ciudad deberá abrir una caja de ahorros en pesos -sin costo de mantenimiento- a favor del administrador del consorcio que se beneficiará, para la acreditación y cobro del crédito.

Según el texto del proyecto, puntualmente la línea de créditos tendrá las siguientes características:

a) Un monto máximo de hasta el 80% del presupuesto, liquidación o importe aprobado por la asamblea. En el caso de solicitarlo para el cumplimiento de una sentencia laboral, el monto máximo será de hasta el 80% de la liquidación aprobada y firme.

b) Un máximo de 72 cuotas mensuales a descontar.

c) Una tasa máxima equivalente a la tasa pasiva publicada por el Banco Ciudad para operaciones de plazo fijo a 30 días, al momento de la suscripción del crédito respectivo. En caso de coexistir diferentes tasas por imposiciones de distintos montos o por cualquier otro motivo, prevalecerá la menor de ellas.

d) Un plazo de gracia mínimo de tres meses sobre el capital.

e) Una bonificación de 300 puntos básicos (tres puntos porcentuales) sobre la tasa en el caso que el destino sean obras para garantizar accesibilidad física.

El proyecto que ingresó bajo el número de expediente 2231-D-2015, consta de 7 artículos de los cuales uno es de forma y girará a la comisión de "Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria". Pequeñas Noticias pone a disposición de sus lectores el texto completo de la iniciativa.

En sus argumentos, la legisladora Alegre señaló que "la jurisprudencia del fuero laboral ya ha consagrado en varios fallos que la responsabilidad de los consorcistas por las deudas del consorcio es subsidiaria" y agregó: "el otorgamiento de este crédito viene a evitar que los copropietarios sean embargados en sus unidades funcionales ante la falta de patrimonio propio del consorcio".

Proponen que los mayores de 60 puedan acceder a una vivienda

[BPN-23/10/15] El pasado viernes 17 de julio, la Defensoría del Pueblo de la CABA presentó un proyecto de ley en la Legislatura porteña para que las personas de más de 60 años puedan acceder a una vivienda en comodato en el marco de la ampliación de la Ley 624 (Comodato a Personas Mayores). Propone que los adultos mayores que vivan solos también puedan acceder a este beneficio, algo que no está previsto en la normativa vigente.

Ya en detalle, ese organismo pretende crear un Registro Único de Viviendas en el que se incluyan la totalidad de los inmuebles afectados, brindándoles a los beneficiarios la posibilidad de elegir una unidad del listado.

Es de recordar que la Ley 624 dispuso el otorgamiento del 50% del total de las unidades funcionales ubicadas en la planta baja o planta inmediata superior de las obras a construir financiadas por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) en carácter de comodato a los adultos mayores de 65 años.

Con este proyecto de ley, la Defensoría pretende bajar el límite de edad a 60 años y que las personas solas también puedan acceder a ese beneficio. Además, busca que se afecten los primeros pisos cuando las capacidades físicas de los beneficiarios les permitan residir allí.

En sus fundamentos, la Defensoría del Pueblo -cuyo titular es el Dr. Alejando Amor-, explicó: "si bien la Ley 624 se encontraba vigente […] no fue efectivamente implementada. La Defensoría del Pueblo se pronunció a través de resoluciones […] mediante las que se recomendó a los organismos competentes implementar de manera efectiva esa ley".

Proponen un sistema arbitral gratuito para inquilinos

[BPN-23/10/15] El pasado viernes 2 de octubre, el legislador porteño Edgardo Form (Partido Solidario) presentó un proyecto de ley para crear tribunales arbitrales específicos para resolver los conflictos entre propietarios e inquilinos particulares en cada comuna de la ciudad de Buenos Aires. Cada uno de ellos funcionará en el marco de un "Sistema Arbitral de Alquiler" que la iniciativa prevé crear en esta ciudad. La propuesta aspira a redactar e implementar un modelo de contrato de locación único para todas las viviendas familiares.

Del texto del proyecto se desprende que el sistema será gratuito, confidencial, neutral, vinculante y voluntario. No será obligatorio que las partes cuenten con patrocinio letrado.

Si el locador no va a la audiencia, será sancionado con una multa. El Tribunal Arbitral de Alquiler debe intentar la conciliación entre las partes en una audiencia. Si se llega a un acuerdo, éste será homologado por el Tribunal. De lo contrario, escuchará a las partes, ordenará la producción de las pruebas que estime pertinentes y emitirá un laudo (sentencia).

Sobre éste, el proyecto aclara que "tiene carácter vinculante y una vez firme produce efectos idénticos a la cosa juzgada. El laudo es asimilable a una sentencia judicial y puede ejecutarse por las vías prescriptas en las normas procesales. Contra el laudo arbitral emitido por el Tribunal Arbitral de Alquiler sólo pueden interponerse el recurso de aclaratoria y la acción de nulidad".

Según la iniciativa, en cada una de las comunas se tendrá que establecer un Centro de Arbitraje que -ente otras funciones- deberá recibir reclamos de inquilinos y propietarios, prestar asesoramiento legal, evacuar consultas, brindar información y proponer un modelo de contrato de locación único aplicable a todas las locaciones urbanas con destino habitacional en la ciudad.

De acuerdo al proyecto de Form, los tribunales estarán compuestos por tres miembros asistidos por un secretario y un veedor. El árbitro será designado entre los inscriptos en un Registro de Árbitros Institucionales. Otro de los árbitros será elegido por los inquilinos entre los anotados en un Registro de árbitros propuestos por las personas físicas o jurídicas representativas de los locatarios de la CABA. Finalmente, el tercer árbitro será designado por los propietarios dentro de un Registro integrado por árbitros propuestos por las personas físicas o jurídicas representativas de los locadores porteños.

Conforme a la iniciativa, la adhesión previa a este sistema se denominará "Oferta Pública de Adhesión al Sistema Arbitral de Alquiler" y los propietarios interesados en inscribirse deberán presentar una solicitud por escrito ante un Registro de Oferta Pública de Adhesión.

En sus argumentos, el legislador Form explicó: "teniendo en cuenta que las relaciones entre locadores y locatarios revisten una gran complejidad y un alto nivel de conflictividad, consideramos que la situación planteada exige la creación de una instancia estatal específica que propicie su resolución en condiciones de igualdad, equidad y neutralidad. En esta línea, el arbitraje es un medio alternativo de resolución de conflictos que ha probado su eficacia en el derecho comparado".

En referencia a los antecedentes locales, el legislador del Partido Solidario expresó: "existen al menos dos tribunales arbitrales pertenecientes al ámbito privado-empresarial que se encuentran relacionados a la temática de alquileres y que operan en la ciudad". Según especificó, "uno de ellos es el tribunal arbitral para asuntos inmobiliarios, creado por la CAPHyAI^[1], la CRCI^[2], y la Cámara Argentina de Tierras y Urbanizaciones; y el segundo es un Tribunal Arbitral de Propiedad Horizontal (TAPHRA) creado por FRA^[3]".

Por último, concluyó: "la creación de los centros de arbitraje en cada una de las comunas, sería beneficioso para brindar a los ciudadanos un conocimiento más acabado sobre los derechos y obligaciones que les competen en este tipo de relación"

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[1] CAPHyAI: Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias.

[2] CRCI: Corporación de Rematadores y Corredores Inmobiliarios.

Ahora cada legislador tiene su aplicación para celular

[BPN-23/10/15] Muy poco interés despertó en los usuarios locales las aplicaciones para móviles que se desarrollaron recientemente para los 60 legisladores porteños. Igual pobre resultado habían logrado las realizadas para los cinco defensores adjuntos del pueblo.

En ambos casos, las aplicaciones no presentan ningún material original, todo lo que muestran se puede conseguir con una PC y una conexión WiFi en los sitios de la Legislatura, de la Defensoría del Pueblo, en Twitter y Facebook.

Cabe destacar que no sólo cada uno de ellos tiene su propia app, sino que existe una oficial para la Legislatura porteña, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de la Discapacidad y la Defensoría del Turista. A la fecha no trascendió cuánto costaron estas decepcionantes experiencias a los contribuyentes porteños.

La aplicación oficial de la Legislatura porteña -al cierre de esta edición y según Google Play- tuvo entre 100 y 500 descargas. En cuanto a las apps particulares de cada legislador, 4 fueron instaladas entre 10 y 50 veces, 13 entre 5 y 10 veces y 41 entre 1 y 5 veces solamente. Asimismo, las aplicaciones de dos legisladores, Edgardo Form (Partido Solidario) y Gabriela Seijo (PRO), se supone que no obtuvieron descargas porque ni siquiera figura la cantidad.

Ya en detalle, Cristian Ritondo (PRO), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Paula Penacca (FpV) y Paula Beatriz Villalba (PRO) fueron los legisladores cuyas aplicaciones tuvieron más descargas: entre 10 y 50 cada una.

Las aplicaciones de los legisladores están disponibles desde el pasado lunes 17 de agosto y cuentan con 7 secciones tituladas: "Facebook", "Twitter", "Notas", "Quien soy", "Proyectos", "Comisiones" y "Links".

Según Google Play, desde el 25 de noviembre del año pasado hasta el cierre de esta edición las apps de los defensores adjuntos Oscar Zago (PRO), Lidia Saya (PRO) y María América González (Buenos Aires para todos) tuvieron entre 10 y 50 instalaciones cada una. Por su parte, la aplicación de José Palmiotti (UCR/PRO) y la de Claudio Presman (UCR) tuvieron entre 1 y 5 descargas cada una.

Mientras que la aplicación oficial de la Defensoría del Pueblo de la CABA obtuvo entre 1.000 y 5.000 instalaciones, la de la Defensoría de la Discapacidad tuvo entre 50 y 100 y la del Turista entre 10 y 50. Es de destacar que otra de las apps elaboradas por ese organismo es "Padrón Ciudad 2015", la cual tuvo entre 10 mil y 50 mil descargas.

Ni esos fueros ni esa dieta

[BPN-23/10/15] Si Víctor Santa María, secretario general del SUTERH ^[1], es electo para ir al ParlaSur, no tendrá fueros especiales, sólo la inmunidad necesaria para protegerlo de las consecuencias de sus opiniones en el ejercicio de su cargo. Así lo estableció la Cámara Electoral Nacional (CNE) cuando el pasado jueves 15 dispuso que los parlamentarios del MerCoSur que se elegirán el próximo 25 de octubre, no gozarán de los mismos fueros que un diputado nacional. Cabe destacar que si en los comicios se mantienen los resultados obtenidos por el Frente para la Victoria en las PASO^[2], el dirigente sindical será parte de ese organismo.

Por otro lado, el pasado jueves 8 de octubre, la diputada nacional por la CABA, Ana Carla Carrizo (ECO), presentó un proyecto de ley para reducir a la mitad el salario de esos diputados que hasta el momento sería de 70 mil pesos mensuales más viáticos.

El fallo -que fue dictado por unanimidad y que llevó las firmas de los camaristas Santiago Corcuera, Alberto Dalla Via y Rodolfo Munné- dispuso que "las inmunidades reconocidas por la Constitución Nacional para los miembros integrantes del Congreso no podrían extenderse por una ley linealmente a supuestos no previstos por los constituyentes". Y argumentó que las "inmunidades no son garantías individuales sino inmunidades propias de la función que la Constitución –y no la ley- concedieron de manera restrictiva a los legisladores nacionales".

Es de recordar que la Ley nacional 27.120 -sancionada el 29 de diciembre de 2014 e impulsada por el oficialismo- equipara los fueros de los parlamentarios regionales con los de los diputados nacionales.

En otro orden de cosas, la diputada Carrizo en un proyecto –que ingresó bajo el número de expediente 5521-D-2015- propuso modificar el inciso e) del artículo 16° de la Ley 27.120 para que la dieta de los parlamentarios del Mercosur sea del 50% de un diputado y además no goce del beneficio por desarraigo.

En los argumentos de su iniciativa, la legisladora explicó que el ParlaSur todavía no realiza las funciones que un parlamento debe realizar: legislar, controlar y representar. En este sentido, se preguntó: "¿por qué los representantes argentinos tendrían que estar sujetos al mismo régimen remuneratorio que un diputado nacional cuando solamente realizan reuniones esporádicas y sus decisiones en ejercicio de representación de la ciudadanía no tienen impacto en el proceso decisional?".

Teniendo en cuenta que en las PASO el Frente para la Victoria ingresó 8 candidatos -estando Santa María en el puesto número 7-, los resultados de las próximas elecciones deberían ser bastante diferentes para que el titular del SUTERH no vaya al ParlaSur. De ser electo, el dirigente sindical asumirá el próximo 14 de diciembre.

Una posible segunda vuelta –aun cuando el ganador de la primera pierda- sólo podrá definir los cargos de presidente y vicepresidente de la Nación y no el resto de los puestos ya votados en los comicios de octubre

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[1] SUTERH: Sindicato Único de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal.

[2] PASO: Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias.

La escala que está vigente -Setiembre de 2015- será la escala a aplicar hasta el mes de mayo de 2016 inclusive, salvo modificaciones futuras.

En el mes se festeja el 2 de octubre el "Día del Encargado". Si el encargado ese día concurre a su trabajo se deberá abonar como cualquier feriado. Si no lo trabaja -al igual que un feriado cualquiera- no se debe ni pagar ni descontar.

¡Feliz día a todos los trabajadores y trabajadoras de edificios!

Rincón Solidario

Quiere seguir hasta diciembre

Estimada gente, mi pregunta es la siguiente:

En el edificio donde vivo la encargada se jubiló.

¿Qué es lo que tiene que hacer el administrador para desvincularla?

Por otra parte, la propuesta de la encargada es que quiere seguir hasta diciembre, o sea tres meses más.

¿Se puede sin ningún perjuicio?

¿Qué se debe hacer?

Muchas gracias.

Alejandro [Mar del Plata]

(07/10/2015)

Estimado Alejandro:

Más allá de que es obligación del administrador conocer sus obligaciones y/o al sólo efecto de evitarle conflictos a usted y demás copropietarios, le transcribo el artículo pertinente de la Ley de Contrato de Trabajo:

En el caso que nos ocupa el administrador debe notificar a la encargada mediante una carta documento extinguiendo el contrato de trabajo, emplazándola para que en 30 días desocupe la vivienda y poner a su disposición la liquidación final y certificado de servicios.

Con relación al plazo de desocupación, el administrador -si los copropietarios quieren otorgarle ese beneficio- deberá llamar a una asamblea y si ésta así lo dispone, puede otorgarle lo solicitado por la empleada (quien peticionará por escrito).

A fin de evitar cuestiones judiciales, le sugiero que se firme un convenio ante la autoridad competente dejándose constancia del día y hora de la fecha de desocupación de la vivienda de portería.

Espero haberle contestado satisfactoriamente. 

Cordialmente

María Cristina Carrera

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La Dra. María Cristina Carrera es abogada especialista en derecho laboral y para cualquier consulta se le puede escribir a dramccarrera@yahoo.com.ar o llamarla al teléfono (15)5466-9921.

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