El Libro de Datos 2015 consumió 12 toneladas de papel

[BPN-12/11/15] Para producir el Libro Periódico de Datos 2015 se consumieron más de 12 toneladas de papel para lo cual se talaron 33 toneladas de árboles. Desde su creación en el año 2012, para la confección de los sucesivos libros se utilizaron más de 48 toneladas de papel manufacturadas con 133 toneladas de árboles. Hoy la tendencia, tanto en el país como en el mundo, es la de digitalizar los documentos para ahorrar su consumo porque se sabe que la industria del papel contamina el agua, el aire y provoca trastornos en el organismo humano.

Por otra parte, ya en el terreno económico, esta forma de registro manual de las novedades que se producen en los consorcios costó a los vecinos porteños 34 millones de pesos los que –en billetes de 100- pesaron 325 kilogramos de papel moneda. Es de destacar que los libros no se aprovechan totalmente y deben ser renovados anualmente independientemente de la cantidad de hojas sin usar que puedan poseer.

Si bien en julio del año pasado la Dra. Paula Scauzillo, coordinadora interina del Registro Público de Administradores (RPA) de la CABA, había informado que estaban trabajando en un libro de datos digital, desmintió el anuncio cinco meses después.

Es llamativo que el pasado lunes 9 de noviembre el RPA comunicó que "se encuentra disponible el Libro de Datos 2016" siendo que el Gobierno porteño sólo debería proveer las obleas de ese instrumento –como de tantos otros- mientras que la confección y comercialización debería correr por cuenta de los actores privados. Sin embargo -en una mezcla inexplicable- así lo informó mediante una circular distribuida ese mismo día.

Un Libro de Datos 2015 rubricado pesa 134 gramos. Por otro parte y aunque en la actualidad no hay números exactos, diversas fuentes señalan que en la ciudad de Buenos Aires hay alrededor de 90 mil edificios de propiedad horizontal. Como cada consorcio debe poseer uno por año, si se suma el peso total de libros, da como resultado 12,06 toneladas de papel.

Según un informe de Greenpeace elaborado en febrero de 2006^[1], producir una tonelada de papel virgen requiere de unas 2 a 3,5 toneladas de árboles para ser procesadas en una planta de celulosa. En conclusión, para fabricar los libros de datos 2015 se habrían talado 33 toneladas de árboles.

El "Grupo Separado No es Basura"^[2] aporta otro dato interesante: sostiene que para fabricar una tonelada de papel es necesario talar 17 árboles, con lo cual es de suponer que para elaborar los libros de datos de este año, se talaron 205 árboles y 820 para confeccionar los que hicieron falta desde el 2012 –año en que Juan Manuel Gallo^[3] lo impuso mediante la Disposición 1.809 (BO 28/09/12)- hasta ahora.

Por otro lado, de acuerdo a otro informe de Greenpeace ^[4], la industria de la pulpa y el papel pone en peligro el sustento de los pueblos y tiene impactos negativos en la salud, el bienestar y la estabilidad de las comunidades locales. Además, la producción de papel genera contaminantes del aire y el agua, productos residuales y gases que agravan el cambio climático. Esta industria también es uno de los mayores consumidores de materias primas, como el agua dulce, la energía y la masa forestal.

Según este informe, en el marco de la elaboración del papel, para el proceso de "blanqueo de la pasta" se utiliza cloro y como este gas es extremadamente reactivo, se combina con la materia orgánica de la pasta y produce miles de nuevos compuestos conocidos como organoclorados.

Conforme a Greenpeace, el empleo de cloro como agente blanqueador creó problemas de contaminación y de salud para trabajadores y consumidores. Muchos organoclorados resisten la degradación natural y se acumulan a través del tiempo en el ambiente. Se han encontrado compuestos de este tipo provenientes de las plantas de pasta y papel en los sedimentos, en las aguas, en los organismos vivos, en el aire y en los mismos productos de papel.

De acuerdo a este informe, mundialmente, las industrias papeleras son las principales fuentes de compuestos organoclorados a los cursos de agua. Estos compuestos afectan la vida acuática y se almacenan en los tejidos grasos de los organismos, bioacumulándose a lo largo de la cadena alimentarla. En los seres humanos provocan trastornos de los sistemas inmunológico, nervioso y reproductor. Entre los organoclorados identificados hasta ahora en los efluentes existen también numerosos compuestos cancerígenos y mutagénicos.

Según averiguó este medio, dos de las entidades de administradores que firman los Convenios Colectivos de Trabajo del sector venden el Libro de Datos 2015 rubricado por 380 pesos en promedio. Teniendo en cuenta que esta obligación es anual y que en la ciudad habría 90 mil consorcios, esta obligación le costaría a los consorcistas porteños 34.200.000 pesos por año.

El 26 de noviembre del 2014, el RPA porteño le informó a la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) que el Libro Periódico de Datos para el 2015 iba a seguir siendo en formato papel y no digital "como en algún momento se adelantó". Se desmintió así lo expresado el 7 de julio de 2014 por la Dra. Paula Scauzillo, quien había adelantado que el RPA estaba trabajando en un nuevo "Libro de Datos Digital" que iba a remplazar al actual en papel

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[1] "Una Visión Común para Transformar la Industria Europea del Papel" Informe del 1° de enero de 2006, según lo acordado en la reunión del Movimiento Forestal Europeo (FME) el 2 de octubre de 2005

[2] Separados no es basura: Es un grupo de ciudadanas, encabezado por Patricia Coppel de Kronemeyer, que inició en el 2005 la tarea de establecer en Mazatlán Sinaloa (Mexico) un proyecto de separación de residuos sólidos domésticos, siendo su objetivo principal evitar que productos reciclables se conviertan en basura.

[3] Exdirector general de Defensa y Protección de Consumidor de la CABA.

Acción de inconstitucionalidad contra la Ley 941

[BPN-12/11/15] El pasado jueves 5 de noviembre, el Dr. Ezequiel Nino, asesor jurídico de AIPH^[1], adelantó que iniciará una acción para declarar la inconstitucionalidad de la Ley 941 -que creó y regula el Registro Público de Administradores (RPA) porteño- porque hay cuatro artículos que se contradicen con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (CCyC) <texto original>.

Este anuncio lo hizo ese día en el marco de su disertación en el evento organizado por esa entidad de administradores bajo el lema: "Bajo el mismo techo, paradigma que se abre en la propiedad horizontal".

En primer lugar, el Dr. Nino señaló: "el artículo 3° de la Ley 941 permite que solamente los propietarios que residan en unidades funcionales puedan ser administradores voluntarios. Sin embargo, el artículo 2.065° del Código explicita que el administrador es un representante legal del consorcio y puede ser un propietario, un tercero, una persona física o jurídica. El CCyC no distingue entre administrador rentado y voluntario".

Según el letrado, "es clara la contradicción en cuanto a que si el Código Civil permite que los administradores sean por ejemplo una persona jurídica, la ley local no la puede contradecir".

En segundo lugar, el asesor jurídico de AIPH indicó: "otro artículo donde es claro el choque, es el que tiene que ver con el plazo de días que le dan a los administradores en caso de renuncia, cese o remoción para poner a disposición de los consorcistas los libros y documentación relativos a su administración".

De acuerdo al Dr. Nino, "la Ley 941 estableció el plazo en 10 días mientras que el Código lo establece en 15 días. Esto es bien matemático: no puede haber dos números distintos conviviendo para el mismo tipo de obligación".

En tercer lugar, el abogado patrocinante de la entidad que nuclea a los administradores, explicó que en la Ley 941 "hay una norma que pone las auditorías en cabeza de profesionales de Ciencias Económicas o si es una auditoría legal en cabeza de un profesional del derecho" y agregó: "en el Código no se prevén limitaciones de este tipo, con lo cual la Ley 941 está yendo más allá de lo que el CCyC prevé".

En cuarto lugar, el letrado aseguró: "sobre la duración del mandato, la Ley 941 establece que salvo disposición en contrario del reglamento, el plazo es de un año para el ejercicio de su función pudiendo ser renovado por asamblea ordinaria o extraordinaria, con mayoría estipulada en el reglamento o en su defecto por los dos tercios de los propietarios con mínimo quórum".

Según explicó el Dr. Nino, "en cuanto a cómo se toman las decisiones en los consorcios, el Código es mucho más amplio, le da más libertad al consorcio y no prevé este tipo de plazos o de mayorías. El CCyC no otorga ese plazo y además no establece una mayoría tan exigente".

El evento que se desarrolló desde las 17 hasta las 21 horas en el Hotel Circulo Oficiales de Mar (COM), ubicado en Sarmiento 1867, contó con una breve apertura del Adm. Marcelo Ruiz, presidente de AIPH y las ponencias del Dr. Eduardo Molina Quiroga, el Dr. Daniel Elizondo y el Dr. Bartolomé Orfila. Asistieron entre 110 y 120 personas.

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Las contradicciones de la Ley 941

[BPN-12/11/15] La Justicia porteña dictaminó que hay una contradicción entre dos artículos de la Ley 941 que creó y regula el Registro Público de Administradores (RPA) de la ciudad de Buenos Aires: en un inciso exime de registrarse a los administradores voluntarios y en otro constituye en infracción a los que no están inscriptos.

La Sala I de la Cámara de Apelaciones porteña en lo Contencioso Administrativo y Tributario arribó a esta conclusión el pasado 25 de septiembre cuando declaró la nulidad de la sanción que le impuso el Gobierno porteño a una vecina que administró su propio consorcio -en carácter de voluntaria- por no inscribirse en el RPA. Ya en detalle, esta sanción la había dispuesto la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC) mediante la Disposición 1.881.

Según fuentes periodísticas, en el recurso directo planteado ante la Cámara, la mandataria sancionada cuestionó la decisión de aplicarle una multa de 23.304 pesos equivalentes a cuatro salarios mínimos de un encargado de edificio (en ese momento), por no estar inscripta en el RPA.

Textualmente el artículo 3º expresa: "Se denominan administradores voluntarios a todos aquellos propietarios que residan en unidades funcionales de edificios y cumplan la función de administrador sin percibir retribución alguna".

Por su parte el inciso a) del artículo 15° determina: "Son infracciones a la presente ley: a) El ejercicio de la actividad de administrador de consorcios de propiedad horizontal sin estar inscripto en el Registro creado por la presente ley, con excepción de lo dispuesto en el Artículo 3º".

Por último, el inciso f) del artículo 15° establece: "Para el caso de los administradores a título voluntario/gratuito, la única infracción será la no inscripción en el Registro".

Es así que el artículo 3º define la figura del administrador voluntario y el inciso a) del artículo 15º determina que salvo para los administradores voluntarios será una infracción administrar sin estar registrado. Sin embargo, el inciso del mismo artículo establece que el no registrarse será la única infracción en la que puede incurrir.

En el fallo, los magistrados Fernando Juan Lima y Fabiana Schafrik de Nuñez manifestaron que "de la lectura comparativa de lo establecido en el artículo 15, incisos a) y f), puede colegirse una clara contradicción con lo dispuesto con respecto a los administradores voluntarios, por cuanto por un lado se estableció que estarían eximidos de la infracción por no inscribirse –Inc. a)– mientras que, por otro, sería la única infracción en la que podría incurrir el administrador que reúna dichas características –Inc. f)–".

Aoun habilitó tres nuevas entidades para dictar los cursos

[BPN-12/11/15] El pasado miércoles 21 de octubre, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires autorizó a tres nuevas entidades para que dicten los cursos de inscripción y renovación que el Registro Público de Administradores (RPA) porteño le exige con las Declaraciones Juradas (DDJJ) anuales a los mandatarios de los consorcios.

Las entidades habilitadas fueron Gestionar Soluciones Integrales para Administraciones, el Instituto Nacional de Servicios y Empresas (INSE) y VAPLO Recursos Humanos y Gestión Empresaria.

Estos organismos se sumaron a los 27 ya autorizados para brindar los cursos. De los 30 habilitados actualmente, 26 dictan el curso de inscripción y 29 el de renovación de la matrícula. Es de tener en cuenta que si se suman estos dos números, el resultado es superior al total de entidades (30), porque la mayoría brinda ambos tipos de cursos.

Las entidades habilitadas en orden alfabético son las siguientes:

1) Asociación Civil de Administradores de Consorcios de la Propiedad Horizontal (AIPH).

2) Asociación Civil de Defensa del Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal (ADEPROH).

3) Asociación Civil Formando Ciudadanos.

4) Asociación de Fomento de Villa Devoto.

5) Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal (AIERH).

6) Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI).

7) Centro de Estudios Nueva Vida.

8) Centro Ibero Americano de Estudios Internacionales e Interdisciplinarios (CEDEII).

9) Centros de Educación No Formal del Gobierno de la CABA.

10) Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF).

11) Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la CABA (CPCE).

12) Consultora Ediseg

13) Dirección Bienestar Ejército Argentino.

14) Estudio Jurídico Awad y Asociados.

15) Estudio Jurídico Juan Iglesias.

16) Fundación Liga del Consorcista de la Propiedad Horizontal (LCPH).

17) Fundación Reunión de Administradores (FRA)

18) Gestar Grupo Educativo.

19) Gestionar Soluciones Integrales para Administraciones

20) Instituto Capacitación Inmobiliaria (ICI).

21) Instituto de Investigación y Perfeccionamiento (IDIP)

22) Instituto Legislativo de Capacitación Permanente (ILCP).

23) Instituto Nacional de Servicios y Empresas (INSE)

24) [Sistemas] Administrativos SA.

25) Unión Administradores de Inmuebles (UADI).

26) Universidad Abierta Interamericana (UAI).

27) Universidad Católica Argentina (UCA)

28) Universidad de Buenos Aires (UBA).

29) Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Cursos de propiedad horizontal para alumnos secundarios

[BPN-12/11/15] El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) capacitará a los alumnos de las escuelas secundarias de la ciudad de Buenos Aires sobre propiedad horizontal. En este sentido el CPACF firmó un convenio con el Ministerio de Educación porteño. Así lo informó este Colegio el pasado 20 de octubre mediante un comunicado publicado en su sitio Web.

Puntualmente, el acuerdo fue suscripto entre Esteban Bullrich, ministro de Educación de la CABA, y el Dr. Eduardo Awad, presidente del CPACF y director del Instituto de Derecho de Propiedad Horizontal de esa entidad.

Según informó el Colegio, "ambos organismos acordaron coadyudar al mejor cumplimiento de las funciones del ministerio entre las que se encuentra la implementación de políticas y programas educativos con la finalidad de contribuir al desarrollo individual y social, promoviendo y fortaleciendo la iniciativa privada en función del bien común".

Elecciones en la CAPHyAI

[BPN-12/11/15] El próximo 16 de diciembre, los socios de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) elegirán 19 miembros de su Consejo Directivo y dos de su Tribunal de Cuentas. Para tal fin la entidad convocó a una asamblea general ordinaria durante la que se considerará también su situación financiera y estados contables.

Hasta las 17 horas del jueves 3 de diciembre se recibirán en la sede de la CAPHyAI las listas de candidatos para integrar ambos órganos. Todo hace suponer que se presentará una lista única.

Según informó la Cámara, el orden del día abarca cinco puntos:

1) Designación de dos socios para firmar el acta juntamente con el Adm. Daniel Tocco, vicepresidente primero de la entidad a cargo de la presidencia, y el Adm. Arturo Molina, su secretario.

2) Consideración de la Memoria, Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Recursos y Gastos, Estado de Evaluación del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y demás cuadros y anexos, e Informe del Tribunal de Cuentas por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2015. Estos documentos estarán a disposición de los socios 15 días antes de la asamblea en la sede de la CAPHyAI de lunes a viernes de 11 a 18 horas.

3) Elección de 11 miembros titulares y 8 miembros suplentes del Consejo Directivo por renovación total del mismo.

4) Elección de tres miembros titulares y dos miembros suplentes del Tribunal de Cuentas por renovación total del mismo.

5) Proclamación de las nuevas autoridades.

Para poder votar los socios deberán estar al día con sus cuotas sociales.

El anuncio lo realizó la entidad el pasado viernes 23 de octubre mediante una circular firmada por los administradores Tocco y Molina. Del texto se desprende que a partir de una reunión celebrada el 21 de ese mes, el Consejo Directivo dispuso convocar a los socios a una asamblea general ordinaria que se llevará a cabo el miércoles 16 de diciembre a las 17 horas en la sede de la entidad, ubicada en la calle Perú 570.

Pequeñas Noticias sorteará 40 tazas entre sus lectores

[BPN-12/11/15] A partir de esta edición, la redacción de este medio sorteará quincenalmente entre sus lectores y seguidores de las redes sociales cinco tazas de café de Pequeñas Noticias. Este producto es para coleccionistas y se produjo una edición limitada de 50 unidades.

Se sortearán dos tazas entre los suscriptos al boletín electrónico, dos entre los seguidores de Facebook y una entre los de Twitter.

El sorteo comienza a partir de esta misma edición y en el número que viene se publicará la primera lista de ganadores. Éstos dispondrán de 30 días corridos para retirar sus tazas. Pasado ese lapso de tiempo se volverán a sortear.

Los interesados en participar pueden hacerlo de tres formas:

b) Compartiendo en Facebook la imagen que hace referencia al sorteo que posteará este medio en su cuenta con la publicación de cada edición.

Desmienten que los consorcios deban llevar balances contables

Durante su disertación, la Cra. Corzo señaló que el artículo 320° del nuevo Código Civil y Comercial establece que las personas jurídicas están obligadas a llevar contabilidad y aseguró que este tema produjo una confusión por parte de los medios.

Según la especialista en propiedad horizontal, "por ahora el consorcio es una persona jurídica y el Código dice que las personas jurídicas tienen que llevar libros. Sin embargo, el consorcio ya llevaba antes contabilidad mediante el Libro de Actas y el Libro de Administración".

De hecho, el inciso i) del artículo 2.067° del nuevo Código establece que el administrador debe "llevar en legal forma los libros de actas, de administración, de registro de propietarios, de registros de firmas y cualquier otro que exija la reglamentación local".

Conforme explicó la contadora, "se dice que los consorcios también tienen que llevar el libro de diario y el libro de inventarios y balances pero el mismo Código en su artículo 320°, así como dice que las personas jurídicas tienen que llevar libros, también dice que pueden eximirse de llevarlos".

Puntualmente, el último párrafo del artículo 320° determina que "….también pueden ser eximidas de llevar contabilidad las actividades que, por el volumen de su giro, resulta inconveniente sujetar a tales deberes según determine cada jurisdicción local".

Por último, la Cra. Corzo concluyó: "si el consocio ya tenía sus libros y ahora específicamente el Código le marca cuáles son, hay que llevar estos libros pero no los de las sociedades o las empresas. Esto es lo que creo yo que no está bien interpretado y ha generado mucha confusión".

Al respecto, la Dra. Diana Sevitz, agregó: "no se asusten porque no es lo que están diciendo los medios. Eso está todo mal".

El evento de Roela que fue totalmente gratuito, se llevó a cabo el pasado martes 20 de octubre, desde las 18 hasta la 20:30 horas, en el auditorio de la entidad crediticia en su sede de Tucumán 767. Las palabras de apertura estuvieron a cargo del subgerente comercial, Daniel Rodas, y el gerente de producto de la entidad, Cr. Marcelo Cremona.

Este último expresó: "en el marco del Día del Administrador, la idea era hacerles un homenaje a ustedes [los mandatarios] y decidimos que tal vez la mejor manera de hacerlo es darles conocimientos. Por eso tenemos a estas invitadas de lujo que son la Dra. Diana Sevitz y la Cra. Liliana Corzo".

Para finalizar, el Cr. Cremona destacó: "si bien nosotros tenemos como clientes a colegios, cooperativas, mutuales, municipalidades, en fin, todos los que recaudan, ustedes [los administradores] son nuestro grupo más preciado, el grupo de clientes más querido y quienes nos ha permitido seguir creciendo y evolucionando".

La respuesta de la comunidad consorcial a la convocatoria del Banco Roela excedió las expectativas de los anfitriones de tal manera que debieron agregar una nueva fecha para esa misma disertación en la Ciudad de Buenos Aires y otra en Córdoba.

¿A qué versiones periodísticas hacían referencia Diana Sevitz y Liliana Corzo? A mediados de julio el Cronista Punto Com y otros medios habían publicado una nota titulada "A partir de agosto se les exigirá contabilidad a consorcios e iglesias" que trajo inquietud y debate en la comunidad consorcial.

En el prólogo de la obra -que estuvo a cargo del Prof. Jorge Aurelio Alonso, asesor académico- éste señaló: "la claridad de conceptos, la simplificación de ejemplos, los casos prácticos, la cita de fallos recientes, la aclaración de dudas, la amplitud de temas convergentes a la administración de consorcios y hasta una clase de ‘resolución de conflictos’ sustentan este verdadero tratado, indispensable para quienes ejercen la administración de consorcios y sumamente útil para los mismos consorcistas".

El libro editado por "Lulemar Ediciones", cuenta con 296 páginas en blanco y negro. Su tapa es de color rojo y presenta una foto de edificios tomada por el fotógrafo Marcelo Sevitz. En la contratapa –que es del mismo color- figura una foto de cada una de las autoras. La corrección estuvo a cargo de Diana Evelin Person.

La obra está dividida en tres partes: un prólogo, 16 capítulos y la biografía de ambas escritoras. Los capítulos son: "Fundamentos de la reforma del Código Civil y Comercial", "El consorcio como persona jurídica", "Derechos reales", "Reglamento de Propiedad Horizontal", "Cosas propias y comunes", "Documentación del Consorcio y rendición de cuentas", "Liquidación de expensas", "El administrador", "Derechos y obligaciones de los propietarios", "El consejo de propietarios", "Asambleas", "Personal de consorcio", "Edificios con amenities", "Subconsorcios y conjuntos inmobiliarios", "Normativa especial en jurisdicciones" y "Resolución de conflictos".

La Dra. Sevitz es abogada y mediadora oficial egresada de la Universidad de Morón. Colaboró con el libro "Propiedad horizontal, countries, barrios cerrados y otro emprendimientos" de Editorial La Ley (2010) y con el libro "Principios de la gestión del administrador de consorcios" de Editorial Bre (2008). Actualmente colabora en el Rincón Solidario y la sección Gestión Profesional de Pequeñas Noticias.

CUCICBA apeló el fallo que lo obligaba a brindar información

[BPN-12/11/15] El pasado martes 3 de noviembre, el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) apeló un fallo de la Justicia porteña que lo obligaba a brindar información acerca de las medidas que toma contra las inmobiliarias que cobran comisiones por encima de lo que la ley les permite.

El legislador porteño Fernando Muñoz (Bloque Liberación) había promovido una acción de amparo y la Justicia había fallado a su favor: había dictaminado que "la conducta asumida por el colegio no satisface en absoluto el derecho de acceso a la información que la jurisprudencia y doctrina han establecido como estándares mínimos de protección, atento las respuestas genéricas y evasivas esgrimidas por la demandada".

La acción de amparo había sido iniciada el 20 de agosto por "respuestas vagas e imprecisas, esquives y mentiras" a dos pedidos formales del legislador Muñoz para que CUCICBA explique los motivos por los cuales los montos de las comisiones que cobran los inmobiliarios superan el valor establecido en la Ley 2.340.

Es de recordar que de los artículos 7° y 8° de la Ley de Información Pública (Ley 104) se desprende que habiendo transcurrido más de 10 días hábiles desde la presentación del pedido de informes y sin haber recibido respuesta, el legislador quedaba habilitado a iniciar una acción de amparo.

El pasado 28 de octubre, la sentencia del juez Marcelo López Alfonsín, titular del juzgado 18 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, había estableció que el colegio debía brindar "dentro del plazo improrrogable de cinco días hábiles" la información solicitada por Muñoz y que ésta debía ser "específica, clara y concreta, sin remisiones o vinculaciones a sitios informáticos u otros documentos o soportes". Sin embargo, cinco días después, CUCICBA apeló el fallo.

La causa que lleva el número de expediente A35446-2015/0 había sido caratulada como "Muñoz Fernando contra Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la CABA sobre amparo".

Llaman a no votar a Macri

[BPN-12/11/15] El Frente de Inquilinos Nacional (FIN) llamó a no votar a Mauricio Macri en las elecciones del próximo 22 de noviembre. Denunció que durante su gestión en la ciudad de Buenos Aires el candidato del PRO no construyó ninguna vivienda social, su programa "Alquiler se Puede" solo benefició a 10 familias y delegó la política de vivienda al mercado inmobiliario.

El documento difundido por Facebook fue firmado por las organizaciones integrantes del Frente: Inquilinos Agrupados (CABA), Unión de Inquilinos Neuquinos, Unión de Inquilinos de Rio Negro, Asociación de Inquilinos La Pampa, Asociación Platense de Inquilinos (Prov. de Buenos Aires), Unión de Inquilinos Ushuaia (Tierra del Fuego), Unión de Inquilinos Tierra del Fuego, Inquilinos Autoconvocados de Rosario y Unión de Inquilinos de Chubut.

El FIN explicó que a principios de este año, Mauricio Macri lanzó una campaña publicitaria del programa "Alquilar se Puede", a través del cual el Banco Ciudad otorga garantías y préstamos a inquilinos porteños. A pesar de haber gastado 80 millones de pesos en publicidad, sólo 10 familias -de las 15.000 inscriptas- accedieron al plan, denunció el Frente.

Desde la organización aseguraron que "fue una estafa, una mentira. Un movimiento de campaña que engañó a los votantes e ilusionó a los inquilinos de todo el país con un programa inútil".

En otro orden de cosas, la entidad afirmó que el PRO no construyó una sola vivienda social y que los créditos hipotecarios del Banco Ciudad "son tan inaccesibles para las familias, como redituables para las constructoras".

Advirtió también que "la política de vivienda en la CABA ha sido delegada al mercado inmobiliario. Mercado profundamente cruel, injusto y abusivo que impone sus leyes obligándonos a firmar contratos extorsivos y destinar todos nuestros ahorros a pagar las excesivas comisiones".

Se aprobó el Día del Inquilino

[BPN-12/11/15] El primer lunes de octubre de cada año se celebrará el "Día del Inquilino" en la ciudad de Buenos Aires. Así lo dispuso el pasado jueves 5 de noviembre la Legislatura porteña cuando aprobó por unanimidad un proyecto de ley que había presentado Fernando Muñoz (Bloque Liberación).

Esta nueva ley también prevé que ese día se llevarán a cabo actividades de difusión de la "problemática" de los inquilinos y sus derechos a través de la Secretaría de Comunicación Social de la CABA.

En los fundamentos de su proyecto, el legislador alineado con el Frente para la Victoria señaló: "establecer un Día del Inquilino no es fijar una fecha más en el calendario, es abrir una instancia para difundir la problemática de los inquilinos y es también, un reconocimiento a un sector trascendental en la vida de la ciudad".

Es de recordar que el primer lunes de octubre de cada año también se celebra el Día Internacional del Inquilino en todo el mundo. Esta fecha fue instituida en mayo de 1986 por el Consejo de la Unión Internacional de Inquilinos. La elección se debió a que en diciembre de 1985 la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el primer lunes de octubre como el "Día Mundial del Hábitat" (Resolución 40).

El proyecto que ya se convirtió en ley, fue elaborado conjuntamente con la organización Inquilinos Agrupados. Se presentó el pasado lunes 8 de junio bajo el número de expediente 1262-D-2015 y el lunes 5 de octubre fue aprobado por la Comisión de Vivienda.

Ese mismo día se había desarrollado el primer Festival de Inquilinos en la puerta de la Legislatura porteña para festejar el Día Internacional del Inquilino. El evento que se llevó a cabo bajo la consigna "Por la creación de la Defensoría del Inquilino", fue organizado por Fernando Muñoz y por su hijo Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados

Víctor Santa María se postula como vice de José Beraldi

[BPN-12/11/15] Víctor Santa María, secretario general del SUTERH ^[1], se distanció de La Cámpora para finalmente ser candidato a vicepresidente segundo de Boca Juniors compartiendo fórmula con José Beraldi en las elecciones que se realizarán el próximo 6 de diciembre. Así lo anunció La Política Online el pasado jueves 5 de noviembre.

De acuerdo a ese medio, Beraldi, un empresario que fue parte de la primera etapa del macrismo en el club, le exigía a Santa María que se desprendiera del camporista Santiago Carreras quien iba a ser su candidato a vicepresidente bajo el frente Boca Somos Todos.

El viernes 6 de noviembre, los protagonistas de la alianza confirmaron el acuerdo. En su cuenta de Facebook, el titular del gremio que nuclea a los encargados de edificio expresó: "nos unimos porque Boca necesita de todos, porque ante todo somos bosteros y por sobre cualquier interés personal está el club; a diferencia de quienes dicen ser opositores y sólo rompen lo que dicen defender, fortaleciendo al oficialismo".

Con este acuerdo, hasta el momento serían tres las fuerzas que pelearían por la conducción del club xeneize: José Beraldi cuyo vicepresidente primero será Rómulo Zemborain, el macrista Daniel "Tano" Angelici que va por la reelección y Jorge Amor Ameal de la agrupación "Por Amor a Boca". Este último anunció que su candidato a vicepresidente será el periodista Mario Pergolini.

Según informó La Política Online, como Santa María no tenía agrupación habilitada para competir en los comicios xeneizes, inexorablemente debía cerrar un acuerdo con otro sector. Conforme a ese medio digital, para acercar posiciones con Beraldi –quien maneja una gigantesca empresa de camiones y preside el club GEBA-, Santa María ya había comenzado a borrar de su campaña a Carreras quien al conocerse la nueva alianza que lo dejaría afuera, expresó que se gestó "sin caprichos personales"

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Finalmente Víctor Santa María se consagró para el ParlaSur

[BPN-12/11/15] Finalmente Víctor Santa María, secretario general del SUTERH^[1], irá al ParlaSur^[2] aunque sin fueros especiales. Este no es el único logro del gremialista en los últimos tiempos: el equipo de fútbol del club que preside, Sportivo Barracas, logró ascender a la primera C a fines de octubre.

Estos triunfos le permitirían al sindicalista acercarse a su sueño: ser parte de la conducción de Boca Juniors para –dentro de cuatro años- gobernar la ciudad de Buenos Aires, tal como lo había expresado en julio de este año.

Es de recordar que Santa María además preside el Partido Justicialista porteño, el Congreso Metropolitano del PJ Capital y la Confederación Argentina de Deportes (CAD). Asimismo, se desempeña como secretario general de la Federación Argentina de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal (FATERyH), como vicepresidente segundo del Consejo Económico y Social porteño y como representante de la Fundación Octubre ante el Consejo Superior de la UMET (Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo). En el rubro de los medios de comunicación, trabaja como director del Grupo Octubre y como editor general de Caras y Caretas.

En las elecciones del pasado 25 de octubre, Santa María fue electo para ir al ParlaSur, ocupando el puesto número siete en la lista del Frente Para la Victoria que ingresó ocho candidatos por distrito único. Desde el kirchnerismo, lo acompañarán Jorge Taiana, Agustín Rossi, Teresa Parodi, Daniel Filmus, Milagro Sala, Eduardo Valdez y Julia Perié.

De acuerdo con la Ley nacional 27.120 -sancionada el 29 de diciembre de 2014 e impulsada por el oficialismo- en los últimos comicios se debían elegir 43 representantes argentinos para el Parlamento del MerCoSur: 19 por distrito único nacional y otros 24: uno por cada provincia y uno por la CABA.

Conocidos los resultados del escrutinio, el Frente para la Victoria obtuvo 26 bancas; Cambiemos, 12; UNA^[3], cuatro, y Compromiso Federal, sólo una.

Los parlamentarios que asumirán el próximo 14 de diciembre no tendrán fueros especiales –como estaba previsto-, sino que sólo gozarán de la inmunidad necesaria para protegerse de las consecuencias de sus opiniones en el ejercicio de su cargo. Así lo definió la Cámara Electoral Nacional el pasado jueves 15 de septiembre.

Asimismo, todavía no se sabe cuánto cobraran por su labor ya que el jueves 8 de octubre, la diputada nacional por la CABA, Ana Carla Carrizo (ECO^[4]), presentó un proyecto de ley para reducir a la mitad el salario de esos diputados que hasta el momento sería de 70 mil pesos mensuales más viáticos.

En otro orden de cosas, el miércoles 21 de octubre, tras ganarle a Muñiz por 1-0 con un gol de Diego Dorregaray, Sportivo Barracas se coronó campeón de la Primera D y ascendió a la C.

De acuerdo a Diario Z, el club cobró un "increíble impulso" desde que se hizo cargo de la presidencia Víctor Santa María, en mayo de 2012. El Arrabalero había quedado desafiliado en la temporada 2011/12, y regresó a la competencia oficial de AFA^[5] -en la D- en agosto de 2013.

Parece que titular del SUTERH no se conforma con manejar un solo club: el próximo 6 de diciembre competirá por ser el vicepresidente segundo de Boca Juniors. Aunque en un principio peleaba por la presidencia del club, el pasado viernes 6 de noviembre anunció que será el candidato a vice segundo de José Beraldi por "Agrupación Boquense". <ver nota>

Por último, es de recordar que el pasado 10 de julio, Santa María reveló que deseaba ser parte de la conducción de Boca porque "quiere ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires". "Ahora es mi turno", habría asegurado el titular del gremio que nuclea a los encargados de edificio

[1] SUTERH: Sindicato Único de Trabajadores de Edificios Renta y Horizontal

[2] ParlaSur: Parlamento del MerCoSur

[3] UNA: Unidos por una Nueva Argentina.

[4] ECO: Energía Ciudadana Organizada.

El proyecto de honorarios de abogados tiene media sanción

[BPN-12/11/15] El pasado jueves 28 de octubre, la Cámara de Senadores de la Nación le dio media sanción al proyecto de ley que propone regular los honorarios de los abogados. La iniciativa impulsada por el Dr. Rodolfo Urtubey (FpV) deberá ser tratada en la Cámara de Diputados para convertirse definitivamente en ley. El 40% de los integrantes del senado son abogados. Por otra parte, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) fue quien "consiguió imponer" en el Senado la aprobación de la iniciativa. Así lo informó esa entidad en su sitio Web el mismo día de la votación.

El diario La Nación cuestionó el proyecto: denunció que responde a esquemas corporativos, que va en contra de la libre competencia y los intereses de los consumidores, y que el sector no necesita de esos privilegios.

De los 72 senadores nacionales, 28 (39%) también son abogados con lo cual se convierte en la profesión más numerosa dentro de ese órgano legislativo. Las demás actividades con mayor cantidad de profesionales dentro del Senado son: ingeniería, docencia, contaduría y escribanía.

Ya en detalle, actualmente la cámara alta está compuesta por cinco ingenieros (7%), cuatro profesores (6%), tres contadores (3%) y tres escribanos (3%). Asimismo, hay 23 (32%) senadores que se dedican a otras profesiones como medicina, economía y ciencias políticas, etc. Por último, nueve senadores (12,5%) no declararon su profesión.

Cabe aclarar que para una mejor lectura todos los decimales fueron redondeados según las reglas matemáticas convencionales y que la suma de todos los valores no da como resultado 100% porque hay senadores que se dedican a más de una actividad.

Aunque el proyecto se aprobó el pasado jueves 28 por unanimidad con 43 votos a favor, estaba previsto que se tratara en la sesión del miércoles 7 de octubre. Según informó el CPACF, en esa oportunidad "no pudo tratarse sobre tablas el proyecto de ley de honorarios por la negativa de unos pocos senadores encabezados por el radical Ernesto Sanz y la ‘llamativa’ ausencia o la intempestiva ‘desaparición’ de algunos otros".

La iniciativa que fue presentada el pasado 9 de septiembre propone –entre otras cosas- que los honorarios de los letrados sean considerados "alimentarios e inembargables", que tengan carácter ejecutivo, que sean estipulados por escrito y que no se pueda concluir un proceso si no se pagan.

Además, pretende que los honorarios mínimos "en asuntos no susceptibles de apreciación pecuniaria" sean estipulados de acuerdo a una Unidad de Medida Arancelaria (UMA), equivalente al 1,5% de la remuneración total asignada al cargo de Juez Nacional de Primera Instancia.

En su editorial del pasado jueves 22 de octubre, el diario La Nación advirtió: "el proyecto vuelve al pasado calificando de orden público la materia arancelaria, pretendiendo así imponer un privilegio para la clase profesional de los abogados, digno de esquemas corporativos que suponíamos superados", y afirmó que no hay nada "más contrario a la libre competencia y a los intereses de los consumidores".

Remarcó también que "disponer el carácter de orden público de los honorarios para los profesionales de la abogacía es proteger a quien por profesión no necesita protección y desproteger al consumidor que aspira a que los servicios jurídicos prestados por los abogados se condigan con la calidad y eficacia de la tarea desempeñada, y no necesariamente con relación al monto de los bienes en juego".

[BPN-12/11/15] Estas líneas las dirijo a aquellas personas y/o asociaciones que en sus conductas y/o en sus estatutos exponen la intención de representar a aquellos que viven en propiedad horizontal.

Mi intención es solicitarles que, luego de años de actuar individualmente, evalúen una acción conjunta en defensa de esos millones de personas que -tanto como propietarios o inquilinos y reconociendo la existencia de intereses antagónicos entre ellos- ven cómo se limita su capacidad decisoria y se afectan sus ingresos día a día.

Debemos tener una representación genuina porque:

-No creo equivocarme demasiado si digo que el Impuesto Inmobiliario y las diversas tasas vinculadas a los edificios se ajustan año a año para financiar la estructura del GCBA, hecho válido, racional y necesario.

Pero concomitantemente se han impuesto nuevas exacciones fiscales (tasas y multas) tanto a consorcios como a administradores, que alimentándose de nuestros patrimonios, nunca contemplaron la creación de un fondo específico solidario para ayudar a solucionar las falencias consorciales que ellas identifican.

En cambio, el destino de esos fondos fue orientado hacia dependencias públicas, desplazando simultáneamente la responsabilidad implícita al sector privado, tanto en cabeza de los administradores como de los consorcios.

-No creo equivocarme demasiado si digo que en estos últimos años se han implementado medidas para hacer más segura la vida consorcial, objetivo de por sí racional, generando incrementos en las expensas aunque los resultados que se esperan no han sido debidamente evaluados ni explicitados.

También es importante que conllevan altos y/o innegociables costos y que los mismos son direccionados hacia un universo acotado de proveedores o hacia la misma organización pública que los impuso.

-No creo equivocarme demasiado si digo que ahora somos personas jurídicas pero que seguimos sin tener representación patronal fundada en nuestra propia elección.

Antes y ahora la ejercen otras personas jurídicas, ni elegidas, ni apoderadas, que no son afectadas directamente por las decisiones que suscriben provocando que la balanza se desequilibre, paulatinamente, a favor de la contraparte en la relación laboral.

-No creo equivocarme demasiado si digo que a partir del nuevo CCyC se está tratando de coartar el derecho de disposición sobre algunos bienes comunes de los consorcios e imponer la solidaridad individual de los consorcistas, queriendo también afectar nuestros bienes propios para respaldar los reclamos efectuados contra el consorcio, sin que surja una reacción tendiente a poner límites por la ausencia de esa misma representación.

-No creo equivocarme demasiado si digo que los consorcistas son los mayores inversores en infraestructura de la CABA, que conforman uno de los principales grupos de empleadores (directos o por solidaridad), que los consorcios participan en un monto elevadísimo de transacciones comerciales y que siempre están. No se mudan ni desaparecen, por lo que jamás evaden sus responsabilidades. Aun así estamos lejos de participar en las decisiones que nos afectan.

-No creo equivocarme demasiado si digo que es necesaria una genuina representación que, en cabeza de los más representativos consorcistas, nos permita ser escuchados y ser parte en las negociaciones.

Es posible que no haya reparado en muchos otros ítems que aquellos a los que dirijo estas palabras sabrán identificar basados en la experiencia adquirida a través de los años.

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