Ya hay dos iniciativas para derogar la Ley Muñoz

[BPN-13/04/16] En el marco del generalizado rechazo que generó la creación del Consejo de la Propiedad Horizontal, ya se presentaron dos proyectos en la Legislatura porteña para derogar la Ley Muñoz (Ley 5.464)^[1]. Mientras que una de las iniciativas corresponde a un vecino de la ciudad, la otra fue ingresada por cinco legisladores: dos del Partido Socialista, dos de la Coalición Cívica y uno de Bien Común.

Cabe remarcar que el 3 de diciembre pasado, en el recinto de la Legislatura, cuando se aprobó la Ley Muñoz sin debate, dentro de un paquete de leyes más amplio y en el marco de un acuerdo entre el Frente para la Victoria y el PRO, Hernán Arce alzó la voz para expresar que dejaba constancia de la abstención de la Coalición Cívica y del Partido Socialista (tres votos). A continuación, Gustavo Vera también se sumó a la abstención.

Con lo cual, de 60 legisladores, cuatro se habrían abstenido de votar: Arce, Vera, Oliveto Lago y Ferraro; los mismos que junto a Roy Cortina –quien en ese momento se desempeñaba como diputado nacional- ahora presentaron un proyecto para derogar la norma aprobada

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Cinco legisladores buscan derogar la Ley Muñoz

[BPN-13/04/16] El pasado miércoles 30 de marzo, el legislador Hernán Arce (Partido Socialista) presentó un proyecto de ley en la legislatura porteña para derogar la Ley Muñoz (Ley 5.464) que creó un Consejo de la Propiedad Horizontal en la CABA. A modo de alternativa, propuso que se inicie un debate profundo y participativo porque consideró que la Ley 941, creadora de Registro Público de Administradores, es insuficiente para regular la actividad.

Acompañaron la iniciativa, con su firma, Roy Cortina (Partido Socialista), Paula Oliveto Lago y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), y Gustavo Vera (Bien Común). Cabe remarcar que tanto Arce como Vera no votaron a favor de esta ley el 3 de diciembre pasado cuando se aprobó en la legislatura de la ciudad sin debate y dentro de un paquete de leyes en el marco de un acuerdo entre el Frente para la Victoria y el PRO.

En sus fundamentos, Arce aseguró: "la recientemente aprobada Ley 5.464 -debido a sus implicancias- merecía un debate de mayor profundidad, con la participación de los principales actores de la relación jurídica que se pretende regular para atender sus puntos de vista y sus aportes; máxime cuando en la Ciudad de Buenos Aires existen casi 300 mil edificios ^[1]".

Además, el legislador socialista señaló que "hay varios aspectos de la normativa recientemente sancionada que resultan cuestionables", y afirmó que esa ley "no es adecuada para el cumplimiento de los fines que persigue". Asimismo, citando parte del texto del amparo que presentó a fines de febrero la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) contra la Ley Muñoz, detalló que ésta atenta contra el derecho de igualdad y propiedad.

En otro orden de cosas, Arce advirtió que el incremento de costos para los administradores de consorcios será trasladado "indefectiblemente" al valor de las expensas.

Por último, también se manifestó en contra de la Ley 941: "esta ley y sus modificatorias han devenido insuficientes para la regulación de una actividad compleja -como lo es la administración consorcial- y por eso sostenemos que esta legislatura debe iniciar un proceso participativo que instaure un profundo debate al respecto".

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Consorcista presentó proyecto para derogar la Ley Muñoz

[BPN-13/04/16] El pasado lunes 28 de marzo, un consorcista porteño, el Ing. Osvaldo Buscaya, presentó un proyecto de ley en la legislatura porteña para derogar la Ley Muñoz (Ley 5.464) que en diciembre del año pasado creó un Consejo de la Propiedad Horizontal en la CABA <texto original>.

En una entrevista exclusiva que le concedió el pasado jueves 31 de marzo a Pequeñas Noticias, el autor de la iniciativa explicó: "la derogación es fundamentalmente una razón de Estado en la CABA para poder restablecer el valor superior de nuestros derechos individuales gravemente afectados", y agregó: "la actual legislatura porteña se debe declarar contra la tolerancia indigna hacia la injusticia de quienes el pasado 3 de diciembre de 2015, han gestado la ilegítima e ilegal Ley 5.464 por cobardía, comodidad o indolencia".

En los fundamentos de su proyecto, el ingeniero argumentó que la Ley Muñoz es un "engendro ilícito para proseguir con lo iniciado en el año 1959; un burdo negociado afín a la metodología irregular de los funcionarios, de los 58 legisladores que la aprobaron y del SUTERH (Sindicato Único de Trabajadores de Edificios, Renta y Horizontal)".

En sus argumentos, Buscaya también citó algunas de los conceptos que vertiera la Dra. Diana Sevitz, abogada especialista en propiedad horizontal, el pasado martes 15 de marzo en el marco de una charla que brindó en la CAPHyAI (Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias) junto al Dr. Jorge Martín Irigoyen, sobre el Consejo de la Propiedad Horizontal.

Por último, denunció "aprietes" por luchar contra la corrupción. "Si con la complicidad de la legislatura logran estos ‘arreglos’ ilícitos, por lo menos quedará constancia de que un vecino participativo hizo lo legalmente posible para impedirlo, a pesar de estar reiteradamente amenazado de muerte por oponerme a la corrupción", expresó.

La iniciativa que consta de dos artículos de los cuales uno es de forma, ingresó bajo el número de expediente 603-P-2016, giró a la comisión de "Legislación general" y está a la espera de ser tomada y presentada por algún legislador. Consultado sobre este mecanismo, Buscaya detalló: "cualquier ciudadano -al igual que cualquier diputado o jefe de gobierno de la CABA- puede presentar un proyecto como propuesta destinada a crear, modificar, sustituir, suspender o derogar una ley", y añadió: "en mesa de entradas se recibe, registra y otorga un número de expediente, ingresando así al sistema de labor parlamentaria que permite hacer el seguimiento del proyecto enviado a la comisión correspondiente, de acuerdo al tema del mismo".

Finalmente, aclaró a este medio que presentó su iniciativa a título personal y no en nombre de APIPH (Asociación de Propietarios Inmuebles en Propiedad Horizontal), entidad a la que pertenece

Los consorcios salieron del 'cono del silencio'

[BPN-13/04/16] El Grupo Clarín en tres días publicó cinco notas sobre consorcios: cuatro contra la Ley Muñoz^[1] y una alertando sobre los aumentos de expensa que acarrearía el último acuerdo salarial. Su decisión de sacar a los consorcios del virtual "cono del silencio" a que nos tenía acostumbrado se habría debido a que Víctor Santa María, titular del SUTERH^[2], le dio un espacio de trabajo a Víctor Hugo Morales en su radio Malena (AM 750). Así lo informó el pasado 4 de abril el medio digital "Letra P".

Clarín, demostrando su capacidad de establecer agenda mediática, señaló el camino. Por su parte, La Nación dedicó dos editoriales críticas al "Consejo de la Propiedad Horizontal" que creó Fernando Muñoz en su última sesión como legislador porteño. Más de 11 medios digitales, varios programas de radio y varios de televisión también trataron el tema.

Sorpresivamente, entre el 3 y el 6 de abril, el diario Clarín publicó cinco notas relacionadas con consorcios: cuatro de ellas contra la Ley Muñoz alertando sobre el empoderamiento de los porteros, y otra informando sobre el aumento de las expensas a raíz de las paritarias de los encargados ["Suba en las expensas: 12% sólo en el primer semestre"].

Si bien la Ley Muñoz fue aprobada el 3 de diciembre de 2015, Clarín se hizo eco de la polémica que generó la norma aprobada sin debate un día antes de que Víctor Hugo Morales "el periodista más crítico del multimedio" –según Letra P- comience la conducción de su nuevo programa "La Mañana de Víctor Hugo" en AM 750.

De acuerdo a ese medio digital, aunque el enfrentamiento entre el Grupo Clarín y Víctor Hugo Morales tiene larga data, creció considerablemente durante el debate por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la decisión del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de alejar a Torneos y Competencias del negocio de la transmisión del fútbol argentino.

La cuestión es que en pocos días Clarín arremetió contra el titular del gremio de los encargados publicando una seguidilla de notas cuestionando la presencia de los porteros en el Comité Ejecutivo del nuevo Consejo ("Por una polémica ley, le dan poder a los porteros para controlar a los consorcios", "Ley para porteros: denuncian que impactaría en las expensas", "La ley que le da más poder a los porteros genera rechazo y buscarán derogarla" y "Por las quejas, harán cambios en la ley que da poder a los porteros"). Todas las notas fueron firmadas por Pablo Novillo, excepto la última que no tiene firma.

Sin embargo, a partir de la ofensiva mediática, la polémica por la composición del Consejo de la Propiedad Horizontal quedó en el ojo de la tormenta por lo cual diversos medios gráficos, radiales y televisivos también abordaron el tema.

En su editorial del miércoles 6 de abril titulada "El desmesurado poder del gremio de los porteros", el diario La Nación opinó que "debería derogarse la ley porteña que les confiere a los trabajadores de edificios una desproporcionada representación en el Consejo de la Propiedad Horizontal". Cabe destacar que ese matutino, en su editorial del 27 de febrero, titulado "Consorcios: propietarios indefensos e inconsultos", ya había considerado que ese ente era "un organismo absolutamente desbalanceado".

Entre el 3 y 6 de abril, otros medios gráficos como Diario Popular, Nueva Ciudad, Revista Qué, Pura Ciudad, Palermo Online, Semanario Parlamentario, Urgente 24, Adn Ciudad, Iprofesional, Diario Z y Para Buenos Aires –entro otros- se refirieron al tema.

Los medios no se olvidaron de los consorcistas y también los invitaron a hablar. El martes 5 de abril, la Dra. Victoria Loisi de la Liga del Consorcista y el Dr. Samuel Knopoff, presidente de la Federación de Asociaciones de Consorcios (FEDECO), se manifestaron en contra de la Ley Muñoz en el programa "La Tarde por C5N", conducido por Melina Fleiderman.

Ese mismo día, Telefé Noticias transmitió un informe referido al tema que contó con declaraciones de Víctor Santa María y Miguel Ángel Summa, vicepresidente 1° de la CAPHyAI ^[3]. Mientras que el primero se mostró a favor del Consejo, el segundo se manifestó en contra.

La polémica también llegó a las radios. El lunes 4 de abril, en su programa radial "Lanata sin filtro" (lunes a viernes de 10 a 14 horas por Radio Mitre) el periodista Jorge Lanata entrevistó al legislador porteño Diego García de García Vilas (Confianza Publica) –autor de una propuesta modificatoria de la Ley Muñoz- quien salió al cruce del titular del gremio de los encargados por sostener que no tuvo participación en la elaboración del proyecto y que sólo pidió igualdad en el Comité.

"Es raro que diga que no tuvo nada que ver. No creo que sea casual que aparezcan tres representantes del SUTERH y él no tenga conocimiento", opinó y ejemplificó: "independientemente de eso, a mi criterio no creo que tenga que quedar en igualdad: es como que el Colegio de Abogados esté conformado por los empleados de estudios jurídicos. En este caso, el Comité tendría que estar conformado por los propietarios y eventualmente los administradores. Los sindicatos no tendrían que estar".

Días atrás, en el marco del programa "La Legislatura en las Comunas", García de García Vilas había alertado a los vecinos de Palermo sobre la necesidad de modificar la Ley 5.464.

Por otro lado, el martes 5 de abril, en su programa radial "La Mirada despierta" (lunes a viernes de 6 a 9 horas por Radio Continental) Nelson Castro también abordó el tema y entrevistó al vicepresidente 3° de la CAPHyAI, Adm. Armando Caputo, quien se manifestó en contra de la creación del Consejo de la Propiedad Horizontal

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[1] Ley Muñoz: El 20 de noviembre de 2015, Fernando Muñoz (Frente para la Victoria) ingresó a la Legislatura porteña un proyecto de ley -bajo el número de expediente 2455-D-2015- para transferirle el control del RPA de la CABA a un Consejo de la Propiedad Horizontal. Trece días después, el 3 de diciembre, la Legislatura aprobó sobre tablas y sin debate parlamentario esa ley que hoy lleva el número 5.464. La conducción del nuevo Consejo está compuesta por 11 miembros de los cuales una importante mayoría son del SUTERH, de las entidades de administradores que firman los Convenios Colectivos de Trabajo y de un nuevo sindicato que agrupa empleados de administraciones de consorcios (SEARA). Poco tiempo después Muñoz fue nombrado Defensor de los Inquilinos porteños.

[2] SUTERH: Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal.

El SUTERH desmintió que la Ley Muñoz subirá las expensas

[BPN-13/04/16] El pasado lunes 4 de abril, el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) –mediante un comunicado- desmintió "categóricamente" tener la intención de aumentar las expensas a partir de la creación del Consejo de la Propiedad Horizontal en la CABA^[1]. Con estas declaraciones, el gremio salió al cruce del diario Clarín que días atrás había publicado dos notas referidas al tema.

En la gacetilla  <texto original> que divulgó en su sitio Web, el sindicato afirmó que su política consiste en trabajar en conjunto con todos los actores del Consejo de la Propiedad Horizontal para reducir los costos inherentes a la administración de los edificios.

Por otro lado, el gremio aclaró que las matrículas, las multas, los libros contables, los seguros y los abonos de servicios, entre otros gastos mencionados por Clarín, ya se encuentran incorporados a las expensas desde varios años, antes de la promulgación de la Ley Muñoz (Ley 5.464).

Por último, explicó que el número de trabajadores de edificios que deben contratar las administraciones es determinado por el Ministerio de Trabajo de la Nación y el Convenio Colectivo de Trabajo 589/10 – y no por el Consejo de Propiedad Horizontal.

El 3 y 4 de abril, el diario Clarín publicó dos notas firmadas por Pablo Novillo, tituladas: "Por una polémica ley, le dan poder a los porteros para controlar a los consorcios" y "Ley para porteros: denuncian que impactaría en las expensas". La primera nota  <texto original> indicó que un grupo de consorcistas y administradores denunciaron un pacto entre el gremio de encargados y el Gobierno porteño por la Ley Muñoz. La segunda <texto original> señaló que los copropietarios temen que los gastos derivados del Consejo de la Propiedad Horizontal suban las expensas y que este nuevo ente obligue a los consorcios a contratar más encargados.

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APIPH se sumará con dos demandas

[BPN-13/04/16] El Sr. Marcos Bergenfeld, titular de la Asociación de Propietarios Inmuebles en Propiedad Horizontal (APIPH), adelantó que presentará dos demandas: una para declarar inconstitucional la Ley Muñoz (Ley 5.464) y otra para que los copropietarios puedan participar en las paritarias del sector. Para llevar adelante ambas acciones, invitó a sus asociados a que colaboren con apoyo económico.

Estas novedades las hizo saber mediante una circular <texto original> que distribuyó el pasado jueves 31 de marzo.

En su gacetilla, Bergenfeld anunció que desde su entidad están culminando los últimos detalles para pedir la inconstitucionalidad de la Ley Muñoz y que cuentan con un núcleo de abogados que aseguran que el Código Civil y Comercial Nacional "le quita todo sustento a una ley que le da al SUTERH ^[1] injerencia en la designación y control de los administradores, que son contratados y pagados por los consorcistas".

En otro orden de cosas, el titular de APIPH afirmó: "los hechos demuestran que la propiedad horizontal se ha transformado -para quienes lo manejan espuriamente- en el negocio más importante que existe hoy en la Argentina y sobre todo en la CABA", y agregó: "las cifras que están en juego son escalofriantes y esto es en favor de un sindicato que cuenta con trabajadores afiliados -que no son quienes se benefician con esos ingresos-, habiendo además infinidad de corporaciones creadas por los legisladores y el Gobierno de la Ciudad con afán recaudatorio".

Según explicó Bergenfeld, "este auténtico flagelo es consecuencia de paritarias fraudulentas que denunciamos por todos los medios y judicialmente -en la demanda del 17 de marzo de 2006 (Expediente. N° 4.500/2006) que tramita en el Juzgado Laboral N° 76-. Esta barbarie constituye el remate estimado de alrededor de 3 mil hogares, del cual son responsables quienes firmaron esas paritarias en nuestra representación ilegal: CAPHyAI ^[2], AIERH ^[3] y UADI ^[4]".

A continuación, el presidente de la asociación agregó que "tales ‘sellos’ carentes de legitimación, contaron durante los últimos 12 años con la complicidad del ex Ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien homologó dichas paritarias y ahora se cobija en la legislatura". Finalmente, Bergenfeld aseveró: "vamos a trabajar en reabrir esa causa que ha dejado un tendal de víctimas y cifras incalculables de pérdidas".

Por último, expresó: "estamos solicitando a los consorcistas un apoyo voluntario que nos permita continuar con esta lucha. Para ello, acabamos de abrir una cuenta corriente con el objeto de solventar gastos y honorarios de los profesionales que llevaran adelante estas dos demandas, destacando que nuestra entidad en estos años no ha solicitado aporte alguno y continuará de la misma manera salvo en esta instancia especial"

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[1] SUTERH: Sindicato Único de Trabajadores de Edificios, Renta y Horizontal.

[2] CAPHyAI: Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias.

[3] AIERH: Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal. 

Ya se creó la Comisión de Consorcios de la Comuna 3

[BPN-13/04/16] El pasado viernes 8 de abril se reunió por primera vez la flamante Comisión de Consorcios del Consejo Consultivo de la Comuna 3 (Balvanera-San Cristóbal) coordinada por Andrés Zulberti -conocido en la comunidad consorcial como Gerardo Andino- y la Adm. Ema Graziani.

Durante el encuentro, los asistentes debatieron acerca de la Ley Muñoz^[1] que creó un Consejo de la Propiedad Horizontal en la ciudad. Acordaron trabajar por su derogación y crear una comision de propiedad horizontal conformada por los coordinadores de cada comuna llamada también "intercomunal".

El primer encuentro se llevó a cabo a las 19 horas en el teatro Luisa Vehil, ubicado en Hipólito Yrigoyen 3133, en el barrio porteño de Balvanera. Entre los presentes estuvo el vecino participativo, Cr. Gustavo Gallego.

Cabe remarcar que es la cuarta comisión de consorcios que se creó en la ciudad y la segunda en menos de un mes. El 16 de marzo pasado se reunió por primera vez la del Consejo Consultivo de la Comuna 15 (Agronomía, Chacarita, La Paternal, Parque Chas, Villa Crespo y Villa Ortúzar), coordinada provisoriamente por el Ing. Norberto Villar.

La primera en ser creada es la coordinada por la Sra. Teresa Villanueva en la Comuna 2 y la segunda es la que funciona en la Comuna 12 de la cual uno de sus referentes es el Ing. Edgardo Castro.

Gerardo Andino es el seudónimo con el que Andrés Zulberti, un copropietario porteño, participa desde hace varios años en la comunidad consorcial. Es socio fundador de Red de Consorcistas y en numerosas ocasiones Pequeñas Noticias ha publicado las opiniones que este vecino le hizo llegar a la redacción sobre diversos temas relacionados con el sector

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Muñoz echó la culpa al RPA de la creación de su ley

El actual Defensor de los Inquilinos porteños brindó estas declaraciones el pasado lunes 4 de abril en el programa "Segunda Mañana" conducido por Facundo Pastor y Paula Wilberger. El ciclo se emite de lunes a viernes de 10:30 a 13 horas por A24.

Durante la entrevista, Fernando Muñoz aseguró que su ley "viene a suplantar absolutamente" a la Ley 941 que creó al RPA. Según explicó, "el año pasado se hizo una auditoría sobre el Registro de la CABA y dio como resultado que de 5 mil denuncias realizadas en los 4 años previos, ninguna fue resuelta. No es casual y hay preocupación porque haya sanciones a los administradores".

Como elemento a destacar, la Presidencia de la Auditoría General de la CABA informó a Pequeñas Noticias que durante el 2015 no se realizó ninguna auditoría al Registro Público de Administradores. Ante la pregunta puntual del medio, el 7 de abril confirmaron que la última auditoría realizada es la que se llevó a cabo en el año 2012.

Desde septiembre de 2009 y hasta el día de hoy, la coordinadora del RPA seguiría siendo Gabriela Pilar Saldivia. Es de recordar que fue nombrada después de que Mauricio Macri, en una reorganización del organigrama de la CABA, mediante el Decreto 579/09, transfiriera la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor del Ministerio de Desarrollo Económico a la Subsecretaría de Atención Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros. En una reunión con consorcistas, Víctor Santa María, titular del SUTERH, desmintió que Saldivia vaya a ocupar la silla que el Comité Ejecutivo del nuevo Consejo de la Propiedad Horizontal tiene reservado para el Sindicato de Empleados de Administradoras de la República Argentina (SEARA).

Volviendo a las declaraciones de Muñoz, el exlegislador del FpV expresó: "de 50 legajos que revisó al azar la auditoría, solo uno tenía la declaración jurada al día. Por lo tanto, estamos hablando de un sector muy irregular que afecta al bolsillo de propietarios y de inquilinos en forma directa".

En este sentido, señaló: "sobre esos antecedentes constituimos una ley distinta que plantea un consejo como alternativa a las irregularidades que se cometían en el RPA, donde participen todos los actores de la propiedad horizontal, entre ellos los inquilinos (algo inédito en Latinoamérica)".

Consultado sobre la participación del SUTERH ^[3] en el Consejo de la Propiedad Horizontal, el Defensor de los Inquilinos argumentó que los trabajadores deben estar porque "conocen bastante lo que sucede en el edificio" y son un sector "central" en la vida cotidiana. Además, negó que con esta ley se le entregue poder de decisión al gremio.

En respuesta a los entrevistadores que cuestionaban en cierta medida la norma sancionada, Muñoz concluyó: "la mirada de lo que está bien y lo que está mal muchas veces está atravesada por intereses".

Por último, expresó: "estamos abiertos a todo tipo de modificación pero lo que nadie puede seguir tapando es la realidad de los administradores en la CABA", y añadió: "objetivamente, lo que estamos planteando es que haya un ámbito plural con participación de todos los sectores donde se puedan receptar las denuncias y dictar sanciones con el común acuerdo de todos los actores que participan cotidianamente en la problemática de la propiedad horizontal"

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[1] Fernando Muñoz: El 20 de noviembre de 2015, Fernando Muñoz (Frente para la Victoria) ingresó a la Legislatura porteña un proyecto de ley -bajo el número de expediente 2455-D-2015- para transferirle el control del RPA porteño a un Consejo de la Propiedad Horizontal. Trece días después, el 3 de diciembre, la Legislatura aprobó sobre tablas y sin debate parlamentario esa ley que hoy lleva el número 5.464. La conducción del nuevo Consejo está compuesta por 11 miembros de los cuales una importante mayoría son del SUTERH, de las entidades de administradores que firman los Convenios Colectivos de Trabajo y de un nuevo sindicato que agrupa empleados de administraciones de consorcios (SEARA). Poco tiempo después Muñoz fue nombrado Defensor de los Inquilinos porteños.

[2] SUTERH: Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal.

Amor propuso que los cargos sean ad honorem

[BPN-13/04/16] El pasado martes 5 de abril, el Defensor del Pueblo porteño, Dr. Alejandro Amor, propuso que los cargos en el Consejo de la Propiedad Horizontal sean ad honorem para que no aumenten las expensas. Así lo informó el diario Clarín el pasado 6 de este mes.

En diálogo con ese medio, Amor afirmó: "promovemos que en ese Consejo haya una representación equitativa de todos los actores y que los cargos sean ad honorem para que no afecten las expensas". Además, reclamó que haya "un proceso de discusión amplio y que opinen todos porque la creación de un organismo de esta magnitud necesita mucho debate y participación".

Por último, expresó: "la relación entre las administraciones de consorcios y los vecinos registra un vacío enorme y este Consejo podría funcionar para resolver estos conflictos a través de una mediación, como sucede en la Justicia ordinaria".

Desde 2011 hasta 2013, Amor se desempeñó como legislador de la CABA por el Frente para la Victoria. Luego, el 5 de marzo de 2014, asumió como Defensor del Pueblo de la ciudad y en febrero de este año, dentro de esa entidad, creó una oficina para inquilinos a cargo de Fernando Muñoz, impulsor de la ley que creo el Consejo de la Propiedad Horizontal.

Eduardo Awad encendido contra la Ley Muñoz

[BPN-13/04/16] El Dr. Eduardo Awad, presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) y director del Instituto de Derecho de Propiedad Horizontal de esa entidad, alertó que el Comité Ejecutivo del Consejo de la Propiedad Horizontal creado por la Ley Muñoz podrá multar a administradores, consorcios y consorcistas, hasta llegar al punto de embargarles su departamento.

El letrado afirmó también que le pidió a Horacio Rodríguez Larreta que se derogue la Ley 5.464 y propuso dos alternativas a posteriori: que se sienten a pensar cómo armar "bien" un consejo o que le den al Registro Público de Administradores (RPA) de la CABA el dinero y las instalaciones necesarias para volver a ponerse en funcionamiento porque "es un buen registro y tiene gente muy laburadora".

En otro orden de cosas, remarcó que incluyeron un miembro del Ejecutivo porteño dentro del nuevo ente para que cuando alguien les haga un juicio por una "macana" que se manden y tengan que pagar, le ejecuten la sentencia al Gobierno, o sea al contribuyente porteño.

Por otro lado, Awad aventuró que si se llegase a implementar el Consejo de la Propiedad Horizontal, se presentarían muchos amparos que culminarían en juicios contra el Gobierno de la CABA. El letrado pronosticó que éste saldría perdedor y los gastos serían solventados por el erario público.

Por último, denunció que ese Consejo es un colegio encubierto e indicó que "en los pasillos se sabe" que la Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal (AIERH), la Unión Administradores de Inmuebles (UADI) y la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI) son entidades afines al Sindicato Único de Trabajadores de Edificios, Renta y Horizontal (SUTERH).

Estas declaraciones las brindó el pasado jueves 7 de abril en el marco de una entrevista que le concedió a María Inés Sánchez y Rolo Villar en el programa "Encendidos en la tarde", que se emite de lunes a viernes de 14 a 17 horas por Radio Mitre <texto original>.

Durante la charla, Awad explicó que si el mandatario del edificio hace algo que le mandó la asamblea –pero que en realidad no debe llevarlo a cabo porque el reglamento del consejo donde está matriculado les dice que no hay que hacerlo-, no solamente le pueden aplicar una multa al administrador, sino que también al consorcio y al consorcista, dueño del departamento que puede ser embargado.

En otro orden de cosas, el presidente del Colegio de Abogados solicitó "que deroguen la Ley Muñoz y después -si quieren- que se sienten a pensar cómo pueden armar bien el Consejo y si no, que le den una dotación de dinero y unas oficinas al actual RPA que en este momento está inactivo porque están esperando a ver qué pasa con esta ley". "Es un buen registro, tiene personas que trabajan - yo los conozco- y son gente de muy buena voluntad, muy laburadora", aseveró.

Por otro lado, el letrado puntualizó que el Ejecutivo de la CABA también va a tener una banca dentro del Comité Ejecutivo del Consejo de la Propiedad Horizontal "por las dudas que se manden alguna macana, alguien les haga un juicio y tengan que pagar algo, para que el acreedor de ese juicio tenga dónde ejecutar la sentencia: en el Gobierno local, es decir, con el dinero de todos los habitantes de la ciudad".

Además, advirtió que si esta ley se pone en vigencia se presentarán "un montón de amparos", el Gobierno los va a perder y va a tener que pagar los gatos de todos esos juicios con plata de los ciudadanos.

Sube la alícuota del Monotributo

[BPN-13/04/16] La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) aumentará en 96 pesos el monto fijo que los monotributistas deben aportar a la obra social o al Sistema Nacional del Seguro de Salud. El incremento que comenzará a regir a partir del 1° de junio para todas las categorías, representa una suba de un 30% respecto al año anterior, cuando este servicio costaba 323 pesos.

Así lo estableció el fisco el pasado 23 de marzo mediante la Resolución 3.845 <texto original>, firmada por el titular del ente recaudador, Alberto Abad. La norma que consta de 4 artículos de los cuales uno es de forma, fue publicada el 29 de marzo en el Boletín Oficial.

Según argumentó la AFIP, "resulta necesario fijar nuevos valores de las cotizaciones previsionales fijas a fin de mantener el debido financiamiento del Sistema Nacional del Seguro de Salud y del Régimen Nacional de Obras Sociales, así como garantizar el goce de las prestaciones al creciente número de sujetos que acceden a ellas".

Es de recordar que el Monotributo consta de tres componentes de pago: el de la obra social, el previsional (SIPA) y el impositivo. Mientras que este último diferencia los importes a pagar según el monto que factura el contribuyente, por la salud y la jubilación se abona lo mismo en todos las categorías. Así, el impacto porcentual del aumento disminuye a medida que se avanza en las escalas del régimen.

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El pago de las obleas se prorrogó hasta el 31 de mayo

[BPN-13/04/16] El Gobierno porteño prorrogó hasta el próximo 31 de mayo el plazo para abonar las tasas por ascensores, instalaciones fijas contra incendios e instalaciones térmicas (calderas). En todos los casos, le fecha límite era el 31 de marzo.

Es de recordar que a partir de este año los consorcios porteños deberán pagar 525 pesos anuales por cada ascensor que posean, 500 pesos por la instalación fija contra incendios y otros 500 por cada instalación térmica. Así lo estableció la Ley Tarifaria 2016 (Ley 5.494). O sea que un edificio que cuente con dos ascensores ($1.050.-), una instalación fija contra incendios ($500.-) y una caldera ($500.-) deberá abonar por registrarse en un sistema informático $2.050 pesos anuales.

Esta prórroga fue dictada por el director general de Fiscalización y Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) porteña, Osvaldo Alonso, mediante la Disposición 564 firmada el 29 de marzo <texto original>. La norma que se publicó el 1° de abril en el Boletín Oficial consta de dos artículos de los cuales uno es de forma.

El curso del SERACARH aumentó a $1.050

[BPN-13/04/16] Este año el curso del SERACARH ^[1] aumentó un 24% en relación al 2015. A principios de abril, el aplicativo con el que se generan las boletas de SUTERH y FATERyH habilitó el cupon de pago para abonar el curso que este año llegó a los 1.050 pesos por encargado. El incremento acumulado desde agosto de 2013 -cuando nació esta obligación- a la fecha, es de un 110% (510 pesos).

En 2013 esta capacitación costaba 500 pesos por cada trabajador, al año siguiente subió a 700 (40% de aumento), en 2015 pasó a tener un valor de 850 pesos (21%) y ahora de 1.050. Cabe destacar que el curso se puede abonar hasta el próximo 15 de junio.

Si, como informó el INDEC, en 2014 había 64.579 puestos de trabajo en el sector y cada uno es ocupado por un trabajador, este año el curso del SERACARH costará al consorcista de esta ciudad 67.807.950 pesos.

Esta obligación nació el 23 de agosto de 2012 cuando el por entonces director general de Defensa y Protección del Consumidor (DGDyPC) de la CABA, Dr. Juan Manuel Gallo, firmó la Disposición 1.698 (28/08/12). Así, en octubre de ese año, comenzó a cobrarse a los edificios porteños este curso que en un principio costaba 500 pesos.

Por otro lado, el Registro Público de Administradores (RPA) local comenzó a exigirle a los mandatarios matriculados el recibo de pago del curso del SERACARH por cada trabajador registrado.

En octubre de 2012, la Disposición 1.698 tuvo un dictamen negativo por parte de la Defensoría del Pueblo de la CABA y en septiembre de 2013 la Procuración determinó que Defensa del Consumidor "no posee competencia para emitir actos administrativos" como el que impuso el curso.

Un mes después, en octubre de 2013, la Dra. Alicia Pierini, por entonces defensora del pueblo local, le solicitó a la Procuración que inicie un sumario administrativo por el curso del SERACARH y reiteró su "recomendación" a la DGDyPC para que derogue "definitivamente" dicha disposición. Ayer, martes 12 de abril, Alicia Pierini fue declarada por la Legislatura porteña "Personalidad Destacada de los Derechos Humanos".

Finalmente, el 28 de noviembre de 2013, en la última sesión en la que Oscar Zago (PRO) participó, la Legislatura porteña aprobó un proyecto de ley de su autoría que obligó a los administradores de edificios de propiedad horizontal a "exhortar" al personal de cada uno de los consorcios que administra a concurrir anualmente a una capacitación "sobre higiene, seguridad y medidas de prevención contra incendios". También se instauró que el costo del curso debía ser abonado por los consorcistas vía expensas. Poco después fue nombrado Defensor Adjunto del Pueblo de la CABA.

Si bien la Ley Zago no establece explícitamente qué entidad debe dictar la capacitación, los requisitos exigidos para impartirla apuntan como única posible al SERACARH, un servicio conformado por la FATERyH ^[2]-representando a los trabajadores- y por tres entidades de administradores que en nombre de los empleadores participan de los Convenios Colectivos de Trabajo: AIERH ^[3], CAPHyAI ^[4] y UADI ^[5]

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[1] SERACARH: Servicio de Resolución Adecuada de Conflictos para Trabajadores y Empleadores de Renta y Horizontal.

[2] FATERyH: Federación Argentina Trabajadores Edificios Renta y Horizontal.

[3] AIERH: Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal.

[4] CAPHyAI: Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliaria.

Se acordó cómo liquidar la clasificación de residuos

[BPN-13/04/16] El pasado 21 de diciembre, la Comisión Paritaria Permanente de Interpretación acordó cómo se liquida el plus por la clasificación de residuos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Así lo informó la CAPHyAI ^[1] en el número 331 de su revista "Propiedad Horizontal" correspondiente al mes de febrero.

De acuerdo a esa Comisión, "hasta 25 unidades funcionales se paga el adicional entero; a partir de la unidad funcional N° 26 y hasta la 50, corresponde el pago de un tercio del adicional, y así sucesivamente cada 25 unidades funcionales".

En el 2013, cuando nació esta obligación mediante la Resolución 243 <texto original>, el valor por la clasificación de residuos era de $150 por las primeras 25 unidades y por cada 25 unidades extras, $50 más. No quedaba claro si esos $50 había que dividirlos por 25 para obtener el valor por unidad extra -lo que daba $2 por unidad- o si había que abonar $50 si se trataba de 2 o 25 unidades más.

Con el paso de las distintas escalas salariales, los valores fueron incrementándose. Actualmente, el valor de la clasificación es de $306 por las primeras 25 unidades y $102 por las 25 siguientes.

Cuando se dictó la Resolución 243 surgieron dos formas distintas de interpretar cómo liquidar este adicional.

A modo de ejemplo, si un edificio contaba con 35 unidades funcionales (UF) –a valores de hoy- se podía liquidar de dos formas:

1) $306 (por las primeras 25 UF) + $102 (por el resto de las 10 UF) = Total $408.

2) $306 (por las primeras 25 UF) + $40,80 ($102/25x10 UF) = Total $346,80.

Finalmente y luego de la polémica, la Comisión Paritaria Permanente de Interpretación determinó que la primera forma de liquidar el plus es la correcta

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Haciendo una retrospectiva de la Ley 941 y sus entuertos, nos llaman la atención algunas expresiones vertidas en este boletín por distintas asociaciones, por cuanto alrededor del mes de marzo de 2014, ante la aparición de la Dra. Paula Scauzillo en el Registro Público de Administradores (RPA) -provisoriamente a cargo del mismo por licencia de su titular, la Sra. Gabriela Saldivia- parecía evidente que el RPA sería objeto de algún cambio en disfavor de los consorcistas (y tal vez de los administradores), como efectivamente lo fue.

Este ente no cumplía ni hacía cumplir la Ley 941 (t.o. 3.254 y 3.291), es más: la violaba. Recordemos que las primeras reuniones de la Dra. Scauzillo fueron realizadas con las asociaciones de administradores. UCRA pidió una entrevista para conocer a la nueva funcionaria y en la misma, la Dra. Scauzillo expresó no saber de la existencia de asociaciones de consorcistas.

Durante la entrevista, percibí por parte de la funcionaria cierta falta de conocimientos sobre la propiedad horizontal, lo que fue confirmado con el correr del tiempo (es sabido que jamás aceptó asesoramiento alguno).

Fue así como paulatinamente la ley se desdibujó. La sede del RPA en Patricias Argentinas 277 se cerró sin previo aviso (enviaron un e-mail solamente a los administradores sobre la atención en Maipú 169), por lo cual los consorcistas que se dirigían a la sede de Patricias Argentinas para recabar información o realizar denuncias sobre el incumplimiento a la Ley 941, eran prácticamente "eyectados" hacia las comunas barriales, tratados como consumidores y obligados a realizar "UNA TRAMITACIÓN" que alteraba y altera lo impuesto por la Ley 941.

En la Jornada de Propiedad Horizontal - "Problemas y soluciones para los consorcios", que se realizó en la legislatura porteña el viernes 13 de marzo de 2015, expuso la Dra. Paula Scauzillo y anunció que "se creará un paso intermedio entre la denuncia del vecino y la determinación de la pena a aplicar al administrador infractor". Puntualizó que la legisladora porteña Victoria Inés Roldán Méndez (PRO) presentó un proyecto de ley para "habilitar la conciliación como instancia obligatoria previa a que las denuncias pasen al área jurídica del RPA", con lo cual pretendían blanquear la violación a la Ley 941 que UCRA venía denunciando y que puso de manifiesto durante el desarrollo del acto en la legislatura en marzo 2015. (Ver Boletín de PN Nº 546 del 13/04/14).

Los administradores también sufrieron la molesta presencia de la "funcionaria". Al pie se reproducen las palabras del presidente de AIPH ^[1] respecto del comportamiento de Scauzillo, quien -no caben dudas- fue designada al "cargo interino" (nunca se dio a conocer tal designación) en el RPA para desmantelar todo su andamiaje.

El 3 de diciembre de 2015, a menos de 9 meses de la famosa Jornada del viernes 13 de marzo en la Legislatura porteña, su cometido fue ampliamente cumplido, pues hasta fue votado afirmativamente, a libro cerrado y sorpresivamente, en el mismo ámbito legislativo, el proyecto que dio a luz la nueva Ley del Consejo de la PH en la CABA - Ley 5.464. Fueron 9 meses de gestación y nació la criatura largamente esperada por el SUTERH que contó con el apoyo de nada menos que de 58 legisladores de todos los colores políticos. Entre los 60 presentes, sólo se abstuvieron dos legisladores que quizás pasarán a la historia (por traidores): el legislador por el Partido Socialista, Hernán Arce, y el conocido Gustavo Vera, del partido Bien Común (ex UNEN).

 Al resto le cupo la triste misión de votar afirmativamente el proyecto, tal vez por ignorancia o por "obediencia debida" en la maratónica y fatídica sesión del ya citado jueves 3 de diciembre.

Era la última sesión del año legislativo por lo que había que "liquidar" todo al mejor postor, votando aún en contra del pueblo que los eligió en las últimas elecciones para que velen por sus destinos como ciudadanos. 

Cerraba todo perfectamente. Lo advertimos y pregunto ¿por qué razón ninguna asociación de consorcistas puso énfasis en defender la Ley 941? La que -con todos sus defectos- es mejor que la Ley 5.464 ¿o no? Obvio, había que aggiornar tal ley -con más razón- después de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial. Pero todos callaron ante la franca violación, la que significó una verdadera falta de respeto a los "vecinos consorcistas", total, somos solamente el 80% de la población (y del padrón, o sea, los que votamos, entre otros, a los legisladores "que supimos conseguir").

Por ello, fue muy oportuna la nota del vecino Juan Mauricio Araujo (Boletín de PN Nº 567) en el Correo de Opinión, titulada: "¿Y si nada de esto fue un error?". Muy especialmente en este certero párrafo que dice: "¿Y si durante los dos últimos años lo intervino [al RPA] Paula Scauzillo para acelerar su deterioro y preparar el terreno para lo que se vendría?".

¡Sí, Sr. Araujo, exactamente! Para esto fue contratada, lo dije desde un principio, nadie lo creyó ¿Qué pensaron cuando Scauzillo "cerró" el RPA de Patricias Argentinas por su cuenta y eyectó a los consorcistas a las Comunas, que era como tirarlos a la arena del Coliseo Romano para que los comieran las fieras?

Señores de las asociaciones de consorcistas: ¿ustedes no se dieron cuenta? ¿Cómo llegó el Sr. Araujo a estas conclusiones tan proféticas? Y continua diciendo en su nota: "¿y si cuando pensaron que el terreno era propicio, aquellos que están interesados en quedarse con la propiedad horizontal le pidieron a Muñoz que presente esa ley? (el subrayado nos pertenece). Así es, Sr. Araujo. Festejo que usted se haya percatado desde su óptica lo que estaba ocurriendo con el RPA y obviamente, con la Ley 941, en desmedro de millones de consorcistas. 

Hoy, todas las asociaciones que dicen defender al consorcista, de una manera u otra, se rasgan las vestiduras (los nuevos comuneros también, parece que recién se dan cuenta del riesgo que corremos), clamando por el veto de la Ley 5.464 primero, y por la derogación después, presentando modificaciones a la ley o tratando tal vez de integrar el Consejo de la PH, cosa que puede dar un buen rédito el "poder defendernos" ante las decisiones del resto de los integrantes del Consejo de la PH, no económico pero sí de prestigio.

También lo hicieron las asociaciones de administradores por ser igualmente damnificadas. Pero es útil recordarles que ante la sanción de la Ley 941 -y su posterior modificatoria, la Ley 3.254- no titubearon en presentarse ante la Justicia pidiendo la inconstitucionalidad de la norma, recursos de amparo, etc. O sea que tampoco estuvieron conformes con estas leyes que, como dije, necesitan un aggiornamiento, pero no hubiéramos llegado, tal vez, a este bochorno de ser avasallados por el gremio SUTERH, que lo único que debe hacer es ocuparse de los encargados de edificios, sin someternos a su permanente arbitrio. También deciden sobre nuestros empleados y ni hablar de las absurdas paritarias que "debemos obedecer" (con nuestros bolsillos).

A esta altura de las circunstancias, podemos decir que por iniciativa de un grupo de consorcistas, algunos "fervientes comuneros", nos hemos reunido para "la foto" -como se dice comúnmente- pero la realidad es que tal iniciativa no tuvo el éxito esperado.

Algunos creen que los consorcistas tenemos problemas por ignorancia. Es cierto, eso puede ocurrir, pero "tirarles" las leyes y decirles que "estudien, que no sean ignorantes" y con ese débil conocimiento pretender que asistan a las asambleas o ejercer controles, por ejemplo, pero no solucionarán problema alguno.

Es una postura totalmente divorciada con la realidad (por desconocimiento, obvio), porque creer que conociendo la incorporación de la "Propiedad Horizontal" en el Código Civil y Comercial y las leyes que puedan regular la actividad del administrador, ya están en condiciones de torcer la problemática que sufren en sus consorcios, es un craso error. Todo es más complejo.

Tal vez el nacimiento de la Ley 5.464 nos dé la oportunidad de romper el cascarón y ver la luz, la que también puede servir para iluminar a los funcionarios que con tanta ligereza cargan sobre las espaldas de los propietarios-consorcistas todo tipo de obligaciones, olvidando que también los mismos tenemos la obligación de votar en las próximas elecciones legislativas y será el momento de devolverles los favores recibidos.

Los funcionarios no deben olvidar que los tiempos han cambiado y ya no estaremos dispuestos a ser pasto de intereses políticos y/o gremiales que puedan seguir ahogando la calidad de vida en los consorcios. Estamos transitando una etapa que consideramos definitoria, se avecina un amanecer que esperamos desde hace mucho tiempo y ya está llegando. Les pedimos a los consorcistas que nos acompañen en este nuevo camino por transitar. El hartazgo no nos va a paralizar, todo lo contrario

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[1] En este sentido, AIPH expresó que "quiere creer" que el Crio. Mayor (R) Edgardo Aoun, director general de Defensa y Protección del Consumidor (DyPC) de la CABA, "podrá poner en orden las andanzas de la funcionaria Paula Scauzillo [según ella, a cargo de la coordinación del Registro Público de Administradores (RPA) porteño durante el último año] quien toma con ligereza la repudiable coerción a las que nos somete".

"Estas declaraciones fueron plasmadas en la editorial del boletín Nº 166 de la entidad, firmada por su presidente, Adm. Marcelo Ruiz".(Boletín de PN Nº 546 del 09/04/15)

Quieren colocar una empresa de servicios eventuales

Sres. del Boletín de Pequeñas Noticias:

Los consulto por un edificio de 10 pisos y 49 departamentos. 

El encargado se jubila y algunos propietarios quieren colocar una empresa de servicios eventuales.

¿Se puede tomar esa decisión?

¿Se puede prescindir de un encargado con vivienda?

El actual trabaja 8 horas de lunes a sábado. No trabaja los feriados ni hay persona que ocupe esa tarea.

Gracias por responder.

María Elena.

(18/02/2016)

Estimada María Elena:

Ud. ha consultado sobre un tópico de los que más polvareda provoca en acalorados debates, especialmente con el gremio que más y más poder parece absorber sin pausa.

Comenzaré por exponer aquello que creo conveniente advertir (aunque no es un punto de la consulta, lo incluiré como un breve prólogo): si por cualquier razón la vivienda del encargado quedara disponible, esa unidad funcional no puede ser “explotada” para otra función si en el reglamento estuviese especificado el destino de dicho espacio.

Esta advertencia la creo conveniente como adelanto de un previsible debate que, seguramente, se dará en el seno de la asamblea, si es que el inmueble entra en vacancia. Todo lo que se encuentra especificado en el reglamento de propiedad horizontal (en este caso, el destino de las unidades y/o espacios comunes) sólo puede ser modificado por los procedimientos que el propio reglamento exige y no basta con una decisión del órgano.

Por otro lado, es necesario desglosar el problema: ¿contratar o no contratar?. Con fecha del 26/05/2014, la DGI publicó la Resolución General N° 3634/2014, con el objeto de facilitar la recaudación tributaria de los consorcios, estableciendo tablas que indican la cantidad mínima de encargados, según las unidades funcionales que componen los edificios, que deben tener los consorcios.

Teniendo en cuenta estos índices, todos los consorcios deberían poseer un empleado en relación de dependencia, pero he aquí que los mismos simplemente presumen que cada edificio cuenta o debería contar con el número de empleados, salvo -claro está- que la realidad indique otra cosa.

Ya que la decisión de tomar un empleado es exclusiva de la asamblea general de copropietarios de cada consorcio y, asimismo, la DGI carece de facultades para obligar a la contratación de personal en relación de dependencia. (Fuente: Pintando Horizontes).

Finalizado ese interrogante surge el siguiente: ¿A quién contratar?. Existe una adversidad declarada entre el SOM y el SUTERH. El primero es el convenio en el que se ven comprendidos los empleados de las empresas de limpieza; mientras que el segundo es el que le corresponde a los empleados del consorcio ¿Cuál es el que corresponde? Entiendo que los dos tienen, como ámbito de aplicación, los edificios (en el caso del SUTERH sólo comprende a los inmuebles sometidos a la propiedad horizontal, mientras que el del SOM los incluye expresamente dentro de su alcance más amplio).

No obstante, el SUTERH suele desplegar su poder con intimaciones y procedimientos administrativos internos que resuelven las presuntas deudas del consorcio respecto de aportes y contribuciones. Frente al temor del edificio a los conflictos y las facilidades de pago que suelen ofrecer para “regularizar” la situación, lo consorcios suelen allanarse y terminan suscribiendo convenios. Esto es el resultado propio del desaliento que la Justicia propone a los argentinos, con su lentitud, burocracia y gastos. Sin embargo, existen antecedentes jurisprudenciales que señalan la legitimidad de otra opción de contratación. Ver: “SUTERH C/CONSORCIO ALCARAZ 4402 S/EJECUCION FISCAL”.

Por último, si se resolviera continuar con la modalidad de contratación de un empleado en relación de dependencia, el consorcio aceptará someterse a los términos del CCT del SUTERH. Frente a ello, debe dar observancia a las características edilicias que imponen la categoría y carga horaria correspondiente.

Esperando haber sido de utilidad, lo saludo muy cordialmente.

Pablo Acuña

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Pablo Acuña es abogado, administrador y director del medio Pintando Horizontes de la localidad de Caseros, partido de 3 de Febrero, en la Pcia. de Buenos Aires. Para cualquier consulta se lo puede contactar en su comunidad de Facebook https://www.facebook.com/pintandohorizontes, en su cuenta de Twitter https://twitter.com/pintandohorizon o mandar un email a pabloa@alas-admconsorcios.info.

Estimada Esther:

Todo lo que Pequeñas Noticias sabe es que se firmó pero que el Ministerio de Trabajo todavía no lo homologó.

Hasta que no se haga oficial, no se debe pagar.

Apenas tengamos más novedades, las adelantaremos en nuestras redes sociales y -posteriormente- las desarrollaremos en el boletín.

Un saludo cordial.

Estimado Nicanor:

El correo lo podes enviar a pequenasnoticias@gmail.com o director@pequenasnoticias.com.ar 

Un saludo cordial.

Estimado Martín:

Para saber los días y lugares de reunión de la Comisión de Consorcios del Consejo Consultivo de la Comuna 15 te aconsejo escribir a comisionph15@gmail.com.

Un saludo cordial.

Clasificación de Residuos I

Este tema trajo muchos inconvenientes ya que había -por lo menos- dos interpretaciones de cómo abonar este concepto cuando la cantidad de unidades funcionales era superior a 25. Por suerte para todos, el 21 de diciembre pasado se reunió la Comisión Paritaria Permanente de Interpretación y resolvió que "para el pago del adicional por acarreo de residuos, cuyo valor surge de la escala salarial vigente para los convenios colectivos de trabajo, números 589/10 y 590/10, (texto ordenado 2013) corresponde la siguiente escala: hasta 25 unidades funcionales se paga el adicional entero; a partir de la unidad funcional Nº26 y hasta las 50, corresponde el pago de un tercio del adicional y así sucesivamente cada 25 unidades funcionales más".

Con un ejemplo, esto funcionaría así: la escala vigente (Septiembre 2015) estipula un valor de $306 por la clasificación de residuos, por lo tanto supongamos que un edificio tiene:

* 25 Unidades funcionales: Se deberá abonar $306

* 27 Unidades funcionales: Se deberá abonar $306 + $102 por las 2 unidades extras. Total $408

* 50 Unidades funcionales: Se deberá abonar $306 + $102 por las 25 unidades extras. Total $408

* 53 Unidades funcionales: Se deberá abonar $306 + $102 por las primeras 25 unidades extras + $102 por las 3 unidades siguientes. Total $510

Un saludo grande.

Clasificación de Residuos II

Estimado Enrique, antes de comenzar con la respuesta a tu consulta te agradecemos tus palabras ya que son un incentivo para seguir trabajando desde nuestra redacción.

Con respecto a tu consulta, no me queda del todo claro si tu duda es de dónde surge la obligatoriedad con respecto al pago del plus "Clasificación de residuos" del encargado o la obligatoriedad de hacer la separación de los residuos en origen, o sea, por parte de los vecinos o copropietarios. Sea una u otra la consulta, vamos por las dos.

La obligatoriedad de abonar el plus "Clasificación de Residuos" en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires surge de la Resolución 243/2013 SSRT-GCABA y el cómo se debe abonar surge del resultado de una reunión paritaria que realizó el sector porque su interpretación era ambigua. En este mismo boletín podrás encontrar una nota al respecto llamada "Se acordó cómo liquidar la clasificación de residuos" y un correo en el que damos ejemplos para aclarar la forma en que debe pagarse.

La obligatoriedad por parte de los copropietarios o vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de hacer la separación de los residuos en origen surge de la Ley 1.854/2005 de Basura Cero y de toda la normativa que se desprende de ella.

Un saludo grande y espero que con esta información puedas avanzar en el tema.

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