Santa María denunció que el Gobierno estira los tiempos de homologación

[BPN-12/05/16] El 1° de mayo, Víctor Santa María, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), denunció que el Gobierno está dilatando la homologación de los acuerdos paritarios. Estas declaraciones las realizó en un saludo que le envió a los porteros de los consorcios en el marco del Día del Trabajador <texto original>.

A continuación, el titular del sindicato señaló: "me parece que hoy no es un día para festejar sino que es motivo para estar preocupados, defender lo que hemos conseguido hasta ahora y -si es necesario- seguir movilizados como lo hicimos el 29 de abril junto con todos los trabajadores argentinos".

Por último, alertó: "a seguir atentos porque tenemos por delante un panorama en el cual nos tenemos que unir más que nunca y juntarnos para defender todos nuestros derechos".

A mediados de abril, fuentes confiables le informaron a este medio que se había modificado la nueva serie de aumentos para los porteros: se otorgaría una suma fija remunerativa de 1.800 pesos en marzo, otra igual en abril y otra de 2.000 pesos en mayo. Esta suma sería sustituida en junio por un incremento del 25% sobre la escala salarial vigente en febrero de este año. Este convenio sería válido sólo por seis meses a partir de marzo, es decir, que vencería en septiembre de 2016.

Es de recordar que a principios de marzo había trascendido que ya se habían firmado las paritarias del sector. El acuerdo estipulaba que los encargados recibirían una suma fija remunerativa de 1.800 pesos en marzo y otra igual en abril. Finalmente, esta suma iba a ser reemplazada en mayo por un aumento del 25% sobre la escala salarial vigente en febrero de 2016. Ese convenio, que iba a ser válido sólo por seis meses, nunca se homologó ni se publicó en el Boletín Oficial.

Al gremialista le realizaron protestas y paros

[BPN-12/05/16] El pasado miércoles 4 de mayo, los trabajadores de Página/12 acordaron un paro de 24 horas y realizaron una protesta en la calle ante la "persistente negativa" de la empresa a negociar un adelanto a cuenta de la paritaria. Mientras tanto, Víctor Santa María, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) y nuevo dueño de ese matutino, festejaba en un hotel céntrico la fusión de ese medio con el Grupo Octubre.

Mediante un comunicado publicado en el "Blog de los trabajadores de Página/12" <texto original>, la asamblea de empleados del diario expresó: "la bronca acumulada por la depreciación de los salarios sumada al silencio patronal desde que se hizo el pedido del 20% a cuenta y al destrato del nuevo dueño, Víctor Santa María, derivaron en un corte con gomas quemadas sobre la calle Filiberto, frente a la redacción de Página/12". Además, los empleados detallaron que desde febrero la Comisión Gremial Interna está pidiendo un adelanto pero "la respuesta, una y otra vez, fue el silencio".

Ocho días antes, el pasado martes 26 de abril, los trabajadores del periódico ya habían realizado un paro y retirado sus firmas de los artículos de ese matutino ante la falta de respuestas <texto original>.

Mientras los trabajadores del diario reclamaban por sus salarios, el titular del SUTERH presentaba la fusión de Página/12 con el Grupo Octubre y el relanzamiento de la señal AM 750 que también pertenece al multimedio.

Según informaron diversos medios periodísticos, durante el acto, Santa María señaló: "esto lo pudimos hacer porque tenemos un equipo de trabajo y una base muy sólida, que tiene que ver con todos los trabajadores de edificios que nos acompañan día tras día en los emprendimientos".

En el marco de la presentación, a la cual asistieron gran cantidad de dirigentes peronistas y del Frente para la Victoria, el director ejecutivo de Grupo Octubre, Francisco Meritello, afirmó: "queremos ser la voz de los laburantes". Haciendo referencia a esta declaración, los trabajadores del diario expresaron: "un buen primer paso para hacer realidad ese deseo podría ser sentarse a la mesa frente a los trabajadores".

Entre otros, acompañaron a Santa María en el festejo Daniel Scioli, Mariano Recalde, Daniel Filmus, Verónica Magario, Fernando Espinoza, Juan Carlos Junio, Matías Barroetaveña, María Rosa Muiños, Vicky Donda, Hugo Yasky y Roberto Baradel.

Por otro lado, el pasado viernes 6 de mayo, el diario digital Letra P, denunció que "con un discurso nac & pop, Santa María ignora reclamos y tiene empleados en negro", y advirtió: "el problema no se circunscribe solo a Página/12", sino que abarca a otros medios del Grupo Octubre. Según explicó ese sitio, "el sindicalista no traslada a sus empleados la lucha por los derechos de los trabajadores que encabeza con sus representados en el SUTERH".

"En las redacciones conviven periodistas que desde hace años facturan como monotributistas a pesar de que cumplen jornadas regulares y diarias de trabajo, con otros regulados por el convenio de los empleados de comercio", detalló y añadió: "los que trabajan en negro -que no tienen acceso a los beneficios de la actualización salarial por paritarias- cobran menos, incluso, que sus compañeros blanqueados, quienes, a su vez, ganan salarios inferiores a los previstos en el convenio de prensa. Además, por el mismo salario, colaboran con otros medios del grupo".

Es de recordar que el 18 de diciembre pasado, Pequeñas Noticias ya había adelantado que la compra de Página/12 podría concretarse en enero o febrero de este año. Dos meses después, el medio digital Urgente 24 anunció que el titular del SUTERH había comprado el 75% del diario y denunció que la operación se habría realizado con la caja de los afiliados al gremio. Finalmente, el 12 de abril pasado, Clarín informó que el día anterior se había concretado la venta.

El Grupo Octubre está integrado por diversos medios: la revista Caras y Caretas, El Planeta Urbano, Diario Z, Revista Alta (de Aerolíneas Argentina), el sitio Latinoamérica Piensa, Radio AM 750 -donde desembarcó en abril Víctor Hugo Morales- y FM Malena 89.1. Además, en torno al gremio, Santa María creó una gran maquinaria cultural que incluye también al Centro Cultural Caras y Caretas, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), la Editorial Octubre y el fideicomiso de producción cinematográfica FilmarFondeart.

Además, el secretario general del gremio que nuclea a los encargados estaría detrás del programa de televisión "Intratables" que inicialmente fue puesto al aire por la productora GP Media, fundada por Gastón Portal, cuya quiebra habría quedado en manos del Grupo Octubre

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La 'Ley Antidespidos' tiene media sanción

[BPN-12/05/16] El pasado miércoles 27 de abril, la Cámara de Senadores de la Nación le dio media sanción al proyecto de ley impulsado por el Frente para la Victoria para que quede prohibido despedir o suspender sin justa causa a cualquier trabajador durante 180 días a partir de la entrada en vigencia de esa norma. De esta forma los consorcios no podrán desafectar sin motivo valedero a su encargado durante 6 meses.

En caso de que, a pesar de todo, se produzca el despido, el trabajador afectado podrá optar por accionar judicialmente por su reinstalación en el puesto de trabajo o convalidar la extinción del vínculo. En el primer caso, el trámite de resolución será "sumarísimo" y el trabajador deberá percibir su salario completo más los aportes y contribuciones de ley hasta su efectiva reincorporación. En caso de que el trabajador convalide la extinción del vínculo laboral tendrá derecho a percibir el doble de las indemnizaciones que le correspondan de acuerdo a la ley vigente.

Esta iniciativa declara la "Emergencia Pública en Materia Ocupacional" y para convertirse en ley deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados. Por último, cabe la posibilidad de que el presidente Mauricio Macri la vete, teniendo en cuenta que expresó su rechazo públicamente.

Es de subrayar que las medidas que propone esta iniciativa no serán válidas para los trabajadores que se incorporen a su puesto de trabajo luego de su entrada en vigencia.

El proyecto <texto original> que ingresó bajo el número de expediente 1078/16, fue presentado el miércoles 13 de abril por 7 integrantes del bloque del PJ- FpV: Daniel Aníbal Lovera, Norma Haydée Durango, Roberto Gustavo Basualdo, Marina Raquel Riofrío, Miguel Ángel Pichetto, Guillermo Juan Pereyra y Juan Manuel Abal Medina.

En sus fundamentos, los senadores explicaron: "el trabajo decente con salarios dignos, con la protección de la ley y con todos los beneficios de la seguridad social es la principal herramienta para contribuir a erradicar la pobreza y promover la movilidad social ascendente".

La iniciativa que había sido tratado por la Comisión de "Trabajo y Previsión Social" de la Cámara Alta sufrió modificaciones respecto al texto original y quedó conformada por 9 artículos de los cuales uno es de forma <texto original>. Tras un debate en el Senado que duró casi seis horas, el proyecto contó con el respaldo de todas las bancadas de la oposición y se aprobó con 49 votos positivos y 15 negativos.

Luego de ser sancionado por el Senado, el proyecto demoró una semana en ingresar a la Cámara de Diputados. La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, habría retrasado el envió de la iniciativa para que no se pueda tratar en una sesión especial que impulsaba el FpV en la Cámara Baja.

Las comisiones de "Presupuesto y Hacienda" y de "Legislación del Trabajo" se reunieron el martes 10 para escuchar la opinión de algunos expertos laborales que se manifestaron en contra de la iniciativa. Al día siguiente, el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, quien no está de acuerdo con la proyecto, participó de ese plenario.

Por un lado, el PJ-FpV y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) estarían a favor de la aprobación de la iniciativa tal como vino del Senado. Por otro, el Frente Renovador y el Socialismo buscarían introducir un capítulo con beneficios fiscales para las PyMEs, con lo cual el texto volvería a la Cámara alta.

Según informaron diversos medios a fines de abril, en caso de aprobarse la Ley Antidespidos, el presidente tiene intención de vetarla. El jueves 21 de ese mes, el mandatario había expresado en un acto que hay que generar trabajo porque ese "es el camino para salir de la pobreza, pero no imponiendo leyes". Además, en esa oportunidad aseguró: "ya probamos en el 2002 con leyes que prohibían [los despidos] y eso no trajo más trabajo, sino que lo destruyó".

El 1° de mayo, en el marco de los festejos por el Día del Trabajador, Macri arremetió nuevamente contra el proyecto de Emergencia Ocupacional y chicaneó: "si fuera cuestión de leyes, saquemos una ley que diga que somos todos felices".

Vecinos de la Comuna 14 desconfían públicamente de la Ley Muñoz

[BPN-12/05/16] El pasado jueves 28 de abril, el legislador porteño Diego García De García Vilas (Confianza Pública) tuvo que abandonar una charla explicativa sobre la Ley Muñoz ^[1] y los proyectos que existen para modificarla porque los vecinos, en vez de escucharlo, pedían enérgicamente la derogación de la norma que creó un Consejo de la Propiedad Horizontal en la ciudad.

Es de recordar que el pasado viernes 4 de marzo, Diego García De García Vilas y Graciela Ocaña presentaron un proyecto en la legislatura de la ciudad para modificar la Ley Muñoz reduciendo la presencia del SUTERH ^[2] en el Comité Ejecutivo del Consejo, eliminando a SEARA ^[3] y aumentando la participación de los consorcistas y de la CAPHyAI ^[4].

La apertura de la charla libre y gratuita –prevista para las 18:30 en la sede de la Comuna 14 (Av. Coronel Díaz 2120)- estuvo a cargo del Dr. Gastón Blanchetiere, integrante de la Junta Comunal de Palermo. Mientras los presentes esperaban la llegada del legislador, que llegó tarde "por problemas de tráfico", el Dr. Ricardo Geler, presidente de la Asociación Civil de Defensa del Consumidor de Productos y Servicios como Propietario de Inmueble de la República Argentina (API), respondió algunas dudas del público respecto a la Ley 5.464.

Durante su disertación, Geler señaló que "los más afectados por la Ley Muñoz son los administradores", y denunció que "hace 30 años que el SUTERH hace lo que quiere". Por otro lado, admitió que "es muy difícil movilizar a un consorcista" aunque destacó que ese día había una cantidad de gente "que no es habitual".

Doce minutos después de iniciada la reunión, García de García Vilas arribó al lugar e intentó explicar –ante una sala colmada- los aspectos más controvertidos de la Ley Muñoz y qué proyectos existen para modificarla. Sin embargo, su disertación estuvo repleta de interrupciones por parte de los vecinos que le pedían directamente la derogación de la norma.

En el transcurso de su dificultosa exposición, el legislador aseguró que el Consejo de la Propiedad Horizontal es en realidad un colegio, que el SUTERH no tiene nada que hacer ahí y que el Registro Público de Administradores porteño "nunca funcionó como corresponde".

Además, invitó a los presentes a asistir a las reuniones de comisiones en la legislatura donde se van a tratar los proyectos de modificación de la Ley Muñoz: "es valioso que ustedes participen, que digan lo que piensan", consideró.

Minutos después, uno de los vecinos tomó el micrófono y aseveró: "en Europa hace 15 años que no existen más los porteros" y una gran cantidad de presentes lo aplaudieron. A las 19:08 hs., frente a la algarabía de los vecinos que se interrumpían unos a otros, el legislador Diego García de García Vilas –quien ya les había pedido en reiteradas ocasiones que lo dejaran hablar- abandonó el salón. Su presencia se redujo a 26 minutos en total. En su lugar, tomó la palabra el Dr. Gastón Blanchetiere quien afirmó: "no se puede plantear la desaparición del SUTERH porque no se puede plantear la derogación de la Ley de Asociaciones Sindicales".

Además agregó: "la idea de esta charla era escucharnos. Si se transforma en una realidad donde la única vía es insultar a los legisladores y pedir que se eliminen los sindicatos, no vamos a avanzar. La idea es que lleguemos a un acuerdo. Esta no es una reunión antisindical".

Más adelante, una de las vecinas presentes gritó a viva voz: "queremos derogar [la Ley Muñoz], no modificarla".

A continuación, tomó la palabra la Sra. Teresa Villanueva en su calidad de coordinadora de la Comisión de Propiedad Horizontal del Consejo Consultivo de la Comuna 2 (Recoleta), y aseveró: "la Comuna 2 pide la derogación [de la Ley Muñoz]".

"Un consorcio no es una empresa porque nosotros no tenemos ninguna ganancia a fin de año, ¡a ver si lo entienden! Todas estas cosas están mal manejadas porque son políticas sucias y la política no es para hacer cosas sucias. Nos acostumbramos a que la corrupción nos maneje. Yo lo que pido es la derogación", sentenció.

Al finalizar sus palabras <texto original>, la Sra. Villanueva, quien también es la titular de la Asociación de Consorcistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ACCABA), fue aplaudida por los asistentes durante largos minutos.

Por último, el Cr. Gustavo Gallego tomó el micrófono y adelantó que prontamente los consorcistas presentarán un recurso de amparo contra la Ley Muñoz firmado por la Dra. Diana Sevitz, abogada especialista en propiedad horizontal. El contador invitó a los vecinos que quieran sumarse a esa iniciativa a comunicarse con los representantes de las diferentes comisiones de consorcios que dependen de los consejos consultivos comunales.

También estuvieron presentes en la charla –entre otros- el Dr. Jorge Resqui Pizarro, titular de ReDeCo^[5]; el Ing. Norberto Villar, coordinador provisorio de la Comisión de Consorcios del Consejo Consultivo de la Comuna 15^[6]; y el Cr. Jorge Scampini, la Cra. Cecilia Vega y José Lizenberg, de APARA ^[7].

Estaba previsto que también asista el presidente de la junta comunal de la Comuna 14, Alejandro Pérez, pero –según explicó Blanchetiere- no pudo hacerse presente porque debió presentarse en un acto oficial. En su lugar asistió Patricia Saporiti, juntista comunal de la Comuna 12^[8] por Confianza Pública

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[1] Ley Muñoz: El 20 de noviembre de 2015, Fernando Muñoz (Frente para la Victoria) ingresó a la Legislatura porteña un proyecto de ley -bajo el número de expediente 2455-D-2015- para transferirle el control del RPA porteño a un Consejo de la Propiedad Horizontal. Trece días después, el 3 de diciembre, la Legislatura aprobó sobre tablas y sin debate parlamentario esa ley que hoy lleva el número 5.464. La conducción del nuevo Consejo está compuesta por 11 miembros de los cuales una importante mayoría son del SUTERH, de las entidades de administradores que firman los Convenios Colectivos de Trabajo y de un nuevo sindicato que agrupa empleados de administraciones de consorcios (SEARA). Poco tiempo después Muñoz fue nombrado Defensor de los Inquilinos porteños.

[2] SUTERH: Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal.

[3] SEARA: Sindicato de Empleados de Administradoras de la República Argentina.

[4] CAPHyAI: Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias.

[5] ReDeCo: Reafirmación de los Derechos del Consorcistas.

[6] Comuna 15: Agronomía, Chacarita, La Paternal, Parque Chas, Villa Crespo y Villa Ortúzar.

[7] APARA: Asociación Profesionales Administradores de la República Argentina.

Proponen crear un Consejo Consultivo consorcial

[BPN-12/05/16] El pasado martes 26 de abril, los legisladores Hernán Arce y Roy Cortina (Partido Socialista) presentaron un proyecto de ley para crear un Consejo Consultivo de la Propiedad Horizontal en el ámbito de la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor de la ciudad de Buenos Aires. Este organismo no podrá crear normas, sólo estará en condiciones de "proponer", "formular", "organizar", "buscar" y "elaborar". Su función será de "consulta, investigación, capacitación y asesoramiento" y sus resoluciones no serán vinculantes.

Estará integrado por 14 miembros no remunerados: tres representantes de los administradores (AIERH ^[1], CAPHyAI ^[2] y UADI ^[3]), tres de las asociaciones de consorcistas, dos del SUTERH ^[4], dos representantes de SEARA ^[5], dos de ONG’s de consumidores, uno de la Defensoría del Inquilino y la directora de Defensa y Protección al Consumidor en calidad de presidenta. Es de observar que en su composición hay cinco miembros que representan a dos gremios. Si se le suman los de las tres entidades de administradores que firman los CCT, la mayoría de su conducción quedaría en manos de ocho integrantes afines al SUTERH sobre un total de 14 (57%). Para este cálculo no se tomó en cuenta la representación de la Defensoría del Inquilino, Fernando Muñoz.

La iniciativa de Arce y Cortina va en sintonía con otro proyecto de ley que –junto a otros cuatro legisladores- presentaron el 30 de marzo para derogar la Ley Muñoz ^[6] que creó un Consejo de la Propiedad Horizontal en la CABA. Cabe remarcar que Arce se abstuvo de votar esta ley el 3 de diciembre pasado cuando se aprobó en la legislatura de la ciudad sin debate y dentro de un paquete de leyes en el marco de un acuerdo entre el Frente para la Victoria y el PRO. Al momento de esa votación, Roy Cortina todavía no había asumido su banca.

El nuevo proyecto <texto original> que ingresó bajo el número de expediente 1074-D-2016, cuenta con 10 artículos de los cuales uno es de forma, y ya giró a la comisión de "Legislación General".

Según el nuevo proyecto, el Consejo Consultivo de la Propiedad Horizontal tendrá las siguientes funciones:

a) Proponer a los organismos competentes el dictado de normas jurídicas o medidas de carácter administrativo o legal, destinadas a proteger y educar a los actores que participan en las relaciones de propiedad horizontal, así como también la elaboración de programas y políticas públicas.

b) Formular recomendaciones en temas o casos que afecten el adecuado ejercicio de la actividad de administración de consorcios.

c) Organizar e implementar foros de debate para la participación plural de las personas que integran los consorcios de propiedad horizontal.

d) Buscar y proponer soluciones a los conflictos que pudieren surgir entre los actores de la propiedad horizontal.

e) Coadyuvar en la capacitación de los administradores de consorcio, brindando cursos de formación y actualización. Todos ellos de carácter optativo y gratuito.

f) Elaborar documentos e informes, estadísticas globales y específicas, y formular análisis y proyecciones sobre toda temática relacionada con su competencia.

g) Dictar su propio reglamento interno el que, entre otras cosas, establecerá reuniones públicas y periódicas, con carácter al menos bimestral.

h) Colaborar con organismos públicos o privados, técnicos o consultivos para el perfeccionamiento de la legislación en materia de propiedad horizontal.

i) Emitir recomendaciones y declaraciones.

De acuerdo a la iniciativa de Arce y Cortina, mientras que el Gobierno porteño deberá brindarle el espacio físico y el equipamiento necesario al Consejo Consultivo, éste deberá difundir sus acciones y opiniones en la Web del GCBA.

En sus fundamentos, los legisladores socialistas explicaron: "la negativa a la polémica Ley 5.464 no puede hacernos desconocer la importancia de constituir un espacio de participación, diálogo e iniciativa que nuclee a los actores de la propiedad horizontal", y argumentaron: "entendemos que la Ley 941, que creó el Registro Público de Administradores de Consorcios, ha devenido insuficiente para regular esta compleja situación y es por ello que creemos necesaria la creación del Consejo Consultivo de Propiedad Horizontal".

Criticaron también el proyecto de modificación de la Ley Muñoz que presentó Horacio Rodríguez Larreta: "lamentablemente, lejos de reconocer errores propios y corregir el rumbo, el oficialismo apenas planteó enmiendas menores que no apuntan a resolver el conflicto suscitado por la Ley 5.464".

Por último aclararon que "la participación de todos los integrantes del Consejo será de carácter honorario, sus reuniones serán públicas y su trabajo, opiniones, informes y conclusiones, así como todo otro dato o información relevante en el marco de su competencia, será comunicado a través de la Web Oficial del GCBA"

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[1] AIERH: Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal.

[2] CAPHyAI: Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias.

[3] UADI: Unión Administradores de Inmuebles.

[4] SUTERH: Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal.

[5] SEARA: Sindicato de Empleados de Administradoras de la República Argentina.

Disturbios impidieron armar la quinta Comisión de Consorcios

[BPN-12/05/16] Los violentos incidentes ocurridos en la asamblea del Consejo Consultivo de la Comuna 4 impidieron que una vecina participativa, Flavia Parkinson, proponga la creación de una Comisión de Propiedad Horizontal para los barrios de Barracas, La Boca, Nueva Pompeya y Parque Patricios. Según diversos medios, uno de los agresores identificado como Rodolfo "El Cordobés" Corzo estaría vinculado con Víctor Santa María, secretario general del SUTERH ^[1], y con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Tanto el alborotador como su hijo -quien también participó de la trifulca empuñando un cuchillo- estarían prófugos.

Si se llegara a crear la Comisión de Propiedad Horizontal en la Comuna 4, ya serían 5 las comunas que contarían con espacios para debatir sobre temas consorciales: la Comuna 2 (Recoleta), la Comuna 3 (Balvanera y San Cristóbal), la Comuna 12 (Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón) y la Comuna 15 (Agronomía, Chacarita, La Paternal, Parque Chas, Villa Crespo y Villa Ortúzar).

En diálogo con Pequeñas Noticias, Flavia Parkinson explicó que hace aproximadamente dos años que el Consejo Consultivo no se reunía por problemas internos y que el miércoles 4 de mayo por la noche se llevó a cabo una primera asamblea para organizar –entre otros temas- las comisiones que lo compondrán.

[2] Ley Muñoz: El 20 de noviembre de 2015, Fernando Muñoz (Frente para la Victoria) ingresó a la Legislatura porteña un proyecto de ley -bajo el número de expediente 2455-D-2015- para transferirle el control del RPA porteño a un Consejo de la Propiedad Horizontal. Trece días después, el 3 de diciembre, la Legislatura aprobó sobre tablas y sin debate parlamentario esa ley que hoy lleva el número 5.464. La conducción del nuevo Consejo está compuesta por 11 miembros de los cuales una importante mayoría son del SUTERH, de las entidades de administradores que firman los Convenios Colectivos de Trabajo y de un nuevo sindicato que agrupa empleados de administraciones de consorcios (SEARA). Poco tiempo después Muñoz fue nombrado Defensor de los Inquilinos porteños.

Proponen crear un Ministerio de Propiedad Horizontal

[BPN-12/05/16] La Dra. Rita Lidia Sessa, vicepresidenta de la Fundación Liga del Consorcista de Propiedad Horizontal (LCPH), propuso la creación de un Ministerio de Propiedad Horizontal en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires para fortalecer la intervención estatal y que se aparten de este sector "olvidado" quienes pretenden lucrar con él "indebidamente".

Así lo expresó el pasado lunes 2 de mayo en una nota titulada "La verdadera razón de la sinrazón"  <texto original>, que se publicó en el sitio Web de la fundación. Allí la letrada explicó: "la CABA ha dictado su estatuto organizativo similar a las constituciones provinciales. Sin embargo, ha dejado olvidada a la propiedad horizontal", y se preguntó: "¿Cuál es la razón de la desprotección institucional en que la ciudad de Buenos Aires sumerge a uno de los mayores sectores que promueven el movimiento económico de esa gran urbe argentina?".

A continuación, la Dra. Sessa detalló: "la propiedad horizontal es una fuente de enorme creación de riqueza que incluye y abarca a los sectores aseguradores, bancarios, comerciales e industriales en general. Aparecen así las constructoras, las inmobiliarias, las empresas dedicadas a administrar consorcios, los empleados y proveedores de los edificios y finalmente los consorcistas que con el pago de sus expensas contribuyen a sostener todo el sistema".

"Sin embargo, la gran urbe argentina ha olvidado a la propiedad horizontal: ha creado un tímido y poco eficiente Registro Público de Administradores, sin estructura suficiente", denunció y agregó: "su falta de eficacia es aprovechada por sectores que observan con avidez el lucro que podrían obtener, denostando por ineficiente la intervención estatal".

Por último, la vicepresidenta de la Liga del Consorcista concluyó: "ante la inercia del estado urbano aparecen leyes como la absurda Ley 5.464^[1]. Es preciso entonces fortalecer la intervención estatal creando un Ministerio de la Propiedad Horizontal. Se apartarán así los que ven en la propiedad horizontal una forma de lucro indebido"

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Anécdotas de un administrador

[BPN-12/05/16] "Para ser un buen administrador no hay que perder la paciencia", asegura la Cra. Mariel Judith Kernes en la segunda edición de su primer libro "Anécdotas de un Administrador de Consorcios". La obra basada en casos reales y ficticios, fue elaborada a partir de la experiencia del esposo de la autora que desde hace un tiempo se dedica a la administración de edificios.

En las primeras páginas de su libro, Kernes explicó que "su objetivo es dejar algunas enseñanzas sobre hechos que muchas veces suceden en la vida consorcial, pero a los que no se les da la importancia que realmente merecen", y aclaró: "si bien este libro está relatado como un conjunto de historias, en la mayoría de los capítulos se incluye al final una pequeña descripción teórica relacionada con temas de consorcios".

El libro fue editado en febrero de 2016 por Editorial Dunken y consta de 64 páginas distribuidas en un prólogo, un apartado titulado "Recetas para ser un buen administrador", y 13 capítulos: "La entrevista inicial. Llegó el día", "Y fui elegido", "El desafío de administrar", "La asamblea ordinaria", "Y siguen los llamados", "Siempre en el medio", "Chismerío de consorcios", "Se armó la fiesta", "¿Y dónde está el administrador?", "Insólita reunión de consorcio", "¿Será un buen administrador?", "¿Y las sillas dónde están?" y "Me jubilé".

Las páginas internas del libro son en blanco y negro. La tapa y la contratapa son a color.

Terrazas verdes bonaerenses

[BPN-12/05/16] El pasado jueves 14 de abril, el senador bonaerense Walter Lanaro (Cambiemos) presentó un proyecto de ley para que aquellos edificios que utilicen su terraza para sembrar césped o cultivar vegetales obtengan beneficios impositivos tales como descuentos en el Impuesto Inmobiliario. Para ello, propuso la creación del programa "Techos o Terrazas Verdes" en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.

En su iniciativa, el senador por el partido de Ituzaingó "invitó" a los municipios a adherirse a este programa. Aquellos que accedan "deberán evaluar el otorgamiento de reducciones en el pago de los derechos de delineación, construcción, y todo otro derecho o tasa municipal, tales como Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL), a aquellas construcciones que integren una o más cubiertas vegetales".

De acuerdo al proyecto de Lanaro, la autoridad de aplicación fiscalizará y controlará la existencia y el mantenimiento de las terrazas en las condiciones apropiadas. En todos los casos, si se llegara a verificar que una "terraza verde" dejó de existir, el consorcio perderá inmediatamente el beneficio otorgado.

El proyecto que tomó estado parlamentario el miércoles 4 de mayo, ingresó bajo el número de expediente E 101 2016 2017 y será girado a las comisiones: "Ambiente y Desarrollo Sostenible", "Presupuesto e Impuestos" y "Legislación General" <texto original>.

En sus fundamentos, el senador bonaerense argumentó: "en promedio, la terraza de un edificio ocupa 100 metros cuadrados. Si al menos en una de las tantas torres construidas en la provincia hubiera una cubierta verde, las ciudades sumarían césped y plantas en miles y miles de metros cuadrados".

En este sentido, señaló: "la realización de jardines en cubiertas de edificios, balcones, terrazas, losas de estacionamientos o viviendas privadas es una técnica aprovechada en muchas ciudades del mundo para resolver la falta de espacios verdes, la aislación térmica y acústica de los edificios".

Por último, concluyó: "estas cubiertas colaboran con disminuir el efecto de la isla de calor causado por el asfalto y el cemento, reducen el riesgo de inundaciones -ya que actúan reteniendo los caudales de lluvia- y mejoran los índices de polución del aire aportando oxígeno a la ciudad y conservando la biodiversidad".

A nivel nacional, a fines de 2009, el por entonces senador por Jujuy, Guillermo R. Jenefes (Frente para la Victoria), ingresó un proyecto de declaración para alentar la implementación de las cubiertas verdes en las partes superiores de los edificios.

En el ámbito porteño, desde el 10 de diciembre del 2012 rige la Ley de Terrazas Verdes (Ley 4.428) que beneficia a los propietarios de inmuebles que poseen vegetación en sus terrazas, con descuentos en el ABL que van desde un 5% hasta un 20%, según los metros cuadrados cultivados.

En 2013, el Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe sancionó una ordenanza para promover y fomentar la construcción de terrazas verdes. A principios de mayo de este año, la edila justicialista Marcela Aeberhard solicitó conocer si se puso en marcha dicha normativa y qué cantidad de terrazas existen.

En Rosario, a mediados de febrero de 2014, el edil Aldo Pedro Poy (Partido Demócrata Progresista) presentó un proyecto ante el Consejo Municipal proponiendo aplicarle un descuento de casi un tercio de la Tasa General de Inmuebles (TGI) a aquellos edificios que cuenten con terrazas verdes.

CUCICBA apelaría la suspensión de la Resolución 350

[BPN-12/05/16] Con la apelación que presentaría en breve el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA) contra la suspensión de la Resolución 350^[1] que estableció que las comisiones de los alquileres se iban a poder fijar libremente entre las partes, continúa la dura pulseada que se desató hace ya un tiempo entre los inquilinos porteños y el Colegio que nuclea a los inmobiliarios.

Es de recordar que a fines de marzo la organización Inquilinos Agrupados (IA) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentaron ante la Justicia local un recurso de amparo contra la Resolución 350 emitida por CUCICBA por considerarla ilegal ya que la Ley 2.340 (Ley CUCICBA) dispone que los montos de los honorarios que perciben los inmobiliarios no pueden superan el 4,15% del valor total del contrato.

Todo comenzó hace unos pocos años cuando el exlegislador Fernando Muñoz (FpV)^[2], actual Defensor de los Inquilinos porteños, y su hijo, Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos Agrupados, comenzaron a realizar una serie de actos visibilizando la problemática de los inquilinos en la ciudad y denunciando el actuar "ilegal" de las inmobiliarias.

Puntualmente, el 21 de agosto de 2015, Fernando Muñoz inició una acción de amparo contra CUCICBA por "respuestas vagas e imprecisas, esquives y mentiras" a dos pedidos formales que él había presentado para que esa entidad explique los motivos por los cuales los montos de los honorarios que cobraban sus matriculados superaban el valor establecido en la Ley 2.340 (el 4,15% del total del contrato).

Por otro lado, el 5 de octubre de ese año, en el marco del primer Festival de Inquilinos, Muñoz denunció a CUCICBA por actuar en forma "corporativa" y desempeñar "funciones excesivas" para el control del sector.

Un mes después, el 3 de noviembre de 2015, ese Colegio profesional apeló un fallo de la Justicia porteña que lo obligaba a brindar información acerca de las medidas que tomaba contra las inmobiliarias que cobraban comisiones por encima de lo permitido por la ley.

La disputa se complicó cuando sorpresivamente, el 27 de enero de 2016, mediante la Resolución 350 <texto original> (BO: 01/02/16), CUCICBA estableció que las comisiones de los matriculados se iban a poder fijar libremente entre las partes "a los fines de no contradecir lo normado por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación". En esa oportunidad, agregó también una lista de porcentajes de honorarios sugeridos entre los que se destacó que para el alquiler de viviendas particulares las comisiones podían ir desde uno a dos meses de alquiler.

Tres semanas después, Fernando Muñoz salió al cruce del Colegio y denunció que esa resolución era "inválida e intentaba tapar con una ilegalidad otras 500 ilegalidades que se cometen por día y que el propio Colegio dice desconocer".

Finalmente, el pasado martes 29 de marzo, Gervasio Muñoz y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia presentaron un recurso de amparo contra la Resolución 350. La acción (Exp. A2206-2016) fue iniciada con el patrocinio letrado del Dr. Sebastián Pilo y recayó en la Secretaría 33° -a cargo del Dr. Juan Scasso- del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidido por el Dr. Marcelo Segón.

Mediante un comunicado difundido ese mismo día <texto original>, el referente de Inquilinos Agrupados expresó: "la Resolución 350 tiene el efecto de legitimar una práctica ilegal generalizada por parte de las inmobiliarias, quienes suelen cobrar dos o más meses de comisión a los inquilinos, a pesar de que la ley le impide cobrar más de uno".

Al respecto, CUCICBA explicó en su sitio Web <texto original> que el 14 de abril la Justicia dispuso que el Colegio tenía un día para informarle vía correo electrónico a todas las inmobiliarias registradas que debían colocar un cartel en sus vidrieras comunicando la existencia de ese amparo. Sin embargo, de acuerdo a esa entidad, ellos cumplieron pero muchos emails fueron rebotados porque no estaban debidamente actualizados. A raíz de esto, el 20 de abril la Justicia ordenó que en el transcurso de ese día el Colegio tenía que notificar fehacientemente sobre el amparo a todos los matriculados. De lo contrario, sería multado con 500 pesos por cada día de retraso.

Ante esta resolución, CUCICBA anunció que repudió "la desmesura de la medida en un pedido de revocatoria con apelación en subsidio" pero que el 22 de abril el juez insistió en sostener la medida "no haciendo lugar al pedido de revocatoria, pero concediendo la apelación en subsidio".

Sin embargo, el lunes 9 de mayo, en declaraciones periodísticas, el fundador de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Armando Pepe, se sumó a la polémica y aseguró: "la resolución del juez no es sentencia firme así que seguramente hoy la Justicia va notificar al Colegio sobre lo dispuesto y por supuesto que CUCICBA va a apelar esa medida" 

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[1] Mediante la Resolución 350 (BO: 01/02/16), a los fines de no contradecir lo normado por el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, CUCICBA estableció que las comisiones de los matriculados se iban a poder fijar libremente entre las partes. Agregó también una lista de porcentajes de honorarios sugeridos entre los que se destacó que para el alquiler de viviendas particulares las comisiones podían establecerse entre uno y dos meses de alquiler.

Silvina García Larraburu quiere modificar el Código Civil

[BPN-12/05/16] El pasado lunes 4 de abril, la senadora rionegrina Silvina García Larraburu (Frente para la Victoria) presentó un proyecto de ley impulsado por el Frente de Inquilinos Nacional (FIN) para modificar ciertos artículos del Código Civil y Comercial de la Nación relacionados con el alquiler de inmuebles.

A grandes rasgos, la iniciativa propone que las comisiones inmobiliarias no puedan superar el mes de alquiler, que el plazo mínimo de los contratos sea de tres años y que los aumentos se estipulen de acuerdo al índice elaborado por el Instituto de Estadísticas y Censos de la Nación (INDEC) en base a la evolución de los precios al consumidor y salarios. Además, pretende que se explicite que el depósito inicial se deberá devolver, que dos meses antes de la finalización del contrato el inquilino tendrá que ser notificado si se lo van a renovar o no, y que se establezca que el locatario tendrá que pagar las expensas ordinarias y el propietario, las extraordinarias.

Para ello, García Larraburu plateó modificar los siguientes artículos del Código Civil: 1.196 (locación habitacional), 1.198 (plazo mínimo de la locación de inmueble), 1.209 (pagar cargas y contribuciones por la actividad) y 1.221 (resolución anticipada).

El proyecto <texto original>, que consta de 6 artículos de los cuales uno es de forma, ingresó bajo el número de expediente 894/16 y ya giró a la comisión de "Legislación General". El jueves 5 de mayo, la organización Inquilinos Agrupados, que es parte del FIN, informó que ese mismo día a las 16 horas se iba a tratar el tema en comisión y que representantes de esa entidad iban a estar presentes.

Acompañaron la iniciativa con su firma los senadores del FpV: Julio César Catalán Magni, Salvador Cabral, María Ester Labado, Sandra Daniela Giménez, Inés Imelda Blas, Ruperto Eduardo Godoy, Anabel Fernández Sagasti y María de los Ángeles Sacnun.

Es de recordar que este proyecto fue presentado por el Frente de Inquilinos Nacional en una conferencia de prensa desarrollada el jueves 18 de febrero. En esa oportunidad, estuvieron presentes asesores de la senadora Silvina García Larraburu.

En sus fundamentos, la autora de la iniciativa explicó: "conforme estadísticas de reclamos del sector de los inquilinos, se constató que los aumentos en los precios de los alquileres rondan el 46% y en algunos casos llegan al 60%", y añadió: "a estos incrementos hay que sumarle los discrecionales en las expensas -nunca del todo claras- que deben pagar los inquilinos".

Por otro lado, la senadora denunció: "la falta de regulación del sector inmobiliario hace que se comporte como un cartel a la hora de formar precios y aproveche una oferta artificialmente restringida por ellos mismos", y agregó: "la consecuencia de la ausencia del Estado en un sector que comercia con un derecho tan importante es la enorme dificultad económica que atraviesan los inquilinos para acceder a una vivienda digna".

Por último, García Larraburu concluyó: "es fundamental que legislemos el mercado inmobiliario para asegurar contrataciones justas al momento de alquilar, evitar cláusulas abusivas y aumentos indiscriminados de precios guiados por la mera especulación"

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Proyecto de multas e inhabilitación

[BPN-12/05/16] El pasado lunes 21 de marzo, la legisladora porteña María Rosa Muiños (Frente para la Victoria) presentó un proyecto de ley para que los inmobiliarios que cobren comisiones mayores al 4,15% del valor total del contrato de alquiler, sean multados con el doble del importe percibido. Pretende también que si el infractor comete tres veces la misma falta dentro del término de un año y medio, se lo inhabilite para ejercer la actividad durante dieciocho meses.

Para lograr este objetivo, la vicepresidenta 2° de la legislatura de la ciudad propuso agregarle un nuevo artículo a la Ley 451 (Régimen de Faltas de la CABA): el Art. 4.129°.

En sus fundamentos, Muiños explicó que el fin de su iniciativa es "evitar posibles abusos o cobros que excedan el marco legal vigente en la ciudad, en perjuicio de la parte más débil de la cadena, ergo, el inquilino de un inmueble destinado a vivienda única".

Valeria Amendolara reflotó su proyecto

[BPN-12/05/16] El pasado miércoles 9 de marzo, la diputada bonaerense Valeria Amendolara (FpV) volvió a presentar un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires para crear un "Organismo de Control de Viviendas en Locación". La iniciativa es una reproducción de otra presentada hace dos años que no prosperó

De ser aprobado el proyecto, algunas de las funciones de ese organismo de control -que actuará como entidad autárquica- serán:

a) Verificar los contratos de alquileres urbanos efectuando las observaciones, recomendaciones, sugerencias, adecuaciones o correcciones que correspondan.

b) Homologar y registrar los contratos y entrecruzar datos con el organismo local recaudador de impuestos.

c) Calificar los inmuebles ofrecidos para garantizar que satisfagan la calidad necesaria.

d) Efectuar las denuncias correspondientes a la Dirección Provincial de Comercio a fin de que adopte las medidas necesarias y -de resultar procedente- inscribir al locador en el Registro de Infractores a la Ley del Consumidor y del Usuario.

e) Informar al Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires así como a los colegios departamentales correspondientes, del comportamiento asumido por el martillero o corredor público matriculado a fin de que fiscalice el correcto ejercicio de la profesión.

f) Ejecutar programas de divulgación pública sobre la existencia de garantías bancarias para alquilar.

El proyecto <texto original> –que es una reproducción del expediente D-652/14-15 presentado el 14 de abril de 2014- consta de 9 artículos de los cuales uno es de forma e ingresó bajo el número de expediente D- 164/16-17. Desde el 17 de marzo se encuentra en la comisión de "Legislación general" y luego deberá girar a "Asuntos constitucionales y justicia" y "Presupuesto e impuestos".

Hay consorcistas que desean darle el departamento en comodato

Estimados:

Agradecería que me sacaran de dudas.

El caso es que el encargado tomó fecha para iniciar su jubilación cuando faltan dos meses para que se venza el plazo de un año.

Hay consorcistas que desean darle el departamento en comodato hasta tanto se jubile.

Mi pregunta es: ¿se puede dar en comodato? Y en ese caso, ¿qué porcentaje tiene que haber en una asamblea para que se apruebe o tienen que asistir todos los propietarios?

Desde ya, muchas gracias.

Cristina [CABA]

(25/04/2016)

Estimada Cristina:

Encuentro un poco imprecisa su consulta dado que la expresión "tomo fecha para iniciar su jubilación" me resulta un poco vaga. Le daré información general que espero pueda arrojar luz a su interrogante.

Si un trabajador se encuentra en condiciones de jubilarse (léase: edad + aportes) el empleador puede intimarlo -de acuerdo al Art. 252º de la Ley 20.744- para que inicie los trámites pertinentes. Recién entonces, obtenido el beneficio jubilatorio o vencido el plazo de un año, el contrato QUEDA EXTINGUIDO. 

Ahora bien, a fin de que comience a correr el plazo, hay jurisprudencia que indica que el empleador debe poner en mora al trabajador para retirar los certificados necesarios para hacerlo.

Durante TODO ese plazo, la relación laboral permanece INTACTA en todos sus aspectos. En otras palabras, el estado de la ocupación de la vivienda, siendo parte de la modalidad del vínculo contractual, no puede alterarse.

Una vez que el contrato quede extinto, el destino de la vivienda del encargado debe adecuarse a lo que explícitamente indica el reglamento de propiedad horizontal. Entiendo que una vez jubilado el empleado, probablemente la voluntad del consorcio sea contratar a una persona para ocupar las funciones que el otro dejó vacantes. La estructura del edificio y las conveniencias particulares determinarán si esa vivienda será requerida para el nuevo empleado. Aun si así no lo fuese (por cualquier razón, de manera temporal o permanente), lo cierto es que el destino de la unidad en cuestión sería exclusivamente esa -reitero: si el reglamento lo expresa de ese modo-. Toda otra utilización que difiera del objeto puntual de la misma implica una modificación de su destino. Este tipo de decisión requiere, como lo indica el Art. 2.057º del Código Civil y Comercial, una mayoría de dos tercios de la totalidad de los propietarios.

Esperando haber sido de utilidad, la saludo muy cordialmente.

Pablo Acuña

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Pablo Acuña es abogado, administrador y director del medio Pintando Horizontes de la localidad de Caseros, partido de 3 de Febrero, en la Pcia. de Buenos Aires. Para cualquier consulta se lo puede contactar en su comunidad de Facebook https://www.facebook.com/pintandohorizontes, en su cuenta de Twitter https://twitter.com/pintandohorizon o mandar un email a pabloa@alas-admconsorcios.info.

Estimada Patricia:

Según trascendidos periodísticos, en mayo se abonaría una cifra fija de 2 mil pesos a un trabajador de tiempo completo.

Sin embargo, el Ministerio de Trabajo, por razones que desconocemos, no homologa este convenio.

Así que debe esperar antes de abonar cualquier tipo de aumento, a que el acta acuerdo sea homologado y debidamente dado a conocer.

Un saludo cordial.

Estimado Carlos:

La Liga del Consorcista realiza una campaña en su propio sitio Web. Desarrollaron una aplicación que cuando un adherente se registra <vínculo>, le envía automáticamente un correo electrónico a cada legislador solicitándole que vote por derogar la Ley Muñoz (Ley 5.464). 

Por su parte, AIPH (Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal), bajo la consigna "Sr. Rodríguez Larreta deje sin efecto la Ley 5.464", realiza una campaña en la plataforma "Change.org" que, al día de hoy, ya reunió 1.522 firmas <vínculo>.

Un saludo cordial.

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