Está todo preparado para votar la modificación a la Ley Muñoz

[BPN-24/05/16] Según el legislador Hernán Arce (Partido Socialista), el próximo jueves 26 de mayo se votaría en el recinto de la legislatura porteña una modificación de la Ley Muñoz ^[1] que creó un Consejo de la Propiedad Horizontal en esta ciudad. Puntualmente se tratará el dictamen <texto original> elaborado el pasado miércoles 18 de mayo por la Comisión de Legislación General. La CAPHyAI (Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias) se consideraría satisfecha con esos cambios. Con respecto a su tratamiento en el recinto, en el día de ayer, el legislador Daniel del Sol (PRO) expresó a un grupo de vecinos que el tema será tratado a mediados de junio.

A grandes rasgos, el dictamen aprobado reduce los representantes del SUTERH ^[3] de tres a uno, sube los de los consorcistas de uno a dos y aumenta de uno a tres los miembros del Gobierno de la CABA. Además, elimina la representación de los consumidores y usuarios, mantiene la representación de SEARA ^[4] y del Defensor de los Inquilinos porteños, Fernando Muñoz. Propone que todos los cargos sean adhonorem. Por otra parte, la matrícula de los administradores este año no podrá superar los 2 mil pesos,

Los integrantes de la Comisión tomaron para su estudio tres iniciativas: el proyecto de derogación de Hernán Arce (Expte. 648-D-2016) y las propuestas de modificación presentadas por Diego García de García Vilas (Confianza Pública) (Expte. 233-D-2016) y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (Expte. 858-J-2016).

Sin embargo, no tomaron en cuenta otras tres iniciativas. Una de ellas también fue presentada por Arce y buscaba crear un Consejo Consultivo de Propiedad Horizontal no vinculante (Expte. 1074-D-2016). Otra fue ingresada por el vecino Osvaldo Buscaya para derogar la Ley Muñoz (Expte. 603-P-2016) y la última –para modificar la norma- correspondía al Adm. Juan Manuel Acosta y Lara, presidente de AIERH ^[2].

La Comisión tampoco trató un proyecto de modificación (Expte. 1422-D-2016) ingresado por la legisladora Silvia María Eva Gottera (Frente para la Victoria) minutos después de iniciada la reunión. Ésta toma elementos de la propuesta de Acosta y Lara y le introduce numerosas modificaciones <texto original>.

El dictamen de la Comisión de Legislación General propone que el SUTERH cuente con un representante -en lugar de tres- dentro del Comité Ejecutivo del Consejo de la Propiedad Horizontal, aunque no podrá tener injerencia en el control de la matrícula de los administradores ni en el Tribunal de Disciplina.

Además, pretende que las asociaciones de consorcistas tengan dos representantes en lugar de uno, y que se elimine completamente la presencia de las asociaciones de consumidores y usuarios. No establece –al igual que la Ley Muñoz- cuál sería el mecanismo para lograr esa representación.

Se mantiene la presencia de SEARA ^[3] que al parecer tendría las mismas facultades que los demás miembros del Comité ya que no se especifica lo contario, como en el caso del gremio de los porteros. O sea que tendrá participación activa en el control de la matrícula de los administradores y en el Tribunal de Disciplina.

También se mantiene la presencia de los tres representantes de los administradores por cada una de las entidades que firman los convenios colectivos de trabajo: AIERH, CAPHyAI ^[5] y UADI ^[5]. Nunca, ni la Ley Muñoz ni los diferentes proyectos de modificación, explicaron por qué se eligieron estas tres entidades de administradores de un universo de seis existentes. Quedaron afuera AIPH (Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal AIPH), FRA (Fundación Reunión de Administradores) y APARA (Asociación de Profesionales Administradores de la República Argentina).

Asimismo, se mantiene la presencia del Defensor de los Inquilinos porteños, Fernando Muñoz, el polémico autor de esta ley.

En cuanto a los miembros pertenecientes a la ciudad, el dictamen tomó la propuesta de Larreta: que ocupen los cargos la directora de Defensa y Protección al Consumidor –que será la presidenta del Consejo y tendrá derecho a veto- y dos funcionarios designados por esa Dirección. Los tres permanecerán en el cargo indefinidamente hasta que se designe un reemplazo. Es de destacar que desde diciembre de 2015, la directora de Defensa y Protección al Consumidor es la Dra. Vilma Bouza.

Asimismo, se estableció que todos los miembros de ese Comité van a ser adhonorem y que deberán presentar anualmente su Declaración Jurada Patrimonial ante la Legislatura de la ciudad.

En otro orden de cosas, el dictamen agregó que el valor del canon de inscripción y la cuota anual que deberán abonar los administradores no podrá ser superior a 400 unidades fijas (UF), cuyo valor será establecido anualmente por la Ley de Presupuesto. Se estipula que dichos costos deberán ser absorbidos de manera directa por los administradores, no pudiendo trasladar a los consorcistas, propietarios o inquilinos los gastos asociados. De esta manera argumentan que se evitaría un aumento en las expensas.

Por último, se incluye una cláusula transitoria que fija en 5 pesos el valor de la unidad fija para el 2016. Con lo cual, la inscripción y la matriculación no podrá superar los 2.000 pesos al menos durante este año. Esta cifra, si se aplica a un padrón de 6 mil administradores, implica un ingreso para el Consejo de 12 millones de pesos anuales (844.178 dólares). Sin embargo, hay que tener en cuenta que de no existir esta cláusula transitoria, la matrícula de los administradores saldría 3.080 pesos dado que el 4 de febrero pasado la unidad fija se estableció, por el término de seis meses, en $7,70 ^[6]. Esto significará -vencida esta cláusula- un aumento de un 54% -a valores de hoy- en el costo de la matrícula. Multiplicada por los 6 mil administradores representaría un ingreso anual para la entidad creada por Muñoz de 18.480.000 pesos (u$s 1.300.35,17). 

Por otro lado, la modificación agrega también que el Reglamento General del Consejo va a determinar el régimen de sanciones aplicable a los miembros de ese nuevo ente.

Tomando la propuesta de García de García Vilas, el dictamen eliminó el "derecho" que le otorga la Ley 5.464 (Art. 33°, inc. c) a los mandatarios de los consocios de "abstenerse de cumplir cualquier resolución de la asamblea de copropietarios o del Consejo de Propietarios, previa notificación a éstos, que fuera contraria a las leyes y decretos nacionales o de la Ciudad, reglamento de copropiedad, reglamento interno o cualquier otra disposición legal".

Por último, se excluye por completo el Título V de la Ley Muñoz que hace referencia a la "Resolución de Conflictos". Es de destacar que Arce subrayó que el Consejo tiene la facultad de crear ese mismo sistema y, por lo tanto, esa eliminación es cosmética.

Puntualmente, el dictamen modifica los siguientes artículos de la Ley Muñoz: 5°, 9°, 10°, 11°, 13° y 14°. Además, deroga el inciso i) del artículo 12°, el inciso c) del artículo 33 y todo el Título V.

Dicho documento fue firmado por cuatro legisladores del PRO: el presidente de la Comisión de Legislación General, Daniel del Sol; Mercedes de las Casas; María Cecilia de la Torre; y Roberto Quattromano. Mientras que Diego García de García Vilas firmó en disidencia; no plasmaron su firma la vicepresidenta de la Comisión, María Inés Gorbea (SUMA+); Patricio del Corro (PTS); Eduardo Petrini (PRO) y María Magdalena Tiesso (FpV).

En declaraciones realizadas al diario Clarín el pasado 23 de mayo, el Adm. Daniel Tocco, presidente de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, consideró: "teniendo en cuenta que la ley fue votada en su momento por 58 diputados, era difícil que ahora quisieran derogarla, con lo cual, con estos cambios nos damos por satisfechos".

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[1] Ley Muñoz: El 20 de noviembre de 2015, Fernando Muñoz (Frente para la Victoria) ingresó a la Legislatura porteña un proyecto de ley -bajo el número de expediente 2455-D-2015- para transferirle el control del RPA porteño a un Consejo de la Propiedad Horizontal. La conducción del nuevo Consejo está compuesta por 11 miembros de los cuales una importante mayoría son del SUTERH, de las entidades de administradores que firman los Convenios Colectivos de Trabajo y de un nuevo sindicato que agrupa empleados de administraciones de consorcios (SEARA). Poco tiempo después Muñoz fue nombrado Defensor de los Inquilinos porteños. Trece días después, el 3 de diciembre, la Legislatura aprobó sobre tablas y sin debate parlamentario esa ley que hoy lleva el número 5.464.

[2] AIERH: Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal.

[3] SUTERH: Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal.

[4] SEARA: Sindicato de Empleados de Administradoras de la República Argentina.

[5] UADI: Unión Administradores de Inmuebles.

[6] Resolución N.º 23/SSJUS/16 (BO: 04/02/2016)

Ya se firmó el dictamen para modificar la Ley Muñoz

[BPN-24/05/16] El pasado miércoles 18 de mayo, se reunió la Comisión de Legislación General en la legislatura porteña y elaboró un dictamen para modificar la Ley Muñoz ^[1] a pesar del rechazo de los vecinos que pedían la derogación de la norma. A diferencia de la reunión anterior, los ciudadanos pudieron expresarse durante su tiempo reglamentario.

Durante la primera media hora, los vecinos tuvieron oportunidad de expresar sus opiniones. En primer lugar, disertó la Dra. Valeria Pasini, integrante de la Comisión de Propiedad Horizontal de la Comuna 2 (Recoleta), y expresó: "no entendemos todavía cuál es la necesidad de esta ley" <texto original>.

Posteriormente, la Dra. Victoria Loisi de la Liga del Consorcista indicó: "lo que pedimos es la derogación lisa y llana, después se pueden volver a sentar y discutir ampliamente qué es lo que se quiere hacer" <texto original>.

Luego, tomó la palabra el Cr. Gustavo Gallego que opinó: "no veo que esta ley beneficie ni ayude a los consorcistas". Además pidió: "no nos pongan en manos de terceros" <texto original>.

A continuación, Andrés Zulberti –también conocido como Gerardo Andino-, coordinador de la Comisión de Propiedad Horizontal del Consejo Consultivo de la Comuna 3 (San Cristóbal y Balvanera), aseguró: "no tiene sentido crear algo que ya existe en la Ley 941 [el Registro Público de Administradores]. Simplemente hay que ayudar a que funcione y controlar a los administradores de consorcios" <texto original>.

Minutos después, el Dr. Jorge Martín Irigoyen, asesor letrado de la CAPHyAI ^[2] explicó: "hubo un proyecto de derogación presentado que nosotros [...] avalamos desde la Cámara. Pero también hay un proyecto de modificación y hay que ver si contempla las cosas que nosotros creemos que son peligrosas" <texto original>.

Posteriormente, el Adm. Juan Manuel Acosta y Lara, presidente de AIERH ^[3], tomó la palabra y señaló: "durante muchos años hemos presentado diversos proyectos para hacer un colegio de administradores que es en lo que creemos que tiene que terminar esto. Este Consejo podría ser un pasito hacia la autorregulación" <texto original>.

Luego, Alicia Giménez, presidenta de UCRA ^[4], reprochó: "cada vez que se legisla o que se piensa en algo de propiedad horizontal, en el que menos se piensa es en el consorcista que es justamente el motor de todo esto" <texto original>.

A continuación, el vecino de la Comuna 7, Osvaldo Buscaya, denunció que la Ley 5.464 se sancionó "para seguir aumentando el poder financiero del gremio con oscuras derivaciones" <texto original>.

Por último, expuso un vecino de la Comuna 2, Gustavo Garavelo, que señaló: "el Gobierno de la Ciudad tiene los registro de todos los propietarios de a CABA que pagan ABL ^[5] y nunca les hizo llegar ninguna notificación sobre lo que se estaba tratando entre gallos y medianoches" <texto original>.

En este marco, primero disertó Diego García de García Vilas, luego Hernán Arce, posteriormente Eduardo Santamarina (PRO) -quien defendió vehementemente la Ley Muñoz- y finalmente el presidente de la Comisión, Daniel del Sol (PRO). Por último, se elaboró un dictamen introduciéndole modificaciones a la Ley 5.464. Según expresó Arce durante la reunión, este documento sería tratado en el recinto el próximo jueves 26 de mayo a pesar de la disconformidad de los vecinos <ver nota>. Sin embargo, en el día de ayer, Daniel del Sol expresó a un grupo de vecinos que el tema será tratado a mediados de junio.

Los demás legisladores que participaron del encuentro pero que no forman parte de esa comisión fueron: Hernán Arce, Eduardo Santamarina, Claudio Niño (PRO), Cristina García (PRO), Octavio Calderón (PRO) y Victoria Roldán Méndez (PRO). Es de recordar que esta última presentó en abril del año pasado un proyecto de ley impulsado por la Dra. Paula Scauzillo ^[7] para que cuando un propietario realice una denuncia contra su administrador por una infracción a la Ley 941, deba realizarse obligatoriamente una instancia conciliatoria entre el denunciante y el infractor.

[7] La Dra. Paula Scauzillo habría estado a cargo de la coordinación del Registro Público de Administradores (RPA) porteño desde mediados de 2014 aunque nunca fue oficialmente nombrada.

Los asesores no pudieron hacer callar a los vecinos

[BPN-24/05/16] Durante la segunda reunión de asesores para debatir sobre la modificación de la Ley Muñoz ^[1], sus autoridades intentaron limitar a los vecinos la posibilidad de que expresen sus opiniones y -ante la insistencia de los presentes que pedían la derogación de la norma- la reunión debió ser levantada.

Esto sucedió el pasado lunes 16 de mayo, en el marco del segundo encuentro de la Comisión de Legislación General que se llevó a cabo en la legislatura porteña para tratar los cambios en la Ley 5.464 que creó un Consejo de la Propiedad Horizontal en la ciudad.

Por su parte, el Dr. Osvaldo Loisi, presidente de la Fundación Liga del Consorcista de la Propiedad Horizontal, y su hija, la Dra. Victoria Loisi, alertaron que si no se deroga la Ley Muñoz, los consorcistas van a dejar de pagar el ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza).

Luego, tomó la palabra el Sr. Andrés Zulberti –también conocido en el sector como Gerardo Andino-, coordinador de la Comisión de Propiedad Horizontal del Consejo Consultivo de la Comuna 3 (San Cristóbal y Balvanera), quien pidió por la derogación de la Ley Muñoz <texto original>.

Posteriormente, disertó la Dra. Norma Beltrán, miembro de la Comisión de Propiedad Horizontal del Consejo Consultivo de la Comuna 12 e integrante del Instituto de la Propiedad Horizontal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, quien también se expresó a favor de la derogación <texto original>.

Por último, expuso su opinión otro miembro de esa Comuna -compuesta por los barrios de Coghlan, Saavedra, Villa Urquiza y Villa Pueyrredón-, quien afirmó: "estamos todos a favor de que se derogue lisa y llanamente la Ley 5.464" <texto original>.

A los 9 minutos de iniciada la reunión, culminó el turno de los vecinos y llegó el de los asesores quienes intentaron debatir entre sí, aunque sin éxito. Si bien los oradores más activos fueron Maximiliano Carlini, asesor del legislador Hernán Arce (Partido Socialista); Alexander Rodríguez, asesor de Cecilia De La Torre (PRO), y Julieta Stasi, asesora de Diego García de García Vilas (Confianza Pública); éstos no pudieron llegar a redondear sus propuestas por la constante interrupción de los presentes que entre gritos y reclamos pedían la derogación de la norma.

Frente a la algarabía de los vecinos que se interrumpían unos a otros e impedían el debate "técnico" de los asesores, ingresó a la sala Henan Marcelo Pérez Demaria, quien se presentó como asesor del legislador Christian Bauab (PRO).

Pérez Demaria, intervino para intentar calmar las aguas y casi lo estaba logrando hasta que aseguró que la Ley 5.464 no derogaba a la Ley 941 que creó un Registro Público de Administradores (RPA) en la ciudad. Los vecinos airados le recordaron que el artículo 58° de la Ley Muñoz expresa textualmente que "...el Registro creado por la Ley 941 quedará sin efecto y dicha norma derogada" <texto original> y el griterío reanudó.

Lugo de este breve interludio, los vecinos comenzaron a exigir nuevamente que se derogue la ley. Frente a la efervescencia de los presentes, la directora de la Comisión amenazó con desalojar la sala por la fuerza lo que no provocó ningún resultado visible. Finalmente, ante el fracaso de su última intervención, la imposibilidad de continuar un debate ordenado y ya sin esperanzas, Rita Basile decidió levantar la reunión a los 40 minutos de su inicio.

Entre los presentes se encontraban Matías Ruiz, flamante presidente de AIPH ^[2]; Alicia Giménez de UCRA ^[3]; el Dr. Jorge Resqui Pizarro de ReDeCo^[4]; la Cra. Cecilia Vega de APARA ^[5]; el Cr. Gustavo Gallego y el Ing. Norberto Villar, coordinador provisorio de la Comisión de Consorcios del Consejo Consultivo de la Comuna 15 (Agronomía, Chacarita, La Paternal, Parque Chas, Villa Crespo y Villa Ortúzar), entre otros

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[1] Ley Muñoz: El 20 de noviembre de 2015, Fernando Muñoz (Frente para la Victoria) ingresó a la Legislatura porteña un proyecto de ley -bajo el número de expediente 2455-D-2015- para transferirle el control del RPA porteño a un Consejo de la Propiedad Horizontal. Trece días después, el 3 de diciembre, la Legislatura aprobó sobre tablas y sin debate parlamentario esa ley que hoy lleva el número 5.464. La conducción del nuevo Consejo está compuesta por 11 miembros de los cuales una importante mayoría son del SUTERH, de las entidades de administradores que firman los Convenios Colectivos de Trabajo y de un nuevo sindicato que agrupa empleados de administraciones de consorcios (SEARA). Poco tiempo después Muñoz fue nombrado Defensor de los Inquilinos porteños.

[2] AIPH: Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal AIPH.

[3] UCRA: Unión de Consorcista de la República Argentina.

[4] ReDeCo: Reafirmación de los Derechos del Consorcista.

"Lo siento como una traición del PRO a la clase media"

[BPN-24/05/16] El pasado miércoles 11 de mayo, los vecinos de la ciudad pidieron unánimemente a los asesores de la Comisión de Legislación General de la legislatura porteña la derogación de la Ley Muñoz ^[1] que creó un Consejo de la Propiedad Horizontal.

Tal cual marca el reglamento, durante la primera media hora, los vecinos expresaron sus opiniones a los asesores. En la segunda parte de la reunión, éstos comenzaron a debatir acerca de las tres iniciativas que figuraban en el orden del día: el proyecto de derogación de Hernán Arce (Partido Socialista) (Expte. 648-D-2016) y las propuestas de modificación presentadas por Diego García de García Vilas (Confianza Pública) (Expte. 233-D-2016) y el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (Expte. 858-J-2016).

Protagonizaron las argumentaciones Maximiliano Carlini, asesor de Arce; Alexander Rodríguez, asesor de Cecilia De La Torre (PRO), y Julieta Stasi, asesora de García de García Vilas. Sin embargo fueron interrumpidos en numerosas oportunidades por los gritos de los vecinos que pedían enérgicamente la derogación de la Ley Muñoz.

La primera vecina en disertar fue la Sra. Teresa Villanueva, presidenta de la Asociación de Consorcistas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ACCABA), quien expresó: "la propiedad privada no se vende, no se debe avasallar. Hay que respetar al ciudadano que ha pagado por su propiedad. Pedimos la derogación, no queremos ninguna modificación" <texto original>.

Por su parte, el Cr. Gustavo Gallego expresó: "esto tendría que haber llevado a una audiencia pública para que la gente pueda tomar conocimiento. De esta ley no hubo divulgación [...]. Es muy triste a veces encontrarse con estas situaciones donde terceros quieren manejar un negocio que para nosotros no es negocio sino que son nuestras propias viviendas" <texto original>.

A continuación, la Dra. Gabriela Bicchi aseguró: "tanto yo como los consorcistas que formamos parte de la Comuna 14 (Palermo) directamente estamos por la derogación de la ley", y argumentó: "esta ley se presentó ante tablas, no se debatió para nada y esto me parece que es un atropello hacia todos" <texto original>.

Luego, la Dra. Valeria Pasini de ACCABA advirtió: "esta nueva Ley 5.464 trae un gran aparato que lo vamos a terminar pagando los copropietarios", y explicó: "los consorcistas no somos una empresa. Tampoco tenemos la máquina de hacer billetes" <texto original>.

Posteriormente, una consorcista, Ana María Magui, relató que dos veces votó al PRO y que ahora se siente traicionada: "esto lo siento como una traición del PRO a la clase media [...] porque los que vivimos en la CABA mayoritariamente vivimos en departamento y esto es para que paguemos más expensas". Además, arremetió contra el titular del SUTERH ^[2]: "El señor Víctor Santa María es nuestro enemigo desde hace muchos años" <texto original>.

Por otra parte, la Dra. Victoria Loisi de la Liga del Consorcista de la Propiedad Horizontal aseveró: "el objeto de esa normativa es dejar el control de los consorcios en manos del gremio. El sindicato del personal que limpia el consorcio va a estar dentro del organismo privado que va a controlar la relación entre los propietarios y el administrador. No tiene ningún gollete. Eso sinceramente violenta no solo el Código Civil sino la Constitución Nacional <texto original>".

A continuación, el Dr. Osvaldo Loisi, presidente de la Liga del Censorcita, ironizó: "¡qué linda forma de pagarles a quienes los votaron vendiendo la propiedad horizontal a un gremio!", y advirtió: "no sigan adelante con esto porque va a traer cola y se va a notar <texto original>".

Luego, tomó la palabra el Sr. Osvaldo Buscaya, autor de un proyecto de ley para derogar la Ley Muñoz, quien consideró que "la ilegítima e ilegal Ley 5.464 es un burdo negocio", y afirmó: "esta norma a mí me da asco <texto original>". Posteriormente denunció que días después, camino a su casa, luego del trabajo, fue amenazado de muerte.

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[1] Ley Muñoz: El 20 de noviembre de 2015, Fernando Muñoz (Frente para la Victoria) ingresó a la Legislatura porteña un proyecto de ley -bajo el número de expediente 2455-D-2015- para transferirle el control del RPA porteño a un Consejo de la Propiedad Horizontal. La conducción del nuevo Consejo está compuesta por 11 miembros de los cuales una importante mayoría son del SUTERH, de las entidades de administradores que firman los Convenios Colectivos de Trabajo y de un nuevo sindicato que agrupa empleados de administraciones de consorcios (SEARA). Poco tiempo después Muñoz fue nombrado Defensor de los Inquilinos porteños. Trece días después, el 3 de diciembre, la Legislatura aprobó sobre tablas y sin debate parlamentario esa ley que hoy lleva el número 5.464.

[2] SUTERH: Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal.

[3] AIERH: Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal

[4] ADEPROH: Asociación Civil de Defensa al Consumidor de Bienes y Servicios para la Propiedad Horizontal RA

Hay una tercera versión del acta acuerdo

[BPN-24/05/16] El miercoles 18 de mayo se habría modificado por segunda vez el acta acuerdo para los encargados de edificio: en esta ocasión, se acordó que el convenio será válido hasta noviembre de 2016 y no hasta septiembre como se había pactado en la versión anterior. Los incrementos quedarían tal como se habían acordado en la segunda versión: se otorgaría una suma fija remunerativa de 1.800 pesos en marzo, otra igual en abril y otra de 2.000 pesos en mayo. Esta suma sería reemplazada en junio por un incremento del 25% sobre la escala salarial vigente en febrero de 2016.

Según pudo saber Pequeñas Noticias, aparentemente, tanto AIERH ^[1], como CAPHyAI ^[2] y UADI ^[3] -las tres entidades de administradores que intervienen en los convenios colectivos de trabajo- habrían firmado el acuerdo. Es de recordar que una de ellas, CAPHyAI, no habría firmado la segunda versión.

Para que el incremento sea oficial habrá que esperar a que el Misterio de Trabajo lo homologue y se hagan públicas las actas firmadas. El 1° de mayo, Víctor Santa María, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH), había salido al cruce del Gobierno nacional al denunciar que estaban dilatando la homologación de los acuerdos paritarios del sector.

A principios de marzo había trascendido que ya se habían firmado las paritarias de los encargados de edificios. El acuerdo estipulaba que éstos recibirían una suma fija remunerativa de 1.800 pesos en marzo y otra igual en abril. Finalmente, esta suma iba a ser reemplazada en mayo por un aumento del 25% sobre la escala salarial vigente en febrero de 2016. Ese convenio, que iba a ser válido sólo por seis meses -hasta septiembre- nunca se homologó ni se publicó en el Boletín Oficial.

A mediados de abril, se modificó la nueva serie de aumentos para los porteros. Según este medio pudo saber, se otorgaría una suma fija remunerativa de 1.800 pesos en marzo, otra igual en abril y otra de 2.000 pesos en mayo. Esta suma sería sustituida en junio por un incremento del 25% sobre la escala salarial vigente en febrero de este año. Este convenio iba a ser válido sólo por seis meses a partir de marzo, es decir, que vencería en septiembre de 2016. Se supo que la CAPHyAI no lo habría firmado aunque se desconocen cuáles habrían sido sus motivos.

Finalmente, en los últimos días Pequeñas Noticias accedió a la tercera versión del acuerdo (Expte. 1.711.372/16) en el cual se estableció que el convenio ya no vencería en septiembre próximo sino que en noviembre, es decir, seis meses a partir de junio. Las fuentes coinciden en señalar que esta extensión temporal la habría exigido el Ministerio de Trabajo como condición para la homologación

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[1] AIERH: Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal.

[2] CAPHyAI: Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias.

El hijo de Marcelo Ruiz es el nuevo presidente de AIPH

[BPN-24/05/16] Desde el pasado martes 3 de mayo, el Adm. Matías Alejandro Ruiz es el nuevo presidente de la Asociación Civil de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal AIPH. Es el hijo del Adm. Marcelo Ruiz, su predecesor, y durará 3 años en el cargo.

Las elecciones se efectuaron durante la Asamblea General Ordinaria que se realizó el 3 de este mes a las 16 horas. Ésta había sido convocada el miercoles 20 de abril.

El Adm. Matías Ruiz tiene 28 años y desde febrero de 2006 se desempeña en la actividad. Es licenciado en Administración de Empresas egresado de la UADE en 2012 y también es miembro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.

Su padre, el Adm. Marcelo Ruiz, estuvo a cargo de la presidencia de AIPH desde abril de 2013 hasta la actualidad. Ahora, se desempeña como tesorero de la entidad.

A partir de los comicios, la nueva Comisión Directiva de la asociación quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Matías Alejandro Ruiz.

Tesorero: Marcelo Aníbal Ruiz.

Secretario: Christian Daniel Calcagno.

Revisor de Cuentas: Daniel Fermín Hernández.

Vocal Titular: Ricardo Gianfrini.

Vocal Suplente: Daniel Oscar Elizondo.

Prensa y Difusión: Adrián Elio Hilarza.

Legales y Técnica: Lisandro Cingolani.

El lanzamiento oficial de esta entidad fue el jueves 20 de marzo de 2003. Previamente, el 12 de noviembre de 2002, varios administradores, entre los que se encontraban Adrián Hilarza, Marcelo Ruiz, Jorge Ferrera –que luego renunció – y Daniel Elizondo, decidieron formar una intercámara que fundaron con el nombre de Administradores Independientes de Propiedad Horizontal.

¿Y la homologación?

[BPN-24/05/16] El acuerdo firmado por el sector de la propiedad horizontal volvió a modificarse y aún sigue pendiente la esperada homologación. Según el texto al que tuvo acceso la redacción de Pequeñas Noticias con fecha 18 de mayo, en el primer punto las partes acordaron una "suma fija" y "por única vez" de $1800 para marzo y abril de 2016 más otra de $2000 para el mes de mayo. Tal cual se ve en el escrito "las sumas fijas indicadas resultan de carácter remunerativo y no se adicionarán a los básicos de convenio de esta negociación ni en futuras". Además aclara que para las categorías previstas en el convenio colectivo en los incisos d), e), h), n) y p) del artículo 7º y 8º las sumas fijas se deben calcular en forma proporcional. Estas categorías son Ayudante de temporada de media jornada, Ayudante de media jornada, Suplente de media jornada, Personal de vigilancia media jornada, Trabajadores jornalizados y suplentes respectivamente.

En el segundo punto se acordó incrementar un 25% los salarios básicos sobre las remuneraciones del mes de febrero de 2016, o sea sobre la escala que está vigente desde el período Septiembre/2015. Y aclaran que será válido hasta el mes de noviembre de 2016 inclusive.

Desde el punto estrictamente legal, si las sumas fijas son remunerativas, como indica el acuerdo, deberían ser tomadas en cuenta para el cálculo de las horas extras, por lo tanto cuando aparezca la homologación habrá que mirar con atención las características que quedaron de esas sumas y liquidar de manera retroactiva lo que surja de la homologación.

Es muy importante recordar que este acuerdo firmado el 18 de mayo, es el resultado de dos modificaciones al original y por lo tanto es fundamental esperar la homologación para no cometer errores. Solo con la homologación publicada se podrán liquidar los aumentos sin problemas ni dudas.

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