El segundo semestre vendría con un aumento del 15 al 17%

[BPN-24/11/16] Según fuertes rumores, en diciembre se estaría barajando un incremento para los encargados de edificios que rondaría entre un 15 y un 17%. Es de recordar que el acuerdo homologado el pasado 31 de mayo está vigente hasta el mes de noviembre inclusive. De confirmarse estos rumores el incremento interanual para los trabajadores del sector rondará entre un 43,75 y un 46,25%.

Hay que tener en cuenta que en diciembre lo consorcios deberán pagar el medio aguinaldo y el bono del 20% de la planilla salarial vigente en ese mismo período. Esta última obligación se deberá concretar antes del 18 de diciembre.

En el caso de este bono de fin de año, si el aumento resultara del 15%, su monto sería de 2.382 pesos para un "Encargado permanente con vivienda" de 4ª categoría y para uno sin vivienda de 2.800 pesos. En el caso de que el aumento fuera de un 17% el encargado con vivienda cobraría un bono de 2.424 pesos y uno sin vivienda 2.849 pesos.

El acuerdo que estableció el bono fue firmado el 8 de octubre y homologado el 12 de noviembre de 2015 mediante la Resolución 1.934 [BPN Nº 563 del 19/11/15: "Se firmó el 8 de octubre y se homologó el 12 de noviembre"].

El Libro de Propietarios costará 75 millones de pesos

[BPN-24/11/16] El nuevo Libro de Propietarios le costará a los consorcistas porteños 75 millones de pesos. Esa cifra representa más de 4,7 millones de dólares. Si a ese valor se le suma el Libro de Datos 2016, en total los consorcios abonarán este año más de 123 millones de pesos (u$s 7.803.797) por esos dos conceptos.

La consulta que se realizó a los diversos puntos de venta arrojó que este libro se vendería a un precio que oscila entre los 800 y los 850 pesos. A los efectos del cálculo se tomó el promedio entre estos dos valores que es de 833 pesos por libro.

Si se multiplica ese valor por los 90 mil edificios estimados de esta ciudad se desprende que su costo para el total de los consorcios porteños será de 75 millones de pesos.

Ese valor dividido por el precio de un dólar estadounidense (15,8 pesos) arroja que –en dólares- el Libro de Propietarios contará a los consorcios porteños u$s 4.746.835.

La diferencia de precios entre el Libro de Datos 2016 más caro y el más barato es de sólo 20 pesos. Mientras que el más económico sale 530 pesos el más costoso tiene un valor de 550 pesos. A los efectos de un cálculo más general, se tomó su promedio: 537 pesos.

Este libro costó al total de consorcios de esta ciudad 48,3 millones de pesos. Así surgió de multiplicar su valor promedio por los 90 mil consorcios porteños.

Convertido a dólares ese importe es de u$s 3.056.962.

Llama la atención que este mismo libro se vende sin oblea en Mercado Libre ^[1] por 190 pesos. Con la oblea gratuita que provee el Gobierno de la CABA ese precio trepa a un mínimo de 800 pesos.

En total por los dos libros los consorcios pagarán 123,3 millones de pesos, o sea casi ocho millones de dólares (u$s 7.803.797)

Zulberti exigió a Larreta que se reconsidere el Libro de Propietarios

[BPN-24/11/16] El pasado 16 de noviembre, Andrés Zulberti, coordinador de la Comisión de Propiedad Horizontal de la Comuna 3, le manifestó a Horacio Rodríguez Larreta su rechazo a la disposición que creó un Libro de Propietarios en la CABA y exigió que la Dirección General de Defensa y Protección del Consumidor la reconsidere y, de no ser así, que su directora general, Vilma Bouza, renuncie.

Entre otros, Zulberti argumentó que existe una superposición de dos libros: el de Firmas, y el de Propietarios, que al pedir datos de los inquilinos y ocupantes de la unidad, el funcionario actuó en exceso de sus funciones y misiones y evaluó como un despropósito que se le exija a los administradores el cumplimiento de obligaciones que debe pagar el consorcio.

La carta fue presentada por Zulberti en la mesa de entradas de la "Unidad de Atención Presentaciones" y motivó la apertura del expediente Nº EX-2016-25410298-MGEYA bajo la carátula "Petición Ciudadana" <texto original>.

Zulberti argumentó que existiría una superposición de libros con el consecuente gasto adicional para los consorcios de propietarios. Cuestionó también el impacto ambiental negativo de la impresión de esa cantidad de libros.

Exigió que el Ejecutivo realice una interpretación armónica de la Ley. Y en este sentido explicó que si bien la redacción del inciso i) del artículo 2.067 del Código Civil y Comercial (CCyC) es confusa al declarar obligatorios los "libros de actas, de administración, de registro de propietarios, de registros de firmas y cualquier otro que exija la reglamentación local", sin embargo en el artículo 2.062º aclara: "sin perjuicio de los restantes libros referidos a la administración del consorcio, es obligatorio llevar un Libro de Actas de Asamblea y un Libro de Registro de firmas de los propietarios".

Por otra parte el coordinador de la Comisión de Consorcios de la Comuna 3 señaló que el inciso f) del artículo 2.067º del CCyC es claro al mencionar las obligaciones de los propietarios: "notificar fehacientemente al administrador su domicilio especial si opta por constituir uno diferente del de la unidad funcional". Y subrayó que sobre este tema no hace mención alguna sobre el inquilino u ocupante de la unidad, ajeno al titular del dominio. Por esta razón consideró que el pedido de datos de los inquilinos u ocupantes de la unidad es un "exceso" de las facultades reglamentarias (funciones y misiones) del funcionario contrariando la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública, N° 4.895.

Buscaya reiteró a Triaca que se abstenga de homologar convenios

[BPN-24/11/16] El pasado 8 de noviembre, el Ing. Osvaldo Buscaya, consorcista de la Comuna 7 de esta ciudad, reiteró al Ministerio de Trabajo de la Nación su exigencia de que el SUTERH ^[1] rinda cuentas del destino y uso de los fondos que entregan los consorcistas y le advirtió que no debe persistir en homologar convenios sin la debida y legal representación de los copropietarios.

En tal sentido, envió dos cartas documento al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Lic. Jorge Triaca. La primera la despachó el pasado 12 de septiembre y la segunda el 8 de noviembre.

El primero de los tres puntos que exige el vecino al Ministerio es que el SUTERH deba presentar un detalle auditado del destino y uso de los fondos que entregan los consorcistas directamente a través de las expensas: "el SUTERH periódicamente [debe presentar] un detalle auditado del destino y uso de los enormes y abultados fondos que entregan los consorcistas directamente a través de las expensas. Una exigencia que no pueden discutir atento la normativa constitucional y legal que nos ampara. Además no existe normativa alguna que lo prohíba, como en cualquier otro caso de impuestos, tasas, etc., de que nos detallen cuál es el destino de nuestro dinero haciendo uso de nuestro derecho a la información y a la participación ^[2], nuestro derecho a acceso a una justicia pronta y eficaz ^[3] y con el objeto de contar con la información mínima para nuestra evaluación y de ser necesario para que se impulsen las investigaciones llevándose adelante las acciones judiciales necesarias para que se investiguen hechos que nos puedan damnificar".

Actualmente los convenios Colectivos de Trabajo son firmados por cuatro actores: una federación representa a los trabajadores (FATERyH ^[4]) y tres entidades de administradores representan a los empleadores (AIERH ^[5], CAPHyAI ^[6] y UADI ^[7]).

Buscaya le señaló al ministro que "las corporaciones de mandatarios (administradores de consorcios) deberán abstenerse de cualquier acción que legítimamente corresponde a los consorcistas acreditados, incluida la negociación colectiva de Propiedad Horizontal y todo otro tema en que se involucre el destino del pago de expensas aportada a través de los mandatarios". Subrayó que el Ministerio es quien se lo debe exigir al SUTERH mediante el procedimiento legal de rigor.

Por último, el consorcista instó a la máxima autoridad nacional del Trabajo a que considere la nulidad de los convenios colectivos de trabajo ya establecidos sobre los que opina que no se debieron homologar. En tal sentido se manifestó duramente: "[el Ministerio debe] considerar la presunta nulidad, mediante el procedimiento legal de rigor, de los leoninos e irregulares convenios establecidos sin la debida y legal representación de los mandantes, que aportan directamente, a través de los mandatarios, las expensas. Es exigible terminar con este gravísimo desvío inconstitucional mantenido durante décadas con ilegales e ilegítimos convenios que afectan el orden público por ser 'acreditados' por quienes carecen de representatividad lesionando el interés general. Ilegales e ilegítimos convenios que vulneran acuerdos internacionales, en especial con la OIT ^[8] ratificados por ley. Ilegales e ilegítimos convenios que es el resultado de un esfuerzo conjunto de la relación "inquebrantable" del gremio y el concurso ilegal e ilegitimo de corporaciones de mandatarios (administradores de consorcios) a lo largo de los años que ha enriquecido a sus dirigentes de manera y forma descomunal atento que los empleadores de los encargados en propiedad horizontal son indiscutiblemente los consorcios de propietarios constituidos mediante la Ley 13.512. Ateniéndonos a la normativa jurídica los ilegales e ilegítimos convenios no se debieron homologar y los anteriores como el actual implican actos nulos de nulidad absoluta, siendo conceptualmente en el marco de lo jurídico claramente indiscutible y seguirá siendo responsabilidad de los funcionarios y del área judicial no resolverlo" 

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[1] SUTERH: Sindicato Único de Trabajadores Edificios Renta y Horizontal

[2] Arts. 1°, 11°, 12°.2, 14°, 15° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley 104 y la Ley 1.777.

[3] Arts. 75°, Inc. 22) de la Constitución Nacional, Arts. 10° y 12°, Inc. 6) de la Constitución de la CABA y el Art. 25° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

[4] FATERyH: Federación Argentina Trabajadores Edificios Renta y Horizontal.

[5] AIERH: Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal.

[6] CAPHyAI: Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias.

[7] UADI: Unión Administradores de Inmuebles.

Saldivia sigue avanzando para armar un CCT

[BPN-24/11/16] El jueves 17 de noviembre, SEARA (Sindicato de Empleados de Administradoras) se reunió con el vicepresidente 1º de la CAPHyAI ^[1], Adm. Miguel Ángel Summa, para "continuar con el proceso de armado" de un Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) para el sector.

A esa reunión asistieron también -invitados por la secretaria general de ese gremio, Gabriela Pilar Saldivia- el Adm. Osvaldo Primavesi (UADI ^[2]) y la Dra. Patricia Fernández (AIERH ^[3]). Acompañaron a Saldivia el secretario de asuntos laborales de SEARA, Luis Rodríguez De Filippo y Matías Quevedo.

El encuentro se llevó a cabo en la sede de la CAPHyAI.

Es de recordar, que el 18 de agosto el sindicato se había reunido con administradores particulares en un desayuno de trabajo para conversar sobre los CCT del sector. Ese día estuvieron presentes dos miembros de CAPHyAI: Daniel Grass y Silvia Rodríguez ^[4]. Sin embargo, el 9 de septiembre la cámara envió una carta a Pequeñas Noticias para aclarar que ni Grass ni Rodríguez habían ido en representación de la entidad ^[5].

SEARA inauguró su local el 14 de julio, en esa ocasión se hicieron presentes titulares de las tres entidades que actualmente firman los CCT de los encargados de edificios en representación de los consorcios: la CAPHyAI, la UADI y el AIERH ^[6]. Por el AIERH estuvieron presentes el Dr. Juan Manuel Acosta y Lara, presidente de la entidad y la Dra. Patricia Fernández; por la UADI asistió el Adm. Osvaldo Primavesi. El Adm. Miguel Ángel Summa fue en representación de la cámara acompañado por la Adm. Silvia De Filippo -por aquel entonces prosecretaria- y la Adm. Silvia Rodríguez Maceira, vocal del Consejo Directivo 

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[1] CAPHyAI: Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias.

[2] UADI: Unión Administradores de Inmuebles.

[3] AIERH: Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal.

[4] BPN N° 584 del 1° de septiembre de 2016: "Administradores particulares ya negocian con SEARA"

Principios de la administración de consorcios según el Código Civil

[BPN-24/11/16] En agosto del corriente año, Bienes Raíces Ediciones presentó el libro "Principios de la administración de consorcios según el Código Civil y Comercial". Éste, a lo largo de nueve capítulos, aborda distintos temas referidos a la propiedad horizontal y al papel que cumplen los administradores.

Los trabajos fueron escritos por nueve profesionales con reconocida trayectoria en el sector: Dr. Jorge Torraco, Dra. Vanesa Contreras Molina, Arq. Graciela Alonso, Dr. Daniel Salandra, Dra. María Jimena Godino, Cra. Liliana Mabel Corzo, Dra. Diana Sevitz, Prof. Jorge Aurelio Alonso y la Prof. María Eugenia Mignogna. Todos los autores dictaron clases en el Instituto de Capacitación de la Cámara Inmobiliaria Argentina (ICI).

La arquitecta Estela Reca, rectora del ICI y compiladora del libro, informa en la contratapa que la obra "brinda la información necesaria para estar al día: las responsabilidades dentro del consorcio y su administración, las relaciones laborales posibles, la liquidación de expensas, el mantenimiento edilicio, los contratos, los encargos de aseguramiento, los métodos alternativos para la resolución de conflictos, el marketing aplicado a la administración de consorcios y la tecnología con la que se debe contar para ofrecer un mejor servicio de administración".

En el prólogo, resalta la utilidad del libro para la comunidad consorcial: "una nutrida cantidad de conceptos y ejemplos integran esta edición, que descontamos será de suma utilidad para la sociedad en su totalidad, pues siempre es refrescante y aclaratoria. No existe la documentación apropiada, si pensamos en la importancia de la actividad. Por otro lado, si nos ponemos a pensar qué cantidad de inmuebles en propiedad horizontal existen en la República Argentina, alcanzaríamos a comprender la relevancia y trascendencia de este texto".

Por último, consideró que "esta obra es un logro más para la comunidad consorcial en todos sus aspectos. No olvidemos que administrar el patrimonio ajeno no es fácil ni tampoco simple. Al igual que otras actividades, hoy ya se ha transformado en una profesión que exige ética, responsabilidad, calidad y dedicación. Todas las coordenadas deben articularse en un profesional de solvencia cognitiva, y esta obra es una excelente herramienta".

El libro cuenta con 405 páginas y consta de nueve capítulos:

1. Responsabilidades en la administración, por Dr. Jorge Torraco.

2. Las relaciones laborales derivadas de la propiedad horizontal, Dra. Vanesa Contreras Molina.

3. Mantenimiento edilicio y sustentabilidad, por Arq. Graciela Alonso.

4. Expensas, por Dr. Daniel Salandra.

5. Contratos en la propiedad horizontal, por Dra. María Jimena Godino.

6. Encargos de aseguramiento. Normas de Auditoría R.T 37, por Cra. Liliana Mabel Corzo.

7. Métodos alternativos de resolución de conflictos aplicables a edificios en propiedad horizontal, por Dra. Diana Sevitz.

8. Marketing al servicio de la administración de consorcios, por Prof. Jorge Aurelio Alonso.

Después de 15 años, APIPH aranceló su asesoramiento

[BPN-24/11/16] El 15 de noviembre, APIPH ^[1] comunicó que aranceló su servicio de asesoramiento legal. Informó que luego de casi 15 años de atender las necesidades de los consorcistas sin costo, APIPH le cobrará a los socios $250 y a los no socios $400 por las consultas que sus profesionales evacúen. Subrayaron que los consorcios que ellos representan podrán seguir recibiendo asesoramiento gratuito.

La asociación, además, solicitó que consorcios y consorcistas la acompañen en su crecimiento mediante un aporte económico voluntario. Por esta razón, puso a disposición de sus simpatizantes los datos de una cuenta del Banco Provincia de Buenos Aires.

En otro orden de cosas, con vistas a lograr la representación de los consorcistas en paritarias, les solicitaron que "masivamente se adhieran en asambleas autoconvocadas en cada uno de sus consorcios y resuelvan nombrar a APIPH para que los represente en las próximas paritarias". Es de recordar, que actualmente los consorcios son representados en paritarias por tres entidades de administradores: la CAPHyAI ^[2], la UADI ^[3] y el AIERH ^[4].

La circular fue firmada por: Marcos Bergenfeld, el Dr. Pablo Terzano, el Dr. Félix Pazo, Fernando del Corro, el Dr. Fabián Bergenfeld y fue publicada en diversos medios barriales 

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[1] APIPH: Asociación Propietarios de Inmuebles en Propiedad Horizontal.

[2] CAPHyAI: Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias.

[3] UADI: Unión Administradores de Inmuebles.

Buscan reintegrar el IVA a quienes compren lámparas LED

[BPN-24/11/16] El 21 de octubre, la diputada nacional Paula Urroz (Unión Pro) presentó un proyecto de ley para que se les reintegre en un 100% el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a quienes compren artículos de iluminación LED ^[1] de industria nacional y un 50% en el caso que sean importados. Para lograr este objetivo, la diputada propone crear un régimen de reintegro. Considera que debe ser la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) quien determine la forma, plazos y condiciones de la acreditación del reintegro.

La iniciativa establece que para obtener el reintegro, las luminarias deben utilizar tecnología LED, estar destinadas a usarse conectadas a la red eléctrica nacional y obtenerlas "mediante una compra registrada". De aprobarse este proyecto, el Poder Ejecutivo Nacional será el encargado de fijar la modalidad de reintegro teniendo en cuenta al volumen de compra de estos artículos. La autoridad de aplicación sería el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, pudiendo requerir -en el marco de sus competencias- la intervención de la AFIP.

Paula Urroz comentó que la finalidad de su proyecto es: "incentivar el ahorro de energía generando un beneficio tanto para el Estado como para el consumidor, fomentar la industria nacional, promover el cuidado del medio ambiente y propiciar el blanqueo de la economía por vía de los medios de pago electrónicos".

La autora explicó que las lámparas LED consumen alrededor de 10 veces menos energía que una halógena y la mitad de las que consumen las bombillas LFC (Lámpara Fluorescente Compacta). "Si tenemos en cuenta que la iluminación significa entre el 15% y el 25% del consumo de electricidad de un hogar, el reemplazo de todas las bombillas eléctricas por luminarias LED significaría un ahorro mayor al 10% en el consumo de energía eléctrica residencial. Dicho ahorro superaría, en algunos casos, el 20% del consumo, habilitando automáticamente al usuario a obtener la tarifa diferenciada por disminución de consumo respecto de períodos anteriores", puntualizó.

La diputada Urroz sostuvo que el objetivo de la iniciativa es facilitar al público el acceso a la tecnología LED, dado que se requiere "una inversión inicial que mucha gente no puede afrontar". Además, aseguró que las PyMES locales "se verán beneficiadas por la quita del IVA sobre sus productos finales, lo que vendrá acompañado de un aumento sobre la demanda de tales artículos" 

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Rechazo a la condonación de deuda a las distribuidoras eléctricas

[BPN-24/11/16] El 17 de noviembre, la Comisión de Usuarios del ENRE ^[1] (CUENRE) rechazó la decisión del Gobierno Nacional de condonar a las distribuidoras eléctricas la deuda de 19 mil millones de pesos que mantienen con CAMMESA ^[2] por la compra de energía.

Además, exigió que se realice una auditoría de los estados contables de las empresas que prestan el servicio de energía eléctrica y que se informe "cuál fue el destino de los multimillonarios subsidios otorgados por el Estado Nacional en los últimos años a las empresas de electricidad".

Estas declaraciones las realizaron mediante un comunicado firmado por 23 asociaciones. El Arq. Miguel Ángel Fortuna fue uno de los firmantes en representación de MODECUMA ^[3]. Es de recordar que Fortuna fue el primer Director General de Defensa y Protección al Consumidor que estuvo a cargo del Registro Público de Administradores porteño.

Las demás entidades miembros de la CUENRE que firmaron fueron: ADELCO ^[4], PROCONSUMER ^[5], ADECUA ^[6], Cruzada Cívica, Consumidores Argentinos, Consumidores Libres, CEC ^[7], UCA ^[8], DEUCO ^[9], Unión de Usuarios y Consumidores, ACUCC ^[10], PROCURAR ^[11], LIDECO ^[12], PADEC ^[13], UyC ^[14], ADDUC ^[15], ACIJ ^[16], FEMUDECO ^[17], ADUC ^[18], UNADEC ^[19], ACUDA ^[20] y CESyAC ^[21].

Las 23 asociaciones firmantes expresaron: "nos oponemos a la condonación de deuda que el Estado planea realizar para esas empresas, mientras que para los usuarios aplica un fuertísimo tarifazo no sólo en el ámbito de la energía eléctrica, sino en todos los servicios públicos", y finalmente agregó: "asimismo, nos oponemos a que eventualmente se pretenda trasladar estos montos a tarifas, perjudicando así nuevamente a los usuarios"

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[1] ENRE: Ente Nacional Regulador de la Electricidad.

[2] CAMMESA: Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico.

[3] MODECUMA: Movimiento en Defensa de los Derechos de los Consumidores, Usuarios y del Medio Ambiente.

[5] PROCONSUMER: Protección Consumidores del Mercosur

[6] ADECUA: Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina.

[8] UCA: Unión de Consumidores de Argentina.

[9] DEUCO: Defensa de Usuarios y Consumidores

[10] ACUCC: Asociación Coordinadora de Usuarios, Consumidores y Contribuyentes.

[12] LIDECO: Asociación Civil Liga de Consumidores.

[13] PADEC: Prevención, Asesoramiento y Defensa del Consumidor.

[14] UyC: Usuarios y Consumidores en Defensa de sus Derechos.

[15] ADDUC: Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores.

[16] ACIJ: Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.

[17] FEMUDECO: Federación de Mutuales para la Defensa Organizada del Consumo.

[18] ADUC: Asociación por la Defensa de Usuarios y Consumidores.

[19] UNADEC: Unión Argentina para la Defensa del Consumo.

Criticas al proyecto de ley de alquileres

[BPN-24/11/16] Durante las primeras semanas de noviembre, referentes inmobiliarios de distintas localidades del país expresaron su disconformidad con respecto del proyecto de ley nacional de alquileres que recibió media sanción del Senado el pasado 23 ^[1]. Las principales críticas fueron contra la indexación del alquiler. Manifestaron que ese régimen terminará perjudicando a los inquilinos y que el proyecto fue pensado para la Ciudad de Buenos Aires y no para todo el país.

La iniciativa propone que el alquiler sea reajustado anualmente en base a un promedio de la evolución de los precios al consumidor y los salarios de acuerdo con el índice de actualización elaborado por el Instituto de Estadísticas y Censos de la Nación (INDEC). Sobre esto, Armando Pepe, presidente del Centro de Corredores Inmobiliarios, expresó: "está prohibida la indexación en la Argentina. Acá hay distintos valores para el primero y segundo año, ¿qué sabemos que va a pasar con la inflación el día de mañana o de aquí a dos años? El gobierno hace un año que está en el poder y no han logrado bajar la inflación. Atar los alquileres a un índice es descabellado ^[2]".

Siguiendo la misma línea, Alejandro Bennazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), sostuvo: "no estamos de acuerdo con la regulación del mercado de alquileres, cada vez que se regula algo entramos en una complicación. Estamos muy conformes con la ley anterior y la negociación de partes". Armando Pepe, también se mostró a favor de la legislación actual y consideró que es "un verdadero disparate" el nuevo proyecto y que iba a provocar la "retracción del mercado de oferta".

Fernando Guzmán, titular del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Tucumán, planteó que la regulación del precio de alquileres que se propone en la iniciativa va a perjudicar a los inquilinos. "Según un estudio de la Federación Económica, los alquileres, históricamente, están por debajo de los aumentos de los sueldos. Por eso, si se aplicara el índice que propone la ley, los alquileres deberían estar mucho más altos", explicó ^[3].

Desde Rosario, Carlos Rovitti, presidente del Observatorio Inmobiliario de Rosario (OIR), aseguró que la indexación planteada no sólo perjudicaría a los inquilinos "sino a miles de trabajadores vinculados tanto a la construcción y venta de materiales, como a los arquitectos, ingenieros, agrimensores, escribanos y corredores inmobiliarios". Rovitti, además, comentó que la regulación de mercado desalienta la inversión y que sus consecuencias son: "mercado negro, menos construcción, menos trabajo y crecimiento, además de limitar la cantidad de inmuebles disponibles para el alquiler ^[4]".

Por su parte, Walter Gobone, presidente de la Cámara de Empresas y Corredores Inmobiliarios (CECI) de la provincia de Santa Fe, explicó que "la gran mayoría de los operadores inmobiliarios está manejando un incremento interanual del 30%. Esas cifras se calculan en base a la tasa de inflación y a los porcentajes de las paritarias de los principales gremios. Se ha bajado un poco, ya que el año pasado estaba en el orden del 35%. Esperamos que en los próximos meses el incremento interanual siga bajando, al igual que la inflación ^[5]".

Guzman, Rovitti y Gobone coinciden a la hora de pensar que el proyecto está diseñado para la Ciudad de Buenos Aires y no tiene en cuenta las particularidades de cada provincia. El representante de Tucumán indicó que "en el proyecto se habla de limitar el depósito de garantía a un mes de alquiler. En el interior este depósito se hace a través de un documento, un pagaré de dos meses, no con plata. Acá tampoco se pide 'valor llave', por ejemplo".

En el mismo sentido, Gobone explicó que, en el interior, los alquileres se pesificaron hace muchos años y que los gastos de contratación equivalen a un mes de alquiler. "Creemos que la ley está intentando solucionar problemas de Capital Federal, que no se encuentran en el resto del país. En el interior tratamos de que los gastos de contratación sean lo más bajo posibles y los financiamos en tres o cuatro cuotas, para que el futuro inquilino pueda acceder a la vivienda", indicó.

Siguiendo la misma línea de pensamiento, Rovitti se refirió al trabajo de los corredores inmobiliarios santafesinos: "en Rosario -y me atrevo a decir en la provincia de Santa Fe- el tema de alquileres, a pesar de las quejas que algunos actores políticos demagógicamente expresan en los medios, está ordenado. Los Corredores Inmobiliarios debidamente habilitados nos hemos encargado de ser el punto de equilibrio entre el propietario y el inquilino"

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[1] BPN N° 588 del 10 de noviembre de 2016: "Está a las puertas de ser tratado el proyecto de ley nacional de inquilinos".

[2] Ámbito del 8 de noviembre de 2016: "La ley de alquileres es un disparate, hoy los precios de las viviendas están baratísimos".

[3] La Gaceta de Tucumán del 9 de noviembre de 2016: "El proyecto de ley de alquileres ‘está pensado para Buenos Aires, no para el interior".

[4] Rosario.net del 14 de noviembre de 2016: "El Proyecto de Ley de Alquileres perjudicará a miles de trabajadores".

Presentaron tres proyectos para inquilinos en la CABA

Casi un mes después de ingresadas las iniciativas, la agrupación comunicó que recibieron el apoyo de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

Los proyectos ingresaron a la Legislatura de la CABA como iniciativas ciudadanas el pasado 6 de octubre y sus autores son Carlos Edgardo Sozzani y la Dra. Carolina Herrera, referentes de IxND. Su redacción fue realizada en colaboración con el Observatorio de Políticas Públicas Legislativas y Comunicacionales (OPPLEC).

La redacción del medio dialogó con Carlos Sozzani, uno de los referentes de la nueva agrupación de inquilinos.

Pequeñas Noticias: ¿Cuánto hace que están?

Carlos Sozzani: Arrancamos hace dos años y medio asesorando inquilinos, vinculándonos con vecinos y con distintos compañeros. Algunos eran del barrio, otros se acercaron desde lo académico. Así fuimos conformando este grupo. Fue un tiempo de mucho laburo y debate interno. A principios de este año lo formalizamos públicamente.

PN: ¿Quiénes la impulsaron desde sus comienzos?

CZ: Distintos compañeros que nos fuimos encontrando. Entre ellos una abogada, Carolina Herrera. Yo me sumé un poco más tarde. Estamos en un proceso de conformación. Se va sumando gente a partir del contacto permanente que tenemos con los vecinos a través de las asesorías que brindamos. Nos acercan un motón de consultas. Algunas de manera física en la asesoría que tenemos los viernes en Paternal semanalmente y cada 15 días en Almagro. Otras vía Facebook y Twitter.

La mayoría de las consultas son de Capital -que es donde estamos trabajando nosotros y de donde somos- pero también empezó a haber consultas del Conurbano. LO que estamos viendo es que hay también un incremento de la población inquilina en algunos distritos en particular. Es así que sostuvimos una charla con compañeros que constituyeron una agrupación de Inquilinos x Nuestros Derechos en la localidad de 3 de Febrero.

Referentes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa comentaron algunos aspectos de las iniciativas de IxND:

Walter Córdoba, coordinador de Barrios de Pie en la ciudad, sostuvo: "creemos importante que se incluya la tarifa social a los inquilinos debido a que son muchas las familias que hoy alquilan en la ciudad. Entendemos que cada vez más los inquilinos están en situación de vulnerabilidad y creemos que el Estado debe reconocer esa situación otorgando una tarifa social que fortalezca y permita que la gente pueda seguir manteniendo sus necesidades básicas satisfechas y que no tengan ninguna dificultad para garantizar su acceso a la vivienda".

Por su parte, Luciano "El Tano" Nardulli de la CCC indicó que "como parte del reclamo por la emergencia social en la Ciudad apoyamos plenamente los proyectos presentados en la Legislatura con respecto a la situación de los inquilinos y los alquileres. La especulación inmobiliaria hace que hoy una habitación con baño compartido en la villa de Retiro llegue a un valor de $2.500 por mes, mientras que una de cada cuatro viviendas en la Ciudad está deshabitada".

Buscan que las comisiones las paguen los propietarios

[BPN-24/11/16] El pasado 6 de octubre, dos miembros de la agrupación Inquilinos por Nuestro Derechos, presentaron un proyecto en la Legislatura porteña para que, cuando se alquila un inmueble para vivienda, la comisión inmobiliaria la deba pagar el propietario. Propone también modificar la ley que regula el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios (CUCICBA) de la CABA para que la comisión máxima que se pueda cobrar en esos casos no exceda el 4,15% del total del contrato.

Para lograr sus objetivos proponen modificar uno de los incisos que trata sobre los derechos de los inmobiliarios y derogar el artículo transitorio que permite cobrar ese porcentaje de comisión hasta tanto se regulen los aranceles para alquileres de vivienda única.

El autor del proyecto es Carlos Edgardo Sozzani y lo acompañó la Dra. Carolina Herrera <ver nota>. Consta de tres artículos, de los cuales uno es de forma <texto original>.

La iniciativa propone modificar el inc. 2) del Art. 11° de la Ley 2.340 <texto original> para estipular que los honorarios mensuales de los corredores inmobiliarios no sean exigidos a los inquilinos y, además, fija que el monto de la comisión no sea superior al 4,15% del total del contrato de alquiler. Para que ésta última no sea abonada por el inquilino, el proyecto también estipula derogar el Art. 57° de la misma ley <texto original>.

El inciso 2) quedaría redactado de la siguiente manera:

"Percibir honorarios por la actividad realizada y comisiones de su comitente según la retribución que libremente pacten y, de quien resulte cocontratante, la que se establezca por ley. Para los casos de locación de inmuebles destinados a vivienda única el monto máximo de la comisión a cobrar será el equivalente al 4,15% del valor total del respectivo contrato a cargo del locador; si la administración de la mencionada locación fuera ejercida por un corredor inmobiliario, el monto de los honorarios mensuales no podrá ser exigido a los inquilinos".

Los autores del proyecto sostienen que los precios de los alquileres se incrementan por encima de la inflación y de las paritarias. De esta manera se disminuye el poder adquisitivo de quienes deben alquilar una vivienda. Los inquilinos, además, "deben afrontar el aumento de expensas (más del 70% viven en departamentos según la Encuesta Anual de Hogares de 2015), ABL (una clausula impuesta en muchísimos contratos) y los servicios básicos que a causa de la quita de los subsidios del Gobierno Nacional tienen un impacto muy importante en la economía de los inquilinos. Todo esto hace que una familia destine más del 50% de sus ingresos al alquiler de su vivienda", explican.

A todos estos valores, se le suma el costo de la comisión inmobiliaria, "un servicio contratado por el propietario y que se descarga exclusivamente sobre el inquilino, sin que éste perciba ningún beneficio, sino que, por el contrario, encarece y dificulta su acceso a una vivienda digna".

Subsidios para inquilinos en la luz, el gas y el agua

[BPN-24/11/16] El 6 de octubre, dos representantes de Inquilinos por Nuestros Derechos, presentaron un proyecto legislativo para que el Gobierno porteño solicite a las empresas de luz, gas y agua que incluyan en la tarifa social a los inquilinos de vivienda única familiar cuyo alquiler no supere los 10 mil pesos mensuales, no represente más del 30% del ingreso familiar y cuyos ingresos no superen 4 salarios mínimos, vitales y móviles.

Para ser incluido en el subsidio –de ser aprobada la iniciativa- se deben cumplir tres condiciones. La redacción de Pequeñas Noticias realizó los cálculos tomando como base el alquiler máximo que el proyecto permite: un alquiler no mayor de 10 mil pesos, un ingreso familiar de no más de 30 mil pesos mensuales (30% del ingreso familiar) y que esos ingresos no superen los 30.240 pesos (4 salarios mínimos). Si el ingreso familiar fuera superior a los 30 mil pesos, un alquiler de 10 mil pesos sería inferior al 30% de dicho ingreso y el inquilino quedaría excluido del subsidio. Lo mismo sucedería si el grupo familiar percibiera más de 4 salarios mínimos vitales y móviles.

Según el sitio Web de Presidencia de la Nación "los beneficiarios que reciban la ‘Tarifa Social Federal de Gas’ en todo el país sólo abonarán los costos fijos del servicio de acuerdo a la zona donde vivan, y ejemplifica: "para un hogar promedio de la ciudad de Buenos Aires el valor de la factura con Tarifa Social Federal será de $98 mensuales en lugar de $248".

La misma fuente informa que "la Tarifa Social Federal para los servicios de agua y cloaca se adapta a los ingresos de las familias. La factura mínima para un hogar que acceda a esta Tarifa Social Federal será desde $83 bimestrales por el servicio de agua potable o a partir de $166 por bimestre para los servicios de agua y cloacas".

Por último, se informa que en el caso de la electricidad "la Tarifa Social Federal fue anunciada en enero de 2016 y brinda un consumo de 150 KwH por mes por los que sólo se pagarán los costos fijos y la distribución. Así, las familias que califiquen para la Tarifa Social Federal pagarán $14 por mes para un consumo de 83 KwH y $43 por un consumo de 201 KwH por mes, con impuestos incluidos".

El objeto de esta iniciativa es que el Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación pertinente, solicite a las empresas de los servicios básicos que incluyan a los inquilinos en la tarifa social.

El proyecto de ley le exige a la autoridad de aplicación que realice "campañas de difusión periódicas sobre el contenido y los alcances de la presente ley, destinatarios abarcados, lugares, modos y requisitos para acceder a los subsidios aquí dispuestos, a través de medios masivos de comunicación, carteleras en locales de las empresas prestadoras, y otros medios que considere idóneos a fin de garantizar el acceso igualitario de los ciudadanos a esta información y ejercicio de los derechos que esta ley establece" (Art. 4°).

Los autores plantean que la tarifa social actual tiene un alcance "excesivamente limitado y que deja afuera a un gran sector de la población que necesita de ella para solventar los gastos indispensables en el mantenimiento de sus hogares". Para fundamentar esto, mencionan que un 35,2% de los hogares de la Ciudad de Buenos Aires alquilan su vivienda, lo que equivaldría a "casi un millón de inquilinos, una cifra que viene creciendo de manera notoria año tras año, por lo menos desde 2001".

Buscan ampliar el sistema de garantías bancarias para inquilinos

[BPN-24/11/16] El 6 de octubre, Carlos Edgardo Sozzani y la Dra. Carolina Herrera (Inquilinos por Nuestros Derechos) presentaron un proyecto de ley ciudadano para ampliar el sistema de garantías bancarias que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires les otorga a los inquilinos. Entre las principales modificaciones proponen que el plazo de la garantía sea el mismo que el del contrato de locación y que se exima de pagar la comisión de la garantía quienes perciban una suma mensual menor a dos salarios mínimo vital y móvil o los que reciban algún tipo de subsidio local o nacional.

El proyecto modifica e incorpora artículos a la Ley 3.720 que creó el Sistema de Garantía Bancaria para los contratos de locaciones de viviendas en la Ciudad de Buenos Aires <texto original>.

Respecto al plazo de contrato, establece que la Garantía Bancaria tendrá un plazo equivalente al contrato de locación respectivo, no únicamente por 24 meses como lo estipula la legislación vigente (Art. 7°).

Sobre el alcance de este sistema, se propone incorporar el artículo 4° bis para se garantice "todas y cada una de las obligaciones asumidas por el locatario en el contrato de locación. No se admite ninguna sustracción de obligaciones, limitación temporal, monetaria ni de otra índole, por parte del Banco Ciudad".

De aprobarse, el inquilino podrá abonar la comisión de la garantía al contado, financiado en seis cuotas iguales sin interés o 50% al contado y el restante en 12 cuotas sin interés. Actualmente, las opciones que incluyen el pago en cuotas iguales es con tasa de interés preferencial fijada por el Banco de la Ciudad (Art. 9°).

En el caso que el locatario solicite una prórroga o renovación, la iniciativa puntualiza que el costo de la comisión tendrá un descuento mayor al 50% de la pautada para el primer contrato locativo. Si bien el artículo 12º de la Ley 3.720 indica que la comisión de la garantía bancaria tiene que ser menor que la pautada en el primer contrato, no especifica el monto del descuento.

A través de la incorporación del artículo 13° bis, los autores estipulan que "están exentas del pago de la comisión de la Garantía Bancaria aquellas personas que perciban una suma mensual menor a dos salarios mínimo vital y móvil, o aquellas que reciban cualquier tipo de subsidio o plan social de la Ciudad o de la Nación".

El artículo 16° de la Ley 3.720 establece los requisitos con los que tiene que cumplir el propietario, la modificación que se propone, en este caso, es mínima. Donde dice: "deberá ser mayor de 18 años, presentar DNI y acreditar la titularidad de la propiedad y/o el poder ante escribano que lo faculta para celebrar el contrato de locación", el proyecto estipula que además el propietario debe acreditar la tenencia legítima del inmueble aunque no especifica cómo debe hacerlo.

La modificación al Art. 18° indica que aquella persona que no haya precalificado "podrá volver a solicitar el trámite de calificación una vez que consiga reunir las condiciones previstas". De esta manera se elimina el plazo de espera que rige actualmente, que es de 12 meses a partir de la fecha de recepción del informe.

El último artículo que modifica esta iniciativa amplía los beneficios para personas extranjeras, estableciendo que sean los mismos que se estipulan en los artículos 7°,11° y 12°. Actualmente, el contrato de locación y de la garantía para los inquilinos extranjeros tiene un plazo menor a 24 meses (Art. 24°).

Los autores explican que "entre 1991 y 2001 el porcentaje de hogares inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires se mantuvo entre un 21% y un 22%. Sin embargo, en los últimos 15 años trepó de manera vertiginosa alcanzando un 35,2% según la Encuesta Anual de Hogares de 2015. Esto representa casi un millón de personas".

Los inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires enfrentan una "grave situación" por el aumento de los alquileres y la exigencia de una garantía inmueble. "Quienes alquilan en el llamado ‘mercado informal’ (aproximadamente un 20% de los inquilinos) pagan precios similares a los que rigen en el mercado formal y acceden a viviendas en peores condiciones de habitabilidad", exponen.

Proponen que los salarios sean abonados 100% en dinero

[BPN-23/11/06] El 25 de octubre, el diputado Guillermo Durand Cornejo (Unión Pro) presentó un proyecto de ley que busca que los salarios sean expresados en su totalidad en dinero. Para lograr su objetivo, Durand Cornejo propone modificar la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744).

La iniciativa estipula eliminar el párrafo del artículo 107° que expresa: "el empleador no podrá imputar los pagos en especies a más del 20% del total de la remuneración". De aprobarse, quedaría redactado de la siguiente manera: "Las remuneraciones que se fijen por las convenciones colectivas deberán expresarse, en su totalidad, en dinero".

El autor planteó la necesidad de consolidar el carácter dinerario de las remuneraciones porque existen contratos que establecen que un 20% del salario sea en especies. "Venimos a sostener que ello, implica una práctica avasalladora para los derechos del trabajador siendo, ni más ni menos, que una medida impuesta por el empleador [...] que viene a vulnerar el derecho del trabajador y su familia a una vida digna", manifestó.

Buscan crear la licencia por violencia de género

[BPN-24/11/16] El 3 de noviembre, cinco diputados nacionales presentaron un proyecto de ley para extender el plazo de las licencias especiales, particularmente las referidas a la maternidad y paternidad, e incorporar nuevas. Para lograr su objetivo, propusieron modificar la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744).

De aprobarse esta iniciativa, se van a incorporar licencias por violencia de género, para poder visitar al niño que se pretende adoptar y para el cuidado de persona a cargo o cónyuge enfermo o sometido a técnicas de reproducción médicamente asistidas. Además, se va a modificar el artículo 177º para extender de 90 a 120 días las licencias por maternidad y se les otorgarán 25 días de corrido al personal masculino desde el nacimiento de su hijo (Art. 177° bis). En el caso de familias homoparentales, los adoptantes o progenitores podrán elegir cuál de ellos gozará la licencia correspondiente a maternidad y cuál a paternidad (Art. 177° ter).

El proyecto es de autoría de cuatro diputados de la Unión Cívica Radical, María Soledad Carrizo, Eduardo Raúl Costa, Olga Rista, Mario Domingo Barletta, y una diputada de Unión Pro, Samanta Acerenza. La iniciativa busca modificar los artículos 158° y 177° e incorporar los artículos 177° bis y ter. El número de expediente es 7.805 y tiene seis artículos, uno de ellos es de forma <texto original>.

El artículo 158° actualmente estipula que al trabajador le corresponden dos días corridos por el nacimiento de hijo; 10 por matrimonio; 3 por fallecimiento del cónyuge o pareja de matrimonio, de hijo o de padres; 1 día por fallecimiento de hermano y dos días corridos por examen de enseñanza media o universitaria con un máximo de 10 días por año.

Los autores plantearon que este artículo quede redactado de la siguiente manera:

"El trabajador gozarán de las siguientes licencias especiales:

a) Por matrimonio, 10 días corridos.

b) Por fallecimiento de alguno de los padres, 3 días; y por fallecimiento de hijo, 5 días.

c) Por fallecimiento de hermano, 3 días corridos.

d) Para rendir examen en la enseñanza primaria, media o universitaria, 2 días corridos por examen, con un máximo de 10 días por año calendario.

e) Por haber padecido o padecer la trabajadora violencia de género, en cualquiera de las formas enumeradas en la Ley N° 26.485, previa acreditación de constancia de intervención de la Autoridad Judicial o Sanitaria por violencia, 5 días corridos, con un máximo de 15 días por año calendario.

f) Para visitar al niño, niña o adolescente que se pretende adoptar, 2 días con un máximo de 10 días por año desde que el o la adoptante inicie sus visitas previas a la tenencia en guarda con fines a adopción hasta su otorgamiento por el juez competente;

g) Para el cuidado de persona a cargo, cónyuge, conviviente enfermo o sometido a técnicas de reproducción medicamente asistidas, 2 días con un máximo de 10 días por año. La licencia será de 3 días con un máximo de 15 días por año si el enfermo fuese el cónyuge o conviviente y tuviesen hijos menores de edad a cargo".

Los autores explicaron que es necesaria la modificación de la Ley de Contratos de Trabajo, en lo referido al régimen de licencias, porque son fundamentales para el desarrollo infantil de los hijos de los trabajadores. "Estamos hablando de respetar los derechos de los niños al cuidado temprano y la estimulación de sus padres que, está demostrado, contribuyen a un mejor desarrollo de sus funciones básicas y cognitivas", aclararon.

Noviembre sin novedades, pero diciembre...

[BPN-24/11/16] La escala salarial que está vigente desde junio de 2016 incluye al mes de noviembre, por lo tanto los recibos a confeccionar no presentan modificaciones (Resolución 334/2016 publicada en el Boletín Oficial del 16 de junio de 2016).

Con respecto a los feriados, este mes hay solo uno que se incorporó como tal mediante el Decreto 1584/2010 (Boletín Oficial 03/11/2010). Según este mismo decreto es "uno de los hitos históricos más importantes de nuestra Nación como es la batalla de Vuelta de Obligado. [...] Algo más de un millar de argentinos con profundo amor por su patria, enfrentó a la Armada más poderosa del mundo, en una gesta histórica que permitió consolidar definitivamente nuestra soberanía nacional. En dicha época, existía un contexto político interno muy complejo y con profundas divisiones que propiciaron un intento de las entonces potencias europeas, Francia e Inglaterra, por colonizar algunas regiones de nuestro país. [...] Por las condiciones en que se dio la misma, por la valentía de los argentinos que participaron y por sus consecuencias, es reconocida como modelo y ejemplo de sacrificio en pos de nuestra soberanía, contribuyendo la citada conmemoración a fortalecer el espíritu nacional de los argentinos, y recordar que la Patria se hizo con coraje y heroísmo."

El artículo 2º del Decreto 1584/10 estipula que: "El feriado nacional del 17 de agosto será cumplido el tercer lunes de ese mes, el del 12 de octubre será cumplido el segundo lunes de ese mes y el del 20 de noviembre será cumplido el cuarto lunes de ese mes.

Rincón Solidario

Me encuentro convaleciente por problemas graves de visión

Estimados:

En primer término, gracias por la ayuda que me puedan brindar.

En mi caracter de encargado suplente -con 18 años de antigüedad, en reemplazo únicamente los días sábados y domingos del encargado titular del consorcio- percibo salarios por horas extras trabajadas al 100%.

En estos momentos me encuentro convaleciente por problemas graves de visión.

La administración, en mi convaleciencia, me está liquidando la mitad de mi salario.

¿Es eso correcto?

Un cordial saludo.

Salvador [CABA]

(12/11/2016)

Estimado Salvador:

Me resulta muy difícil responder su consulta no teniendo a la vista sus recibos de sueldo, ya que es para evaluar su situación es necesario conocer la categoría laboral que figura en el mismo y cuáles son las horas extras que se le abonan al 100%.

No obstante y, como principio general, le informo que en los períodos de enfermedad el salario no puede ser reducido, así lo dispone la Ley de Contrato de Trabajo y el CCT 589/10 que rige para la actividad.

Quedo a su disposición para que se comunique conmigo telefónicamente para brindarle mayor información.

Cordialmente.

María Cristina Carrera

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La Dra. María Cristina Carrera es abogada especialista en derecho laboral y para cualquier consulta se le puede escribir a dramccarrera@yahoo.com.ar o llamarla al teléfono (15)5466-9921.

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