[BPN-09/04/15] La Constitución Nacional garantiza el derecho de cualquier grupo de personas que comparten una misma actividad a agremiarse con el objeto de fomentar la defensa de sus intereses y la excelencia y ética de sus actividades profesionales, pero en la medida en que esa agremiación sea obligatoria para todos, se crea un monopolio de la profesión que es fuente de corrupción y francamente inconstitucional.

Respecto a los administradores de consorcios, existen además dos impedimentos básicos a la idea de una matrícula gobernada por un colegio que los agrupe:

1. A diferencia de los demás profesionales que simplemente aconsejan a sus clientes, los administradores gerencian los bienes de éstos, es decir, están autorizados a manejar con cierta discrecionalidad los dineros de sus mandantes. Es por ello que gobernando su matrícula profesional (es decir, siendo ellos mismos quienes determinan quiénes pueden o no pueden ejercer la actividad de administrar), podrían fácilmente crear "carteles" destinados a controlar la oferta y demanda de bienes y servicios destinados a los consorcios.

2. Por otra parte, la única manera de evitar que un colegio profesional de administradores se transforme en un "coto de caza" signado por el nepotismo y la falta de representatividad, según puede observarse hoy en la mayoría de las corporaciones actuales (incluidas algunas asociaciones deportivas, sindicatos, etc.), es colocar el gobierno de la matrícula bajo la autoridad directa del Estado, creando registros públicos destinados al efecto. De esta manera, las periódicas elecciones generales garantizan el cambio de autoridades de dichos registros, evitándose así la entronización de los grupos que ejercen el poder