Dicha oficina -que será coordinada por el defensor del pueblo- tendrá como objetivo "el asesoramiento y defensa de los inquilinos de locaciones residenciales y residentes en hoteles familiares y pensiones de la ciudad".

Es de recordar que el 25 de julio de 2014 en el marco de una escrache a una inmobiliaria, antes de que asuma como legislador, Muñoz ya había expresado: "me parece muy bueno empezar a hacer visible una problemática que abarca a casi el 30% de la población de la ciudad y que prácticamente es invisible en la agenda pública porque es un tema del que no se habla. Es muy fuerte evidentemente el lobby de las cámaras inmobiliarias, suficiente para que no se traten proyectos de ley".

La iniciativa que se presentó bajo el número de expediente 3381-D-2014 consta de 7 artículos, de los cuales uno es de forma.

Según el proyecto, la Oficina de Atención a Inquilinos se encargará de:

a) Prestar asesoramiento jurídico gratuito a los inquilinos en la relación con el propietario o con la inmobiliaria.

b) Ofrecer una instancia de conciliación voluntaria para problemas suscitados entre inquilinos, propietarios e inmobiliarias.

c) Recibir reclamos de inquilinos, derivados de los respectivos contratos de locación.

d) Recibir reclamos y prestar asesoramiento jurídico a los residentes de hoteles familiares y pensiones por problemas suscitados en la relación contractual con los propietarios o administradores de dichos establecimientos.

e) Promover la participación de asociaciones que nucleen a inquilinos y residentes en hoteles familiares y pensiones.

f) Promover la participación de la ciudad en la protección de los derechos de los inquilinos.

Asimismo, de acuerdo a la iniciativa, la oficina realizará acciones de concientización sobre los derechos de los inquilinos y producirá informes periódicos sobre sus actividades, que contendrán indicadores de cumplimiento de los servicios que ofrece.

En otro orden de cosas, anualmente el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos preverá la partida presupuestaria correspondiente.

Según el texto del proyecto, dicha oficina tendrá que crear un registro voluntario de inquilinos y propietarios. El objetivo consiste en receptar ofertas de los arrendadores en un registro zonificado de inmuebles destinados a alquileres de vivienda y además realizar una lista de personas aspirantes a arrendar un inmueble dentro del radio de la ciudad.

En sus fundamentos, Muñoz recalcó que "es necesario que el Estado intervenga en la dinámica del mercado inmobiliario" y argumentó que "ya se pusieron en práctica oficinas de atención a la problemática en cuestión en numerosas ciudades argentinas como Santa Fe, Casilda (Santa Fe) y La Plata; y del exterior como Madrid, Barcelona y Roma, entre otras".

Además informó que "de 1.150.000 hogares que hay en la Capital, un tercio son ocupados por inquilinos y hay 250 mil personas viviendo en villas, hoteles e inquilinatos; en tanto se estima que existen 150 mil viviendas ociosas".

Según explicó el legislador, "los cada vez más crecientes requisitos hacen que día a día sea más difícil acceder a un alquiler. La garantía de vivienda ubicada en la ciudad de Buenos Aires y muchas veces de familiar directo como excluyente, por ejemplo, hace que una persona o familia que quizás económicamente podría acceder a un alquiler deba terminar viviendo en una villa, en un hotel familiar o en una pensión".