Bodart presentó un proyecto para los inquilinos

[BPN-22/04/15] El pasado 9 de abril, el legislador porteño Alejandro Bodart (MST ^[1]) presentó un proyecto de ley en la Legislatura de la CABA para que los inquilinos que cumplan con determinados requisitos reciban una garantía mediante un inmueble del Gobierno de la Ciudad y un subsidio para ayudarlo con el alquiler de una vivienda con carácter "parcial y transitorio". Además propuso "la puesta en alquiler de todos los inmuebles pertenecientes a la administración pública de la ciudad aptos para vivienda" y "un aumento del Impuesto Inmobiliario y la Tasa de ABL^[2] de toda vivienda ociosa" para "ampliar la oferta de alquileres".

El objetivo de este proyecto de "Alquiler Social" consiste en "facilitar el alquiler para vivienda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como parte de una política habitacional integral".

De ser aprobada la iniciativa, la autoridad de aplicación será el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Asimismo, se creará un registro de solicitantes que estará a cargo de esa entidad, se llevará a cabo una evaluación social de los inquilinos, se hará un relevamiento de las causas judiciales de desalojo y mediación con los juzgados, y un relevamiento de las viviendas ociosas.

Por otra parte, se conformará una comisión constituida por siete personas "a los efectos del control y seguimiento de la aplicación de la ley". Dicha comisión estará integrada por dos representantes del Poder Ejecutivo, un representante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, otro de la Legislatura porteña y tres representantes de las organizaciones de inquilinos.

La iniciativa, que se presentó bajo el número de expediente 716/15, consta de 9 artículos, de los cuales uno es de forma.

Según el proyecto, podrán acceder a los beneficios que se otorguen las familias o personas incluidas en alguna de las siguientes circunstancias:

a) Cuyos ingresos no superen los tres salarios mínimos vitales y móviles.

b) Con desalojos judiciales, en proceso o con sentencia firme, de viviendas radicadas en la ciudad.

c) Solicitantes de créditos para vivienda (Mi Casa, Primera Casa y Ley 341), hasta tanto accedan a una vivienda definitiva.

d) Beneficiarios de alguno de los subsidios habitacionales que otorga el GCBA.

Asimismo, según la norma "quedan excluidos los propietarios de alguna vivienda en la ciudad de Buenos Aires y las familias o personas beneficiarias de planes de vivienda en esta ciudad tanto del Gobierno nacional como del GCBA. También quedarán excluidos aquellos que subalquilen".

Por último, Bodart explicó textualmente que "a fin de establecer el orden de prioridades, la reglamentación tomará en cuenta el número de hijos, situaciones de violencia de género, personas con discapacidad o enfermedades graves y otros factores de vulnerabilidad social".

Los beneficiarios podrán acceder a "una garantía gratuita mediante un inmueble del Gobierno de la ciudad" y "un subsidio al alquiler para vivienda de carácter parcial y transitorio". De acuerdo a la iniciativa, "dicho subsidio será abonado en forma directa por el GCBA al propietario de la vivienda alquilada. Se otorgará por un plazo de 2 años, prorrogable por igual período y su monto podrá variar según la situación social del inquilino, que será evaluada en forma semestral".

En otro orden de cosas, el autor de la iniciativa propuso "la puesta en alquiler de todos los inmuebles pertenecientes a la administración pública de la ciudad aptos para vivienda" y "un aumento del Impuesto Inmobiliario y la Tasa de ABL de toda vivienda ociosa" para "ampliar la oferta de alquileres". Además, "el impuesto y la tasa se duplicarán por cada año que la vivienda siga ociosa. Si ésta se alquila o deja de ser ociosa, dichos aumentos quedarán anulados".

En este sentido, el legislador detalló que considera vivienda ociosa a "todo inmueble de uso residencial que permanezca desocupado por 12 meses o más, excepto que esté en litigio judicial o cuyo propietario no lo ocupe temporalmente por razones laborales, académicas o sanitarias".

Además, en la iniciativa se explica que "a fin de garantizar y transparentar la aplicación de la ley se desarrollan las siguientes acciones, sin que tal enumeración sea taxativa":

a) Registro de los solicitantes, a cargo del IVC.

b) Evaluación social de los inquilinos, a cargo del Ministerio de Desarrollo Social en articulación con la junta comunal correspondiente.

c) Relevamiento de las causas judiciales de desalojo y mediación con los juzgados, a cargo del Servicio de Patrocinio Jurídico Gratuito de la Procuración General.

d) Relevamiento de las viviendas ociosas y su actualización, a cargo de la AGIP ^[3].

Según la propuesta de Bodart, se creará una comisión constituida por siete personas "a los efectos del control y seguimiento de la aplicación de la ley". Dicha comisión estará integrada por dos representantes del Poder Ejecutivo (uno designado por el Ministerio de Desarrollo Social y otro por la AGIP), un representante de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, otro de la Legislatura porteña (designado por los bloques de oposición) y tres representantes de las organizaciones de inquilinos (designados por éstas).

De acuerdo el texto de la normativa, los recursos para la puesta en marcha de esta ley provendrán de "los alquileres percibidos por el Gobierno porteño, de los subsidios habitacionales que sean reasignados para alquiler de vivienda y de las partidas específicas que fije anualmente la Ley de Presupuesto".

En sus fundamentos, Bodart explicó que "en la Ciudad de Buenos Aires la población no aumentó sino que disminuyó levemente, pero el ritmo constructivo sigue creciendo pese a que ‘la venta de inmuebles en Capital Federal es la más baja en al menos 30 años’", y agregó: "esta cementación indiscriminada que el gobierno macrista alienta -a la vez que año a año reduce el presupuesto público para vivienda-, empuja hacia arriba los precios de las propiedades y de los alquileres".

En este sentido, remarcó que "si ante una demanda de alquileres sostenida sube la cantidad de viviendas ociosas, eso significa que la construcción más que a obtener renta, está destinada a la especulación inmobiliaria o inclusive a lavar dinero".

Asimismo, denunció que "el reciente programa ‘Alquilar se puede’ tan publicitado por Mauricio Macri es engañoso y no resuelve nada, porque se reduce a un financiamiento de la garantía y de los gastos de alquiler. Es decir, el gobierno sólo da un anticipo pero el inquilino termina pagando todo de su propio bolsillo".

Por ultimo concluyó: "en numerosos países capitalistas del mundo, como fruto no de concesiones oficiales sino del reclamo social, desde hace años se aplican diversos planes de vivienda social públicos, privados y mixtos. Los diferentes programas de alquiler social incluyen subsidios del Estado directos o indirectos, subsidios a los inquilinos, créditos a los constructores de vivienda social y medidas impositivas"

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[1] MST: Movimiento Socialista de los Trabajadores.

[2] ABL: Alumbrado, Barrido y Limpieza.