Por 4ª vez se impulsa un proyecto sobre la vivienda del encargado

[BPN-07/05/15] El pasado lunes 9 de marzo, los diputados del Frente para la Victoria (FpV), Héctor Recalde, Carlos Gdansky y Jorge Barreto, volvieron a presentar un proyecto de ley ante el Congreso de la Nación para que no se le pueda exigir a un trabajador despedido sin justa causa que abandone su vivienda hasta tanto se le abone la totalidad de la indemnización y de los rubros salariales que le correspondan. Esta es la cuarta vez que se presenta un proyecto sobre este tema.

Sus autores aclararon que el mismo es una reproducción de otra iniciativa que Recalde y Gdansky ya habían presentado el 4 de octubre de 2013. A la vez, éste ya era una copia de los proyectos que la ex diputada y actual senadora por la provincia de Buenos Aires María Laura Leguizamón (FpV) había presentado en el Congreso en dos oportunidades: primero en el 2008 y luego en el 2010. Cabe destacar que ninguno de los tres proyectos logró tratamiento legislativo.

En su iniciativa, los diputados Recalde y Gdansky (por la provincia de Buenos Aires) y Barreto (por Entre Ríos), proponen incorporarle un párrafo final al Art. 6º de la Ley 12.981 (Estatuto de los encargados de casas de renta). Puntualmente, quieren agregar que "en los casos de despido sin justa causa, el empleador no podrá exigir al trabajador la entrega de la unidad inmueble que este habitare, hasta tanto no se le abonen la totalidad de los rubros salariales e indemnizatorios que correspondan según las leyes laborales vigentes. Este requisito podrá ser dejado sin efecto por acuerdo de partes, homologado por la autoridad administrativa o judicial competente".

Por último, en el Art. 2° de la iniciativa se establece: "que [sic] derogada toda norma que se oponga a la presente". La redacción de este medio supone que lo que se quiso decir es que "quedará derogada toda norma que se oponga a la presente".

El proyecto, que ingresó bajo el número de expediente 0537-D-2015 y que consta de 3 artículos de los cuales uno es de forma, ya giró a la comisión "Legislación del Trabajo".

En sus fundamentos, los diputados del FpV explicaron que "la Ley 12.981 prevé la imposición de una sanción indemnizatoria al empleador que decide extinguir la relación de trabajo sin justa causa de los empleados. Sin embargo, nada se ha previsto respecto de la reparación de los daños y perjuicios de los trabajadores con vivienda que son despedidos en forma arbitraria, sin el pago de la indemnización prevista en la ley, los cuales a su vez deben desocupar la vivienda que habitan con su familia y hacer frente al desempleo, sin alimentos, sin techo y en un contexto de desamparo total".

Según concluyeron, "este proyecto subsana esta omisión y desalienta el comportamiento antisocial del empleador en el convencimiento de que se protegerá a la persona y a los bienes de los trabajadores con vivienda y de su familia. Los mismos intereses esenciales que deben ser protegidos en las circunstancias sociales y económicas actuales".

En su momento, luego de haberse presentado el primer proyecto de ley impulsado por Leguizamón, el Dr. Eduardo Brailovsky había afirmado que era inconstitucional debido a que la vivienda del encargado es propiedad del consorcio y la Constitución Nacional consagra el derecho absoluto del propietario de disponer, usar y gozar de su propiedad.

Poco después, la Dra. María Cristina Carrera salió al cruce y refutó sus argumentos. La letrada sostuvo que al tratarse de un despido arbitrario sin causa y si el trabajador está obligado a habitar la vivienda ya que forma parte del contrato laboral, el desmedido ejercicio de poder del empleador produce que no sólo sufra el daño de perder su fuente de ingresos, sino que además esté obligado a desalojar la vivienda.