Una ciudad para pocos vs. una ciudad para todos

[BPN-25/09/15] El pasado viernes 28 de agosto, Jorge "Abasto" Barone, representante de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA), denunció que el Gobierno porteño tiene una política de exclusión de los sectores más humildes que lleva a que 5 mil familias sean desalojadas cada año en la ciudad de Buenos Aires.

En diálogo con Pequeñas Noticias, Barone explicó que el Gobierno de la CABA hizo leyes para realizar mejoras en algunos barrios del sur de la ciudad con el fin de desarrollar el negocio inmobiliario en esa zona porque el norte ya está saturado. Así se crearon el distrito de las artes, el distrito tecnológico y el distrito del deporte, por ejemplo.

"Cuando los negocios inmobiliarios entran al barrio, los vecinos más pobres se tienen que ir y ésto es producto de un proceso de 'gentrificación': el desarrollador compra en un barrio barato, invierte, el Estado le hace mejoras a la zona, el valor de la tierra sube y después el propietario vende carísimo. Este proceso hace que la población pobre sea expulsada", denunció el referente de CIBA.

Además, detalló que este proceso sucedió en la década del 90 con Palermo y Villa Crespo, después con San Telmo y ahora con Barracas, Parque Patricios, Pompeya y Lugano.

En este sentido, Barone señaló que –en su momento- Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño, dijo una frase que es "prácticamente calcada" de Osvaldo Andrés Cacciatore, exintendente de facto de Buenos Aires: "La ciudad hay que merecerla, no cualquiera puede vivir acá".

De acuerdo al representante de la Coordinadora de Inquilinos, con el aumento del valor del suelo y de las propiedades, los dueños de los inquilinatos venden y quieren sacar a los inquilinos. Como consecuencia, en los últimos años hubo una oleada de desalojos.

Barone explicó que esa gente migró a otros inquilinatos, conventillos, hoteles, villas y casas tomadas. Asimismo, el 50% se fue al conurbano y "vio degradarse su condición de hábitat". Informó también que de acuerdo a datos de la ciudad, hay 500 mil personas viviendo en emergencia habitacional y -entre 2007 y 2012- 5 mil familias fueron desalojas cada año.

Según el referente de los inquilinos, el Estado debe intervenir en el mercado inmobiliario y tomar medidas concretas para que haya más control, equilibrar la oferta y la demanda, bajar los precios y mejorar las condiciones de alquiler.

Asimismo, "Abasto" Barone propuso gravar con impuestos "fuertes y progresivos" a los inmuebles vacíos como se hace en Europa. Por otro lado, sugirió que aquellos que accedan a poner sus inmuebles en el mercado -en el marco de un proyecto de alquiler social- deberían ser beneficiados con créditos baratos a largo plazo para que pongan en valor su propiedad.

Por otra parte, propuso que el Estado subsidie una parte del alquiler como sucede en Europa, que regule los permisos de las constructoras y que se sancione una Ley de Hotelería que regule en qué condiciones tienen que estar las piezas de los inquilinatos y cuántas personas pueden habitar allí.