Fondo de garantía para inquilinos bonaerenses

[BPN-25/09/15] El pasado lunes 20 de abril, el diputado bonaerense Gustavo Gabriel Di Marzio (Frente para la Victoria) presentó un proyecto de ley para crear un fondo de garantía de alquileres con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda familiar a aquellos que tengan dificultades para cumplir este requisito. Del texto de la iniciativa se desprende que este servicio será arancelado.

Puntualmente, Di Marzio propuso crear un "Sistema de Garantía de Locación de la Provincia de Buenos Aires". Para ello, pretende constituir un fideicomiso público que emita certificados de garantía de locación y "procure el recupero de los fondos derivados de la ejecución de estas fianzas".

Este fondo estará constituido por las partidas que se le destinen anualmente en la Ley de Presupuesto, los aportes de los inquilinos, lo producido de sus propias actividades, de recupero e inversiones y los bienes dispuestos por el Estado.

La iniciativa del diputado por La Plata establece que el administrador del fideicomiso será la empresa Bapro Mandatos y Negocios SA o -en su defecto- la Provincia deberá contratar a otro administrador fiduciario –preferentemente de carácter público- o designar un órgano administrativo provincial para que cumpla esa función.

Según indica el proyecto, el fondo estará eximido de todos los impuestos, tasas y contribuciones provinciales existentes y futuras; y de cumplir con la Ley 13.767 de Administración Financiera.

Conforme a la iniciativa, el fideicomiso durará 30 años a contar desde la fecha de su efectiva puesta en funcionamiento. Cumplido ese plazo, sólo será prorrogable mediante el dictado de una nueva ley.

De acuerdo a Di Marzio, para acceder a este fondo, los interesados tendrán que cumplir con los siguientes requisitos:

a) Comprometerse al pago a la provincia de Buenos Aires de la contraprestación por el otorgamiento de garantía.

b) Acreditar domicilio en la provincia de Buenos Aires.

c) El inmueble a alquilar deberá tener como destino el de vivienda de ocupación permanente en el territorio provincial para el requirente.

d) No ser propietario de cualquier inmueble apto para ofrecer en garantía.

e) Demostrar capacidad de pago del alquiler.

Según el proyecto, la autoridad de aplicación –que será designada por el Ejecutivo- y el administrador del fondo suscribirán un certificado de garantía por cada contrato de alquiler que afiancen. Éste deberá contener la individualización clara de las partes del contrato, el inmueble, los montos de las obligaciones y el porcentaje de cobertura. Asimismo, en cada ejemplar del contrato que suscriban las partes deberán adjuntar copia del certificado.

Conforme a la iniciativa, aquellos inquilinos que incumplan sus obligaciones con el fideicomiso no podrán solicitar una nueva garantía durante seis años.

De acuerdo al texto del proyecto, la reglamentación instrumentará el trámite y el plazo para que el dueño del inmueble perciba lo adeudado en concepto de alquileres, intereses de la mora, indemnización por resolución anticipada y por los daños que deba reparar el inquilino que surjan del contrato de locación, todo lo cual deberá estar transcripto en el certificado.

Di Marzio además señaló que la autoridad de aplicación podrá confeccionar un modelo de contrato de alquiler para articular con el Certificado de Garantía.

En sus fundamentos el diputado Di Marzio explicó que "la situación de los inquilinos es claramente desventajosa en el mercado inmobiliario y esto viene generando prácticas sobre los que tienen la necesidad de alquilar por carecer de una vivienda propia" y agregó: "si a esto le sumamos las dificultades para cumplir con las exigencias de los propietarios o intermediarios, el cuadro es mucho más grave, y por eso proponemos esta necesaria intervención del Estado para resolver situaciones puntuales que afectan a miles de familias".