Denuncia contra el Ministerio de Trabajo

[BPN-07/09/17] El pasado 31 de julio, el Dr. Juan José Guaresti, un consorcista porteño, presentó en la Oficina Anticorrupción de la Nación una denuncia por un "posible acto de corrupción privada y administrativa" contra el Ministerio de Trabajo de la Nación por la homologación de los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) entre las entidades de administradores representando a los empleadores y la Federación de Empleados de Edificios de Renta y Horizontal (FATERyH).

Hoy en día representan a los consorcios de propietarios en las discusiones paritarias la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), la Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal (AIERH) y la Unión Administradores de Inmuebles (UADI).

En sus argumentos Guaresti explicó: "El Ministerio ha homologado desde muchos años atrás, un convenio colectivo de trabajo que sabe que no está firmado por los empleadores de los trabajadores comprendidos en dicho convenio sino por terceros ajenos a la relación laboral. El convenio colectivo de trabajo -que concierta el SUTERH (Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal) que pertenece a la Federación Argentina de Trabajadores de Renta y Horizontal (FATERyH) y cuyo titular es Víctor Santa María desde hace mucho tiempo- se pacta con entidades que no representan a los empleadores que son real y legalmente los consorcios de edificios de propiedad horizontal de los trabajadores comprendidos en el convenio".

En su carta de denuncia reiteró: "Las entidades aludidas nunca han tenido la más mínima relación con sus supuestos mandantes a los cuales no les han solicitado instrucciones ni brindado información de ninguna especie ni se han identificado como tales. Son completamente ajenas a la relación laboral que media entre los consorcios de propietarios y los encargados de los edificios".

El consorcista avanzó en su razonamiento y explicó: "El convenio así gestado -en el cual no intervienen los consorcios de propietarios que son los auténticos empleadores- nunca debió ser homologado por el Ministerio de Trabajo y es nulo de nulidad absoluta. Dado que el Ministerio sabe y le consta la real situación del convenio colectivo de los trabajadores encargados de edificios y sin embargo actúa como si la ignorara, es que parecería que nos encontramos ante un caso de corrupción manifiesta: resulta imposible creer que esta irregularidad clarísima sea un mero error".

Subrayó también que "en el Código Civil vigente los administradores no tienen la facultad de discutir los términos de los salarios de sus dependientes, las condiciones de trabajo y mucho menos aprobar los mismos. Tampoco la tuvieron durante la vigencia de la Ley 13.512. Es obvio que para ejercer esa facultad se requieren poderes especiales porque la decisión final es propia de la asamblea de copropietarios. Pese a esta orfandad de representación el Ministerio de Trabajo, violando todo el sistema de representación de los derechos de las partes, que es esencial para el sistema de negociación colectiva de las convenciones de trabajo, acepta como parte en los convenios colectivos de trabajo a quiénes se arrogan el mandato de los consorcios de propietarios de inmuebles, sin que tal mandato haya sido realmente conferido. Todas las notas presentadas al Ministerio de Trabajo o gestiones realizadas por distintas entidades que agrupan a consorcistas o aun a simples particulares que quieren que el convenio que se firme tenga el concurso de quienes van a pagarlo han fracasado por la sencilla razón que el Ministerio de Trabajo acepta jubilosamente como partes a quiénes nunca demostraron serlo. De este acto de aparentemente monumental inocencia participan también los signatarios del convenio de uno y otro lado". Y agregó: "Esa ilicitud tiene muchos años de antigüedad y ha sido apañada por gobiernos de distinto signo y tiene consecuencias obvias en las expensas comunes carísimas que incluyen hasta pagos ‘no remunerativos’ que deben abonar los propietarios de inmuebles que se ven despojados ilegítimamente por quiénes esgrimen la ley para burlar el derecho de propiedad. Los consorcistas ya saben que las expensas comunes han crecido de una manera tal que se están transformando en impagables".

Por último, señaló: "A los efectos de sustentar esta denuncia por posible corrupción, debemos decir que surge con rotunda claridad de los dos artículos periodísticos mencionados ^[1] que la convención colectiva de trabajo es firmada por quienes asumen una representación que no tienen. Se infiere que ese acto ilícito, mostrado ostensiblemente por los prestigiosos matutinos citados, tiene consecuencias económicas de una dimensión colosal y no puede ser ignorado por el Ministerio de Trabajo que lo homologa ni por las partes que aparecen suscribiéndolo. Es imposible de creer que luego de todo lo que han dicho durante años las entidades que agrupan a los consorcistas -en especial la que preside el Sr. Marcos Bergenfeld o sea la Asociación de Propietarios de Inmuebles en Propiedad Horizontal- los signatarios de estos convenios colectivos que pagan los propietarios de inmuebles en propiedad horizontal, no sepan que han cometido actos ilícitos. Es imposible concluir que todos los que intervienen en aquellos violando la ley, tengan propósitos filantrópicos. Este es un caso que tiene las apariencias de una gigantesca corrupción porque, como principio, estas irregularidades no pueden ser gratuitas".

El doctor Juan José Guaresti (nieto) es un reconocido abogado porteño. Fue director del Banco Central de la República Argentina entre 1983 y 1985, por decisión de Raúl Alfonsín. Ejerció la docencia en la Universidad Nacional de Buenos Aires en la materia Análisis Económico y Financiero. En 2016 publicó su libro "Perspectivas económicas para el nuevo Gobierno". Es productor agropecuario y participa regularmente en importantes medios de comunicación de nivel nacional.

Su padre, abogado y también doctor en ciencias económicas, fue vicepresidente del Banco de la Nación. Fue profesor universitario hasta que el peronismo lo obligó a renunciar por ser conservador. Escribió un libro sobre economía política en cinco tomos y le otorgaron el Premio Nacional de Economía