Brusca caída de la publicación de sanciones en el Boletín Oficial

[BPN-15/04/24] Durante el primer trimestre de este año la cantidad de publicaciones de sanciones ordenadas contra administradores de consorcios por infracciones a la Ley 941 (Registro Público de Administradores porteño) descendieron en un 57,6% con respecto al mismo período del año pasado. Mientras que durante los tres primeros meses de 2023 se publicaron 118 disposiciones sancionando 122 administradores, desde enero hasta marzo de este año se publicaron sólo 50 contra 52 mandatarios.

De las 50 disposiciones publicadas este año 34 fueron ordenadas por la anterior directora general de Defensa y Protección al Consumidor, Vilma Bouza, mientras que sólo 16 las dispuso su actual director, Carlos Lionel Traboulsi.

Las multas del medio centenar de sanciones publicadas durante los tres primeros meses de este año totalizaron 6 millones de pesos o unos 16 mil dólares. Un descenso de un -35,5% en pesos y un -77,5% en dólares con respecto a lo publicado el año pasado.

Por otra parte se observa que el valor promedio en dólares de las multas también bajó. Este año una multa promedio en dólares bajó un -47,3% y en pesos subió un 51,5%, mucho menos que el 254,2% de inflación interanual informada para el mes de enero y el 296,23% estimada para marzo.

Desde el año 2014 se publicaron en el Boletín Oficial 2.305 disposiciones sancionatorias contra 2.383 administradores.

Es de destacar que la mayor cantidad de publicaciones se realizó durante la gestión de Bouza, más de 2 mil publicaciones por multas que superaron los 141 millones de pesos o casi 1,8 millones de dólares.

Sin embargo, a Bouza se le criticó reiteradamente que del total de las 2.940 disposiciones ordenadas desde 2018 hasta 2023 sólo publicaron en el Boletín Oficial 1.895 lo que representó un 64,5% del total [1]. Sobre las disposiciones sancionatorias que nunca se publicaron no pudo dar una respuesta convincente.

Por su parte, Traboulsi en enero había prometido a los porteños que estaba cambiando la metodología en la redacción de las disposiciones y de sanciones para que sean más ejecutables y se puedan llegar a cobrar. En una entrevista concedida a Pequeñas Noticias había señalado: "[queremos] que sean efectivamente publicadas para que el consumidor tome conocimiento de las sanciones que se les aplica a los administradores. Que esa sanción de publicación sea efectiva, o sea que el vecino pueda verla directamente". Su objetivo era buscar el control social de la actividad [2].

Desde 2018 hasta el año pasado Defensa y Protección al Consumidor ordenó un promedio de 490 sanciones contra administradores. O sea que debería publicar 41 disposiciones por mes y durante el primer trimestre debió haber publicado 123. Cómo sólo publicó 50 arrastra un déficit de 73 disposiciones sobre las que los consorcistas porteños no podrán ejercer el tan mentado control social