Quieren saber quién está al frente del RPA

[BPN-08/02/17] El 3 de febrero, Andrés Zulberti, coordinador de la Comisión de Consorcios del Consejo Consultivo de la Comuna 3 ^[1], pidió a Vilma Bouza, directora general de Defensa y Protección al Consumidor porteño, que informe si Gabriela Pilar Saldivia continúa desempeñándose en el cargo de coordinadora del Registro Público de Administradores (RPA). Solicitó también que se especifique, en el caso de que no continúe en su cargo, bajo qué decreto, norma o disposición se formalizó su desvinculación y en qué fecha ocurrió.

En caso de que Saldivia no sea la coordinadora del RPA, le solicitó especifique quién o quiénes ocupan dicho cargo, cuáles fueron las normas que así lo dispusieron y por qué motivo no fueron publicadas en el Boletín Oficial de la ciudad.

Consultado Zulberti sobre el motivo de su petición expresó que "desde que Saldivia se retiró o tomó una licencia larga, no está resuelto por parte del Gobierno de la Ciudad la persona, el funcionario o el agente que la reemplaza", y agregó: "Bouzá nunca quiso mencionar a Saldivia pero en una conversación telefónica posterior a otros pedidos de información -finalmente y telefónicamente- me dijo que Santiago Trezza iba a estar a cargo de la coordinación del Registro Público de Administradores".

Cabe destacar, que el último hecho formal sobre la coordinación del RPA fue el nombramiento de Saldivia mediante el Decreto 801 del 8 de septiembre de 2009 y publicado en el Boletín Oficial del 15 de septiembre de ese año.

Zulberti realizó su pedido mediante el formulario dispuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para realizar solicitudes de acceso a información pública. Su petición recibió el número provisorio de contacto 141756/17. Según aclaró el peticionante su trámite recibió el número de expediente FX-2017-04074324-MGEYA-DGSOCAI y el plazo máximo que tiene el funcionario para responder en esta primera instancia vence el 24 de febrero.

Según el artículo 1º de la Ley de Acceso a la Información (Ley N° 104/98), "toda persona tiene derecho, de conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y a recibir información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la administración central, descentralizada, de entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado...".

Por otra parte esta ley especifica: "toda solicitud de información requerida en los términos de la presente ley debe ser satisfecha en un plazo no mayor de diez días hábiles. El plazo se podrá prorrogar en forma excepcional por otros diez días hábiles de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. En su caso, el órgano requerido debe comunicar, antes del vencimiento del plazo de diez días, las razones por las cuales hará uso de la prórroga excepcional (Artículo 7º)"

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