Otra vez los cursos del RPA bajo la lupa

[BPN-12/04/17] El 20 de marzo, los legisladores Graciela Ocaña y Diego Mariano García De García Vilas (Confianza Pública) volvieron a presentar un proyecto de resolución para que el Gobierno porteño informe el mecanismo de otorgamiento de los permisos para dictar los cursos de inscripción y renovación que exige el Registro Público de Administradores (RPA) porteño, su padrón completo, los requisitos exigidos, aspectos de su plan de estudios y el cupo máximo de instituciones autorizadas. Un proyecto idéntico había sido cursado el 1º de septiembre del año pasado ^[1]. La única diferencia entre la presentación anterior y la actual es que en esta oportunidad la legisladora Natalia Fidel (Suma +) no figura como coautora.

El proyecto consta de dos artículos de los cuales uno es de forma y en esta oportunidad ingresó a la Legislatura de esta ciudad bajo el número de expediente 617-D-2017.

Puntualmente los legisladores proponen que se brinde respuesta sobre tres puntos:

1.- Cómo es el proceso de otorgamiento de permisos a diferentes instituciones para brindar los cursos que prevé la Ley 941. Piden también un detalle con nombre y dirección de las registradas a la fecha.

2.- Cuáles son los requisitos que exige el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las instituciones que quieran brindar el curso oficial para ingresar o renovar la matrícula del Registro Público de Administradores de Consorcios de Propiedad Horizontal. Los legisladores, solicitan también que las autoridades especifiquen si se exige un contenido y una carga horaria determinada.

3.- Y, por último, si existe un cupo máximo de instituciones autorizadas para dictar los cursos.

Para los autores de la iniciativa -y citando fuentes oficiales- existen 36 instituciones en las que se puede realizar el curso de inscripción al Registro Público de Administradores y en los que los 5.475 mandatarios registrados pueden cursar el que corresponde para la renovación de su matrícula.

Resaltaron que "consultados estos centros, se pudo constatar que existe una gran disparidad en el servicio que ofrecen, tanto en los costos a cobrar a los interesados como en la modalidad y duración de las cursadas. Estas diferencias van de cientos a miles de pesos, o de una sola jornada a varios meses".

Resumieron que "teniendo en cuenta la gran cantidad de administradores que se suman o que deben renovar su certificado, resulta importante conocer los criterios vinculados con la formación obligatoria: qué contenidos se exigen y cómo se generan los acuerdos entre Defensa del Consumidor y las instituciones. Esto, a fin de garantizar la igualdad de condiciones entre los miles de aspirantes a ser incluidos en el registro y de proteger a los consorcios que contratan a los administradores"