Convocatoria para debatir sobre los libros contables obligatorios

[BPN-15/11/25] El pasado 3 de noviembre, el Inspector General de Justicia, Daniel Roque Vítolo, informó que durante la segunda quincena de noviembre convocará a una mesa de diálogo con las entidades representativas del sector de la propiedad horizontal. El objetivo es analizar la obligación de los consorcios de llevar contabilidad y presentar estados contables en el marco del Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN).

Así se lo hizo saber a una delegación de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), de la que participaron Miguel Ángel Summa (presidente), Alejandro Casella (vicepresidente), Marcelo Dragunsky y Pablo Schwartz, ambos asesores impositivos y contables de la entidad.

El artículo 326º del CCyCN exige que las personas jurídicas, incluidos los consorcios, confeccionen al cierre de cada ejercicio un estado de situación patrimonial y un estado de resultados. Estos deben asentarse en el registro de inventarios y balances.

La reunión reveló que persiste la tensión entre la letra del CCyCN, que considera a los consorcios personas jurídicas privadas con obligación contable, y la postura inicial de la IGJ (Inspección General de Justicia), que había dejado claro que los balances no son obligatorios, buscando evitar un impacto económico millonario para los copropietarios.

El 2 de octubre, una delegación de la Comisión de Propiedad Horizontal del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE) se había reunido con Vítolo. Esta comisión promueve que las personas jurídicas, incluidos los consorcios, deban confeccionar al cierre de cada ejercicio un estado de situación patrimonial y un estado de resultados, los cuales deben asentarse en el registro de inventarios y balances.

Jorge Scampini, administrador, contador y presidente de esa comisión, dejó clara su posición en redes sociales al expresar: "Este encuentro ratifica que la contabilidad consorcial constituye una obligación legal, y que los administradores deben coordinar con profesionales en Ciencias Económicas para asegurar su cumplimiento, evitando sanciones y fortaleciendo la transparencia en la gestión".

Para exigir contabilidad consorcial, la Comisión de Propiedad Horizontal del CPCE se basa en dos artículos del Código Civil y Comercial de la Nación: el 2044º, que establece que el consorcio constituye una persona jurídica, y el 320º, que obliga a las personas jurídicas a llevar contabilidad formal.

Textualmente, el artículo 2044º del CCyC establece:

Por su parte, el artículo 320º reza:

Al sumar aritméticamente esos dos artículos, los contadores que se reunieron con Vítolo equipararían a un conjunto de vecinos que comparten los gastos del edificio en el que viven con sus familias con una empresa que se constituye con el fin legítimo de lucrar.

El segundo párrafo del artículo 320º abre una vía para contemplar excepciones a lo ordenado en el primero. Deja a criterio de la jurisdicción local la posibilidad de eximir de llevar contabilidad a ciertas actividades de acuerdo al volumen de sus actividades.

Un contador, que pidió mantener su nombre en reserva, alertó en diálogo con Pequeñas Noticias que "es un laburo de no menos de 150 mil pesos por mes", que "hay que auditar los consorcios a fondo una vez al año" y que "para rubricar la firma del contador el Consejo Profesional cobra no menos de 50 mil pesos cada firma por año".

Así planteado, solo la rúbrica en CABA hubiera representado un negocio de unos 3.500 millones de pesos por año (2.4 millones de dólares). Este monto surge de multiplicar 50 mil pesos por los 70 mil consorcios, considerando un dólar oficial de 1.465 pesos.

Por otra parte, los consorcistas hubieran debido erogar a sus contadores unos 10.500 millones de pesos mensuales (7.1 millones de dólares). Esta cifra resulta de multiplicar 150 mil pesos por los mismos 70 mil consorcios a un dólar de 1.465 pesos.

Setenta mil sería la cantidad de consorcios de la que tendría conocimiento el Registro Público de Administradores porteño, según informó su director general, Carlos Traboulsi, a Bernardo Velazco, presidente de la Unión Porteña de Administradores (UPA).

En total, se trata de más de 88 millones de dólares anuales que recargarían las expensas de estos 70 mil consorcios porteños

BPN Nº 806 del 15/08/25: "No es obligatorio que los consorcios lleven libros contables".