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Fue apartado de su cargo Daniel Roque Vítolo

[BPN-15/03/26] El pasado 6 de marzo, el inspector general de Justicia, Daniel Roque Vítolo, renunció a su cargo luego de que el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, le solicitara su alejamiento. Fue reemplazado en sus funciones por Alejandro Ramírez.

La gestión de Vítolo cobró especial relevancia para la comunidad consorcial a partir del 21 de julio de 2025, cuando el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto 487/2025, instó a las provincias a reglamentar el registro contable de los consorcios.

Tras la medida, diversos sectores advirtieron que se buscaba imponer a los consorcios la obligatoriedad de llevar una doble contabilidad y presentar balances anuales. Esto hubiera derivado en un incremento directo de las expensas debido a los costos operativos y profesionales adicionales.

A pesar de la controversia en este sector, el desplazamiento del funcionario no habría estado vinculado al tema de los consorcios, sino a su intervención contra la AFA y su solicitud de incorporar veedores en dicha entidad deportiva.

En ningún caso será obligatorio

El 5 de agosto, durante una reunión con representantes de la Cámara Argentina de Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias (CAPHyAI), Vítolo aclaró categóricamente que "en ningún caso" sería obligatoria la confección de balances ni la rúbrica de libros distintos a los ya previstos por la legislación vigente. Esta declaración buscó frenar la incertidumbre sobre el potencial aumento de costos en las liquidaciones mensuales.

Para discutir las complejidades

Posteriormente, el 2 de octubre, el exfuncionario mantuvo un encuentro con la Comisión de Propiedad Horizontal del Consejo Profesional de Ciencias Económicas (CPCE). Allí se analizaron los alcances de la obligación de llevar contabilidad y presentar estados contables según el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN).

La reunión fue encabezada por Jorge Scampini, contador y presidente de dicha comisión, quien ratificó su postura en redes sociales: "La contabilidad consorcial es una obligación legal; los administradores deben coordinar con profesionales en Ciencias Económicas para asegurar la transparencia y evitar sanciones".

La mesa de diálogo

Aunque el 3 de noviembre Vítolo anunció a la CAPHyAI que convocaría a una mesa de diálogo con las entidades del sector para analizar la normativa del CCyCN, el encuentro nunca se concretó.

Según estimaciones del sector, si esta obligación se hubiera aplicado en la Ciudad de Buenos Aires —sobre un universo de 70 mil consorcios—, el costo anual solo por la rúbrica profesional ante el Consejo habría ascendido a unos 3.500 millones de pesos. A esto se sumarían los honorarios profesionales mensuales, proyectados en torno a los 10.500 millones de pesos para la totalidad de los edificios afectados Envíe desde aqui su comentario sobre esta notaVolver al indice

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