[BPN-25/03/10]
La Asociación Inmobiliaria Edificios Renta y Horizontal (AIERH)
estaría presentando un recurso judicial contra la Ley 3.254, más
conocida como Ley Abrevaya, que modificó la Ley 941 (Registro Público
de Administradores de la CABA). La Dra. Rosa Muchenik –abogada
constitucionalista- confirmó a Pequeñas Noticias que fue
contratada por la entidad para presentar una medida en ese sentido.
Por su parte, Beatriz
Barnes, secretaria y asesora legal del AIERH, declaró: "estamos
en eso, estamos tratando de ver qué hacemos".
Sin embargo,
socios de la entidad que prefirieron mantener sus nombres en reserva,
aseguraron a Pequeñas Noticias que la medida ya fue presentada y
que "el amparo es contra toda la Ley 3.254".
El consenso
entre los asociados al AIERH se habría logrado en tres reuniones: la primera,
fue a finales de febrero con la presencia del presidente de la
entidad, Juan Manuel Acosta y Lara y de las abogadas Patricia
Fernández y la misma Beatriz Barnes, la siguiente,
se realizó en los primeros días de marzo, con una gran
concurrencia -alrededor de 100 administradores- que colmaron las oficinas
del AIERH en Moreno 1881 de esta capital y la última
reunión -según se informó a Pequeñas Noticias- se realizó hace diez días y fue en la que se habría decidido
presentar un recurso de amparo, con el apoyo concreto de 35
administradores, que pagaron alrededor de $300 cada uno en concepto de
honorarios para la abogada patrocinante. La mayor parte de los adherentes
ya habrían ido a firmar los documentos necesarios al estudio jurídico de
la Dra. Muchenik.
Las fuentes
consultadas señalaron que los querellantes -estos 35 administradores-
estarían protegidos de posibles sanciones por parte del Registro Público
de Administradores en el caso de no cumplir con los vencimientos y las
obligaciones que surgieron y que pudieran surgir de la Ley 3.254 en tanto
y en cuanto dure el amparo, según les informaron en el AIERH.
En
comunicación telefónica con este medio, la Dra. Muchenik se negó a
ampliar la información proporcionada argumentando no ver cuál puede ser
"el interés legítimo" de la prensa en esta materia.