No prosperó la medida cautelar contra el reempadronamiento

De acuerdo al fallo, la Dra. Seijas entendió que "prima facie no se advierte que la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor haya excedido su ámbito de competencia al dictar la disposición cuestionada [Nº 3.205 publicada en el BO del 14 de septiembre]". Esto sería así, según la jueza, porque "en el artículo 1º del Decreto 551/10 se establece que el Registro Público de Administradores [...] funciona en el ámbito de esa dirección general".

La jueza que entiende en la causa consideró, además, que la exigencia de establecer un reempadronamiento que permita contar con una nómina actualizada de los administradores de consorcio que se encuentren activos "no luce, prima facie, como irrazonable o excesiva".

Si bien la Dra. Seijas manifestó que "es innegable que toda nueva reglamentación afecta en alguna medida derechos de propiedad e igualdad" ello "no basta para considerar probado, en grado convincente que el criterio [con respecto al reempadronamiento] de la Dirección General de Defensa y Protección al Consumidor resulte manifiestamente irrazonable, ni dirigido a efectuar discriminaciones arbitrarias".

Lo expuesto por la jueza responde a uno de los argumentos esgrimidos por CAPHyAI que consideró que el reempadronamiento "lesiona los principios de razonabilidad y seguridad y, asimismo, los derechos de propiedad e igualdad, de trabajar y ejercer la industria lícita de los administradores".