"El Registro debería ser obligatorio"

El registro de Vicente López fue creado mediante una ordenanza del año 2006. Cesani afirmó que desde el municipio "se había intentado impulsar [un proyecto] para que se transforme [esa ordenanza] en una ley provincial" para que el registro pueda tener carácter obligatorio.

Por su parte, Esteban Ratuszniak, subdirector de Defensa del Consumidor, coincidió con Cesani en la necesidad de establecer el carácter obligatorio del registro "para que la actividad de la administración tenga un marco más formal [y] esté mucho más cerca de la transparencia".

Lo que al momento de la entrevista no había trascendido es que -en consonancia con los dichos de Cesani y de Ratuszniak- el 21 de septiembre del año en curso ya había obtenido media sanción y había sido girado a la Cámara de Diputados un proyecto del senador Roberto Raúl Costa (UCR) para implementar un registro de administradores obligatorio en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a Ratuszniak, la problemática que acercan los consorcistas en sus denuncias como en sus consultas es lo que él denomina "deficiencias en la función del administrador". Según declaró, abarcaría a aquellos administradores que "no hacen actos de presencia en el consorcio, los que eluden el llamado a asamblea y los que no respaldan sus liquidaciones de expensas con comprobantes de gastos".

Por otro lado, destacó que también son habituales los reclamos vinculados con la participación de los vecinos en los problemas comunes: "no todos los consorcistas aportan su presencia y su defensa frente a los conflictos consorciales". Sin embargo, consideró que ello se debería, en gran parte, a un deficiente nivel de comunicación entre los administradores y los consorcistas a la hora de convocar una asamblea porque "hay muchos administradores que, pudiendo hacerlo mediante un telegrama, carta documento o circular, lo omiten para lograr un ambiente favorable a su gestión".

El registro de Vicente López fue establecido mediante la Ordenanza Nº 23.173, promulgada por el Decreto Nº 1.991 del 27 de junio del año 2006. En sus considerandos, se había subrayado que "sin lugar a dudas nuestro Municipio con la sanción de este instrumento se pondrá a la vanguardia en la Provincia de Buenos Aires […] y servirá de base para la eventual creación en toda la Provincia de Buenos Aires de un Registro ya con carácter obligatorio y que permita establecer un régimen de sanciones".