Senador Osvaldo López

Nuevo proyecto de ley de alquileres

[BPN-11/04/12] Un nuevo proyecto de ley propone modificar el régimen de locación de inmuebles urbanos destinados a viviendas. La iniciativa fue presentada el 22 de diciembre de 2011 por Dr. Osvaldo López, senador por Tierra del Fuego del partido Afirmación para una República Igualitaria (Bloque Nuevo Encuentro).

El proyecto determina la creación de la Dirección de Viviendas Alquiladas, un nuevo organismo dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios; la creación del Registro Público de Viviendas en Alquiler y el Registro Público de Contratos de Alquiler. Para aplicar la ley, se dispone que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires creen sus respectivas unidades o dependencias internas.

En el proyecto presentado, el senador López expresó: "se trata de reconducir la vivienda, de su consideración excluyente como mercancía, a su naturaleza real, de derecho humano, lo cual sólo la regulación y el control estatales pueden garantizar. Se trata, en definitiva, de crear un régimen decididamente protectorio de los intereses de la parte contractual que en el negocio juega su derecho a la vivienda, por sobre los de la contraparte, que juega intereses económicos meramente dinerarios o lucrativos".

Entre las modificaciones que propone se destacan: elevar a tres años el plazo mínimo locativo habitacional, cuando actualmente es de dos; imponer que los contratos se celebren por escrito y sean intervenidos, homologados y registrados por el Estado; renovar el contrato automáticamente -salvo disposición expresa en contrario- en idénticas condiciones y plazo al momento de su vencimiento, sin perjuicio del derecho de la locadora a un nuevo precio según lo estipule la misma ley; poner un límite a los honorarios de los corredores inmobiliarios; disponer que éstos sean pagados en conjunto y prohibir que se cargue a los inquilinos los impuestos y tasas del inmueble.

Una vez público el proyecto, referentes de la Cámara de Propietarios de la República Argentina (CAPRA) y del Centro Argentino de Derecho Inmobiliario y Propiedad Horizontal (CADIPH) manifestaron su oposición. El 20 de marzo, Enrique Abatti, presidente de la primera de las entidades mencionadas expresó su total rechazo al nuevo proyecto mediante una nota publicada por un matutino nacional. Según él, "en el Senado se presentó un intento de regular las locaciones urbanas de fuerte tono intervencionista. De prosperar, se vería afectado el derecho de propiedad y se generaría una retracción en las ofertas de alquiler, agravando el faltante de viviendas". Vaticinó que el proyecto "adolece de graves vicios jurídicos" y que perjudicará la economía, afectará la construcción, el comercio, excitará la corruptela e influencias y conducirá "a la quiebra de empresas y personas con activos inmobiliarios en alquiler y liquidará a casi todas las empresas constructoras de inmuebles, las cuales seguramente desaparecerán del mercado por falta de inversores". 

Esta iniciativa tiene como antecedente -entre otros- el proyecto de ley presentado en 2009 por la senadora Teresita Quintela con aportes de la Unión Argentina de Inquilinos. La iniciativa promovía la creación de la Organización Estatal de Locaciones Urbanas para Alquilar (OELUA). En su momento, Quintela explicó que la situación en que vivían los inquilinos requería una activa intervención del Estado por el enorme déficit de viviendas que la oferta comercial no lograba satisfacer.

Otro punto del proyecto fue la intención de modificar el plazo de las locaciones ampliándolo a cinco años para las viviendas familiares y a seis años para los estudios y locales comerciales. La renovación del plazo era automática a menos que el locador hubiera tenido motivos fundados para no hacerlo

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