El interés social sobre el particular

El proyecto pone los contratos bajo la supervisión del Estado, extiende el plazo de los alquileres, divide el costo de las comisiones inmobiliarias y otros gastos entre locatarios y locadores pero delega el tema de las garantías a la autoridad de aplicación. La iniciativa estipula que el propietario puede pedir al inquilino un mes de alquiler como garantía del cumplimiento del contrato –a semejanza del actual depósito aunque acotado- aunque no prohíbe la exigencia de garantías adicionales.

Osvaldo López conversó con Pequeñas Noticias sobre su proyecto.

Entendemos que detrás de un contrato de locación existe un negocio, una actividad lucrativa. Sin embargo por ser un comercio vinculado a un derecho fundamental requiere de la intervención del Estado a través de una regulación que imponga un piso de garantía ya que no existe una igualdad entre las partes del contrato. Siempre hay prevalencia de la posición de los propietarios o de las inmobiliarias que unilateralmente imponen condiciones. Se debe hacer hincapié en que la propiedad tiene una función social garantizada en nuestra Constitución.

Se prevé la creación de una oficina con competencia específica en materia de viviendas alquiladas porque hoy todos los organismos estatales vinculados a la vivienda trabajan sobre la propiedad y el acceso. Pero hay un universo que necesita alquilar y a éste hay que destinarle una política.

Se crea la Dirección de Viviendas Alquiladas dentro del ámbito de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Su función será aconsejar, otorgar seguridad e ir orientando al propietario para que vaya adecuando la vivienda a un estándar mínimo de dignidad.

Acá lo que nosotros prevemos es que la comisión de la inmobiliaria no puede superar el valor de un alquiler. Y a su vez, esa comisión u honorario tiene que ser pagado por ambas partes. Porque las dos partes están interesadas en el negocio y en conjunto deben afrontar los gastos

La ley no prohíbe el pedido de garantías de titularidad de inmuebles o garantes obligados a responder por el inquilino en caso de incumplimiento. Pero esto va a correr por cuenta del criterio de la autoridad de aplicación. Nosotros, por ahora, reglamentamos el mes de garantía y no prohibimos ninguna otra condición.

Nosotros hayamos una formula que es dividir el valor del inmueble por 180 y ese sería el valor del alquiler. Esa es una pauta de orientación y estamos abiertos a discutir otras fórmulas.

Es aun muy reciente porque fue presentado a fin del año pasado y todavía no ha habido actividad parlamentaria. El proyecto ha sido girado a la Comisión de Legislación General y estamos viendo que se incluya en la agenda para que sea discutido este año.

Nosotros estamos trabajando en dos líneas de acción. Por un lado, enviando una nota a los distintos senadores para que expresen su voluntad de adherir o no al proyecto y nos encontramos con mucho interés para trabajar el tema. Es una materia en la cual tenemos que trabajar porque está pendiente.

Por otro lado, incluyendo este proyecto dentro del temario de "Habitar Argentina". Tomándolo como base y enriqueciéndolo con los aportes de los distintos actores de este espacio puede surgir la reformulación del mismo y ser la base de la presentación de un nuevo proyecto con lo cual el Senado va a tener por lo menos dos proyectos para discutir.